El SME está vivo

El gobierno federal mostró una descomunal preocupación por los resultados del proceso electoral del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), que culminaron en diciembre de 2010, en una inusitada participación de jubilados y trabajadores que aún siguen en resistencia demandando su reinstalación.

Consideraban, desde esferas gubernamentales, que, a más de un año de desgaste, el SME estaba acabado y dividido, pero su sorpresa fue mayúscula.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), el 14 de diciembre, en el aniversario 96 del Sindicato, se vio obligada a entregar la toma de nota que reconoce a su directiva, encabezada por Martín Esparza; pero se apresuró a señalar, en voz del mismo Felipe Calderón, que ello no significaba ceder ante el SME.

En una entrevista radial con Carlos Puig en W Radio, Calderón enfatizó: “No, no se está cediendo. Yo creo que se está actuando conforme a la ley”. Sin embargo, contradictoriamente, el presidente tuvo que reconocer que fue por el plantón y la huelga de hambre que llevaron los electricistas en lucha lo que obligó al gobierno a “explorar posibilidades legales para que el Sindicato fuera reconocido”. Quiso decir: “Me tuvieron que presionar para respetar la ley”.

La STPS, por las repercusiones que tuvo la movilización de los trabajadores en las votaciones y la obligada entrega de la toma de nota, pagó desplegados y mandó boletines de prensa a medios de comunicación para aclarar que la entrega del reconocimiento de personalidad al SME no implicaba, “de ninguna manera”, la reversión del decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC).

Que tampoco significa, según la STPS, “la creación de una nueva empresa para la prestación de un servicio público de energía eléctrica, o el reconocimiento de la existencia de una nueva relación laboral, ni mucho menos que la Comisión Federal de Electricidad se convierta en patrón sustituto, o que esté obligada a contratar colectivamente a extrabajadores de LFC”.

Fue querer decir: me preocupa su demanda por una nueva empresa eléctrica.

El gobierno federal sabe muy bien que la fuerza y la cohesión demostrada por el SME obliga a revisar la creación de una nueva compañía, en la región donde operaba Luz y Fuerza del Centro; sabe que es necesario buscar alternativas a este conflicto, que de no lograrlas se puede convertir en una herencia transexenal de enormes costos electorales para el Partido Acción Nacional.

El enfrentamiento no puede ser el estilo de gobernar, ya que esta práctica cierra posibilidades de búsqueda de alternativas. La actitud de respeto mostrada en el proceso electoral, que culminó con la entrega de la toma de nota, fue ejemplo de ello. No participaron funcionarios de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje ni de la STPS como una muestra de reconocimiento a su autonomía.

Pero si participaron, por decisión del SME, ciudadanos de organizaciones civiles y de notarios públicos que avalaron un proceso electoral legal y transparente de los 27 mil 86 electricistas votantes.

Lo destacado fue observar a los 12 mil 43 jubilados de un total de 22 mil 185, muchos de ellos de avanzada edad, con dificultades para caminar, en muletas, en sillas de ruedas y hasta enfermos, llegar a expresar su voto. Algunos decían: “Venimos a demostrarle al gobierno que estamos unidos y no vamos a permitir que se nos arrebate nuestro Sindicato. Venimos a demostrar que el SME está vivo”.

Los 15 mil 33 trabajadores de los 15 mil 738 que mantienen su demanda de reinstalación mostraron una enorme entereza a pesar de la prolongación de su conflicto.

Algunos tuvieron que esperar entre tres o cuatro horas para llegar a la gran urna transparente, después de identificarse y constatar que aparecían en las listas y luego en mamparas, de manera secreta, expresar el sentido de su voto.

Muchos se veían unos a otros con enorme satisfacción en una demostración de ellos mismos, que el SME es una organización de una fortaleza histórica difícil de quebrar. En jornadas agotadoras, el SME demostró cómo se realizan sus procesos electorales.

El haber decidido como opción presentar una sola planilla, a pesar de que era posible se registraran otras más, fue una muestra de unidad y de madurez para enfrentar esta nueva fase de este conflicto.

El gobierno está obligado a resarcir los enormes daños a las y los trabajadores que mandó a la calle de manera ilegal para favorecer empresas contratistas incapaces de atender el servicio eléctrico. La creación de una nueva empresa estatal con la participación de los integrantes del SME es un compromiso que se debe concretar en el corto plazo para bien de la nación.

*Presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos y Consejero de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal

Fuente: Contralínea

Difusión: AMLOTV

La profecía

Política de precios del panismo, estrategia antisocial

Mientras estuvieron alejados del poder, los neoliberales nunca se cansaron de acusar a los gobiernos “populistas” de que con la ampliación del gasto estatal y el déficit fiscal –empleados como instrumentos contracíclicos para impulsar el crecimiento, compensar la ineficiencia del mercado y de los empresarios y mejorar el bienestar social– sólo provocaban una mayor liquidez de la economía que, a la postre, redundaba en una inflación más alta, sin que se alcanzaran los objetivos señalados. Los “agentes económicos racionales” –su responsabilidad en la actual crisis mundial y su esquizofrénico comportamiento durante la misma evidencian qué tan razonables son– saben perfectamente que sucederá lo anterior, y antes de que ocurra, todos ajustan a la alza sus expectativas, elevan sus precios y sus exigencias salariales para compensar la mayor inflación. Los juicios de los Chicago Boys se sustentan en las tonterías de Milton Friedman: “La inflación es siempre, y en todas partes, un fenómeno monetario”; para estabilizar los precios, sólo se requiere que la cantidad de dinero aumente al mismo ritmo que el crecimiento económico y se someta al Estado a la disciplina fiscal: un menor gasto y el balance equilibrado.

Los monetaristas también se desgarraban las vestiduras ante la protección arancelaria y la regulación de los precios, sobre todo de los básicos y del sector público, que servían para proteger a los productores locales de la competencia externa desleal, atenuar la voracidad inflacionaria empresarial y facilitar el acceso de la mayoría de la población a los bienes y servicios de la canasta básica, de manera subsidiada, para redistribuir el ingreso nacional desde los sectores de altos ingresos hacia el resto de la sociedad y mejorar su bienestar. Según ellos, esas medidas afectaban las “leyes” de la oferta y la demanda y la “creatividad” empresarial, y generaban una población parasitaria, dependiente de los apoyos públicos.

Una vez en el gobierno, desde 1983 a la fecha, los neoliberales han instrumentado los brutales programas desinflacionarios y de ajuste estructural, según el catecismo monetarista. Han recortado los subsidios a las mayorías al entregárselos a los empresarios y reducido el gasto público programable. Casi alcanzan el equilibrio fiscal. Liberaron los precios y los dejaron al arbitrio –o las arbitrariedades, si se prefiere– de los empresarios y el “mercado libre”; abrieron completamente la economía para que el nivel de las cotizaciones externas se conviertan en el “techo” de los internos y fuerce a los productores a la competitividad. Castigan la demanda interna con el bajo gasto oficial, los altos réditos y la contención salarial, que han afectado el consumo y la inversión productiva, premiando la especulación financiera, la única inversión rentable, junto con las actividades de los monopolios y oligopolios.

Todo se subordinó a la meta de la inflación cero. El resultado es el estancamiento de 1983-2010, el gran rezago de la infraestructura productiva, la creciente desigualdad, pobreza y miseria, la injusticia, la delincuencia y la democracia abortada. Los empresarios no han sido nada creativos. Unos, porque especulan; otros, porque el escenario económico y las políticas públicas les son adversas.

Sin embargo, la inflación se mantiene como una bestia indomable. Peor aún, los neoliberales han convertido a la política de tarifas públicas en un obstáculo de la desinflación y en un instrumento de inequidad social. El alza sistemática de los precios de los bienes y servicios estatales afectan los costos de las empresas orientadas hacia el mercado interno, su productividad y competitividad, agravados por los voraces réditos bancarios, el castigo de los consumidores, debido a la pérdida del poder real de compra de los salarios que inhiben la demanda interna y la entrada masiva de productos foráneos abaratados artificialmente por una paridad sobrevaluada y la reducción y eliminación de los aranceles. Las dos últimas medidas son vitales para reducir la inflación. Mientras más bajo sea el precio del dólar estadunidense, menor será el importe de las importaciones. Por desgracia, el costo de la sobrevaluación y la especulación cambiaria y financiera, que ha provocado macro devaluaciones como en 1994 y 2008-2009 o la quiebra de empresas, es la incertidumbre y el estancamiento para el sector real de la economía.

