Autor: Yenise Tinoco
Acciones inconclusas a favor de la libertad de expresión fueron presentadas como “logros” del gobierno mexicano ante el pleno del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Y es que las autoridades mexicanas no tenían “nada bueno” que decir a la comunidad internacional sobre el tema, considera la organización internacional Artículo 19.
Los argumentos expuestos por el gobierno federal ante el pleno del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), a favor de la libertad de expresión, se caen por sí solos. El Estado mexicano tuvo que colocar en su informe acciones no concretadas respecto del tema de la libertad de prensa y protección a los periodistas. Esto, porque no ha hecho nada para evitar los asesinatos y agresiones contra comunicadores, considera Darío Ramírez, director de Artículo 19 capítulo México.
El 10 de febrero pasado, este país aplicó su primer examen periódico universal ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Fernando Gómez Mont, secretario de Gobernación, fue quien encabezó la delegación mexicana y dio cuenta a la comunidad internacional de las acciones emprendidas por el gobierno a favor de los derechos humanos, así como los temas pendientes.
En su informe, el gobierno federal dice que el país registra recientes e “importantes desarrollos” que contribuyen a fortalecer el ejercicio de la libertad de expresión y el acceso a la información. El documento cita las reformas a los códigos Penal Federal y Federal de Procedimientos Penales a fin de garantizar el secreto profesional de los periodistas. Agrega que los cambios jurídicos tuvieron lugar en junio de 2006 y sólo están vigentes en seis estados.
También señala que en abril de 2007 se reformaron los códigos Penal y Civil federales, a fin de despenalizar la calumnia, difamación e injuria. Dicha reforma únicamente está vigente en 11 estados. De acuerdo con el diputado Joaquín de los Santos, secretario de la Comisión de Especial para el Seguimiento a las Agresiones contra Periodistas y Medios de Comunicación, se necesita que otras cinco entidades federativas ratifiquen la reforma para que se considere ley en el ámbito nacional.
El informe da cuenta de que en octubre de 2008 el Ejecutivo federal presentó una iniciativa de reforma constitucional que propone facultar a las autoridades federales para conocer delitos del fuero común relacionados con la libertad de expresión que, por sus características de ejecución o relevancia social, trasciendan el ámbito local, con el objeto de evitar la impunidad en este tipo de ilícitos.
A decir de Perla Gómez, catedrática de posgrado en derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, la reforma presentada por la Procuraduría General de la República (PGR), a nombre del Ejecutivo, resulta agresiva para los informadores al limitar la definición de periodista.
“En los últimos dos años se presentaron alrededor de cinco iniciativas de reforma. La que presentó la PGR es la más retrógrada de todas, por los criterios restrictivos que maneja”, considera la especialista en derecho a la información.
El 26 de noviembre de 2008 se presentó una iniciativa ciudadana que contempla la federalización de los delitos contra periodistas; sin embargo, desde esa fecha, ésta se encuentra en análisis en la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.
Brisa Maya, directora ejecutiva del Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), considera que el Estado mexicano no tenía nada que presentar en el tema de libertad de expresión ante la ONU. Es un avance sustancial que el gobierno reconozca que existe un problema en la materia, pero se necesita más que eso para resolver la crisis por la que atraviesa el país.
Para la defensora de derechos humanos, el gobierno presentó verdades a medias. En el informe hablan de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas (FEADP) como un gran logro, pero ésta es inoperante e ineficiente.
El gobierno mexicano, dice, responsabiliza al crimen organizado de las agresiones contra periodistas; “ésa es la manera más fácil de que el Estado le cuelgue a un poder fáctico los ataques contra los comunicadores, evitando la encomienda que como autoridad le obliga la Constitución”.
Sin embargo, de acuerdo con datos de Cencos y del Centro de Periodismo y Ética Pública, los principales responsables de las agresiones son funcionarios de los diferentes órdenes de gobierno. “Cada caso tiene una complejidad diferente; no podemos meter en el mismo cajón lo que está pasando en Ciudad Juárez que en Oaxaca”, dice Brisa Maya.
