ESTADO DE LOS ESTADOS
Por: Lilia Arellano
“El crimen hace iguales a todos los contaminados por él”: Marco Anneo Lucano.
• Narcos disponen del campo: RGV
• Comparecencias secretas en Senado
• FCH esquiva sus responsabilidades
• Propone PRI revocación de mandato
• “Greg” Sánchez fuera de la jugada
Febrero 16, 2010.- Tras la masacre de jóvenes en Ciudad Juárez y ante los airados reclamos de la sociedad por la falta de resultados concretos en la “guerra contra el narcotráfico”, los integrantes del gabinete de seguridad comparecieron en total secrecía ante integrantes del Senado de la República para explicar la situación que guarda la lucha contra el crimen organizado, los alcances del “Plan México” o “Iniciativa Mérida” con la consecuente intromisión de Estados Unidos, y para tratar de llegar a algún acuerdo en la materia. Mientras tanto, desde su trono, Felipe Calderón eludió una vez más sus responsabilidades y obligaciones y reclamó la participación de la sociedad para enfrentar la delincuencia, como si ésta tuviera las atribuciones constitucionales para tal efecto, contara con los cuantiosos recursos financieros, materiales y humanos para hacerlo y tuviera a su disposición las armas, los chalecos antibalas, los costosos equipos y vehículos.
En contraste, el presidente del Tribunal Superior Agrario, Ricardo García Villalobos Gálvez, subrayó una de las principales raíces del problema, al advertir que el narcotráfico ha suplido la falta de crédito en el campo mexicano y se ha convertido en uno de los principales financiadores de extensas zonas rurales a las que dotan de semillas, particularmente amapola y marihuana; de seguridad y hasta de armas, situación que ha generado que en alrededor de 30 por ciento de los terrenos del campo mexicano convivan cultivos de productos legales con plantíos de estupefacientes. Durante el Seminario Sobre Seguridad Jurídica en la Inversión, Compra y Participación en Tierras Ejidales y su Ordenamiento en Materia Ambiental, organizado por la Barra Mexicana Colegio de Abogados, subrayó que la presencia del narco se ha podido constatar incluso cuando han tenido problemas para que se cumplan algunas sentencias que tienen que ver con la restitución de algunas tierras, especialmente por problemas de límites, en zonas donde es clara la siembra de plantíos ilegales.
García Villalobos lamentó que durante las últimas administraciones federales, priistas y panistas, no se haya podio reactivar el campo mexicano. En este contexto, cuestionó que Vicente Fox haya presumido de ser ranchero y no haya detonado el campo, y que en el caso de Felipe Calderón, quien viene de Michoacán, tampoco se entiende que no haya apoyado al sector rural, problemática que ha provocado la creciente dependencia alimentaria de nuestro país con respecto al extranjero, por lo que es necesario que el gobierno mexicano vea y atienda el problema del campo como un asunto de seguridad nacional.
El presidente del Tribunal Superior Agrario destacó que en ese entorno genera inconformidad conocer que funcionarios como el Secretario de Agricultura, Francisco Javier Mayorga, y sus familiares, han sido beneficiados con apoyos económicos de programas como Procampo. En cuanto a esta problemática, en el Senado de la República, legisladores del PRI exhortaron al Ejecutivo Federal a que instruya la suspensión y cancelación de forma inmediata del pago de los subsidios del Programa de Apoyos Directos al Campo (Procampo) a Mayorga y a su familiares, lo mismo que a otros funcionarios de la administración pública federal y estatal que formen parte de estructuras gubernamentales vinculadas al campo. Asimismo, demandaron una profunda revisión y evaluación del Procampo, que permita su transformación en un programa social que impulse verdaderamente la producción y competitividad del campo mexicano.