Entre 2000 y noviembre de 2010, la era panista, la inflación acumula una alza de 57.4 por ciento; la canasta básica de 63.8 por ciento; los precios administrados por el gobierno, de 85.5 por ciento. Salvo en 2001 y 2009, sus aumentos siempre han sido mayores al índice general de precios al consumidor. En promedio, la electricidad acumula un aumento medio de 117.1 por ciento; el gas doméstico, de 95.2 por ciento; la gasolina Magna, de 64.7 por ciento; la Premium de 76.2 por ciento, y el diésel, 106.7 por ciento. Ello no sólo ha afectado la estructura de precios de la economía, al repercutir negativamente los costos de las empresas, cuyos efectos son trasladados a los consumidores por medio de mayores precios finales. También ha afectado con mayor perversidad a los consumidores finales, a las mayorías, al reducir su poder de compra, razón que, en parte, explica la pobreza generalizada, hecho agravado por la reducción de los subsidios, pese a que la población, con sus impuestos, paga el funcionamiento estatal. Los empresarios deducen los impuestos y los precios o los compensan al elevar sus cotizaciones. Las mayorías no, por lo que son las principales perdedoras.

Con los neoliberales, la política de precios perdió su sentido social y redistributivo del ingreso. Se convirtió en un instrumento antisocial y regresivo. Saquea los bolsillos de las mayorías y traslada su ingreso hacia el Estado y los empresarios, mientras los bienes y los servicios estatales son cada vez peores, cada vez más caros y la sociedad carece de los mecanismos institucionales y legales para defender sus intereses. Los tres poderes del gobierno actúan impunemente en contra de ella.

Para justificar su estrategia, los neoliberales no han dudado en recurrir a la mentira y el cinismo más descarados. Recién se impuso el doceavo aumento mensual consecutivo en el precio de los carburantes. En lo que va de 2010, los precios al consumidor han subido 3.9 por ciento; la gasolina Magna, 12.7 por ciento; la Premium, 5.5 por ciento, y el diésel, 11.8 por ciento. Cada uno supera en 225 por ciento, 41 por ciento y 202 por ciento la inflación general. Son verdaderos gasolinazos ante la resignación y la pasividad bovina de la población.

Ufano, Ernesto Cordero, de Hacienda, dijo que las alzas han reducido los subsidios de más de 200 mil millones pesos, en 2008 y 2009, a poco más de 64 mil millones en 2010, los cuales, según él, sólo benefician a los más ricos, el 10 por ciento de la población. Además, adelantó que los aumentos seguirán en 2011, gradualmente, para “no lastimar más las economías familiares [afectadas por] la crisis económica”. Juan José Suárez Coppel, turbio director de Petróleos Mexicanos, añadió que, pese a ello, las gasolinas locales aún son más baratas que en Estados Unidos y en Europa. El travestido diputado Enrique Mercado, antaño feroz cancerbero de los priistas Carlos Salinas y Ernesto Zedillo y ahora del panismo, dio saltos de carnero para decir, sin el menor rubor, que se beneficiará al medio ambiente y, agregó que, como Fuenteovejuna, los legisladores aprobaron los ajustes, pese a que los priistas simularon una desvergonzada indignación. Apuñalan por la espalda a la sociedad y quieren que los votantes contribuyan a su retorno a la Presidencia.

Cordero quiere engañarnos porque los ricos se seguirán beneficiando por varias razones: las gasolinas son deducibles de impuestos; se trasladan a la población por medio de los precios; provocan el alza en las tarifas del transporte público y en los costos de las empresas, que los convertirán en mayores cotizaciones; les resulta indiferente debido a su concentración de la riqueza y el ingreso nacional. Ello explica que, en promedio anual, el número de automóviles registrados aumentara en casi 1 millón entre 2000 y 2010, al pasar de 10.2 millones a 20.1 millones. En 2006, subieron 2.1 millones y luego declinaron a poco más de 800 mil al inicio de diciembre de 2010, debido a la crisis, no a los precios de las gasolinas. En cambio, los camiones de pasajeros crecieron en poco más de 11 mil anualmente, declinando desde 2003 a la fecha.

Los principales afectados serán, como siempre, los sectores medios, los pobres y los miserables.

Las ventas de autos, cada vez más grandes y más ineficientes, uno de los peores enemigos de la naturaleza, muestran el privilegio del transporte particular sobre el público. En 2000, las venta media de gasolinas creció 3.9 por ciento (531 mil barriles diarios, MBD); en 2006, 7 por ciento (718 MBD); en 2009 y 2010 decrecieron 6.8 por ciento y 8.5 por ciento. Pero eso se debe a la crisis. Aún así, se vendieron 792 MBD y 795 MBD. En 2000 se importaron 91 MBD de gasolinas, y en 2010, 354 MBD, la cifra histórica más alta. ¿Dónde está el “beneficio ambiental”?

Suárez Coppel no se queda atrás en los embustes. El precio de la Premium local ya superó a su equivalente de Estados Unidos: 10.10 pesos por litro contra 10.04. En Estados Unidos, las tarifas de las gasolinas fluctúan con la oferta y la demanda y los precios del crudo. El galón (3.8 litros) de gasolina regular, similar a la Magna, bajó 56 por ciento entre junio de 2008 y enero de 2009; la Premium, en 55 por ciento entre mayo y diciembre de 2008. Para diciembre de 2010, ambas se cotizaban alrededor de 30 por ciento menos que a mediados de 2008. En México, la administración eliminó el “mercado libre”. Sólo se ajustan hacia arriba. La comparación con Europa es tramposa, ya que importan el crudo y las gasolinas que se consumen.

A Suárez Coppel y los panistas les gustan los precios del “primer mundo”; pero no los de los salarios. Prefieren que México sea de los países subdesarrollados; los de las mayorías. Porque los “ahorros y los aumentos de precios no se destinan básicamente hacia la infraestructura y el desarrollo, sino hacia el gasto corriente, hacia los salarios y las prestaciones más altas de las parasitarias burocracias Ejecutiva, Legislativa y Judicial, que viven como jeques en una nación que sólo es prolífica en la generación de pobres, miserables y delincuentes.

Los precios de las gasolinas importadas incluyen los costos de transportación, seguros, etcétera. Pero cabe preguntar ¿dónde está la refinería que se construiría en Tula, Hidalgo, supuestamente para asegurar la autosuficiencia en ese energético? Pero aunque se construyera y se ajustara la oferta y la demanda, sólo un ingenuo creerá que se estabilizarían los precios. La estrategia neoliberal es clara: masacrar a la población con tarifas onerosas.

Además, como han denunciado los reporteros de Contralínea, detrás de las importaciones de los hidrocarburos y la industria petrolera se esconde un fenómeno que, como cáncer, devora el gobierno y el país: la corrupción con los recursos públicos y las riquezas de la nación.

*Economista

Fuente: Contralínea

Difusión: AMLOTV

Optimista

Mensaje de año nuevo

¿Inquisiciones judiciales de Ebrard contra la prensa?

Dicen que “los malos ejemplos cunden”. Y para el desatado precandidato del chuchismo –asesorado por el camachismo y el amarcelado grupo que tiene sitiado a Luis Marcelo Ebrard Casaubón quien, con Peña Nieto, se disputa el título del mejor galán–, nada como querer controlar los medios de comunicación impresos. El jefe de Gobierno vivió sus “cinco minutos” de gloria efímera al ser nombrado por sus invitados a una reunión sobre el calentamiento global (para sabotear la de Calderón, días después en Cancún, que resultó también un rotundo fracaso) el “mejor alcalde” ¡del mundo!