Reconoce que la administración de Felipe Calderón aceptó todas las recomendaciones emitidas por la comunidad internacional en materia de libertad de expresión. La cuestión es cómo van a ser cumplimentadas. Asegura que estará por verse si existe la voluntad política para llevarlas a cabo; “el gobierno ha demostrado que no tiene voluntad política para solucionar esta crisis”.
El examen
La resolución de la Asamblea General 60/251, que crea el Consejo de Derechos Humanos, decidió que dicha comisión realizara un examen periódico universal, basado en información objetiva y fidedigna, sobre el cumplimiento por cada Estado de sus obligaciones y compromisos en materia de derechos humanos, de una forma que garantice la universalidad del examen y la igualdad de trato respecto a todos los países miembros de la ONU.
Los objetivos del examen son: el mejoramiento de la situación de los derechos humanos; el cumplimiento de las obligaciones y los compromisos del Estado en la materia; la evaluación de los avances y los retos a los que se enfrenta; el fortalecimiento de la capacidad del país evaluado y de la asistencia técnica con el consentimiento de este último.
Otros objetivos son: el intercambio de las mejores prácticas entre los Estados y otros actores interesados; el apoyo a la cooperación en la promoción y protección de los derechos humanos, y el fomento de la plena cooperación y el compromiso con el consejo, otros órganos de derechos humanos y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
En su informe, el gobierno mexicano asegura que el país transita por un proceso de significativas transformaciones en sus instituciones políticas, jurídicas y sociales que, sobre todo a partir de la última década, se traducen en un mayor goce de todos los derechos humanos. Persisten rezagos y debilidades institucionales que preocupan a sociedad y autoridades; sin embargo, “hoy nadie puede afirmar que en México las violaciones a los derechos humanos son una política de Estado”.
Incumplimientos
El gobierno de Felipe Calderón sostiene que el país atraviesa por una etapa de completa vinculación a las normas internacionales de derechos humanos. De 2001 a 2006, se ratificaron todos los tratados en la materia y se aceptó la competencia de todos los órganos jurisdiccionales y cuasijurisdiccionales en funcionamiento para recibir quejas y peticiones individuales.
Sin embargo, organizaciones civiles nacionales dicen que a pesar de que México cuenta con una importante presencia internacional en el ámbito de los derechos humanos, la realidad interna es preocupante: se sigue aplicando la tortura, se realizan ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas; se limita la libertad de expresión; no se garantizan, protegen ni respetan ninguno de los derechos económicos, sociales y culturales; además, se padecen impunidad y grandes obstáculos para acceder a la justicia.
Rupert Knox, investigador de Amnistía Internacional sobre México, considera que a pesar de que el gobierno mantiene una postura abierta a la comunidad internacional y ha firmado todos los pactos universales, no logra convertir los compromisos adquiridos en una política dinámica a nivel interno para la protección de los derechos humanos.
Agrega que las autoridades federales anunciaron el Programa Nacional de Derechos Humanos, pero éste no cuenta con el apoyo de la sociedad civil, tanto por su contenido, como por el desconocimiento que existe del mismo.
En tanto, el Informe sobre la situación de derechos humanos en México para el examen periódico universal, suscrito por 49 organizaciones nacionales y siete internacionales, da cuenta sobre la situación de riesgo en la que laboran los comunicadores en este país. En los últimos ocho años, por lo menos 24 periodistas fueron asesinados, ocho más permanecen desaparecidos y decenas fueron amenazados, intimidados o agredidos en razón de su oficio.
Agrega que los periodistas que realizan reportajes de investigación sobre el narcotráfico, así como los informadores comunitarios y los indígenas, hacen su labor en condiciones de vulnerabilidad y son víctimas de delitos; además, el Estado no realiza investigaciones eficaces que deriven en la sanción de los responsables.
