martes, 28 de diciembre de 2010

Posible sanción a funcionarios que decidieron cobrar aguinaldo

Lunes, 27 de Diciembre de 2010 00:00
Escrito por Elizabeth Cuevas Villalobos

CUERNAVACA. El presidente del grupo Educa e integrantes del Colegio de Abogados, Juan Juárez Rivas, anunciaron la promoción de denuncias penales contra magistrados, presidentes municipales y diputados que al final del año se pagaron jugosos aguinaldos, esto luego de las acciones de protesta realizadas hace algunos días.

Luego de que en días pasados abogados de diferentes organizaciones se opusieron al pago de aguinaldos porque representaba una ofensa para la ciudadanía, ayer el jurista Juan Juárez afirmó que habrá acciones legales contra quienes hayan cobrado este beneficio que no está reconocido en la Constitución.

“Vamos a esperar los primeros días del mes de enero para pedir a cada una de las dependencias para que nos digan cuánto cobraron de aguinaldo y sostenemos que si cobraron aguinaldo los vamos a denunciar penalmente porque no es posible que quieren imparten justicia no quieran obedecer la ley”.

Y es que el abogado lamentó que a pesar de las acciones implementadas durante el mes de noviembre y parte de diciembre los funcionarios del estado hicieron caso omiso y cobraron onerosos aguinaldos que afectan las finanzas del estado.

Al hablar sobre el Tribunal Superior de Justicia, el abogado afirmó que el titular de dicha institución, Miguel Ángel Falcón Vega, se escondió para no atender la exigencia de los litigantes.

Juan Juárez estableció que durante los primeros días del 2011 presentará las denuncias penales contra quienes hayan cobrado el aguinaldo, esto debido a que la Constitución no reconoce dicho pago para los funcionarios.

Las querellas incluirán a los diputados que hayan cobrado el aguinaldo, a pesar de que afirmaron no lo harían por “sensibilidad social”.

Sobre todo, agregó el abogado, porque los diputados no etiquetaron los recursos que se ahorrarían con este concepto.

Fuente: La Jornada de Morelos

Convoca AMLO a sus seguidores a organizarse rumbo a 2012




Convoca AMLO a sus seguidores a organizarse rumbo a 2012
Rosalía Vergara


MÉXICO, D.F., 27 de diciembre (apro).- En vísperas de que comience 2011 Andrés Manuel López Obrador pidió a sus seguidores comenzar a organizarse para lograr la transformación de la vida pública del país.

En su último mensaje del año –ofreció 52 mensajes en la red social Youtube— el exjefe de Gobierno del Distrito Federal dijo que es necesario agrupar a muchos ciudadanos “concientes, libres” porque sólo “el pueblo organizado puede salvar a la nación”.

Autoproclamado “presidente legítimo”, López Obrador citó los problemas sociales de los que ha dado cuenta en sus mensajes, como la liquidación de Luz y Fuerza del Centro; la agresión contra los electricistas, los mineros, los pilotos y las sobrecargos de Mexicana de Aviación; de la impunidad; cómo fueron protegidos funcionarios públicos en el caso de la guardería ABC...

El tabasqueño reiteró el caso del funcionario de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que está siendo investigado en Estados Unidos por presunta corrupción por 5 millones de dólares, pero en México no fue castigado por las autoridades del gobierno de Felipe Calderón, sino que, por el contrario, sólo fue despedido para que huyera del país.

“Aquí hemos hablado del desempleo, del abandono de los jóvenes, de la falta de programas para reactivar la economía, el empleo, sacar del estancamiento económico. Hemos hablado del fortalecimiento de los valores morales, espirituales, culturales, de la necesidad de fortalecer la soberanía. Estamos dejando de ser un país soberano, independiente”, indicó.

Asimismo, destacó que se ha hablado de crear una nueva corriente de pensamiento y por esto su movimiento está actuando. “No sólo son palabras, son hechos”, insistió.

López Obrador comentó también que este año recorrió nuevamente el país para alentar a los ciudadanos, creándoles confianza para que no caigan en la desesperanza.

“Este año quedó claro cuál es el objetivo de nuestro movimiento. Quedó claro que es la transformación del país, no es nada más llegar al gobierno. Queremos una renovación tajante porque sólo así vamos a encontrar la salida como pueblo, como nación”, dijo.

López Obrador reiteró que dicha transformación será por la vía pacífica, mediante la organización de 15 mil comités territoriales; con la distribución de 5 millones de ejemplares del periódico Regeneración.

“Pensamos que esto dará fruto y sacar a nuestro pueblo adelante”, expresó.

En su mensaje de felicitación para que el 2011 “nos vaya mejor a todos”, el tabasqueño aclaró que no quiere construir una nueva patria encima de un país en ruinas.




Fuente: Proceso
Difusión AMLOTV

Solicita el Cecop a diputados una reunión antes de iniciar consulta


Zeferino Torreblanca no es el indicado en hablar de hacer cumplir la ley, sostiene Chávez Galindo

FRANCISCA MEZA CARRANZA

Integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (Cecop) llamaron a los integrantes de la recién creada comisión de investigación y seguimiento a la problemática surgida en torno al proyecto hidroeléctrico del Congreso local, a reunirse con ellos en Cacahuatepec una vez que comiencen las consultas que se han anunciado, porque argumentan que son ellos y no la población en general quienes tienen que decidir por sus tierras.

Ayer, durante la asamblea ordinaria, los opositores tomaron como uno de los puntos principales el proceso electoral a la gubernatura y las acciones que emprenderán el día de la elección, el 30 de enero, y sostuvieron que no se permitirá el acceso de los candidatos a las comunidades; no obstante, aún se analiza si se aprobará la instalación de las casillas en las comunidades.

Jacinto Solís Vázquez, de La Concepción, aseveró en su participación que las tierras no son de la opinión pública y el hecho de convocar a una consulta para tomar una decisión es apostarle a una confrontación.

Rodolfo Chávez Galindo dijo que en las cuestiones que los diputados harán en su consulta deberían poner un apartado en el que pregunten a las personas si votarán para que los comuneros sean despojados de sus tierras o sobre cuántas muertes habrá en la zona debido a la inconformidad de algunos habitantes.

Durante su participación sostuvo que si los tres candidatos a la gubernatura quieren La Parota no pasarán a los pueblos pues no tienen nada que hacer ahí.

Criticó que el gobernador Zeferino Torreblanca Galindo haya respondido con aplicar la ley contra los opositores cuando dijeron que no permitirían la instalación de las casillas y consideró que no es el indicado para hacerlo, sino los órganos electorales.

Asimismo, dijo que el gobernador y el director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Alfredo Elías Ayub, serán los responsables de lo que ocurra “así como lo son de los cuatro muertos que ya ha habido” y criticó que se han dedicado a promover violencia y despojo.

Salomón Hernández Encarnación, de El Cantón, fue uno de los comuneros que propuso que no se permitiera la instalación de las casillas y no se deje entrar a nadie al lugar: “Vamos a votar para que nos vengan a matar o nos dejen sin casa sufriendo... nos vamos a chingar no queda de otra”.

Durante su participación, Marco Antonio Suástegui Muñoz propuso que se permitiera la instalación de las casillas el día de la elección, pero que el llamado entre las comunidades será a no votar.

Puso como ejemplo lo que ha ocurrido desde hace años en Garrapatas, donde los habitantes no votan; en lugar de sufragar dijo que la mejor manera de expresar su rechazo al proyecto, sería redactar un documento que meterían en la urna del cual su contenido sabrán sólo ellos.

También criticó que Torreblanca Galindo haya respondido ante la amenaza de no permitir la instalación de urnas con aplicar la ley por lo que cuestionó el por qué no la aplica contra Rubén Figueroa por el caso Aguas Blancas, o en la matanza de El Charco e incluso en el caso del asesinato del extinto diputado local Armando Chavarría Barrera.

