Rebatiña por la onerosa CNDH
JENARO VILLAMIL
Dispendio, burocratismo y corrupción son parte de la herencia que deja José Luis Soberanes luego de una década al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Para la designación de quien lo sucederá, en el Senado se libra una lucha sorda. Por lo pronto, la presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos de este cuerpo legislativo, Rosario Ibarra de Piedra, asegura que dará la pelea para impedir que se imponga el continuismo en esa comisión.
Ante el relevo del ombudsman nacional José Luis Soberanes luego de 10 años de gestión, en el Senado se desató una intensa disputa para designar al nuevo titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), proceso que culminará en noviembre próximo.
En contrapartida, informes de una auditoría interna revelan gastos onerosos dentro de ese organismo, cuyo presupuesto para 2009 fue de 912 millones de pesos –el mayor destinado a una institución de ese tipo en el mundo–, de los cuales la mayor parte no se destinó a sus actividades sustantivas.
Por ejemplo, 71.5% de ese monto se canalizó al pago de personal; 92 millones de pesos se emplearon para la compra y remodelación de edificios y 49 millones de pesos se usaron para la adquisición de terrenos.
Entre 2003 y 2007, 11 millones 127 mil pesos en “gastos de asesoría” en materia de administración fueron pagados a empresas como Aregional, creada por el senador Manlio Fabio Beltrones (Proceso 1475). De 2004 a 2009 se liquidaron 5 millones de pesos al despacho Vázquez Nava y Asociados, creado por la excontralora en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, María Elena Vázquez Nava.
En el bienio 2003-2004, la comisión firmó con Aregional convenios por 1 millón 20 mil pesos (contrato 80), una ampliación de 170 mil pesos (contrato 5), otra por 1 millón 875 mil pesos (contrato 76) y una más por 312 mil 500 pesos (contrato 27).
Sin embargo, esas cifras se incrementaron a raíz de la designación en 2005 de Pablo Escudero Morales, yerno del senador Beltrones y actual diputado federal del Partido Verde, como Oficial Mayor de la CNDH.
Ese mismo año, el funcionario firmó con Ricardo Carrillo Arronte, director actual de Aregional, el contrato 071 por 2 millones 70 mil pesos; en 2006, el contrato 03 por 2 millones 880 mil pesos, y en 2007, el contrato 025 por 2 millones 592 mil pesos. Hasta ahora no se conocen los resultados de la “evaluación administrativa” por la que se le pagó a esa consultora.
Durante la gestión de Soberanes, los recursos para demoliciones, mantenimiento y remodelación de los inmuebles crecieron de manera significativa. En 2003 se destinaron a este rubro un total de 7 millones 319 mil pesos. A Grupo Constructor Cosmos por adjudicación directa se le otorgó un contrato por 5 millones 211 mil pesos.
Para 2007, los recursos para este renglón fueron de 21 millones 874 millones de pesos; de éstos, 12 millones se pagaron a GPE Grupo Constructor por “la supervisión de los trabajos de construcción de un centro de cómputo y telecomunicaciones” para la comisión. Al año siguiente se erogaron 5 millones 13 mil pesos para la edificación de otro centro de cómputo y telecomunicaciones, pero ahora la empresa beneficiada fue Grupo Constructor EJA, S.A. de C.V.
Un resumen del área contable de la CNDH, cuya copia obtuvo Proceso, revela que entre 2002 y 2009 se destinaron en total 57 millones 397 mil pesos a la compra y adaptación de bienes inmuebles.
En octubre de 2006, un comunicado oficial de la CNDH dio a conocer que ante el grave déficit de espacios para sus empleados, adquirió un inmueble de 5 mil 115 metros cuadrados ubicado en Bulevar Adolfo López Mateos número 1922. La operación fue por 92 millones de pesos. Como ese edificio no fue construido con el propósito de albergar oficinas, se gastaron cuantiosos recursos para adaptarlo.
Otros ejemplos del dispendio de la CNDH son los millonarios contratos para la edición de libros como Juárez, su obra y su tiempo, por la cual en el segundo trimestre de 2006 pagó 1 millón 527 mil pesos al Grupo Editorial Miguel Ángel Porrúa. También auspició, con la misma empresa, la publicación de las obras Liberales ilustres y Apuntes para el estudio de derecho constitucional, cuyos costos fueron de 1 millón 420 mil pesos y 1 millón 654 mil pesos, respectivamente. Incluso, la comisión destinó 100 mil pesos a la reimpresión del libro Las pasiones de Cuba, sin ninguna relación con la defensa de los derechos humanos.
