lunes, 15 de febrero de 2010

Movimiento Sindical y Social de Sonora repudia la política del mandatario nacional, quien pulveriza las leyes laborales


Movimiento Sindical y Social de Sonora repudia la política del mandatario nacional, quien pulveriza las leyes laborales

Hermosillo, Sonora
Febrero 12 de 2010. Viernes
Texto íntegro del comunicado emitido por el Movimiento Sindical de Sonora:

"El Movimiento Sindical y Social de Sonora repudia y rechaza enérgicamente las determinaciones y acciones del Gobierno Federal que preside el Lic. Felipe Calderón Hinojosa, y de los tribunales en materia del trabajo y de justicia, que han hecho añicos la Constitución Mexicana y las leyes laborales y de procuración de la justicia, al proteger por encima de los derechos fundamentales de los trabajadores mineros de Cananea al consorcio minero Grupo México, el más nefasto de nuestro país.

Responsabilizamos de toda agresión física, laboral, sindical y social en Cananea a Felipe Calderón y su aliado Germán Larrea, exigimos de la empresa y del Gobierno una actitud de diálogo y de acuerdos puntuales frente al conflicto laboral y sindical que se ha recrudecido en los últimos días.

Llamamos a todas las fuerzas políticas del país, a las instancias del Poder Legislativo Federal y del Estado, y al Gobernador Lic. Guillermo Padrés Elías a asumir con sentido de verdadero estadista y de respeto a la legalidad, la búsqueda de la solución definitiva del conflicto minero.

Consideramos que los procedimientos de terminación de la relación laboral y liquidación de los trabajadores, son muestra de la incapacidad política del Gobierno Federal para conducir y armonizar la vida social y económica del país. Lo que en este caso procede es resolver este grave problema con sentido de responsabilidad social en los términos contenidos en la Constitución, la Ley Federal del Trabajo, los Tratados Internacionales que México suscribe en el marco de la OIT, y en el Contrato Colectivo de Trabajo que rige las relaciones laborales y sindicales entre Empresa y Sindicato.


Ante la inminente intervención de la Policía Federal y el Ejército para romper la legítima huelga, que ya lleva mas de mas de 30 meses las organizaciones sindicales y sociales de Sonora llamamos a la más amplia solidaridad con la resistencia del movimiento minero y por una solución pacífica al conflicto laboral y social de la población de Cananea. Alertamos que de no hacerlo así existe el riesgo de un estallido social con consecuencias trágicas e irreparables, donde pudiera darse el derramamiento de sangre y pérdidas de vidas en Cananea.

Por una solución justa y legal al conflicto minero de Cananea

Por el respeto irrestricto a las garantías individuales y a los derechos laborales y sindicales de los trabajadores y de sus familias

Respeto a la soberanía del Estado y no intervención de las fuerzas federales en el conflicto de Cananea.

Cancelación de la concesión minera al Grupo México

Responsabilizamos de toda agresión y atropello físico, moral y a la vida que pudieran sufrir los mineros y sus familias al gobierno de Felipe Calderón.

"Por la unidad y solidaridad de los trabajadores y del pueblo"

STAUS
Dr. Sergio Barraza, Sec. Gral.
Profr. Enrique Carrera Vega por el Consejo Sindical

C. Julieta Gallardo, Sec. Gral del la sec. XV del STRM

Lic. Javier Villareal, Sec. Gral adjunto de la CTM Sonora:


EL CONSEJO SINDICAL PERMANENTE DEL ESTADO DE SONORA,


EL MOVIMIENTO DE SOLIDARIDAD CON LAS LUCHAS SOCIALES DE SONORA


Y EL FRENTE SINDICAL CAMPESINO, INDÍGENA Y POPULAR

Pemex, a la cabeza de denuncias por corrupción



Pemex, a la cabeza de denuncias por corrupción

El titular de la Función Pública, Salvador Vega, afirma que en Petróleos Mexicanos es donde se ha detectado el mayor número de trámites irregulares, principalmente por su 'fuerte presupuesto'


El secretario de la Función Pública (SFP), Salvador Vega Casillas, afirmó que con el cambio de estrategia del gobierno federal para combatir la corrupción, durante 2009 se denunciaron a 115 personas, incluidas redes delictivas, cifra que en años anteriores no superaba la decena de casos en el país.

"Los años anteriores se denunciaban penalmente a ocho personas, con el cambio de estrategias nosotros hemos cerrado el año anterior con 115 personas denunciadas por actos de corrupción, incluidas varias redes de corrupción detectadas no solamente de personas aisladas", indicó Vega Casillas.

Entrevistado luego del Informe del gobernador de Michoacán, Leonel Godoy, el titular de la SFP admitió que en Petróleos Mexicanos es donde se ha detectado el mayor número de trámites irregulares, principalmente por su "fuerte presupuesto".

"Hemos estado trabajando muy coordinadamente también con nuevas áreas de la PGR para poder darles seguimiento a estos casos y me parece que vamos a lograr también otro incremento exponencial en los casos durante este año", indicó el funcionario.

Vega Casillas comentó que estos trabajos, el Programa Usuario simulado, se ha convertido en uno de los principales factores para detectar actos de corrupción.

"Tenemos más de 30 personas detenidas in fraganti en este programa de Usuario Simulado. Este año, estamos incrementando no solamente el número de casos que estamos investigando, más allá del doble, todavía no sabemos con cuantos vayamos a cerrar.

"En este inicio del año el combate a la corrupción ha sido fortalecido también con otro rediseño y aumento en nuestras áreas, fortalece nuestras áreas para combatir la corrupción", apuntó.



Fuente: El Universal
Difusión AMLOTV

Arranca el 2012

El sexenio ya terminó. Los autodestapes están a la orden del día. No estaría mal que los precandidatos fueran pensando en unos lemas de campaña pegadores. Mono Sapiens hace algunas propuestas. De nada.






Casi todos contra la alianza (y Gabino Cué)


Casi todos contra la alianza (y Gabino Cué)
Miguel Ángel Granados Chapa


MÉXICO, D.F., 14 de febrero.- La alianza del PAN y los partidos del Dia (Diálogo para la Reconstrucción Nacional: PRD, PT, Convergencia) ha obtenido ya su primer triunfo, antes del que probablemente obtenga en los comicios del 4 de julio. Pudo forjarse pese a la diversidad y peso de las voluntades en sentido contrario.

Coincidieron en oponerse a la coalición oaxaqueña, aunque por razones distintas, los contendientes de la elección presidencial de 2006, cabezas de la polarización surgida entonces y que perdura al día de hoy. Andrés Manuel López Obrador ha emitido una condena generalizada a las alianzas de sus partidos cercanos con el PAN y con el PRI. Incluyó en esa advertencia a Oaxaca, aunque a todas luces se ha resignado a que Gabino Cué sea el candidato de una coalición indeseable. No le será inconveniente contar con el apoyo de Cué como gobernador, pues él ha sabido mantenerse próximo a su movimiento pese a haber anunciado, en cumplimiento de una condición panista, que sostendrá un trato institucional con Calderón (como lo hacen, por lo demás, otros gobernadores que fueron postulados por el PRD).

