El impune retorno de Rueda

RAúL OCHOA Y BEATRIZ PEREYRA

Con el aval de las secretarías de Educación Pública y de Hacienda y Crédito Público, así como de la plana mayor de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), encabezada por Carlos Hermosillo, el entrenador de clavados Francisco Rueda, quien en 2004 fue expulsado por tiempo indefinido del deporte federado por abusar sexualmente de la entonces menor de edad Laura Sánchez, su alumna y ahijada, reingresó al sistema de becas del programa Compromiso Integral de México con sus Atletas (CIMA).

La Comisión de Honor y Justicia de la Federación Mexicana de Natación (FMN) sancionó a Rueda por haber cometido “actos de depravación” en contra de la clavadista y para evitar que otras deportistas fueran víctimas de sus conductas “antiéticas”.

Pese a la sanción, el pasado 25 de marzo el comité técnico de CIMA oficializó el alta de Rueda, de acuerdo con un informe cuya copia tiene Proceso.

El regreso del entrenador fue aprobado por unanimidad por los siguientes directivos de la Conade: Carlos Hermosillo, director general; Eduardo Sánchez Urrutia, subdirector general; Manuel Youshimatz, director de Alto Rendimiento; Franco Carreño, director de Administración, y Samuel Pérez, jefe de Metodología. También apoyaron la decisión Lourdes Sánchez, de la Secretaría de Hacienda; Rafael Domínguez, de la Secretaría de Educación Pública, y Ricardo Probert y Luis Maiz, de Proexcelencia del Deporte.

Antecedentes

En abril de 2004 los padres de Laura, Gerardo Sánchez Muñoz y Rosario Soto Jurado, acusaron al entrenador ante la FMN y la Conade de haber abusado sexualmente contra la clavadista desde que era menor de edad. Basaron su denuncia en tres diarios personales de su hija. Luego del escándalo la federación integró una Comisión de Honor y Justicia, que el 15 de julio de ese año impuso a Rueda la histórica sanción.

El dictamen de dicha comisión –que el 4 de agosto de 2004 ratificó el Consejo Directivo de la FMN– fue turnado al Sistema Nacional del Deporte (Sinade), al Comité Olímpico Mexicano (COM), a la Confederación Deportiva Mexicana (Codeme) y a la Federación Internacional de Natación (FINA) para informar que Rueda “fue expulsado y separado de manera definitiva de su puesto como entrenador de clavados”. 

El Código de Conducta de la Codeme establece en su artículo 4, inciso F, que estarán sujetos a sanción los que incurran en: “La comisión de cualquier acto que implique depravación”.

De acuerdo con el acta de la Comisión de Honor y Justicia, de la cual Proceso tiene copia, las conductas “antiéticas” de Francisco Rueda respecto a la deportista Laura Sánchez Soto “necesariamente implican actos de corrupción y depravación, como lo es el hecho de tener relaciones sexuales con dos mujeres al mismo tiempo, siendo una de ellas su alumna y menor de edad en la época en la que acontecieron los hechos, y la otra su esposa (Yessy), razón por la cual deviene procedente la imposición de una sanción por haber cometido una infracción muy grave de conformidad con el artículo 117 fracción I del Reglamento del Estatuto de la Codeme”.

En la resolución, expuesta en 30 puntos y seis conclusiones, se explica que aunque las relaciones sexuales se pudieron haber dado “con el consentimiento” de Laura, el hecho de que ella fuera menor de edad, la diferencia de edades (Rueda es 27 años mayor que ella), así como la relación de confianza y de ascendencia que había entre ambos, fueron factores determinantes que influyeron en la anuencia de la deportista.

Y precisa: “Las conductas deben ser valoradas en todo su contexto y concatenadas tomando en consideración la relación profesional y de jerarquía que existe entre el entrenador y la deportista. Independientemente de si las relaciones fueron con o sin consentimiento, no pasa inadvertido para la Comisión que un entrenador no puede ni debe relacionarse sentimentalmente con sus entrenadas, lo cual se considera como un acto de depravación y anormal en cualquier contexto, y no debe ser permitido ni tolerado por la federación, dada la afectación psicológica, social y emocional de Laura Sánchez, que puede llegar a afectar a otras deportistas en caso de que continúe el señor Francisco Rueda en su desempeño como entrenador afiliado a la federación”. 

Las seis conclusiones de dicha resolución son: 1) Las conductas atribuidas al señor Francisco Rueda se consideran como muy graves, por el grado de afectación a la deportista Laura Sánchez y a la federación; 2) la expulsión definitiva como entrenador de clavados; 3) se aconseja prevenir a todos los miembros de la FMN para que se abstengan de admitir a Rueda como afiliado o entrenador en los eventos avalados por la federación, o en la que ésta sea parte; 4) la Federación debe tomar las medidas precautorias necesarias para evitar la repetición de actos iguales o similares, así como proteger la integridad y seguridad de sus miembros afiliados; 5) darle legal intervención al procurador general de Justicia del Distrito Federal a efecto de que determine lo que corresponda, y 6) y una vez remitida o ratificada la resolución que adopte el consejo directivo, “comuníquese a las partes, así como a la Codeme, Conade, Sinade, COM y a la FINA”.

Además de la sanción impuesta el 15 de julio de 2004 contra Rueda, los padres de Laura interpusieron una demanda penal por los delitos de estupro y corrupción de menores (Proceso 1459).

A pesar de ello, a mediados de agosto de 2005, el gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, empleó a Rueda como responsable de la escuela de clavados de la entidad. Éste se mantuvo en el cargo durante casi tres años, hasta que renunció cuando ya había asegurado su reincorporación a CIMA con una beca mensual de 36 mil 999 pesos.

El mandatario priista ignoró las recomendaciones del entonces director de la Conade, Nelson Vargas, y del presidente de la FMN, Javier Careaga, de abstenerse de contratarlo no sólo por la sanción vigente, sino por los antecedentes del mismo Rueda de acoso sexual y psicológico contra otros clavadistas, como Cristina Millán, Azul Almazán y Jorge Martínez Vaca.

Amnesia 

El presidente saliente de la FMN, Javier Careaga, se deslinda del retorno de Rueda. En entrevista con Proceso, aclara que lo único que hizo su federación fue turnar a CIMA –en diciembre pasado– la propuesta del Instituto Veracruzano del Deporte y de la misma Laura Sánchez para reintegrar a Rueda al programa de becas.

“Simplemente reenvié la solicitud. Les dije (a los directivos de Conade): ‘les comunico esto que me llegó, y ahí lo tienen’. Al final no soy responsable del programa (CIMA)”, subraya.

Dice que ignora si la sanción a Rueda está o no está vigente. “Sería cuestión de que usted lo viera con el nuevo presidente de la federación (Kiril Todorov). No le puedo decir ni sí ni no. Tendrían que sentarse el propio Paco y la federación para decidir (si está sancionado)”.