Al igual que panistas y perredistas del chuchismo camachista, odia las libertades de prensa impresa (donde tiro por viaje lo critican); pero no así las que pagan con publicidad para aparecer en televisión y las porras que le echan en la radio. Y por ese rencor, ha decidido copiar una de las censuras impuestas por Hugo Chávez, el venezolano del totalitarismo populista.

El procurador de Justicia del Distrito Federal, Miguel Mancera, más o menos ha desempeñado con eficacia su obligación, salvo que no sabe cómo enfrentar las denuncias sobre el aumento de la criminalidad del narcotráfico que invade la capital del país, lo que pone en muy alto riesgo la seguridad de sus habitantes y, de paso, es amenaza directa al asiento de los tres poderes federales, con todo y el búnker donde se protege Calderón. Pues resulta que Ebrard y su consejero jurídico, Mancera, tienen el propósito de enviar a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal una iniciativa de ley muy semejante a la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, impuesta por el presidente de Venezuela para controlar, mediante censuras previas, la libertad de expresión.

Ebrard y Mancera son del parecer que tal ley sujete las conductas de los periodistas y sus medios de comunicación para que, supuestamente, se “abstengan” de promover, hagan apología o inciten a la guerra, difundan mensajes favorables a los delitos, promueven intolerancia religiosa o publiquen informaciones y comentarios contrarios a la seguridad nacional. En un anteproyecto, se “aconseja a las autoridades pactar con los medios de comunicación para la adecuada difusión de la información”. La nota del reportero Arturo Sierra (Reforma, 11 de diciembre de 2010) es verídica y oportuna para alertar a la prensa escrita, a la radio y televisión, ya que nos pone al tanto de ese potencial zarpazo.

Se trata de que, con pretextos calderonistas-panistas, los seudoperredistas del chuchismo, encabezados por Ebrard, quieren limitar los deberes constitucionales, primero de los periodistas y luego de todos los ciudadanos del Distrito Federal, sometiéndolos al autoritarismo. Si ya de por sí con el populismo en marcha (de los festejos circenses por los centenarios, que requirieron, entre corrupción e inversión, millones de pesos, hasta las pistas de hielo y las albercas como “diversiones gratuitas”), Ebrard tiene a los habitantes secuestrados con dádivas para que olviden sus dramas de pobreza y desempleo. Con esa propuesta de ley, pasaremos del autoritarismo a la vil autocracia.

Y es que Ebrard y su círculo íntimo, dedicado a su precampaña por la candidatura del chuchismo-camachista, está descuidando más sus obligaciones (el mal gobierno y la mala administración de la ciudad están a la vista), y busca cómo silenciar la información sobre la inseguridad y otros males. Para esto, nada como una legislación a la Hugo Chávez: ordenar a la prensa oral, audiovisual y escrita que no se ocupe de la información general ni de la crítica, para dedicarse sólo a difundir los sucesos bonitos, que son escasos, por cierto. Calderón insiste en que los medios de comunicación se abstengan de poner al día, a la opinión pública, de los baños de sangre de la feroz rebelión del narcotráfico y sus ejércitos de sicarios armados hasta los dientes; que callen los feminicidios y no divulguen los homicidios, sobre todo, de civiles ajenos al conflicto.

Una legislación así conduce, entre las amenazas calderonistas y los propósitos ebradoristas, a implantar medidas anticonstitucionales con la mira de inquisiciones judiciales contra las libertades de prensa que son, todavía, derechos individuales y colectivos de los mexicanos para dar y recibir información de todo. Y de que se ejerza la crítica sin limitaciones autoritarias y autocráticas.

*Periodista

Fuente: Contralínea 215 / 09 de enero de 2011

Fuente: Contralínea

Difusión: AMLOTV

EU, al acecho de la infraestructura vital de México

Las presas que México comparte con Estados Unidos, así como los ductos petroleros, las redes ferroviarias, centrales eléctricas y reactores nucleares están bajo rigurosa vigilancia. Mientras el gobierno federal oculta el número de las instalaciones estratégicas, los planes para prevenir ataques y qué instancias custodian esa infraestructura, Estados Unidos mantiene un estricto control sobre esa información

La instrucción es precisa: obtener información de la infraestructura y recursos instalados y existentes en todo el mundo que sean clave para Estados Unidos. Así lo determina un despacho del Departamento de Estado que envió a sus diplomáticos el 18 de febrero de 2009, identificado con el número 192686 y dado a conocer por Wikileaks. En la lista de 2008, figuran instalaciones fronterizas, como el paso Panamericano, el cable submarino de Mazatlán, Sinaloa; así como la Presa Internacional Amistad, sobre el Río Grande (Río Bravo), entre el Río, Texas y Ciudad Acuña, Coahuila.

La infraestructura estratégica que busca documentar el gobierno estadunidense también comprende minas, empresas farmacéuticas productoras de vacunas contra distintas enfermedades virales, así como firmas productoras de químicos, puentes, puertos, aeropuertos, rutas de ferrocarril, plantas eléctricas, como la principal mina de Bauxita de Guinea, el cable submarino de la Cruz del Sur en Brookvale, Australia, o la presa hidroeléctrica de turbinas y generadores de China.

Esa información, que fluye desde las embajadas estadunidenses en todo el planeta hacia el Departamento de Estado, es sostenida por el Plan Nacional de Protección de Infraestructura (NIPP, por sus siglas en inglés), que también supervisa el Departamento de Seguridad de la Patria. El objetivo de ese Plan es que Estados Unidos “esté a salvo y sea más seguro y resistente” cuando aumente la protección de la infraestructura crítica (CI, por sus siglas en inglés) y de los recursos clave (KR, por sus siglas en inglés).

El argumento del Departamento de Seguridad de la Patria y del Departamento de Estado se sustenta en que la protección de esa infraestructura logrará prevenir, disuadir, neutralizar o mitigar cualquier efecto de los esfuerzos de los terroristas por destruir, incapacitar o explotarlos. Asimismo, fortalecerá la capacidad de preparación de ese país para tener una respuesta oportuna ante cualquier ataque y, posteriormente, una rápida recuperación ante esa agresión, desastre natural u otra emergencia.

En 2008, ambas dependencias realizaron un primer levantamiento de la CI/KR a nivel mundial, bajo la Iniciativa de Dependencias Críticas en el Extranjero, destinada a identificar la infraestructura que, bajo una situación de peligro, afectaría, directa o indirectamente, algún sistema interior de Estados Unidos.

En el despacho de 2009, se pidió a los diplomáticos estadunidenses actualizar ese inventario de forma exhaustiva y se les advirtió que tal procedimiento será anual. Los estadunidenses prestarán atención a la infraestructura que se localiza más allá de las fronteras de su país y cuya pérdida los impactaría de forma crítica en la salud pública, seguridad económica y en la seguridad nacional.

Bajo vigilancia

La instrucción es apremiante, pues hace ver que, “luego de consultar con todas las secciones y agencias –de la propia embajada en el exterior–, reconocerán inmediatamente si existen la CI/KR en el país anfitrión”. Y aunque especifica que esta solicitud “no ha sido consultada con los gobiernos”, se espera recibir respuestas a la solicitud de información cuanto antes.

Aunque el Plan Nacional de Protección de Infraestructura no define cuáles son, desde tiempo atrás se habían dado algunos pasos. Así lo hizo la Directiva Presidencial de Seguridad 7, que definía lo que se entiende por “infraestructura crítica” con base en la Ley Patriota de 2001.

Esa norma describe que se trata de los sistemas y activos, tanto físicos como virtuales, que son vitales para Estados Unidos, pues su incapacitación o destrucción causaría una debilidad en la seguridad, en la economía nacional o en la salud pública. Los llamados “recursos clave” se definen en la Ley de Seguridad de la Patria de 2002 como los recursos públicos o privados esenciales para las operaciones mínimas de la economía y el gobierno estadunidense.

