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Difusión: Soberanía Popular
viernes, 21 de mayo de 2010
AI urge a México a liberar a tres líderes comunitarios presos en Huelga de Hambre
Noticiero SDP edición Vespertina 21-Mayo-10
tarde 21-Mayo-10. Noticiero en puro audio debido a fallas de grabación en livestream, hoy comentamos los titulares de SDPnoticias.com entre ellos lo que está ocurriendo en torno al caso de Diego Fernandez de Ceballos y el caso Paulette, hablamos también sobre la división que causó el discurso de Calderón entre demócratas y republicanos en Estdos Unidos y demas temas, presentamos el discurso que Martín Esparza pronunció ayer en el IPN y la síntesis deportiva con Isabel.
Audio en MP3 dando clíck AQUÍ.
'El Jefe Diego': crisis de Estado
La desaparición de Diego Fernández de Cevallos no es un secuestro más. Tampoco es la desaparición de un prominente político o de un connotado panista adorado por priistas y malquerido por perredistas.
Por Ramón Alberto Garza
21/05/2010
Quienquiera que haya perpetrado este acto criminal, atentó contra los equilibrios políticos del gobierno de Felipe Calderón. Deliberada o accidentalmente, pero desestabilizó.
Porque, para todo fin práctico, el llamado “Jefe Diego” fungía como el virtual vicepresidente de México. Era el hombre que de manera directa influía en dos hombres clave de la política interior y la justicia: el secretario de Gobernación y el procurador general de la República.
El senador priista Manlio Fabio Beltrones expuso con precisión el rol de “El Jefe Diego” en el actual régimen: “Es el hombre clave para la gobernabilidad democrática” de México.
Por eso las pasiones que despertó su desaparición. Por eso las presiones que existen para esclarecer cuanto antes su paradero. Vivo o muerto.
Por eso la cadena de hechos que sucedieron antes, durante y después de su desaparición o secuestro.
SANGRE Y PIES DESCALZOS
Algunos dicen que la respuesta a la desaparición es más sencilla de lo que parece. Que el secuestro es producto de una banda criminal de poca monta o incluso un ajuste de cuentas personal o de negocios.
Los peritajes iniciales en torno a su finca y a la camioneta que dejó cerrada podrían apuntar a una afrenta entre conocidos. Las fotografías del lugar de los hechos –a las que tuvimos acceso– podrían apuntar en esa dirección.
Dos manchas de sangre. Una abundante en la pared, producto de un presunto golpe en la cabeza después de forcejear y dejar sobre la pintura blanca huellas del hule negro de los zapatos.
Y la otra de pequeñas gotas en el piso, presumiblemente producto de una punción con las tijeras con las que estilizaba su característica barba y su bigote. Ni una señal más de forcejeo. Ni un disparo.
Pero lo que más llama la atención son las huellas del calzado en el piso. Hay pisadas de huarache e incluso se presumen pies descalzos. ¿Lugareños, reivindicadores de la guerrilla instalados en la sierra queretana o montaje intencional para distraer la investigación?
SILENCIAR AL GENERAL
Pero esa ingenuidad de un asunto personal o de poca monta se topa con el atentado contra el general Mario Arturo Acosta Chaparro.
Ese podría ser apenas el primero de los avisos de que estamos ante un caso que va más allá de un delito común. Un mensaje que tiene lugar por infeliz coincidencia en el cruce de las calles Sinaloa y Tampico. El Pacífico y el Golfo intersectados.
Y es que atentar contra quien ya investigaba, por instrucciones familiares, el paradero de “El Jefe Diego”, lleva mensaje. Y no es de criminales amateurs.
El testimonio que hoy presentamos es de Minerva Vanessa Karim Demicelis Lotfy. La mujer que despedía en la puerta al general Acosta Chaparro en el momento en que fue victimado a balazos.
Ella narra en las averiguaciones previas ACI/T1/0086/10-05 y HCM/056/2010 que el atentado no fue un simple asalto. Iban por el general, a quitarle la vida.
Si así fuere, ¿por qué intentar acallar la investigación? ¿Qué sabía Acosta Chaparro para que un hombre le disparara?
LA SOSPECHA DEL EPR
Cuando el presidente Felipe Calderón habló por primera vez del caso, se dirigió en su discurso al “Jefe Diego”.
“….y también si pudieran transmitírselo al propio Diego Fernández de Cevallos, si fuera la posibilidad que él supiera que sus hijos están fuertes, están firmes”, dijo el mandatario.
¿Por qué el presidente tendría la convicción de dirigirse al desaparecido o secuestrado? ¿Para enviarle el mensaje de que ya se sabía dónde estaba y que se estaba trabajando en su liberación?
Esa era una de las tesis que investigaba el general Mario Arturo Acosta Chaparro al momento de ser victimado. Decía que la desaparición de “El Jefe Diego” traía impregnado un olor a dinero, y a pesar de que el Ejército Popular Revolucionario (EPR) se había deslindado, no descartaba que la guerrilla estuviera detrás.
El comunicado de deslinde sólo venía a recordar que ellos también conocían del dolor de sus desaparecidos. Y que el 25 de mayo se cumplirán tres años de la detención o desaparición de los eperristas Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.
Coincidencia o no, el EPR volvió a montar el jueves por la mañana un comunicado en su página de Internet www.cedema.org. El pronunciamiento es claro.
“La responsabilidad de la detención-desaparición de nuestros dos compañeros en Oaxaca recae directamente en el general Juan Alfredo Oropeza Garnica, Ulises Ruiz y Felipe Calderón”, dice el comunicado. Oropeza es considerado uno de los pupilos más cercanos al general Acosta Chaparro.
Y el comunicado concluye: “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!, ¡A exigir la libertad de todos los presos políticos y de conciencia del país!, ¡por la presentación de todos los detenidos desaparecidos!”.
PUGNAS EN EL GABINETE
Pero, sin duda, una de las cajas de Pandora que se abrió con la desaparición de “El Jefe Diego” fue la de las ya evidentes disputas hacia adentro del gabinete calderonista de seguridad.
A nadie escapa que las confrontaciones entre la Secretaría de Gobernación y la PGR con la Secretaría de Seguridad Pública están ya en un punto insostenible. Y en medio del conflicto, el Ejército y la Marina Armada de México.
Para nadie es un secreto que Fernando Gómez Mont y Arturo Chávez Chávez son hombres de las lealtades de Diego Fernández de Cevallos. Amigos y socios de despacho o al menos compañeros de litigios comunes.
La mancuerna Gobernación-PGR tiene meses lamentando que desde Los Pinos se toleren las incapacidades e incluso las complicidades de Genaro García Luna.
Y es público y notorio hacia adentro del gobierno que el frente Gómez Mont-Chávez Chávez, bajo el paraguas de “El Jefe Diego”, venía ganando la batalla contra el controvertido titular de la SSP.
La pugna era tan abierta, que en un reciente encuentro de seguridad en el estado de Morelos, García Luna se burló de la ausencia del procurador general de la República.
“¿Y ahora dónde está nuestro sparring? ¿Ahora de quién nos vamos a burlar?”, preguntaba abiertamente y con sorna a algunos de sus allegados y a quienes lo quisieran escuchar.
EL CÁRTEL FAVORITO
Las disputas entre el bloque Gobernación-PGR y la Secretaría de Seguridad Pública tienen su epicentro en las acusaciones de que desde los dominios de Genaro García Luna se protege al Cártel de Sinaloa.
Las denuncias trascendieron el umbral de las sospechas esta misma semana, cuando distintos medios internacionales de comunicación acusaron directamente a la administración de Calderón de favorecer las actividades del legendario Joaquín “El Chapo” Guzmán.
El prestigiado diario estadounidense The New York Times recibió al presidente Felipe Calderón en su visita a Estados Unidos con una información sobre la presunta intervención presidencial para la liberación exprés de la esposa del jefe del Cártel de Sinaloa, que fue detenida y dejada en libertad el pasado miércoles 12 de mayo.
Por su parte, National Public Radio lanzó una serie titulada “Mexico Seems to Favor Sinaloa Cartel In Drug War” (México parece favorecer al Cártel de Sinaloa en su guerra contra las drogas), investigación avalada con estadísticas.