A manera de advertencia expuso: “ni se le ocurra a Zeferino mancharse las manos de sangre al pretender callar la voz de alguno de los opositores... no estamos solos, nos verán solos pero tenemos el apoyo de muchos organismos internacionales... si se comete otro asesinato más el pueblo no se lo va a perdonar”.

Fuente: La Jornada de Guerrero

¡Pobre México, tan lejos de Argentina!


¡Pobre México, tan lejos de Argentina!
Miguel Ángel Granados Chapa


MÉXICO, D.F., 27 de diciembre.- El general Jorge R. Videla, dictador argentino de 1976 a 1981, ha sido condenado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad. Ya había sido sentenciado a la misma pena en 1985, pero la lenidad del presidente Carlos Saúl Menem le concedió el indulto, además de aplicar en su beneficio las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida. Esas medidas fueron después anuladas por el Congreso en 2003, y esas leyes, declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema apenas el 31 de agosto pasado. Entonces pudo llevarse de nuevo ante los tribunales a Videla, principal integrante de la Junta Militar que desató (y en cierto modo continuó la cruzada anticomunista dejada en manos de José López Rega por la presidenta Isabelita Perón, en 1975) la más descomunal represión ejercida por poder alguno contra su propia gente en la historia de América Latina, que se resume en la cifra de 30 mil desaparecidos.

Videla fue sentenciado el miércoles 22 de diciembre por el Tribunal Oral Federal Número 1 de Córdoba, como “autor mediato (…) penalmente responsable de los delitos de imposición de tormentos, agravada por la condición de perseguido político de la víctima (32 hechos en concurso real); homicidio calificado por alevosía y por el concurso de pluralidad de partícipes (29 hechos en concurso real); tormento seguido de muerte (un hecho), todo en concurso real (…) imponiéndole en tal carácter para su tratamiento penitenciario la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales y costas (…) En consecuencia, ordenar su inmediato alojamiento en una unidad carcelaria dependiente del Sistema Penitenciario Federal”.

El juicio se refiere a la tortura y asesinato de 31 presos políticos recluidos en el Penal de San Martín, en la misma Córdoba donde ahora ha sido sentenciado. Los hechos ocurrieron entre el 1 de abril y el 30 de octubre de 1976, cuando Videla se estrenaba como dictador. No se le ha condenado porque se suponga que él personalmente entró en la prisión y atormentó a los presos y luego los acuchilló o disparó sobre sus cabezas. Junto con él este miércoles fueron sentenciados subordinados suyos (incluido el general Luciano Benjamín Menéndez, jefe del III Cuerpo de Ejército, en cuya jurisdicción se cometieron los crímenes), la mayor parte de los cuales tuvieron injerencia directa en los homicidios y los tormentos mencionados.

Pero como autoridad suprema, como jefe del Estado (por más que usurpara el cargo) y como jefe del Ejército, Videla fue hallado culpable de ordenar o consentir esos delitos, tenidos como de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptibles. Suerte semejante hubiera corrido su par en la Junta Militar inicial, el almirante Emilio Eduardo Massera, de no haber muerto el 8 de noviembre.

En la forma extrema de rendición de cuentas a que deben sujetarse los gobernantes, hayan sido elegidos o no, Videla pasará el resto de sus días en una prisión común. No estará allí a pesar de haber ejercido en los hechos la Presidencia de la República, sino por ello mismo, por la responsabilidad política que le corresponde al ocupante del Poder Ejecutivo.

¡Qué remota la posibilidad de que un gobernante mexicano fuera llevado a los tribunales por crímenes semejantes a los imputados a Videla! Y vaya que los ha habido, sin que el sistema judicial y la estructura política (así como sus coyunturas) permitan su enjuiciamiento.

Si a vuela pluma revisamos la historia mexicana del medio siglo reciente, encontramos hitos donde la violencia homicida del Estado contra sus enemigos (se hayan declarado así las víctimas o no) segó la vida, al margen de la ley, de innumerables ciudadanos en las más diversas circunstancias. Si hubieran sido sometidos a proceso y se les hubiera sentenciado a la pena de muerte, nadie supondría posible enjuiciar a los jefes de Estado, por más que se conociera el dominio presidencial sobre procuradores, jueces, magistrados y ministros.

Pero la represión letal ejercida por disposición directa o indirecta de los presidentes los hace responsables políticos, no ante la Constitución, sino ante la historia, de crímenes que no tendrán castigo, porque estamos lejos de poder enjuiciarlos como hicieron en Uruguay, Chile y Argentina con sus dictadores.

En una combinación de causa y efecto, muchos sucesos en que el asesinato político sería imputable al jefe del Estado son apenas conocidos, porque la lenidad social (surgida del miedo o de la inconsciencia política) pasa por alto esos crímenes. En algunos casos, como los de Luis Echeverría y Carlos Salinas, la porción de la sociedad que los detesta lo hace por su corrupción personal o por el profundo daño que infligieron a la economía, al patrimonio de la gente, a la cual suelen importarle más los bienes materiales perdidos o dejados de ganar que el respeto a la vida misma.

En 1961, a la mitad del sexenio de Adolfo López Mateos, el general Celestino Gasca, dueño de una sólida biografía de militante laborista, resolvió convocar a los Federacionistas leales a alzarse en armas. Eran una fuerza dispersa en todo el país, remanente de la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano (de allí su nombre) que apoyaron en 1952 la aspiración presidencial del general Miguel Henríquez Guzmán. Algunos sectores, los leales entre ellos, le imputaron traición a la causa cuando el candidato opositor se acomodó al triunfo de su adversario. Con gran ingenuidad, Gasca hizo convocatorias tan abiertas que reclutó no sólo a antiguos henriquistas sino a agentes de la Dirección Federal de Seguridad, que hicieron abortar el movimiento. Decenas de presuntos alzados, con Gasca a la cabeza, fueron aprehendidos en la Ciudad de México y pronto dejados en libertad, sin juicio. Pero un número indeterminado de personas fueron ejecutadas extrajudicialmente, aun con métodos antiguos como colgarlas de los árboles, tal como ocurrió entre otros puntos en La Ceiba, en el lindero de Hidalgo, Puebla y Veracruz.

La represión de Díaz Ordaz a la movilización estudiantil, y la de Echeverría contra los propios estudiantes disidentes, son bien conocidas, y de ellas se desprenden claras responsabilidades de ambos gobernantes. Se quiso hacer valer las que tocan a Echeverría, y el esfuerzo del Comité 68 –con Raúl Álvarez Garín y Félix Hernández Gamundi a la cabeza– consiguió la mayor aproximación de la justicia contra un presidente. A esa colocación de Echeverría en el banquillo de los acusados sirvió de modo inequívoco el papel de la fiscalía creada por Fox para investigar los crímenes de la guerra sucia, la mayor parte de los cuales ocurrieron en los años setenta, principalmente los primeros seis. Justamente el riesgo de que ahondar en las averiguaciones dejara claras responsabilidades directas de Echeverría provocó el asedio al fiscal Ignacio Carrillo Prieto y la campaña de desprestigio en medio de la cual concluyó sus funciones.

Una dependencia de esa índole debería abrirse para indagar los crímenes políticos cometidos durante el periodo presidencial de Carlos Salinas. Si bien los protomártires de esa época, Francisco Xavier Ovando y Román Gil Heráldez, cayeron en julio de 1988, antes aun de que Salinas fuera elegido, su asesinato puede ser inscrito en la represión salinista porque fueron ultimados en vísperas de los comicios. Salinas fue formalmente elegido luego de que con esos homicidios se inhabilitó la defensa legal del voto.

