Escrito por Raúl Morales Velázquez
Sábado, 03 de Abril de 2010 00:00
CUERNAVACA. El estado de Morelos está viviendo un proceso de espiral de violencia creciente, donde la pérdida de vidas humanas se ha llegado a contar por decenas como las ocurridas el pasado martes 30 de marzo. La explicación oficial es confusa y contradictoria. Se trata de presentar la idea de que hay una disputa por la plaza, lo cual no explica todas las 10 muertes, por lo que es necesaria una información precisa y clara de estos graves hechos, consideró José Martínez Cruz, vocero de la Comisión Independiente de los Derechos Humanos.
En comunicado de prensa, el activista sostuvo que en Morelos se vive un proceso de herencias e inercias del sistema de justicia que es el reducto de ese sistema autoritario y del debilitamiento del aparato de justicia, tiene que ver con impunidad.
“Existe reproducción de condiciones de inequidad, corrupción, sumado a los fenómenos de narcotráfico, donde Morelos deja de ser lugar de tránsito, para convertirse en lugar de destino y consumo, lo que agrava el fenómeno de exposición al riesgo”.
Dijo que todo ello se da el debate en términos de seguridad pública, como respuesta a un escenario peligroso, un contexto donde parece que la gente está dispuesta a renunciar a sus derechos, por buscar seguridad; pérdida de derechos en un contexto de violencia ante la incapacidad de respuesta del Estado. “Se observan procesos de militarización de la policía; el estado mexicano privilegia la presencia pública militar, contribuyendo a incrementar la espiral de violencia, así el Estado abdica de su responsabilidad de aplicación de justicia, por aplicación de venganza”.
En cuanto a la seguridad, existe confusión en el uso del término, donde se entiende como seguridad del gobierno, no para la sociedad. Martínez Cruz consideró que se debe debatir sobre el concepto de seguridad democrática, pues el gobierno pretende estar utilizando este concepto en el enfrentamiento a la delincuencia organizada y el narcotráfico, violando derechos humanos fundamentales y garantías humanas básicas. “La seguridad es un tema que nos fue importado de los Estados Unidos y tiene por objeto la seguridad del Estado refuncionalizado, a favor de los intereses y poderes fácticos”.
“El narco ha penetrado las comunidades rurales y urbanas porque ofrece trabajo e ingreso, por supuesto ilegales, que el Estado es incapaz de generar. Paralelamente, irrumpe haciéndose de una base social, rompe la unidad e identidad comunitaria y familiar, promueve la cultura de la violencia, abona a la pérdida de los valores y principios democráticos y trastoca la identidad cultural. Pero la delincuencia organizada no actúa sola, ha penetrado también la estructura del poder político y económico, promoviendo la corrupción, la complicidad y la simulación, que no se combaten con policías estatales”.
Planteó que “las únicas alternativas para enfrentar a la delincuencia organizada son: Atacar a la corrupción política de lleno y sin shows, incorporar a las agencias de inteligencia financiera y operativas a contribuir al flujo de material probatorio necesario para que, en un estado de derecho, los fiscales y jueces acusen y procesen a organizaciones criminales y entidades morales vinculadas a políticos; establecer un programa nacional de desmantelamiento patrimonial en donde el SAT (Secretaria de Hacienda) trabaje mano a mano con unidades de investigación patrimonial y fiscales especializados para que comiencen coordinadamente a decomisar a las entidades morales que actúan como puentes entre la delincuencia organizada y los políticos para el financiamiento de campañas y precampañas; y por último establecer una red nacional de asociaciones civiles que comiencen a prevenir a la delincuencia organizada a través de un programa de acciones operativas y concretas que eliminen a los factores de riesgo educativo, laboral, de salud, y de infraestructura social”.
El activista sostuvo que “el motor de estos cuatro ejes se constituye siempre en un nuevo pacto social que delinee un nuevo modelo de gobernabilidad política para terminar con el vacío institucional que ha permitido que grupos delincuenciales capturen a la sociedad”, a Morelos y al país.
Fuente: La Jornada de Morelos
Difusión: Soberanía Popular
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