domingo, 1 de noviembre de 2009

Publicidad oficial: 5 MMDP en premios y castigos





En 2008 el gobierno federal gastó más de 5 mil millones de pesos en publicidad. El 62 por ciento de estos recursos se destinó a televisión, radio y medios impresos. Los medios electrónicos se vieron favorecidos con 2 mil 731 millones de pesos. A pesar de los cuantiosos montos que se asignan a la publicidad gubernamental, no hay reglas claras para su distribución y asignación. Este manejo discrecional ha propiciado que la publicidad oficial se use como un mecanismo para controlar los medios, señalan especialistas




El gobierno federal gastó 5 mil 473 millones 476 mil 490 pesos en servicios de comunicación social y publicidad en 2008, lo que equivale a 1.4 veces el presupuesto que recibió la Universidad Autónoma Metropolitana el mismo año.


El 52.3 por ciento de ese monto fue erogado por las secretarías de Turismo y de Hacienda y Crédito Público (SHCP). La Secretaría de Turismo, cuya próxima extinción fue planteada como parte del plan de ahorro del gobierno federal, gastó en publicidad 1 mil 464 millones 248 mil 30 pesos, mientras que la entidad responsable de las finanzas públicas destinó a la promoción de sus programas 1 mil 401 millones 302 mil 780 pesos.


Pese a los millonarios montos que año tras año las dependencias del gobierno federal han gastado en publicidad, no existe una reglamentación que establezca mecanismos para su asignación en los medios de comunicación. Esta ausencia en la normatividad ha propiciado que la distribución de las pautas publicitarias sea un ejercicio discrecional de la autoridad, que puede maximizar o minimizar la recepción de publicidad con base en consideraciones generalmente de orden político, dice el doctor Ernesto Villanueva, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, donde coordina el área de derecho de la información.


“La publicidad oficial puede suponer por sí misma una fuente de poder que eventualmente podría utilizarse para satisfacer intereses ajenos al bien común. Esta posibilidad se incrementa cuando los criterios de asignación publicitaria son definidos en forma casuística y discrecional por las autoridades competentes”.







De acuerdo con información proporcionada por la Secretaría de Gobernación a través de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, los anuncios en televisión, radio, periódicos y revistas costaron al erario público 3 mil 373 millones 322 mil 540 pesos, que equivaldrían a la mitad de lo que el gobierno federal propuso para apoyos a pequeñas comunidades rurales el año pasado.


Preponderancia de medios electrónicos

Las televisoras y radiodifusoras fueron las principales destinatarias de la propaganda oficial. En conjunto, las dependencias federales destinaron 1 mil 752 millones 387 mil 30 pesos a anuncios en televisión y 978 millones 834 mil 640 pesos a publicidad en radio, lo que representó el 81 por ciento del total asignado a medios masivos de comunicación.


De las televisoras, la empresa Televisa fue la que más recursos recibió, sumando 917 millones 422 mil 130 pesos. El segundo lugar lo ocupó TV Azteca, con 558 millones 536 mil 920 pesos. Si se añadieran los 26 millones 390 mil 940 pesos que recibió Proyecto 40, la factura total de las empresas de Ricardo Salinas Pliego ascendería a 584 mil 927 millones 860 pesos. Es decir que a estas dos televisoras se les otorgó el 85.7 por ciento de las pautas publicitarias de televisión.


Las radiodifusoras que más facturaron fueron Grupo Radiofórmula/RAMSA con 120 millones 120 mil 510 pesos; Radiorama con 81 millones 595 mil 50 pesos; la cadena Grupo Radiocentro/OIR/Grupo Radioméxico con 74 millones 121 mil 30 pesos; Grupo Imagen con 58 millones 454 mil 980 pesos, y Radiomil Comunicaciones con 57 millones 484 mil 920 pesos. En suma, se trata del 40 por ciento del monto total que se asignó a 149 empresas de radiodifusión.


Los periódicos recibieron el 14 por ciento, equivalente a 478 millones 155 mil 950 pesos. Lo destinado a revistas sumó 163 millones 944 mil 920 pesos, apenas el 5 por ciento del presupuesto destinado a publicidad.


De acuerdo con las órdenes de inserción emitidas en 2008 por las secretarías de Gobernación (Segob), Salud (Ssa) y Hacienda, de las que Contralínea tiene copia, las tres dependencias gastaron en publicidad en medios impresos 75 millones 934 mil 213.37 pesos. Eso significa que de su presupuesto de 218 millones 94 mil 520 pesos, Segob gastó 5.8 por ciento en promocionarse en periódicos y revistas. De los 1 mil 401 millones 302 mil 780 pesos que Hacienda recibió, destinó apenas 2.3 por ciento a medios impresos, mientras que las inserciones en diarios y revistas significaron para la Secretaría de Salud una erogación del 9.2 por ciento de los 327 millones 191 mil 450 pesos que recibió del erario para publicitarse.


El periodista Don Podesta, consultor del Center for International Media Assistance (Centro Internacional de Ayuda a Medios), dice que en años recientes el uso de la publicidad oficial se ha convertido en una nueva vertiente del uso del dinero para controlar los medios de comunicación. Conocida como “censura indirecta o suave, se trata de una manera de influir sin tener directamente el control del medio”, pero que favorece con contratos publicitarios a los medios de comunicación que son condescendientes con el gobierno y se los niega a aquéllos que se expresan de forma crítica.


En 2003, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advertía de la incidencia de esta práctica, que no da lugar a investigaciones ni ha merecido la reprobación generalizada debido a que, con frecuencia, se trata de “obstrucciones oscuras, impuestas silenciosamente”.


