Salinas reaparece para convertirse en el jefe de campaña presidencial de Peña Nieto, asegura López Obrador

Salinas reaparece para convertirse en el jefe de campaña presidencial de Peña Nieto, asegura López Obrador
Santa María Tepantlali, Oaxaca
Domingo 02 de agosto de 2009



* Carlos Salinas es un personaje perverso que ha causado un gran daño al país, subraya el presidente legítimo de México


* El ex presidente es el jefe de la mafia del poder en México afirma Andrés Manuel López Obrador


Apenas transcurrió la elección federal intermedia y reapareció Carlos Salinas para convertirse en el jefe de campaña presidencial del priista Enrique Peña, aseguró Andrés Manuel López Obrador.

Luego de enterarse de que Salinas de Gortari también se encontraba en el estado, subrayó que el ex presidente, que es un personaje perverso, ha causado un gran daño al país.

Sin duda alguna, afirmó el presidente legítimo de México, Salinas, “quien se siente muy poderoso”, es el jefe de la mafia del poder en México y ahora “ya está operando como jefe de campaña de Peña Nieto” de ese nuevo pelele cuyo único merito e ideología se resume en su copete, señaló.

En entrevista que concedió al término de su visita a Santa maría Tepantlali, uno de los tantos municipios de la entidad a los cuales se llega por caminos de terracería, manifestó que la presencia de Carlos Salinas en territorio oaxaqueño, representa un descaro del jefe de la familia de la política, del poder y del dinero del país, ha escasos 28 días de transcurridos los comicios federales, que se caracterizaron por el uso de dinero público y del apoyo de algunos medios de comunicación para favorecer a las formulas postuladas por el PRI.

En pleno festín de los priistas, aparece Salinas en Oaxaca, acompañado de una “finísima persona” que es el gobernador Ulises Ruiz, informó al considerar que tanto el ex presidente como el mandatario estatal son tal para cual.

Salinas ya tomó las riendas del manejo de la campaña presidencial de su ahijado, de Peña Nieto, como lo demuestra en la serie de encuentros que sostuvo con la denominada clase política del Estado, agregó.

En la antesala de la contienda presidencial de 2012, López Obrador dijo que será el pueblo el que decida quién será el próximo presidente de la República.

“Todavía falta tiempo, pero el pueblo ya no quiere más corrupción, ni mayor opresión, tampoco más injusticias; ya no quiere a la mafia del poder en México, que ha llevado al hundimiento y empobrecimiento del pueblo”, subrayó.

El presidente legítimo de los mexicanos hizo énfasis en la necesidad de organizar a las mujeres y a los hombres comprometidos con la auténtica democracia y el cambio real de México y sus instituciones, “para derrotar a la oligarquía en buena lid”, en las urnas.

Durante el tercer día de recorrido por la región Mixe, López Obrador se reunión con la población indígena de Santa María Tepantlali, San Pedro Cocotepec, San Juan Juquila y Santo Domingo Tepuxtepec, en donde pudo constatar la situación de abandono y pobreza en que encuentran los municipios del régimen de usos y costumbres.

También expresó que Oaxaca es el estado del país con mayor atraso en materia de infraestructura carretera, si se considera que el 60 por ciento de las cabeceras municipales están comunicadas por caminos de terracería.

Acompañados por los senadores Gabino Cué y Salamón Jara, el presidente legítimo de México escuchó un cúmulo de peticiones y demandas de los habitantes de los municipios ubicados en las partes altas de la región Mixe en la que destaca la pavimentación de sus aminos, la construcción de hospitales y de centros escolares, así como la prestación de servicio médico y el abasto de medicamentos.

La miseria del sistema

Todas las muertes son odiosas a los infelices mortales, pero ninguna es tan mísera como morir de hambre y cumplir de esta suerte el propio destino

Homero, La odisea

La Encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares de 2008 reafirma que la alternancia en el gobierno entre la derecha neoliberal priista y la ultra neoliberal foxista-calderonista sólo tuvo por objeto asegurar la continuidad de la revolución de los conservadores contra los pobres iniciada por Miguel de la Madrid. Que los trogloditas clericales azules sólo fueron los herederos de la peste neoliberal que, generosamente, ensancha cada vez más el número de náufragos y reduce el de los opulentos navegantes. De ese México donde la concentración de la riqueza en menos del 10 por ciento de las familias tiene como condición que otro 70 por ciento sobreviva en la miseria y la pobreza. Del modelo neoliberal socialmente excluyente y políticamente despótico que los priistas se preparan a retomar en 2012, con la bendición del bloque de poder, los reyes oligárquicos, la burguesía y los fachos pequeños burgueses y de la iglesia católica, toda vez que los panistas dejaron de ser sus fámulos confiables.

Los panistas se volvieron desechables. No porque Felipe Calderón haya traicionado a los grupos dominantes que lo encumbraron como lo hizo Manuel Zelaya, quien llegó al gobierno de la mano de la derecha bananera y, al final, mostró una mayor sensibilidad ante las necesidades del empobrecido pueblo hondureño y terminó aliándose al enemigo progresista latinoamericano, por lo que tuvieron que derrocarlo con el golpe de Estado, como la primera señal del nuevo ciclo de regímenes autoritarios que se atisba en el horizonte regional, patrocinado por Estados Unidos, que de esa manera, quiere poner un dique a los movimientos populares que buscan un cambio anticapitalista y recuperar el terreno perdido en sus antiguas colonias.