Los números revelan que 44 por ciento de los arrestos son contra Los Zetas y el Cártel del Golfo, mientras que sólo 12 por ciento corresponden al Cártel de Sinaloa.
El círculo se cierra con José Reveles, el reportero investigador y ganador del Premio Nacional de Periodismo, quien lanzó esta semana su nuevo libro “El Cartel Incómodo: El Fin de los Beltrán Leyva y la Hegemonía del Chapo Guzmán”.
En él expone presuntos pactos entre las altas esferas del gobierno federal y los más renombrados capos del Cártel de Sinaloa.
En concreto, el periodista revela un presunto pago de 40 millones de dólares para dejar salir a “El Chapo” de Puente Grande.
También habla de un presunto pacto de Juan Camilo Mouriño, quien en su calidad de secretario de Gobernación se habría reunido con “El Chapo”. Y hubo otro encuentro entre Genaro García Luna y Arturo Beltrán Leyva en 2008, cuando este capo todavía tenía su alianza con el Cártel de Sinaloa.
LA ESPOSA Y “NACHO” CORONEL
La desaparición de Diego Fernández de Cevallos se da también unas horas después de que se tocan dos intereses clave del llamado cártel favorito del sexenio.
El primer evento tiene lugar el miércoles 12 de mayo, cuando fuerzas federales detienen a Griselda Guadalupe López Pérez, alias “Silvia Escoto Muñoz”, esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán y madre de cuatro de sus hijos.
Encapuchada y esposada fue trasladada a las instalaciones de la SIEDO en la Ciudad de México para ser acusada de lavado de dinero. Pero sorpresivamente es liberada.
Días más tarde, y en plena visita oficial de Felipe Calderón a Estados Unidos, el periódico The New York Times revelaría que fue dejada en libertad por orden presidencial ante el temor de que su detención desatara una ola de violencia con el Cártel de Sinaloa.
El otro suceso que trastoca los intereses de “El Chapo” Guzmán sucede en Jalisco, la noche del jueves 13 de mayo. Un día después de la detención y liberación de la esposa del capo.
“‘Nacho’ Coronel pudo ser detenido: Guzmán”. Ese fue el titular de Público, la edición de Milenio Diario en Guadalajara, en una declaración atribuida al secretario de Gobierno de Jalisco.
La detención de “Nacho” Coronel sucedió apenas 24 horas antes de la desaparición de “El Jefe Diego”. Y hasta el momento, las autoridades no se atreven ni a confirmar ni a desmentir el arresto. Ni siquiera a sus colegas de la DEA de Estados Unidos.
El hecho abrió en sí mismo un expediente. El del presunto secuestro del político panista para buscar un canje por quien es el operador clave del Cártel de Sinaloa en la zona del Bajío.
LA GIRA Y LA FOTO
Para algunos analistas, el gobierno federal sabe al menos quién o quiénes “desaparecieron” a Diego Fernández de Cevallos. Se habla de que lo sabían desde el primer día.
Pero la gira del presidente Calderón por España y Estados Unidos habría obligado al sigilo extremo para impedir que el suceso, conocido en toda su dimensión, obligara a suspender o trastocar las visitas oficiales a dos naciones clave por sus relaciones con México.
Por eso el silencio impuesto a la información. Por eso la presunta foto de un rostro parecido al de “El Jefe Diego”, con los ojos vendados, con un diario que exhibiría alguna fecha y que comenzó a circular la noche del jueves 20 por Internet y fue exhibida en Milenio Televisión.
De ser auténtica la fotografía, sería la de un Diego Fernández de Cevallos cautivo, con los músculos del cuello tensos, mostrando signos de un descalabro en su frente, hecho que concuerda con los peritajes de la sangre encontrada en la pared de su rancho.
Pero hasta ahora no es más que lo demás. Especulaciones y desinformación. Lo único factible, constatado en hechos, es el atentado al general Acosta Chaparro.
Aunque hay quienes advierten que instalado el presidente Calderón de vuelta en Los Pinos, no pasará mucho tiempo sin que se conozca alguna información confiable, más certera.
Por ahora, la incertidumbre sólo viene a confirmar una crisis de Estado cuyo desenlace estaríamos a horas de conocer.
Analicemos.
Fuente: Reporte Indigo
Difusión: AMLOTV
La desaparición
La desaparición
Luis Javier Garrido
La desaparición de Diego Fernández de Cevallos, personaje fundamental en la estructura del poder en México, constituye un crimen político por mucho que el gobierno calderonista y los medios oficialistas se hayan empeñado desde un principio en minimizarla y calificarla de delito del orden común.
1. El levantamiento del abogado panista Diego Fernández de Cevallos al llegar la noche del viernes 14 a su rancho La Cabaña, en el municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, que ha hundido en el azoro y el miedo a la clase política mexicana, es el crimen político más importante cometido en el país desde el asesinato de Luis Donaldo Colosio, candidato presidencial priísta en 1994, y de tener un trágico desenlace, como todo hace suponerlo, habrá trastocado por completo la mecánica del poder que se instauró en el final del siglo en función de la alternancia de 2000.
2. Todo atentado contra un hombre político es siempre por definición un crimen político, y lo es en particular cuando el objetivo alcanzado es, como en este caso, político. Fernández de Cevallos había sido desde 1988 hasta la fecha pieza clave en la mecánica del poder en México, al menos en dos ámbitos. Como el principal negociador del Partido Acción Nacional con Carlos Salinas de Gortari y la cúpula del Partido Revolucionario Institucional, fue a partir de esa fecha un artífice de la alianza tricolor-blanquiazul que desde entonces ha gobernado México, convirtiéndose en un elemento fundamental en la resolución de los conflictos entre el PRI de Salinas y el gobierno panista de Calderón.
3. El perfil oscuro de Diego como hombre de todas las confianzas de Salinas y su cómplice desde las múltiples concertacesiones de los años 90 del siglo anterior hasta el fraude electoral de 2006 y la entrega del poder político a la ultraderecha, o como abogado de turbios y multimillonarios negocios en los que aprovechó su poder político y que lo hicieron aparecer como el prototipo del panista traficante de influencias, mucho más hábil que los calderonistas, suscitó las más variadas especulaciones tras su desaparición. Las hipótesis que se han vertido desde el sábado 15 han sido empero más un reflejo de los temores de la clase política que un análisis de la realidad, y así se ha hablado desde un vulgar secuestro para extorsionar a la familia, una venganza por motivos judiciales, un crimen pasional, un acto justiciero de un comando popular o incluso una autodesaparición hasta un crimen vinculado al narcotráfico, olvidándose en esta última presunción que en un país como México, donde el narco ha penetrado en las instancias financieras, políticas, judiciales y de seguridad del Estado, todo crimen tiene una vinculación con el problema. Curiosamente, casi nadie quiso abordar la más evidente de las hipótesis: la política, vinculada a la sorda lucha de las diversas facciones de la ultraderecha mexicana en el PAN en vistas a 2012.
4. Diego Fernández de Cevallos fue durante muchos años un enemigo abierto de Felipe Calderón y era en la actualidad su principal opositor dentro del PAN, aunque en noviembre de 2008, tras la muerte de Juan Camilo Mouriño, con el fin de no ahondar más las divergencias en el panismo y tratar de darle cierta cohesión a su gobierno, Calderón tuvo que aceptar la designación que hizo el salinismo de dos amigos de Diego: los abogados Fernando Gómez Mont en Gobernación y Arturo Chávez en la Procuraduría General de la República (PGR), lo que fortaleció el poder del barbón en el gabinete, que ya era significativo, sin que por ello menguaran las diferencias entre ambos, las que se fueron haciendo irreconciliables al acercarse la sucesión presidencial, pues mientras Calderón se fue empecinando, con el apoyo de grupos de interés de Estados Unidos y de España, en que en 2012 el presidente de la República volviese a ser un panista, Diego y sus amigos reivindicaron el derecho del PRI a imponer a su candidato.
5. La desaparición de Diego es por consiguiente un duro golpe político para Carlos Salinas de Gortari, para el sector negociador del PRI y para aquellos priístas que buscan sacar adelante con el consenso de un sector del panismo la candidatura presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012. Beneficia, por el contrario, a Calderón y a sus amigos, al yunquismo calderonista y a las trasnacionales españolas y estadunidenses asociadas con este grupo, que aún esperan importantes contratos en materia de energía. No en balde este sector ya se está despachando con la cuchara grande en la nueva integración del Consejo Nacional del PAN que se definirá en unos días, y que es determinante para la selección del candidato presidencial blanquiazul el próximo año.