Creado en 1989, como resultado y concreción partidaria del Frente Democrático Nacional que había sacado avante la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas, el Partido de la Revolución Democrática vio marcados con sangre su nacimiento y su vida incipiente. Especialmente en Michoacán y Guerrero, donde se efectuaron las primeras elecciones locales, la represión más cruel pareció destinada a exterminar el partido que suscitó el rencor presidencial con su permanente crítica al fraude que le permitió ser investido con la máxima autoridad del Estado.

Por supuesto, no fue Salinas quien directamente apretara el gatillo para eliminar a sus enemigos, pero permite atribuirle responsabilidad en los crímenes de esos años la impunidad de que disfrutaron los asesinos, ninguno de los cuales fue llevado ante la justicia, ni la federal que dependía directamente del presidente, ni la del fuero común, a cargo de gobernadores sujetos en los hechos a la autoridad presidencial. Quien quiera ser benévolo con Salinas y ahorrarle la acusación de autoría de 250 asesinatos de perredistas documentados por la Secretaría de Derechos Humanos de ese partido, tendrá que convenir en que fue al menos un encubridor y en que debiera ser sujeto por lo tanto a juicios como el que mantendrá para siempre en la cárcel al general Jorge R. Videla.

Ahora que la memoria histórica se adelgaza y hasta tiende a disminuir por mero olvido, no por exculpación, la crítica a Salinas, causada por su corrupción y los daños que infirió a la economía de los mexicanos (que se evidenciaron al comenzar el gobierno de su heredero Ernesto Zedillo), es hora de que la sociedad le recuerde que, llevado a tribunales internacionales, podría ser considerado perpetrador de delitos de lesa humanidad, como Videla


Fuente: Proceso
Difusión AMLOTV

La Navidad y la Iglesia



La Navidad y la Iglesia
Javier Sicilia


MÉXICO, D.F., 27 de diciembre.- Acabamos de celebrar la Navidad –el misterio del abajamiento de Dios, de su renuncia a la omnipotencia y al poder– en circunstancias que la niegan. Debajo de los ritos, de los relatos que hablan de un Dios vuelto carne y contingencia en la presencia de un niño pobre que nació fuera de su casa, en una gruta; debajo de los villancicos y de las liturgias que celebran esa pobre humildad, se acumulan el silencio de 30 mil muertos víctimas del sueño del dinero, el grito desgarrado de miles de familias cercenadas, el chillido de hombres y mujeres que se disputan el poder y sólo tienen imaginación para la violencia, el alarde de la crueldad y la vileza de criminales y fuerzas del orden, y el miedo de una ciudadanía expoliada y olvidada.

La Iglesia, que custodia ese misterio y lo celebró en todos sus recintos, ha agregado al horror del país el encubrimiento fallido de sus sacerdotes pederastas, la defensa de la institución y de su moral sobre el sufrimiento de las víctimas, el insulto, la prepotencia, la corrupción y el cinismo de algunos de sus obispos, y el amor por el poder, la fuerza y el dinero de creyentes que se han sentado en los sitios de gobierno.

Nada, a no ser que el Niño de Belén está solo y abandonado a las fuerzas ciegas del poder, revela algo del sentido de la fiesta que acabamos de celebrar. Nada que no sea la negación de su revelación: El camino del hombre es el camino del límite, de lo pequeño, de lo pobre, de la renuncia a la fuerza, del acogimiento en la bondad de los otros.

¿Habría que decir entonces que, en el país que acaba de celebrar el misterio, la Iglesia que lo custodia pero que se reviste de poder es sólo eso: el rostro de su traición? ¿Habría que decir que la revelación de la Navidad, que muestra una imagen nueva y escandalosa del Todopoderoso –no la de una luz deslumbrante, sino la de una vela que debe ser protegida entre las manos; no la del trueno, terrible, destructor y hasta incomprensiblemente cruel, como la de los poderes del mundo, sino la de un niño pequeño, tierno, débil, inerme y necesitado–, es una mentira?

No lo creo. Los medios que, como se ha dicho, son un cuarto poder, retratan siempre la parte terrible de la realidad y, al colocarla diariamente en el centro de nuestra percepción, nos hacen tomarla como el todo.

La Iglesia en este sentido, y contrariamente a lo que los medios publicitan de ella, no es un orden administrativo, es decir, institucional como el del Estado –copia laica de la institución clerical–; tampoco es esa parte de la jerarquía que ha perdido el sentido de la piedad y de la caridad; ni un poder que dicta líneas de comportamiento, criminaliza a quienes se apartan de ellas y protege su institucionalidad a costa de los seres humanos; tampoco una fe que se declara, sino el cuerpo de ese niño nacido en la pobreza y en la intimidad de una cueva, el cuerpo de ese niño que fue acogido en medio del frío y que un día, cuando creció, dijo: “Allí donde dos o más estén reunidos en mi nombre (es decir, en el amor) estoy yo”; “No todo el que me diga Señor (es decir, no todo el que confiesa mi nombre) entrará en el reino de los cielos”; “Es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de los cielos”; “El que le haya dado (de beber, de comer, de vestir y haya acogido) al más pequeño de mis hermanos, a mí me lo hizo”.

En este sentido habría que decir que la Iglesia está allí donde, como en la cueva de Belén, el acontecimiento permanece oscuro, cotidiano, simple, ajeno al poder y a los que duermen; ajeno incluso a una confesión de fe. Está, como lo fue ese niño, en las víctimas de los poderes y en quienes, lejos de la publicidad –crean o no en Dios–, se encuentran en las cabeceras de los agonizantes, al lado de los presos, de los despojados, de los inmigrantes, de los desesperados, de los abandonados. Está en los que, a riesgo de su vida, denuncian la injusticia, y solos, de cara a la verdad, se plantan frente a la violencia –sea la del crimen o la del Estado– para decir: “No”; en quienes, sin imaginar que transforman el mundo, comparten con otros lo aparentemente insignificante: el pan, una caricia, un consejo, una mirada. En síntesis, está en la mayor parte de nuestros actos más simples e intrascendentes para el poder.

Cualesquiera que sean nuestras debilidades personales, lo que hace posible la presencia del Niño de Belén es el arraigo a cuatro compromisos siempre difíciles de mantener: la negativa a mentir sobre lo que se sabe, la resistencia a aceptar la humillación de un ser humano, la conciencia de nuestros límites, y la renuncia al poder y al dinero, que nos abre al encuentro con el otro. Es allí donde la Iglesia se manifiesta; es allí en donde la celebración de la Navidad tiene su verdadero rostro. Ningún medio lo advierte porque, al igual que la Navidad, tiene lugar en el fondo de lo intrascendente, y sus protagonistas no tienen nada de qué alardear. Los hombres y las mujeres que trabajan por el poder, los hombres y las mujeres del provecho, los violentos, los poderosos, los criminales, los ricos, los saciados de sí, los que quieren imponerle algo a otros, ignoran, aunque lo celebren, que el Niño ha nacido y que en medio de la imbecilidad de los poderes del mundo, en el secreto de la noche, transforma al mundo.

Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, liberar a todos los zapatistas presos, derruir el Costco-CM del Casino de la Selva, esclarecer los crímenes de las asesinadas de Juárez, sacar a la Minera San Xavier del Cerro de San Pedro, liberar a todos los presos de la APPO y hacerle juicio político a Ulises Ruiz.


Fuente: Proceso
Difusión AMLOTV

Diego, la personificación del PAN


Diego, la personificación del PAN
Álvaro Delgado


MÉXICO, D.F., 27 de diciembre (apro).- El silencio que Diego Fernández de Cevallos ha guardado sobre la fecha real de su liberación, el 11, no el 20 de diciembre, es elocuente de su verdadera condición: La mentira.