En ese sentido, el bananero Calderón, como Fox, es fiel a las elites que lo encumbraron. La encuesta citada lo respalda. Ha hecho lo necesario para mantener inalterada la inequidad del ingreso, la brutal concentración del ingreso, una de las peores del continente y uno de los fundamentos de la acumulación capitalista neoliberal. Con el estrepitoso derrumbe del modelo iniciado en 2008 prefirió que su mandato quedara sepultado entre los escombros, antes que conmoverse ante la tragedia de las mayorías, agobiadas por el desempleo, la pérdida del poder de compra de los salarios reales o la cuerda que los usureros de la banca aprietan impíamente sobre el cuello de los deudores. No se dejó seducir por los cantos de las sirenas keynesianas que pedían arrojara al basurero de la historia el catecismo monetarista y desempolvara el salvavidas anticíclico, promotor de la demanda, el empleo, los salarios y el gasto público. Al contrario, recortó los apoyos a los pobres y compensó las pérdidas o la reducción de las ganancias de la oligarquía. En la histórica lucha de clases por la distribución del ingreso nacional, agravada en épocas de crisis, cuando se destruye la riqueza y se reduce el excedente económico, Calderón no ha desertado de su puesto. Por ello, el 20 por ciento de las familias ubicadas en la cúspide social había mantenido su participación en el ingreso en 2006 y 2008, a costa de la pérdida del 80 por ciento restante, sobre todo del 20 por ciento hundido en las catacumbas de la pirámide, los pobres entre los pobres y los miserables.

Más aún, hizo suyas otras banderas del proyecto de nación de la derecha y sus fachos, que braman por el establecimiento del “orden” y la “seguridad” con la mano dura y la pena de muerte, al sacar a los militares a las calles para enfrentar a aquellos a los que el sistema no les ofrece nada, los excluye, los arroja a la delincuencia como única forma de supervivencia. En lugar de ofrecerles una mejor expectativa de vida, con empleos estables y dignos, mejores salarios y beneficios sociales, les brindan las opciones de la pasiva miseria, la inanición voluntaria, la cárcel, una dosis de plomo, la muerte. El oprobioso encarcelamiento de Jacinta, indígena otomí, simboliza la vileza del sistema en contra de 80 millones de mexicanos. También encabeza la profundización del desmantelamiento de las conquistas sociales, incluyendo entre ellas el derecho legítimo de la mujer para abortar, como exigen los jerarcas católicos, protectores de pederastas, pontificadores de golpistas, espléndida y anticonstitucionalmente lubricados con el presupuesto por los panistas. Todo con el apoyo de los priistas-beltronistas-paredistas y sus caciques, los mercaderes de los verdes y de la Gordillo, y perredistas chuchitas que como Jesús Ortega, se postraron ante los príncipes de la iglesia católica –su respaldo su campaña a favor de la muerte de las mujeres que abortan– y las elites.

El problema de Calderón es que se volvió socialmente impresentable. Los panistas quisieron legitimar en las elecciones de 2009 su ilegitimidad de 2006. Y los votantes le pusieron por segunda vez los clavos a su ataúd político. Apestan. Como los priistas en 2000. Incluso ahora enfrenta la rebelión en la granja por su absolutista anhelo de imponer al famélico César Nava como líder panista. No es que los priistas hayan purificado su nauseabunda imagen, simplemente que las elites no tienen otra opción para tratar de domeñar el cataclismo del descontento social, de evitar el triunfo presidencial de alguien que, eventualmente, pueda afectar su proyecto de nación, sus intereses, el presidencialismo bicéfalo que pretenden consolidar. Y la hedionda grey priista, liberada del fardo ideológico del nacionalismo y la “Revolución Mexicana”, abrazada a los caros ideales de la derecha, ejerce su oficio político como generosa hetaira, dispuesta a complacerlos en todo. El inescrupuloso cogobernante Manlio Fabio ayuda a clavar sádicamente una y otra vez la daga antisocial y neoliberal a los mexicanos. El encopetado mexiquense Enrique Peña suspira en convertirse en el histrión trágico, el presidente de utilería de los Salinas (de Gortari y Pliego), los Azcárraga y demás déspotas orientales. Sin embargo, tendrán que sortear los perros que les soltará Calderón, en su agónico intento porque la ultra retenga la Presidencia en 2012. La lucha será cruenta entre esos partidos de pírrica legitimidad –su votación apenas fue de 16 por ciento y 12 por ciento del total del electorado–, tan acreditados como el desacreditado sistema.

Pero que Fox y Calderón fueron cumplidores, lo fueron. Imposible regatearle méritos a los machos de la clerical política arrabalera. La derecha neoliberal priista, De la Madrid, Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, destruyó la mejoría en la distribución del ingreso de los priistas “populistas”. Entre 1977 y 1984 había mejorado la participación del ingreso nacional del 60 por ciento de la población ubicada en la parte baja de la pirámide social, a costa de una parte de los sectores medios y la burguesía y la oligarquía, el 40 por ciento restante. Ello les motivó a conspirar, con los yunquistas de ese tiempo en la línea de fuego, como hicieron sus homólogos genocidas golpistas de Chile, Argentina, Uruguay y otros países latinoamericanos en las décadas de 1970 y 1980, y ahora en Honduras o Argentina. Los panistas mantuvieron la inequitativa distribución del ingreso.