Felipe Calderón tampoco quería la alianza oaxaqueña, si bien no por decisión propia, sino por acuerdo con el mismísimo gobernador de esa entidad. Alejandro Almazán, reportero del semanario emeequis, oyó de amigos de Manlio Fabio Beltrones la siguiente versión, difundida por el propio líder del PRI en el Senado. En septiembre pasado, Beltrones visitó en su oficina a Beatriz Paredes para disuadirla de apoyar el paquete económico tal como había sido enviado de Los Pinos, en especial el incremento de impuestos. Al terminar su alegato, la presidenta del tricolor se limitó a pedir al sonorense: “Deberías decirle todo eso a Ulises”. El gobernador de Oaxaca se encontraba en el mismo edificio, en una oficina vecina y, quizá a moción de la presidenta, se asomó al sitio donde ella y Beltrones dialogaban: “Tenemos que apoyar el IVA, ya lo hablé con Calderón”, anunció, a lo que el pragmático sonorense preguntaría: “¿Y qué vamos ganar?”: “Que no haya alianza del PAN y del PRD en Oaxaca. Yo no puedo salir de mi estado con una derrota, sería mucho desmadre. Además, eso afectaría al partido para 2012”.

Encargado de consolidar ese compromiso, Fernando Gómez Mont acudió el martes 9 de febrero al comité nacional panista. Su alegato contra la coalición fue estrepitosamente derrotado: 40 votos apoyaron la alianza e hicieron al gobierno incumplir su oferta al PRI. Despechado o colérico, o ambas cosas a la vez, Gómez Mont dejó de ser panista. Pero eso no ha impedido que Ulises Ruiz, que había llegado a ese pacto con Calderón, mueva otras bazas en este juego en que tanto le importa no perder.

Está aplicando sus recursos y su fuerza a la izquierda y a la derecha de la coalición. Héctor Sánchez y su partido Unidad Popular han vuelto a la escena, en que se les asignará un papel semejante al que protagonizaron en 2004. Sánchez abandonó entonces el PRD y creó un partido local que lo postuló a la gubernatura. La estrategia surtió efecto: la votación de ese partido de última hora, que escindió a uno de los partidos de la alianza, fue equivalente al número de votos con los que Ruiz aventajó formalmente a Cué. Sin embargo, es posible que esta vez su presencia no sea suficiente para minar a los opositores en la medida necesaria. Las más recientes encuestas dan al candidato de la oposición una ventaja de 10%, superior cinco veces al margen por el que hace seis años fue derrotado.

Por la derecha, dentro del PAN también desplegó Ulises Ruiz su fuerza. Aun después de conocidas las decisiones del comité estatal panista y de su comité nacional, se buscaba sacar avante la candidatura de Huberto Aldaz Hernández. Es un ingeniero agrónomo que en el gobierno foxista dirigió el Instituto Nacional Indigenista y fue encargado de clausurarlo para dar paso a la Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas. Luego fue diputado federal y ahora es delegado de la Sedesol en Oaxaca. Según sus partidarios, es mejor opción que Cué. Aun si tuvieran razón al comparar las trayectorias y personalidades de ambos, es claro que la fuerza del actual senador, ya formalizado candidato, es superior a la de Aldaz, por lo que postular a éste significaría mermar la potencia que se espera de la unión de partidos.

Tras la renuncia de Gómez Mont, con lo que ella implica de distanciamiento entre el PAN y el gobierno, queda por ver la actitud de la Sedesol. Mediante mecanismos administrativos y políticos, esa secretaría puede hacer que Aldaz acate la decisión de su partido y se sume a la candidatura de Cué. Pero cabría la posibilidad de que los aldacistas buscaran una alternativa para no apoyarlo. Esa posibilidad, sin embargo, generaría otra disputa interna. Se trata del Partido Nueva Alianza, que en algún momento esbozó su propósito de unirse a la coalición pero desistió porque su precandidata Irma Piñeyro no tendría posibilidad de ser elegida frente a Cué. Dada la cercanía y entreveramiento del PAN y el Panal en otras entidades, una disidencia panista sería bien recibida por el partido de Elba Esther Gordillo, aunque tuviera que dirimir la candidatura entre Piñeyro y Aldaz.

Es probable que el aldacismo sea parte de la estrategia de Manuel Espino contra la alianza. Además de predicar contra ella, ha trabajado para impedirla. Y es que Espino sostiene una relación política extraña con Ruiz, quien patrocina reuniones políticas del antiguo dirigente panista. Un encuentro continental sobre seguridad –segunda edición de otro que realizó en Colombia la Organización Demócrata Cristiana de América (presidida por Espino y a la que pertenece el PAN)–, efectuado en 2008 en Ciudad Juárez, fue financiado por el gobierno priista de Chihuahua… y por el de Oaxaca. La oficina de prensa de Ruiz, además, organizó la presentación en Oaxaca del más reciente libro de Espino, Volver a empezar.

Con todo y ese conjunto de amagos y estorbos, la coalición en Oaxaca va. Se avizora tan formidable su empuje que ello explica el despliegue de toda suerte de recursos para impedirla.



Fuente: Proceso
Difusión AMLOTV

Bolivia: autonomías indígenas en camino


Por la vía de los hechos, 36 pueblos indios bolivianos han logrado imponer gobiernos propios en tierras que por siglos les han pertenecido. Ahora, el gobierno boliviano reconoce legalmente a las autoridades indígenas y entrega títulos de tierras comunitarias de origen



Franz Chávez / IPS-Carta Voces de la Tierra

La Paz, Bolivia. En un proceso sin retorno, los pueblos indígenas de Bolivia comenzaron la marcha hacia la creación de gobiernos autónomos, regidos por sistemas y cosmovisión anteriores a la dominación española.


Un total de 36 grupos étnicos, donde los aymaras y quechuas son mayoría, tienen como objetivo autogobernarse en los territorios que ocupan y en los que el gobierno del también indígena Evo Morales ha cedido a título de tierras comunitarias de origen.


La nueva Constitución Política del Estado, vigente desde febrero de 2009, reconoce las formas de autonomía departamental, regional y municipal, así como la llamada indígena originaria campesina.


Simultáneamente a las elecciones para integrar la Asamblea Legislativa Plurinacional (parlamento) y presidenciales del 6 de diciembre de 2009, cuando Morales fue reelegido, los departamentos (provincias) de Chuquisaca, La Paz, Cochabamba, Oruro y Potosí también aprobaron en las urnas la autonomía administrativa de cada uno de esos distritos.


Ya habían seguido igual ruta, en 2006, los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, que conforman la llamada Media Luna Oriental. Ahora, los nueve departamentos del nuevo Estado Plurinacional de Bolivia tendrán el mismo rango por el resultado favorable de esos plebiscitos.



En esa instancia electoral, también la innovadora carrera por las específicas autonomías indígenas originarias campesinas ha marcado sus primeros pasos con la consulta democrática a los habitantes de 12 municipios, de los 327 existentes en todo el Estado boliviano.


Los datos, procesado por el Órgano Electoral Plurinacional, determinaron que 11 abandonan su condición de municipios y pasan el rango de autonomías indígenas.


Un seminario organizado por el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla) examinó los alcances de las autonomías indígenas originarias y los procesos políticos del movimiento indígena en Bolivia y en el resto de América Latina.


El debate sacó a flote el rechazo de los dirigentes de pueblos originarios a continuar con el modelo municipal, por lo cual exigen una forma de organización basada en las antiguas culturas, cada una con su particular modo de gobierno basado en las costumbres centenarias.


Un resurgimiento de la corriente indigenista en Bolivia, entre las décadas de 1980 y 1990, se vio fortalecida con los resultados del Censo Nacional de Población que en 2001 determinó que más del 60 por ciento de los habitantes del país se adscribía a un grupo cultural originario.


A nueve años de esa encuesta y tras la llegada del aymara Morales a la presidencia de Bolivia, en enero de 2006, los sectores conservadores generaron otra corriente que prefiere hablar de un país con alto porcentaje de mestizaje, en lugar de una población con elevada participación indígena.