Inequidad publicitaria

La relatoría señalaba que los gobiernos utilizan la propaganda pagada para incidir en el comportamiento social de los ciudadanos a través de la difusión de sus programas y campañas, por lo que el Estado debe usar los medios informativos que lleguen de manera más eficaz a los sectores que quiere impactar, independientemente de su contenido editorial.


Sin embargo, la falta de criterios claros para quienes son favorecidos o excluidos de tales beneficios genera un condicionamiento implícito de los medios, de acuerdo con el director de la Fundación Manuel Buendía y de la Revista Mexicana de Comunicación, Omar Raúl Martínez.


“Lo más preocupante radica ahora en que a los medios impresos en general se les reduce cada vez más la poca publicidad. Hoy día es un hecho que la mayor parte de las revistas ajenas a los grandes grupos mediáticos están siendo excluidas y arrinconadas en los planes de publicidad gubernamental. En otras palabras: muchas revistas políticas, culturales y especializadas, que no están supeditadas a los poderes fácticos, están siendo afectadas por esta falta de equidad publicitaria. Es el caso, por ejemplo, de la Revista Mexicana de Comunicación, que al igual que otras publicaciones especializadas, ciertamente no imprime tirajes masivos pero aporta contenidos para crear masa crítica”.


Las órdenes de inserción de las tres dependencias señaladas, muestran que de 2 mil 797 inserciones publicitarias, sólo una quinta parte (578) fue para revistas. Y que de los más de 75 millones de pesos que se gastaron en publicidad en medios impresos, las revistas recibieron poco más de 28 millones de pesos, equivalentes al 37 por ciento del total.


Fueron 137 las revistas que percibieron recursos por publicidad gubernamental, cuyos montos variaron de los 8 mil pesos a casi 1 millón y medio de pesos. Letras Libres, TV Notas, Ganar Salud y Tv y Novelas son las únicas cuatro publicaciones que facturaron más de 1 millón de pesos; en los cuatro casos, los mayores montos (superiores a los 500 mil pesos) provinieron de la SHCP.


TV Notas obtuvo de esa secretaría 777 mil 977.14 pesos por cinco anuncios; Tv y Novelas recibió 768 mil 706 pesos por siete inserciones; por anunciarse 10 ocasiones en Ganar Salud, la secretaría pagó 623 mil 300 pesos; y por hacerlo nueve veces en Letras Libres, erogó 569 mil 250 pesos.


La Segob entregó su mayor pago (326 mil 600 pesos) a Letras Libres. Sin embargo, no fue ésta la que tuvo más inserciones de la dependencia entre sus páginas, sino la revista Zócalo, con ocho. Letras Libres anunció a la Segob en cinco ocasiones, al igual que Día Siete, Vértigo, Tiempo Libre y Libro Vaquero.


En el caso de Ssa sí coincidió que la publicación con la mayor cantidad de inserciones fuera también la que más dinero recibió. Se trató de la revista ONG’s, a la que Ssa entregó 976 mil 925 pesos por 14 pautas.


El caso de los periódicos

En lo que respecta a los periódicos, de estas tres dependencias recibieron 47 millones 903 mil 89 pesos. Ocho grupos editoriales recibieron poco más de la mitad de estos recursos.


Ediciones del Norte, SA de CV, que edita los diarios El Norte, El Metro, Mural, AM, Metro, Reforma y el suplemento Primera Fila, facturó por propaganda de las tres entidades gubernamentales 5 millones 496 mil 625.3 pesos; la Organización Editorial Mexicana, SA de CV, que agrupa a la treintena de ediciones locales de la Compañía Periodística El Sol de México, así como al diario Esto, obtuvo pautas publicitarias por 3 millones 538 mil 584.7 pesos; El Universal Compañía Periodística Nacional, SA de CV, que imprime los rotativos El Universal y El Gráfico, recibió 3 millones 485 mil 210.9 pesos; mientras que el grupo Milenio Diario, SA de CV, facturó 3 millones 12 mil 114.5 pesos, incluyendo los 543 mil 468.9 pesos por publicidad en su revista Milenio Semanal.


Al periódico La Jornada y sus ediciones locales de Morelos, Michoacán, Puebla y San Luis Potosí se les pagaron 2 millones 563 mil 93.6 pesos por publicidad; Medios Masivos Mexicanos, SA de CV, que edita diarios locales de Aguascalientes, Chihuahua, Tabasco, Colima, Oaxaca, Querétaro, Sinaloa y Baja California, sumó 3 millones 244 mil 993.1 pesos por inserciones; mientras que los periódicos capitalinos El Economista y Excélsior obtuvieron 2 millones 51 mil 722.5 pesos y 2 millones 12 mil 770 pesos respectivamente.


De las tres dependencias referidas, la que más inserciones en periódicos pagó fue SHCP, al costear 1 mil 183 anuncios con poco más de 21 millones y medio de pesos. Segob pagó 8 millones 193 mil 580.72 pesos por 674 anuncios, mientras que Ssa gastó 18 millones 202 mil 315.48 pesos para promocionarse en 362 ocasiones.


Ni ley ni libertad

En su libro Publicidad oficial: transparencia y equidad, Villanueva argumenta que la falta de normatividad en la asignación publicitaria genera procesos de inequidad, toda vez que “la distribución equitativa de la publicidad oficial no sólo tiene incidencia en el principio de la libre competencia, sino también afecta el derecho a una información veraz y la igualdad de todos ante la ley”.