–Para su federación, ¿Rueda sigue sancionado indefinidamente?

–Es una buena pregunta. Fue un punto que nunca se trató. Entonces no sé; habría que revisar todos los expedientes, el convenio que se firmó, el acta de expulsión y los estatutos.

–¿Usted deja la federación con la certeza de que Rueda sigue suspendido?

Careaga balbucea:

–No. Tengo dudas de cuál sea la situación jurídica. Sería importante que se analizaran los documentos desde el punto de vista jurídico. Esto ya es un tema de la federación actual y de CIMA. Que ellos lo desahoguen directamente con Paco.

–¿Qué opina de la inclusión de Francisco Rueda en CIMA?

–Es una situación complicada. No sé qué decirle. Mejor que ellos le den a usted los argumentos de por qué lo suben, porque no tengo ninguna injerencia sobre lo que hacen, cómo lo hacen o por qué lo hacen.

–Sin embargo, al readmitir a una persona que abusó sexualmente de una de sus alumnas, ¿no pone en riesgo la integridad de las clavadistas?

–Para mí ese asunto ya es historia. En estos momentos no tengo ninguna intención ni ningún interés… no me gustaría volver a abrir ese frente.

Careaga reconoce que para “ahorrarse un dinero”, su federación decidió pactar una entrega de 500 mil pesos a Francisco Rueda para finiquitar la demanda laboral que el entrenador interpuso contra la FMN por despido injustificado.

–¿De dónde salió ese dinero?

–Fueron recursos de la federación. La coyuntura se dio en un momento en que el organismo tenía solvencia y de esta manera resolvió un problema laboral que podría llevarla al embargo, por lo que tomé la decisión de que así se hiciera. Usted sabe cómo son las leyes laborales, y si la demanda se extendía dos o tres años más, entonces me dirían: “le debes 2 o 3 millones de pesos”. No tendríamos cómo pagarlos.

“Entonces, no es algo bueno ni positivo, es algo muy lamentable porque como federación llevamos hasta las últimas consecuencias lo que permitía nuestro ámbito de acción. Pero, por otro lado, están las leyes laborales… y (el caso) se resolvió a través de una conciliación, como normalmente ocurre en este tipo de problemas.”

–¿El pacto entre la federación y Rueda incluía levantarle el castigo?

–No me queda claro en este desistimiento cómo quedó el convenio; es decir, si la sanción también terminaba. No se trató, y como fue algo que se hizo entre abogados, no podría decirle en este momento exactamente los términos de ese convenio o si eso incluía el desistimiento de la sanción.

El nuevo presidente de la FMN, Kiril Todorov, elegido el pasado 27 de marzo, dice en entrevista que entrará en funciones cuando concluya el trámite de entrega-recepción, razón por la cual se abstuvo de fijar la posición de ese organismo.

“Le pido tiempo para enterarme de la situación, porque hasta ahora Careaga no me ha entregado nada sobre el caso de Rueda. Hasta ahora me entero de que ya está en CIMA otra vez”, precisa.

Evidencias

Para emitir el fallo que separó de forma definitiva a Rueda del deporte nacional, la Comisión de Honor y Justicia de la FMN echó mano de las declaraciones del entonces vicepresidente de clavados de este organismo y sobrino del entrenador sancionado, Eduardo Rueda; del exsubdirector de Calidad para el Deporte de la Conade, Rodrigo González, así como del propio Javier Careaga.

Los tres funcionarios declararon que Francisco Rueda y Laura Sánchez reconocieron ante ellos que sí sostenían relaciones sexuales. De manera verbal, el entrenador ofreció su renuncia. Días más tarde, se desdijo, pidió clemencia y que se le permitiera asistir a los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. Y después de eso, prometió irse para siempre. Ante la negativa, Rueda y Sánchez –quienes contrajeron matrimonio en octubre de 2008– cambiaron su discurso. Negaron todo y Laura manifestó que ya era mayor de edad. 

A solicitud de la Comisión de Honor y Justicia de la FMN, la perito del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal María Rosa de los Santos Sauri Alpuche elaboró un dictamen de psicología.

La especialista en atención a niños y adolescentes, con experiencia en asuntos penales de acoso y abuso sexual, analizó los tres diarios de Laura, en los cuales encontró que la joven utilizó un lenguaje críptico en el que destacan cinco símbolos: uno que se refiere a Paco; otro al amor o a hacer el amor; uno más a tener relaciones; otro al deseo sexual, y otro al orgasmo. Todos se relacionan con el entrenador. Además, identifica como “Yessy” a Yessica Ayala, la hoy exesposa de Rueda.

En los diarios, indica Sauri Alpuche en su dictamen, Laura da cuenta de sus viajes a competencias y de los entrenamientos; se refiere a sus actividades escolares, sus visitas al doctor para tratarle una lesión en rodilla y a su estadía en Michoacán, en la Ciudad de México y en Monterrey desde agosto de 2002 hasta marzo de 2004, y detalla los encuentros sexuales con Paco y su esposa, así como sus sentimientos: desesperación, tristeza, coraje, llanto, depresión, soledad, reclamos, celos y odio a sí misma, que ve como un “castigo por mi gran pecado”. 

Añade que aunque no es posible determinar la fecha exacta en que comenzaron las relaciones sexuales entre el entrenador y su alumna, sí queda claro que para el 29 de agosto de 2002 –fecha en que Laura comienza a escribir sus diarios personales– la deportista iba a cumplir 17 años y ya mantenía este tipo de encuentros.

“Esta relación no está comenzando, sino que ya lleva algún tiempo, tal vez uno o dos años antes, por lo que podemos suponer que el inicio temprano y precoz de la sexualidad de Laura fue cuando era menor de edad”, explica Sauri en su reporte.

Y abunda: “Los sentimientos que describe corresponden a una experiencia emocional que en su caso ha sido devastadora. La tristeza, la desilusión, los celos y el coraje realmente son experimentados por la autora, quien continuamente se queja de que la maltrata llamándola inútil o idiota o la ignora. Laura se describe como estúpida y tonta por permitir que se den relaciones sexuales que no le gustan”. 

Con base en las descripciones y narraciones que hizo Laura, la especialista infiere que fue ignorada, insultada y que se le trató con indiferencia y desprecio. Dice que, de acuerdo con su experiencia y conocimientos acerca del tema, es posible establecer que “se trata de abuso sexual a una adolescente. Es preciso aclarar que no es la conducta que se define en el código o ámbito penal, ya que ello corresponde a la autoridad respectiva, sino que es la definición del trastorno en el campo de la psicología”.

