Agreden a opositoras de proyecto eólico en Oaxaca

Amnistía Internacional emitió una acción urgente para proteger a indígenas zapotecas de Unión Hidalgo

Patricia Briseño

Amnistía Internacional (AI) emitió una acción urgente para proteger a indígenas zapotecas de Unión Hidalgo, en la región del Istmo de Tehuantepec, que fueron agredidos el pasado fin de semana por trabajadores contratados por la compañía que construye un parque eólico en sus tierras.

Además transmitió al gobernador Gabino Cué su preocupación por la seguridad de los integrantes del Comité de Resistencia al Proyecto Eólico de Unión Hidalgo y de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa del Territorio, "ya que recientemente sus integrantes han sido amenazados por el personal de seguridad de la compañía que busca construir un parque eólico en sus tierras”.

Expone que las defensoras de los Derechos Humanos (DH) Bettina Cruz Velázquez y Maribel González, quienes están acompañando a los comuneros opositores al corredor eólico del Istmo, “han recibido amenazas de muerte lo que pone en riesgo su vida”.

La acción urgente emitida por AI pide que les provea de una adecuada protección a la comunidad y a las y los defensores de DH que apoyan su protesta, especialmente a quienes han sido objeto de amenazas por el personal de la compañía constructora.

Asimismo, le solicitó que realice una investigación independiente e imparcial con respecto a los ataques e intimidaciones, y que los responsables sean llevados ante la justicia; así como asegurar que la compañía tome medidas para prevenir las agresiones por parte de su personal.

El organismo internacional demanda a las autoridades responsables que se aseguren de obtener el consentimiento previo e informado de las comunidades indígenas para construir el parque eólico, sobre una base de información confiable y precisa, sobre los impactos del proyecto.

AI recordó que el pasado 21 de octubre al invadir las tierras pertenecientes a Unión Hidalgo donde se proyecta el parque eólico, un ex oficial de policía y empleado por la compañía para garantizar la seguridad del proyecto, amenazó a la activista Lucila Bettina Cruz Velázquez: “Si vuelves por acá te vamos a quemar y te vamos a matar”.

A otra activista, Maribel González, le dijo: “Váyanse que los vamos a matar”.

Cuatro hombres a los que se identificó como empleados de seguridad de esta compañía golpearon a Arquímedes Gómez, un maestro local que apoyaba a la comunidad. Él fue golpeado en las costillas varias veces y amenazado con un martillo, relató AI.

El viernes pasado en la Carretera Panamericana, en inmediaciones de La Venta, comunidad de Juchitán, integrantes del Comité de Resistencia al Proyecto Eólico Piedra Larga de Unión Hidalgo, se manifestaron para expresar su inconformidad con la represión y violencia promovida en su contra por la empresa Desarrollos Eólicos Mexicanos (Demex), filial de la compañía española Renovalia Energy.

Durante esa jornada fueron agredidos por supuestos simpatizantes del proyecto, arrojando un saldo de un muerto y unas 20 personas lesionadas.

De acuerdo con versiones de testigos, el agente municipal de La Venta, Ventura Ordaz Santiago, encabezó la agresión junto con los trabajadores contratados por la empresa Demex.

Los atacantes fueron respaldados por supuestos taxistas y camioneros materialistas de la Confederación de Trabajadores Mexicanos (CTM), así como por policías municipales de Juchitán de Zaragoza.

En el ataque, resultaron lesionados más de 20 opositores al parque eólico, entre ellas la defensora de DH Lucila Bettina Cruz Velázquez.

Uno de los “golpeadores”, Reynaldo Ordaz Velásquez, sobrino del agente municipal de La Venta y chofer de la empresa eólica DPH, murió por disparos de arma de fuego durante el enfrentamiento.

Ante esto, organizaciones defensoras de los recursos naturales y la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) demandaron el cese a la criminalización y persecución en contra de los opositores al proyecto eólico Piedra Larga y respeto de los defensores de DH Bettina Cruz Velázquez, Rodrigo Peñaloza, Juan Regalado Martínez y Maribel González.