En el municipio de Tinguipaya, del suroccidental departamento de Potosí, el presidente del Consejo Orgánico del Ayllu Urinsaya, Paulino Menacho Fernández, tiene el firme deseo de constituir una autonomía indígena originaria ajena o en lugar del actual gobierno municipal, según expresó a IPS.


Un gobernador que tiene el nombre de “Kuraka” debe reemplazar al alcalde bajo una autonomía indígena originaria, comenta entusiasta por la posibilidad de crear un modo de gobierno propio.


La cultura ancestral de estos pueblos originarios señala que el gobernador es elegido del seno de una familia, la cual cumple un ciclo y transfiere el mando a otra, bajo la modalidad de rotación (muyu).


La máxima autoridad se encarga de cuidar por el bienestar común, realiza negocios con otras regiones y vela por mantener en buen estado los servicios de riego y otros relacionados a la producción.


El gobernador acompañado de su esposa (mama t’hala) se rodea de colaboradores de las 27 comunidades a quienes atribuye funciones específicas para vigilar el buen desempeño productivo sobre las 80 mil hectáreas de tierra que se distribuyen entre valles, altiplanos y zonas rocosas que se elevan hasta los 4 mil 350 metros sobre el nivel del mar.


Pero Menacho Fernández está preocupado por la falta de tierra para los 16 mil habitantes de la comuna, a quienes se podría asignar como máximo parcelas de 200 metros cuadrados, insuficientes para sostener a la región mediante la agricultura, considerando la variedad de terreno que incluye zonas accidentadas.


Ante esa eventualidad, los miembros de los ocho “ayllus” desean una redistribución de los ingresos por coparticipación gubernamental que ascienden a 1.7 millones de dólares aproximadamente, de los cuales actualmente sólo perciben la mitad y tienen dudas sobre el destino del resto de dinero.


A ello desean agregar y crear ingresos por derechos de explotación de minerales, piedra caliza, agua y otros recursos naturales.


El ingreso de empresas a la zona no está excluido, pero a cambio de contratos de explotación y pago por arrendamiento en términos razonables.


A cientos de kilómetros de allí, en la zona selvática y de llanuras del norteño departamento de Beni, el secretario general de los Pueblos Étnicos Moxeños del Beni, Francisco Maza, estima que el momento de los gobiernos propios ha llegado.


Para los habitantes de estas zonas ricas en madera, vegetación y agua, la lucha nació en 1990 cuando marcharon 640 kilómetros desde Trinidad, la capital departamental, hasta La Paz, la ciudad sede del gobierno nacional, con la demanda por tierras y la Asamblea Constituyente.


“Pedimos ser autónomos no sólo en el uso del territorio, sino en la obtención de utilidades por la explotación de la madera y otros recursos de la región”, dijo a IPS el dirigente indígena.


Por ahora buscan una legislación administrativa apegada a los valores sociales y culturales dirigidos a un desarrollo científico y tecnológico con identidad propia y modos de gobierno de los pueblos originarios.


El pueblo moxeño, del cual es miembro Maza, se gobierna por un cabildo que representa a una casa del pueblo, dirigida por un corregidor, y otra autoridades, elegidas por aclamación y no por voto individual.


Pero otros 29 pueblos orientales tienen su propio modo de gobierno, cada uno diverso, y representan el desafío de ese rompecabezas que queda por armar en materia de legislación que aún se encuentra en fase de proyecto marco.


Gran parte de las tierras de Moxos están bendecidas por la riqueza petrolera, abundante cantidad y variedad de madera, una biodiversidad envidiable, y representan la esperanza de habitantes que emergen para escribir su historia.


El investigador del Cedla para las Políticas Públicas, Juan Luis Espada, anticipó a IPS que, en el futuro, el Estado debe aumentar las transferencias de dinero a las nuevas autonomías indígenas, porque serán pocas las que obtengan regalías adicionales por otros conceptos como la explotación de petróleo.


Anuncia un camino de aprendizaje en materia administrativa, en la captación de nuevos ingresos por la creación de impuestos regionales, en la asignación de competencias y funciones, en la medida de las capacidades administrativas de cada gobierno autónomo.


Hay muchos desafíos políticos y sociales en la búsqueda de un modelo que responde a las demandas históricas de pueblos que exigen atención del gobierno y desean participar en la administración del aparato estatal, expresó Espada.


Fuente: Contralínea
Difusión: AMLOTV

Video: Protesta de Redes Universitarias al Srio. de la SEP Lujambio



http://redesuniversitarias.blogia.com/

Protesta en Juárez - Repudio a Calderón

En un trimestre, gobierno federal engulle 64 mil MDD en “prestaciones”




La administración de Felipe Calderón gastó más de 64 mil millones de pesos en “prestaciones” de los servidores públicos durante el último trimestre de 2009. Tan sólo la “gratificación de fin de año” de toda la burocracia implicó 20 mil millones de pesos. De las entidades públicas, la Comisión Federal de Electricidad fue la que más presupuesto ejerció, al sumar más de 10 mil millones de pesos. El año pasado, la Auditoría Superior de la Federación advirtió que diversas gratificaciones son manejadas de manera opaca y discrecional



Son 214 dependencias gubernamentales las que, cada trimestre, gastan del erario más de 64 mil millones de pesos en el pago de prestaciones. El aguinaldo o la gratificación de fin de año encabezó la lista a finales de 2009, con más de 20 mil millones de pesos; el concepto “otras prestaciones” ocupó el segundo sitio con casi 13 mil millones de pesos, y las “previsiones y aportaciones para los sistemas de educación básica, normal, tecnología y de adultos” significaron un egreso mayor a los 4 mil millones de pesos cada periodo.


El documento Informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública (SHCP) al cuarto trimestre de 2009, revela que la Comisión Federal de Energía (CFE) fue la que más recursos destinó a sus funcionarios: 10 mil 621 millones 349 mil 263 pesos.


La CFE, que controla desde el 11 de octubre pasado el suministro de energía eléctrica en el país –con la extinción de la compañía Luz y Fuerza del Centro–, ocupa el 16.53 por ciento del total del gasto del gobierno federal: 64 mil 245 millones 152 mil 31 pesos.


Petróleos Mexicanos (Pemex) –la paraestatal más importante del país– entregó a la SHCP diversos informes de sus egresos y de sus subsidiarias. Sólo el monto identificado como “consolidado” muestra que la petrolera gastó 7 mil 660 millones 65 mil 324 pesos por cinco beneficios: aguinaldo, estímulos por productividad, prima de vacaciones, Sistema de Ahorro para el Retiro y “otras prestaciones”.


Esta última figura –que no especifica claramente el destino de los recursos públicos– es ocupada por 182 dependencias: secretarías de Estado, entidades paraestatales y organismos descentralizados. De octubre a diciembre del año pasado, significó un desembolso de 12 mil 875 millones 730 mil 524 pesos. El “consolidado” de Pemex indica que fue la paraestatal que más recursos justificó bajo ese título, por 3 mil 261 millones 634 mil 137 pesos.


La Secretaría de Educación Pública, bajo el mandato de Alonso José Ricardo Lujambio Irazábal, asignó al rubro de prestaciones 4 mil 777 millones 858 mil 189 pesos. Las gratificaciones se desahogaron a través de 36 rubros, de los que se asignaron 1 mil 198 millones 48 mil 497 pesos que fueron entregados bajo el concepto de estímulo por antigüedad.


La opacidad
El informe Áreas de opacidad y riesgo. Oportunidades de mejora, de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), cuestiona la manera de asignar las remuneraciones de los servidores públicos que se allegan de recursos bajo diversos conceptos como: sueldo, sobresueldo, compensaciones, bonos y ayudas diversas, consistentes en vales de despensa, gasolina, despensas navideñas, comida de fin de año, exenciones fiscales y otro tipo de prestaciones complementarias de carácter especial.