Valoraciones similares han sido hechas por organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la organización no gubernamental Freedom House. En el punto 13 de su Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión, la Comisión ha señalado que las presiones dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores, ya sean directas o indirectas, “son incompatibles con la libertad de expresión”.


Asimismo, menciona que los mecanismos cuyo propósito es “presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas (…) deben estar expresamente prohibidos por la ley”.


En su informe de 2008 sobre libertad de prensa en el mundo, Freedom House catalogó a México como un país “parcialmente libre”. Entre las razones que abona para situarlo como tal, se encuentra “la presión oficial, tanto estatal como federal, para controlar la publicidad”.


Villanueva, doctor en derecho y en comunicación, considera que los límites a la publicidad oficial deben establecerse en una normativa lo suficientemente clara, que establezca las pautas y criterios que debe seguir la autoridad para contratar y distribuir la publicidad del gobierno, para que ésta no sea discrecional, se evite la sospecha de favoritismos políticos e inhiba los actos de corrupción. También propone que el objetivo de las campañas publicitarias oficiales tiene que responder a necesidades concretas y reales de comunicación, y que la norma jurídica establezca la creación de un “órgano independiente honorífico” responsable del manejo de la publicidad.


Un intento por acabar con la discrecionalidad publicitaria fue emprendido en 2007 por los legisladores perredistas Carlos Sotelo García y Valentina Batres Guadarrama, quienes promovieron una iniciativa de ley para regular la publicidad del Estado. En ella se proponía la regulación publicitaria en todos los niveles de gobierno; considerar cobertura y características de la audiencia para la asignación porcentual de publicidad, establecida según el tipo de medios; fijar tarifas únicas aplicables a todos los medios y modalidades de contratación; y determinar sanciones a los servidores públicos responsables en caso de violación de estas normas. Pero la iniciativa quedó pendiente de dictamen.


Medios, “sin andaderas”

Si bien especialistas como Raúl Trejo Delarbre, Villanueva y Podesta coinciden en que el sostenimiento económico de los medios no debe fundamentarse en los recursos que recibe de la publicidad gubernamental, reconocen la enorme incidencia que esta práctica tiene actualmente en las finanzas de las empresas mediáticas. Villanueva acota que este tipo de publicidad funciona para “cumplir una necesidad comunicativa entre el Estado y la población, particularmente mediante la difusión de opiniones e informaciones por parte del Estado, para permitirle a la población dirigir su conducta hacia derroteros ciertos”.


En contraste, el doctor Trejo Delarbre, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales y presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, considera que ya es tiempo de plantear la cancelación absoluta de la propaganda del gobierno en cualquier medio de comunicación, pues argumenta que no hay motivos sociales reales que justifiquen que las instituciones públicas, incluidas las educativas y los organismos autónomos, “gasten dinero estatal para promocionar sus logros”.


No obstante, manifiesta que sí debe existir una política de respaldo a la prensa, pero que funcione a través de subsidios y no de inserciones publicitarias. “Hay que dejar que aprenda a andar por sí sola”.


Podesta, quien recientemente publicó el informe Soft Censorship: How Governments Around the Globe Use Money to Manipulate the Media (Censura suave: cómo los gobiernos del mundo usan el dinero para manipular a los medios), aborda una óptica distinta y asegura que es al ciudadano a quien se debe proteger, “pues los gobiernos no tienen mucho interés en cambiar la situación, porque pierden una manera de manipular, y en muchos casos los mismos medios están en contra de los cambios”.


La conclusión de Omar Raúl Martínez es que el Congreso debe atender este debate sobre publicidad oficial y medios de comunicación, pues “de seguir este soslayo hacia ellos por la carencia de transparencia y equidad en la asignación de recursos públicos, se estaría debilitando uno de los principales soportes y estímulos de nuestra incipiente democracia: la prensa crítica”.

Gasto en publicidad del gobierno federal en 2008





Dependencia



Monto (pesos)



Secretaria de Turismo



1,464,248.03



Secretaria de Hacienda y Credito Publico



1,401,302.78



Petroleos Mexicanos



407,143.73



Secretaria de Salud



327,191.45



Secretaria de Educacion Publica



299,499.23



Instituto Mexicano del Seguro Social



298,182.21



Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado



294,280.39



Secretaria de Gobernacion



218,094.52



Comision Federal de Electricidad



112,062.50



Secretaria de Comunicaciones y Transportes



95,029.07



Procuraduria General de la Republica



81,000.00



Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales



58,834.50



Secretaria de Economia



56,497.43



Secretaria del Trabajo y Prevision Social



55,420.40



Secretaria de Desarrollo Social



47,696.52



Secretaria de la Defensa Nacional



47,052.24



Luz y Fuerza del Centro



31,049.83



Secretaria de Seguridad Publica



30,588.04



Presidencia de la Republica



30,172.32



Secretaria de Agricultura, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacion



27,146.56



Instituto Nacional de las Mujeres



17,337.49



Instituto Federal de Acceso a la Informacion



15,993.19



Comision Nacional de Vivienda



10,725.40



Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia



10,607.79



Secretaria de la Funcion Publica



9,427.12



Secretaria de la Reforma Agraria



9,328.86



Comision Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indigenas



7,034.75



Secretaria de Relaciones Exteriores



6,359.99



Secretaria de Energia



2,770.73



Secretaria de Marina



1,399.42



TOTAL



5,473,476.49



Fuente: Secretaria de Gobernacion


Gasto en publicidad en medios impresos


Formato



Dependencia



Monto (pesos)