El NIPP identifica 18 sectores de infraestructura crítica y de recursos clave: agricultura y alimentos, base industrial militar, energía, salud pública y asistencia sanitaria. Asimismo, comprende los monumentos e íconos nacionales, bancos y finanzas, agua potable y sistemas de tratamiento para agua; también incluye la industria química, instalaciones comerciales, presas, servicios de emergencia, reactores nucleares comerciales, materiales y desechos. Figuran también los correspondientes a tecnología de la información, comunicaciones, embarque y servicio postal, transporte, instalaciones gubernamentales y manufactura crítica.

El despacho de 2009, dirigido a los diplomáticos estadunidenses que operan en los cinco continentes, les advierte que “es obvio que algunos de estos sectores tienen más componentes internacionales que otros”. Esto significa que ahí es donde debe centrarse su atención. En uno de los 15 párrafos que pormenorizan la información que deben buscar los estadunidenses en el extranjero, se les piden “sugerencias” sobre instalaciones que deben incluirse en el listado de 2008.

Los criterios para determinar si existe infraestructura crítica o recursos clave para Estados Unidos en el “país anfitrión” se apoyan en dos categorías: 1. Ductos físicos: oleoductos, cables submarinos de comunicación y activos muy próximos a la frontera de Estados Unidos. En este caso, estarían las presas o empresas productoras de químicos, cuya eventual destrucción o daño tendría efectos transfronterizos; 2. Busca determinar si el bien o fuente es el único que prevalece en el país anfitrión. Aquí se consideran minerales o químicos críticos para la industria estadunidense o si se trata de un producto que sólo se produce en un pequeño número de países o si ahí se aloja un centro de comunicaciones cuya destrucción interrumpiría seriamente las comunicaciones globales.

De igual modo, considera los nodos críticos de aprovisionamiento (como el Estrecho de Ormuz y el Canal de Panamá), así como cualquier puerto o tierras de embarque en el país anfitrión que son críticas para el funcionamiento de la cadena global de aprovisionamiento.

El cable hace saber a sus funcionarios que el Departamento de Estado no está en busca de información relativa a efectos de segundo orden; es decir, que se relacionen con la moral pública y confianza o efectos de interdependencia que puedan producirse en cascada tras la interrupción en los servicios que prestan esas instalaciones estratégicas.

En todo caso, señala el documento, toda información que recaben los funcionarios debe considerar si cree que la CI/KR puede ser blanco activo o vulnerable. Esta lista de blancos o instalaciones estratégicas debía enviarse a Sharri R Clark, el 20 de marzo de 2009, en notas clasificadas como “secreto no para extranjeros”.

Sitios en México

Mientras la diplomacia estadunidense hace un trabajo de inteligencia efectiva en todo el mundo, en México es muy escasa y poco clara la información relativa al número de instalaciones estratégicas. Hasta 2008, se conocía –sin confirmación oficial– que el gobierno federal tenía un listado de 162; tampoco se conoce su naturaleza, ubicación y a qué instancia corresponde su custodia y resguardo: Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina (Semar) o Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Aunque hasta ahora se desconoce la cantidad de efectivos de esas dependencias destinados a esa tarea, se afirma que serían 8 mil los desplegados por tierra, aire y mar para evitar ataques contra tales instalaciones. El 17 de febrero de ese 2008, Francisco Saynez Mendoza, titular de la Semar, indicó que sus fuerzas resguardan la nucleoeléctrica de Laguna Verde, las plantas de nitrógeno de Atasta y Dos Bocas en Tabasco, la Sonda de Campeche, ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), presas y plantas industriales, entre otras.

En esa ocasión, el almirante destacó que, en caso de una emergencia, la Armada de México puede desplazar más de 40 mil elementos en menos de 48 horas. A pesar de esa capacidad de despliegue, sostuvo que el crimen organizado no ataca las instalaciones estratégicas del país, sino que está “dedicado a otros asuntos”; aún así, puntualizó, “debemos estar preparados para contrarrestar cualquier ataque del terrorismo internacional”.

El mecanismo federal para proteger las instalaciones estratégicas del país pudo observarse, luego del 11 de julio de 2007, cuando las fuerzas federales acordonaron las zonas donde se registraron tres explosiones de ductos de Pemex y cuya autoría se adjudicó el Ejército Popular Revolucionario.

Entonces, entró en acción la Dirección General de Instalaciones Estratégicas y Servicios (DGIES), que depende de la Coordinación de Fuerzas Federales de la SSP.

La DGIES genera inteligencia para que la SSP y otras autoridades puedan hacer frente a contingencias y actúen cuando se “sospeche o detecte” la ejecución de ilícitos. Ese órgano posee un banco de datos sobre delitos, personas, operaciones, delincuentes y modus operandi. Y aunque clasifica a los especialistas en robo de equipo y materiales a las instalaciones estratégicas del país, no fue capaz de anticipar los ataques a los ductos de Pemex.

Esa Dirección es parte del grupo de coordinación interinstitucional que integra a las secretarías de Gobernación, Semar, Sedena, Comunicaciones y Transportes, la Procuraduría General de la República (PGR) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional. El 15 de febrero de ese año, hubo un rumor de amenaza contra instalaciones estratégicas en territorio nacional que, supuestamente, habría lanzado el grupo islámico Al-Qaeda contra México, Canadá y Venezuela –países que surten crudo a Estados Unidos.

De acuerdo con el Reglamento Interior de la SSP (publicado el 28 de abril de 2010), a esa Secretaría le corresponde proponer al presidente de la República la constitución del Grupo Interinstitucional para las Instalaciones Estratégicas. Sin embargo, en una consulta al sitio electrónico de esa dependencia, realizada el 15 de diciembre de 2010, se observó que la DGIES no figura en la “estructura básica” de ese órgano.

En cambio, se asigna esa responsabilidad a la Subsecretaría de Planeación y Protección Institucional, cuyo titular es el general de División Diplomado de Estado Mayor, Javier del Real Magallanes. Este funcionario fue director del Colegio de la Defensa Nacional, comandante de la II Región Militar, director Ejecutivo de Políticas de Seguridad Pública del Gobierno del Distrito Federal y jefe de la Sección II de Inteligencia del Estado Mayor de la Sedena.

Entre las atribuciones de esa Subsecretaría, le corresponden proponer y evaluar los programas de seguridad y vigilancia, así como participar en la aplicación de las políticas que garanticen la seguridad y funcionamiento de las instalaciones estratégicas.

De acuerdo con el Cuarto informe de labores de la SSP, entre el 1 de septiembre de 2008 y el 31 de julio de 2009, apoyó a entidades del sector público y privado que resguardan instalaciones estratégicas. En ese marco, evaluó la seguridad en aeropuertos, centrales hidroeléctricas y termoeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad; refinerías, plataformas y terminales marítimas de Pemex.

Refiere que impartió el programa de capacitación Respuesta Inmediata ante Amenaza de Bomba para 571 servidores públicos que resguardan algunas instalaciones, como el Banco de México, el Sistema de Administración Tributaria, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la PGR, la Comisión Nacional del Agua y Operadora Mexicana de Aeropuertos, entre otras.

Inteligencia, contra amenaza

En el informe, no se profundiza en la calidad de la inteligencia para prevenir ataques contra las instalaciones estratégicas del país. Además del inventario de los bienes y recursos estratégicos, es fundamental determinar los factores que los califican como tales. Precisamente, ésa es la labor de inteligencia, sostiene José Luis Calderón Arózqueta, coordinador académico de la especialidad en inteligencia para la seguridad nacional del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).

De igual manera, es indispensable contar con una agenda de riesgos de cada una de esas obras de infraestructura y recursos estratégicos, pues así se podrán establecer las medidas de seguridad correspondientes. Para el experto del INAP, la contrainteligencia es una de esas medidas, pues permite adelantarse para evitar o minimizar la ocurrencia de incidentes provocados por personas o grupos hostiles.

Cita Calderón que, desde 1994, se creó el Grupo de Coordinación de Instalaciones Estratégicas, que hasta ahora opera bajo la coordinación de la Policía Federal.

