lunes, 10 de enero de 2011

Las mitades de Encinas



Astillero
Arrancadero 2012
Cordero de sacrificio
Moreira, moral y moras
Las mitades de Encinas
Julio Hernández López


Ni a flaca llegaba su caballada, así que el hacendado Felipe hubo de acelerar el crecimiento de una de sus mascotas burocráticas para tratar de habilitarla como Cordero expiatorio (si no crece el pequeñuelo: ¡candidato ciudadano, y lástima Ernesto-Margarito!). Jugada preventiva con la intención de cerrar el paso a tentaciones barbadas grotescamente reaparecidas y a credulidades foxistas santiaguinas, a asonadas priístas anunciadas con Humberto Moreira como golpeador directo y Enrique Peña Nieto como figurín creciente, y a los extraños caracoleos de reunificación escenográfica de la izquierda a partir del factor Encinas.

Todos montados y armados, con la vista inequívocamente puesta en 2012. Felipe regala al maniatado precandidato sacrificable, el Cordero de ínfima talla política, dos secretarías de campaña, la de Comunicaciones y Transportes, para que negocie con el gran poder de las televisoras y rompa el predominio electrónico del Gaviotón Triple A, y la de Energía, para que inversionistas interesados se arreglen desde ahora con el presunto candidato oficial. Y el mismo Felipe enfila hacia el PAN, para hacerse cargo de la secretaría de elecciones, al turbio e impúdico Juan Molinar HorcABCitas, especializado en trabajos sucios, fontanerías y sótanos, trampas y traiciones (Tú tranquilo, Ernesto, al cabo que Molinar se hará cargo de preparar tu postulación interna, la campaña y las elecciones de 2012. Confía en él, sería la escalofriante instrucción del jefe Lipe al precandidato Neto. Gulp).

Reacomodos palaciegos que sacan del circulito íntimo al gran jefe Yunque, Luis Felipe Bravo Mena, para dar paso al muy obediente Roberto Gil, que ya fue antes embaucado con las posibilidades de ser secretario de Gobernación o, meses después, presidente nacional del PAN, y al que ahora prometen convertir en poderosísimo secretario particular, como si la fuente de poder de Gil tuviera fuerza para repartir. Bravo Mena es mencionado como posible candidato al gobierno del estado de México, donde el PAN tiene pocas posibilidades reales de triunfo, así es que habrá de verse si también hubo una sacudida para quitarse de encima al representante de El Yunque en Los Pinos, el mencionado Luis Felipe, en un proceso de separación o deslinde que tendría efectos directos en el manejo del PAN, donde Cecilia Romero despacha como secretaria general a nombre de ese Yunque en guerra.

Si Moreira no va a ser un árbol que dé moras, entonces de nada le servirán en esta etapa a los priístas los tratados de moral de Gonzalo N. Santos. Moreira llega a pelear y de inmediato convoca al ring a su contraparte formal, el presidente del comité nacional panista, Felipe Calderón (quien tiene de suplente a un usuario político del apellido Madero). El priísmo marcha (hasta ahora) unido en torno a la candidatura de Peña Nieto, a tal grado que el gobernador con licencia de Coahuila llega como candidato único al relevo de Beatriz Paredes, con la anuencia del calculador Manlio Fabio Beltrones y del expectante Emilio Gamboa. Moreira hace ruido nacional mientras en casa el hermano Rubén se registra como candidato a suceder al mismo Humberto que sigue mandando en Coahuila, pero ahora por medio de un gobernador sustituto. Al fondo, en espera de entrar en acción, la profesora Elba Esther Gordillo que se alista para precisar los términos de la Nueva Alianza con el PRI, ahora mediante el Panal.

Foto

FERVOR Y NIÑEZ. El cardenal Norberto Rivera, durante la misa que ofició ayer en la Catedral MetropolitanaFoto Cristina Rodríguez
Alejandro Encinas es semichucho y semipeje. Gracias a Nueva Izquierda es diputado federal y coordinador de su bancada en San Lázaro. Gracias a López Obrador fue jefe de gobierno sustituto y podría ser gobernador del estado de México. En él convergen las posibilidades de entendimiento de esas dos alas confrontadas de la izquierda electoral pero, desde luego, en él sobreviven y conviven las características que más repudia cada una de las alas respecto de la otra. Encinas hace campaña junto a AMLO en el terreno electoral, pero se entiende políticamente en la capital del país con Chuchos, Camachos y Marcelos. Candidatura compartida. Mitad y mitad. Pero en términos escenográficos suscita entusiasmo la postulación del político con mejores valoraciones en encuestas de opinión dentro del abanico mexiquense de izquierda.