Sauri Alpuche describe los rasgos de personalidad de Rueda con base en el Manual para el diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales DSM-IV : “El Paco descrito en los diarios presenta un patrón de impulsividad en el que no toma en cuenta las consecuencias para él mismo o para los demás. Esto podría incluir malos tratos a su cónyuge, la cual ha participado en la conducta sexual desordenada de su esposo ‘para salvar su matrimonio’. Se puede decir que descuidó a su pupila Laura Sánchez Soto”. 

Además, lo define como irresponsable y explotador en sus relaciones sexuales. “Tiene una historia de muchas acompañantes sexuales y parece que no ha tenido nunca una relación monógama duradera. Tiene problemas para respetar los reglamentos establecidos y su conducta manifiesta es agresiva y sexual, abiertamente seductora con muchas mujeres; sus rasgos de personalidad muestran que tiene poco control de sus impulsos, que es narcisista y prepotente, rasgos que coinciden con la conducta sexual inapropiada que se le atribuye”.

Acerca de Laura detalla: “Sufrió un daño psicológico, ya que presenta depresión, sentimientos de culpa, ansiedad, miedo, enojo, tendencia al aislamiento, dificultad para establecer relaciones con los pares, sobreexigencia, problemas con su identidad sexual , desarrollo precoz de la sexualidad, conducta sexual inapropiada, síntomas psicosomáticos y baja autoestima.

“Existía una relación de dependencia emocional entre la atleta y su entrenador, ya que piensa que el éxito y el triunfo dependen de él, y limita el proyecto de la vida de la clavadista a sus relaciones de pareja.”

Inexplicablemente, y a pesar de que no hay evidencias de que Rueda haya promovido la reducción de su castigo –decisión que sólo corresponde al consejo directivo de la FMN–, el gobierno federal permitió que retornara el responsable del mayor escándalo de abuso sexual en la historia del deporte nacional.

Ahi viene Obama

México, país tributario

México, país tributario

Bernardo Bátiz V.

E

l diccionario dice que tributo, del latín tributum (etimología compartida con tribu), es lo que paga un país a otro para indicar su sumisión; los tributos los pagan los pueblos que están sometidos, los sumisos, los que están abajo, los que están rendidos frente a aquellos que los someten y les exigen el pago.

Históricamente, los poderosos han cobrado tributo a los que se dejan; los aztecas lo cobraban a sus vecinos, con excepción de tlaxcaltecas y purépechas; el imperio romano lo recibía de sus colonias, incluidas Egipto y Grecia; los que se negaban, como los galos, eran sometidos por las legiones romanas; en el imperio ibérico, una de las formas de tributo era el quinto real: la quinta parte de todo lo que los conquistadores quitaban a los indígenas era para la metrópoli en ultramar.

En nuestro tiempo, las formas de tributación se han sofisticado, sin embargo, no dejan de ser pagos injustos que hacen los pobres a los ricos, los sometidos y sujetos a los que los someten. Es un tributo, por ejemplo, el pago de franquicias en productos que se hacen aquí, con materia prima nuestra y mano de obra mexicana; es el pago por usar una marca, un emblema, un juego de colores y formas que en sí mismas no tienen valor alguno, pero que el sometimiento y el sentimiento de inferioridad hacen que se pague por ello a la matriz. En México y en todo el mundo sometido se paga tributo hasta por freír pollos; los socios de los clubes internacionales pagan cuotas a su matrices, y si bien hacen algunas obras de beneficencia en el país, buena parte de los recursos que aquí recaban se va al extranjero.

Pero esos tributos particulares de comerciantes ambiciosos, pero sin imaginación, de profesionistas anhelantes de una corresponsalía de Chicago o de Nueva York, de socios que se dan tono con sus emblemas y pins, se quedan cortos ante los tributos que paga el Estado por la enorme deuda exterior que al correr de los años se ha contraído. El agio internacional empobrece a los pueblos que se empeñan en su desarrollo, les impide crecer e igualarse con las potencias económicas.

Esos pagos inicuos se esconden a veces con nombres equívocos como el de servicio de la deuda u otros similares. Pagar esa deuda nos mantiene permanentemente pobres, nos impide disfrutar de lo nuestro por ambicionar lo extraño y nos mantiene indefinidamente como deudores de sumas impagables.

El crédito abierto hace unos días por el Fondo Monetario Internacional fue anunciado desde Londres por un presidente elegantemente vestido, codeándose con la realeza, pero cegado por sus prejuicios y nerviosismo. La suma fue multimillonaria y se acumula a la deuda externa del país, la cual duplica; nos empieza a costar antes de que dispongamos de ella y, visto con claridad, no es sino una forma más de pagar tributo por un dinero que ni siquiera hemos recibido, pero que ya está produciendo sus réditos.

Además, es un compromiso abiertamente anticonstitucional; creo, salvo que ayer la hayan modificado, que aún está en vigor la fracción VII del artículo 73 de la Carta Magna, que, textualmente dice: ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos, salvo los que se realicen con propósito de regulación monetaria, las operaciones de conversión y los que se contraten durante alguna emergencia decretada por el Presidente de la República en los términos del artículo 29.

La previsión constitucional es pertinente; si tenemos que pedir prestado, que sea para invertir en algo productivo que nos permita pagar el empréstito o bien, excepcionalmente, para el caso de una emergencia grave, que por supuesto requerirá la intervención del Poder Legislativo, para dar su autorización, o bien, para decretar el estado de emergencia a que se refiere el artículo 29 constitucional.

Tal como se solicitó y obtuvo el crédito, mediante un contrato que pone a nuestra disposición dinero que aún no hemos tocado, que será destinado a rescatar empresas que se endeudaron en dólares, el empréstito no cumple con las especificaciones del artículo 73 fracción VII que anteriormente fue transcrito. No es la primera ni la única violación a la Constitución que se perpetra por el actual gobierno, pero ésta adquiere una gravedad especial, por ir en contra de una disposición legal clara y respaldada en la Constitución. Es un buen momento para que en México se recuerde que si bien no hay revocación del mandato expreso en la ley, esta revocación sí puede sobrevenir mediante la divulgación de lo que dice el artículo constitucional y lo que en su contra llevó a cabo el gobierno.

jusbbv@hotmail.com

Denuncia irregularidades en el banco HSB

Denuncia irregularidades en el banco HSBC

Me valgo de este medio de comunicación para difundir una irregularidad que estoy viviendo con el banco HSBC y advertir de los malos manejos del mismo para que el público piense antes de hacer cualquier contrato con la institución.

