Desfiladero
Y encima Calderón pide aumento de sueldo
Jaime Avilés
Mientras propone la desaparición de tres secretarías de Estado, el despido de miles de pequeños servidores públicos y un aumento generalizado de impuestos, incluyendo el que los pobres deberán cubrir para salir de la pobreza (?), Felipe Calderón pide, sin rubor alguno, que el Congreso le suba el sueldo. ¿Por qué? ¿En premio a qué? Y sobre todo, ¿para qué, si vive a costa del pueblo? No paga renta, luz, gas, gasolina, comida, lavandería, tintorería; no desembolsa un peso por la ropa y los zapatos que usan tanto él como su esposa e hijos; no le cuesta un centavo viajar, no gasta en médicos ni en medicinas: todo, absolutamente todo, lo obtiene gratis.
En rigor, ni siquiera debería cobrar un salario, ya que no lo necesita para subsistir cotidianamente pero tampoco para ahorrar pensando en el futuro: cuando salga de Los Pinos recibirá, hasta que muera, una pensión mensual de 5 millones de pesos, como la que disfrutan Fox, Zedillo, Salinas, De la Madrid y Echeverría. No obstante, según el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para 2010, Calderón ganará 277 mil 68 pesos con 25 centavos mensuales, menos impuestos, en tanto Marcelo Ebrard, jefe del gobierno capitalino, seguirá percibiendo un salario de 70 mil al mes, gracias a las normas de austeridad que impuso Andrés Manuel López Obrador en su sexenio.
¿Qué entiende Calderón por austeridad? Ya lo sabemos: que los pobres usen menos agua y menos luz, mientras los recursos de la Oficina de la Presidencia crecerán de 73 millones de pesos que ejerció en 2009 a 145 millones en 2010; su secretario particular dispondrá de 5 millones 600 mil pesos más y los estudios productores de espots, que a diario nos explican los éxitos y las hazañas del hombrecito de Los Pinos, obtendrán un incremento de 7 millones 256 mil pesos para seguir atosigándonos con mentiras.
¿Austeridad? Los recursos destinados a la Suprema Corte, el Consejo de la Judicatura Federal, las dos cámaras del Congreso, el Instituto Federal Electoral y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se incrementarán de 55 mil a 60 mil 520 millones de pesos en 2010, y la mayor parte de ese dinero servirá para mejorar los sueldos de los altos burócratas. El secretario general de la Cámara de Diputados cobrará 369 mil pesos mensuales; los consejeros del IFE, 326 mil; el secretario general de acuerdos de la Corte, 307 mil, y el secretario ejecutivo del IFE, 277 mil 447 pesos, o sea, 300 pesos y pico más que Calderón.
El proyecto de presupuesto de egresos no menciona los salarios de los ministros de la Suprema ni de los magistrados del tribunal electoral, porque éstos se los fijarán ellos mismos cuando diseñen su manual de percepciones, prestaciones y beneficios para 2010, tarea que en principio le corresponderá a los presidentes de ambas instituciones, Guillermo Ortiz Mayagoitia y María del Carmen (Maca) Alanís Figueroa.
En un gesto insólito, como si hubieran leído con detenimiento el Desfiladero de hace dos sábados, los ministros de la Corte decidieron que en 2010 cobrarán exclusivamente sus salarios y percepciones ordinarias previstas en la ley y, de acuerdo con la nota de Jesús Aranda que La Jornada publicó el pasado miércoles, dejarán de recibir los tres bonos trimestrales. La noticia, hay que subrayarlo, no fue destacada por los medios afines al régimen, tal vez por eso no llegó a oídos de Maca Alanís, la titular del TEPJF, que de algún modo habría lavado un poquito la mala fama de prevaricadora que la persigue, si ella y sus magistrados hubiesen emulado a sus colegas cortesanos.