Un caso documentado por la organización Fundar, dedicada a la transparencia y la información pública, reveló que, entre 2002 y 2005, al exdirector de la Facultad de Derecho de la UNAM, Máximo Carvajal Contreras, se le pagaron 1 millón 304 mil 347 pesos para que realizara una investigación sobre la banda centroamericana conocida como Mara Salvatrucha. El encargo fue suspendido después de tres años, pero Carvajal cobró más de 700 mil pesos por un trabajo que no concluyó. En enero de 2005, sin tener experiencia en el área de derechos humanos, Carvajal fue nombrado cuarto visitador de la CNDH.
Entre los organismos académicos más beneficiados por la comisión al otorgarles contratos para elaborar tratados y talleres se encuentra el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, de donde salió el propio Soberanes. En el primer trimestre de 2003 se le pagaron 650 mil pesos para elaborar “un tratado de derechos humanos”, y 280 mil pesos para impartir el taller Tendencias de los Derechos Humanos. En 2004, la CNDH le pagó 1 millón 985 mil pesos por el estudio Los derechos humanos en México, análisis y evaluación.
En viajes, la comisión no reparó en gastos. En 2004 firmó un contrato anual por 9 millones 565 mil pesos con la agencia Yeshua. Un año después, la cifra había crecido a 17 millones 391 mil pesos. En el primer trimestre de 2008, la CNDH “ahorró” y pagó directamente a Aeroméxico, por expedición de boletos para todo el año, 20 millones 500 mil pesos.
La batalla de Rosario
La legisladora del Partido del Trabajo Rosario Ibarra de Piedra, que preside la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores, señala que la CNDH es un organismo “que dilapida, que tiene un negocio redondo para mucha gente que ni siquiera es de la comisión. No se vale”.
En entrevistada con Proceso efectuada el miércoles 9, la legisladora afirma que, a 18 años de su creación, en la CNDH no existe “ni un visitador ni una mísera sección de la comisión que busque a los desaparecidos. Y no hablo de los del pasado, sino de los de ahora”.
Ibarra libra una batalla dentro del Senado contra la intención de la Junta de Coordinación Política de colocar otras dos comisiones dictaminadoras (Estudios Legislativos y Justicia) en el proceso para seleccionar al próximo presidente de la CNDH. La luchadora social advierte que pugnará para que en la CNDH no vaya a darse el continuismo por parte del grupo encabezado por Soberanes.
“Me opongo tajantemente a que me quieran poner otras dos comisiones, porque ni en la Constitución ni en el reglamento de la CNDH está escrito que dictaminen más de dos comisiones. La de Estudios Legislativos me la quiso imponer Manlio Fabio, y la otra, la Comisión de Justicia, es la que pidieron los panistas.
“A Soberanes lo nombró la Comisión de Derechos Humanos del Senado y lo ratificó esa misma comisión. Entonces, por qué a mí me quieren colocar candados como si fuera yo una delincuente”, precisa la senadora.
–¿Por qué la insistencia en imponerle otras dos comisiones? –se le pregunta.
–Porque me quieren tener agarrada, pero yo no me dejé. Por eso dije: ‘esto es ilegal e inconstitucional’.
El miércoles 2, Rosario Ibarra publicó un desplegado en la prensa con el título ¿Qué hay detrás de la sucesión en la CNDH? En el texto, la defensora de los desaparecidos políticos sugiere que puede existir un proceso con “dados cargados” hacia un “arreglo político externo” y advierte que si se viola la legalidad en la designación del sucesor de Soberanes “con justa razón cualquier candidato, precandidato o candidato perdedor podría impugnar un proceso que estaría viciado de origen”.
Ese desplegado generó una airada rea cción en el seno de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), la instancia donde se procesan los acuerdos políticos en el Senado, integrada por los coordinadores de las bancadas.
Una semana después, el jueves 10, tras un intenso debate en el pleno se modificó el acuerdo original que le otorgaba a la Jucopo la aprobación de la convocatoria para el relevo en la CNDH, a más tardar el próximo lunes 28. Ahora las tres comisiones someterán al pleno la terna de candidatos, pero el dictamen final quedará a cargo de la comisión presidida por Ibarra.
–¿Qué intereses están en juego en torno a la CNDH? –se le pregunta a la senadora.
–Yo quiero que sea realmente un proceso abierto, sin componendas, nada en lo oscurito, pero sospecho que mucha de la gente que me quiere vigilar tiene en mente algunos personajes para la terna que se presentará en el Senado.
“Ellos tienen todas las oportunidades del mundo para proponer a quien quieran, pero la comisión que presido puede vetar. Así que si yo veo continuismo, irregularidades, complicidades de alguna especie, así como falta de vocación, de mística en el sucesor de Soberanes, pondré mi voto como un veto, aunque no tenga mayoría”, adelanta.
–¿Qué tanto pesa la herencia de Soberanes en este proceso?
–Yo creo que tiene a su candidato y que a todo trance lo quiere imponer. Por eso saqué un desplegado que dice ¿Qué hay detrás de la sucesión en la CNDH? Pusieron el grito en el cielo porque me dijeron que eso no se hacía. Yo les contesté: “Le mandé una carta a cada uno de los integrantes de la Junta de Coordinación Política y ninguno me peló. Ni siquiera me enviaron un mensaje, un recadito, un guiño, nada”. Por eso lo publiqué, para que lo vean.