No hay que pasar por alto que fue el ex secretario de Agricultura, Alberto Cárdenas Jiménez, quien en diciembre de 2009 frenó en la Cámara Alta una iniciativa para depurar el padrón de Procampo, con el argumento de que era una tarea del Poder Ejecutivo. El proyecto había sido promovido por los priistas Adolfo Toledo Infanzón, Ramiro Hernández y Francisco Herrera, y planeaba una reforma a la Ley de Capitalización de Procampo para que el listado de beneficiarios de ese apoyo económico fuera evaluado “periódicamente por instituciones académicas nacionales o internacionales”. Sin embargo, el 8 de diciembre pasado el pleno desechó la propuesta por improcedente. En ese entonces, Cárdenas Jiménez, presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería, argumentó que no se requería de “instrumentos jurídicos adicionales” para blindar el programa de apoyos.
Ahora, Alberto Cárdenas pide que no lo responsabilicen de bloquear la limpia de Procampo, y justifica que la decisión de declarar improcedente la propuesta tricolor fue consensuada por cinco comisiones unidas. También aseguró que durante su gestión como titular de la Sagarpa, se inició la “cirugía” de Procampo y la depuración de los padrones, trabajo que por lo que se ve fue realizado de pésima manera, pues hasta la fecha el secretario de Agricultura y su familia más cercana; tres hermanos del narcotraficante Joaquín “el chapo” Guzmán Loera; Carlos Beltrán Leyva, hermano de Arturo Beltrán “el barbas”, así como varios políticos mexicanos encumbrados, son subsidiados por los programas mexicanos para el campo, cuya meta original es apoyar a los productores más desprotegidos.
FCH ELUDE RESPONSABILIDAD
Ante el grave problema de inseguridad pública que se resiente el país, Felipe Calderón sigue intentando eludir sus responsabilidades. En San Andrés Cholula, Puebla, en donde estuvo acompañado del “gober precioso” Mario Marín, el inquilino de Los Pinos reclamó la participación de la sociedad para enfrentar el crimen organizado y reiteró su llamado a todas las fuerzas políticas a anteponer el interés de la Nación por encima de los intereses particulares, por legítimos que éstos sean. Justificó que “donde no hay participación ciudadana no hay solución de fondo a los problemas”. Al parafrasear a Vicente Guerrero dijo que “La Patria es Primero” y subrayó que este es un motivo para continuar luchando contra la amenaza de la delincuencia.
Ante esos llamados, el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal le recordó que los juarenses, quienes han resentido más que nadie la inseguridad de su comunidad, no necesitan “palmaditas en la espalda” por parte del Gobierno, sino acciones contundentes para reducir la impunidad y la violencia. José Antonio Ortega, presidente de dicho consejo, hizo “un enérgico llamado a las autoridades federales y estatales para atender con toda la fuerza del Estado lo esencial de su actuación, que es investigar, perseguir, castigar y detener a los criminales”. El activista consideró que la estrategia militar en la ciudad fronteriza fracasó por la falta de acciones de inteligencia en contra del crimen organizado, y de no corregirse esta situación, el nuevo modelo de seguridad anunciado la semana pasada correrá la misma suerte.
Ortega reiteró que “los juarenses no necesitan sólo pelotas de futbol y palmaditas en la espalda, quieren justicia y quieren que se detenga a los responsables de los homicidios, de los secuestros, de las extorsiones y de los delitos que los han lacerado”.
COMPARECENCIAS SECRETAS
Poco o nada se ha visto hasta el momento que indique que en el corto, mediano o largo plazo se resolverá el problema de la seguridad en el país. A pocos ciudadanos les queda la esperanza de que en este sexenio se pueda avanzar en ese sentido, a pesar de las escandalosas ejecuciones que recientemente se ha perpetrado en diferentes localidades del país, lo que ha llevado a exigir las explicaciones correspondientes a los funcionarios (in) competentes del gabinete de seguridad. Sin embargo, por acuerdo entre las coordinaciones parlamentarias en el Senado, dichas comparecencias –que aún continuaban al cierre de estas líneas- se acordaron en un formato de completa confidencialidad.