Nadie admite ser tildado de embustero, menos aún cuando recién se ha salido del infierno del secuestro, salvo que esa sea la absoluta verdad.

Y ese es el caso de Fernández de Cevallos, alias El Jefe.

Si su teatral reaparición hace una semana, el lunes 20, concitó toda suerte de dudas --que ya existían desde su secuestro, el 14 de mayo--, el dato de su real liberación, publicado por el diario La Jornada, el jueves 23 de diciembre, con base en información del gobierno de Felipe Calderón, lo termina de desnudar.

De haber sido falsa esa información, que derrumba todo el montaje de su impostado regreso, lo procedente era desmentirla de inmediato y daba oportunidad a que emitiera, por fin, el famoso “comunicado” que prometió sobre detalles de secuestro y aun los agradecimientos que pretendía hacer.

Pero nada.

Fernández de Cevallos confirmó que la virtud no es lo suyo.

En realidad, la deshonestidad no es patrimonio exclusivo de él.

Considerado emblema del PAN, Fernández de Cevallos personifica a lo peor de ese partido.

La mentira.

La hipocresía.

La injusticia.

La corrupción.

La impunidad.

La traición a los valores supremos.

Fernández de Cevallos es, entonces, el rostro del PAN, con toda su prepotencia.
Que nadie se extrañe que lo postulen candidato presidencial…



Apuntes

Cuando, tras el fraude electoral de 2006, el filoso cartonista Helguera dibujó a Jesús Ortega con el pantalón abajo y Calderón tocándole una nalga, mientras decía: “Esta izquierda sí me gusta”, Los Chuchos y sus simpatizantes en los medios se ofendieron. El dibujo no pudo haber sido más certero. Cuando Ortega deje la presidencia del PRD, supuestamente en marzo de 2011, ese partido estará completamente podrido, un proceso de descomposición que se aceleró desde que la facción Nueva Izquierda lo asaltó para entregarlo, completito, a la derecha panista, si buen algunos trozos le fueron vendidos al PRI en varios estados. La entrega sigue en el Estado de México, donde el candidato de la derecha apoyada por el PRD será, si Calderón no decide otra cosa, Luis Felipe Bravo Mena, prominente juramentado de El Yunque… ¡Feliz Año Nuevo!

Comentarios: delgado@proceso.com.mx


Fuente: Proceso
Difusión AMLOTV

Golpe del Vaticano contra la diócesis de San Cristóbal



Golpe del Vaticano contra la diócesis de San Cristóbal
Rodrigo Vera


La noticia no le gustó a la grey de la diócesis de San Cristóbal de las Casas: su obispo, Felipe Arizmendi, lleva adelante un proyecto para “desmantelarla”; casi la mitad de su territorio serviría para crear el obispado de Ocosingo. Analistas y sacerdotes coinciden en que se trata de otra embestida del Vaticano contra la línea pastoral que implantó aquí Samuel Ruiz, defensor de la causa indígena y pieza clave en los días posteriores al alzamiento zapatista de 1994, que en enero próximo cumple 17 años.



SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIS, 27 de diciembre (Proceso).- El obispo de San Cristóbal de las Casas, Felipe Arizmendi, presentó un proyecto para dividir territorialmente su diócesis, considerada la única en México que aplica la opción preferencial por los pobres, surgida del Concilio Vaticano II.

El proyecto argumenta que esa diócesis tiene un territorio muy grande que “limita la cercanía del obispo, de los sacerdotes y religiosas a las comunidades”, por lo que es necesario dividirla para crear una nueva, cuya cabecera estaría en Ocosingo.

Pero algunos sacerdotes y grupos de laicos se oponen al proyecto de Arizmendi porque consideran que su intención es desmantelar aquella línea pastoral que implantó aquí el obispo Samuel Ruiz García.

Joel Padrón, párroco de San Andrés Larráinzar, comenta: “Esta diócesis es un aporte a la Iglesia universal porque aquí se llevan a la práctica las enseñanzas del Concilio Vaticano II de tener una comunión real con el pueblo. Me sorprende que ahora intenten quitarle parte de su territorio y partirla en dos. Esta medida desmembrará al movimiento que implantó don Samuel Ruiz. Con esa división se acabó la diócesis de San Cristóbal, ¡se acabó!”

Padrón –arrestado en 1994 por defender a los indígenas– sospecha que el plan no es de Arizmendi, como éste asegura: “No sé de dónde venga ni quién lo haya hecho. Lo cierto es que es un proyecto muy bien elaborado, con gráficas y cifras estadísticas. Pero se realizó sin sondear antes al pueblo. Hasta ahora se está realizado una consulta”.

El sacerdote Heriberto Cruz Vera, a cargo del santuario de Tila, dice: “El proyecto viene de arriba. No responde a una necesidad de las bases. No toma en cuenta la opinión del pueblo. Tengo la impresión de que detrás de él hay una intencionalidad política más que pastoral”.

–¿Viene del Vaticano?

–Nuestro obispo dice que no, que es una propuesta suya y de sus vicarios. Vamos a creerle. Pero esta división territorial de la diócesis es algo que ya está cocinado. La suerte ya está echada. Debilitará todo el proceso de nuestra Iglesia autóctona y liberadora. Será muy doloroso.



“No es consigna”



Arizmendi defiende su plan y asegura a Proceso: “No es ninguna consigna de Roma ni es ningún mandato de la Nunciatura Apostólica ni del episcopado mexicano. Ni siquiera es un proyecto, es apenas el esbozo de una idea, una posibilidad que elaboré junto con mi obispo auxiliar y mis vicarios”.

–¿Por razones estrictamente pastorales?

–Así es. Ahora la tendencia mundial en la Iglesia es atender mejor a través de diócesis más pequeñas. Para no ir tan lejos, aquí la arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez está por dividirse, se le quitará territorio para crear una nueva en Villa Flores. ¿Por qué no empezar entonces a abordar el tema en San Cristóbal? El tiempo hará ver que no es tan mala idea, que se quiere hacer el bien. Amo a esta diócesis y doy mi vida por ella. Sería el primero en defenderla ante cualquier intento de perjudicarla.

–Su idea despierta suspicacias pues San Cristóbal ha sido una diócesis muy hostigada por su línea pastoral.

–Sí. Esas suspicacias son explicables por las razones históricas que ya sabemos. Pero yo procuro no ser un cacique, quiero escuchar y ver las necesidades para que todos tomemos las decisiones adecuadas. Un obispo no trabaja solo. Si la mayoría rechaza esa propuesta, pues no se realiza y punto.

–Hay temor de que una nueva diócesis siga una línea distinta a la que implantó Samuel Ruiz.

–El mismo temor existía cuando el obispo Raúl Vera llegó a la diócesis para sustituir a don Samuel. Y después cuando yo llegué como obispo también se decía que venía a arrasar con todo lo que oliera a don Samuel. Llevo diez años aquí y no ha sucedido tal cosa. No vengo a desmantelar su labor sino a potenciar todas las buenas inspiraciones que hay en la diócesis. Quiero quitar esos temores y angustias. No traigo consigna de Roma.

“Por otra parte ya don Samuel y don Raúl veían la posibilidad de quitarle territorio a la diócesis para crear una prelatura en la zona de Marqués de Comillas. Mi idea no es dividir sino multiplicar. Una nueva diócesis multiplicaría los servicios y atenciones.”



División territorial



En mayo pasado, en la última asamblea diocesana, Arizmendi dio a conocer el documento Propuesta de una nueva diócesis en Ocosingo. En él se aclara que “no se trata de discutir en esta asamblea la propuesta, sino sólo plantearla, explicarla y llevarla a las comunidades”, por lo que propone “iniciar una consulta” sobre la “conveniencia y la oportunidad de formar una nueva diócesis, con sede en Ocosingo, para dar un mejor servicio al pueblo de Dios”.