6. La desaparición de Diego se presenta en consecuencia como la expresión de la grave crisis por la que atraviesa la cúpula gobernante o, para decirlo con palabras más precisas, como un arreglo de cuentas dentro de la mafia en el poder en México, que con este hecho muestra a los mexicanos que no sólo ha llevado al país a un baño de sangre, sino que no halla otro medio que el de la violencia para resolver sus diferendos.
7. La orden del gobierno de limitar la información oficial sobre el caso y de pedir a los medios que lo minimizaran, que en el caso de Televisa llegó al grado de anunciar que no informaría en lo absoluto, se revirtió, como era de suponerse, contra el gobierno y no logró más que exacerbar el interés popular por el crimen y en crear un clima de mayor desasosiego social y de especulaciones. ¿Por qué en la comisión de un delito de secuestro a mano armada la PGR pretendió no estar investigando?
8. La reacción oficial ante lo acontecido ha terminado por crear la imagen de que el gobierno conoce bien lo que aconteció. La insistencia de Felipe Calderón durante su viaje en establecer a miles de kilómetros de los hechos, cuando no está más que informado de trasmano, pero haciéndose pasar por Philo Vance, que la desaparición de Diego “no fue un narcomensaje ni un secuestro”, tratando de exonerar al mismo tiempo a los cárteles y al crimen organizado, como lo reiteró ante los micrófonos de la CNN el miércoles 19, sólo deja abierta una explicación de la desaparición de Fernández de Cevallos: la de la ejecución.
9. El viaje de Calderón a España y a Estados Unidos estuvo en todo caso marcado siempre por la desaparición de Diego, la que a pesar del gobierno incidió en el clima de desconfianza que hay en el exterior sobre México. A casi nadie le importó aquí el homenaje que recibió Calderón en Madrid de Ibedrola y otras trasnacionales hispanas el día 17 por su ofrecimiento de seguirles dando contratos en materia de energía, a pesar de la prohibición constitucional, o los resultados de su patético viaje a Estados Unidos, donde fue recibido por la Radio Pública Nacional con la acusación de que favorece al cártel de Joaquín El Chapo Guzmán y con la confirmación que hizo en la Casa Blanca el presidente Barack Obama de que sólo vigilará que la nueva ley Arizona no viole al aplicarse los derechos de los trabajadores, porque él no cuenta con los votos necesarios en el Congreso para proponer una nueva legislación migratoria.
10. La desaparición –y posible ejecución– de Diego Fernández de Cevallos está abriendo en todo caso ya desde ahora reacomodos de los grandes intereses económicos y financieros que impactan a una clase política marcada por la corrupción y la violencia, y que no auguran nada bueno para el pueblo de México.
Fuente: La jornada
Difusión AMLOTV
El capitalismo agrícola necesita a los campesinos
Economía Moral
Pobreza y permanencia del campesinado/ I
El capitalismo agrícola necesita a los campesinos
Julio Boltvinik
En sus diversos estudios sobre la pobreza rural en el mundo, el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (IFAD, por sus siglas en inglés) señala que alrededor de mil millones de habitantes del medio rural son pobres, aunque estas cifras claramente subestiman la pobreza como lo mostré con el análisis que hace Thomas Pogge de las cifras del Banco Mundial (similares a las del IFAD) en la entrega anterior (14/05/10).
Sabemos que la mayor parte de los pobladores rurales del mundo son pobres. Tenemos que explicar por qué la mayor parte de los habitantes del medio rural (que viven en hogares encabezados por campesinos o jornaleros rurales) son pobres. Las respuestas convencionales giran en torno de las graves limitaciones de recursos de los campesinos, lo que se traduce en bajos niveles de producción y, por tanto, en reducidos ingresos o bien en que están sujetos a diversas formas de explotación. Sin embargo, esta explicación convencional tendría dificultades para explicar por qué “1.7 millones de las 2.6 millones de granjas existentes en EU tenían ingresos inadecuados para un estándar de vida aceptable y cuya sobrevivencia dependía claramente de su acceso a ingresos de otras fuentes”.1 Además, estos campesinos y granjeros pobres han desafiado los vaticinios de izquierda y derecha que los desaparecían de la faz de la tierra como tales:
“La concepción clásica del desarrollo del capitalismo en la agricultura sostiene que, al igual que en la industria, la estructura de clases del agro tendería a polarizarse; la producción mercantil simple tendería a desaparecer: se desarrollarían relaciones capitalistas de producción entre una burguesía agraria y un proletariado rural... el futuro agrario sería de grandes fincas manejadas por granjeros capitalistas que utilizarían métodos de producción intensivos en capital y emplearían trabajadores sin tierra. Casi cien años después, la historia ha falsificado esta noción: en Europa, las grandes fincas han decrecido en importancia. La unidad típica de hoy [1981] es la granja familiar. El proletariado rural ha decrecido, no sólo en número absoluto, sino como proporción de la fuerza de trabajo. En los seis países originales de la Comunidad Económica Europea en 1966-67, sólo 14 por ciento de la fuerza de trabajo era no familiar o contratada. En EU el porcentaje de la fuerza de trabajo en el empleo agrícola total ha fluctuado alrededor de 25 desde 1910 sin mostrar tendencia a crecer... el proletariado agrícola actual es básicamente de tiempo parcial: estudiantes, amas de casa, etcétera, llevados a la agricultura en periodos pico como las cosechas. El grupo de proletarios agrícolas de tiempo completo es sorprendentemente pequeño: por ejemplo era de sólo 670 mil personas en EU en 1972.”2
Éstos son los dos temas que me propongo abordar en esta serie de entregas: pobreza y sobrevivencia de las unidades familiares, campesinas en el tercer mundo y campesinas o granjeras en el primero. Dos fenómenos que plantean desafíos conceptuales y prácticos fundamentales. Revisaré para ello la bibliografía internacional y nacional pertinente. En el número 18 (otoño 2009) de la magnífica revista Mundo Siglo XXI, que dirige Luis Arizmendi y publica el CIECAS del Instituto Politécnico Nacional, publiqué el articulo Esbozo de una teoría de la pobreza y la sobrevivencia del campesinado, que justo aborda estos dos temas, el segundo de ellos en polémica con Armando Bartra. Esta polémica se desarrolló en las páginas de La Jornada en 2007 y la narro en el artículo mencionado. Desde la publicación del artículo de Mundo Siglo XXI, he leído trabajos que formulan explicaciones alternativas de la sobrevivencia campesina desde la perspectiva de obstáculos al desarrollo del capitalismo en la agricultura, que me propongo examinar. Mi esbozo de teoría tesis es:
La pobreza campesina está determinada por la estacionalidad agrícola que se manifiesta en requerimientos de trabajo desiguales en el año y concentrados en la siembra y cosecha (véase gráfica) y por el hecho que en el capitalismo los precios incorporan (como costos) sólo los salarios de las jornadas efectivamente laboradas y pagadas. Al concurrir los productores campesinos con empresas capitalistas en los mismos mercados, y actuar en ellos como tomadores de precios, los precios de sus productos sólo pueden remunerar los días efectivamente trabajados. Es decir que el costo social de la estacionalidad es absorbido por los campesinos con pobreza permanente que los convierte en proletarios errantes en busca de ingresos adicionales.