Del total de los hogares, 26.7 millones, que involucran 106.7 millones de mexicanos contabilizados en 2008, el 10 por ciento (2.7 millones y 10.7 millones en cada caso) concentra el 36.7 por ciento del ingreso total nacional o el 37.1 por ciento del monetario, equivalente al percibido por el 70 por ciento de los ubicados en la parte baja de la pirámide social, es decir, de 18.7 millones de familias o 74.5 millones de personas. Pero los últimos datos son engañosos, porque incluyen a personas que perciben más de ocho veces el salario mínimo (SM), por encima de 13 mil pesos mensuales, monto que, por ejemplo, supera en al menos seis veces una minoría parasitaria de la sociedad, digamos un congresista, sólo en su ingreso directo o al menos 10 veces un alto burócrata. Un profesor universitario, un médico o muchos profesionistas obtienen esas percepciones.

Sin embargo, no pueden considerarse como parte de aquellos que realmente concentran la riqueza y se sienten dueños del país. Sin duda que les gustaría. Pero aún existen las clases sociales. No son iguales a Slim, Salinas Pliego, Azcárraga o Servitje, la verdadera oligarquía que debe estar conformada por menos de 1 mil familias, ni la mitad del 1 por ciento del total de los hogares. Ésos que han acrecentado sus fortunas con la especulación de precios y financiera, los subsidios fiscales, la reducción de impuestos, la ingeniería tributaria (evasión y elusión de impuestos) y otros mecanismos legales e ilegales. Pero sobre todo, la acumulación de su capital, en México y en el mundo, se fundamenta en la pobreza y la miseria del resto de los mexicanos. Ése es el motor del capitalismo. Sus ganancias se basan en los salarios de hambre que les pagan a los trabajadores, en el recorte de las prestaciones sociales, en la inestabilidad laboral. Por ello les pone furioso y promueven golpes de Estado ante cualquier pretensión de redistribuir el ingreso más equitativamente o, peor aún, de acabar con la propiedad privada de los medios de producción.

Según el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, entre 2006 y 2008 el ingreso medio nacional se redujo 1.2 por ciento. Hasta ese momento, ese 10 por ciento de las familias no había sido afectado, porque su participación en el total aumentó de 35.68 por ciento a 36.26 por ciento. Otro 20 por ciento de los hogares, parte de los sectores medios, tampoco mostraba problemas. El segundo decil (que gana 7-8 veces el SM) mejoró su participación de 15.84 por ciento a 16.13 por ciento, y el tercero (que percibe 6-7 veces el SM) de 11.61 por ciento y 11.68 por ciento. Los datos citados confirman lo dicho hasta la saciedad: el neoliberalismo sólo es ideal para 2.7 millones de hogares, 10.7 millones de personas, y en menor medida para otro 10 por ciento. En total para 5.4 millones y 21.4 millones, respectivamente.

El bienestar de aquellos depende de la miseria y la pobreza de las 21.4 millones de familias restantes, 85.3 millones de personas; el 80 por ciento de la población total. El 70 por ciento registró un deterioro en su participación del ingreso nacional (ver cuadros anexos).

La única industria boyante del neoliberalismo es la fabricación de indigentes, pobres y delincuentes. Se ha señalado que con el colapso se sumaron al menos otros 6 millones de personas más al infierno de los pobres, debido entre otras razones a la disminución de las remesas y el menor gasto público social. Esto es cierto. Al menos el 30 por ciento de las familias, alrededor de 32 millones de personas, complementan sus ingresos con las remesas enviadas por los trabajadores expulsados del país por el modelo económico neoliberal y que ahora resienten la recesión estadunidense. También de las dádivas asistencialistas oficiales que ha generado que varios millones de mexicanos dependan del presupuesto, que sean manipulados políticamente y que su depauperado nivel de vida esté atado a las precarias finanzas públicas. La crisis de la influenza desnudó las miserias calderonistas: el colapso del sistema de salud y el desastre de la infraestructura educativa. Los infantes calcinados en Sonora descubrieron el desastre de las prestaciones sociales.

Pero las remesas y el asistencialismo sólo son sucedáneos. Las causas de la miseria y la pobreza están directamente asociadas a la principal fuente de ingresos de las mayorías: el salario real y las prestaciones sociales, determinadas por la estabilidad laboral y el gasto social para compensar la insuficiencia de ingresos. Y esos factores han sido sacrificados por los empresarios y el gobierno. Los primeros para mejorar su “productividad”, “competitividad” y rentabilidad; el gobierno, para asegurar esos beneficios empresariales, para reducir la inflación y atraer la inversión extranjera. Todo forma parte del mismo esquema: la concentración del ingreso y la riqueza sólo es posible con la pobreza y la miseria.

Modificar ese esquema implica cambiar de modelo. Pero no es suficiente. Aunque se instrumente un capitalismo que, a diferencia del salvaje neoliberalismo, se preocupe por el bienestar, no elimina las raíces del problema: la explotación del trabajo asalariado por el capital. Erradicarla implica enterrar el capitalismo. Los movimientos sociales tienen como ejemplo las experiencias de los gobiernos progresistas de América Latina. Ellos se han preocupado por atender las necesidades sociales de las mayorías. Pero la polarización social subsiste. Los procesos electorales no ofrecen esa salida. Tendrá que ser por otras vías antisistémicas.