El documento señala:

“La tendencia actual en toda la Iglesia es que las diócesis sean más pequeñas para que el obispo las pueda atender mejor, visite con más frecuencia no sólo las cabeceras parroquiales sino también las pequeñas comunidades; no sólo vaya a las fiestas patronales y a celebrar confirmaciones, sino que participe en reuniones de catequistas, de servidores, de áreas de pastoral; es decir, que tenga tiempo para escuchar a las personas, de impartir personalmente algunas catequesis, de convivir más con el pueblo. Se quiere que el obispo no sea una figura lejana sino un pastor que está más cerca de su pueblo.”

Luego señala que la diócesis de San Cristóbal, con sus 36 mil 821 kilómetros cuadrados, es más extensa que las otras dos de Chiapas: Tapachula (con 12 mil 244 kilómetros cuadrados) y Tuxtla Gutiérrez (22 mil 629 kilómetros cuadrados).

El texto recalca: “Tener un territorio tan grande limita la cercanía del obispo, de los sacerdotes y religiosas a las comunidades. El pastor no conoce a sus ovejas”. De ahí que propone quitarle 18 mil 211 kilómetros cuadrados a la diócesis de San Cristóbal –casi la mitad– para dárselos a la de Ocosingo.

En cuanto a la infraestructura eclesiástica, la nueva diócesis se quedaría con 13 parroquias y una misión con tres sedes (Bachajón, Chilón y Santísima Trinidad), 32 sacerdotes, 64 religiosas, 6 religiosos, 260 diáconos permanentes, 12 seminaristas y muchos catequistas y servidores.

Aunque aclara: “Los sacerdotes diocesanos que actualmente desarrollan su ministerio en la posible diócesis de Ocosingo tienen libertad para permanecer allí mismo o solicitar su cambio a la diócesis madre de San Cristóbal, aunque su permanencia donde ahora están le daría a la nueva diócesis una mayor fortaleza y garantía de continuidad”.

El documento menciona que la nueva diócesis atendería a 558 mil 499 indígenas, principalmente tzeltales (274 mil 973) y choles (154 mil 790) ya que “el resto son minorías tzotziles, tojolabales, zoques y lacandonas”.

Y señala que si en la consulta se aprueba la nueva diócesis se presentará la solicitud a la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM). Si el voto de esta instancia también es favorable se enviará la propuesta al Vaticano, a la Congregación para los Obispos, la cual hará sus propias consultas. Finalmente, será el Papa quien dé “la última palabra”.

Detalla después el mecanismo para elegir al obispo de la nueva diócesis, que puede ser “indígena o mestizo”; se hará una consulta de la que saldrá “una terna de candidatos” que se presentará igualmente al pontífice y éste –alumbrado por “la luz del Espíritu” – decidirá quién queda.

Además de la de Arizmendi, el documento tiene las firmas del obispo auxiliar, Enrique Díaz Díaz, y de seis de sus vicarios: Pablo Iribarren, Javier Reyes, Pedro Arriaga, Rodolfo A. Román, Joel Vega y José Avilés.

Ellos aseguran en su documento que la diócesis de Ocosingo “nacería con la fuerza del proceso pastoral de San Cristóbal”. Se regiría bajo el mismo sínodo y sería igualmente “una Iglesia autóctona, liberadora, evangelizadora” y con las “mismas opciones diocesanas” que implantó don Samuel.

Al respecto, Arizmendi dice a este semanario: “Nuestra pastoral indígena, que es tan importante, cobrará mayor fuerza con las dos diócesis. De manera que no se trata de dividirnos sino de unirnos más. Y la opción por los pobres no cambiará pues no es una moda ni una conveniencia temporal, sino una exigencia evangélica esencial”.



“Consulta de consolación”



Heriberto Cruz es escéptico: “Es un sueño muy bonito eso de que las dos diócesis llevarán el mismo caminar, si ya de por sí Roma le ha puesto muchas objeciones a San Cristóbal, por lo que la ha golpeado muchísimo. No creo que apruebe otra diócesis semejante. Además, el obispo que llegue a Ocosingo, sea quien sea, impondrá sus propios lineamientos. Siempre sucede así.

“Al dividirla, a nuestra diócesis se le quitará fuerza en todos los sentidos. Cuando don Samuel y don Raúl proponían crear una prelatura en Marqués de Comillas lo hacían con otro espíritu y otra mística. En cambio, el proyecto actual es pragmático, parte de una visión muy jurídica que no proviene de una necesidad de las bases.”

–Pero ahora se les va a consultar.

–Esa consulta es de consolación. El proyecto se presentó porque la división ya va en camino y, repito, la suerte ya está echada. Don Felipe tiene 70 años de edad, el derecho canónico lo obliga a presentar su renuncia a los 75 años. Le quedan cinco al frente de la diócesis. Supongo que la división deberá darse en ese lapso. Con ella se acabará toda una línea pastoral. Sería muy triste que don Felipe terminara su periodo con esa división. Ojalá tenga la audacia y la astucia evangélica para impedirla.

–¿Cómo dar mejor atención pastoral sin dividir la diócesis?

–Hay varias maneras de solucionar el problema. Una de ellas es nombrar más vicarios o más obispos auxiliares, que es la propuesta que hace el equipo chol con el que trabajo. ¡Caray! San Cristóbal merece ser incluso arzobispado por toda su importancia histórica y la labor de fray Bartolomé de las Casas. Pero en lugar de eso se le quiere debilitar. La mayoría de la gente se opone a esa división.

Señala Heriberto Cruz que en el tiempo que lleva como obispo de San Cristóbal, Arizmendi ha dado cabida a sacerdotes del llamado Movimiento Carismático, que antes no trabajaban en la diócesis por ser contrarios a la línea de la opción por los pobres.

“Los carismáticos tienen una espiritualidad muy del cielo, de muchos gozos en el espíritu. No ven al pobre y al pueblo que sufre. Promueven una evasión de la realidad. Ahora don Felipe los ha fortalecido.”

Del mismo parecer, Joel Padrón afirma: “La diócesis de San Cristóbal no es una estadística, un listado de personas o un territorio para dividir. ¡No! Es sobre todo un movimiento de fe. Ese movimiento es similar al cauce de un río; si lo divides, el río pierde necesariamente su fuerza. Más bien debemos pensar en unificar ese cauce para darle más potencia”.

Padrón abunda en el símil ejemplificando con los catequistas y los indígenas: “No se les puede decir a los alrededor de 8 mil catequistas: ‘4 mil de ustedes se quedan aquí y los otros 4 mil se van para otro lado’. No puede hacerse tal cosa con un movimiento de fe que fluye bajo un mismo cauce.

“Tampoco se puede dividir a las distintas etnias. ¿Van a partir al pueblo zoque? ¿Van a partir al pueblo chol? ¡No es posible! ¡no se puede! La diócesis de San Cristóbal pudo integrar a esas distintas culturas bajo una misma opción. Al dividirlas se desmembraría la diócesis.”

–¿Y si la diócesis de Ocosingo asume la misma línea?

–Eso no se puede. Nadie puede garantizar que la nueva diócesis será una calca de la de San Cristóbal. Imaginemos que el obispo de Ocosingo sea el obispo ideal, irreprochable. Pues ni aún así las cosas serán igual, porque cada obispo tiene su propio carisma. Ocosingo será otra diócesis… y San Cristóbal también.