Si la predicción sobre la transformación y concentración de las unidades familiares agrícolas en unidades capitalistas se hubiese cumplido, no tendríamos que explicar ni la pobreza ni la sobrevivencia campesina: los campesinos habrían dejado de existir. Durante el debate con Armando Bartra fui descubriendo que la teoría que había formulado para explicar la pobreza campesina también daba cuenta de su sobrevivencia, lo que me llevó a la tesis radical de que “el capitalismo no puede existir en forma pura en la agricultura: sin la oferta campesina de mano de obra estacional [barata, habría que añadir] la agricultura capitalista sería imposible. No habría (casi) nadie dispuesto a trabajar sólo durante las cosechas. Por tanto, la permanencia de la agricultura campesina hace posible el agrocapitalismo” (p.39, artículo citado). Es decir, la agricultura campesina no sólo es funcional, sino indispensable para la existencia de empresas agrícolas capitalistas. Pero el campesino sólo se verá obligado a vender estacionalmente su fuerza de trabajo (y estará dispuesto a venderla barata) si es pobre: los granjeros ricos en EU se pueden pasar (y se pasan) bebiendo cerveza los periodos en los que no hay trabajo en la agricultura. Es decir, el capitalismo agrícola sólo puede existir en simbiosis con campesinos pobres, dispuestos a (y urgidos de) vender su fuerza de trabajo algunos días al año. Una teoría que explique la sobrevivencia campesina debe explicar también su pobreza. Mi tesis es, sin embargo, asimétrica: si bien los capitalistas no podrían vivir sin los campesinos, éstos mejorarían muchísimo sin los capitalistas. Ello es así porque, como dije antes, cuando están presentes empresas capitalistas en el mercado, los precios de los productos agrícolas sólo reflejan los costos de mano de obra efectivamente erogados. Para el capital la fuerza de trabajo es un costo variable: sólo paga los días contratados. Para la economía familiar campesina, en cambio, es un costo fijo: tiene que proveer siempre por la reproducción de la fuerza de trabajo familiar, trabaje o no. En un mercado agrícola donde todos los oferentes fuesen unidades familiares (o cooperativas con responsabilidad moral por la vida de sus integrantes y los familiares de éstos), los precios agrícolas reflejarían el costo de reproducción de la fuerza de trabajo durante todo el año y, por tanto, serían mucho más altos que los actuales. La causa más generalizada de la pobreza campesina en el mundo habría desaparecido.
1 Susan Archer Mann, Agrarian Capitalism in Theory and Practice, University of North Carolina Press, Chapel Hill, 1990. p. 142.
2 Göran Djurfeldt, Classical Discussions of Capital and Peasantry: A Critique, en John Harriss (Ed.), Rural Development. Theories of Peasant Economy and Agrarian Change, Routledge, Londres, 1992, p. 139.
jbolt@colmex.mx
Fuente: La jornada
Difusión AMLOTV
¿Es o no es ‘El Jefe Diego’?
El caso de la desaparición de Diego Fernández de Cevallos dio anoche un giro inesperado ya que una presunta foto de ‘El Jefe Diego’ con los ojos vendados comenzó a circular por internet.
Por Indigo Staff
La supuesta imagen del prominente abogado ha generado versiones encontradas en las redes sociales y en los medios.
Algunos ya lo dan por muerto y otros aseguran que se encuentra con vida.
Según algunos de los comentarios en Twitter, la familia del ex senador ya confirmó que la persona que aparece en la fotografía es "El Jefe Diego".
Pero hasta el momento la PGR no ha emitido información oficial que confirme o desmienta lo que se rumora.
El titular de Gobernación, Fernando Gómez Mont, pidió hoy a los medios de comunicación actuar con prudencia ante la divulgación de las presuntas fotos y afirmó que el Gobierno mantiene la esperanza de encontrarlo con vida.
Conoce en Reporte 179 la cadena de hechos que sucedieron antes, durante y después de la desaparición o secuestro del abogado.
En esta edición se analiza lo que hay detrás de algunos factores, como el intento de silenciar al general Mario Arturo Acosta Chaparro, la posible participación de una banda criminal, la sospecha de las autoridades hacia el EPR y de la reciente denuncia de que Calderón protege al Cártel de Sinaloa.
¿Es o no es ‘El Jefe Diego’?
Fuente: Reporte Indigo
Difusión: AMLOTV
El Ejército salvaguarda instituciones: diputado Ardelio Vargas
El Ejército salvaguarda instituciones: diputado Ardelio Vargas
“Han tomado en sus manos la alta responsabilidad de salvaguardar nuestras instituciones, pero sobre todo de garantizar la paz y la tranquilidad” de los mexicanos, expuso el presidente de la Comisión de Defensa Nacional en San Lázaro.
La Jornada en línea
Publicado: 21/05/2010 14:40
México, DF. El presidente de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, Ardelio Vargas, aseveró que las Fuerzas Armadas mexicanas “han tomado en sus manos la alta responsabilidad de salvaguardar nuestras instituciones, pero sobre todo de garantizar la paz y la tranquilidad a que todos los mexicanos tenemos derecho”.
Al conmemorar en Tlaxcalantongo, Puebla, el fallecimiento del primer jefe del Ejército Constitucionalista mexicano, Venustiano Carranza, Vargas se refirió a la lucha que los militares han emprendido contra el crimen, y aseveró que las Fuerzas Armadas enfrentan con “todo su patriotismo y lealtad las amenazas actuales a las instituciones, que se traducen en acciones de violencia extrema e irracional de los grupos de la delincuencia organizada”, las cuales, dijo, están orientadas a desafiar y vulnerar al Estado mexicano.
El diputado consideró que, como en los tiempos en que iniciaron los movimientos de Independencia y la Revolución, el compromiso con la sociedad “tiene que estar orientado a recuperar sus demandas y atender sus necesidades, con la clara perspectiva de fortalecer sus instituciones, garantizar la seguridad y ampliar la democracia, la igualdad y la justicia social”.
El legislador ofreció su reconocimiento a todos los soldados de México, “que en ocasiones, aun con el sacrificio de su propia vida, han defendido la preservación del Estado y el bienestar, la paz y la tranquilidad de todos sus hermanos mexicanos”.
“En esta coyuntura histórica, tan importante para todos los mexicanos, también es necesario reconocer el trabajo de las instituciones que ante los retos actuales mantienen la salvaguarda del Estado mexicano”, abundó.
Fuente: La jornada
Difusión AMLOTV
Paulette murió por accidente; no hay responsables: PGJEM
Paulette murió por accidente; no hay responsables: PGJEM
La menor falleció al quedar atorada entre el colchón y la estructura de madera que se ubica al pie de su cama, mismo lugar donde fue hallado el cadáver, dijo el procurador mexiquense, Alberto Bazbaz.
Israel Dávila, corresponsal
Publicado: 21/05/2010 12:04
Toluca, Méx. La Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) confirmó hace unos minutos que la niña Paulette Gebara Farah falleció accidentalmente al quedar atorada entre el colchón y la estructura de madera que se ubica al pie de su cama, es decir, en el mismo lugar donde fue hallado el cadáver nueve días después de que la menor fue reportada como desaparecida por sus padres.
En un mensaje a los medios de comunicación para dar a conocer la resolución del caso, el procurador de justicia mexiquense, Alberto Bazbaz Sacal, indicó que debido a esta situación no se ejercerá acción penal en contra de nadie por la muerte de la niña de cuatro años de edad.
Esta conclusión, dijo, se encuentra sustentada en los resultados de los exámenes periciales que practicó la procuraduría mexiquense y otras instancias externas que colaboraron durante la investigación, como la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), la Procuraduría General de la República (PGR), la procuraduría de Nuevo León, el Buró Federal de Investigación de Estados Unidos (FBI) y el Departamento de Justicia estadunidense.
Durante su mensaje, el procurador Alberto Bazbaz reconoció que al principio de la investigación hubo deficiencias en el actuar de la procuraduría, no sólo en la indagatoria, sino en la forma de comunicar el caso, lo cual generó “que se desatara una ola de especulaciones” sobre el hecho.
“Sobre estas deficiencias, asumo la responsabilidad institucional y personal, pero pueden estar seguros que actuamos siempre apegados a la ley”, sostuvo.
Uno de los principales errores de la dependencia, señaló el funcionario, fue no haber revisado correctamente la habitación y la cama de la niña en el periodo que estuvo desaparecida, ya que los exámenes periciales han demostrado que Paulette murió la noche en que llegó de Valle de Bravo con su papá y cinco horas después de haber ingerido su último alimento, es decir, entre la noche del domingo 21 de marzo y la madrugada del lunes 22.
El procurador de justicia mexiquense indicó que las diversas pruebas practicadas al cuerpo de la menor señalan que el cuerpo nunca fue manipulado después de su muerte y no se observaron huellas de lesiones o indicios de que hubiera existido alguna maniobra de defensa.
“La posición en la que fue encontrado el cadáver es la misma posición donde falleció Paulette”, recalcó Bazbaz Sacal.