Y es que dice el máximo órgano de fiscalización que la “existencia de regímenes distintos, y en algunos casos de excepción en los poderes de la Unión y en los órganos constitucionalmente autónomos, complica, confunde y refleja una alta opacidad y un exceso de discrecionalidad en materia de remuneraciones, debido a la falta de criterios universales que sean aceptados y observados en toda la administración pública”.


Según el desglose de prestaciones que tienen los funcionarios de las 214 dependencias gubernamentales, son 92 conceptos en los que se distribuyen los beneficios a los empleados de la administración pública federal.


Del pago de aguinaldo, por 20 mil 326 millones 272 mil 525 pesos, siguen las “otras prestaciones”, con 12 mil 875 millones 730 mil 524 pesos; luego, las “previsiones y aportaciones para los sistemas de educación básica, normal, tecnología y de adultos”, por 4 mil 362 millones 477 mil 773 pesos.


Las “prestaciones de retiro” sumaron 4 mil 235 millones 192 mil 313 pesos; en tanto que la “prima de vacaciones y dominical” significó un gasto de 2 mil 723 millones 608 mil 642 pesos, y los “estímulos por antigüedad” representaron un egreso de 2 mil 377 millones 732 mil 75 pesos.


El diagnóstico, elaborado por Arturo González de Aragón al final de su gestión al frente de la ASF, precisa que entre los rubros vinculados con las percepciones de los servidores públicos que han sido afectados por una asignación arbitraria, se encuentran las jubilaciones y pensiones.


De éstas, el máximo órgano de fiscalización del país determinó que “en muchas ocasiones se han otorgado sin cumplir los requisitos y la antigüedad correspondiente, así como a los regímenes de liquidación al finalizar el encargo de los servidores públicos, mediante los cuales se otorgan recursos desproporcionados en relación con lo establecido en la ley”.


Las prestaciones
Los incentivos de los servidores públicos son distribuidos, también, bajo el título de apoyo, beca, compensación, estímulo, premio, subsidio, seguro, entre otros. Con estos rubros se cubren gastos funerarios, anteojos, juguetes, despensas, transporte, canastas navideñas y subsidios por “costos de vida cara”.


Los beneficios son otorgados junto con las prestaciones de ley que garantizan la afiliación de los funcionarios a los servicios de salud pública y a créditos de vivienda, a través de las aportaciones que hace la federación a los institutos Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).


No obstante, por lo menos en 122 dependencias de gobierno se presupuestaron 192 millones 80 mil 654 pesos para el pago de “seguro de gastos médicos mayores”, indica el documento elaborado por la SCHP, y que comprende el periodo de octubre a diciembre de 2009.


La cifra, que presupone contratados con clínicas, hospitales y/o aseguradoras del sector privado, representa el 12.62 por ciento de los 1 mil 520 millones 843 mil 597 pesos asignados al ISSSTE, y el 25.64 por ciento de los 749 millones 142 mil 332 pesos asignados al IMSS.


Fiestas, mudanzas y subsidios
El reporte hacendario revela que en apoyos para las fiestas decembrinas, la administración de Calderón Hinojosa suministró 994 millones 166 mil 484 de pesos en “medidas de fin de año”; 14 millones 507 mil 205 pesos en “canastas navideñas y otros 605 mil 246 en “ayuda para juguetes”.


Las dependencias que mayores recursos presupuestaron en estos rubros son: la Secretaría de Marina, que entregó 368 millones 782 mil 750 pesos a su personal civil; el Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura gastó 3 millones 847 mil 800 pesos en “canastas navideñas”. Mientras, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos asignó entre sus funcionarios 185 mil 100 pesos en juguetes.


Los “menajes de casa y gastos de instalación del servicio exterior mexicano” son otros de los rubros que debe pagar la hacienda pública a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, encabezada por Patricia Espinosa. Tan sólo en los últimos tres meses del año pasado, este concepto significó la aplicación de 16 millones 294 mil 516 pesos.


La misma cancillería cubrió el pago de “encargadurías a los miembros del servicio exterior mexicano”, por 47 mil 360 pesos. Monto superior a los gastos cubiertos por concepto de “seguro de gastos contra accidentes”, por 22 mil 280 pesos, de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos ?única dependencia que mostró este tipo de seguro.


El “subsidio por costo de vida cara”, que significó un gasto de 357 mil 579 pesos, es uno de los conceptos que más destacan de la lista de prestaciones, de los cuales se le asignaron a los funcionarios de Nacional Financiera 356 mil 603 pesos, contra 976 pesos a los servidores de la Secretaría de Educación Pública.


La ASF es contundente en su informe presentado en 2009, pues señala “la necesidad de establecer una política que armonice y consolide los pagos por remuneraciones y percepciones en todos los niveles, bajo tabuladores únicos de carácter universal y con límites mínimos y máximos, que eviten emolumentos adicionales por conceptos no contemplados en la norma general”.



Fuente: Contralínea 169 - 14 de febrero de 2010


Fuente: Contralínea
Difusión: AMLOTV

Cananea y la cruzada antilaboral


Cananea y la cruzada antilaboral

La resolución adoptada el pasado jueves por el segundo tribunal colegiado en materia laboral del Distrito Federal, con la que se dan por concluidas las relaciones de trabajo entre Mexicana de Cananea –propiedad de Grupo México– y los más de mil agremiados del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana que laboraban en ese yacimiento, es una medida que socava la vigencia del estado de derecho en el país, exhibe el nivel de desprotección en que se encuentran los trabajadores ante la connivencia de los intereses empresariales y las autoridades, agota las vías de expresión institucional para ese gremio y cancela las perspectivas de una posible negociación para dar solución al conflicto.

El fallo referido da continuidad a la campaña de hostigamiento judicial, represión, criminalización e injerencias emprendida por la pasada administración federal y continuada por la presente contra la organización sindical. Debe recordarse que el conflicto que se desarrolla en Cananea desde el 30 de julio de 2007 –fecha en que diversas secciones del sindicato minero colocaron las banderas rojinegras en yacimientos de Guerrero, Sonora y Zacatecas– es consecuencia de la precariedad lacerante que padecen los trabajadores de ese sector, la cual se expresó, de manera particularmente cruda, con el accidente ocurrido el 19 de febrero de 2006 en el socavón de Pasta de Conchos, Coahuila, donde 65 mineros resultaron muertos.

En ese entonces, en vez de darse a la tarea de dar solución a las indignantes condiciones de trabajo de los mineros y exigir a los empresarios que cumplieran con la normatividad pertinente de seguridad, las autoridades federales emprendieron una campaña contra el sindicato minero, cuya primer manifestación fue el desconocimiento del máximo dirigente del gremio, Napoléon Gómez Urrutia ya que el líder señaló la irresponsabilidad de la empresa y de las autoridades encargadas de supervisar las condiciones laborales imperantes en Pasta de Conchos y logró, con ello, que el gobierno foxista, con el cual mantenía hasta entonces buenas relaciones, iniciara una campaña de acoso judicial en su contra y pretendiera incluso, en una muestra de injerencia abierta e ilegal en la vida interna de la organización, imponer una dirigencia espuria por conducto de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
Durante los más de 30 meses que ha durado la huelga en Cananea, la postura de las autoridades ha sido abiertamente favorable a la empresa y contraria al sindicato, como lo demuestran los cinco laudos y las tres declaraciones de inexistencia de huelga dictados por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Ahora, con el fallo del tribunal colegiado, el órgano jurisdiccional exhibe un alineamiento vergonzoso a los designios del gobierno federal y, en última instancia, a los intereses de la empresa propiedad de Germán Larrea.