Aunque será necesario reflexionar hasta dónde esa postulación promisoria ha sido aprobada incluso por los adversarios internos de López Obrador a sabiendas del golpe que significaría una decisión judicial que negara el registro de Encinas por incumplimiento del requisito de la residencia, flanco de derrota que el propio Alejandro advirtió ante periodistas, en conferencia de prensa, el pasado 30 de noviembre, según puede verse en http://bit.ly/dWXauK o en el Astillero del pasado 8 de diciembre, cuando reconoció que evidentemente me faltan cinco meses para acreditar la residencia, y que en lo personal creo que sería muy irresponsable no solamente generar una falsa expectativa en mis compañeros de partido, sino también una posible frustración al momento de que se negara el registro y, la verdad, muchos me cuestionarían que sabiendo yo que podría correr esta situación sería muy irresponsable participar y por eso prefiero enfrentar mis decisiones estrictamente como lo he dicho siempre de manera personal y no poner en manos del Tribunal Electoral del Estado de México o en manos del tribunal federal la definición del candidato de la izquierda del estado de México. ¿Qué cambió en cinco semanas? ¿Ya no es irresponsable generar una falsa expectativa y una posible frustración? ¿Se busca, como el propio Encinas lo revelaba, levantar al PRD, posicionarlo y luego, por el asunto de la residencia, retirarse para que entre una candidatura de relevo? ¿El vaso semilleno, o el vaso semivacío?

Y, mientras en Guerrero la violencia se instala como presidenta de mesa receptora de votos, ¡hasta mañana, con el alto clero norbertino en campaña contra Ebrard, llegando a críticas directas sobre decisiones del gobierno capitalino en casos como la supervía y un paradero de Metrobús!

Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx • Twitter:http://www.twitter.com/@julioastillero • Facebook: julioastillero


Fuente: La jornada
Difusión AMLOTV

¡Basta de sangre!



Cartel de la campaña ¡Basta de sangre!, una iniciativa de Eduardo del Río (Rius) para iniciar, a partir de hoy, una masiva movilización ciudadana en demanda de un alto a la violencia que padece el país. Los promotores invitan a la población a reproducir la consigna y pegarla en parabrisas de automóviles, repartirla entre amigos y vecinos, exhibirla en puertas y ventanas y propagarla en redes sociales como Facebook y Twitter. Tenemos que hacerle saber a los de la estúpida guerra que estamos hasta la madre de ellos, que también los muertos tienen familia, señalaron en Twitter @monerohernandez y @Monosdepatricio Diseño: Alejandro Magallanes

Encinas es un hombre honesto, con principios y experiencia en gobernar: AMLO



Tlanepalntla, Edo. De Mex. 9 de enero de 2011. Durante la segunda etapa de la Gira de la Lealtad en el Estado de México, Andrés Manuel López Obrador, acompañado de los diputados Alejandro Encinas y Fernández Noroña, informó a los ciudadanos mexiquenses sobre los 10 puntos que el candidato a la gubernatura del Estado de México, del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) se comprometerá a implementar para mejorar la vida de la gente. En cada uno de los 125 municipios, Alejandro Encinas y López Obrador estarán firmando los 10 puntos básicos, dicho documento será repartido casa por cada en toda la entidad mexiquense a efecto de que el pueblo conozca la propuesta de gobierno del Movimiento de Regeneración Nacional.



Asimismo, el Presidente Legítimo de México, exhortó a los presentes para que se sumen al Movimiento de Regeneración Nacional como Protagonistas del Cambio Verdadero a efecto de difundir entre amigos, vecinos, compañeros de trabajo, de escuela y familiares, el Proyecto Alternativo de Nación. Señaló que para el mes de julio de este año, debemos ser 4 millones de protagonistas en todo el país.

También para aquellos ciudadanos que deseen colaborar de manera más amplia pueden crear o sumarse en su caso, a un comité territorial o seccional en su barrio, colonia, o pueblo, y de esta manera ayudar a distribuir el periódico Regeneración casa por casa, y a convencer a más gente de unirse a nuestro movimiento.