Molinos de viento: el rostro del despojo

Luis Hernández Navarro

Al maestro Rodrigo Flores Peñaloza lo quieren acusar de la muerte de Reynaldo Ordaz Velásquez. Reynaldo falleció el pasado 28 de octubre en el tramo La Ventosa-La Venta de la carretera Panamericana, en Oaxaca. Era empleado de la empresa eólica Desarrollos Eólicos Mexicanos (Demex, filial de la española Renovalia Energy). Participaba en la represión a un grupo pacífico de indígenas zapotecos que protestaban contra la empresa.

Pero da la casualidad que ese día Rodrigo Flores, que es dirigente del Frente por la Defensa de la Tierra y los Territorios del Istmo de Tehuantepec, e integrante de la Comisión Política de la sección 22 del magisterio oaxaqueño, se encontraba a muchos kilómetros del lugar de los hechos.

El hostigamiento a Rodrigo no es nuevo. Desde hace meses, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y los empresarios andan tras él. Apenas en junio se le acusó de ser probable responsable en la comisión del delito de amenazas, lesiones y demás contra una empleada de seguridad de la empresa Demex. El Ministerio Público Federal, con sede en Matías Romero, le giró una orden de presentación por su participación en las manifestaciones contra las altas tarifas eléctricas.

A mediados de junio de este año, indígenas del municipio Unión Hidalgo bloquearon la entrada del parque eólico Piedra Larga, construido en ese municipio por Demex. En junio, al grito de “¡Aquí está la ley!”, empresarios españoles acompañados de policías estatales intentaron desalojar a campesinos de sus propias tierras. Según Flores Peñaloza, “los campesinos se dieron cuenta de que los españoles les hicieron firmar un contrato leonino de renta de tierras y ahora están exigiendo que las autoridades judiciales anulen el convenio”.

Pero Demex quiere las tierras de Unión Hidalgo. Y ante los intentos de los empleados de la empresa por apoderarse de ellas, diferentes organizaciones sociales de la región, entre ellas el Comité de Resistencia al Proyecto Eólico de Unión Hidalgo, la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec y la sección 22 del SNTE iniciaron una jornada de movilización el pasado 24 de octubre, con protestas en Unión Hidalgo, Juchitán y Zanatepec.

Como parte de esta jornada, el 28 de octubre la coalición opositora bloqueó la carretera Panamericana. Un grupo de 50 policías municipales, golpeadores, líderes de la CTM y caciques, pertrechados con armas de fuego y machetes, y dirigidos por Ventura Ordaz Santiago, los atacó con lujo de violencia. Durante 45 minutos los machacaron a golpes y patadas. Faltando 15 minutos para las 5 de la tarde, los agredidos lograron escapar. Poco después, cerca de las 5 de la tarde, se reportó la muerte de Reynaldo Ordaz.

Las protestas en Unión Hidalgo son parte de un amplio movimiento social que rechaza la construcción de parques eólicos en el istmo de Tehuantepec. Sin tener la menor idea de lo que sucede en la región, a finales de 2010 la secretaria de Energía de México, Georgina Kessel Martínez, expresó que la oposición a los parques eólicos en el istmo de Tehuantepec, específicamente en Unión Hidalgo, “son cosas del pasado”. (La Jornada, 3/12/10).

El parque eólico, que se construirá sobre una superficie de mil hectáreas de tierras ejidales, comunales y de pequeños propietarios y tendrá capacidad de 90 megavatios, no abastecerá de electricidad a los pobladores del municipio, sino a 65 centros de las empresas Bimbo y Femsa.

Los habitantes de Unión Hidalgo se oponen a que se construya el parque eólico Piedra Larga en sus tierras, “por la total ausencia del consentimiento previo, libre e informado, los contratos de arrendamiento fraudulentos y las afectaciones ambientales no remuneradas en nuestras tierras”. Según ellos, el proyecto no garantiza “condiciones de desarrollo sustentable, ni protección de los derechos humanos, ni del medio ambiente”.

El proyecto eólico del istmo de Tehuantepec ha convulsionado la región y precipitado un enorme número de conflictos sociales. Desde 1999 grupos de ejidatarios iniciaron un movimiento de protesta motivado por los bajos precios que pagaba la CFE por la ocupación de las tierras y por el incumplimiento de los ofrecimientos de obra pública hechos al ejido. Las comunidades indígenas han sufrido el despojo “legal” de más de 12 mil hectáreas de su propiedad, en lo que constituye una contrarreforma agraria de largo aliento. El uso del suelo ha cambiado y se ha abandonado la producción de alimentos. A cambio, un grupo de empresas trasnacionales, en su mayoría españolas, se han beneficiado con el respaldo del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el gobierno de Felipe Calderón y de los caciques del Partido Revolucionario Institucional.