Un elemento que no puede escapar al análisis es que esta determinación, junto con la ofensiva que el gobierno federal ha emprendido contra el Sindicato Mexicano de Electricistas, permiten ponderar la orientación y el calado de la contrarreforma laboral en ciernes, la cual, a decir del titular de la STPS, Javier Lozano, será discutida en el actual periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión. No hace falta mucha perspicacia para suponer que la iniciativa calderonista no buscará el beneficio de los trabajadores del país, al contrario, estará dirigida a profundizar las condiciones de precariedad laboral que éstos padecen, a velar exclusivamente por los intereses empresariales y a permitir injerencias sistemáticas en la vida interna de los sindicatos.

En suma, en el conflicto minero de Cananea, al igual que ocurre con la embestida oficial contra el SME, está en juego no sólo el respeto de los derechos laborales de los involucrados, también la vigencia de una legalidad sistemáticamente quebrantada por los patrones y, lo más grave, por las autoridades encargadas de hacerla cumplir, y buena parte de las definiciones en torno a la política laboral en el país.

Eloxochitlán, miseria y enfermedad


En el municipio más pobre de Puebla, la falta de caminos, las precarias habitaciones en las pendientes de los cerros, la economía basada en cultivos de temporal, pero sobre todo el desdén de las autoridades de los tres niveles de gobierno, mantienen a la población a merced de los embates del clima y de las enfermedades. La salud se vuelve aquí un privilegio inalcanzable para las familias serranas



Eloxochitlán, Puebla. En vísperas de navidad, una ventisca arrasó con la casa de Mauro. Le arrebató, entre otras cosas, sus documentos y los uniformes escolares de sus hijos. Lo único que el vendaval dejó a su paso fue el “piso firme” de la casa, un “apoyo” de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) para “un mejoramiento de la vivienda”.


Desde entonces, Mauro Cortés Salvador, su esposa y cinco de sus hijos viven hacinados en la cocina, el único sitio de la precaria construcción de madera que soportó el embate del viento. Blanca, la menor de los hijos de Mauro, se asoma tímida al interior de la habitación; sus pies descalzos entran en contacto con la húmeda tierra del piso de la cocina y muestra entonces su menudo cuerpecillo, que parece el de una niña de seis años, aunque Blanca ya tiene nueve.


Junto al fogón, Ricardo permanece de pie. A sus 16 años, el joven apenas habla; sus movimientos son lentos y torpes. “Está enfermo… de la cabeza, del cuerpo”, dice el señor Mauro en un atropellado español. En un municipio donde el 95 por ciento de los habitantes habla náhuatl, suelen faltar las palabras en castellano para expresarse. Aunque llevó a Ricardo con el médico, Mauro no puede explicar qué padecimiento aqueja a su hijo; sólo menciona que el doctor le habló de medicinas, que no ha podido comprar.


Ricardo no va a la escuela y tampoco recibe atención médica. Pasa los días en su casa, en la comunidad de Atexacapa, en medio de viejos trastos, algunas ollas y pocillos cubiertos de hollín, una vieja mesa, cuatro sillas de plástico, tablones de madera que sirven como cama y un televisor: todo el patrimonio familiar.


Hasta antes de ser arrasada por el viento, la casa de Mauro pertenecía al 84.8 por ciento de viviendas sin agua entubada del municipio, de acuerdo con el Índice de marginación 2005 desarrollado por el Consejo Nacional de Población (Conapo). Dicho indicador señala también que el 23.5 por ciento de las casas en Eloxochitlán no cuenta con energía eléctrica, mientras que casi el 3 por ciento carece de drenaje y servicio sanitario.


El índice ubica a Eloxochitlán en el primer lugar de marginación de Puebla y el sitio 26 a nivel nacional, de entre más de 2 mil municipios. Además, Eloxochitlán ocupa el puesto 21 de los municipios con menor Índice de Desarrollo Humano en México, de acuerdo con el Informe del desarrollo de los pueblos indígenas de México, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Sin caminos ni servicios de salud
En esta región de la Sierra Negra poblana, la espesa niebla dificulta la visibilidad. En el camino que conduce a la comunidad de Tepetzala, apenas se distingue a mujeres y hombres que avanzan cuesta arriba, sorteando piedras y charcos, abundantes oben la fangosa vereda. Las jóvenes madres llevan sobre sus espaldas, envueltos en viejos rebozos, a sus hijos más pequeños. Sus caras, que a ratos reposan sobre las espaldas que los soportan, son tocadas por la llovizna incesante y el frío viento de la montaña. El lodo se cuela entre las fisuras de las desgastadas sandalias de las mujeres, que de poco sirven en un camino hostil como éste, similar a los demás que conducen a las desperdigadas comunidades de Eloxochitlán.


A pesar de las bajas temperaturas y de la lluvia que no ha cesado en 15 días, Alejandra y Jaime bajaron desde Tepetzala a la cabecera municipal de Eloxochitlán para que Alejandra tramitara su credencial de elector. Con su hija María del Carmen a cuestas y soportando el dolor en sus piernas, Alejandra caminó por más de una hora hasta la presidencia municipal. Más que ejercer el voto, a la joven de 18 años le interesa tener la credencial para empadronarse en el Programa Oportunidades: hasta ahora le han negado el apoyo porque no cuenta con dicho documento.


Jaime, su esposo, no sabe cuándo podrá inscribirse al programa, pues aunque los promotores de Sedesol llegan a Eloxochitlán cada dos meses para entregar los subsidios de 400 pesos mensuales, desconoce cuándo regresarán “los ingenieros” que son los encargados de las afiliaciones. El joven de 22 años dice esperanzado que con ese dinero podrá llevar a Alejandra al hospital de Tehuacán para que le digan por qué su esposa tiene extrañas ronchas en las piernas desde hace más de un año. Jaime cuenta que cuando la llevó al centro de salud del municipio, el doctor sólo le dijo que la llevara al hospital. Como si le apenara su padecimiento, Alejandra agacha la cabeza cuando su esposo comienza a hablar de las protuberancias que invadieron sus delgadas piernas, primero como pequeñas ronchas, luego aumentaron su tamaño y se tornaron oscuras. “Está sufriendo”, dice Jaime al tiempo que señala una herida purulenta en la espinilla derecha de Alejandra.


El Centro de Salud de Eloxochitlán, ubicado en la cabecera municipal, luce vacío. En su interior sólo se alcanzan a ver decenas de cajas apiladas con la leyenda “Nutrivida”, el suplemento alimenticio que la Secretaría de Salud provee a las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. El espacio funciona como bodega, pues el centro de salud fue mudado a otro poblado; pero por ahora (enero de 2010) no hay nadie que atienda, pues el doctor y las enfermeras se fueron de vacaciones desde diciembre.


Eloxochitlán pertenece a la Inspección Sanitaria 10, que agrupa a una veintena de municipios, algunos de ellos catalogados por el Conapo como de los más marginados del estado. No obstante, la inspección sólo cuenta con un hospital general en Tehuacán y cinco hospitales regionales. El más cercano a Eloxochitlán se encuentra en el poblado de El Tepeyac, a dos horas de viaje en autobús desde la cabecera municipal. El doctor Paul Pérez Nolasco, jefe de guardia en dicho sanatorio, señala que ninguno de los hospitales regionales de la Sierra Negra atiende todas las especialidades médicas. Refiere, además, que cuando alguien necesita ser trasladado al hospital de El Tepeyac, los gastos corren por cuenta del paciente: si la ambulancia del hospital está disponible, se pide a los familiares del enfermo un apoyo para la gasolina.