Periodico



Gobernacion



8,193,580.72





Hacienda



21,507,993.87





Salud



18,202,315.48



Gasto total Periodico





47,903,890.07



Revista



Gobernacion



4,598,999.88





Hacienda



11,214,345.43





Salud



12,216,977.99



Gasto total Revista



28,030,323.30



TOTAL





75,934,213.37



Fuentes: secretarias de Gobernacion, Hacienda y Salud



Fuente: Contralínea
Difusión: AMLOTV

Caso Mouriño: El avionazo criminal




Caso Mouriño: El avionazo criminal
P. DáVILA Y R. VERA

El miércoles 4, cuando se cumpla el primer aniversario del desplome del Learjet en el que murió el secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño, el presidente Felipe Calderón dará a conocer un dictamen sobre el caso para reiterar que la culpa fue de los pilotos y del controlador aéreo. Entrevistado por Proceso, el vocero y secretario de Trabajo del Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo (Sinacta), Ángel Iturbe, sostiene lo anterior y lamenta que se exculpe a los que llama "verdaderos responsables", pero sobre todo cuestiona el hecho de que el titular de la Dirección General de Aeronáutica Civil, Gilberto López Meyer, haya sido "juez y parte" en esta investigación que, insiste, no aporta nada.

Al cumplirse un año de la caída del Learjet 45, que ocasionó la muerte del secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño, será presentado el dictamen final sobre las causas del desplome de la aeronave y todo indica que las autoridades mexicanas insistirán en que el percance fue provocado por la impericia de los pilotos y del controlador aéreo que los dirigía hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Sin embargo, de acuerdo con el gremio de los controladores, en este documento las autoridades exonerarán a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y a Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam), pese a que ambas dependencias –de acuerdo con los peritajes– tuvieron responsabilidad en el siniestro, pues propiciaron las fallas en la capacitación de personal y en el deficiente sistema de tráfico aéreo.

Se prevé que el presidente Felipe Calderón dé a conocer el controvertido informe este miércoles 4 durante una ceremonia en la que inaugurará un monumento a los caídos, levantado a unos metros del cruce del Anillo Periférico y Paseo de la Reforma, donde se estrelló la aeronave.

Ángel Iturbe Estrop, vocero y secretario de Trabajo del Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo (Sinacta), exclama:

"¡No habrá nada nuevo! Ese dictamen ocultará la negligencia criminal en que incurrieron la DGAC y Seneam. Una negligencia que ya provocó estas muertes y que se sigue dando a todos los niveles de la administración aeronáutica".

Asegura que ni Gilberto López Meyer, quien era el encargado de la DGAC hasta poco antes del siniestro, ni Agustín Arellano, director de Seneam, asumirán sus culpas:

"No me imagino a López Meyer diciendo: 'Yo tuve la culpa por estar otorgando licencias a pilotos mal capacitados, por no supervisar al personal aéreo ni a sus centros de instrucción'. Tampoco me imagino a Arellano reconociendo que solapó muchas deficiencias en todo lo que respecta al tráfico aéreo. No reconocerán sus culpas en el dictamen. ¡Estoy completamente seguro!"

–¿Cómo llega usted a esas conclusiones?

–Porque me mantengo al tanto de los encuentros que se realizaron para elaborar el dictamen. En los últimos días, con ese propósito, López Meyer y Arellano se reunieron con funcionarios de la Presidencia de la República, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de la Secretaría de Gobernación. Tuvieron un año y no hicieron nada. Y ahora tratan de resolverlo a última hora.

"Lo grave del asunto es que López Meyer encabeza la investigación, aun cuando él fue uno de los principales responsables (del siniestro); es juez y parte. Desde el principio se vio que el dictamen sería parcial."

–¿Qué ha ocurrido en estos encuentros?

–Al parecer los participantes acordaron dejar limpias a las altas autoridades aeronáuticas y repartir las culpas entre otros. Resumiré el asunto de manera teatral, con un diálogo entre López Meyer y Arellano: aquel le dice a éste: "Agustín, nuestras cabezas están en peligro, necesitamos salvar el pellejo". Y éste le responde: "Sí, Gilberto, no nos queda otra opción, pongamos entonces como responsables a los pilotos y al controlador aéreo y asunto concluido". Y así fue, rompieron la cadena por el eslabón más frágil. Los pilotos ya están muertos, no pueden defenderse.

Este es un extracto del reportaje principal que se publica en la edición 1722 de la revista Proceso que empezó a circular el domingo 1 de noviembre.



Fuente: Proceso
Difusión AMLOTV

Corte Interamericana favorecería a los demandantes en el caso Radilla: Afadem

El Estado y la instancia internacional reconocieron el delito, indica Mata Montiel

Fuente: La Jornada de Guerrero
Difusión AMLO TV

CITLAL GILES SÁNCHEZ

Luego de tres meses de investigaciones hechas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) para enjuiciar por primera vez al Estado mexicano por el caso de desaparición forzada del guerrerense Rosendo Radilla Pacheco, será hasta finales de noviembre cuando emita el resolutivo final y se espera que sea en favor de los familiares del desparecido.

Consultado al respecto, el vocal ejecutivo de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem), Julio Mata Montiel, confió en que la sentencia que dicte la Corte será a favor, pues aseguró que no hay forma en que sea en contra.

“La CoIDH reconoce que hubo desaparición forzada; el Estado mexicano reconoce que hubo desaparición forzada, la situación es ver de qué manera al Estado se le plantea las medidas de no repetición y es ahí donde la Corte debe presionar al gobierno mexicano porque no hay leyes adecuadas y por eso se siguen cometiendo las desapariciones forzadas”, explicó.