–Pero es común que las diócesis se dividan territorialmente…

–Es cierto. Muchas diócesis se dividen y no hay grandes repercusiones. Hoy se nos pone el caso de Tuxtla. Pero San Cristóbal es muy diferente, ya que lleva un proceso eclesial muy específico inspirado en el Concilio Vaticano II. Es una diócesis conciliar. Por sus características no se puede dividir. Aquí no caben esos argumentos.

–¿No hay ninguna otra diócesis en México con esas características?

–No la hay. No hay ninguna otra.

Jorge Santiago, analista de los procesos de la diócesis y quien participa en los movimientos de laicos, señala que el proyecto de Arizmendi ya desestabiliza a la diócesis.

“Por lo pronto, el proyecto está generando una gran desestabilización. Los sacerdotes, diáconos y catequistas están viendo en cuál de las dos diócesis quedarán. Vislumbran un futuro incierto. Mientras que los indígenas y campesinos intuyen que hay algo que los va a afectar. No saben exactamente qué es. Sólo presienten que se viene un golpe contra ellos.”

–¿Ha percibido más rechazo o más aprobación al proyecto?

–Simplemente no hay aprobación entre los fieles. Es como si de pronto te dijeran que nacerá un hermanito que no esperabas. Los movimientos de laicos están en contra. Perciben algo extraño, una mano negra que está moviendo las piezas.



La herencia de Samuel



Santiago asegura que el obispo intenta tranquilizar los ánimos dando una “visión utópica” de la nueva diócesis y señalando que será el pueblo quien decida.

Agrega: “La Iglesia es finalmente una estructura de poder donde siempre hay intereses en juego. La diócesis de San Cristóbal es una pieza de esa compleja estructura. Pero una pieza que ha sido muy golpeada por Roma, que actualmente le tiene prohibida la ordenación de diáconos y bloquea su libertad”.

Santiago recuerda los frustrados intentos en los noventa de expulsar de la diócesis a Samuel Ruiz debido a su defensa de los pueblos indígenas; los enfrentamientos de la diócesis con el Ejército y los gobiernos federales y estatales a raíz del alzamiento zapatista y el disgusto de la jerarquía eclesiástica con el obispo por su apoyo al subcomandante insurgente Marcos y por sus gestiones para que el levantamiento de 1994 se solucionara pacíficamente (las conversaciones de paz tuvieron lugar en la catedral de San Cristóbal).

Menciona además a todos los sacerdotes y catequistas que fueron encarcelados, acusados de apoyar al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, la matanza de Acteal, el nombramiento de Raúl Vera como sucesor de Samuel Ruiz, nombramiento del que Roma dio marcha atrás muy pronto para sustituirlo por Felipe Arizmendi.

–¿Qué papel juega aquí Arizmendi? –se le pregunta a Jorge Santiago.

–Hasta el momento ha respetado los lineamientos del sínodo realizado por Samuel Ruiz al final de su periodo como obispo. Pero también es parte de la estructura vaticana. No puede afirmarse tajantemente que sea el operador convencido para desmantelar la diócesis. ¿Don Felipe padece también esa estrategia vaticana? ¿Se le ordenó aplicarla pero no quiere? Quizá sufra ese gran dilema. Claro, él no puede externar nada públicamente.

–¿Y cuál es su opinión personal sobre el proyecto de división?

–Es un duro golpe para la diócesis. No consolida en nada sus procesos pastorales. Más bien los pone en riesgo.


Fuente: Proceso
Difusión AMLOTV

Amenazan con tomar 30 alcaldías en Oaxaca



Amenazan con tomar 30 alcaldías en Oaxaca
Pedro Matías


OAXACA, Oax., 27 de diciembre (apro).- Militantes del Partido Unidad Popular e integrantes de la organización Comuna de Oaxaca amagaron con tomar las presidencias municipales de unos 30 ayuntamientos el próximo 1 de enero para impedir que el PRI “imponga autoridades” avaladas por el Instituto Estatal Electoral (IEE).

El dirigente del Partido Unidad Popular (PUP), Uriel Díaz Caballero, afirmó que “tal parece que es una estrategia del PRI provocar violencia a este gobierno (de Gabino Cué Monteagudo), pero nosotros no vamos a permitir que se nos imponga una persona que no sea electo por nuestros compañeros”.

Por su parte, el diputado del PT, Flavio Sosa Villavicencio, acusó al presidente del IEE, José Luis Echeverría Morales, de “convertir al estado en un campo minado” en vísperas del relevo de los poderes municipales.

Dijo que como parte de “una maniobra del IEE”, en las próximas horas sacará un paquete de municipios que validará para que no haya impugnaciones.

Por ello, señaló, esta noche se instalará una mesa de diálogo con el gobierno del estado para analizar los casos en los que podría haber conflictos, principalmente en los relacionados con el sistema tradicional indígena de usos y costumbres.

Señaló que, entre éstos, sobresalen Santos Reyes Nopala, San Gabriel Mixtepec, Santa María Colotepec, Temaxcaltepec, Candelaria Loxicha, San Pablo Coatlán, San José Lachiguirí, San Sebastián Rio Hondo, San Miguel Amatlán, Santa Cruz Acatepec, Eloxochitán de Flores Magón, Calihualá, San Miguel Tenango, Santa María Chimalapas, San Miguel Tilquiapan, San Pedro Teutila, Santiago Astata, San Juan los Cués, Santiago Texcalcingo, Santiago Yaveo y Monjas Miahuatlán.

Por su parte, Díaz Caballero acusó al presidente del IEE de asumir una “actitud desestabilizadora al no calificar asambleas comunitarias, mientras que en otras les da el triunfo al PRI, por lo que lo responsabilizamos de cualquier hecho de violencia”.

Los municipios donde tiene presencia el PUP y podría haber confrontación son: Mesones Hidalgo, Constancia del Rosario, Concepción Papalo, San Andres Teotilalpan, Santa María Papalo, San Esteban Atatlahuaca, San Martín Itunyoso, San Martín Toxpalan, Coicoyán de las Flores, San Sebastián Tecomaxtlahuaca y Juxtlahuaca.


Fuente: Proceso
Difusión AMLOTV

Rescatan a 50 jornaleros poblanos secuestrados en Sonora




Rescatan a 50 jornaleros poblanos secuestrados en Sonora
La Redacción


MÉXICO, D.F., 27 de diciembre (apro).- Al menos 50 jornaleros poblanos que estaban privados de su libertad en una finca en el estado de Sonora, fueron rescatados por agentes de la Policía Federal, informó hoy la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal.

Los campesinos fueron contratados para realizar labores del campo en la comunidad de Caborca, Sonora; estaban privados de su libertad bajo la custodia de cinco hombres que fueron detenidos.

La SSP dijo que el operativo se realizó en un domicilio ubicado en la colonia Las Lomas, en el municipio de Caborca, donde los agentes federales detectaron a varios sujetos que, al notar su presencia, se ocultaron de inmediato dentro del inmueble.

Añadió que, en ese lugar, los agentes encontraron a varias personas con lesiones visibles en el cuerpo, quienes manifestaron haber sido secuestradas por cinco sujetos, tres de los cuales se encontraban en ese momento dentro del inmueble.

Se trata de Armando López Montiel, de 24 años; Irvin López Montiel, de 22, y Luis Felipe Morales Pardo, de 32, quienes fueron detenidos.

La dependencia dijo que los agentes observaron en las inmediaciones del predio una camioneta Chevrolet Econoline, color blanco, sin placas de circulación, cuyo conductor, Juan Antonio González Ochoa, de 27 años, intentó darse a la fuga, por lo que fue interceptado y detenido.

Otro de los presuntos plagiarios, José Cuevas González, de 18 años, había salido del inmueble antes de la llegada de los agentes federales, quienes intensificaron la búsqueda. Finalmente fue detenido en el Centro de Salud de Caborca.