AMLO- OAXACA 3 AGOSTO 09

JUQUILA MIXE, OAXACA

También expresó que Oaxaca es el estado del país con mayor atraso en materia de infraestructura carretera, si se considera que el 60 por ciento de las cabeceras municipales están comunicadas por caminos de terracería.

JUQUILA MIXE, OAXACA

El presidente legítimo de los mexicanos hizo énfasis en la necesidad de organizar a las mujeres y a los hombres comprometidos con la auténtica democracia y el cambio real de México y sus instituciones, “para derrotar a la oligarquía en buena lid”, en las urnas.

TEPANTLALI, OAXACA

En la antesala de la contienda presidencial de 2012, López Obrador dijo que será el pueblo el que decida quién será el próximo presidente de la República.

TEPANTLALI, OAXACA

Salinas ya tomó las riendas del manejo de la campaña presidencial de su ahijado, de Peña Nieto, como lo demuestra en la serie de encuentros que sostuvo con la denominada clase política del Estado, agregó.

TEPANTLALI, OAXACA

Sin duda alguna, afirmó el presidente legítimo de México, Salinas, “quien se siente muy poderoso”, es el jefe de la mafia del poder en México y ahora “ya está operando como jefe de campaña de Peña Nieto” de ese nuevo pelele cuyo único merito e ideología se resume en su copete, señaló.

TEPANTLALI, OAXACA

Luego de enterarse de que Salinas de Gortari también se encontraba en el estado, subrayó que el ex presidente, que es un personaje perverso, ha causado un gran daño al país.

EPANTLALI, OAXACA

Apenas transcurrió la elección federal intermedia y reapareció Carlos Salinas para convertirse en el jefe de campaña presidencial del priista Enrique Peña, aseguró Andrés Manuel López Obrador.

OCOTEPEC, OAXACA
Carlos Salinas es un personaje perverso que ha causado un gran daño al país, subraya el presidente legítimo de México

Fuente: Gobierno Legítimo

Sin ejercer 4 mil MDP en ciencia y tecnología

Los gobiernos federal y estatales presentan subjercicios por 4 mil millones de pesos en fondos para promover el desarrollo científico y tecnológico. La Auditoría Superior de la Federación advierte que fideicomisos suscritos entre el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, secretarías, órganos desconcentrados y entidades federativas no ejercieron en su totalidad los recursos destinados a 6 mil 314 proyectos aprobados

En 2007, ni los Fondos Sectoriales para la Investigación Científica con Dependencias y Entidades (Fonsec) ni los Fondos Mixtos para el Desarrollo Científico y Tecnológico Estatal y Municipal (Fomix) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) fueron utilizados en su totalidad en la promoción de la ciencia y la tecnología. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó subejercicios por 4 mil 65 millones 985 mil 300 pesos en secretarías y entidades federativas, por lo que no se apoyaron 6 mil 314 proyectos.

Los fondos tienen como objetivo financiar el gasto y las inversiones de los proyectos de investigación aplicada, así como el desarrollo tecnológico, la formación de recursos humanos, el fortalecimiento de las capacidades científicas y la difusión en las áreas de conocimiento. La totalidad de los recursos entregados por el aportante (Conacyt) y el fideicomitente (las secretarías y entes de la administración pública federal y los gobiernos de los estados) serán utilizados en actividades científicas y tecnológicas.

Según el Informe del resultado de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública 2007, el Conacyt otorgó 893 millones 784 mil 100 pesos a los Fonsec; sin embargo, advierte el informe, el órgano descentralizado no cuenta con un procedimiento específico para la asignación y transferencia de recursos a los fondos sectoriales.

El saldo de los Fonsec sumó 2 mil 899 millones 745 mil 900 pesos. Del total, no se ejercieron 1 mil 809 millones 813 mil 400 pesos comprometidos para 4 mil 799 proyectos de investigación científica y tecnológica, mientras que 1 mil 89 millones 932 mil 500 pesos no estaban asociados a ningún proyecto.

La ASF expone que “es de hacer notar que en los recursos que se destinan a los fondos sectoriales, tanto el Conacyt como las secretarías de Estado y las entidades de la administración pública federal no garantizan que sean aplicados en su totalidad en proyectos aprobados”.

Es decir que no se destinaron al otorgamiento de apoyos económicos y financiamiento para actividades vinculadas al desarrollo de proyectos de investigación científica y tecnológica, a becas y formación de recursos humanos, divulgación y consolidación de grupos o centros de investigación.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y las secretarías de Marina (Semar), de Desarrollo Social (Sedesol), de Relaciones Exteriores (SRE), de Gobernación (Segob), de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) no emitieron convocatorias de los Fonsec en 2007. Las ocho dependencias obtuvieron recursos por 815 millones 25 mil 500 pesos.

El órgano de fiscalización observa que los convenios de colaboración, los contratos de fideicomisos y las reglas de operaciones no establecen penas, sanciones o causales de cancelación, en caso de que no se emitan las convocatorias ni se asigne el presupuesto.

El Conacyt transfirió 94 millones 284 mil 100 pesos a los fondos de Inmujeres, Semar, Sagarpa y Semarnat. En tanto que no asignó recursos a los fondos de CFE, Sedesol, SRE ni Segob, porque no se formularon los anexos de ejecución que determinaran las aportaciones de las partes al fideicomiso. En el caso del Fonsec Inmujeres, estos anexos no fueron firmados por las partes, aun cuando el Conacyt le transfirió 301 millones de pesos.

