18/FEBRERO/2009
PLAZA PÚBLICA
Presentar a los desaparecidos
MIGUEL ÁNGEL GRANADOS CHAPA
Al cabo de una investigación desarrollada a partir de agosto de 2007, con fecha 13 de febrero, aunque empezó a difundirse apenas el domingo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación en que demanda del Gobierno federal, el estatal de Oaxaca y el municipal de esa ciudad, que “realicen las gestiones necesarias para que sean presentados inmediatamente con vida los señores Edmundo Reyes Amaya o Andrés Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez o Raymundo Rivera Bravo, y en el supuesto de que éstos hayan incurrido en la comisión de alguna conducta antijurídica, sean puestos a disposición, de manera inmediata, ante la autoridad competente, a fin de que puedan hacer efectivos sus derechos de defensa...; o en caso contrario y con el mismo carácter se solicite que informen a esta Comisión Nacional la suerte que corrieron ambas personas”.
El 25 de mayo de 2007 fueron detenidos y hechos desaparecer esos dos militantes del Ejército Popular Revolucionario. La evidencia reunida por la CNDH muestra que miembros de diversas corporaciones armadas, pertenecientes a los tres niveles de Gobierno, estuvieron involucrados en esos hechos. Así lo denunció ese grupo guerrillero que, en exigencia porque se les devuelva a sus compañeros o se conozca su paradero, realizó acciones militares en julio y septiembre de aquel año. Instalaciones de Pemex y tres estados de la República, principalmente ductos, fueron severamente dañadas lo cual, además de la destrucción material causada y las pérdidas económicas directa o indirectamente provocadas dio idea de la capacidad de acción de ese grupo que ha optado por la insurgencia armada. Tal grupo pidió en abril pasado a un grupo de ciudadanos constituirse en comisión de mediación ante el Gobierno federal para lograr la restitución de Reyes Amaya y Cruz Sánchez a su entorno cotidiano. Mientras durara el esfuerzo destinado a ese propósito, el EPR accedió al pedido de la comisión mediadora de abstenerse de acciones armadas. De modo que hoy la paz rota por los estallidos contra Pemex depende del buen curso de los empeños por localizar y recuperar a los dos eperristas desaparecidos.
En ese marco la prolija indagación de la CNDH es una pieza fundamental en el esclarecimiento de esos hechos, y será útil en extremo para impedir que conductas ilícitas de agentes del Estado redunden en la desaparición forzada de personas, uno de los modos más infames de combatir a quienes optan por la vía armada para lograr el cambio social y a quienes el Estado reputa como sus enemigos. Además de indicios de otra naturaleza, la CNDH encontró para presumir la intervención gubernamental en la privación ilegal de la libertad de los eperristas una multitud de obstáculos, engaños y contradicciones entre representantes de los diversos órdenes de Gobierno sobre este caso.
A guisa de ejemplo solamente, dice la recomendación 07/2009 que “la Secretaría de la Defensa Nacional sostiene que su intervención” el día de la desaparición mencionada “obedeció a una solicitud de apoyo que se les formuló, sin precisar la hora exacta”, mientras que en la Dirección de Seguridad Pública del estado de Oaxaca “no se encontró antecedente alguno respecto de esa información” y “no cuenta con los datos de identificación de los elementos policiales que participaron en ese operativo”. Otra contradicción estriba miembros de la Policía Municipal, de la Preventiva, del Ejército, en el lugar de los hechos “sostuvieron una conversación con un policía municipal, quien les señaló que ‘su jefe les ordenó que permanecieran en ese lugar hasta verificar que efectivamente se tratara de policías y para que además los viera físicamente, lo cual se contrapone a la versión de los elementos de la Dirección General de Seguridad Pública del municipio de Oaxaca de Juárez que aseguraron que ‘la comunicación que tuvo con dichos elementos fue de vista, esto es, a distancia, y por ello no pudieron recabar sus nombres”.
La recomendación pide al Gobierno federal que un equipo interdisciplinario de servidores públicos de la Procuraduría General de la República evalúe las diligencias realizadas por el Ministerio Público de la Federación “y sin que se entorpezca el verdadero sentido de dichas investigaciones o se causen perjuicios a terceros, den a conocer puntualmente “ a la CNDH “los resultados de sus gestiones, a fin de descartar o confirmar…que se esté incurriendo en un ejercicio indebido de la función pública de procuración de justicia o incluso en una irregular integración de la averiguación previa”.
Al gobernador Ulises Ruiz la recomendación pide una investigación sobre miembros de la entonces Secretaría de Protección Ciudadana, hoy de Seguridad Pública, y de la Procuraduría Estatal de Justicia cuyas “acciones u omisiones obstaculizaron e impidieron el pleno ejercicio de las funciones constitucionales” de la Comisión Nacional. Lo mismo deberá hacer el Gobierno oaxaqueño respecto del director de la Policía Ministerial, el jefe de grupo de investigación de robos y el jefe de grupo de homicidios, quienes “no se condujeron con verdad ante el agente del Ministerio Público…” para determinar “las posibles conductas antijurídicas en que hayan incurrido dichas personas…” Recomendación similar se dirige al Gobierno municipal, respecto de su Dirección de Seguridad Pública.
Se echa de menos una recomendación directa a la Secretaría de la Defensa Nacional, no obstante el papel de militares en este caso. Seguiremos.
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