Para las organizaciones civiles, es necesario un marco normativo que faculte a la FEADP y le dé autonomía para investigar y consignar a los responsables ante el Poder Judicial, además de homogenizar los delitos contra la libertad de expresión con el objeto de facilitar el funcionamiento entre las jurisdicciones federales y locales.
Luis Arriaga, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), considera que hay “poca capacidad” de la FEADP para atender las agresiones contra periodistas. El ente gubernamental no garantiza justicia a las víctimas.
El especialista en derechos humanos dice que el derecho a la libertad de expresión es coartado por la ineficacia de las instituciones y porque el propio “gobierno utiliza al aparato de justicia para hostigar a los periodistas”.
Avance o retroceso
El gobierno mexicano reconoce que el país enfrenta el desafío de agresiones y homicidios contra periodistas. Por ello, dice ratificar su “determinación” de promover mecanismos para garantizar la seguridad de los informadores, profesionales de la comunicación y ciudadanos que ven amenazada su integridad personal por situaciones relacionadas con la libertad de prensa.
Destaca la creación, en febrero de 2006, de la FEADP, adscrita a la PGR. Además, la integración de la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios, en la Cámara de Diputados.
De acuerdo con información de Artículo 19, de 2001 a 2003 tuvieron lugar siete asesinatos de periodistas; de 2004 a 2006, se registraron 20 homicidios, de los cuales 10 fueron en el último año. Sin embargo, aun con algunas medidas adoptadas por el Estado para hacer frente a este fenómeno, entre ellas, la creación de la FEADP, 2008 cerró con 13 asesinatos.
Además, de las 274 agresiones perpetradas contra comunicadores del 15 de febrero de 2006 al 30 de noviembre de 2008, la fiscalía se declaró incompetente en 186 de los casos.
Ley de medios
En el informe paralelo, las organizaciones civiles dan cuenta a la comunidad internacional de que la alta concentración de medios de comunicación en pocas personas o grupos empresariales no permite el ejercicio pleno de la libertad de expresión, por lo que se requiere revisar la legislación en radio, televisión y telecomunicaciones.
Agrega que los medios electrónicos están en manos de empresarios o de instituciones gubernamentales: 96 por ciento de los canales de televisión comercial están en manos de dos familias; el 86 por ciento de las radios están en manos de 13 grupos empresariales, y los permisos están concentrados en universidades, instituciones culturales, gobiernos estatales, es decir, en manos del Estado.
Las organizaciones proponen que se debe reconocer expresamente en la ley el sector comunitario y establecer condiciones que permitan la subsistencia de medios alternativos.
Exponen que el Congreso de la Unión publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 11 de abril de 2006, las reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión y a la Ley Federal de Telecomunicaciones. El 4 de mayo de 2006, un grupo de senadores interpusieron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad por considerar que el cuerpo normativo violaba garantías individuales y derechos colectivos establecidos en la Constitución.
La Corte reconoció que vulneraban el ejercicio y acceso al derecho a la libertad de expresión al no garantizar el acceso equitativo a la diversidad de medios, en especial por lo establecido en el artículo segundo de la Carta Magna en torno al acceso de las comunidades indígenas y equiparables a operar sus propios medios de comunicación.
Sin embargo, las organizaciones afirman que el Estado mexicano no adoptó disposiciones de derecho interno que consideren criterios democráticos para garantizar la igualdad de oportunidades para el acceso a las asignaciones de radio y televisión y la subsistencia de las mismas.
Algunas recomendaciones que México aceptó en materia de libertad de expresión
1. Invitar a las organizaciones no gubernamentales que trabajan el tema de libertad de prensa a construir un diálogo constructivo para ver cómo puede México detener la violencia en contra de periodistas y garantizar la libertad de expresión
2. Fortalecer los derechos de periodistas y medios de comunicación tanto en el ámbito federal como en el local
3. Impulsar reformas legales que garanticen la apertura y la transparencia de los medios de comunicación; revisar la legislación de radio y televisión, y dar seguimiento a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para un nuevo marco legal que fomente la diversidad
4. Llevar a cabo medidas efectivas para detener la violencia en contra de periodistas y personal de los medios; garantizar su seguridad cuando lleven a cabo el ejercicio periodístico, en particular aquellos que investigan y reportan casos de corrupción y narcotráfico
5. Crear un marco legal que le dé a la FEADP la jurisdicción suficiente para investigar e indiciar a los perpetradores con una mayor independencia
martes, 3 de marzo de 2009
México: verdades a medias ante ONU
Entrevista con León Bendesky
ENTREVISTA CON: LEÓN BENDESKY.