La falta de caminos es otro de los problemas que limitan el acceso de los habitantes de la Sierra a los servicios de salud. Las comunidades de Eloxochitlán están comunicadas por rústicos caminos de terracería, que en época de lluvias pueden llegar a ser infranqueables lodazales. La carretera que conecta a Tehuacán con los municipios de la Sierra Negra no está exenta de dificultades, como las fisuras en el camino y los constantes deslaves de los cerros a causa de la lluvia.


El 5 de julio de 2007, un alud aplastó un camión de pasajeros en el poblado de Zacacoapan, perteneciente a Eloxochitlán; 60 personas murieron. Tras la tragedia, los pobladores del municipio reclamaron a las autoridades por las malas condiciones del camino. El gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, dijo que no se podía responsabilizar a nadie de los hechos porque este tipo de deslaves eran comunes en la Sierra Negra, y espetó: “¿Qué acaso nosotros mandamos el agua?”, de acuerdo con la nota de Blanca Patricia Galindo, “Tragedia en sierra poblana; avalancha sepulta autobús”, publicada en el periódico El Universal el 5 de julio de 2007.


Pobreza, la única herencia
Milpas doblegadas por el viento flanquean el camino a la casa de Flavio Cortés, ubicada en la ladera de una montaña, en la localidad de Tepetzala. A fuerza de los constantes pasos, entre los arbustos se ha formado un sendero que comunica la casa de Flavio con las de su madre y su abuela, todas de madera y con techos de cartón.


De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el 91.4 por ciento de la población económicamente activa de Eloxochitlán recibe menos de dos salarios mínimos y casi el 90 por ciento trabaja en el campo.


Flavio forma parte de esas estadísticas, pues se dedica al cultivo de maíz, pero sus precarias ganancias no son suficientes para atender las necesidades de su familia. Su cultivo, como el de todos los campesinos de la región, es de temporal, por lo que puede ocurrir que la cosecha no se dé, en cuyo caso tiene que pedir dinero prestado a sus vecinos y amigos para comprar maíz para comer. “Si no, hasta el otro día comemos”, dice el joven de 20 años, refiriéndose a su esposa y a él, pues asegura que sus hijos nunca se han quedado sin comer.


Su primogénita, Elsa Daniela, no toma leche y rara vez come carne; al igual que sus padres, se alimenta de tortillas, frijoles y café. El abultado vientre de la niña se asoma debajo de la vieja sudadera que viste y sus pies sucios de lodo tocan desnudos el frío cemento del “piso firme” de la casa.


En la cocina, Guillermina, la esposa de Flavio, se refugia cerca del fogón. Colgado en su espalda, el pequeño Hernán Joaquín tose débilmente, acaso por el humo de la leña que recién empieza a colmar el aire de la habitación, acaso por un malestar respiratorio, tan común en esta región, como señala el doctor Pérez Nolasco.


Guillermina permanece con la vista hundida en el piso de tierra de la cocina; cuando su esposo cuenta algo en un parco español, ella levanta la mirada. Su ojo derecho luce extraviado. Flavio comenta que Guillermina ya no ve bien, que sufre de náuseas, que desde pequeña le cuesta trabajo caminar. Temerosa de que el doctor solamente le recete medicinas que no podrá comprar, Guillermina prefiere resignarse.


El vendaval de diciembre pasado se llevó la letrina de la casa de Guillermina y Flavio. En el sitio donde se encontraba, sólo quedaron viejas tablas de madera desperdigadas entre las verdes matas que revisten la Sierra. Flavio se queja de que las autoridades municipales no le han querido brindar apoyo para reconstruir su letrina y lo atribuye a su filiación política con el Partido Acción Nacional en un municipio de cuño priista.


El síndico municipal de Eloxochitlán, Alberto Montalvo Cid, reconoce que el ventarrón afectó varias viviendas. Comenta que los vecinos se han acercado a la presidencia municipal para solicitar ayuda de las autoridades, “pero no contamos con recursos para que apoyemos a la gente”, dice. El funcionario se queja de que la gente exija el apoyo inmediato pues, insiste, no hay recursos. “Les vamos a dar techo, lámina de cartón…lo que se pueda”, afirma.


Pero al municipio más pobre de Puebla, apenas si llegan los recursos. El año pasado, Eloxochitlán recibió 35 millones 405 mil 105 pesos como presupuesto; de los cuales, 16 millones 638 mil correspondieron a los Fondos de Aportaciones para Infraestructura Municipal. Dicho monto equivalió al 0.53 por ciento del total, de acuerdo con la información de la Ley de Egresos de Puebla para el Ejercicio Fiscal 2009.


El Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011 señala que las 39 instancias encargadas del desarrollo social en Puebla destinan un presupuesto anual de 323 pesos por persona para la población en alta y muy alta marginación, entre los que se cuentan los 11 mil 347 habitantes de Eloxochitlán.


Emigrar, la solución
La noche cae en el poblado de Xonotipan de Juárez y algunas luces diseminadas avisan de la presencia de casas en las laderas de la montaña. La tranquilidad que impera en el ambiente es interrumpida por el barullo de los hijos y sobrinos de Martha, que juegan descalzos en medio de sombras.


Martha ha vuelto a casa de sus padres luego de pasar varios años en Tehuacán, a donde fue a trabajar a una maquiladora cuando tenía 17 años.


Al principio ganaba 500 pesos a la semana por coser pantalones de mezclilla, pero al cabo de los años, llegó a recibir hasta 1 mil pesos por su trabajo semanal. Aunque precario, reconoce que su sueldo era más alto de lo que podría haber ganado en Xonotipan. “Lo que me pagaban ahí, aquí nadie me lo podía dar”, asegura. Al igual que ella, muchos pobladores de la Sierra emigran a Tehuacán en busca de una mejor vida, que con la siembra de maíz y café en esta depauperada zona es impensable para los pequeños propietarios.


Durante su estancia en una maquiladora, Martha sufrió malos tratos de los patrones. Los gritos y las amenazas de despido a los trabajadores eran constantes, así como el férreo control que los jefes llevaban de la producción diaria que cada obrero debía cumplir, y en caso de no hacerlo, el trabajador era obligado a laborar horas extra sin goce de sueldo.


Martha recuerda que la mayoría de sus compañeras eran madres solteras, jóvenes igual que ella.


Por años, Martha no regresó a Xonotipan ni mandó dinero a sus padres, pues lo que ganaba se le iba en pagar la renta y sobrevivir en la ciudad. Cuando sus hijos nacieron, los gastos aumentaron y su salario de obrera alcanzó para menos. Aún así podía comprar leche para sus hijos, mientras que en Xonotipan apenas si puede alimentarlos con frijoles.


Ahora, Martha se dedica a cortar café en los cafetales de sus padres. Su hermana sigue en Tehuacán, en la maquila. Aquí, en medio de la Sierra, las calles de Xonotipan siguen sin pavimento; más de la mitad de las viviendas no tiene agua potable y casi ninguna cuenta con drenaje. La vuelta al campo le ha hecho ver a Martha que, en este poblado de Eloxochitlán, la vida sigue siendo difícil y que lo que da la tierra no alcanza para vivir. A pesar de la difícil experiencia que vivió en la maquiladora, cuando se le pregunta si regresaría, queda pensativa un instante y luego se ríe antes de contestar que posiblemente lo hará, pero más tarde.