Desde una visión geopolítica, el inventario de sitios estratégicos mundiales, que levantan el Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad de la Patria estadunidenses, obedece a la necesidad de defender los intereses de Estados Unidos, afirma Manuel Quijano, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

Explica que se trata de “la aplicación del quinto elemento de la política internacional estadunidense: después de la visión geopolítica, geoestratégica, geoeconómica y geosocial, sigue la geomilitar, que es la del Pentágono”. Bajo esa perspectiva, afirma el especialista, Estados Unidos buscará tener mayor presencia en los llamados “países tapones” (como México, en América del Norte; Turquía, en el extremo europeo, o Austria, en el centro europeo), que en un momento le permitirán tener centros de inteligencia para operar desde ahí.

Para el estudioso, la información que ahora se conoce “confirma lo que ya sabíamos: que los centros de inteligencia de sus embajadas necesitan permanentemente monitorear lo que pasa en todos lados”. Este proceso es lo que los estadunidenses consideran como la seguridad global del problema. “Todos hacemos lo mismo”, sostiene el geopolitólogo.

Bajo vigilancia

La infraestructura mexicana situada en la frontera con Estados Unidos o en el interior del territorio nacional que despierta el interés del Departamento de Estado es:

Cruce Panamericano entre México y Estados Unidos

Cable Submarino de Mazatlán, Sinaloa

Puente de Las América, al Sur del cruce fronterizo de Brownsville, Texas

Presa Internacional sobre el Río Grande, cerca del poblado del Río en Texas y Ciudad Acuña, Coahuila

Presa Anzaldúa, que operan conjuntamente Estados Unidos y México

Presa Internacional Falcon, entre Texas y Tamaulipas

Presa Retamal, que operan ambos países

Puente de Solidaridad Columbia

Vía de ferrocarril Kansas City

Paso de Ferrocarril Eagle Pass en Otay Mesa

Mina de producción de grafito

Espacios defendibles

En diciembre de 2010, se emitió el documento Medidas de seguridad físicas y en las instalaciones con base en la directriz designada ASIS GDL FPSM-2009. Se trata de una guía para identificar las medidas de seguridad para salvaguardar o proteger los activos de una organización, sus miembros, bienes e información.

- Prevención de la delincuencia mediante el diseño ambiental. A partir del diseño arquitectónico y el entorno físico, se previenen posibles actos de delincuencia. El medio ambiente se divide en zonas pequeñas (“espacio defendible”)

- Barreras físicas del sitio y su reforzamiento

- Entrada física y control de accesos

- Iluminación de seguridad

- Sistemas de detección de intrusos (tipo alarmas)

- Videovigilancia

- Personal de seguridad

- Políticas y procedimientos de seguridad

Fuente: Contralínea

Difusión: AMLOTV

Ciudadanos, las víctimas de la guerra contra el crimen

Sábado, 08 de Enero de 2011 00:00

Escrito por LJM

La aprehensión de Enrique Pineda Figueroa, regidor perredista del ayuntamiento de Zacatepec, por parte de elementos del Ejército Mexicano ha causado molestia no sólo dentro de las filas del sol azteca, sino en gran parte de la clase política morelense. La aprehensión llega en un momento donde los excesos de las fuerzas federales en contra de la sociedad civil son más que evidentes.

Apenas ayer La Jornada publicó los datos de las acusaciones en contra de la Policía Federal (PF, antes Policía Federal Preventiva) de 2000 a 2010, donde Morelos se halla entre los estados con más denuncias al registrar 68. La información refiere que la mayoría de las acusaciones contra los agentes federales son por el delito de detención arbitraria, mil 379 casos.

En este contexto, Juan Ángel Flores Bustamante, presidente del PRD en Morelos, calificó ayer como una “confusión” el aseguramiento de Enrique Pineda Figueroa, regidor del sol azteca en Zacatepec, y consideró que hubo abuso por parte de los elementos del Ejército Mexicano que llevaron a cabo el operativo en la región sur en el marco de la lucha contra el crimen organizado.

La justificación de la medida era que el perredista, junto a su hermano, tenían en posesión más 2 mil 250 cartuchos útiles para escopeta calibre 12 y cien más para pistola calibre .380, y no presentaron ninguna documentación que avalara la legal posesión del armamento. Sin embargo, Flores Bustamante aseguró que el ayuntamiento de Zacatepec ya acreditó la propiedad de los cartuchos y las armas decomisadas al funcionario y a los policías municipales quienes también fueron aprehendidos en el mismo operativo.

De su lado, Julio Espín Navarrete, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del estado, fue más lejos y exigió al gobernador Marco Adame Castillo proteger a los morelenses de los abusos que vienen sufriendo por parte de los elementos del Ejército Mexicano y las fuerzas federales, en el marco del combate al crimen organizado.

Es imposible justificar la lucha contra la delincuencia si quienes más la padecen son ciudadanos ajenos a todo vínculo con el hampa. Las acciones de las fuerzas federales no son lo criticable, sino más bien el método utilizado que empieza a sembrar desconfianza entre la sociedad en general. El llamado del presidente del Congreso llega en el momento justo. El gobernador debe establecer una postura al respecto, siempre bajo las directrices de la legalidad y a favor de los morelenses.

Fuente: La Jornada de Morelos

Presentación: Comité por la Libertad de todxs

A partir del encarcelamiento de Víctor Herrera Govea empezamos una lucha que posteriormente se conformó en el Comité por la Libertad de Víctor, cuyo objetivo inicial fue reclamar la liberación de nuestro compañero. Sin embargo, poco a poco en su caminar, se convirtió también en una denuncia contra la represión y la criminalización de lxs luchadores sociales, contra toda la consigna destructiva que representan las cárceles, y la manera tan organizada en la que están estructurados los sistemas de “justicia” en esta sociedad para que prevalezcan la impunidad, la represión, las injusticias, las vejaciones, los despojos y la destrucción.

La construcción de esta lucha, que tuvo que darse durante un año, implicó también la construcción de experiencias como la de la organización para conformar una respuesta a la injusticia, esta organización nos hizo encontrarnos con la diversidad de luchas y las dificultades que pueden causar en la toma de decisiones al no encontrar un acuerdo, y a su vez, nos ayudó a buscar maneras de desarrollar otras formas de entendernos en esas diversidades, por lo cual, una dificultad, también pudo entenderse como una posibilidad para el encuentro de trabajo conjunto.

Otra experiencia fue la de vivir y afrontar de cerca el encarcelamiento de un familiar, amigo, compañero, y por lo mismo vivir la prisión-centro de exterminio, como una cotidianeidad a la que había que resistir. Entendimos que injusticias como estas, ocurren contra una gran cantidad de luchadorxs sociales, pero también contra miles de personas excluidas y olvidadas en un listado de impunidades y vejaciones. Entender también cómo todo ello no se trata de una desgracia divina o imprudencia accidental y aislada, antes bien se trata de todo un crimen organizado: ejecutiva, legislativa y judicialmente a favor de la protección de los intereses de una minoría que quiere preservar su posición privilegiada a través de la explotación, despojo, discriminación y represión de la mayoría de la población. Es decir, ante el injusto encarcelamiento de Víctor, decidimos luchar, y por lo tanto fue indispensable la reflexión, crítica y autocrítica, para lograr una organización mejor pensada desde la cual, pudiéramos hacerle frente a la represión. Aunque tuvimos muchas equivocaciones y limitaciones, nos sentimos un poco más clarxs y un poco más fuertes, y con más herramientas. Y desde nuestra decisión de luchar, buscamos que nuestra rabia no fuera contenida en indiferencia, resignación o esperanza divina, sino que la transformáramos en rebeldía. Del mismo modo, quisiéramos saludar la solidaridad de tantos colectivos, organizaciones nacionales e internacionales, medios libres, amigxs, familiares y mucha gente que apoyó y estuvo al tanto de esta luchan y que con esto la fortaleció por medio de rifas, talleres, comida, música, palabras de ánimo, carteles, gasolina, sonido, plantas de luz, tiempo, escucha, reflexiones, presencia, dignidad, compromiso, etc. Que hacen de esta lucha, no sólo nuestra, sino de todxs.

