Por qué se tomo la medida de concesionar los servicios de agua potable en Puebla?
Con la llegada de la presente administración del gobierno federal, la Comisión Nacional de Agua (Conagua) revive e impulsa la participación privada en la operación de los servicios de agua potable y alcantarillado. Según declaraciones del coordinador general de Atención a Emergencias y Consejos de Cuencas de la Comisión Nacional del Agua, óscar Pimentel González (La Jornada de Oriente, 27de junio 2013), durante el presente sexenio el organismo promoverá la intervención de la iniciativa privada en los organismos encargados de la operación del servicio público. Dijo que es imperativo transformar organismos operadores en figuras empresariales para modernizar el sector en todos los ámbitos: técnico, administrativo, de capacitación de personal, aseguró. Afirmó, que esta acción sería una de las consideraciones de la política nacional en materia de agua.
También hay que recordar que el gobierno del estado, desde diciembre de 2012, consiguió que el Congreso aprobara una primera modificación a la Ley de Agua para permitir la participación del sector privado en el ramo, perfilándose ya lo que se venía “cocinando” desde el inicio de la administración local con cierta orientación y que hoy despierta suspicacias. De acuerdo con la posición oficial, la intervención de la iniciativa privada en la operación administrativa de este servicio traerá como beneficios:
El saneamiento de las finanzas de los organismos; terminar con la dependencia de los subsidios gubernamentales; incorporar gradualmente en las tarifas los costos de la infraestructura, operación y mantenimiento, y capacidad de inversión para mejorar el sistema.
Crear organizaciones independientes de los vaivenes político–electorales; que cuenten con un consejo de administración y con una dirección profesional; establecer una planeación con certidumbre de largo plazo; allegarse del apoyo técnico y administrativo especializado, y establecer mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.
En el aspecto técnico, modernizar las redes de distribución de agua y el equipamiento; reducir fugas e incrementar la eficiencia física; ampliar la medición; actualizar los sistemas de facturación; capacitar y certificar el personal operativo, y ampliar los sistemas de monitoreo de calidad del agua.
¿Cuáles son los argumentos oficiales y la verdadera naturaleza de la medida?
El proyecto impulsado por el neoliberalismo a nivel nacional, –fallido en Guadalajara, Jalisco– es hoy revivido por el actual gobernador del estado de Puebla y se materializa en la propuesta de concesionar los servicios de agua potable que presta el SOAPAP; anuncia supuestas mejoras espectaculares y la solución definitiva de la problemática actual de estos servicios. Realmente no existen argumentos de peso, ya que existe un desconocimiento total de la verdadera naturaleza de la problemática por parte de los funcionarios que encabezaron la propuesta. Los principales argumentos, palabras más, palabras menos, son los mismos (que los del funcionario Pimentel González): 1) El más viejo es la idea per se de la ineficiencia del Estado y la creencia de que solo la iniciativa privada empresarial puede ser eficiente, lo cual a su vez se fundamenta en la idea equivocada de que todos los bienes se rigen por una racionalidad económica de la ganancia; 2) Que no se cuenta con los recursos financieros suficientes para la inversión; 3) La supuesta y necesaria “despolitización” del organismo operador, que se logra al quitar el control de las tarifas al Congreso estatal y dárselo al particular; 4) Finalmente la idea de que el problema es exclusivamente técnico, un “problema de tubos”, entre otros argumentos.
Respecto al primer argumento, los servicios que presta el SOAPAP son públicos, están sustentados y dependen del agua, un bien común, un bien elemental para la vida y el desarrollo; no es una mercancía, es un derecho, y por lo tanto no debe ser objeto de la racionalidad de la ganancia, ni regirse por las leyes del mercado, mucho menos ponerla en manos de las trasnacionales. El agua debe obedecer a una racionalidad y rentabilidad social y ambiental.
El segundo argumento es una falacia, ya que el problema tiene múltiples soluciones, no se va a resolver solo con inversiones; pero suponiendo sin conceder que así sea, el actual gobierno ha invertido más en infraestructura innecesaria y superflua; como la que hoy refuerza la expansión urbana desmedida y sin planificar, entre otras muchas, el novedoso concreto hidráulico con que se están impermeabilizando las calles de la ciudad, ambas dañinas para el acuífero y el entorno ecosistémico del agua.
Respecto al tercer argumento, de lo que realmente se trata con la entrega de aquella atribución del Congreso al particular es cumplir con una parte importante de las futuras condiciones contractuales a exigir, relacionadas con los requerimientos necesarios de manos libres para poder manipular a su antojo y de acuerdo a las necesidades propias de rentabilidad, la estructura tarifaria, ya que no hay otra forma en el corto y mediano plazo de capitalizarse y recuperar la inversión que van a realizar. Igualmente y condición necesaria de quien califique para la concesión y para estar dispuesto a correr el riesgo de inversión será la exigencia de su participación alícuota en la toma de decisiones, de su cuota de poder en el Consejo Directivo de un negocio con ingresos de más de mil millones de pesos anuales.
Finalmente, contrario a lo que se cree, el verdadero problema no es técnico ni financiero; es político y social y deriva de una cultura de corruptela y opacidad histórica, desarrollada al amparo de fuertes relaciones de poder tejidas en beneficio de unos cuantos.
¿Por qué no es socialmente conveniente esta medida? ¿Cuáles serán los efectos?