El activista recordó que en 1999 impulsaron una ley contra las desapariciones forzadas que fue aceptada en la Cámara de Diputados, pero no pudo avanzar por “las fuerzas internas de grupo de poder y partidos políticos” que estuvieron en contra.

Abundó que otros aspectos importantes que la CoIDH debe tomar en cuenta, a unos días de que de la sentencia, es el amparo que interpuso el gobierno mexicano, ya que destacó, no existe amparo alguno contra este delito de lesa humanidad.

También se pide a la Corte que haga que el Estado reconozca que hay más de mil 300 desparecidos en todo el país, y que pida perdón a la población por lo que se ha hecho.

Mata Montiel recordó que Rosendo Radilla fue desparecido en 1974 en un retén militar y hasta la fecha no se sabe nada de él, ni tampoco se han encontrado sus restos, por lo que familiares y amigos del luchador social exigen la presentación con vida de Radilla Pacheco o bien les informen dónde está el su cuerpo, así como una reparación del daño.

Recursos del Procampo a familia del secretario de Agricultura





Francisco Javier Mayorga Castañeda, su hermana Luz Teresa y su padre Salvador Arturo Mayorga Cameros recibieron más de 14 millones de pesos del Procampo, asesorías y sueldos. El dinero público –supuestamente destinado a campesinos pobres– les fue entregado durante el sexenio foxista, cuando el ahora titular de la Sagarpa era funcionario de la misma. Ello, a pesar de que el artículo 6 de las Reglas de Operación de l a dependencia es contundente: “Bajo ningún concepto podrán ser beneficiarios de los programas los servidores públicos de la secretaría”; tampoco sus familiares hasta el cuarto grado. Mayorga, además, fue contratado por adjudicación directa como “asesor” en 2007 y 2008. Sus “servicios” costaron a Agricultura más de 1 millón 500 mil pesos


El secretario de Estado Francisco Javier Mayorga Castañeda es, además de servidor público, “agroempresario”, “asesor” y “campesino”. Bajo estas modalidades el actual titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) obtuvo beneficios del erario por 13 millones 923 mil 506 pesos, a partir de su ascenso a la cúpula de la administración pública federal en el sexenio de Vicente Fox Quesada.

Mayorga Castañeda, el mismo que está obligado a cumplir las Reglas de Operación de la Sagarpa y la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, permanece inscrito en el padrón de beneficiarios de los programas de Apoyos Directos al Campo (Procampo) y de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca). Además, ha obtenido contratos por adjudicación directa de la misma secretaría que encabeza.

Como director en jefe de Aserca –durante 2001 y 2002– percibió más de 175 mil pesos mensuales. Cuando ocupó por primera vez la titularidad de la Sagarpa –en 2005 y 2006– obtuvo un sueldo de 205 mil pesos al mes. En esa misma época el programa de combate a la pobreza en el sector rural le generó ingresos anuales por 30 mil pesos.

Situado entre los principales beneficiarios del Procampo en Jalisco –de donde es oriundo–, de 2000 a 2008 recibió en total 507 mil 573 pesos. De éstos, 290 mil 796 pesos le fueron dados en su dualidad de funcionario y “campesino”.

La información oficial, contenida en el Padrón de beneficiarios de Aserca que publica la Sagarpa en el apartado “Obligaciones de Transparencia” de su portal electrónico, revela que, junto a Francisco Javier Mayorga, su hermana y socia en Industrias Melder, Luz Teresa Mayorga Castañeda, recibió más de 416 mil pesos en los primeros ocho años de la administración panista. Y a Salvador Arturo Mayorga Cameros, padre del secretario, le fueron transferidos más de 251 mil pesos en el mismo periodo.

Como asesor de Aserca –órgano desconcentrado de la Sagarpa, bajo la administración de Ana Graciela Aguilar Antuñano–, Francisco Mayorga no ha dejado de obtener recursos del erario. Apenas se separó por primera vez del cargo, la dependencia le adjudicó tres contratos con los que obtuvo ganancias por arriba de 1.5 millones de pesos en 2007 y 2008, de acuerdo con las listas de “Contratos por asesorías” publicadas por la propia dependencia en su página de internet.

A todo esto se le suman salarios por más de 8 millones de pesos durante los cuatro años que ejerció funciones en el gobierno pasado: primas vacacionales, aguinaldos, seguros de vida, pagos en alimentación, viáticos y uso de telefonía celular.

José Narro Céspedes, diputado federal por el Partido del Trabajo, dice que esto es una muestra de que el secretario de Estado “ha empezado mal su administración”. Al tiempo que exhorta al funcionario a aclarar estas transferencias ante la Secretaría de la Función Pública, señala que ha perdido “toda autoridad moral frente al campesinado mexicano”.




Ascenso al poder
Secretario de Desarrollo Rural en Jalisco durante la gubernatura de Alberto Cárdenas Jiménez, Francisco Javier Mayorga Castañeda fue convocado por Vicente Fox Quesada para formar parte del equipo de transición que le permitiría a este último asumir la Presidencia de la República en 2000.

Conformado el gabinete foxista con Javier Usabiaga Arroyo al frente de la Sagarpa, Mayorga Castañeda ocupó el cargo de director en jefe de Aserca. Al mismo tiempo se mantuvo en la dirección de sus empresas familiares: Industrias Melder y Semillas Caloro, las cuales también se encuentran inscritas en el registro de beneficiarios de Aserca.

El 28 de septiembre de 2005 relevó al llamado Rey del ajo. Salió en 2006 y nuevamente retomó el mando de la secretaría el 7 de septiembre de 2009. El presidente Felipe Calderón Hinojosa lo nombró secretario de Estado en sustitución de su exjefe Alberto Cárdenas Jiménez. En todo ese tiempo que estuvo formalmente “fuera” de la Sagarpa, Mayorga recibió subsidios y contratos como asesor.