Producto de nuestra lucha está la creación de dos espacios virtuales: el correo (contraencapsulamientos@gmail.com) y el blog (http://vsencapsulamiento.wordpress.com) los cuales consideramos útiles para la difusión, actualización y comunicación del proceso de lucha por la libertad de Víctor. Ahora, el está fuera, sin embargo, continúa procesado, y continuaremos dándole seguimiento, pero también ahora, estos espacios funcionarán para dar difusión de los tantos otros casos de presxs y procesadxs políticxs, así como también la difusión de historias de esa gente anónima, que no por casualidad, sufre encierros injustos.

Lxs invitamos a hacer parte de estos espacios, desde su consulta hasta su contribución con textos, poemas, canciones, invitaciones, testimonios, denuncias.

Un saludo afectuoso y combativo

¡Libertad a presxs y procesadxs políticos!

¡Abajo los muros de las prisiones!

¡Chinampas y cerros sí, cárceles no!

¡Vivan las autonomías!

Fuente: Notas Rebeldes

Profepa y Semarnat permiten que desarrolladores operen sin autorización en Baja California Sur

Difusión Cencos México D.F., 7 de enero de 2010

Boletín de prensa

Cemda

• El proyecto complejo turístico-inmobiliario "Paraíso del Mar" opera sin autorización de impacto ambiental

• Se pretenden construir unidades residenciales, un desarrollo hotelero, dos campos de golf y una marina exterior en un hábitat de diversas especies en riesgo.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) permiten que el complejo turístico-inmobiliario "Paraíso del Mar", en Baja California Sur, opere sin autorización en materia de impacto ambiental y en contravención a una sentencia dictada por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

En agosto del 2009 la 11ª Sala Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa determinó que la autorización que en su momento otorgó erróneamente la Semarnat a "Paraíso del Mar" era ilegal, dictando su nulidad.[i] No obstante, la Profepa y la Semarnat han permitido que siga operando hasta la fecha a pesar de ya no contar con autorización y a pesar de que la Justicia Federal le negó la suspensión de la nulidad a "Paraíso del Mar".

"Paraíso del Mar" intentó obtener la suspensión en contra de la nulidad, pero el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal se la negó.[ii]

"Para efectos prácticos, la Semarnat y la Profepa están conjuntando esfuerzos para que las sentencias del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativo y del Poder Judicial sean sólo letra muerta, abonando al mayor problema de la gestión ambiental en México, la falta de aplicación y cumplimiento de las leyes", señaló Agustín Bravo, representante del CEMDA para el Golfo de California.

El complejo-turístico "Paraíso del Mar" pretende construir 3,922 unidades residenciales, un desarrollo hotelero con 2,050 cuartos, dos campos de golf de 18 hoyos cada uno, y una marina exterior con 500 posiciones de atraque, en un área de alta fragilidad ambiental, decretada como sitio Ramsar como humedal de importancia internacional, al ser hábitat de diversas especies en riesgo como el gallito marino, el tiburón ballena y los delfines nariz de botella. Dichas especies serán afectadas por la pérdida de su hábitat derivado de las actividades turísticas propias del proyecto propuesto.

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Por un mundo justo y en armonía con la naturaleza

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA) es una organización civil apartidista que promueve el derecho a un medio ambiente sano y la protección ambiental, cuyo trabajo- sumado al de muchos otros actores- contribuye a la aplicación efectiva de la legislación, la mejora de políticas públicas, el fortalecimiento de la legalidad y el estado de derecho. Todo esto con el propósito de lograr mejores condiciones de bienestar social en armonía con la naturaleza.

Para mayor información contactar:

Centro Mexicano de Derecho Ambiental

Margarita Campuzano

Tel. (55)52863323

mcampuzano@cemda.org.mx

Agustín Bravo

Tel. (613)1655091

abravo@cemda.org.mx

Notas:

[i] Expediente 32183/06-17-11-3.

[ii]Expediente 1380/2010.

Para publicación inmediata

México D.F. a 07 de enero, 2011.

Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos

En memoria de los rebeldes socialistas yucatecos de 1924: Felipe Carrillo Puerto y cientos de asesinados y reprimidos

Mauricio Macossay Vallado

El 3 de enero de 1924 fue asesinado el gobernador constitucional yucateco Felipe Carrillo Puerto, fusilado antes del amanecer en el panteón general de Mérida, con 12 dirigentes más del Partido Socialista del Sureste y del gobierno local que éste encabezaba (entre ellos 3 de sus hermanos).

Fusilados tras un irregular juicio militar sumario. Tenía 49 años y era el dirigente socialista más prestigiado del partido que estaba emprendiendo importantes cambios sociales, económicos, culturales y políticos en Yucatán, bajo el afán de justicia social y el impulso transformador de la Revolución nacional de aquellos años. Había sido electo por amplia mayoría, gobernador constitucional en elecciones pacíficas, legales y plenamente legítimas en noviembre de 1921 e iniciado su gobierno en febrero de 1922, a contra corriente de la oligarquía y la derecha local, que complotaría en su contra hasta lograr el derrocamiento y el asesinato de los dirigentes y principales impulsores. Este brutal crimen y atentado contra la más elemental legalidad y base civilizatoria, abrió un periodo de represión y persecución contra los socialistas y las ligas de resistencia que llegaría incluso hasta 1936, cuando el dirigente socialista Rogerio Chalé fue asesinado en una emboscada. Muchos, cientos, fueron asesinados, encarcelados y algunas decenas fueron integrados al sistema y corrompidos, formando parte de las estructuras de la nueva dominación política que se iniciaba en la región en aquellos años.

El gobierno estatal socialista que dirigía Felipe Carrillo Puerto había sido derrocado ilegal y arbitrariamente el 12 de diciembre de 1923, por los soldados federales de la guarnición local, siguiendo las órdenes y deseos de la oligarquía henequenera yucateca, que así iniciaba una contraofensiva social para frenar y revertir los cambios en favor del pueblo maya yucateco y retomar su poder y fueros, mermados por las medidas del gobierno de Alvarado de 1915 a 1918 y de los gobiernos socialistas desde 1918. El rostro de la oligarquía yucateca: antidemocrática, ilegal, racista, clasista y su preferencia por el uso de la fuerza quedaría evidenciado nuevamente, como sucede cada cierto tiempo.

Para el golpe militar y el derrocamiento del gobierno socialista la oligarquía aprovechó la crisis y grandes contradicciones en las cúpulas del poder del régimen que iba surgiendo, con la rebelión de las fuerzas que encabezaba Adolfo de la Huerta contra el gobierno de Obregón, que pretendía imponer a Calles como su sucesor en la presidencia, lo que finalmente sucedió. De la Huerta fue el que pactó la pacificación de las fuerzas de Francisco Villa a la muerte de Carranza. Obregón fue el que asesinó a Villa en 1923. Carrillo tenía alianza con Obregón, pero éste no intentó siquiera impedir su derrocamiento ni asesinato.

Los socialistas yucatecos enarbolando las banderas de justicia social, habían crecido y avanzado llegando a obtener el gobierno local por la vía pacífica y electoral, a partir de los cambios políticos regionales que impuso la ocupación militar constitucionalista de Alvarado, desde la toma de Mérida en marzo de 1915. Rotos los férreos diques de la dominación oligárquica henequenera los gobiernos locales, primero el de Alvarado y luego los gobiernos socialistas, fueron imponiendo cambios, reformas y medidas en favor del oprimido y explotado pueblo maya y mestizo yucateco, a la par que crecía el Partido Socialista como instrumento político popular. Este partido ganó las elecciones estatales de noviembre de 1917 poniendo como gobernador al dirigente socialista ferrocarrilero Carlos Castro Morales, abriendo una etapa de casi 6 años de gobiernos socialistas, que cerraría el golpe militar de 1923.

Durante los gobiernos socialistas se repartieron miles de hectáreas de montes incultos a más de 30 mil familias campesinas, se fijaron salarios mínimos y se promulgaron leyes en favor de las mujeres y del control natal, de los trabajadores,de los inquilinos, de divorcio, de expropiaciones públicas y de revocación de mandatos públicos, entre otras. Se promovió intensamente la educación pública y la formación de cooperativas, se acotó el enorme poder económico autoritario de los hacendados henequeneros, se fundó la universidad local, se promovieron ligas feministas y que mujeres ocuparan cargos públicos, aunque no se llegó a promulgar lo del voto a las mujeres.