El despojo y privatización se opera por conducto de contratos de arrendamiento de tierras amañados y leoninos, que favorecen a las empresas trasnacionales, con duración de 30 años, renovables automáticamente por otros 30, y por los que, con frecuencia, se paga a los dueños de las tierras 150 pesos anuales por hectárea. Se trata, sin más, de un proyecto de despojo disfrazado de renta, de usufructo y de servidumbre de paso.

Esos contratos se firmaron acompañados de promesas de desarrollo y bienestar para los campesinos y la región. Sin embargo, con el paso de los años los campesinos se han encontrado con la destrucción de sus tierras, engaños, afectaciones, abusos, amenazas, intimidación, enfrentamientos intercomunitarios y problemas entre pueblos.

Por muchas comunidades están convencidas de que el Megaproyecto Eólico del Istmo de Tehuantepec es un proyecto del capital privado nacional y trasnacional que despoja a los pueblos de su patrimonio biocultural, en beneficio únicamente de las empresas que generan energía eléctrica con su viento y sobre su tierra.

Istmo: Denuncia contra Megaproyecto Eólico

Juchitán, Oaxaca, a 24 de Junio de 2011

DENUNCIA PÚBLICA

A la prensa nacional e internacional,
A los organismos de los derechos humanos
A la sociedad civil nacional e internacional
A los Medios de Comunicación Comunitarios, nacionales e internacionales
A los pueblos en general

Ejidatarios y Ejidatarias de Unión Hidalgo, indígenas zapotecas, continuamos denunciando enérgicamente la forma en que empresas extranjeras en contubernio con el gobierno federal, estatal y municipal continúan despojándonos de nuestras tierras y territorio. Las empresas extranjeras, la mayoría españolas llegaron al Istmo de Tehuantepec arrendando las tierras ejidales y comunales y de pequeña propiedad, con la intención de construir parques eólicos y abastecer de energía eléctrica a otras empresas. Estas transnacionales prometieron grandes beneficios y desarrollo, para instalar el Megaproyecto Eólico del Istmo de Tehuantepec, sin embargo al día de hoy lo que vemos es una política de abuso e intimidación en contra de las y los dueños de las tierras.

El día de ayer 23 de junio del presente, representantes de la empresa españolas DEMEX se presentaron con lujo de violencia a nuestros terrenos ubicados en la Fase 1 Las Palmas Zapotal del Polígono Piedra Larga en que DEMEX proyecta construir un parque eólico para abastecer a la empresa BIMBO (según declaraciones de Georgina Kessel). La intención de los representantes de DEMEX era desalojarnos de nuestros propios terrenos, amenazándonos e intimidándonos con la presencia de la Agencia Estatal de Investigación quienes declararon que se sigue una investigación penal en nuestra contra por oponernos a un falso desarrollo y a un contrato leonino a todas luces. En todo momento los representantes de la empresa española DEMEX contaron con la protección de los Agentes Estatales de Investigación, quienes armados y a bordo de una camioneta blanca Nissan sin placas observaban y resguardaban a los empresarios españoles.

El 24 de mayo del presente año decidimos en asamblea de inconformes cercar nuestros terrenos al ver las grandes e irreparables afectaciones que han realizado en nuestras tierras, cosa que no nos explicaron al momento de contratar, diciéndonos solamente que serian afectaciones mínimas. Toda esta situación hace evidente la violación a los derechos de los pueblos indígenas zapotecas ya que la empresa DEMEX entro a nuestro territorio sin darnos la información necesaria y efectiva, esto en complicidad con las autoridades el gobierno estatal y federal y en flagrante violación al convenio 169 de la OIT que establece condiciones claras de protección para las tierras de los pueblos indígenas en su Artículo 17 inciso 3 que a la letra dice: “Deberá impedirse que personas extrañas a esos pueblos puedan aprovecharse de las costumbres de esos pueblos o de su desconocimiento de las leyes por parte de sus miembros para arrogarse la propiedad, la posesión o el uso de las tierras pertenecientes a ellos.”