Desde noviembre de 2008 radico en Uruguay y a partir de diciembre estoy viviendo una situación muy preocupante con HSBC México. Avisaron a mi familia en México que yo tenía una deuda en una tarjeta de crédito que había otorgado la sucursal 43 de Granjas 800, colonia Santa Catarina, en Chalco, Azcapotzalco, en octubre de 2008. Ocurre que yo nunca solicité, ni recibí, ni usé dicha tarjeta de crédito, por lo tanto, ¿cómo es posible que exista una tarjeta a mi nombre, a quién se la otorgaron, con qué documentos avalaron la solicitud? Hablé por teléfono y me dijeron que iniciarían una investigación y que no me preocupara, que en 45 días me comunicarían el resultado. A la fecha me dijeron que yo no tenía ya problemas, que era un asunto interno del banco.

Pero ocurre que hace dos semanas apareció otra tarjeta a mi nombre, de nuevo hablé, escribí y reclamé. Y nada. Mandé una carta a la Lic. Juana María Acosta Marvez, titular de la Unidad Especializada en Atención de Usuarios, pero no hace honor a su cargo porque no se ha dignado en contestar. También envié una carta de reclamación a la sucursal 43, tal como una empleada me pidió. Ahora, revisando el estado de la cuenta del ahorro que tengo resulta que aparece un cobro a TDC que me han retirado de mi saldo sin autorización. ¿Como puede ser? En definitiva, quiero que por este medio alguien del banco se haga responsable de todo este embrollo, de este fraude para el cual usaron mi nombre. Espero que haya alguna respuesta por parte del banco.

Lilian Sibilia Patrone

Cartones de la Jornada

Encuesta-Helguera

El judas del cambio-Rocha

Con los de casa-Hernández

No habrá más discusión con la Comisión Nacional del Agua: Ebrard

No habrá más discusión con la Comisión Nacional del Agua: Ebrard

Ciudad de México, 13 de Abril.- El jefe de gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, sostuvo que a su administración ya no le interesa tener ningún tipo de discusión con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), ni con su titular, y menos con sus funcionarios, ya que dijo, ellos están en otra agenda.

Al inaugurar la planta potabilizadora Magdalena Contreras, al surponiente de la Ciudad, Ebrard Casaubón ejemplificó el caso del Bordo Poniente, el Emisor Central, y los últimos cortes de agua, donde se han hecho declaraciones dolosas por parte de la Conagua, y al respecto reconoció que se llevan a cabo diálogos con el gobierno federal, pero dicho organismo, dijo, no lo representa.

En relación al trabajo de mantenimiento y propuestas en materia de infraestructura hidráulica, el jefe de gobierno destacó que la propuesta de su administración es integral, y que ha sido la inversión más importante en las últimas décadas.

Destacó que los gobiernos federal, local y del estado de México, están firmando acuerdos para llevar a cabo los trabajos necesarios de mantenimiento, pero se busca, dijo, que éstos incluyan tanto drenaje, como tratamiento y abastecimiento de agua potable, pero con una inversión que sea justa para la Ciudad de México.

La planta potabilizadora Magdalena Contreras, que tuvo una inversión de 51 millones de pesos, contribuirá al suministro de agua potable a las partes altas de esa demarcación, y con ella se incrementará en 200 litros por segundo el abastecimiento del líquido a por lo menos 10 colonias en esa zona.

Problema legal, el del basurero de Zimapán: Cemda

Mariana Norandi (La Jornada)

A pesar de que tiene antecedentes ambientales, ahora el problema del confinamiento de residuos tóxicos en Zimapán, en el estado de Hidalgo, es netamente legal, debido a que gira en torno a la licencia de funcionamiento que las autoridades municipales le habían concedido a la empresa española Befesa, y no al impacto ambiental del proyecto, por tanto, el caso compete a las autoridades locales, aseguró Gustavo Alanís Ortega, presidente del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).

Lo anterior, tras conocerse que las autoridades locales de este municipio hidalguense retirarán esta semana la licencia para las obras de construcción del basurero tóxico en esa comunidad ñañú, argumentando irregularidades en el otorgamiento del permiso que el saliente presidente municipal, Eusebio Aguilar, había concedido a la empresa.

Alanís Ortega recalcó que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales no tiene competencia en el otorgamiento de la licencia de funcionamiento –que tiene que ver con el uso del suelo y los permisos de construcción–; sin embargo, existe la posibilidad, si así lo decide la parte afectada, de impugnar el resolutivo de impacto ambiental que la dependencia federal autorizó en su momento a este proyecto, mediante un recurso de revisión.
“Este tipo de resolutivo se puede impugnar, siempre y cuando se detecten irregularidades. Hay que estudiarlo, analizarlo y, si hay inconsistencias, pelearlo e irse, si es necesario, al amparo”.

Lo importante, agregó, es que ahora tanto autoridades federales y locales, como pobladores y empresarios se apeguen a la ley, y si el proyecto no la cumple, “se va para atrás, porque se debe respetar el estado de derecho”.

Retiran licencia para basurero tóxico en Zimapán, Hidalgo

Violan la autonomía municipal permisos de Semarnat y Profepa

Detectan irregularidades en la autorización a una empresa española


Leonides Sandoval Castañeda (La Jornada)

El concejo municipal de Zimapán, en el estado de Hidalgo, retiró a la empresa española Befesa la licencia para el depósito de residuos tóxicos en el confinamiento construido en 60 hectáreas de esa localidad, debido a las irregularidades cometidas en el otorgamiento del permiso por el anterior presidente municipal, el priísta Eusebio Aguilar Francisco.

Irma Labra Moreno, integrante del concejo, informó que a pesar de que la población, organizada en el movimiento Todos Somos Zimapán, se opone al funcionamiento de este basurero de sustancias peligrosas, la empresa comenzó el lunes pasado a introducir los primeros camiones con dicho material.

Nos tomó por sorpresa la acción, dijo. De inmediato se organizaron e intentaron impedirlo, pero agentes de la Policía Federal Preventiva que los escoltaban cortaron cartucho y amedrentaron incluso a mujeres para que dejaran pasar los vehículos. No obstante, el martes interceptamos un camión que se metió a la vía urbana, protegido con policías federales, y logramos que se regresara por donde vino.

Gerardo Villeda Villeda, abogado de la autoridad municipal, explicó que la licencia de funcionamiento le fue retirada a Befesa debido a que en su otorgamiento se violaron tres disposiciones: primero, la extensión de facultades, que tienen que otorgar todos los integrantes del cabildo, y sólo la dio el entonces alcalde, el priísta Eusebio Aguilar.

También se violentó el principio de temporalidad, pues cuando un permiso o contrato excede el tiempo del cabildo, éste tiene que ser autorizado por al menos las dos terceras partes de la asamblea del concejo y éste lo decidió el alcalde por 25 años. Eusebio Aguilar gobernó por tres años, que finalizaron el 15 de enero de 2009, mientras que los permisos se extendieron ilegalmente hasta 2033.