El asesinato de Felipe y los dirigentes fusilados en enero de 1924, así como la represión contra las ligas de resistencia del partido socialista, terminarían por consumar la derrota de las fuerzas populares revolucionarias socialistas de Yucatán y la primavera popular yucateca de 1915-1924, con la paulatina restauración, parcial pero restauración, de un orden oligárquico recompuesto, que vendría a modificarse hasta 1937 con el masivo reparto agrario cardenista de los henequenales.

El socialismo de ese partido, el socialismo que encabezaba Carrillo Puerto, no fue un socialismo marxista que pretendiera cambios radicales y de fondo como el socialismo leninista, fue un socialismo limitado que pretendía cambios y reformas populares no anticapitalistas, emanado del socialismo natural campesino y de las luchas mayas del pasado, surgido de la memoria de los agravios de los últimos siglos, pero sobre todo de los agravios de la guerra de 1847-1901 y de los agravios del auge henequenero, que logró conjuntar a decenas de miles de peones, campesinos, obreros y artesanos mayas y mestizos en una causa política común, que llegó a ser gobierno estatal e iniciar importantes reformas, pero que fue enfrentado con la fuerza de las armas y derrotado, para finalmente irse diluyendo entre la represión y la corrupción de algunos de sus líderes.

El socialismo de aquellos años permanece en la memoria profunda del pueblo maya yucateco, porque es parte esencial del propio pueblo, aunque alimentado también con los agravios nuevos de las últimas décadas. En ocasiones alza la cara y dice presente. En mayo de 1983 cuando la lucha de los obreros siderúrgicos de Mérida, se pudieron ver indicios de esta memoria. En enero-junio de 1990, cuando la lucha de los obreros avícolas y del pueblo trabajador de Tetiz, este recuerdo profundo tomó la escena por asalto e impuso muchos de sus modos, motivaciones y maneras. Desde 2006 y hasta hoy, en la lucha por la tierra y por la vida de los mayas de Oxcum, esta memoria socialista profunda ahí está.

En memoria de los luchadores populares socialistas caídos, asesinados, reprimidos, encarcelados, ninguneados, que se mantuvieron consecuentes y combativos contra viento y marea, fieles al pueblo trabajador indio y mestizo, alcemos hoy las banderas populares por los derechos colectivos e individuales legítimos del pueblo trabajador de Yucatán y todo México.

Fuente: Notas Rebeldes

Fidel Castro responsabiliza a EE.UU., Israel y Reino Unido de sabotear desarrollo nuclear de Irán

El líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, recordó este viernes en sus más recientes Reflexiones que hay evidencias de que los responsables de la campaña en contra el avance deol programa nuclear pacífico de Irán son Estados Unidos, Israel y Gran Bretaña. Destaca el asesinato de científicos nucleares iraníes y las denuncias contra Washington que Teherán ha hecho por atentados terroristas en el país islámico.

El comandante expuso en su acostumbrada columna, titulada este jueves "¿Qué diría Einstein?", que en base a diversos artículos y textos periodísticos divulgados en el mundo por expertos, existe una peligrosa intención de conflicto por parte de esos países hacia el Gobierno de Teherán y su política con fines pacíficos.

"En una Reflexión publicada el 25 de agosto de 2010, mencioné una actividad realmente insólita de Estados Unidos y sus aliados que, a mi juicio, subrayaba el riesgo de un conflicto de carácter nuclear con Irán".

Fidel Castro hace referencia a "un largo artículo del conocido periodista Jeffrey Goldberg, publicado en la revista norteamericana The Atlantic, correspondiente a septiembre de ese año, titulado 'El punto tras el que no hay vuelta atrás'".

El líder revolucionario extrajo una parte del texto en que destaca que las "operaciones de frustración" encabezadas por servicios de inteligencia de EE.UU., Israel, Gran Bretaña y otras naciones, pueden llegar a "desacelerar en alguna medida considerable el avance de Irán".

Estas operaciones, a juicio del comandante, no son otra cosa que programas destinados a subvertir el esfuerzo nuclear iraní a través del sabotaje y, ocasionalmente, a la desaparición coordinada cuidadosamente de científicos nucleares.

Sobre ese punto, se preguntó lo que pensaría el físico alemán Albert Einstein si hubiese tenido que presenciar en vida los planes de algunos Gobiernos para fraguar la desaparición física "de los científicos nucleares más capaces".

El ex gobernante de Cuba recuerda en sus escritos algunos titulares de la prensa mundial que lo hicieron llegar a esa conclusión luego del asesinato de un científico nuclear iraní y las acusaciones de Teherán a EE.UU. e Israel por un doble atentado, entre otras, a sólo semanas de culminar el 2010.

"Existen otros graves acontecimientos relacionados con la carnicería de científicos, organizados por Israel, Estados Unidos, Gran Bretaña, y otras potencias contra los científicos iraníes, sobre los cuales los grandes medios no informan a la opinión mundial".

Fidel Castro cuestionó esa nueva forma de las grandes potencias de segar el desarrollo de un país que busca el beneficio tecnológico para fines pacíficos.

Para leer el texto íntegro, a continuación teleSUR coloca el link de las Reflexiones de Fidel:

http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=253099&Itemid=1

La Corte avala entrega del petróleo a trasnacionales

Con la celebración de “contratos integrales”, Pemex entregará el control del petróleo mexicano a las trasnacionales como no sucedía desde la expropiación de 1938. Ayatzil –el único campo gigante descubierto hasta ahora– es el principal activo que el gobierno de Calderón ofrecerá a los extranjeros. Además, obsequiará el mapeo de los yacimientos petroleros del país iniciado en 2009 y que concluirá en 2012. Tan sólo este proyecto representa un costo al erario por más de 12 mil millones de dólares. El esquema –ya avalado por la Suprema Corte, aunque se duda de su constitucionalidad– no revertirá la caída de las exportaciones ni aumentará la producción de crudo, pero consumará las exigencias de Estados Unidos por privatizar el energético mexicano

Mayela Sánchez / Nancy Flores

En el año electoral de 2012, Petróleos Mexicanos (Pemex) licitará los primeros contratos integrales de servicios para exploración y producción en aguas profundas, según los planes de su director, Juan José Suárez Coppel. Con estas contrataciones –iniciadas formalmente este año en el campo terrestre de Chicontepec, Veracruz– el gobierno federal cederá los bienes de la nación a la iniciativa privada, sobre todo de origen extranjero.

Como no ocurría desde 1938, los contratos permiten a la paraestatal asociarse con las trasnacionales para que éstas, de manera independiente, exploren y exploten los energéticos. Así, Pemex cede el control total del petróleo mexicano a las corporaciones que, a cambio, recibirán pagos de tarifas por barril localizado o extraído.

Aunque el esquema fue avalado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el 2 de diciembre de 2010, es inconstitucional, considera el doctor en derecho Daniel Márquez Gómez.

El investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) explica que la Constitución Política establece con claridad el dominio directo del Estado sobre una serie de bienes y, en particular, sobre los hidrocarburos.

Márquez Gómez cita el artículo 27, que indica: “Corresponde a la nación el dominio directo de todos los recursos naturales (…) tratándose del petróleo y los carburos de hidrógenos sólidos, líquidos y gaseosos no se otorgarán concesiones ni contratos ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado y la nación llevará a cabo la explotación de esos productos en los términos que señale la ley reglamentaria respectiva”.

Por ello, dice, los contratos integrales de servicios para exploración y producción de hidrocarburos son inconstitucionales. “No es porque lo diga la Ley de Pemex o porque lo diga la Suprema Corte de Justicia como se logra la constitucionalidad de esta clase de contratos”.

Agrega que “la prohibición es totalmente clara: no se pueden dar contratos ni subsistirán los que, en su caso, sean otorgados. Es decir, que si había algún contrato vigente, por disposición constitucional deja de tener efectos”.