De acuerdo con la procuraduría, Paulette estuvo con vida durante unos minutos después de que su cuerpo quedara atorado entre su colchón y la estructura de madera que su ubica al pie de su cama, lo cual se puede comprobar con los rastros de orina que se encontraron en una de las sábanas del mueble.
Basta recordar que la necropsia que se practicó al cuerpo de la menor indica que Paulette falleció de asfixia por obstrucción de las vías respiratorias y presión torácica.
Cabe señalar que el papá de la menor Paulette Gebara, Mauricio Gebara, ha manifestado en diversas ocasiones su incredulidad sobre la hipótesis del accidente que ahora confirma la procuraduría, y ha insistido en que la muerte de su hija fue producto de un homicidio.
Fuente: La jornada
Difusión AMLOTV
ACCIÓN URGENTE
CENTRO REGIONAL DE DERECHOS HUMANOS “BARTOLOMÉ CARRASCO BRISEÑO” A. C.
VIERNES 21 DE MAYO DEL 2010.
UN ATAQUE MÁS EN LA REGIÓN TRIQUI.
ASESINAN EN YOSOYUXI AL LÍDER MORAL DEL MUNICIPIO AUTÓNOMO DE SAN JUAN COPALA Y A SU ESPOSA.
A partir de la emboscada a la Caravana Humanitaria el día 27 de abril del 2010 en la que fueron masacrados ALBERTA CARIÑO TRUJILLO y JIRI ANTERO JAAKKOLA, el Municipio autónomo de San Juan Copala, Oaxaca, está en constante estado de sitio, recibiendo ataques permanentes y continuados por parte de quienes con la voz proclaman la Paz y con los hechos hacen la Guerra; el día 15 de mayo fueron privadas ilegalmente de su libertad, por más de 12 horas, 6 mujeres, 5 niños y un bebe, además de haberlas golpeado e injuriado, les robaron y destrozaron los víveres que adquirieron para su consumo con el pago del programa oportunidades.
HECHOS RECIENTES:
El día jueves 20 de mayo aproximadamente a las 6 de la tarde reportaron del Municipio autónomo de San Juan Copala, Oaxaca, que fue tiroteada la Comunidad de San Juan Copala y también la comunidad de Yosoyuxi con el saldo de dos muertos; en Yosoyuxi asesinaron a balazos en su casa al líder moral del Municipio autónomo de San Juan Copala, el Sr. Timoteo Alejandro Ramírez (46 años) y a su esposa, la Sra. Tleriberta Castro Aguilar (36 años) deja en la orfandad a 5 menores. Hasta el momento desconocemos si hay más personas heridas. En San Juan Copala fueron atacados por un grupo armado desde tres puntos del lado norte del poblado, y en Yosoyuxi por dos sicarios que entraron en un auto, supuestamente a vender maiz. Algunos habitantes reconocieron a los dos homicidas que salieron en el auto con dirección a Putla de Guerrero, Oaxaca.
Persiste la zozobra en varias comunidades de la Región desde hace ya 6 meses; además no tienen luz, agua y víveres. Se ha comenzado a padecer una grave situación de hambruna.
Pedimos que de manera extraurgente envíen cartas al Gobierno de Oaxaca exigiéndole:
1. ALTO A LA MASACRE DEL PUEBLO DE SAN JUAN COPALA.
2. QUE SE TOMEN LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA RESTABLECER LAS CONDICIONES SOCIALES QUE GARANTICEN LA SEGURIDAD Y EL LIBRE TRÁNSITO DE LOS HABITANTES DE LA REGIÓN.
3. INVESTIGACIÓN, ESCLARECIMIENTO Y APLICACIÓN IRRESTRICTA DE LA JUSTICIA A LOS RESPONSABLES MATERIALES E INTELECTUALES DE LOS ASESINATOS, PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD Y HECHOS VIOLENTOS EN SAN JUAN COPALA.
4. INTERVENCIÓN INMEDIATA PARA LLEVAR ALIMENTOS A LOS HABITANTES DE SAN JUAN COPALA, DE TAL FORMA QUE SE GARANTICE EL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN DE LAS PERSONAS.
Al Gobierno Federal:
1. DICTAR MEDIDAS PRECAUTORIAS QUE GARANTICEN LA SEGURIDAD E INTEGRIDAD DE TODOS LOS HABITANTES DE LOS PUEBLOS TRIQUIS.
2. INSTALACIÓN URGENTE DE UNA MESA DE DIÁLOGO ENTRE LOS 3 GRUPOS QUE EXISTEN EN LA REGIÓN, CON PRESENCIA DE REPRESENTANTES ORIGINARIOS DE LAS COMUNIDADES TRIQUIS, PARA DETENER LA VIOLENCIA.
3. EXIGIR AL GOBIERNO DE OAXACA QUE INTERVENGA CON EFICACIA Y EFICIENCIA, A FIN DE QUE NO SIGA PERMITIENDO QUE LA REGIÓN TRIQUI SE CONSOLIDE COMO UNA ZONA DE EXCEPCIÓN Y TERRITORIO DE GUERRA.
4. INICIAR UN PROCESO DE DIÁLOGO RESPONSABLE Y SERIO; QUE ASEGURE LA JUSTICIA Y DIGNIDAD PARA TRANSITAR HACIA LA VERDADERA PAZ DE LA REGIÓN TRIQUI.
Enviar sus llamamientos a:
Lic. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa
Presidente Constitucional de la República Mexicana
Residencia Oficial de los Pinos, Casa Miguel Alemán, Col. San Miguel Chapultepec, C.P. 11850, México DF. Tel: +52 55 27891100; Fax: +52 55 527 72 376. E-mail: felipe.calderon@presidencia.gob.mx
Lic. Fernando Francisco Gómez-Mont Urueta
Secretario de Gobernación
Bucareli 99, 1er. piso, Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc, México D.F., C.P. 06600, México, FAX +52 (55) 5093 34 14. E-mail: secretario@segob.gob.mx
Lic. Arturo Chávez Chávez
Procurador General de la República
Procuraduría General de la República, Paseo de la Reforma nº 211-213, Piso 16, Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc, México D.F., C.P. 06500, Fax: +52 55 53 46 09 08; + 52 55 27 89 11 13 (si responde una voz, digan: "tono de fax, por favor"), E-Mail: ofproc@pgr.gob.mx / wmaster@pgr.gob.mx.
Embajada de la República de Finlandia en México
S.E. Sra. Ulla Marianna Vaisto,
Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria
Monte Pelvoux 111, piso 4, Lomas de Chaputlepec, 11000 México DF
Tel. +52 (55) 5540 6036 Fax +52 (55) 5540 0114 E-mail: finmex@prodigy.net.mx sanomat.mex@formin.fi
Embajada de la República Federal de Alemania en México
S.E. Sr. Roland Michael Wegener,
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario
Horacio 1506, Col. Los Morales, 11530 México D.F.
Tel.+52 (55) 5283 2200 Fax +52 (55) 5281 2588 E-mail: info@mexi.diplo.de
Embajada del Reino de Bélgica en México
S.E. Sr. Boudewijn E. G. Dereymaeker,
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario
Alfredo Musset 41, Col. Polanco, 11550 México DF
Tel. +52 (55) 5280 0758; fax +52 (55) 5280 0208 E-mail: mexico@diplobel.fed.be
Embajada de la República Italiana en México
S.E. Sr. Roberto Spinelli,
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario
Paseo de las Palmas 1994, Col. Lomas de Chapultepec, 11000 México DF
Tel. +52 (55) 5596 3655 Fax +52 (55) 5596 2472 y 5596 7710
E-mail: segreteria.messico@esteri.it
Lic. Ulises Ruiz Ortiz
Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca
E-mail: gobernador@oaxaca.gob.mx
FAX: (+52) 5020530
Lic. Ma. de la Luz Candelaria Chiñas
Procuradora General de Justicia del Estado de Oaxaca
Fax. 01951 5115174, 019515115121
E-mail: procuraduria7@oaxaca.gob.mx
Lic. Javier Rueda Vázquez
Secretario de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca
Heroico Colegio Militar 317
Reforma, 68050 Oaxaca, 01 951 132 5748
Dr. Raúl Plascencia Villanueva
Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
(55) 56 81 71 99, E-mail: correo@cndh.gob.mx
Dr. José Antonio Guevara Bermúdez
Titular de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos – SEGOB
Av. Paseo de la Reforma 99 Piso 19 Tabacalera, Cuauhtémoc, Distrito Federal, 06030, Tel: (55) 5551-28-00 Ext: 11863, E-mail: jguevara@segob.gob.mx
S.E. Sr. Juan José Gómez Camacho
Misión Permanente de México ante las Oficinas de Naciones Unidas en Ginebra
Fax +41 (22) 748 0708, E-mail: mission.mexico@ties.itu.int
S.E. Sra. Sandra Camila Fuentes-Berain Villenave
Embajadora de México ante las Comunidades Europeas y Observadora Permanente en el Consejo de Europa
Fax +32 2 644 08 19 Tel. +32 (2) 629 0777 E-mail: embamex@embamex.eu
Sr. Alberto Brunori
Representante en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos
Fax +52 (55) 5061 6358; E-mail: oacnudh@ohchr.org
Sr. Santiago Cantón
Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Fax +1 (202) 458 3992 E-mail: cidhoea@oas.org
Sra. Navanethem Pillay
Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos
Fax +41 22 917 9000 E-mail: civilsocietyunit@ohchr.org
Favor de marcar copia de sus escritos a:
Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco Briseño” A. C.