En las instalaciones de la Cámara alta , los secretarios de Defensa, Marina, Seguridad Pública, Gobernación y el procurador general de la República comparecían ante los coordinadores parlamentarios de todos los partidos representados en el Senado. Los temas que estaban siendo analizados eran la estrategia –si es que la hay- implementada por la administración federal en la lucha contra el crimen organizado y la cooperación con Estados Unidos en la materia, a través del “Plan México” o “Iniciativa Mérida”. Otro de los objetivos en las comparecencias es reactivar la discusión de las reformas pendientes en la materia, avanzar para dar un marco legal a la actuación excepcional que tiene el Ejército en las calles y “descongelar” las iniciativas de Calderón para otorgar más facultades a las fuerzas armadas.
De acuerdo con los informes que tienen los senadores, en lo que va del sexenio se tienen contabilizados más de 17 mil ejecutados, de los cuales mil 500 son policías, 620 mujeres y unos 87 miembros del Ejército mexicano.
REVOCACION DE MANDATO
En la Cámara de Diputados, la fracción parlamentaria del PRI presentó su iniciativa de reforma política que contempla la revocación del mandato para el Presidente de la República, secretarios de Estado, legisladores, gobernadores y presidentes municipales. Dicha iniciativa también prevé revocar el mandato a los asambleístas y jefes delegacionales del Distrito Federal, así como a los síndicos, regidores y diputados locales.
La iniciativa priísta, presentada por la diputada María el Carmen Izaguirrre, adquiere gran relevancia en el actual contexto político nacional dada la incompetencia que han demostrado no sólo el actual inquilino de Los Pinos, sino los integrantes de su gabinete, cuya ineficiente actuación han ocasionado graves daños a la nación y a la población en su conjunto, por lo que la posibilidad de que los electores puedan revocar el mandato de los representantes populares es una acción ciudadana de gran relevancia que debe ser analizada con toda seriedad. La iniciativa priista establece que cuando los funcionarios cometan ilícitos, actos deshonestos o negligencia podrán ser destituidos de su cargo mediante votación, con determinado número de electores establecidos en la ley.
En la tribuna, Izaguirre explicó que para que la revocación del mandato proceda sólo se podrá solicitar una vez que haya transcurrido la mitad del periodo para el cual fue electo, y para tal efecto “se requiere de la solicitud suscrita por al menos 15 por ciento de los ciudadanos que conforman el padrón electoral nacional, del estado, del municipio, del distrito o de la delegación del Distrito Federal, según sea el caso”. Los encargados de emitir las bases del procedimiento a seguir para proceder a la revocación del mandato son el Instituto Federal Electoral, de los estados o del Distrito Federal.
La diputada priista destacó que los actos gubernamentales secretos, la mentira, el ocultamiento de información o la difusión a cuentagotas, las llamadas filtraciones, deben terminar el quehacer público, para lo cual esta reforma sería un paso importante para lograr erradicarlos.
ACUERDOS OSCUROS
Y precisamente en ese sentido es como se dieron los acuerdos por debajo de la mesa entre la cúpula del PRI y la secretaría de Gobernación para sacar adelante el paquete financiero de Felipe Calderón a finales del año pasado, a cambio de garantizarles a los tricolores que el PAN no haría alianza con el PRD para enfrentarlos en las elecciones locales de este año. La fracción parlamentaria del PRI en la Cámara de Diputados confirmó que desde el pasado mes de octubre entabló negociaciones diversas con el gobierno federal sobre la Ley de Ingresos, en forma paralela a las futuras alianzas electorales entre panistas y perredistas, para lo cual el titular de Gobernación, Fernando Gómez Mont, se comprometió a que el PAN no concretará alianzas con el Sol Azteca.