Pero no. Maca ni siquiera reprendió al magistrado Salvador Olimpo Nava Gomar, quien en carta dirigida a un semanario político del Distrito Federal se ufanó de los 340 mil pesos que cobra al mes, al afirmar que su sueldo y prestaciones corresponden a su investidura y a su trabajo especializado, al que se dedica con imparcialidad y ética (sic), como lo demostró en 2007 al influir para que el tribunal diera por buena la candidatura de Jorge Hank Rhon al gobierno de Baja California, después de que el rey de los juegos de apuesta en México lo invitara a su mansión de Tijuana y lo agasajara en secreto con jamón de tigre, como informó el reportero Álvaro Delgado, a quien Nava Gomar amenazó directamente con estas palabras:
...no puedo pasar por alto esta nueva embestida. Después se quejan de las agresiones a periodistas. Si el ataque a las instituciones no fueran los pilares de su trabajo no habría ese problema. No dejaré pasar una más. Haré lo que sea necesario para asegurarme de que ello sea así (Proceso, 30 de agosto de 2009). ¿Esta es la concepción del periodismo que tiene un juez electoral, cuya materia prima de trabajo es la democracia? ¿Así que el ejercicio de la crítica equivale al ataque a las instituciones? ¿Él es una institución en sí mismo? ¿Qué hará para asegurarse de que Álvaro Delgado, o yo, o cualquier otro reportero no dé a conocer sus acciones sospechosas de corrupción y latrocinio?
¿Y por qué no ha dicho nada al respecto Maricarmen Alanís? ¿Porque comparte la doctrina fascista de Olimpo? ¿O porque está trabajando junto a él, a marchas forzadas, para revertir las sentencias del Tribunal Electoral del Distrito Federal que anularon los supuestos triunfos del PAN en las delegaciones de Cuajimalpa y Miguel Hidalgo? ¿Alguien quiere apostar a que antes o después del primero de octubre el TEPJF reconfirmará las victorias de Carlos Orvañanos y Demetrio Sodi en esas demarcaciones? Es carambola cantada: Maca no va a renunciar a sus bonos, y ahora a la mejor ya ni siquiera querrá irse a la Corte, donde cobraría menos de lo que hoy gana.
La supresión de tres secretarías, el despido de miles de empleados públicos y el paquete de impuestos que reducirá aún más el consumo, achicará más el mercado interno y por lo tanto agudizará la recesión y multiplicará la violencia, persigue un objetivo central: elevar los privilegios de la alta burocracia para que ésta se mantenga leal a Calderón. Como éste no tiene autoridad moral para exigirle ni siquiera un modesto sacrificio a sus empleados –ya vimos que con la aplicación de la Ley de Salarios Máximos el país ahorraría 200 mil millones de pesos por lo menos y todos los altos cargos seguirían cobrando sueldazos–, se ensaña con el pueblo, escudándose en una justificación ridícula: gracias a estas medidas, cada pobre recibirá una ayuda de siete pesos diarios.
La semana pasada, el periodista Pulitzer Gómez, de la televisión de Monterrey, hizo una encuesta callejera: preguntó a 30 hombres de diversas edades si ya se habían hecho el papanicolau. Uno respondió que sí y que había salido negativo por suerte, la mayoría que no, pero que pensaban hacérselo pronto. Y sólo dos se dieron cuenta de la broma. Este es el verdadero grado de educación que han logrado darle al país el neoliberalismo, Elba Esther Gordillo y Televisa. La prioridad del presupuesto calderónico debería ser la enseñanza, la investigación científica y la creación de empleos temporales para reactivar la economía. Sin embargo, vuelven a pedir que traguemos medicinas amargas pero necesarias, sin tomar en cuenta que desde que vivimos hace 27 años con el cinturón apretado nos hemos convertido en el país con más personas obesas del mundo: estamos gordos de hambre, inflados de carbohidratos.
Nada podemos esperar de quienes pretenden cobrar impuestos a los pobres para combatir la pobreza. Son los mismos que quieren de procurador general de justicia a quien toleró en Chihuahua los incontables asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez. En realidad, en el fondo de todo, lo que verdaderamente persiguen es destruir a Pemex y entregar los yacimientos a quienes los llevaron al poder haiga sido como haiga sido. Ya que Reyes Heroles no pudo con la tarea, ahora lo intentará Francisco Gil Díaz, es decir, Salinas de Gortari, a través de Suárez Coppel. No, no es el momento de apretarnos el cinturón sino de fajarnos los calzones.
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