A mas de 5 Años de que llegaron los representantes españoles de DEMEX a Unión Hidalgo lo que tenemos es;

• La firma de un contrato leonino, que de haber sabido su contenido y consecuencias nunca hubiéramos firmado

• nos prometieron pagos por afectaciones a nuestras tierras, que si bien no firmamos, por que confiamos en su palabra, se han negado a cumplir, y ahora que les exigimos que cumplan, nos mandan a la policía y nos reprimen.

• La empresa DEMEX con quien firmamos los contratos, ha cedido los derechos sobre nuestra parcelas a otra empresa que no conocemos, sabiendo solamente que NAFINSA esta financiándolos con dinero publico.

• Se han coludido con el presidente municipal, con el gobierno del estado y el gobierno federal. Para AMENAZARNOS, emplean la fuerza publica estatal para que la empresa siga destruyendo nuestras tierras y nuestra cultura.


Ante esto reiteramos:

• nuestra lucha de resistencia frente a la invasión extranjera y del Megaproyecto Eólico transnacional

• el rescate de la dinámica de la propiedad colectiva, constituyéndonos en asamblea y nombrado a nuestros propios representantes para defender nuestros derechos como pueblo indígena.


Exigimos:

• La cancelación del Megaproyecto Eólico del Istmo de Tehuantepec por violentar los derechos de los Derechos de los pueblos indígenas.

• Cancelación de los contratos civiles de arrendamiento que firmamos con DEMEX,

• La cancelación de las Averiguaciones Previas y órdenes de aprehensión que obren en contra de todos los que nos oponemos al despojo de nuestro territorio.

• Exigimos al Gobierno de Gabino Cue que defina si está del lado de los pueblos o al lado de las empresas!


Atentamente:

Ejidatarios de Unión Hidalgo, afectados por DEMEX
Asamblea de los Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y Territorio


No al despojo de los territorios indígenas!

Fuera empresas colonialistas del Istmo de Tehuantepec!

La tierra no se vende, se ama y se defiende!

Pueblos del Istmo solicitan cancelar proyecto eólico

Octavio Vélez Ascencio
Corresponsal
Periódico La Jornada

Domingo 31 de julio de 2011, p. 28

Oaxaca, Oax., 30 de julio. La Asamblea de los Pueblos del Istmo en Defensa de las Tierras y el Territorio demandó cancelar averiguaciones, órdenes de arresto y causas penales iniciadas por empresas españolas contra quienes defienden sus derechos étnicos al repudiar el programa de desarrollo eólico del Istmo de Tehuantepec.

Al dar a conocer este sábado los acuerdos de la sesión efectuada en el municipio de Unión Hidalgo, Carlos Manzo (uno de los convocantes), dijo que los programas de desarrollo impuestos por el gobierno y múltiples empresas nacionales e internacionales no sólo conllevan el despojo de territorio sino desplazan y dividen a los pueblos.

El programa eólico impulsado por las autoridades nacionales, los bancos Mundial e Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional, junto a empresas como Preneal, Enel, Unión Fenosa, Iberdrola, Acciona, Demex, Renovalia, Gamesa, Eyra, Peñoles, Edf, Eoliatec y Femsa-Mcquaire, “divide a nuestros pueblos, amenaza nuestra vida y nos despoja de tierras”, afirmó.

Según el representante, las multinacionales “imponen leoninos contratos de arrendamiento, usufructo, con la constante amenaza de expropiación; mientras el gobierno es impulsor y cómplice del proyecto mediante instancias como la Procuraduría Agraria, la Secretaria de la Reforma Agraria, el Registro Agrario Nacional, el Registro Público de la Propiedad y el Poder Judicial. “Los pueblos y comunidades del Istmo están dispuestos a defender su territorio de los negocios sucios a nombre de la llamada energía limpia que impulsan el capital nacional y multinacional”, advirtió Manzo.

Los denunciantes también exigieron parar el hostigamiento policiaco en su contra y anular el contrato de usufructo que signó la empresa Preneal con el comisariado de bienes comunales de San Dionisio del Mar.