Otras irregularidades fueron observadas por el órgano de fiscalización. El fondo sectorial Segob-Conacyt tuvo un saldo por 9 millones 459 mil 500 pesos al 31 de diciembre de 2007. La ASF solicitó la documentación, la clave, el beneficiario, la vigencia, el importe autorizado, el monto ejercido y comprometido, el saldo pendiente, los informes trimestrales contables, las actas, las aportaciones y las convocatorias de los proyectos apoyados.

No obstante, el secretario administrativo del fondo no proporcionó la información solicitada, en incumplimiento a los lineamientos que deberán cumplir las dependencias y entidades de la administración pública federal para el control, la rendición de cuentas e informes y la comprobación del manejo transparente de los recursos públicos federales, otorgados a fideicomisos, mandatos o contratos análogos.

La ASF emitió una promoción de responsabilidad administrativa solicitando al Órgano Interno de Control en la Segob que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para fincar responsabilidades.

En el caso de los fondos constituidos con la Secretaría de Salud (Ssa), la SRE, Sagarpa, Segob, Semarnat, el Inmujeres y la Comisión Nacional Forestal, no se presentó el manual de procedimientos o la autorización de los comités técnicos y de administración.

Para la Secretaría de Educación Pública, los fondos ascendieron a 940 millones 604 mil 700 pesos. El contrato de fideicomiso concluyó el 27 de diciembre de 2007, sin que se estableciera un nuevo plazo de vigencia. Por otro lado, de los Fonsec de Educación Pública y de la Ssa no se encontró definición alguna por escrito de dichos fondos.

En 2007, los Fomix reportaron un saldo por 1 mil 166 millones 239 mil 400 pesos. De esa cantidad, 452 millones 215 mil 400 pesos para 1 mil 515 proyectos de investigación científica y tecnológica no se habían ejercido hasta la fecha de revisión. Mientras, 714 millones 24 mil pesos no estaban asociados a proyecto alguno.

La ASF detectó que 24 estados emitieron 40 convocatorias. De ellas, en 21 se asignaron 234 millones 100 mil pesos y en los otros 19 no se señaló presupuesto alguno. En esas entidades se recibieron 1 mil 441 propuestas de proyectos, de los que aprobaron 331 y que en conjunto sumaron 251 millones 185 mil pesos, es decir, sólo se utilizó el 59.1 por ciento del total destinado a esos Fomix en 2007. El órgano de fiscalización advierte que el presupuesto de los fondos mixtos tampoco fue utilizado para los fines autorizados.

Aunque suscrito en 2002 entre el Conacyt y Baja California Sur, el Fomix no había apoyado proyecto alguno al 31 de diciembre de 2007. En cinco años no se destinó a fomentar y canalizar apoyos a la investigación científica y desarrollo tecnológicos en esa entidad, pues no se emitió convocatoria alguna.

También, al fondo mixto con Tabasco el órgano descentralizado dio 15 millones de pesos, sin que la entidad aportara los recursos convenidos. La razón, explicó el gobierno estatal, fue que, debido a las catástrofes naturales sufridas en noviembre de ese año, había otras prioridades.

Otros estados reportaron retraso en el depósito de los recursos. Tal fue el caso de los gobiernos de Zacatecas, Nuevo León y Yucatán, con demoras de hasta 56 días. Las políticas de operación de los Fomix establecen que el Conacyt realizará sus contribuciones una vez que las entidades hagan sus depósitos.

Fondos sectoriales 2007

Secretaría o dependencia	Saldo (pesos)
Aeropuertos y Servicios Auxiliares	20 millones 31 mil 800
Comisión Federal de Electricidad	186 millones 34 mil 200
Comisión Nacional de Agua	75 millones 187 mil 800
Comisión Nacional Forestal	69 millones 731 mil 800
Comisión Nacional de Vivienda	43 millones 993 mil 900
Instituto Nacional de las Mujeres	1 millón 862 mil 600
Secretaría de Economía	564 millones 877 mil 300
Sagarpa	306 millones 789 mil 700
Secretaría de Salud	370 millones 293 mil 100
Secretaría de Desarrollo Social	56 millones 459 mil 500
Secretaría de Marina	84 millones 891 mil 700
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales	140 millones 996 mil 300
Secretaría de Educación Pública	940 millones 604 mil 700
Secretaría de Relaciones Exteriores	28 millones 532 mil
Secretaría de Gobernación	9 millones 459 mil 500
Total	2 mil 899 millones 745 mil 900

Fuente: Informe del resultado de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública 2007

Fondos mixtos 2007

Estado o municipio	Saldo (pesos)
Guanajuato	81 millones 840 mil 600
Hidalgo	81 millones 668 mil 500
Tamaulipas	76 millones 21 mil 600
Zacatecas	69 millones 637 mil 200
Nuevo León	68 millones 78 mil 700
Chiapas	56 millones 172 mil 800
Veracruz	52 millones 573 mil 600
Tabasco	50 millones 892 mil 900
Michoacán	49 millones 366 mil 100
Estado de México	43 millones 481 mil 200
Coahuila	41 millones 536 mil 300
Sonora	36 millones 708 mil 600
Aguascalientes	36 millones 568 mil 500
Jalisco	34 millones 678 mil 600
Chihuahua	34 millones 602 mil 400
Morelos	32 millones 799 mil 700
Baja California	32 millones 367 mil 100
San Luis Potosí	30 millones 932 mil 900
Distrito Federal	30 millones 269 mil
Otros 14 estados o municipios	226 millones 53 mil 100
Total	1 mil 166 millones 239 mil 400