Mariano Azuela 203, Col. José Vasconcelos, C. P. 68120, Oaxaca México
E-Mail: barcadh09@gmail.com
¡SI QUIERES PAZ, LUCHA POR LA JUSTICIA!
Difusión: Soberanía Popular
Comunicado del MOCRI CNPA MN sobre San Juan Copala
MOVIMIENTO CAMPESINO REGIONAL INDEPENDIENTE
COORDINADORA NACIONAL PLAN DE AYALA
MOVIMIENTO NACIONAL
20 de Mayo de 2010.
A los organismos defensores de derechos humanos nacionales e internacionales
A las organizaciones democráticas e independientes
A las personalidades progresistas y democráticas del país
A los medios de comunicación
A la opinión pública
Condenamos la muerte de Timoteo Alejandro Ramírez y su esposa Cleriberta Castro , asesinados en la comunidad de Yosoyuxi, Copala, Oaxaca del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente MULT-I. Hoy alrededor de las 5 de la tarde fue asesinado el dirigente de la organización indígena, mientras estaba en su domicilio.
Estos acontecimientos se desarrollan en medio de una tensa situación en esta región que ha traído como consecuencia la muerte de dos observadores de derechos humanos en días pasados. A manos de militantes de la organización Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort).
Con estas nuevas muertes crece nuestra preocupación por la impunidad con que se cometen homicidios en esta región del país. Pues no se observa ningún interés de los gobiernos de Oaxaca y el gobierno federal a encontrar una salida a un conflicto que ha tomado dimensiones internacionales.
Hacemos un llamado a los organismos defensores de los derechos humanos nacionales e internacionales a intervenir de inmediato para garantizar la seguridad de los militantes de MULT-I de este municipio Oaxaqueño.
Al gobierno federal y del estado de Oaxaca, les exhortamos a la sensibilidad y que con responsabilidad asuman un papel que contribuya a detener este derramamiento de sangre.
Atentamente
MOCRI - CNPA MN
¡¡ Alto a la impunidad en San Juan Copala!!
¡¡Castigo a los asesinos de Betty Cariño y Jiry Jakkol!!
Difusión: Soberanía Popular
AMLO vendrá viernes y sábado
San Jerónimo, 20 de mayo. Con el fin de supervisar los trabajos hechos por la estructura del “gobierno legítimo en la Costa Grande, este sábado estará en ésta ciudad el ex candidato a la presidencia del país por el PRD, Andrés Manuel López Obrador.
El viernes estará en Cruz Grande y Acapulco, en reuniones con la militancia. En el puerto tendra su actividad en el auditorio del Sindicato de Electricistas a las 5 de la tarde, y por la mañana estará en la Costa Chica.
De acuerdo con la programación de sus actividades, el dirigente perredista se reunirá en un salón de la cabecera municipal con integrantes de los comités de Atoyac, Tecpan, San Jerónimo, Petatlán, Zihuatanejo, La Unión y Coahuayutla.
En ese encuentro, de acuerdo con la información proporcionada por el diputado local Faustino Soto Ramos, los comités que integran la región darán su informe sobre los avances del movimiento lopezobradorista.
Durante el acto se tiene previsto ofrecer una conferencia de prensa para que el ex presidente nacional del PRD dé sus comentarios respecto a los sucesos que han ocurrido en el país en los últimos días.
Fuente: La Jornada de Guerrero
Difusión: Soberanía Popular
Preguntas y respuestas sobre el encuentro entre Obama y Calderón
Difusión Cencos México D.F., 19 de mayo de 2010
Boletín de prensa
HRW
Cuando el Presidente Obama se reúna con el Presidente de México Felipe Calderón en la Casa Blanca el 19 de mayo de 2010, se espera que exprese una vez más el apoyo de Estados Unidos a la lucha contra los violentos carteles de narcotráfico en México.
Calderón inició una intensa campaña para combatir el crimen organizado luego de asumir la presidencia en diciembre de 2006. Desde entonces, ha delegado mayormente en las Fuerzas Armadas los operativos de seguridad pública y ha desplegado más de 50.000 soldados en todo el país.
La necesidad de seguridad pública en México es evidente. La rivalidad entre los poderosos carteles de narcotráfico y las pugnas dentro de estos, así como los enfrentamientos armados entre sus miembros y las fuerzas de seguridad pública, han causado la muerte de casi 23.000 personas desde 2007.
El gobierno de Estados Unidos se convirtió en un socio en la lucha contra la violencia ligada al narcotráfico en 2007, cuando anunció la Iniciativa Mérida de lucha contra el crimen organizado. Desde entonces, ha entregado a México más de $ 1.300 millones de dólares a través de esta iniciativa, y el gobierno de Obama se ha comprometido a mantener la ayuda en los próximos años.
Tras reconocer que los abusos socavan la confianza pública en las fuerzas de seguridad y frustran su capacidad de enfrentar a los carteles, Estados Unidos y México acordaron supeditar la entrega de parte de los fondos de Mérida al respeto de los derechos humanos.
1. ¿Son los abusos militares generalizados?
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México, un organismo oficial, ha publicado informes exhaustivos sobre más de 50 casos de abusos aberrantes perpetrados por el Ejército desde que Calderón asumió la presidencia en 2006, que incluyen asesinatos, violaciones sexuales y torturas. La Comisión informó haber recibido otras 4.000 denuncias durante ese período.
La cantidad de denuncias e informes detallados de abusos se ha incrementado significativamente con cada año que se mantiene el despliegue militar. En 2006, la Comisión no publicó ningún informe sobre abusos cometidos por el Ejército; en 2009, publicó 30 informes. Asimismo, entre 2006 y 2009 la cantidad de denuncias de abusos militares presentadas ante la Comisión se multiplicó por diez. Diversas organizaciones no gubernamentales locales e internacionales han documentado abusos generalizados cometidos por las fuerzas de seguridad de México durante el gobierno de Calderón, y esto ha sido reconocido por el Comité de Derechos Humanos de la ONU.
2. Cuando los oficiales militares cometen abusos, ¿responden por sus actos?
No. Prácticamente todos los abusos militares contra civiles quedan impunes. Esto se debe en gran parte a que son investigados y juzgados por los propios militares, y el sistema de justicia militar carece de la estructura necesaria para abordar las violaciones de derechos humanos de manera independiente e imparcial. El sistema es extremadamente secreto y poco transparente, el Secretario de la Defensa controla las Fuerzas Armadas y el sistema de justicia militar, los jueces militares no gozan de estabilidad en el cargo y las autoridades civiles prácticamente no efectúan ningún control de las decisiones de los tribunales militares. A su vez, las víctimas y sus familiares no tienen ninguna posibilidad efectiva de impugnar la decisión de que sus denuncias se tramiten ante un tribunal militar en lugar de un tribunal civil.