CARGO: ECONOMISTA Y COLUMNISTA DEL PERIÓDICO LA JORNADA.
TEMA: LAS REPERCUSIONES DEL ALTO PRECIO DEL DÓLAR QUE ALCANZÓ ESTE LUNES $15.66 PESOS POR DÓLAR.
Para estar mejor informado visita Resiste Acapulco
Oficio de Papel
Avanza muro México-Estados Unidos
Grave tráfico de armas estadunidense
Extorsión a trabajadores del ISSSTE
Ni en medio de la profunda crisis que vive la economía estadounidense, el gobierno de Barack Obama ha evaluado la posibilidad de suspender los planes que le heredó el gobierno de George Bush para blindar la frontera estadounidense contra mexicanos. Aunque la titular del Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos, Janet Napolitano, exgobernadora de Arizona, se ha manifestado en contra de este proyecto al destacar la necesidad de contar con un sistema de controles que integre tecnología y personal humano, pero no con barreras físicas que separen aún más a ambas naciones.
El presupuesto y la edificación del llamado muro de la ignominia se están ejerciendo ante la presión de grupos sionistas que, en ese país, ahora encuentran en la crisis económica renovados argumentos para alimentar su racismo y proteccionismo. Napolitano también ha dicho, sin embargo, que el nivel de violencia que se observa en México no tiene precedentes. Llama la atención, sin embargo, que el gobierno estadounidense busque culpar a México de las crisis internas que padece a raíz de la crisis económica y de sus políticas de Estado plagadas de excesos.
Año con año, entre la frontera de México y Estados Unidos se registran más muertes que los fallecimientos acumulados en toda la época negra del Muro de Berlín. Sin embargo, México también ofrece hechos que aumentan el clima de rechazo contra su población, como el preocupante clima de violencia generado por la iniciativa de Felipe Calderón de perseguir a los cárteles de la droga. El gobierno mexicano, hasta ahora, no se ha manifestado ni abierta ni tajantemente contra la construcción del muro, lo que parecería una aceptación implícita de esa decisión bilateral que no sólo dañará a las regiones fronterizas, sino que involucra serios desequilibrios ambientales al separar abruptamente el ecosistema de la región.
El rechazo no ha sido contundente. En cambio, en entrevistas con medios de comunicación cuidadosamente seleccionados, el presidente Felipe Calderón lanzó varias declaraciones contra el gobierno de Estados Unidos por el creciente consumo de estupefacientes de su población y por su porosa vigilancia de las fronteras.
Pero esas tímidas declaraciones de Calderón se presentan justo cuando se da a conocer que un mega operativo armado en Estados Unidos logró la detención de 755 personas y la incautación de 59 millones de dólares en el marco de la llamada operación “Xcellerator”, desarrollada durante más de dos años en estados como California, Minnesota y Maryland.
Fue el fiscal general de Estados Unidos, Eric Holder, el responsable de este operativo a partir del cual, se dijo, se desmantelaba la red de Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada. La DEA también adelantó que identificó a Victor Emilio Cázares Salazar como líder del cartel de Sinaloa en Estados Unidos. El gobierno estadounidense informó casi al final de la difusión de la noticia que el gobierno mexicano también había colaborado en el operativo. Se trató, sin duda de un golpe que el gobierno de Barack Obama buscó difundir como un logro de Estados Unidos para poner en evidencia los escasos resultados de México en la materia.