Fuente: Informe del resultado de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública 2007

Macroeconomía mexicana incumple en derechos humanos

Macroeconomía mexicana incumple en derechos humanos

El modelo neoliberal viola los derechos al trabajo, a un nivel adecuado de vida y a la educación. Con las políticas de gasto público, fiscal y de comercio internacional, el Estado incumple con su obligación de respetar garantías individuales. Es necesario repensar la economía desde una visión de derechos humanos: especialistas

Las políticas fiscal, de gasto, monetaria, comercial y de acceso al sistema de pensiones en México no reflejan las obligaciones de respeto, protección y garantía de los derechos humanos. El documento Repensando estrategias macroeconómicas desde una perspectiva de derechos humanos advierte que se deben revisar las políticas macroeconómicas dado el efecto que tienen para el bienestar de la gente.

El informe, realizado por los economistas y académicos Radhika Balakrishnan, Diane Elson y Raj Patel y publicado por Fundar, Centro de Análisis e Investigación, y el Marymount Manhattan Collage, enumera que los deberes del Estado en derechos humanos son: la realización creciente de derechos, el uso máximo de recursos disponibles, la no regresión (una vez alcanzado cierto nivel en el disfrute de derechos, debe mantenerse), la satisfacción de niveles mínimos de derechos económicos y sociales (umbral con el que los Estados deben cumplir), la igualdad y no discriminación, y la participación, transparencia y rendición de cuentas.

Sin embargo, Jorge Romero, director ejecutivo de Fundar, advierte que esos deberes se cumplen de manera deficiente en México: “En tanto en otros países se ejercen recursos destinados a promover una mayor garantía de derechos, los tres últimos gobiernos han sido incapaces de lograrlo”.

Aunque los gobiernos están obligados a conducir políticas monetarias y fiscales de manera que promuevan la realización progresiva y no regresiva del derecho al trabajo y a un nivel adecuado de vida, en México, con la crisis de la deuda de 1982 surgió un nuevo modelo económico que se centró en la reducción del rol del Estado en la economía: la liberalización del comercio internacional y las finanzas, la flexibilidad del mercado laboral, y la inflación como principal directriz de las políticas monetarias. Estos cambios redujeron el margen de acción del gobierno mexicano para aplicar políticas orientadas a garantizar los derechos económicos y sociales.

Así en las mujeres recae mayor responsabilidad del trabajo no remunerado. La ausencia de trabajos dignos podría significar desocupación forzada para hombres y exceso de trabajo para mujeres. Un gran número de personas en busca de empleo termina en el sector informal de la microempresa, caracterizado por bajos ingresos.

De este modo, en la crisis económica de 1995 la proporción de trabajadores urbanos en este sector alcanzó el 44 por ciento. De 2000 a la fecha, la recuperación del Producto Interno Bruto no se ha visto acompañada por una reducción del empleo en el sector informal, “lo que pone de relieve el fracaso de la política para crear suficientes puestos de trabajo en el sector formal, destinados a las personas en busca de empleo”.

Y es que entre 2000 y 2007 el crecimiento del empleo sólo alcanzó un 14.8 por ciento. Además, aumentó la contratación temporal o verbal en relación con el número de puestos con contrato: “La tendencia hacia el empleo cada vez más precario en el último decenio permite concluir que el diseño del presente de las políticas fiscal y monetaria impide la realización progresiva del derecho al trabajo”.

En los últimos 30 años ha habido un desplome en el poder adquisitivo del salario mínimo: a partir de 1996 se estabilizó en un nivel muy bajo, en comparación con 1980. Y pese a las estrategias delineadas por el Banco Mundial para aumentar el bienestar de la población mediante medidas que estimularan la productividad y la demanda de trabajadores, estas políticas no han derivado en un nivel de vida adecuado.

El reporte subraya que una política que no está impulsada hacia el pleno empleo y trabajo digno discriminará en la práctica a las personas de minorías raciales, mujeres y comunidades indígenas: “Estos grupos tienden a ser los últimos en ser empleados en un repunte económico y los primeros en quedar desempleados en una recaída económica, a pesar de la presencia de legislación antidiscriminatoria y de igualdad de oportunidades”.

Aunque reconoce que ha habido avances en rendición de cuentas, la participación y transparencia, no deja de señalar que mientras la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental estipula que el gobierno debe publicar información sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda, al mismo tiempo, restringe el acceso a cualquier información que pueda dar la estabilidad económica, financiera y monetaria del país.

No obstante que la Ley de Transparencia es válida para el Banco de México, la carta de autonomía significa que no está sujeto a las resoluciones que emite el Instituto Federal de Acceso a la Información. Además, no existe una entidad imparcial e independiente que resuelva las peticiones de acceso a la información en última instancia.

Contenido en el pacto Internacional para los Derechos Económicos y Sociales, el derecho a seguridad social pretende cubrir al universo total de trabajadores; sin embargo, en México sólo los trabajadores con empleo formal pueden gozar de ese beneficio. Los adultos mayores únicamente están protegidos mediante un apoyo de 500 pesos, dirigido a comunidades de hasta 20 mil habitantes.