La medida, iniciada con las reformas a la Ley de Agua Estatal y la decisión de concesionar los servicios de agua potable sólo es acorde y responde a lo que han venido proponiendo los organismos internacionales, el capital trasnacional, el Consejo Mundial del Agua, y es claramente contraria al espíritu de la modificación del Art. IV Constitucional, que reivindica el Derecho Humano al Agua y a los intereses de la población.
La nueva figura que se pretende adoptar mediante contratos de concesión para la prestación de los servicios será una copia del modelo de manejo del agua de Colombia y España –países donde por cierto, la sociedad ya está cuestionando el desempeño de la IP en la prestación de dichos servicios–, sistemas ajenos a nuestra idiosincrasia y ajenos a la realidad de nuestras ciudades, donde, dicho sea de paso, existen excelentes centros de capacitación e investigación a nivel profesional, excelentes técnicos hidráulicos y administradores públicos, pero también experiencias únicas de manejo comunitario del agua.
Este tipo de experiencias ya fracasaron anteriormente en América Latina (Argentina, Bolivia, Brasil); en México, las experiencias de Saltillo, Aguascalientes, Distrito Federal y Cancún dejan mucho que desear, tanto por el manejo de las tarifas como por el servicio que prestan, el incumplimiento en las condiciones contractuales, el abuso e ineficiencia a fin de cuentas. Con ello se demuestra que las únicas que ganan son las empresas concesionarias y los funcionarios que las conceden a cambio de jugosas “mochadas”, los paganos, pues, la ciudadanía.
En los últimos años observamos cómo el gobierno del estado viene eliminando los obstáculos para aumentar cada vez más la participación de empresas privadas (trasnacionales) en la prestación de servicios públicos que son de su obligatoriedad. Lo anterior ha significado pérdida de empleos, perdida de derechos del personal al mismo tiempo que la población se queja recurrentemente respecto a los errores y la elevada facturación de sus servicios. En resumen, la medida tendrá serias repercusiones sobre la población, los trabajadores y sobre el entorno metropolitano.
Los actuales administradores del SOAPAP, al igual que el señor gobernador no son sus dueños; el SOAPAP es patrimonio del pueblo, por lo que no se debe excluir a los trabajadores, mucho menos a la sociedad, de la participación en la toma de decisiones y respecto al nuevo rumbo que debe tomar la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento en Puebla en el futuro. Por ello, la Ley del Agua para el Estado de Puebla en su capítulo II del título Cuarto prevé la participación del sector social, esto hay que subrayarlo y decirlo fuerte para que nuestra gente lo sepa, también el sector social puede y debe hacerse cargo de la prestación de los servicios de agua y de saneamiento.
Efectos hacia la población
1) La medida es contraria al Artículo Cuarto y al Art. 115 Constitucional (fracción III. Los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: a) agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales.
2) La fijación de las tarifas por el concesionario, a más de ser un acto inconstitucional, lesiona los intereses y la soberanía al arrebatarle esa potestad al Congreso del estado, dejando en la indefensión a los usuarios (domésticos, pequeños y micro empresarios).
3) Afectará directa e inmediatamente los derechos de la ciudadanía a través del aumento de las tarifas de los servicios y del costo de la vivienda.
4) Aunado a lo anterior los adeudos serán tipificados como créditos fiscales, lo que es lo mismo, como un delito, totalmente contrario al derecho humano al agua.
5) La concesión de los servicios a las empresas trasnacionales del agua implica que se va a integrar un Consejo Directivo cada vez más ajeno y alejado de la participación de la sociedad; ya que los espacios en ese Órgano Colegiado, que deberían ser ciudadanos, serán ocupados por representantes de los intereses empresariales del gran capital.
Efectos hacia los trabajadores
1. La medida impactará directamente los derechos laborales de los empleados y trabajadores en funciones.
2. Pérdida de empleos al ser desplazados por la iniciativa privada en su materia de trabajo, ya que aunque se dice que la nueva figura recontratará al personal, nadie puede garantizar tal dicho, y aunque así fuera, en el mediano plazo y bajo con las nuevas reglas que se impongan no existen garantías de permanencia ni seguridad laboral, al ser inminente la reducción de plazas, repercutiendo esto en la estabilidad del empleo.
3. La liquidación del personal que integra la plantilla actual automáticamente trunca sus derechos laborales adquiridos, en particular el derecho de antigüedad, lo que deja cancelada la posibilidad de retirarse de la vida laboral con una pensión digna a muchos empleados y trabajadores que ya están en vías de cumplir con los años requeridos.
Efectos hacia el entorno metropolitano y el ambiente
1. Sobreexplotación de las fuentes de agua potable ubicadas en las localidades y municipios conurbados.
2. Aumento de los conflictos sociales derivados del aumento de la demanda de agua de la ciudad
3. Se profundizarán los daños y la contaminación a la población, al ecosistema y el ambiente, afectando las aguas subterráneas y superficiales (los ríos y la presa de Valsequillo).
4. La producción agropecuaria de la región se verá cada vez más afectada, principalmente la de las comunidades aledañas a la presa.
¡Exhortamos a los colonos, a los empresarios, a las Organizaciones sociales, ONG, a los investigadores y académicos a iniciar una amplia Jornada “en defenda del agua” y del patrimonio natural de todos!
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