Demandan detener maltrato y secuestro de centroamericanos en su paso por Veracruz

El Partido de la Revolución Democrática exige al gobierno del estado que, aunque es una cuestión de índole federal, no se muestre indiferente con los secuestros que padecen los migrantes centroamericanos en nuestro estado, señaló Cuitláhuac Condado Escamilla, integrante de Izquierda Social, quien sostuvo que en la zona sur junto con organizaciones sociales integrarán una caravana para pedir justicia para los migrantes que han sido torturados en tierras veracruzanas.

En entrevista, el perredista precisó que la Organización de las Naciones Unidas documentó que 70 mil hondureños pasan por el territorio mexicano para ir a Estados Unidos, y señala que todos ellos pasan por Chiapas y Veracruz, y que de esas 70 mil personas, 10 mil son ultrajados, les quitan su dinero, las mujeres son violadas, “por eso las autoridades deben meter cartas en el asunto, porque así como nosotros tratamos a la gente que viene como indocumentados, así los mexicanos que van hacia Estados Unidos son tratados igualmente”.

Son seres humanos, refiere, que no pasan porque quieren, sino porque la economía de su país está muy mal y por eso van en busca de mejorar sus condiciones de vida, pero lamentablemente éste es el camino, “pero no pasan para molestar a los mexicanos sino porque tienen una necesidad”, consideró.

Es una realidad que hay asaltos en el sur del estado, comentó, por eso la sociedad civil debe exigir que ya no se les asalte, “organizaciones no gubernamentales, perredistas y población general debemos sumarnos para exigir un cese a la violación de los derechos humanos de los migrantes”, manifestó.

A Veracruz le corresponde dar certidumbre a los migrantes y demostrarles a partir de esta fecha que no serán maltratados, “el gobierno debe aplicar la ley con quien está cometiendo las injusticias contra los migrantes de Centroamérica”.

Fuente: La Jornada de Veracruz

Urgente terminar con el monopolio de Azcárraga-Salinas para avanzar en la democratización del país

Difusión Cencos México D.F., 6 de enero de 2011

Boletín de prensa
El Barzón

En los últimos meses, la discusión sobre el desempeño del Comisionado presidente de la Cofetel, Mony de Swan, ha sido severamente cuestionado. Su estrecha vinculación con el Secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, le impide formalmente ser el árbitro que todos deseamos, pero sobre todo, la autoridad en la materia que el país necesita.

Hoy celebramos que la Cofetel se encuentre analizando una convocatoria para licitar frecuencias y contar con dos nuevas cadenas de televisión nacional abierta. Sin duda este es un hecho inusitado, reivindica la palabra empeñada en la campaña del presidente de la republica, otorga autoridad a la Cofetel y sobre todo, culminaría con el monopolio de las familias Azcárraga y Salinas, que más allá de obtener utilidades por su concesión, han sometido a autoridades, legisladores y se convirtieron en promotores de aspiraciones políticas de quien sea, con tal de fortalecer dicho monopolio.

Reprobamos la historia turbia de empresarios de la TV que llegan a confundir la pantalla con la realidad, como en el caso italiano. Por fortuna esto puede terminar. La Cofetel a través de su comisionado Rafael del Villar señaló que “en agosto, la Comisión dará a conocer la licitación para que dos nuevas televisoras entren al mercado”.

Los consumidores manifestamos nuestro beneplácito y hacemos pública nuestra intención de participar en las consultas públicas para esta licitación. Contamos con todos los argumentos calificados para orientar sobre el rumbo y el perfil de los nuevos concesionarios.

La concentración del poder y la ausencia de competencia ha sido uno de los lastres más grandes del país. México puede dar un vuelco importantísimo en esta materia si se concreta esta apertura en telecomunicaciones. Los candidatos de telenovelas y las autoridades televisivas deben de entender que la televisión no es la realidad y que la pantalla no construye democracias.

Estamos en un periodo pre-electoral. Demandaremos a la Cofetel cumplir estos dichos. Bajo ninguna circunstancia los consumidores toleraremos que los poderes facticos: Televisa y TVAzteca, vuelvan a acobardar a la autoridad y la sometan. Ningún gobierno que se precie de serlo puede abdicar su compromiso con los consumidores y ser mangoneado por empresarios televisivos.