Finalmente, no se respetó la disposición en materia económica, ya que la ley dice que los permisos y derechos se deben cobrar de acuerdo a la Ley de Ingresos, que se discute y aprueba cada año por los diputados locales. En cambio, el ex alcalde cobró el equivalente a 300 salarios mínimos por cada uno de los 25 años de permiso, como se comprueba en los cuatro recibos, cada uno por 90 mil pesos, que se lograron rescatar del Congreso local, ya que el ex funcionario no entregó documentos a las nuevas autoridades que entraron en funciones el pasado 16 de enero.
El abogado dijo que la asamblea y el concejo municipales acordaron notificar a la empresa el acuerdo de suspensión de actividades e instruir al presidente del concejo, Rubén Covarrubias Reynoso, para que dé aviso a la empresa y ésta haga valer su derecho constitucional de audiencia.

Interrogado sobre los permisos federales otorgados a Befesa por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Gerardo Villeda explicó que las dependencias están supeditadas a la autorización primordial, que es la que otorga el municipio, de acuerdo a la autonomía que le otorga el artículo 115 constitucional.

Aún está pendiente, dijo, revisar el permiso de construcción, que tiene irregularidades parecidas, entre ellas que únicamente fue autorizada por el entonces director de Obras Públicas, Juan Morán Chávez, quien tras concluir el trienio se fue como candidato del PRI a la presidencia municipal.

Morán Chávez perdió los comicios de noviembre pasado frente al candidato del PRD, José María Lozano, pero las instancias electorales anularon el triunfo de éste, con el argumento de que la Iglesia católica había llamado a los feligreses a votar por él.

Entonces el Congreso local nombró alcalde interino a Rubén Covarrubias Reynoso, síndico a Alma Ramos y a cinco vocales, incluida Labra Moreno, quienes este viernes acordaron retirar el permiso de funcionamiento a Befesa.

El ayuntamiento tiene guardias en las principales entradas de la localidad mientras que el movimiento Todos Somos Zimapán está a la expectativa para evitar que los vuelvan a sorprender y quieran ingresar más camiones con desechos tóxicos.

Mineros bloquearon accesos al puerto de Lázaro Cárdenas

Mineros bloquearon accesos al puerto de Lázaro Cárdenas

Michoacán, 13 de Abril.- Al menos 500 mineros de las diferentes secciones del Sindicato Minero, bloquearon desde esta mañana los accesos al puerto de Lázaro Cárdenas como parte de su protesta, por la intención de Grupo México cerrar la planta de Cananea en Sonora.

Mario García Ortiz, delegado especial del CEN del Sindicato Minero, confirmó que desde las siete horas de este lunes los agremiados de las secciones 271, 272, 273 y 274 del Sindicato Minero se apostaron en los accesos al puerto y de la isla de La Palma a efecto de impedir todo el tráfico de vehículos, con lo que se suspende la salida y entrada de mercancías, tanto de importación como de exportación.

García Ortiz dijo que la medida es producto del acuerdo de las asambleas previas en las que los mineros de dichas secciones decidieron sumarse a las acciones que emprenderá en todo el país el sindicato minero en protesta por la intención del gobierno federal de darle la razón a Grupo México en su intento por cerrar la mina de Cananea.

Esto a pesar de la huelga que mantienen desde hace dos años, los trabajadores de la sección 65 de Cananea, Sonora, en demanda de que la empresa corrija graves violaciones al contrato colectivo de trabajo y repare las medidas de inseguridad que existen en ella.

García Ortiz abundó que él mismo forma parte de una comisión de delegados y mineros de todo el país que participarán desde este lunes en un Congreso Nacional de Solidaridad con sus compañeros de la Sección 65 con sede en Cananea.

Trampolín transparente

JOHN M. ACKERMAN

El salto de Alonso Lujambio a la Secretaría de Educación Pública (SEP) es simultáneamente poco ético y de cuestionable legalidad. Demuestra que lo que menos le interesa a este político es la transparencia y la institucionalidad democrática del país. 

 El artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos prohíbe tajantemente que los servidores públicos, durante un año después de ejercer su cargo, reciban “donaciones, servicios, empleos, cargos o comisiones” de parte de cualquier persona física o moral que haya estado “directamente vinculada, regulada o supervisada por el servidor público de que se trate en el desempeño de su empleo”. Como comisionado presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), Lujambio fue el responsable de regular, “revisar”, “vigilar” y “establecer los lineamientos” para la aplicación de la ley de transparencia en la administración pública federal. Hoy, el exregulador ha aceptado un jugoso cargo de parte del titular del ente regulado, Felipe Calderón Hinojosa. 

Algunos han dicho que el paso de Lujambio a la SEP es tan grave como si el consejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE) se incorporara al gobierno federal como secretario de Gobernación. Algo similar ya ocurrió cuando el exconsejero Juan Molinar Horcasitas aceptó ser subsecretario de Gobernación con Vicente Fox. 

Pero el conflicto de intereses en que incurre Lujambio es aún más burdo. Es como si Leonardo Valdés pasara del IFE a presidir un partido político nacional o como si Eduardo Pérez Motta, titular de la Comisión Federal de Competencia, aceptara dirigir una de las empresas de Carlos Slim. Saltos de ese tipo provocan un daño irreparable a la institucionalidad del país. 

Como comisionado del IFAI, Lujambio destacó por su empeño en defender la opacidad del gobierno federal. A partir de interpretaciones exageradas de la ley, sistemáticamente buscó pretextos para negar el acceso ciudadano a la información pública. Su posición en los recientes debates con respecto a la aplicación del artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, así como sobre el alcance de la reserva por motivos de seguridad nacional y el concepto de “datos personales”, son apenas algunos ejemplos de su desempeño.

Como presidente del IFAI, llevó a la institución a la pérdida de legitimidad pública. Sistemáticamente se negó a realizar una declaración pública de intereses o a excusarse de casos que involucraban a su amigo Felipe Calderón. Canceló el programa Comunidades, que pretendía acercar la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG) y el IFAI a diversos grupos marginados. Vetó personalmente la participación de expertos y académicos “incómodos” en los eventos y actividades organizadas por el IFAI. Impulsó la reforma al artículo sexto constitucional, pero posteriormente participó en la elaboración de una contrarreforma a la LFTAIPG y dejó vencer el transitorio de la reforma constitucional sin emitir protesta alguna.

Hoy, al abandonar el IFAI en un momento sumamente complicado, Lujambio traiciona la poca confianza que le quedaba entre la comunidad protransparencia. El próximo 11 de septiembre de 2009 concluirán los períodos de los comisionados Juan Pablo Guerrero y Alonso Gómez Robledo. Jacqueline Peschard llegó a la institución hace apenas dos años, y ahora que probablemente encabece la institución tendrá poco tiempo para estudiar a fondo los diversos recursos de revisión.