Según muestra la plataforma de investigación Subsidios al campo en México, que elaboran organizaciones sociales como Fundar, Centro de Análisis e Investigación, y la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras del Campo (Anec), el mayor de ocho hijos que conforman la familia Mayorga Castañeda aparece como uno de los principales subsidiados del Procampo en su estado natal.

La herramienta digital, que contiene los padrones oficiales de la Sagarpa, evidencia que de 2000 a 2008 el secretario recibió 507 mil 573 pesos en Ameca, Jalisco. El dinero público que obtuvo se justificó por la siembra de maíz.

Ubicado en el lugar 16 de los más de 2 mil 600 subsidiados en ese municipio, los recursos que se adjudicó una vez que asumió la dirección de Aserca (de 2000 a 2002) y posteriormente la titularidad de la Sagarpa (2005 y 2006) ascienden a 290 mil 796 pesos. Es decir que el 57 por ciento de los recursos del Procampo los obtuvo cuando el “agroempresario” se desempeñaba como servidor público.

Los reportes del programa social revelan que al también maestro en administración de empresas se le entregaron 145 mil 398 pesos en 2000, 2001, 2002, 2005 y 2006, a través del Procampo Tradicional, y 81 mil 840 pesos más de los subsidios asignados a la producción de maíz, en un área de 33 hectáreas.

Ya al frente de la Sagarpa, en 2005 y 2006 se allegó otros 63 mil 558 pesos por la siembra del grano, mismos que representan el 50 por ciento de los montos obtenidos a partir de 2004 y hasta el primer año del gobierno de Felipe Calderón.

Mientras era subsidiado como agricultor en 2001 y 2002, con la clave CFGA001 (correspondiente al puesto de director en jefe de Aserca), también obtuvo compensaciones por 175 mil 828.63 pesos mensuales. Así, en dos años, Francisco Mayorga ganó 4 millones 219 mil 887.12 pesos por concepto de sueldos, según cálculos basados en los datos contenidos en el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) de la Sagarpa.

Luego, bajo el cargo de secretario de Estado –en 2005 y 2006– le fueron depositados recursos millonarios, con la clave CFGA001, que le haría ganar 4 millones 922 mil 929.20 pesos. El monto corresponde a dos años de salario, cuya percepción neta mensual ascendía a 205 mil 122.05 pesos..



Procampo y la familia
La hermana del titular de la Sagarpa, quien aparece como segunda al mando de la empresa familiar Industrias Melder, ocupa el lugar 36 entre los 2 mil 684 campesinos subsisdiados en 2006. En tanto, su padre Salvador Mayorga Cameros sigue enlistado en el Procampo, según muestra el documento electrónico Subsidios al campo en México.

De la siembra de maíz, caña de azúcar y del Procampo Tradicional, Luz Teresa se allegó 416 mil 668 pesos en los primeros ocho años de los gobiernos panistas. De estos recursos, la gerente de compras de la compañía de los Mayorga obtuvo 254 mil 178 pesos; el 61 por ciento de los recursos se le asignaron cuando su hermano ocupaba las oficinas de Aserca y luego la cabeza de la secretaría.
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Salvador Mayorga Cameros, de quien su vástago heredó cargos en asociaciones agroempresariales, figura en los padrones de Aserca con 251 mil 928 pesos, de 2000 a 2008. Durante las administraciones de su primogénito, el fundador de Industrias Melder y expresidente de la Confederación Nacional Ganadera obtuvo 149 mil 892 pesos, que significan el 59 por ciento de los traspasos económicos con cargo a la hacienda pública.

De los 127 mil 124 pesos que aparecen dotados en el Procampo Tradicional, 74 mil 946 pesos fueron suministrados en las fechas en que Francisco Mayorga se desempeñaba como representante del gobierno federal. Lo mismo ocurrió con 74 mil 946 pesos, asignados por el cultivo de pasto, de un total de 124 mil 804 pesos.


Asesor, por 1 millón de pesos
A su salida de la dirección de Aserca, Francisco Mayorga consiguió que esa dependencia le asignara recursos públicos como “asesor”. Por este concepto, en 2007 y 2008 obtuvo 1 millón 634 mil 211 pesos.

Su relevo al frente del órgano desconcentrado de la Sagarpa, Ana Graciela Aguilar Antuñano, autorizó el primer contrato por adjudicación directa el 3 de septiembre de 2007. Bajo el folio 1385/2007-S, se cargaron al erario 326 mil 842 pesos, revela la relación de contratos de Aserca –de los que Contralínea posee copia– y los datos contenidos en el POT de la Sagarpa.

Francisco Mayorga casi reúne 1 millón de pesos por concepto de “prestación de servicios profesionales” cuando firma el contrato 1847/2007-S, que significó un gasto de 653 mil 684 pesos del presupuesto del organismo en el mismo año fiscal. La experiencia de Mayorga Castañeda serviría sólo cinco meses, pues el contrato comenzó el 5 de noviembre de 2007 y concluyó el 30 de abril del siguiente año.

Un tercer contrato le fue entregado sin concurso de por medio, y permanecía vigente el día en que Felipe Calderón Hinojosa lo nombró titular de la Sagarpa. El POT de la dependencia muestra que, el 26 de mayo de este año, la directora en jefe de Aserca convino recontratarlo como asesor, con otros 653 mil 684 pesos erogados del presupuesto. Con vencimiento al 31 de octubre de este año, su compromiso culminará 55 días después del nombramiento hecho por Calderón Hinojosa el 7 de septiembre pasado.