Fuente: Contralínea
Difusión: AMLOTV

MÉXICO FRÁGIL



Por: Claudia Rodríguez
Apenas a inicios del año pasado en el tercer año de la administración calderonista, se desató un debate entre la opinión pública en torno a si México era o no, un Estado fallido. Los responsables de la conducción del país, atajaron y atacaron sobre estas hipótesis y conclusiones porque se apuntó que sólo se trataba de desprestigiar a la nación sin datos contundentes. Pero hubo quienes con análisis, aportaron en torno a que si no se era fallido, muchas características tenía del mismo, y que marchaba a pasos agigantados con condición de frágil, hacia un Estado fallido.



Si bien, la gran mayoría de los mexicanos vivimos el día a día con cierta cotidianidad, ya nada nos garantiza que hasta una simple ventisca o una lluvia fuerte, se conviertan en factor de riesgo no sólo para nuestros bienes materiales, sino incluso para nuestra salud y nuestras propias vidas.

Antes que el narcotráfico, al que hoy en día se le quieren anotar el 99:9 por cierto de nuestros males nacionales, en casi todo el país se vive una corrupción imparable en las calles, las escuelas y los centros laborales, hasta la empresa privada le entra al asunto con gusto.

Es innegable reconocer que la inseguridad en donde los robos y secuestros están a la orden del día, son otro signo de la fragilidad y del estado anómalo en que se desenvuelve la sociedad. Tan podrido está el asunto, que ya nadie quiere perder el tiempo cuando los delincuentes simulan un secuestro y dan aviso vía telefónica a un incauto aún cuando todo se trate de un engaño.

La crisis económica nacional, en donde el desempleo y la falta de dinero en los bolsillos del mexicano de a pie y en las cuentas de los empresarios es cosa común, es otro síntoma de la gran fragilidad nacional.

Es así, que la corrupción, los territorios inseguros --en donde un día sí y otro también se asesina a sangre fría— y la crisis económica, son el ambiente perfecto para que los cárteles del narcotráfico asienten sus reales en casi todo el territorio nacional y empiecen a dominar entidades fallidas, en donde el narco es el verdadero poder.

Muertas por gastritis, quemados en una guardería, rafagueados en una fiesta, afectados o muertos por la fuerza del agua fluvial o pluvial y más, son síntomas de la fragilidad rumbo a lo fallido de nuestra nación.

Al final de cuentas, a la gran mayoría de los mexicanos no nos importa discutir el nivel de lo anómalo del país, lo que nos preocupa es que está fallando en muchos terrenos y que al conjugarse, debilitan las oportunidades y las propias esperanzas.

Acta Divina… En marzo del 2009 el presidente Felipe Calderón Hinojosa advertía que “decir que México es un Estado fallido es absolutamente falso”, y precisaba que no haber perdido ninguna parte del territorio mexicano.

actapublica@gmail.com
claudia.rodriguez.de.z@gmail.com


Fuente: Indice Político
Difusión: AMLOTV

Pemex: nuevo embate privatizador


Pemex: nuevo embate privatizador
Jesusa Cervantes


MÉXICO, D.F., 14 de febrero (Proceso).- Una nueva embestida del gobierno federal y Petróleos Mexicanos (Pemex) que buscaría abrir por completo la participación de trasnacionales a la exploración, explotación y producción de hidrocarburos mediante novedosos contratos reavivó la discusión en la Cámara de Diputados en torno al riesgo de privatización de este sector, y de pasó dividió a legisladores del PRI y del PRD.

Para frenar este supuesto plan, los diputados del Partido del Trabajo promovieron una controversia constitucional cuyo objetivo es frenar las “disposiciones administrativas de contratación de adquisiciones, arrendamientos, obras y servicios de las actividades sustantivas (exploración, explotación y producción de hidrocarburos) de Pemex y organismos subsidiarios” que aprobó el Consejo de Administración de Pemex y que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el pasado 6 de enero.

La propuesta dividió al PRI y al PRD, pues mientras algunos sectores de estos partidos respaldan al diputado del PT Jaime Cárdenas (entre ellos el coordinador y el vicecoordinador de la fracción priista, Francisco Rojas y Carlos Ramírez Marín), otros legisladores de esos mismos partidos (como los diputados afines al senador Manlio Fabio Beltrones y algunos miembros de Nueva Izquierda), acompañados por el Partido Acción Nacional, la rechazan.

El plazo para que la Cámara de Diputados presente esta controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación vence el jueves 18. El lunes 8, Pemex envió a dos de sus consejeros independientes a la Cámara de Diputados: Fluvio Ruiz Alarcón se reunió con diputados del PRD, y Rogelio Gasca Neri con los del PRI. Su trabajo era convencer a los legisladores de que las nuevas normas de Pemex no violentan la Constitución. Ambos consiguieron ampliar la discusión hasta este lunes 15, en tanto logran ponerse de acuerdo al interior de las fracciones del PRI y PRD. En el PAN, el vicecoordinador Roberto Gil Zuarth se pronunció por que la Cámara de Diputados tome “una decisión jurídica y no política”, y rechazó que se pretende “dar la vuelta a la reforma energética por la vía administrativa”.

En entrevista, el diputado del PT Jaime Cárdenas detalló que las nuevas reglas aprobadas por el Consejo de Administración y avaladas por los cuatro consejeros independientes (entre los que están Fluvio Ruiz Alarcón, propuesto por el PRD, y Rogelio Gasca Nery, propuesto por el PRI) son anticonstitucionales y abren en su totalidad el sector energético a las trasnacionales extranjeras.

Por su parte, el exlegislador, exsecretario de Estado y uno de los priistas más críticos a las reformas de Pemex, Manuel Bartlett Díaz, resumió la acción del Consejo de Administración de la paraestatal como el “capítulo II de la simulación de la reforma energética” para permitir la privatización del sector.

En tanto, el especialista del llamado Grupo de Ingenieros Pemex Constitución del 17, Alfonso Gikman Sandoval, advirtió que las nuevas disposiciones de Pemex se traducirán en contratos de riesgo, y permitirán compartir la renta petrolera con las empresas privadas y trasladar a éstas las facultades que tiene Pemex de planeación, dirección, organización y control de los contratos.

El consejero Ruiz Alarcón rechazó que existan violaciones a la Constitución y aseguró que de ninguna manera implica la privatización, aunque no negó que “pueda haber la intención” de configurar contratos de riesgo. “Pero para evitarlo y vigilar, estamos los consejeros independientes”, dijo.



Violaciones a la Constitución



El pasado 6 de enero, Pemex publicó en el Diario Oficial de la Federación 82 artículos que fijan los “lineamientos” para los nuevos contratos que la paraestatal establezca con empresas privadas en materia de servicios por exploración, explotación y producción de los hidrocarburos. Estos cambios aprobados por el Consejo de Administración son parte de las obligaciones que se derivan de la reforma energética aprobada en octubre de 2008 y la cual creó la nueva Ley de Pemex, cuyo artículo 19 faculta al consejo a definir los citados lineamientos.

La Ley de Pemex no fue controvertida. Sin embargo, aclara el diputado Jaime Cárdenas, la controversia que promueve el PT no cuestiona la validez de la ley, sino que intenta demostrar que lo aprobado por el Consejo de Administración viola los artículos 25, 27, 28, 49, 73 y 134 de la Constitución.

“Sostenemos en la controversia que se violenta la Constitución porque todo el desarrollo de la industria petrolera le corresponde al Estado y, según la resolución del Consejo de Administración, Pemex y sus subsidiarias pueden contratarlo todo con empresas particulares o a terceros extranjeros.”