De igual forma presionaremos a los partidos políticos para empujar el compromiso de la tercera, cuarta y quinta cadena televisiva. Estamos convencidos que no podemos llegar a la elección del 2012 con el monopolio vigente.

La única posibilidad de comprometer seriamente el crecimiento, desarrollo y competencia de nuestro país, pasa por acciones como la anunciada por la Cofetel. En las próximas semanas haremos pública nuestra agenda en la materia junto con muchas más organizaciones de la sociedad civil con las que hemos venido trabajando. Pero no podemos dejar de lado este anuncio que sin duda marcará un antes y un después de la vida política, económica. Social y cultural del país.

Alfonso Ramírez Cuéllar
Presidente del El Barzón
04455-54101607
Enero 6, 2011

Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos

Alertan riesgo de que jueces regresen a sus funciones

Difusión Cencos México D.F., 7 de enero de 2011

Fuente: Gladis Torres Ruiz
Cimac

La coordinadora de la Red Mesa de Mujeres de Juárez, Imelda Marrufo Nava, alertó sobre el riesgo de que regresen a sus funciones los jueces acusados de exonerar a Sergio Barraza Bocanegra, asesino confeso de Rubí Marisol Frayre, y principal sospechoso del asesinato de la activista Marisela Escobedo.

En entrevista con Cimacnoticias, la abogada afirmó que al parecer se complica el proceso para que el Poder Judicial de Chihuahua castigue a los jueces Catalina Ochoa Contreras, Nezahualcóyotl Zúñiga Vázquez y Rafael Boudib Jurado por haber absuelto a Barraza Bocanegra, a pesar de contar con las pruebas suficientes para condenarlo por la muerte de Rubí Marisol.

Marrufo Nava explicó que el procedimiento legal se vislumbra “bastante largo y complicado”, ya que el Supremo Tribunal de Justicia de Chihuahua tiene cerca de un mes para determinar si los jueces incurrieron en faltas u omisiones. Aclaró que si se determina que así fue, los inculpados tienen la posibilidad de ampararse.

El pasado lunes el Supremo Tribunal notificó a los jueces que se encuentran bajo proceso por lo que ahora tienen hasta el próximo 14 de enero para presentar las pruebas en su defensa. Desde el pasado 16 de diciembre los jueces están suspendidos de sus funciones de manera indefinida.

Marrufo Nava consideró que el gobierno de Chihuahua espera el momento político “adecuado” para determinar lo que sucederá con la y los jueces, con lo que hay riesgo de que el proceso cambie en cualquier momento.

Sin embargo, las organizaciones estaremos pendientes del resultado de este proceso y lo seguiremos de cerca, así como con la exigencia de justicia para Marisela Escobedo y su hija Rubí, apuntó la activista.

En tanto, Luz Estela Castro, coordinadora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), señaló a Cimacnoticias que separar del cargo a los tres jueces implicados en la liberación de Barraza es una respuesta tardía, limitada y parcial, que responde a los hechos que se están dando y para acallar los reclamos.

Esto va más allá, insistió, ya que se necesita una revisión del Poder Judicial que llegue hasta la Procuraduría estatal, toda vez que en la revisión del caso encontramos una gran cantidad de omisiones y negligencias desde que se reportó la desaparición de Rubí, enfatizó.

Mientras, el Congreso de Chihuahua aprobó por unanimidad realizar un período extraordinario de sesiones a partir del próximo martes 11 de enero, para determinar si procede el juicio político contra los tres jueces.

El Congreso estatal informó en un comunicado que tomó la determinación toda vez que la diputación permanente no tiene facultades para aprobar el inicio del juicio político, ni para integrar la Comisión Jurisdiccional que llevaría el proceso.

México, DF, 6 ene 11 (CIMAC).-

Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos

Digna Ochoa y la lucha por esclarecer su homicidio

Luego de que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), reiteró que Digna Ochoa se suicidó, la familia de la defensora de derechos humanos, además de presentar un recurso de inconformidad por esa resolución "política", realizará una petición de admisibilidad del caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En conferencia de prensa, Jesús Ochoa y Plácido, hermano de Digna, aseguró que su familia luchará "hasta las últimas consecuencias" para que el asesinato de la abogada se esclarezca, pues, dijo, "es contrastante que en la ciudad de México, donde está el mejor alcalde del mundo (Marcelo Ebrard Casaubón), haya una de las más pésimas autoridades para resolver casos de homicidio, como el de mi hermana".