¿Cómo negarse, entonces, a seguir con la edificación de un muro fronterizo para el cual se invierten recursos fiscales y se indemniza a la población estadounidense afectada? ¿Quién indemnizará a los mexicanos que resulten dañados por la decisión unilateral de EU?
Es un hecho que porciones del muro estadounidense se construyen en México sin que nadie haga algo al respecto. Hasta ahora, la Oficina General de Control de Estados Unidos sólo ha centrado su atención en el monto de recursos que se utilizarían para la edificación de dicho muro que se extendería por las regiones de El Centro, Tucson, El Paso, Laredo y El Valle de Río Grande, entre otras. El gobierno estadounidense sólo busca proteger sus intereses, a pesar de que el presidente Barack Obama ha prometido una reforma migratoria.
Entre 2006 y 2009, el programa fronterizo de Estados Unidos concentró recursos por 3 mil 600 millones de dólares. De este monto, aproximadamente 2 mil 400 millones se utilizaron para la vigilancia con 670 mil vehículos, así como peatones que transitan por los 3 mil 200 kilómetros de frontera con México. Ahora, el objetivo del gobierno estadounidense es concentrar su atención en zonas urbanas que se han convertido en una de las regiones más frecuentadas por los migrantes mexicanos para internarse en su territorio.
El tráfico de armas
Pero Estados Unidos no se encuentra libre de críticas. La prensa estadounidense como The New York Times ha criticado el escaso o nulo control en ese país en la venta de armas a los carteles mexicanos de la droga, por lo que consideró un acto de hipocresía calificarlos como un problema de seguridad nacional y responsabilizar al gobierno mexicano de la situación.
Es un hecho que han sido los traficantes de armas de Estados Unidos quienes han armando a los carteles mexicanos de la droga. Más de 6 mil 600 comercios establecidos pueden vender hasta tres armas de alto poder a los estadounidenses que han encontrado un excelente negocio en la reventa. Los traficantes de armas sólo necesitan reclutar a estadounidenses sin antecedentes penales para obtener ganancias de este negocio. En California, por ejemplo, se presenta ya el cierre de locales dedicados a la venta de armas que, ante las mayores regulaciones locales para prevenir la venta al crimen organizado, sus propietarios han decidido mudar sus operaciones a otros estados.
Se trata pues de un problema bilateral que hoy cobra víctimas en nuestro país derivado de controles unilaterales y del consumo de drogas cuya demanda se encuentra en aumento. La GAO estima que la muralla que busca aislar a México tendrá que concluirse en 2009, después de que el año pasado se enfrentó todo tipo de problemas para su edificación a cargo de personal del Servicio de Inmigración. Ahora, se tomó la decisión de contratar empresas privadas, un negocio adicional para grupos ligados con políticos de la región fronteriza.
En el sur de Estados Unidos la construcción del muro ha unificado a grupos de congresistas y activistas estadounidenses que se oponen a su edificación. Los mexicanos con familiares del otro lado de la frontera vivirán una verdadera tragedia, como las que separaron a los alemanes o a los coreanos; como la que dividió a los propios mexicanos cuando Estados Unidos se apropió de la mitad del territorio. El tema merece atención inmediata del gobierno de Felipe Calderón que aun con una tímida declaración puso el dedo en la llaga: “No hay regreso, son ellos o nosotros”.
Citibank y Banamex, otra historia de sumisión
Finalmente, el viernes pasado se confirmó que el gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento del Tesoro y la Reserva Federal, no tenía otra opción que hacer efectivas las acciones por casi 40 por ciento que ya controlan en Citigroup, propietario del capital mayoritario de Banamex.
Sucedió lo que el gobierno había estado esperando, al menos así lo había declarado la Secretaría de Hacienda, para fijar una posición sobre la violación al artículo 13 de la Ley de Instituciones de Crédito, que prohíbe que una entidad extranjera controle el capital de un banco múltiple en el territorio nacional. De manera paralela, senadores del PRI promovieron un punto de acuerdo para modificar dicho artículo.