Las estadísticas son una clara prueba de que el sistema de justicia militar no juzga a los soldados. Según datos proporcionados por el propio gobierno mexicano -entregados sólo luego de que Human Rights Watch solicitara reiteradamente pruebas de que el sistema de justicia militar efectivamente estaba juzgando los abusos-, solamente tres soldados han sido condenados por violaciones de derechos humanos cometidas durante el gobierno de Calderón. No obstante, una de estas condenas estuvo relacionada con un accidente automovilístico y no constituyó una violación de derechos humanos, y otra fue revertida en la instancia de apelación. Por lo tanto, hay solamente un caso que constituye una condena por violaciones de derechos humanos: el de un soldado que fue condenado a 9 meses de prisión por haber disparado y asesinado a un civil en un retén militar.
Por estas razones, la Corte Interamericana de Derechos Humanos -el más alto tribunal de derechos humanos para América Latina- ordenó en noviembre de 2009 que México reformara su código de justicia militar para excluir los casos relacionados con violaciones de derechos humanos de la jurisdicción de los tribunales militares.
3. ¿Se resolverían estos problemas de derechos humanos si México apartara a los militares de los operativos de seguridad pública y los reemplazara con policías?
Las Fuerzas Armadas de México no han recibido entrenamiento adecuado para llevar a cabo operativos de seguridad pública, y no se juzga a los oficiales militares cuando cometen abusos. Dado que en el pasado han cometido graves violaciones de derechos humanos contra civiles, las Fuerzas Armadas no son la autoridad adecuada para desempeñar este rol.
No obstante, si bien en teoría la policía se encuentra más preparada para este tipo de tareas, la policía mexicana también ha sido responsable de graves violaciones. Por ejemplo, la tortura es una práctica generalizada entre las policías de México, en parte debido a los perversos incentivos generados por el sistema de justicia de México, en el cual algunos jueces aceptan sistemáticamente confesiones obtenidas mediante coerción como elementos de prueba. En una misión de investigación llevada a cabo en Tijuana dos semanas atrás, Human Rights Watch recogió denuncias creíbles de uso sistemático de torturas por militares y policías, incluidos más de 100 casos posteriores a 2009 de personas que afirman haber sido detenidas arbitrariamente, trasladadas a bases militares y torturadas para obtener una confesión.
(Si bien en 2008 México aprobó una reforma exhaustiva del sistema de justicia que prohíbe expresamente el uso de la tortura y elimina muchos de estos perversos incentivos, la mayoría de los estados de México todavía no han puesto en práctica las reformas y aún cuentan con un plazo de seis años, a partir de esta fecha, para implementarlas).
4. ¿El apoyo de Estados Unidos a la Iniciativa Mérida está ligado a cuestiones de derechos humanos?
Efectivamente. La ley que creó la Iniciativa Mérida supeditó la entrega del 15 por ciento de fondos específicos al cumplimiento por parte de México de cuatro requisitos de derechos humanos:
poner fin a la jurisdicción militar para la investigación y el enjuiciamiento de oficiales militares que cometan violaciones de derechos humanos;
hacer cumplir la prohibición del uso de la tortura y otros malos tratos para obtener confesiones;
mejorar la transparencia y rendición de cuentas de la policía; y
consultar a organizaciones de derechos humanos y a la sociedad civil de México para mejorar la Iniciativa Mérida.
La ley dispone que los fondos específicos serán retenidos hasta que el Departamento de Estado de los Estados Unidos informe por escrito a las Comisiones de Asignaciones (Appropriations Committees) de la Cámara de Representantes y el Senado que México cumple cada uno de los cuatro requisitos en materia de derechos humanos.
5. ¿Los requisitos sobre derechos humanos de la Iniciativa Mérida han sido efectivos para mejorar las prácticas de derechos humanos en México?
No, los requisitos no han sido efectivos, en gran parte debido a que el gobierno de Estados Unidos no ha exigido su cumplimiento.
En agosto de 2009, el Departamento de Estado presentó un informe al Congreso sobre la Iniciativa Mérida que mostraba que México no cumplía al menos dos de los requisitos de derechos humanos. Por ejemplo, con respecto a la prohibición de la tortura, el informe señaló: "Desde 2007, no tenemos conocimiento de que ningún funcionario haya sido condenado por torturas, lo cual genera sospechas de impunidad. Pese a que la ley lo prohíbe, tanto policías como agentes del ministerio público han intentado justificar una detención obteniendo la confesión de un delito por la fuerza". El Departamento de Estado también informó que es "poco común" que las autoridades civiles juzguen violaciones cometidas por soldados, ya que estos casos suelen estar a cargo de agentes del ministerio público y tribunales militares.
No obstante, a pesar de estas conclusiones, y contrariamente a lo dispuesto por la ley, el 15 por ciento de los fondos específicos de la Iniciativa Mérida fueron liberados por el gobierno estadounidense después de que el Departamento de Estados emitiera el informe.
6. ¿Qué volumen de ayuda ha proporcionado Estados Unidos a las Fuerzas Armadas mexicanas a través de la Iniciativa Mérida?
El gobierno estadounidense ha destinado $ 420,8 millones de dólares de los fondos de la Iniciativa Mérida a las Fuerzas Armadas mexicanas: $ 116,5 millones en el presupuesto complementario de 2008; $ 39 millones en el presupuesto de 2009; $ 260 millones en el presupuesto complementario de 2009; y $ 5,3 millones en el presupuesto de 2010.
Un informe emitido por la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de Estados Unidos en diciembre de 2009 comprobó que sólo el 2 por ciento de los $ 1.300 millones asignados a la Iniciativa Mérida, es decir, $ 26 millones, habían sido utilizados por México. Esto significa que la mayor parte de la ayuda estadounidense entregada a las Fuerzas Armadas de México aún no ha sido utilizada, y que la colaboración entre las Fuerzas Armadas estadounidenses y mexicanas continuará durante los próximos años, a medida que se aplican estos fondos.
7. ¿Qué puede hacer Obama para abordar estos problemas durante la visita de Calderón?
Obama debería recalcar a Calderón que resulta imperativo que México cumpla los requisitos sobre derechos humanos establecidos en la Iniciativa Mérida. En tanto redundaría en interés de ambos países, Obama debería dejar en claro que si México incumple, Estados Unidos está dispuesto a retener el 15 por ciento de los fondos de la Iniciativa Mérida supeditados a requisitos de derechos humanos.
Obama debería expresar que el cumplimiento de estos requisitos no sólo favorecerá los derechos humanos sino que además incrementará la efectividad de las fuerzas de seguridad de México en su lucha contra los violentos carteles de narcotráfico. Esta es justamente la razón por la cual Estados Unidos y México acordaron que la protección de los derechos humanos sería un elemento central de la Iniciativa Mérida.
Fuente: Cencos
Difusión: Soberanía Popular
Calderón pierde la guerra, opina el 80% de mexicanos y estadunidenses
Hemos fallado en la estrategia para comunicar triunfos, dice la Secretaría de Gobernación
PALMOA ROBLES
México es un Estado fallido para cuatro de cada 10 mexicanos y estadunidenses, según revela la Encuesta Binacional de Percepción de la Ciudadanía sobre la Lucha Contra el Narcotráfico, realizada y financiada por Indemerc-Harris Interactive Mexico, cuyos resultados se presentaron ayer en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO).
Según la encuesta, la opinión general es que el amplio consumo de drogas en Estados Unidos es la principal causa de la guerra, misma que, a decir del 75 por ciento de los mexicanos y del 80 por ciento de los estadunidenses encuestados, van ganando los capos de la droga.
Según Justin Greeves, de la empresa Harris Interactive, esta encuesta demuestra que, a pesar de las diferentes culturas y el tratamiento mediático que se le ha dado en ambos lados de la frontera, la percepción en los dos países es muy similar en lo se refiere a la guerra contra el narco.
Las cifras apuntan que para 9 de cada 10 personas en Estados Unidos el conflicto se deriva del amplio consumo de drogas en ese país, mientras que 7.5 de cada 10 mexicanos coinciden en lo anterior.
La encuesta fue levantada del 5 al 9 de mayo de este año y presentada ayer en el panel Hallazgos y discusiones sobre la guerra contra el narco: perspectivas comparadas de EU y México, dentro del Seminario Internacional de Comunicación Política organizada por el ITESO; fue realizada telefónicamente a mil estadunidenses y a 549 mexicanos en las ocho principales ciudades del país.