El investigador explica que la nación, el pueblo políticamente organizado, es la única facultada para llevar a cabo la explotación de esos productos. El problema, dice, es que la Ley de Pemex –que aprobó el Congreso de la Unión en 2008– establece un régimen de excepción para la petrolera, al margen de la ley suprema.

Márquez Gómez señala que, de acuerdo con el artículo 28, Pemex debe ser autosuficiente y atender la prohibición de dar concesiones y contratos, pues sólo la paraestatal está en facultad de ejercer las labores de exploración y explotación de los hidrocarburos. “Traer empresas extranjeras o mexicanas a realizar actividades en esas áreas implica, en mi opinión, violar la Constitución”.

El doctor en derecho critica la actuación del Congreso y de la SCJN ­–que resolvió calificar como constitucional el reglamento de la Ley de Pemex, en el cual se basan los contratos integrales–, pues esta última “no puede sobrepasar” la Constitución: sólo debe interpretarla.

Ni la Ley de Pemex ni su reglamento, detalla, fundamentan el acto de autoridad: “Toda legislación debe justificar el beneficio que se genera a la nación. La explotación per se de los hidrocarburos y el otorgar esa explotación a empresas extranjeras o mexicanas incumplen con el requisito constitucional de beneficio a la población”.

Por ello, Márquez Gómez –quien imparte la cátedra Regímenes Constitucionales Contemporáneos en la Facultad de Derecho de la UNAM– considera que la Suprema Corte debió entender el carácter sustantivo del proyecto de nación, basado en el artículo 39 constitucional: “Todo poder dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste”; y no avalar que en la ley se privilegien intereses privados.

La diputada petista Laura Itzel Castillo Juárez, secretaria de la Comisión de Energía, considera que la validación de la SCJN a un reglamento inconstitucional forma parte de una serie de acciones concatenadas que, desde 2008, buscan facilitar la entrega de los recursos petroleros a particulares.

Sin embargo, Miriam Grunstein Dickter, investigadora de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas, señala que no hay visos de privatización en los contratos integrales de Pemex.

Según la doctora en letras hispánicas y lusobrasileñas y especialista en temas energéticos, ni la resolución de la Corte ni la Ley de Pemex, ni el reglamento ni los contratos son inconstitucionales, pues se trata sólo de una prestación de servicios, cuyo riesgo tiene que asumir la paraestatal petrolera.

Grunstein Dickter considera que estas contrataciones son insuficientes y que el gobierno mexicano debería permitir los contratos de riesgo en las áreas estratégicas que hasta ahora prohíbe la Constitución mexicana.

En su página de internet, Pemex Exploración y Producción (PEP) indica que los contratos integrales “buscan incrementar la capacidad de ejecución de Pemex para generar valor económico, a través de un esquema rentable y competitivo bajo mecanismos de contratación simples y flexibles”.

La legisladora Castillo explica que estos modelos de contrato que aprobó el Consejo de Administración de Pemex no sólo son inconstitucionales, sino que exceden la propia normatividad en la que se basan. En éstos se establece el pago a través de “tarifa por barril”, que no se establece en el reglamento.

Falsa solución

Lejos de remediar la caída en las reservas, en la producción y en las exportaciones, los contratos integrales sólo representarán la apertura total del sector a la iniciativa privada y multimillonarios negocios para las trasnacionales energéticas.

El problema petrolero en México es geológico, explica el maestro Fabio Barbosa Cano, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Por ello, estos nuevos esquemas no aumentarán la producción de crudo.

El experto en reservas de hidrocarburos detalla que entre 2001 y 2009 se ha perforado un número de pozos de exploración igual que en el periodo del auge petrolero (1977-1985). Esto demuestra que “la caída de la producción mexicana no se debe a insuficiencia de exploración, sino a un problema geológico”.

Datos de la paraestatal indican que, en esos nueve años, se gastaron entre 90 mil millones y 135 mil millones de pesos del erario en trabajos de exploración para inventariar el potencial del país. El promedio anual de la inversión reportada por la subsidiaria PEP fue de 10 mil millones a 15 mil millones de pesos.

Barbosa Cano dice que, mientras en las décadas de 1970 y 1980 las zonas geológicas más esplendidas estaban vírgenes, hoy la geología sólo puede ofrecer yacimientos muy pequeños, dispersos, profundos y de crudo muy pesado. “Esta realidad no la puede modificar ningún cambio en la forma de contratación”.

Refiere que un dato duro para entender la problemática lo proporciona la tasa de éxitos en la exploración (que es la relación de pozos perforados contra los pozos exitosos). Indica que mientras en el pasado se descubrieron varias docenas de campos gigantes y otros clasificados como “importantes” (más de 100 millones de barriles de crudo por campo), ahora el promedio de crudo descubierto es de ocho barriles por nuevo campo.

Para Barbosa Cano, la aplicación de nuevas tecnologías, que se prometen con los contratos integrales, tampoco modificará esa realidad. “En el supuesto de que se aplicara exitosamente, los resultados serían incrementos muy pequeños que no podrían revertir la caída de las exportaciones”.

Respecto de la rehabilitación de campos viejos o maduros, como los llama Pemex, dice que no puede esperarse mucho. “La inyección de nitrógeno como recurso para mantener la presión en los campos gigantes más importantes del Sureste mexicano ha fracasado totalmente. Ello puede constatarse con un simple vistazo a las estadísticas: el complejo Bermúdez producía, redondeando las cifras, 140 mil barriles diarios antes del experimento; a la fecha, después de que se han gastado millones de dólares para la licuefacción e inyección de nitrógeno que realiza la empresa texana Praxair, la producción ha caído a menos de 80 mil barriles diarios (cifras del segundo semestre de 2010)”.

El investigador señala que no existe ningún dato que permita esperar que la contratación de nuevas empresas modifique las tendencias de los últimos 10 años. “Aunque todavía existen volúmenes importantes de petróleo en México –el crudo post Cantarell–, en modo alguno permitirán revertir la caída de la producción y regresar a la abundancia y el derroche del pasado”.

Con el nuevo tipo de contratos, el gobierno federal fracasará en su intento de mantener el nivel de exportaciones de crudo (o amortiguar la tasa de descenso), considera Fabio Barbosa. Añade que es previsible que las empresas trasnacionales exijan se les amplíen las concesiones que el modelo actual de contrato les otorgará.

“El esquema de asociación, de eso se trata el nuevo tipo

de contrato integral, sólo podría funcionar en áreas como las aguas profundas. En los primeros campitos que Pemex licitará, como Carrizo o Sánchez Magallanes –éste descubierto en el sexenio de Adolfo Ruiz Cortines–, serán fracasos rotundos.”

El inventario, para las trasnacionales

Con los contratos integrales, Pemex cederá el inventario de las reservas y los mapas de los campos petroleros derivados del trabajo de exploración, realizado entre 2009 y 2012, a las trasnacionales que ganen las licitaciones.

De acuerdo con el programa de inversión de la paraestatal, en ese periodo se destinará un total de 12 mil 233 millones de dólares a la exploración en tierra y en aguas someras y profundas. Los recursos saldrán del erario y tendrán como fin restituir la tasa de reservas de hidrocarburos.

De 2001 a 2009, el trabajo exploratorio localizó en la Sonda de Campeche el yacimiento Ayatzil, el único campo gigante descubierto hasta ahora. Éste es el principal activo que el gobierno del panista Felipe Calderón ofertará a los extranjeros con los nuevos contratos de asociación. “En los últimos 10 años, sólo se ha descubierto un nuevo gigante: Ayatzil”, refiere Fabio Barbosa Cano.

Con los contratos integrales, “se privilegiaron los intereses empresariales en la norma, como sucedió cuando se aprobó la Ley de Pemex en 2008. A nadie parece importarle la nación: al Congreso de la Unión no, por aprobar una ley a todas luces contraria a la Constitución; al Ejecutivo tampoco, por impulsar esa ley y sus reglamentos. Ni siquiera a la Suprema Corte, que expide una decisión que a todas luces contraría el contenido de la norma que, como tribunal constitucional, debe tutelar: la Constitución”, señala el doctor en derecho Márquez Gómez.

Fuente: Contralínea

Difusión: AMLOTV