La mayor parte del peso institucional entonces caerá sobre María Marván. Cuando fungió como comisionada presidenta condujo la institución con visión y arrojo, pero recientemente se había venido plegando a la línea gubernamental que transmitía Lujambio. Habría que recordar también los propios deseos de Marván de utilizar el IFAI como trampolín, al inscribirse en el proceso de selección de los consejeros electorales del IFE hace poco más de un año.

Actualmente el IFAI resuelve más de 120 recursos de revisión por semana y cada comisionado está permanentemente investigando y dictaminando entre 200 y 300 casos.  Si el Poder Ejecutivo no propone rápidamente los reemplazos de Lujambio, Guerrero y  Gómez Robledo, la carga de trabajo para Marván y Peschard podría triplicarse de la noche a la mañana, con la consecuente disminución de la calidad y el rigor del trabajo del instituto de transparencia.

De acuerdo con la LFTAIPG, el presidente de la República es quien designa directamente a todos y cada uno de los comisionados. No se precisa ni de convocatorias públicas o de procesos de auscultación de ningún tipo. El Senado tiene derecho de objetar los nombramientos, pero si esta instancia no actúa rápido, el nombramiento automáticamente queda en firme. Los partidos de oposición tendrían que estar muy atentos para no permitir que Calderón nombre otros más de sus leales en el instituto responsable de transparentar su gestión. 

Una vía para lograr este fin sería que los grupos parlamentarios del PRD y el PRI en el Congreso de la Unión modificaran la forma de nombramiento de los comisionados aun antes de que el Presidente enviara su propuesta para el reemplazo de Lujambio. El Senado, no el Ejecutivo Federal, debería ser la instancia a cargo del nombramiento de los integrantes del pleno del IFAI. Tanto la reforma al artículo sexto constitucional como la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso de la Procuraduría de Defensa del Contribuyente abren la puerta para una reforma con estas características.

En su posicionamiento personal en contra de la reelección de Lujambio como comisionado presidente del IFAI hace un año, el comisionado Juan Pablo Guerrero realizó una afirmación visionaria: “En las condiciones actuales, el IFAI corre el riesgo de burocratizarse, de ser una institución más en el concierto de la comunidad gubernamental obsesionada con la supervivencia armónica con el resto, por encima del servicio a la sociedad. Me parece que en la defensa de garantías fundamentales, como el derecho a saber, los órganos garantes no pueden tener ni tregua ni agenda política”.

Ojalá que nuestros representantes populares eviten que el IFAI sea una baja más en la crisis generalizada que cada día más defrauda la confianza ciudadana en nuestras instituciones públicas.  

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Documental "LA TOMA"

Título original: La toma
Dirección: Avi Lewis
Guión: Naomi Klein
País: Canadá
Año: 2004
Duración: 87 min.
Distribución: First Run Features / Icarus Films

Durante la crisis argentina (el argentinazo) un grupo de desempleados de una planta de fabricación de piezas de autos entran a la fábrica inactiva y deciden ponerla a producir por su propia cuenta, este hecho en un suburbio de Buenos Aires pone en discusión la política de la globalización neoliberal. La planta se cerró por consecuencia de las políticas económicas del gobierno de Carlos Menem bajo la rectoría del Fondo Monetario Internacional.

Mientras que protegida por la declaración de bancarrota la compañía comienza a vender propiedad e inventario para pagar los acreedores - un hecho que en el futuro redujo en gran parte el potencial de volver a la producción. En un esfuerzo de establecer su propio control, los trabajadores ocuparon la fábrica y comenzaron una larga batalla para ganar el derecho de hacerla funcionar ellos mismos, como cooperativa.

Este movimiento colectivo ha ganado fuerza en la Argentina, comenzando con una fábrica de ropa varios años antes. Los trabajadores de fábrica vadearon a través de la corte y del sistema legislativo con ayuda de la experiencia de estos otros grupos que anteriormente habían luchado la misma batalla, y en última instancia asegurado su derecho de hacer funcionar la planta.

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AMLO en Ecatepec, Martes 14 de Abril.

Se invita a todos los ciudadanos, mujeres y hombres libres a acompañar a Nuestro Presidente Lic. Andrés Manuel López Obrador, en su visita al Municipio de Ecatepec el Martes 14 de Abril a las 16:30 hrs. en la explanada municipal, en Asamblea informativa de los avances del Movimiento en defensa de la Economía Popular.

A todas las mujeres brigadistas se les convoca a ir vestidas de Adelitas y llegar en punto de las 16:00 hrs. ya que se asignará un espacio especial para ustedes.

En la parte musical nos acompañarán Alberto Arista y Raymundo Colin (El Ajolote de Neza).

Prepara EU terreno para “quiebra quirúrgica” de GM

Prepara EU terreno para “quiebra quirúrgica” de GM

Nueva York, 13 de Abril.- El gobierno de Estados Unidos conduce a General Motors (GM), el fabricante de autos más grande del país, a una “quiebra quirúrgica” que tiene como fecha límite el 1 de junio, según una nota que publicó hoy el diario The New York Times.

Pese a que General Motors (GM) ha expresado que prefiere reorganizar su negocio fuera de la corte de bancarrotas, personas enteradas de las negociaciones dijeron al diario que el Departamento del Tesoro prepara el terreno para que la automotriz se acoja a las leyes de quiebras.

La medida se prepara por si General Motors, que ha recibido hasta ahora 13 mil 400 millones de dólares de ayuda federal, no logra llegar a un acuerdo con los inversionistas que poseen sus bonos de deuda y con el sindicato automotriz.

El plan considera crear un par de empresas para reestructurar a la automotriz, una que agrupe sus activos “buenos” y otra con los activos de menor calidad, que incluiría algunas marcas, fábricas y obligaciones contractuales y que eventualmente sería liquidada.

La compañía con los activos “buenos”, aclaró el diario, podría entrar y salir del proceso de bancarrota en un lapso de dos semanas para que no afectar la imagen de los autos.

Notimex

Dólar hasta en $13, alcanza euro $17

Dólar hasta en $13, alcanza euro $17

Ciudad de México, 13 de Abril.- Al inicio de las operaciones bancarias en el Distrito Federal, el dólar retrocede 25 centavos frente al peso mexicano respecto al cierre anterior, al colocarse a la venta hasta en 13.27 pesos, mientras que el menor precio a la compra es de 12.60 pesos.

En esta línea, el peso mexicano se aprecia 35 centavos frente a la moneda europea, que ubica su mayor cotización a la venta de 17.65 pesos.

El Banco de México (Banxico) ubica el tipo de cambio peso-dólar en 13.3648 pesos.

Por su parte, las Tasas de Interés Interbancarias de Equilibrio (TIIE) fijadas este día por el banco central, se colocaron a 28 y 91 días en 6.9150 y 6.6800 por ciento, esto es un retroceso para ambas tasas de 0.035 y 0.065 puntos porcentuales más respecto a la víspera.