Empresas familiares







El 4 de octubre de 2009, Contralínea documentó que las empresas del secretario –Industrias Melder y Semillas Caloro– recibieron “apoyos” económicos por 2 millones 855 mil 683 pesos de la Sagarpa, de Economía y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), durante el mismo lapso en el que fungió como funcionario federal en Aserca y la propia secretaría.

Mediante 16 subsidios de tres programas de apoyo operados por el gobierno federal, más del 60 por ciento de los recursos le fueron entregados en su desempeño como servidor público. Los padrones de beneficiarios de Aserca revelan que Industrias Melder obtuvo 1 millón 727 mil 33 pesos en 2000, 2005 y 2006, con 10 traspasos monetarios.

Mexicana Industrial de Insumos Agropecuarios o Semillas Caloro –en la que Francisco Mayorga aún figura como presidente del Consejo de Administración– obtuvo 845 mil 999 pesos a través del Conacyt. Mientras, la Secretaría de Economía entregó a esta misma compañía 14 mil 928 pesos en 2004, consta en el listado de beneficiarios del Fondo de Apoyo a las Pequeñas y Medianas Empresas.

Luego de hacerse públicos estos subsidios, fuentes de la Presidencia de la República señalan que el secretario de Agricultura fue llamado a la residencia oficial de Los Pinos. Felipe Calderón exigía una explicación. Las fuentes comentan que el presidente estaba tan molesto que llegó a plantear la destitución del funcionario. No obstante, después de rendir cuentas a puerta cerrada, todo habría quedado en un “regaño”.

Max Correa, secretario general de la Central Campesina Cardenista, dice que estos arreglos son un secreto a voces, de los que el gobierno ha hecho. “Se sabe que más de 6 mil millones de pesos de los programas de apoyo a la comercialización van a parar a los bolsillos de las grandes empresas. Esto es indignante”.

Secretario desobediente
Las Reglas de Operación de la Sagarpa ordenan a todos sus funcionarios que “bajo ningún término” pueden ser beneficiarios de los programas operados en todos los niveles de gobierno.

Publicadas el 31 de diciembre de 2008, las reglas internas de la secretaría indican puntualmente en su artículo 6: “Con sujeción a las disposiciones que prevean las legislaciones federal y estatales aplicables en materia de responsabilidades de los servidores públicos, bajo ningún concepto podrán ser beneficiarios de los programas y componentes de las presentes reglas de operación los servidores públicos de la secretaría, de los agentes técnicos o las secretarías de desarrollo agropecuario o sus equivalentes de las entidades federativas o de los municipios.

“Aquellos servidores públicos que por motivo de su encargo participen en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, o parientes civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte, deberán excusarse de intervenir.

“Los servidores públicos deberán informar de inmediato y por escrito a la secretaría respecto de la atención, tramitación o resolución de asuntos relacionados con el párrafo anterior y, en su caso, su calidad de beneficiario de cualquiera de los programas o componentes a que se refieren estas reglas”, indica la normativa con la que se deberían regir todos los funcionarios de la Sagarpa.

Bajo el mismo tenor se encuentra el capítulo I de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que ordena en su artículo 8, fracción XI, que todo funcionario debe “excusarse de intervenir, por motivo de su encargo, en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, o parientes civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte”.

Indica que el funcionario podría incurrir en conflicto de intereses cuando “los intereses personales, familiares o de negocios del servidor público puedan afectar el desempeño imparcial de su empleo, cargo o comisión”.

En tanto, el inciso A del artículo 9 de la misma ley precisa: “El servidor público que deje de desempeñar su empleo, cargo o comisión deberá observar, hasta un año después de haber concluido sus funciones, lo siguiente: en ningún caso aprovechará su influencia u obtendrá alguna ventaja derivada de la función que desempeñaba, para sí o para las personas a que se refiere la fracción XI del artículo anterior”.

Víctor Suárez Carrera, representante de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras del Campo, critica los subsidios que ha cobrado Mayorga Castañeda: “Esto es una ofensa para el campesinado, un problema ético y de conflicto de intereses”.

Indica que las autoridades correspondientes deben revisar a fondo la presencia del secretario en los padrones del Procampo, además de tomar acciones al respecto. Para el dirigente de la Anec, ese programa del que se beneficia el titular de la Sagarpa debe ser un garante de la soberanía alimentaria y de apoyo a los que menos recursos tienen.

“Desafortunadamente –dice Suárez Carrera–, el trabajo de Mayorga Castañeda se rige por la doctrina neoliberal, tanto por su formación académica como por ser empresario comercializador de granos. No ha reconocido que el país necesita profundizar el apoyo para los pequeños productores de temporal. De esta manera, salir de la crisis económica y

alimentaria que padecemos”.






Un tecnócrata en el campo
Nacido el 17 de abril de 1951, Francisco Javier Mayorga Castañeda es maestro en administración de empresas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, plantel Guadalajara. Con una formación de apertura de mercados, el ahora secretario de Agricultura apresura la siembra de organismos genéticamente modificados, se niega a la renegociación del Tratado del Libre Comercio y apoya la extinción de la compañía de Luz y Fuerza del Centro.

Entre sus primeras acciones al frente de la Sagarpa destaca la aprobación de siembra experimental de maíz transgénico, que beneficiará a trasnacionales como Monsanto en perjuicio del sector agropecuario nacional. El 15 de octubre pasado, la secretaría hizo público el anuncio al que organizaciones ambientalistas, campesinas y de derechos humanos se han opuesto, pues consideran que los organismos genéticamente modificados perjudican la salud de los seres humanos, al medio ambiente y a la economía de los pequeños agricultores.