Aunque entre la opinión pública perneó la idea de que los legisladores presionarían al gobierno calderonista para hacer valer la Ley de Instituciones de Crédito, en realidad la intención era salvarle la plana a la Secretaría de Hacienda para no tener que exigir el cumplimiento de la normatividad.
Pero la nacionalización de Citigroup sorprendió a los mexicanos en todo tipo de estrategias para hacer frente a la irregularidad: a los senadores que buscan modificar la legislación, a la Secretaría de Hacienda tratando de encontrar una salida digna; a Roberto Hernández, Manuel Medina Mora y a Alfredo Harp en el intento de conformar un grupo que adquiera a Citigroup los activos de Banamex que hoy, por cierto, vale más que el propio banco estadounidense.
Sería una verdadera paradoja que al final de la historia, Banamex regresara a manos de los inversionistas que recibieron apoyo del erario para rescatarlo de sus créditos problemáticos y para invertir en bonos del IPAB con atractivos rendimientos.
Por eso, más allá de las irregularidades que generó el rescate de Citigroup, ahora el gobierno mexicano tendría que ocuparse del futuro del sistema de pagos en México. No resulta ocioso recordar cómo durante la década pasada y principios de ésta, el gobierno de EU obligó a la familia Hank Rohn a vender su participación en el Laredo National Bank ante la participación mayoritaria que alcanzaban y frente a las investigaciones en su contra por lavado de dinero. Allá sí se cumplió en tiempo y forma la ley.
Puntos suspensivos…
Hay inquietud entre las autoridades reguladoras del mercado financiero ante posibles nuevos fraudes. Ahora voltean la vista a hacia los intermediarios Inverban, Invergroup y Metrofinanciera, los cuales podrían encabezar la lista de fraudes derivados de la escasa regulación y amplia permisividad en operaciones de captación recursos… Bueno y si de irregularidades se trata, a ver si la Secretaría de la Función Pública hace algo en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que dirige el priísta Miguel Angel Yunes Linares, en donde al parecer algunos funcionarios abusan del puesto y han creado estructuras burocráticas para desviar recursos públicos. Un evidente caso de corrupción es el que se vive en la Dirección Médica del ISSSTE, cuyo titlar es el doctor Carlos Tena Tamayo, en donde se han hecho contrataciones en la Coordinación Administrativa, bajo el mando de Guillermo Dergal Kalkach, pero en las más de 20 plazas abiertas se les exige a los nuevos funcionarios reintegren el 50 por ciento de su salario en beneficio de una estructura burocrática corrupta. Pero si no les basta este dato a los investigadores del órgano interno de control del ISSSTE, tal vez deban revisar los casos de tres subcoordinadores: Angel Escalante, Octavio Arismendi y Norma Angélica Ayala, quienes tienen asignados salarios por 80 mil pesos cada uno, pero cada quincena el coordinador administrativo les pasa la charola y les quita el 50 por ciento de su salario, es decir 40 mil pesos a cada uno, bajo el argumento de que tiene que corromper “a los de arriba”. El problema aquí es que nadie sabe hasta donde llega la cadena de corrupción en el ISSSTE, posición que políticamente el gobierno de Felipe Calderón se la ha entregado a la maestra Elba Esther Gordillo, quien seguramente no interviene en estas anomalías, pero sí habría que preguntar si Miguel Angel Yunes es beneficiario de esta corrupción. Por lo pronto, hay malestar entre el personal que labora en la Coordinación Administrativa por los bajos salarios que peciben y más cuando están enterados de que se han creado plazas con ingresos de hasta 80 mil pesos para desviar recursos públicos. Otras áreas de deben ser revisados son aquellas responsables de la asignación de contratos, pero de esto hablaremos la próxima semana.
oficiodepapel@contralinea.com.mx
oficiodepapel@yahoo.com.mx
El cautiverio de los hermanos Cerezo
JOSé GIL OLMOS
El gobierno como botín
ÁLVARO DELGADO
PROGRAMA DETRAS DE LA NOTICIA CON RICARDO ROCHA 3 DE MARZO
Descarga AQUI
APAGA LA TELEVISION, NO PERMITAS QUE ASESINEN TU MENTE, MEJOR LEE UN LIBRO E INFORMATE EN LOS MEDIOS ALTERNATIVOS.