En esa dinámica, el dirigente del PAN, César Nava, conoció antes que Felipe Calderón los pactos de Gómez Mont con el PRI para posibilitar la aprobación del paquete financiero a cambio de que el PAN no concretara alianzas con los perredistas, según lo reveló el propio titular de la Secretaría de Gobernación. “Bajo una lógica de gobierno y en mi calidad de secretario de Gobernación, entré en conversaciones con otras fuerzas políticas para tratar de sacar acuerdos en el mes de octubre y noviembre con el fin de posibilitar la aprobación del paquete financiero… De esas negociaciones tuvo conocimiento en su momento el presidente del partido (PAN), licenciado César Nava y tiempo después se le informó con detalle al Presidente de la República. Hasta enero se le informó de todo el contexto. En la medida en que yo pueda hacer valer los compromisos que había asumido y en la medida en que entendió o percibió una lógica del PAN independiente a la lógica del gobierno fue una de las razones por las que tomé mi decisión de renunciar al partido. Otras de las razones quedan entre el licenciado Nava y yo”, reveló Gómez Mont.
A pesar de todo, Fernando Gómez Mont asegura que permanecerá en su cargo, no obstante su renuncia a Acción Nacional.
DE LOS PASILLOS
De nueva cuenta Cancún se encuentra prácticamente sitiado por elementos policiacos. Esto debido a la próxima visita de Felipe Calderón a estas tierras en las que se llevará a cabo la Cumbre del Grupo de Río y aunque tal evento tendrá lugar en la Riviera Maya ya la céntrica avenida Yaxchilán es testigo del desfile de uniformados y a su vez éstos elementos también dan fe de lo que acontece en el lugar en donde proliferan los antros de mala muerte, las y los prostitutos y en donde también se efectúa la venta de estupefacientes ante la mirada de una autoridad que, argumentando que tales persecuciones corresponden a la federación, permite el gran mercado de drogas.
Pero lo anterior no ha sido lo único que ha tenido la población del lugar para comentar y mostrar su inconformidad. Sin el menor rubor se presentaron Gregorio Sánchez Martínez, Gustavo Joaquín y el propio Carlos Joaquín a lo que el munícipe llamó “la inauguración de las playas en Cancún”, intentando que se olvide su negativa a pagar lo acordado al Fideicomiso de restauración lo cual retrasó durante 2 días los trabajos que ahí se realizaba y que no fue sino hasta que el Gobierno del Estado otorgo el aval que pudo volver a ponerse en marcha la obra.
Para nadie era un secreto y ahora se ha puesto totalmente de relieve que lo que se dijo era cierto, que existía un acuerdo, un pacto entre los integrantes de la familia Joaquín y don Gregorio y que tal versaba en el apoyo que darían dos de ellos al que resultara candidato para la gubernatura. Don Gregorio, en el acto realizado en la zona hotelera cancunense, no escatimó palabras para asegurar que de ser Gustavo Ortega el candidato panista le brindará todo su apoyo.
Según se ve, de acuerdo con los antecedentes y con lo que ha ocurrido en las últimas horas y que corresponde no solo al endeudamiento que por 10 millones de dólares tiene pendiente el edil, sino a las aseveraciones de César Nava, dirigente nacional panista en el sentido de que la mega alianza no se llevará a cabo en Quintana Roo, Sánchez Martínez ya no está confiado en su postulación y ahora voltea a don Gustavo para sostenerse en la política. Sólo que el caso de Carlos Joaquín puede considerarse punto y aparte aún y cuando participó del acuerdo de esta terna. Y es que ya deben haber considerado sus asesores que el colmo de la manifestación de buscar el poder por el poder mismo sería que un priísta encabezara la alianza entre el PRD y el PAN. No se antoja que teniendo la familia Joaquín, particularmente don Pedro y don Carlos, un escenario tan favorable para el 2010 uno de los dos se decidiera por cambiar la camiseta cuando es precisamente el partido en el que actualmente militan el que tiene las más amplias posibilidades de alcanzar de nuevo la primera magistratura.
(lilia_arellano@yahoo.com)
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Fuente: Indice Político
Difusión: AMLOTV