Cuatro días antes, fue uno de los 10 signatarios del decreto presidencial que liquidó Luz y Fuerza del Centro y dejó en el desempleo a más de 40 mil trabajadores. Entre los argumentos que avaló el secretario –que obtiene recursos públicos bajo las figuras de “campesino”, “agroempresario” y servidor público–fue que el exorganismo descentralizado de la administración representa “un costo tan elevado que no resulta conveniente para la economía nacional ni para el interés público”. (ER)










Fuente: Contralínea
Difusión: AMLOTV

JFCA reconoce personalidad jurídica del SME

JFCA reconoce personalidad jurídica del SME


JFCA reconoce personalidad jurídica del SME

Humberto Montes de Oca, secretario del interior del Sindicato Mexicano de Electricistas, dijo que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje tuvo que aceptar que no puede dictar ningún laudo y dé por terminada la relación laboral de la extinta LyFC

Después de 10 horas de negociaciones, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) reconoció la personalidad jurídica del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) para seguir negociando los asuntos relacionados con los trabajadores de la extinta Luz y Fuerza del Centro
Lo anterior lo dio a conocer Humberto Montes de Oca, secretario del interior del SME, quien dijo que la Junta Federal tuvo que aceptar que no puede dictar ningún laudo y dé por terminada la relación laboral -entre empresas y trabajadores- mientras esté en curso el juicio de amparo que dio entrada un juez federal.

Montes de Oca dijo que al interior de la JFCA siguen las negociaciones encabezadas por Martín Esparza, líder de los electricistas; Eduardo Bobadilla, secretario de trabajo y su equipo de abogados para continuar con los alegatos de despido injustificado, patrón sustituto y contrato colectivo de trabajo.

Humberto Montes de Oca convocó a todos los trabajadores de la paraestatal a mantenerse en la sede de la JFCA hasta que concluyan los resolutivos

"No desmayen, no nos rindamos, manténganse en pie de lucha", pidió Martín Esparza a los extrabajadores
aec / gdh



Fuente: El Universal
Difusión AMLOTV

BOLETÍN DE PRENSA DEL SME



BOLETÍN DE PRENSA

A las organizaciones sindicales y sociales,
Al pueblo de México,
A los medios de comunicación:

El día de hoy 31 de octubre desde las 8 horas, nuestro Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) se presentó en las instalaciones de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFyCA) como solo nosotros lo sabemos hacer, de manera masiva y combativa, durante más de 12 horas en mitin permanente, exigiendo respeto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la Ley Federal del Trabajo y al Contrato Colectivo de Trabajo.

Después de largas horas de deliberación la JFCyA tuvo que aceptar:

1.- El reconocimiento de la personalidad jurídica del SME, para todos los efectos legales a los que haya lugar, como representante colectivo del mayor interés profesional de los trabajadores electricistas.

2.- Igualmente, reconoce la JFCyA, la suspensión provisional del acto reclamado emitido por la juez Guillermina Coutiño Mata, Titular del Juzgado Primero del Centro Auxiliar de la Primera Región, por lo que la JFCyA no puede emitir ninguna resolución en el sentido de dar por concluidas las Relaciones Colectivas e Individuales de Trabajo de los trabajadores al servicio de Luz y Fuerza del Centro y agremiados al Sindicato Mexicano de Electricistas.

3.- En consecuencia, se mantiene el reconocimiento de la materia de trabajo, y por lo tanto, de la vigencia de nuestro Contrato Colectivo de Trabajo.

4.- Por lo tanto, es totalmente pertinente la procedencia de la demanda por despido injustificado, que impuso el decreto de extinción de LyFC firmado por Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, el autollamado presidente del empleo.
Esta jornada, ha sido en más de un sentido, una jornada histórica para la lucha de nuestra Organización Sindical, en la resistencia a las acciones inconstitucionales e ilegales de quienes detentan el poder en nuestro país. Insistiremos en caminar en las rutas que nos ofrecen nuestras leyes, pero no somos ingenuos, esta lucha se va a resolver con la movilización política de todos los trabajadores y el pueblo, de México, en las calles y plazas públicas, a eso los convocamos, a detener a los que quieren gobernarnos a base de decretos, como los dictadores de los setenta en América del Sur, se los impediremos, sin duda alguna.

Seguiremos desbrozando el camino para que en nuestra patria, se restablezca la Legalidad Constitucional, ese es el compromiso ineludible de nuestro Sindicato, no cejaremos hasta lograr que el verdadero estado de derecho prevalezca en nuestro país.

Volvemos a insistir, O SON ELLOS O SOMOS NOSOTROS, que a nadie le quepa la menor duda, este país debe recobrar su autentica Soberanía e Independencia Política y Económica.

“Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”

México D.F. a 31 de octubre de 2009

Fernando Amezcua Castillo

Secretario del Exterior

PROGRAMA EL BOTEPRONTO 31-Octubre-09

Hoy hablamos sobre el tema de la aprobación de los impuestos propuestos en el paquete económico 2010 por parte del SENADO y como la supuesta rebelión de panistas terminó tras una llamadas de GOBERNACIÓN y LA PRESIDENCIA, también platicamos sobre la suspensión provisional concedida al SME, hablamos sobre la importancia de la organización y movilización pacífica y demás temas. Hoy de invitados YIYINA, RENEGADO LEGÍTIMO, XROB Y ALPSORDO.

Audio en MP3 dando clíck AQUÍ.