YUNQUELAND ROMPIENDO EL CERCO INFORMATIVO.
http://www.yunqueland.com/
OPINION Y VARIAS DEL POR ESTO!!!
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mar 03 2009 |
| |||
Jorge Eugenio Ortiz Gallegos “He tenido que entrar a esta Cámara bajo la amenaza de que se me dispararía, si no me detenía.... me dijeron que no podía entrar porque tenía que dar la vuelta. Dije que era mi casa, la casa del Poder Legislativo... me abrí paso y caminé. Este Palacio Legislativo ha sido invadido por el Poder Ejecutivo”. A punto del desmayo pronunció Heberto Castillo su denuncia. De todos los rincones se alzaron “pidiendo para hechos”. La presidencia estaba a cargo de la profesora Elba Esther Gordillo que ansiosa lloró sobre la tribuna, y confundida gritó: “Se ordena por esta Presidencia el libre tránsito en este recinto para todos los legisladores”. |
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
Mar 03 2009 |
| |||
María Teresa JardíAquí el primer correo que encuentro en mi e mail al abrir el lunes por la mañana la computadora, me llega, curiosamente, desde Mérida, enviado por un amigo. Es un envío masivo del presidente del capítulo Morelos de la Academia Mexicana de Medicina y Cirugía y además el correo está firmado, con direcciones, cargos y teléfonos, por médicos investigadores de universidades y dependencias del Estado de Morelos y en lo conducente señala que activistas de Greenpeace, con los ojos vendados, comen arroz ante la Secretaría de Salud, en protesta porque esta dependencia no informa qué clase de arroz está entrando a México procedente de Estados Unidos luego de la contaminación transgénica del cereal estadounidense.
APAGA LA TELEVISION, NO PERMITAS QUE ASESINEN TU MENTE, MEJOR LEE UN LIBRO E INFORMATE EN LOS MEDIOS ALTERNATIVOS.
YUNQUELAND ROMPIENDO EL CERCO INFORMATIVO.
http://www.yunqueland.com/
Recurre Fidel Herrera a brujos de Catemaco para ganar en 2012
REGINA MARTíNEZ
Me han buscado de varios partidos, pero la mayoría "son priistas", añadió.
“Ni perdón, ni olvido… Castigo”
Ciudad de México, 2 de Marzo.-Al cumplirse un año de la incursión del Ejército colombiano en un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en territorio ecuatoriano, Lucía Morett, sobreviviente al ataque, junto con otros grupos sociales se manifestaron frente a la Embajada de Colombia.
En el acto exigieron justicia y castigo al presidente Álvaro Uribe, por los hechos ocurridos el 1 de marzo del 2008, donde fallecieron cuatro jóvenes mexicanos.
Lucía Morett manifestó en entrevista que actualmente espera la resolución de dos denuncias que interpuso ante la Procuraduría General de la República (PGR), basados en el artículo cuarto del Código Penal Federal, en el que, según dijo, se tiene que investigar los delitos cometidos en contra de los mexicanos en el extranjero.
La también precandidata a una diputación en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal por el Partido del Trabajo, agregó que la PGR la ha criminalizado buscando los presuntos delitos que cometió.
Lucía Morett aseguró que la derecha ecuatoriana exige su extradición, al considerarla terrorista internacional, como respaldo a las acciones persecutorias del presidente de Colombia, Álvaro Uribe.
Finalmente recalcó que la muerte de sus compañeros no debe quedar impune, por lo que se debe investigar a fondo, y seguirán demandando ante las instancias correspondientes que se haga cumplir con la justicia.
En todo momento, elementos de la policía capitalina resguardaron la Embajada, hasta que los manifestantes se retiraron de forma pacífica.