De hecho, dice, la atribución que se le dio al Consejo de Administración de Pemex es inconstitucional de origen porque no puede contratar algo que le corresponde explorar al Estado y porque el artículo 134 de la Constitución establece que, en materia de adquisiciones, las regulaciones “deben estar contenidas en ley”. En este caso, se fijaron con base en una norma administrativa que determinó un consejo. En otras palabras, precisa, las nuevas formas de contratación que pretende Pemex no están regidas por leyes, “sino por un simple lineamiento” que “viola el principio de ‘reserva de ley’”.

Alfonso Gikman Sandoval, ingeniero jubilado con más de 23 años de trabajo en Pemex e integrante del Comité Nacional de Estudios de la Energía, coincide en que las nuevas disposiciones establecen esquemas de contratación que abren a la iniciativa privada todas las actividades sustantivas de carácter productivo.

La nueva norma prevé “aspectos de planeación, dirección, organización y control de los trabajos”, a diferencia del esquema anterior, en el que los contratistas y proveedores “sólo participaban en el proceso de ejecución coadyuvando a Pemex”.

Pero además, “está orientado a la participación de compañías petroleras extranjeras mediante contratos de riesgo que van a estar ligados en sus incentivos a los volúmenes de producción”, explica el ingeniero.

La controversia constitucional promovida por el PT es también una reacción a la reunión privada de Felipe Calderón con los directivos de las trasnacionales British Petroleum, Royal Dutch Schell, Statoil, la francesa Total y la italiana Enei, el 29 de enero en Davos, Suiza. Ahí, según un comunicado de la Presidencia de la República, les habló de las bondades de la reforma energética de 2008. Los empresarios también se reunieron con la secretaria de Energía, Georgina Kessel, quien informó a la agencia Notimex que “se lanzará un nuevo esquema de licitaciones”.

En la misma reunión de Davos, el secretario de Economía, Gerardo Ruiz Mateos, reveló que las principales petroleras tuvieron una “participación activa” para “lograr esos contratos marco” que presentará Pemex, y añadió que seguramente esas empresas se sumarán pronto en la exploración y perforación de pozos en el país. Complacido, contó que las trasnacionales “felicitaron” a la paraestatal.

Sin embargo, el consejero Ruiz Alarcón negó que las trasnacionales hayan participado en la elaboración de los lineamientos que fijó Pemex o que estén participando en los primeros contratos marco o modelo que se diseñan.

Fuente: Proceso
Difusión AMLOTV

La cuna de la revolución, peligra nuevamente


Al Pueblo de México.

Lic. Felipe Calderón Hinojosa.
Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas.

Gral. Guillermo Galvan.
Secretario de la Defensa Nacional.

A los medios de Comunicación.

La cuna de la revolución, peligra nuevamente, con el mismo argumento que utilizaron para tomar Cananea en 1989, pretenden terminar con la huelga que valientemente han sostenido los mineros de Cananea y sus familias. En ese tiempo dijeron que por el peligro de los explosivos tenían que tomar la mina, ahora también empiezan a decir que la mina sufre peligro por que hay nitrato de amonio con el que pueden fabricar potentes explosivos, por favor, dondequiera hay nitrato de amonio, e hidrocarburos.

En cualquier pueblo minero se encuentran explosivos, es parte de su labor, en Sonora y en cualquier lugar de México se encuentran armas de todos tipos y no precisamente las tiene el pueblo.

¿Que tantas cosas más se pretende hacer con nuestro pueblo?, no basta Cd. Juárez, Torreón, Michoacán, Pasta de Conchos, Sombrerete, lo que le hicieron a miles de trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, el despojo de tierras de los campesinos en aras del "progreso", la siembra de transgénicos terminando con la soberanía alimentaria, la impunidad que galopa desbocada en nuestro país, la nula aplicación de la ley y la administración de justicia, los fraudes multimillonarios en euros en el sector salud, la entrada de trasnacionales que solo pretenden llenar de tóxicos nuestro suelo, la venta indiscriminada de nuestras playas, la entrega de nuestros recursos, los fraudes que se hacen con los trabajadores a los que venden diminutas casas que son un atentado a los derechos humanos, y lo que es peor se creen benefactores del pueblo, creen que al venderles estas ¿casas? que luego les quitan y las compran las mismas contructoras o los bancos y las revenden a precio de oro, amén del negocio millonarios que hacen los "empresarios" como los Sahagún.

Sería interminable la lista de los agravios a nuestro pueblo, pero ahora con argumentos pueriles, pretenden acabar con la huelga legal de los mineros de Cananea.-

Sonora está en el ojo del huracán, primero el caso de la guardería ABC, donde murieron 49 niños sin que nadie resultara culpable, no son atendidos debidamente los que resultaron lesionados, y ahora siguen con cientos de trabajadores de la mina, y por supuesto sus familias

¿Que mas quiere que pase Sr. Calderón?, ¿cuantos muertos más necesita, para despertar de su sueño?.

Rosa María O´Leary
Ciudadanos por el Cambio Democrático.

Alistan plan de seguridad alternativo para Ciudad Juárez




Ciudad de México, 14 de Febrero.- El senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Carlos Navarrete Ruiz, anunció que en la comparecencia del gabinete de Seguridad Pública que se realizará esta semana, presentará un plan de participación social para Ciudad Juárez.
Dicho plan, agregó, establece que se permitan mejorar las estrategias de combate contra el crimen organizado en aquella entidad.
“Estamos atravesando por una crisis del esquema de combate a la delincuencia que se impulsó desde 2006, es lamentable que se desborden las cosas en Ciudad Juárez para que el gobierno de la República llegue a la conclusión de que hay que darle un giro a la estrategia del combate a la violencia y al crimen organizado”, declaró.
Por lo tanto, dijo, “lo hacemos que participe la gente desde abajo, en un gran esfuerzo social, o no tendrá éxito el gobierno de la República en su combate al crimen’.
Explicó que con este plan se podrá combatir a las bandas delincuenciales a partir de la participación directa de la ciudadanía en coordinación con las instancias federales y estatales de seguridad.
Habrá que “dejar de andar persiguiendo delincuentes a balazos” para ir en respaldo de los jóvenes y de las familias que padecen día a día este problema social, destacó.
El presidente del Senado de la República indicó que este esquema le fue propuesto por organizaciones cívicas y sociales de Ciudad Juárez, y consiste en realizar un diagnóstico para conocer cómo vive cada una de las familias, “saber cuántos muchachos están estudiando, cuántos están en las calles y cuál es su situación alimentaria”.
Detalló, además, que esta propuesta tiene como fin crear comités cívicos de vigilancia en cada colonia o barrio y así establecer “mecanismos de autoprotección de las familias con la solidaridad social y con el respaldo del gobierno’.
“Lo hemos dicho una y otra vez y ahora la realidad se ha impuesto de manera brutal en Ciudad Juárez: la violencia y el narcotráfico no se van a combatir a balazos en las esquinas o en las colonias, con más soldados o más policías desplegados”, agregó Carlos Navarrete.
El también coordinador de los senadores del PRD destacó que de aplicarse eficazmente este esquema se podrán abrir fuentes de empleo e impulsar a las micro y pequeñas industrias en el municipio y, lo mejor, “darles espacio de convivencia a los muchachos”.
Por lo tanto, expuso que a partir de este diagnóstico será necesario que las secretarías de Desarrollo Social, de Salud, de Educación Pública y todo el gabinete se “vuelquen” a atender los problemas de esa ciudad.
A la visita que el Ejecutivo federal hizo a las familias de los jóvenes asesinados por un comando armado en Ciudad Juárez hace dos semanas, “le estalló en las manos, la indignación, la desesperación, el dolor de las familias, el coraje de los muchachos y la incapacidad del gobierno municipal para enfrentar solos este problema”, remató.


Fuente: Radio Trece
Difusión AMLOTV