Aclara que este beneficio no se compara con la prestación de una pensión: la cantidad de dinero que reciben es una tercera parte de una pensión mínima; a los apoyos sólo pueden acceder las personas con 70 años cumplidos y deben probar que residen en zonas rurales. “Este programa fue realizado debido al fracaso de la regulación para garantizar los derechos económicos y sociales de los adultos mayores en México, al mismo tiempo que sigue siendo una solución ad hoc a un problema sistémico y crónico”.

Puesto que la tributación es vital para garantizar los derechos humanos, se le juzga en términos de su conducción más que de su resultado. En ese sentido, al observar hasta qué punto cumple con la obligación del uso máximo de recursos, el informe anota que entre 2000 y 2004 el ingreso tributario se desplomó al pasar de casi 30 a 25 por ciento: “La tributación no se ha utilizado eficazmente para movilizar el máximo de recursos disponibles y ha habido una regresión en el monto o a lo largo del tiempo”.

Igual que con el gasto público, en México la recaudación fiscal es discriminatoria: proporciona beneficios fiscales distintos y más favorables a ricos que a pobres, a hombres que a mujeres y a empresas más que a individuos.

La incidencia del Impuesto al Valor Agregado (IVA) respecto del ingreso familiar tiene una relación inversa con los niveles de ingreso, es decir que los hogares en los grupos con ingresos bajos pagan mayor cantidad en IVA. El reporte dice que no es de sorprender que la totalidad de IVA que pagan los grupos con menores ingresos sea menor que la cantidad que pagan los ricos, debido al menor nivel en gasto de consumo de los hogares pobres.

Modelo neoliberal contra derechos humanos

Radhika Balakrishnan, profesora de economía y estudio internacional del Marymount Manhattan College, en su informe ¿Por qué EME y derechos humanos? Integración de estrategias macro económicas (EME) con derechos humanos, publicado en 2005, expone que las fuerzas del mercado no han sido garantes del desarrollo nacional: “Son entendidas como un medio para avanzar en la eficiencia, pero se admite que no se conciben como un medio para alcanzar la equidad y la justicia”.

Mientras, las políticas económicas –abunda la autora– fuerzan al Estado a reducir su capacidad de cumplimiento con sus responsabilidades sociales y debilitan su capacidad de defender los derechos humanos. Sugiere que el papel del Estado sea reconceptualizado, trabajando en el desarrollo de políticas económicas alternativas que protejan los derechos humanos por encima de los derechos del capital.

En entrevista, el director ejecutivo de Fundar, Jorge Romero, advierte que el neoliberalismo y los derechos humanos seguirán siendo irreconciliables, a menos que se replantee lo que se entiende por modelo económico. Explica esta separación porque las políticas neoliberales eximen de sus obligaciones al Estado y permiten que sólo se responsabilice de un marco regulatorio mínimo que le permita al mercado facilitar el desarrollo.

“Sí son sus obligaciones –refuta el investigador– y existen las herramientas para apegarse a esos deberes, garantizar el ejercicio eficiente de recursos, la información oportuna, transparente y participativa, y recaudar mayores recursos sin distorsionar la economía en la promoción del cumplimiento de derechos”.

En México, observa, la política económica pone en último lugar la ejecución progresiva de derechos, pues “privilegia el pago de la deuda pública por encima de la creación de bienes y servicios para la ciudadanía”; no hay información detallada y puntual en política monetaria y presupuestaria, y la política fiscal carece de un esfuerzo consciente, congruente e institucional en la recaudación de impuestos. Todo ello, advierte, son violaciones a principios constitucionales e internacionales.

Para Romero, el factor que le impide al gobierno mexicano adecuarse a las exigencias de los derechos humanos es la voluntad política. Donde la hay, opina, no hay capacidad para transformar la asignación presupuestaria y crear programas más responsivos ni mecanismos de control que garanticen su ejercicio.

El maestro en ciencia política por la New School for Social Research en Nueva York sostiene que los derechos humanos son la aspiración del ciudadano para realizarse plenamente. Señala que si algo ha enseñado la crisis económica es que el modelo económico que indultaba al Estado no sirve. Responsabilizarlo, advierte, es recordarle que los derechos emanan de los ciudadanos y que son su obligación. Manifiesta que se trata de exigir los derechos como derechos, no como dádivas: “Ello deposita la autoridad en la ciudadanía y a eso aspira la democracia”.

TLCAN no garantiza derechos

Radhika Balakrishnan advierte en su reporte que la política de comercio internacional que lleve a un decrecimiento de recursos nacionales y servicios públicos que el Estado puede proveer está en conflicto con normas de derechos humanos como la autodeterminación, no discriminación, la realización progresiva y no retroceso: “El imperante sistema de libre mercado que crea ganadores y perdedores socava la solidaridad social y limita las posibilidades para la redistribución de recursos”.

La disminución del Estado en los acuerdos internacionales es un factor que contribuye a esa inequidad, apunta. Ejemplo de ello es la seguridad alimentaria, que depende de importaciones o de recibir ayuda. Argumenta que los países ricos niegan a los pobres la habilidad de emplear los mismos mecanismos de protección que con éxito apuntalaron su propio de desarrollo.