LA ORGANIZACIÓN “SIN MAÍZ NO HAY PAÍS” SOLICITA AUDIENCIA CON BARAK OBAMA

ENTREVISTA CON: VICTOR SUÁREZ
CARGO: DIRECTOR EJECUTIVO DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESAS COMERCIALIZADORAS DE PRODUCTORES DEL CAMPO MEXICANO.
(ANEC)
TEMA: LA ORGANIZACIÓN “SIN MAÍZ NO HAY PAÍS” SOLICITA AUDIENCIA CON BARAK OBAMA PARA ENTREGARLE INFORMACIÓN QUE DEMUESTRA QUE EL TLC-AN HA PERJUDICADO GRAVEMENTE LA PRODUCCIÓN DE GRANOS MEXICANOS.

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Estrategia fallida

JORGE CARRASCO ARAIZAGA

Convencidos de que las acciones del gobierno de Felipe Calderón contra el narcotráfico estarán condenadas al fracaso si no bajan pronto los índices de violencia en México, asesores del gobierno de Barack Obama proponen una estrategia que incluye operativos militares con características de contrainsurgencia urbana, una policía militar transitoria y asistencia multilateral.

Los expertos recomiendan de plano cambiar las medidas adoptadas por Calderón, cuyo gobierno “carece de una estrategia hacia la violencia relacionada con la droga”.

Consideran que sin un regulador del mercado ilegal de las drogas, la crisis de inseguridad generada por el narco –que controla varios territorios del país– tiene más paralelismos con Afganistán y Somalia que con Colombia.

La estrategia está planteada en el documento El violento mercado de la droga en México y lecciones de Colombia, elaborado por Vanda Felbab-Brown, experta en conflictos internacionales e internos de Brookings Institution, un centro de investigación cercano a Obama que se dedica a la elaboración de políticas públicas.

La relación de Obama con dicho centro es tan estrecha que el 26 de marzo pasado propuso al vicepresidente y director de Estudios de Política Exterior del instituto, Carlos Pascual, como embajador de Estados Unidos en México. Tanto en Brookings como en el Departamento de Estado Pascual se ha dedicado a estudiar países que enfrentan problemas de inestabilidad.

El documento sobre el narcotráfico en México está fechado el 12 de marzo y firmado por Felbab-Brown, pero de acuerdo con la autora contiene los comentarios y observaciones de varios especialistas, entre ellos el propio Pascual.

El documento coincide con los recientes señalamientos de funcionarios estadunidenses que molestaron a Calderón sobre el poderío del narco, la extendida corrupción policial y la ausencia del Estado mexicano en varias zonas del país, dominadas por los cárteles. 

Si bien aclara que las comparaciones con Afganistán o Somalia no indican que México sea un “Estado fallido” –como difundió en diciembre pasado el Departamento de Defensa–, el centro asesor de Obama le sugiere poner en marcha políticas públicas tomando en cuenta que la violencia está fuera de control en México.

Y advierte que las medidas de Calderón para enfrentar el narcotráfico son reactivas y, en consecuencia, limitadas, por lo que plantea una “estrategia alternativa” de largo plazo para disminuir la violencia de los cárteles, pero también para regular el mercado ilegal de las drogas en México.

Como muestra de la falta de estrategia de la administración calderonista, menciona la dispersión en el combate al narcotráfico, así como la falta de transparencia y de rendición de cuentas sobre el uso del paquete de mil 600 millones de dólares para los próximos tres años en equipo y tecnología contenidos en la Iniciativa Mérida

Esto “refleja no sólo preocupaciones sobre la soberanía, sino la falta de articulación (y formulación argumentada) por parte del gobierno mexicano de una estrategia hacia la violencia relacionada con la droga”.

Vanda Felbab-Brown, especializada en la relación entre las economías ilícitas y el conflicto militar en regiones de América Latina, Asia y África (en particular la región andina, México, Afganistán y Somalia), es autora además de dos reportes recientes sobre las prioridades de la seguridad nacional de Estados Unidos en América Latina.

Los documentos fueron elaborados durante la campaña presidencial estadunidense. En mayo de 2008 publicó La política de seguridad nacional de Estados Unidos en Latinoamérica: Evaluación de la amenaza y recomendaciones de políticas para la próxima administración. En octubre, Bloqueando el crimen organizado: Adaptando la política de seguridad nacional de Estados Unidos en Latinoamérica.

Luego, en diciembre pasado, fue la encargada del Brookings Presidential Memo, titulado “Expansión de la agenda en Pakistán y Afganistán”.

A partir de comparaciones con Afganistán, Somalia y Birmania, Felbab-Brown señala que en México “pocas áreas son inmunes a la violencia relacionada con la droga”, y a tal escala que supera a la de países en guerra, al punto de que la cifra de ejecuciones en México durante 2008 “es más que el total de bajas en Irak en 2008, más que en Afganistán y seis veces más que el promedio de una guerra civil, de unas mil personas al año”, y hasta supera a la violencia que afectó a Colombia entre los ochenta y principios de los noventa, cuando hubo una confrontación similar entre el Estado y los grupos de narcotraficantes. 

De hecho, el procurador Eduardo Medina Mora admitió el martes 8 en San Diego, California, en la reunión anual de la agencia informativa Associated Press, que de diciembre de 2006 a marzo de 2009 se han registrado 10 mil 657 muertes violentas relacionadas con esos grupos. 

De esas muertes, 988 fueron de policías, lo que según el procurador significa que “lento, pero seguro, los cárteles están entrando en un estado de fragmentación y autodestrucción”. Además, resaltó los “miles” de detenidos por el gobierno de Calderón.

Pero lo que presenta como éxito la PGR, para los asesores de Obama es exactamente una forma equivocada de enfrentar el problema, pues consideran que la “estrategia de decapitación oportunista” de algunos capos o jefes medios simplemente propicia una turbulencia más grande en el mercado y “más batallas territoriales”.

Apoyado en las cifras oficiales, el documento deja ver que las medidas tomadas por Calderón no responden a un plan integral y hasta pueden ser contraproducentes. 

Menciona que Calderón desplazó a 45 mil soldados y 5 mil policías federales en ocho estados, ha detenido a 25 funcionarios de alto nivel y a muchos otros de bajo nivel como una manera de obstaculizar “la extendida corrupción” en la policía y el aparato de procuración de justicia, y ha gastado 6 mil 500 millones de dólares para combatir a los cárteles.

Pese a ello, cuestiona los resultados, pues de los 90 mil “narcotraficantes” detenidos desde 2001, sólo 400 son sicarios; es más, la mayoría son vendedores al menudeo, lo cual ni incide en una disminución de la violencia ni debilita a las organizaciones criminales. En cambio, dice, probablemente provocará un flujo intenso de detenidos y la paralización de los sistemas judicial y carcelario, de por sí ya bajo una enorme presión.