Los 50 jornaleros, 15 de los cuales son menores de edad, son originarios de Eloxochitlán, Puebla. Todos ellos fueron trasladados para recibir atención médica y posteriormente realizar la denuncia correspondiente.

La SSP dijo que, dentro del domicilio, fueron aseguradas dos camionetas con placas de Sonora, ambas con reporte de robo, además de la camioneta Chevrolet Econoline,

Los detenidos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público del fuero común junto con los vehículos asegurados.




Fuente: Proceso
Difusión AMLOTV

Desatienden autoridades sentencias de la Corte Interamericana contra el Estado


Orizaba, Ver.- En los últimos 12 meses la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha emitido cinco sentencias condenatorias contra la aplicación de la justicia por parte del Estado mexicano, “sin embargo las autoridades han implementado muy pocas de las obligaciones establecidas en las sentencias anteriores. Las autoridades están obligadas, asimismo, a investigar las alegaciones de tortura y otros abusos, a hacer justicia y a reparar el daño ocasionado a las víctimas”, según refiere un documento emitido por Arturo Ávila Salazar, titular de Comunicación y Proyectos Tecnológicos de Amnistía Internacional México, enviado a La Jornada Veracruz.

El informe relata una serie de casos en los que presuntamente el gobierno mexicano ha incumplido recomendaciones y sentencias emitidas por este organismo. En el primero de éstos, “la Corte Interamericana de Derechos Humanos volvió a exigir a que las autoridades mexicanas eliminen la jurisdicción militar para casos de violaciones a los derechos humanos”. Como ejemplo se refiere la petición al pronunciar su sentencia en el caso de los ecologistas Teodoro Cabrera García y Rodolfo Montiel Flores, “quienes fueron detenidos arbitrariamente y sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes por miembros del Ejército en 1999”.

Esta sentencia “es la quinta condenatoria contra el Estado mexicano por parte de la Corte Interamericana en los últimos 12 meses. Sin embargo, las autoridades han implementado muy pocas de las obligaciones establecidas en las sentencias anteriores.

El texto prosigue: “cuatro de las cinco sentencias se refieren a violaciones a los derechos humanos cometidas por miembros del Ejército. En las cuatro sentencias la Corte reitera la obligación del Estado mexicano de eliminar la jurisdicción militar para este tipo de delitos”.

Según lo expresado por la Corte, la propuesta de reforma presentada recientemente por el presidente Calderón no cumple con esta obligación y por lo tanto recae en el Congreso la responsabilidad de revisar esta propuesta y convertirla en ley.

Amnistía Internacional espera que las autoridades cumplan de manera expedita con todas las obligaciones contenidas en esta sentencia y en las sentencias anteriores. En el caso de los campesinos Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel, se explican los antecedentes de los hechos: “el 2 de mayo de 1999 soldados del Ejército mexicano detuvieron a los campesinos Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel en la comunidad de Pizotla, municipio de Ajuchitlán del Progreso, estado de Guerrero. Ambos campesinos eran activistas que denunciaban la tala de árboles y defendían los bosques de la región”.

Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel permanecieron bajo custodia militar durante dos días antes de ser presentados ante un juez local. Posteriormente fueron condenados por portación de armas prohibidas y cultivo de amapola y marihuana.

Sus sentencias fueron conmutadas por prisión domiciliaria debido a razones de salud. Amnistía Internacional adoptó a ambos ecologistas como presos de conciencia en 2000.

Fuente: La Jornada de Veracruz

Reprueban gestión de Marín en derechos humanos

Miguel Hernández

La Red de Defensa de los Derechos Humanos reprobó el sexenio de Mario Marín Torres porque no generó las condiciones para creer en las instituciones en materia de justicia e incluso se convirtieron en “tapaderas”, situación que tiene descontento a las organizaciones y sociedad.

Israel Sampedro Morales, integrante de la organización, expuso que en este gobierno hubo casos connotados que resaltan por la no aplicación de la justicia como son los de la periodista Lydia Cacho Ribeiro, el defensor de Derechos Humanos, Martín Barrios y el asesinato de Fermín Mariano Matías.

Y es que en este último caso, señaló que la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Marcia Maritza Bullen Navarro, sólo atendió el asunto cuando recibió cartas del extranjero para indagar pese a que la Red de Defensa estuvo exigiendo la intervención del organismo poblano.

Ante ello, consideró que la comisión en lugar de hacer cumplir su papel sea convertido en la propia tapadera del gobierno estatal.

No obstante, dijo que las organizaciones luchadoras de garantías individuales han ganado terreno al grado de ser un contrapeso a las autoridades que tampoco generaron avances en la aplicación de justicia y en lugar de ello enjuician a personas con ciertas pruebas falsas.

“Se logró en cierta forma que organizaciones tuvieran peso moral, pero necesitamos ganar más terreno, pues de lejos de legitimizar el trabajo de las autoridades tenemos que buscar que se ofrezca un marco de verdadera procuración de justicia”, apuntó.

Señaló que en México se ha hecho creer que vivimos en un país donde no pasa nada, al poner como ejemplo que la lucha del gobierno federal contra el crimen organizado únicamente ha dejado como resultado 30 mil muertos, de los cuales son 2 mil jóvenes y mil 500 niños, la desaparición de 300 personas.

Es más Sampedro Morales señaló que en el plano laboral también no existe una procuración de los derechos laborales, pues basta ver las cifras de 800 mil desempleados en Puebla.

Asimismo, dijo que piden al nuevo gobierno que cumplan con garantizar los derechos humanos, apegarse al marco de la Constitución Mexicana y que la desaparición o ejecuciones no sean los mecanismos para garantizarse el Estado de Derecho.

Fuente: REDDH

Recuerda Cencos a Raúl Hernández como el caso emblemático de 2010

CITLAL GILES SÁNCHEZ ( )

Chilpancingo, 26 diciembre. El encarcelamiento injusto por más de dos años de Raúl Hernández Abundio, integrante de la Organización de los Pueblos Indígenas Me’phaa (OPIMI), fue recordado por organizaciones sociales como uno de los casos más emblemáticos de 2010, así como los diversos actos de persecución que vivieron activistas defensores de derechos humanos en Guerrero y en todo el país.

Mediante un comunicado, el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) destacó que en los temas de derechos humanos, los defensores y defensoras son un factor indispensable para la construcción de una sociedad democrática y destacó que actualmente México “atraviesa por un contexto de degradación del respeto a los derechos humanos”.

Abunda que la desigualdad social y económica, la violencia, la falta de una cultura democrática y la impunidad, explican la necesidad de ejercer este derecho; sin embargo, lamentó, los defensores no cuentan con un reconocimiento público y son blancos de agresiones tanto de funcionarios públicos como de particulares para quienes esta labor representa una amenaza.

De igual forma, recordaron que en 2009, la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (Oacnudh) resaltó en el informe Defender los Derechos Humanos: entre el compromiso y el riesgo, la situación de vulnerabilidad que viven las y los defensores, quienes se enfrentaron a amenazas, persecuciones, intimidaciones e incluso hasta asesinatos y encarcelamientos injustos, pasando por campañas de desprestigio y una constante impunidad generada desde el Estado al no resolver los casos.

Entre esos casos, indica Cencos, fue el de Raúl Hernández, quien fue encarcelado por un supuesto homicidio contra un informante del Ejército, sin embargo salió en libertad luego de dos años y cuatro meses por no haber pruebas en su contra.

Dicho caso, recuerda Cencos, fue emblemático, a tal grado que Amnistía Internacional (AI) declaró preso de conciencia.

De igual forma, narraron que a raíz de que la OPIM denunció abusos militares y por las autoridades locales en Ayutla de los Libres, iniciaron las amenazas y persecuciones contra los activistas.