Resulta irónico, califica Balakrishnan, que en las fases iniciales de su desarrollo nacional Estados Unidos y Europa prosperaron a través del subsidio de su sector agrícola, cuando estas regiones actualmente presionan a los 12 países más pobres a desmantelar sus políticas agrícolas proteccionistas a favor del libre comercio.

Además de la reducción drástica en el gasto social, disminuye el papel del Estado en la provisión de necesidades básicas como salud y educación: “Esto ha debilitado su capacidad para cumplir con sus obligaciones y los ha vuelto, de manera simultánea, más militaristas y represivos”.

Ejemplo de ello es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que fortaleció la posición de las corporaciones y debilitó el empleo. Tanto en Estados Unidos como en México, los perdedores fueron los más pobres. El estudio Repensando estrategias macroeconómicas desde una perspectiva de derechos humanos sostiene que el diseño asimétrico del acuerdo comercial y la no compensación a los perjudicados ocasionaron que los gobiernos de Estados Unidos y México incumplieran con sus obligaciones de impulsar los derechos económicos y sociales.

La negociación del pacto entre Estados Unidos, Canadá y México no incluyó disposiciones para proteger los derechos laborales. Esas disposiciones se introdujeron posteriormente mediante el Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte (ACLAN); no obstante, una de sus debilidades estructurales es la ausencia de una instancia supervisora independiente. En su lugar, su base está constituida por débiles mecanismos bilaterales o trilaterales.

“La debilidad del ACLAN –dice el reporte– contrasta con la robustez de un acuerdo paralelo sobre derechos de propiedad intelectual, que da mucha mayor protección a los derechos de las empresas en comparación con la que otorga a los derechos laborales”.

La investigación reconoce que fue muy difícil aislar la creación o pérdida de empleo a causa de un acuerdo comercial específico. Antes de la firma del TLCAN en 1990, el 35 por ciento de la población mexicana dependía de la agricultura como su principal fuente de ingresos, y gozaba de subsidios al agua y a otros insumos para la producción de maíz. Además, los precios a los que vendía eran el doble del precio mundial.

Puesto que los productores estadunidenses producían maíz a casi la mitad del precio, se esperaba que el TLCAN alentara a los maiceros mexicanos a cambiar sus cultivos por los de fruta y verduras. Sin embargo, el acceso limitado a la irrigación, a créditos y a los mercados de exportación y el poco conocimiento en ese tipo de producción orillaron a más de 1 millón 300 mil campesinos a abandonar sus tierras.

El TLCAN llevó a la destrucción de 28 mil pequeñas y medianas empresas mediante las reglas de inversión y del sector servicios que garantizaron el acceso a megavendedores; a la caída de los salarios industriales en 10 por ciento; a la disminución en el poder adquisitivo; al crecimiento, del 50 por ciento, de la pobreza en mujeres, y al aumento de la migración.

La Relatoría Especial sobre el Derecho a la Alimentación de la Organización de Naciones Unidas define a éste como el derecho a tener acceso, de manera regular, permanente y libre a una alimentación cuantitativa y cualitativamente adecuada y suficiente, que corresponda a las tradiciones culturales de la población a la que pertenece el consumidor y que garantice a una vida síquica, física, individual y colectiva libre de angustias, satisfactoria y digna.

Aunque el acceso a alimentos nutritivos, advierte el estudio, no debe empeorar a causa de la apertura comercial, al introducirse el TLCAN los precios para algunos alimentos básicos se elevaron desproporcionadamente (el costo de la tortilla creció 50 por ciento), en tanto los productos procesados y la comida chatarra se abarataron. La reducción de precios, señala, ha beneficiado más a las personas de ingresos altos.

“Este tipo de libre comercio trajo bienes dañinos para el medio ambiente o no sustentables, inseguros para la salud personal y que promueven la dependencia económica o cultural que van en detrimento de la cultura local y de los pequeños productores locales”.

El informe Repensando estrategias macroeconómicas desde una perspectiva de derechos humanos observa que en los dos últimos decenios han aumentado los productos que no son accesibles para las personas de menor ingreso, mientras que los de mayor ingreso se ven beneficiados con la disminución de costos.

“La reciente crisis alimentaria también ha dejado ver que depender de las importaciones –concluye– coloca a los países en una posición vulnerable. El problema es que podría incrementarse la dependencia de los mercados mundiales y socavar la capacidad de los Estados para garantizar y cumplir con sus obligaciones”.

Derechos Humanos

Derecho al trabajo

Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo

Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual

Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social

Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses

Derecho a descansar y al disfrute del tiempo libre

Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas

Derecho a un nivel de vida adecuado

Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, su salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez, u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias ajenas a su voluntad

La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social

Derecho a la educación

Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos

La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz

Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos

Fuente: Declaración Universal de Derechos Humanos

Directrices para que los gobiernos cumplan sus obligaciones en derechos económicos y sociales

Realización progresiva de los derechos humanos

Uso máximo de recursos disponibles

No regresión (una vez alcanzado un cierto nivel en el disfrute de derechos, debe mantenerse)

Satisfacción de niveles mínimos de derechos económicos y sociales (umbral con el que los Estados deben cumplir)

Igualdad y no discriminación

Participación, transparencia y rendición de cuentas

Fuente: Repensando estrategias macroeconómicas desde una perspectiva de derechos humanos

Ricardo Rocha 3 de Agosto de 2009 Detrás de la noticia

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