Nuevos acuerdos, viejos arreglos

Para los asesores de Obama, la crisis de seguridad en México debe compararse con nuevos referentes: “La turbulencia en el mercado mexicano de la droga es en varios sentidos análoga al nivel de caos y violencia en los mercados con profundos disturbios, como fue el caso de Afganistán a principios de los años noventa, antes del establecimiento de los Talibanes, o en Somalia”.

Aclara que la analogía no significa que México sea un “Estado fallido”, sino que el narcotráfico mexicano “está muy desorganizado y sus costos de transacción son tan altos que afectan al propio negocio ilegal”. Es más, dice, “el mercado ilegal en México necesita que emerja un árbitro o regulador”. 

En cuanto a la producción de cultivos ilegales, indica que en la última década se sembraron anualmente en México entre 20 mil y 25 mil hectáreas de amapola (de la que se obtiene el opio), lo que lo equipara con Birmania y supera el máximo que alcanzó Tailandia en los años sesenta. 

En el caso de la mariguana, las cifras son todavía más altas: de 30 mil a 40 mil hectáreas cultivadas cada año. Asegura que en estados como Michoacán y Sinaloa, las drogas “representan una parte sustancial de la economía local”.

Con tales niveles de producción y los diversos grupos involucrados, el mercado de las drogas en México es muy fluido y complejo. Para estabilizarlo, los asesores de Obama consideran cuatro escenarios. 

El primero es que surja una o varias organizaciones que puedan imponer un control adecuado en sus territorios, en una suerte de “división del comercio”, incluidas las rutas de contrabando. En clara alusión al régimen del PRI, dice que tales pactos existían hasta antes del año 2000. 

Advierte que cuando no se logra una distribución estable de ese tipo, surgen otros actores beligerantes, como grupos insurgentes y terroristas, como fue el caso de los Talibanes, que a mediados de los noventa regularon todo tipo de tráfico ilegal en Afganistán. 

Por eso considera como “atípico” que ni el EZLN, el EPR o el ERPI –a los que define como “grupos insurgentes”– hayan penetrado significativamente en el comercio de las drogas, a diferencia de lo ocurrido en Perú, Colombia, Tailandia, Afganistán y Birmania.

El segundo escenario “representa el resultado óptimo y es la meta de los esfuerzos del presidente Calderón”: el éxito del Estado en dividir a los cárteles en grupos pequeños y débiles, sin la capacidad de violencia y penetración que ahora tienen. Esa situación sería parecida a lo que ocurre en Estados Unidos y Europa Occidental.

Sin embargo, dudan que la administración de Calderón lo logre, pues entre los mayores obstáculos destacan “los muy altos niveles de corrupción” entre los 400 mil policías y los encargados de la procuración y aplicación de justicia, incluidos los mandos de “las instituciones supuestamente reformadas”, como la Agencia Federal de Investigación (AFI), creada en 2001 por el ahora secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

Y aun si llegara a triunfar –señala en su tercer escenario–, los narcotraficantes impondrían arreglos corporativos como los que tuvieron en el pasado con la Dirección Federal de Seguridad (DFS) y la Policía Judicial Federal (PJF), lo que tendría “un fuerte rechazo” por parte de Estados Unidos.

La DFS y la PJF “nunca tuvieron la voluntad de arrestar y procesar a los capos del narcotráfico”; pero desde entonces la penetración del narco en las instituciones alcanzó a los tres grandes partidos, el PAN, el PRI y el PRD, “que han sido acusados de tener dirigentes y grandes apoyos de personas vinculadas al comercio de drogas”.

Considera que si el Estado mexicano no ofrece rápidas mejoras en seguridad, “el apoyo a la actual confrontación con los narcotraficantes se podría evaporar entre la población y las élites (y se estaría) pidiendo que se llegue a tales acomodos”.

El cuarto escenario de estabilización del mercado, y que define como “muy peligroso”, es que el Estado retroceda, limitándose a garantizar seguridad pública sólo a algunos segmentos de la población y del territorio, lo que ha sido persistente en la historia de América Latina.

Señala que, la decisión de Calderón de sacar a los militares a las calles, busca reducir los niveles de violencia impuestos por el narco; pero en lugar de conseguirlo se han incrementado las quejas por violaciones a los derechos humanos, “lo cual no es una sorpresa, pero sí una preocupación”.

Más aún, “el despliegue de militares para contener a los traficantes hasta ahora ha fallado para poner fin a la violencia. De hecho, los militares han sufrido ataques de los cárteles, lo que ha redundado en apoyo de la población a esa política”. 

Pero advierte que si en el corto plazo no mejora la seguridad pública, Calderón no sólo se quedará sin opciones, sino que su fracaso tendría consecuencias peligrosas, incluido un creciente rechazo social al Ejército.

Menciona que las protestas callejeras contra el Ejército, atribuidas por el gobierno mexicano a los propios cárteles, “indican la ambivalencia hacia la estrategia militar y la incapacidad del Estado para mejorar la seguridad pública y detener la violencia”. 

Sociedad militarizada

Ante ese panorama, los asesores de Obama le proponen una estrategia de tres fases que incluye un modelo de “cumplimiento enfocado” de procuración de justicia, la institucionalización de la protección de los derechos humanos y las libertades civiles, la reforma de la policía y la justicia, y el establecimiento de una unidad de inteligencia táctica y estratégica contra el narcotráfico.

La primera fase consiste en “el redespliegue de las fuerzas militares para enfocarse inicialmente en áreas estratégicas, establecer un firme control y gradualmente incrementar las áreas de predominio del Estado”. 

Tal estrategia, dice, “es análoga, aunque no necesariamente idéntica, a la estrategia enfocada de contrainsurgencia urbana”. Esto no significa un aumento de fuerzas militares, sino un diferente despliegue como se hizo en las favelas de Brasil (aunque el ejemplo no precisa si se refiere a antes o después de que surgieran los escuadrones de la muerte que eliminaban a niños de la calle, particularmente en Río de Janeiro).

Una vez que los militares hayan impuesto orden, iniciaría la segunda fase, que transformaría la presencia militar en un modelo combinado de policía militar y policía comunitaria. 

“Eso permitiría dispersar unidades más pequeñas de militares (o) policías militares entre la población y la construcción de relaciones con la población”. El modelo aquí son los carabineros de Italia.

La fase tres consiste en una verdadera reforma policial, para que sus elementos sustituyan a esa policía militarizada.

Respecto de la necesidad de contar con inteligencia táctica y estratégica, asegura que el Ejército mexicano carece de esa capacidad, por lo que puede constituirse como una pequeña unidad ubicada en alguna de las actuales oficinas dedicadas al combate del narcotráfico.