Entre las intimidaciones estuvo el encarcelamiento de Raúl Hernández; la ejecución extrajudicial de los dirigentes de la Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos (OFPM), Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce; además de amenazas contra el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan.

“La persecución de activistas y organizaciones en Ayutla de los Libres no ha cesado desde 2008, el último incidente de agresión fue la reciente amenaza el pasado 28 de noviembre contra la dirigente de la OPIM, Obtilia Eugenio Manuel su esposo. Cuauhtémoc Ramírez por luchar por la desmilitarización de la región y dan seguimiento al cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo.

Fuente: La Jornada de Guerrero

Migrantes, héroes que no son tomados en cuenta, critican


CORRESPONSALÍA

Taxco, 26 de diciembre. El presidente del Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración (INM), Víctor Uribe Landa, criticó que los migrantes sean héroes anónimos, debido a que les ha faltado la oportunidad en nuestro país y tienen que ir en busca del anhelo de un sustento para sus familias que sirve en Guerrero para mejorar las condiciones, aun cuando no se los agradezcan. Lamentó que los radicados en el extranjero no se les tome en cuenta como debería ser, aun cuando vienen a participar de algún modo en el desarrollo de sus comunidades. Se quejó de que sea gente que por alguna circunstancia le ha faltado en Guerrero la oportunidad de salir adelante.

Fuente: La Jornada de Guerrero

México y Pakistán, los países más peligrosos para periodistas


México y Pakistán, los países más peligrosos para periodistas
La Redacción


México, D.F., 27 de diciembre (apro).- Ejercer el periodismo en México es tan peligroso como en Pakistán y aún más riesgoso que en Afganistán, advierte el informe anual de la ONG Press Emblem Campaign difundido este lunes en Ginebra.

En 2010, 105 reporteros fueron asesinados en 33 países del mundo. México y Pakistán están en el primer lugar, con 14 cada uno.

Los ataques contra la prensa ocurridos en Pakistán se derivan del enfrentamiento tribal con Afganistán, mientras que las agresiones perpetradas en México son consecuencia de la violencia ejercida por el crimen organizado.

En Latinoamérica, los homicidios contra periodistas registrados en 2010 ascendieron a 35. Después de México, el país con mayor riesgo para el ejercicio de la libertad de expresión es Honduras, con nueve asesinatos de profesionales de la información.

En contraste, en toda Europa hubo 12 asesinatos, concentrados en Bulgaria, Chipre, Grecia y Ucrania.





Fuente: Proceso
Difusión AMLOTV

Calderón develará en Juárez monumento al feminicidio


Calderón develará en Juárez monumento al feminicidio
Gloria Leticia Díaz


MEXICO, D.F., 27 de diciembre (apro).- El presidente Felipe Calderón se “comprometió” a ir a Ciudad Juárez, Chihuahua, a develar un monumento en memoria de cientos de mujeres asesinadas en esa ciudad fronteriza, y ofrecerá una “disculpa pública” a los familiares de las víctimas que demandaron a México ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), reveló David Peña, representante de las víctimas.

Integrante de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), Peña informó, en entrevista, que de acuerdo con negociaciones con el gobierno de Calderón, “existe el compromiso de que el próximo 8 de marzo acuda él o, en su defecto, el secretario de Gobernación Francisco Blake, a develar el memorial de los feminicidios en el área que se conoce como Campo Algodonero”.

En noviembre de 2001 se localizaron en ese lugar ocho cuerpos de mujeres jóvenes que habían sido secuestradas. Sólo en tres de esos casos, los de Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera y Laura Berenice Ramos, los familiares llevaron hasta las últimas consecuencias las denuncias para el esclarecimiento. Las presentaron primero a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que terminó demandando a México en 2008 ante la CoIDH, debido al incumplimiento de recomendaciones para investigar los crímenes.

El 10 de diciembre de 2009, finalmente la CoIDH dio a conocer la sentencia, en la que encontró al Estado mexicano responsable de violar los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal; de incumplir con su deber de investigar los crímenes contra las tres jóvenes de Ciudad Juárez en perjuicio también de sus familiares, así como de violar el derecho de no discriminación.

Peña dijo que, luego de “largas y tediosas sesiones de negociaciones para el cumplimiento de la sentencia, el gobierno federal nos hizo un ofrecimiento de develar el memorial el 10 de diciembre, sólo con los nombres de las tres jóvenes que aparecieron en la sentencia, en un evento al que asistiría el subsecretario de Gobernación, Luis Felipe Zamora, y la secretaria General de Gobierno de Chihuahua, Graciela Ortiz”.

En representación de los familiares de las víctimas, agregó, “Michelle Salas y yo, mi compañera en el litigio, rechazamos rotundamente participar en un evento tan mediocre que lo que pretende es restarle importancia a una sentencia internacional”.

Después, dijo, el gobierno de Calderón ofreció agendar el evento de “disculpa pública” y la inauguración del monumento el 8 de marzo de 2011. “Hasta ahora logramos que se incluyeran los más de mil nombres de mujeres víctimas de feminicidio en Ciudad Juárez desde 1993, en apego a la sentencia que es una condena a la violencia contra las mujeres”.

Tras destacar que dos días antes de que se venciera el plazo para notificar a la Corte sobre el avance de la sentencia, el gobierno federal cubrió las reparaciones del daños a las tres familias de las víctimas, Peña señaló que el tribunal interamericano aún no les ha reenviado el informe de avances enviado por el gobierno de Calderón el 10 de diciembre.

“Sabemos que se envió el documento en tiempo y forma. Esperamos que en enero se nos reenvíe a nosotros para que fijemos nuestra posición sobre el mismo. Por lo pronto no hay avances en las investigaciones de los crímenes ni se ha castigado a los funcionarios responsables de las fallas en las investigaciones, ni tampoco se han indagado sobre las amenazas que recibieron las familias al exigir justicia”, dijo.

Del resto de los puntos que tendría que cumplir el gobierno de Calderón, apuntó el abogado, “no tenemos mucha información, pero suponemos que de haber existido previamente a la fecha de notificación de la Corte, el mismo gobierno ya lo hubiera cacareado”.

La sentencia obliga al Estado mexicano también a estandarizar “manuales, protocolos, criterios ministeriales de investigación, servicios periciales y de impartición de justicia utilizados para investigar todos los delitos que se relacionen con desapariciones, violación sexual y homicidios de mujeres”, así como adecuar el Protocolo Alba, para realizar búsquedas de oficio por desapariciones de mujeres y niñas; destinar recursos materiales, humanos, económicos, científicos y logísticos necesarios, en un plazo de seis meses, para crear una base de datos de mujeres y niñas desaparecidas. (Proceso 1728).

En noviembre pasado, un grupo de litigantes feministas llegó a México como parte de la Misión Internacional Por el Acceso a la Justicia de las Mujeres en la Región Mesoamericana, y manifestó su preocupación por los pobres avances en el cumplimiento de la sentencia de la CoIDH y en el nulo interés por hacer justicia.

Después de varias reuniones con funcionarios, la vocera del grupo, Victoria de Pablo, integrante de la Fundación de Derechos Humanos del Consejo de la Abogacía española, contó detalles de la última reunión que sostuvieron con el subsecretario Luis Felipe Zamora.

Luego de escuchar un discurso en el que se comprometía al cumplimiento de la sentencia, las litigantes le aclararon que “por encima de indemnizaciones, del memorial, de las placas o de los monolitos, las familias de las víctimas lo que quieren es justicia, lo que implica la investigación de los hechos: quieren saber por qué y quién asesinó a sus hijas. Él (Zamora) dijo que lo entendía, pero que no era de su competencia (Proceso 1776).





Fuente: Proceso
Difusión AMLOTV