–¿No teme que esta sucesión ya se haya negociado y usted sea incómoda?
–Pueden hacer muchas negociaciones. A mí me han dicho que no sé negociar. Un senador del PRD, cuyo nombre no diré, me advirtió al principio de la Legislatura: “Doña Rosario, usted no sabe negociar, déjeme a mí la comisión”. Y le respondí: “chiquito, no sabré negociar, pero sí sé pelear”. Por lo pronto, si los razonamientos que uno tiene te los golpean, no se vale. Hay que defenderse. Yo digo que hay que negociar en buenos términos, sin ventajas excesivas.
–¿Usted no tiene candidato?
–No tengo ninguno. No me pueden acusar de eso. Han venido a verme muchos. Por ejemplo, Patricia Olamendi y Mauricio Farah (quinto visitador de la CNDH). Luego vino Alfonso Durazo (excolaborador de Luis Donaldo Colosio y exsecretario privado de Vicente Fox). Sólo quiso platicar conmigo y explicarme lo que para él son los derechos humanos.
“Mi único interés es que la CNDH, aun con su origen nebuloso porque fue un engendro de Salinas de Gortari, funcione con todo lo que pueda ayudar al pueblo de México en contra de las arbitrariedades que se cometen.”
–Al parecer, la correlación de fuerzas no le es favorable. Su posición puede perder en una votación en el pleno. ¿Usted utilizaría su fuerza moral?
–Es lo único que tengo. Es lo que dije en la Junta de Coordinación Política. Yo nunca he sido rica, pero tampoco pobre. Tengo 34 años de vivir en la Ciudad de México en un departamento y pago renta; entonces, no tengo cola que me pisen, no soy corrupta, soy ecuánime en mis juicios, tengo la mejor voluntad del mundo para ayudar a la gente que sufre en este país. Entonces, exijo que en la CNDH hagan lo mismo, y si yo con sólo mis uñas he estado 34 años trabajando en esto, ¿por qué con todos los elementos y recursos que tiene la CNDH no lo hace?
–¿Quisiera que la CNDH tuviera una visitaduría de desaparecidos?
–Claro, y no sólo una visitaduría. Desearía que la CNDH contara con un departamento especial para este crimen de lesa humanidad que es la desaparición forzada. Ahora el mal gobierno quiere hablar de levantones, perpetrados por el crimen organizado.
“Para mí los levantones son desapariciones forzadas hechas por los cuerpos policiacos. Puede haber algunos que se los lleven los narcos, pero la metodología del crimen organizado es muy distinta a la de los cuerpos policiacos.”
Gigantismo
A 10 años de haber llegado a la CNDH, Soberanes deja una institución que creció más de 50% en su estructura y con salarios para los mandos superiores que se incrementaron hasta 80%.
Con mil 90 servidores públicos en su nómina, la CNDH es la más grande comparada con otros organismos similares de los países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Por ejemplo, la fiscalía general de Estados Unidos para esta materia tiene 300 empleados y la Comisión de Derechos Humanos de Canadá cuenta con 250. En Francia, el Mediador de la República tiene 300 empleados y la oficina del Defensor del Pueblo Nacional, de España, tiene sólo 35. En los países nórdicos de Noruega y Suecia, creadores de la figura del ombudsman, el personal encargado de la defensa de los derechos humanos es de 30 y 50 personas respectivamente.
En contraste, un análisis del Programa Atalaya, del ITAM, donde participan organismos como la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) y Fundar, revela que en 2008 la comisión trabajó 7 mil 546 expedientes, de los cuales concluyó 5 mil 926. En 3 mil 947, más de 60%, no encontró violaciones a los derechos humanos y en 3 mil 112 concluyó su labor con una “orientación al quejoso”.
Su condición autónoma le ha permitido a la CNDH realizar adquisiciones de bienes inmobiliarios de manera discrecional. El 90% de las inversiones en compras de casas, terrenos y edificios se realiza con la norma creada por la propia CNDH para tener avalúos.
A diferencia de otras instituciones públicas, la comisión no tiene que pedir el visto bueno del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin), entidad creada durante el gobierno foxista para evaluar la compra de bienes inmuebles.
Los 912 millones de pesos de presupuesto que la comisión ejerció durante 2009 no son fiscalizados por ningún contralor externo o autónomo. En el seno de la Comisión de Derechos Humanos del Senado están pendientes varias iniciativas impulsadas por la propia Rosario Ibarra, para designar un contralor autónomo, a semejanza de lo que ha ocurrido en el Instituto Federal Electoral, así como reformar el mecanismo para designar a los integrantes del Consejo Consultivo de la CNDH.