El estudio señala que en México ocho de cada 10 ciudadanos culpan a todo el espectro del establishment de gobierno como responsables de la guerra, según lo explicó Vicente Licona, de Indemerc, corresponsable de la encuesta en México.
Licona expuso que: “a pesar de ello, (los mexicanos) no culpan a Felipe Calderón de ser el único responsable de la guerra”. Sin embargo, la mitad de los entrevistados mexicanos manifestó estar en desacuerdo con la forma en que el Ejecutivo gobierna y el 33 por ciento no confía ni en el presidente ni en su gobierno para combatir el narcotráfico.
El tráfico de armas de origen estadunidense es otra de las principales causas de la violencia para el 81 por ciento de los mexicanos; por su parte, 54 por ciento de los estadunidenses ven el mismo asunto sólo como “algo responsable”.
Hay división en cuanto a la percepción sobre los muertos que ha dejado la guerra –más de 22 mil según cifras oficiales-: el 55 por ciento de los encuestados piensa que son narcotraficantes y el 48 por ciento son gente inocente. El 72 por ciento manifiesta que no quieren ni un muerto más.
Por su parte, Héctor Villarreal, subsecretario de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación, quién también participó en uno de los foros del seminario, reconoció que la estrategia federal en materia de comunicación ha fallado.
Refirió que por la novedad del tema y su tratamiento mediático “el resultado de la percepción no es el que gobierno desearía”.
Destacó que los retos en lo posterior de parte del gobierno se basan en una mejor socialización del diagnóstico, la explicación correcta de la estrategia y claridad en los indicadores de triunfo, “de allí quizá que haya percepciones tales como que se está perdiendo laguerra” adujo.
Hizo una llamado a los medios informativos a construir una comunicación capaz “de dar acompañamiento a la sociedad”.
Mencionó como importante el “informar en pleno ejercicio de la libertad de expresión, que es algo que se tiene que hacer conociendo, asumiendo y reflexionando sobre los efectos que generan en la calidad de la convivencia social y en el fortalecimiento las acciones, las decisiones que toman los medios”. Declaró que: “la descalificación a prori que pusiera distancia a la sociedad ante un problema que es real puede llevarnos a un deterioro del diálogo y una deconstrucción de espacios para el consenso”.
Remató: “nosotros partimos del hecho de que tenemos que hacernos cargo del perfeccionamiento de nuestra estrategia, (...) pero tenemos que sumarnos todos a este esfuerzo”.
Fuente: La Jornada de Jalisco
Difusión: Soberanía Popular
Valentina Rosendo Cantú sentará en el banquillo de los acusados al Estado mexicano en la CoIDH
Boletín de prensa
OSC de DDHH
• A sus 17 años de edad fue torturada y violada por militares, en el 2002.
• Las investigaciones no han avanzado y por ello a ocho años de lo sucedido el caso permanece en total impunidad.
• El próximo 27 de mayo se desahogará en la sede de la CoIDH en San José, Costa Rica, la audiencia de pruebas, alegatos orales y reparaciones del daño.
A ocho años de que Valentina Rosendo Cantú, indígena me´phaa de Guerrero, inició una lucha para lograr que sean procesados y sancionados los militares que en el año 2002 la torturaron y violaron sexualmente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) conocerá su caso en la audiencia pública que celebrará este próximo jueves 27 de mayo, dentro de su 87 periodo de sesiones programado del 17 al 28 de mayo, en San José, Costa Rica.
El caso de Valentina Rosendo Cantú es paradigmático de la múltiple discriminación y el alto grado de violencia que enfrentan las mujeres indígenas -particularmente cuando han sido víctimas de violencia sexual por parte de agentes estatales- que intentan hacer efectivo el acceso al sistema de justicia y a los servicios de salud en México.
Valentina Rosendo, de 17 años de edad, fue rodeada por un grupo de ocho militares, el 16 de febrero del 2002, mientras lavaba ropa en el arroyo de su comunidad. Los militares exigían a Valentina que les señalara quiénes eran los “encapuchados”, para lo cual le mostraron una lista con nombres de personas de su comunidad. Ante la ausencia de respuesta procedieron a agredirla sexualmente para infligirle tormentos físicos y psicológicos con la finalidad de torturarla pues su intención era obtener la información que buscaban sobre “encapuchados”.
Después de la tortura, cuando Valentina acudió ante las instituciones del sector salud para que se le atendiera, el acceso a los servicios médicos le fue negado pues los doctores dijeron “no querer problemas con los militares”. Lo mismo sucedió cuando Valentina acudió a pedir justicia, pues se perdieron evidencias debido a que no hubo personal femenino que le practicara las respectivas pruebas.
A pesar de que Valentina Rosendo reconoció en álbum fotográfico a sus agresores el caso permanece en la impunidad. La Procuraduría Militar arrebató el caso a las instituciones civiles para encubrir a los elementos castrenses, pues el fuero militar carece de independencia e imparcialidad. Más aún, se ha materializado en el sometimiento de Valentina a procedimientos, instituciones, autoridades y leyes del orden militar que la sitúan en un plano de desigualdad frente a los militares, tan es así que no han sido procesados ni sancionados.
Frente a la ineficacia de las instancias nacionales Valentina acudió a la Corte Interamericana, siendo su caso representativo de la violación a los derechos de las mujeres, pues la vulnerabilidad de Valentina se ha acrecentado por su condición de mujer indígena y por la pobreza y marginación que vive el pueblo Me´phaa. Igualmente el caso adquiere relevancia especial en el contexto actual de amplia militarización en México, pues da cuenta de la ausencia de mecanismos de control y vigilancia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública e investigación de los delitos. Violaciones a derechos humanos como las cometidas contra Valentina, en Guerrero, hace ocho años, hoy son frecuentes en todo el país, desafortunadamente su gravedad carece de un reconocimiento por parte de las autoridades federales y sólo son calificadas como simples “daños colaterales”.
Los hechos padecidos por Valentina no son aislados, el pasado 15 de abril de este año la misma Corte Interamericana llevó a cabo una audiencia sobre el caso de Inés Fernández Ortega, otra mujer me´phaa de Ayutla de los Libres, Guerrero, que también fue retenida ilegalmente, torturada y violada por soldados del 41 Batallón de Infantería en marzo del 2002, un mes después de lo ocurrido a Valentina.
Los casos de Valentina e Inés, reflejan la falta de una debida diligencia en la investigación y sanción de los responsables de los hechos, así como la utilización del fuero militar como factor de encubrimiento e impunidad. Ambos muestran la urgencia y necesidad de que se establezcan mecanismos de control y vigilancia sobre la actuación del Ejército en tareas de seguridad e investigación de delitos. En este sentido, es de destacar que de los cinco casos mexicanos que actualmente se ventilan ante la Corte Interamericana cuatro de ellos -los casos Rosendo Radilla Pacheco, Valentina Rosendo Cantú, Inés Fernández Ortega y los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera- se refieran a actos de tortura, incomunicación, desaparición forzada y violación sexual perpetradas por militares.
Finalmente, es importante mencionar que en tanto México es juzgado por instancias internacionales, en territorio nacional Valentina Rosendo, su familia y testigos del caso han sido víctimas de amenazas de muerte y actos de persecución. Por ello, la Corte Interamericana el 2 de febrero de este año emitió a favor de Valentina medidas provisionales ordenando al Estado mexicano que garantice su seguridad y vida. Lo mismo ha sucedido en el caso de Inés Fernández en el cual la Corte Interamericana emitió medidas de protección a favor de la indígena, su familia y de los defensores de derechos humanos que participan en su defensa.
Valentina e Inés albergan la esperanza de acceder a la justicia, tras permanecer su caso en la impunidad, lo que implica que finalmente sean escuchadas en condiciones de dignidad. Además, esperan que la Corte obligue al gobierno de México a emprender acciones efectivas para procesar y sancionar a los responsables, reparar de manera integral los daños, garantizar la no repetición de estos actos, desmilitarizar los territorios indígenas y crear mecanismos internos para la implementación de las sentencias internacionales.
Organizaciones firmantes:
Amnistía Internacional-sección México
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos todos los Derechos Para Todos y Todas
FUNDAR, Centro de análisis e investigación
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos
Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Victoria
Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos
Organización del Pueblo Indígena Me´phaa (OPIM)
Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan
Fuente: CENCOS
Difusión: Soberanía Popular
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