Jesús Ochoa refirió que la resolución de la PGJDF es "decepcionante", pero no sorpresiva, ya que aseguraron que los funcionarios de la dependencia, previo a las elecciones presidenciales de 2012, "no quieren confrontar a Andrés Manuel López Obrador", quien durante su gestión como jefe de gobierno capitalino, "no quiso llegar al fondo del asunto, no quiso reconocer que a Digna Ochoa la mataron, como sí lo hizo el entonces procurador, Bernardo Bátiz".

En busca de justicia

David Peña Rodríguez, abogado del caso, señaló que el 14 de diciembre, la familia de Digna Ochoa y su representación legal, presentaron un recurso de inconformidad ante la PGJDF, ya que en la conclusión del caso, Miguel Ángel Mancera, titular de la dependencia, "atiende los intereses del grupo político de Marcelo Ebrard, en vez de atender a sus obligaciones constitucionales", por lo que, aseveró, "ésta es una resolución política y no jurídica".

Si después de interpuesto el recurso de inconformidad, la PGJDF confirma la resolución de que Digna Ochoa se suicidó, presentarán una demanda por responsabilidad patrimonial en contra del gobierno capitalino, particularmente en contra de la procuraduría, ya que su "actuación irregular, ha propiciado 10 años de desgaste para la familia y de costo económico".

De igual modo, en enero de 2011, presentarán una solicitud a la CIDH para sostener una audiencia de admisibilidad del caso, en marzo de 2011.

La petición de admisibilidad por las violaciones a los derechos de Digna Ochoa, se realizó a este organismo en 2001, por lo que ahora se llevará a cabo una campaña internacional con organizaciones regionales y de Europa, durante febrero y marzo próximo, "para impulsar que la CIDH admita el caso".

Fuente: Notas Rebeldes

José Antonio Crespo y la historia oficial




José Antonio Crespo, periodista en la prensa escrita y analista del periodismo en la radio. De finas ironías, penetrante crítica e investigador-profesor, ha hecho del conocimiento político, económico y sociológico la partera, a esas tres manos, de ensayos como los reunidos, con un factor común: la crítica de una historia crítica, en su pequeño gran libro: Contra la historia oficial, que contribuyen a redescubrir nuestro pasado individual y colectivo. Su lectura nos lleva a través de un hilo conductor que es la reinterpretación desmitificadora, de lo que nos ha contado la historia oficial sobre los hechos de los ayeres históricos mexicanos. En ellos, los hechos irreversibles, han quedado escondidos un sinnúmero de datos en la Caja de Pandora de los secretos, que el autor del libro se atrevió a cuestionar, para completar la versión de la historia nacional.


Dos caras tiene la historia de los pueblos: la maquillada por los prejuicios, el no debe saberse, la oculta. Y José Antonio Crespo nos muestra las dos caras de esa luna eclipsada por aquellos y la verdad arreglada con medias verdades envueltas en medias mentiras, para tener una historia entre malos y buenos, como si no perteneciéramos al árbol torcido de la naturaleza. Por esto, también, sorprende que la maestra Soldad Loaeza se haya indignado tanto por el desenmascaramiento que hizo su alumno en estos ensayos minuciosamente documentados –anclados en verídicas fuentes bibliográficas–, desmintiendo las versiones oficiales en no pocos textos de historia. A lo largo de sus más de 300 páginas, en un libro con formato de bolsillo, su autor rectifica esas versiones.

Salvo prueba en contrario, en la página 264, José Antonio Crespo (quien renunció, como periodista-ensayista al Excélsior de Vázquez Raña, y ahora publica en El Universal), le adjudica a Justo Sierra la frase: “los reaccionarios que al fin son mexicanos”, siendo de Benito Juárez en el Manifiesto a la Nación del 19 de enero de 1858; el resto de sus investigaciones son extraordinarias y mantienen al lector con sus reflexiones de crítica histórica. Con un índice onomástico utilísimo, sus 27 ensayos recorren la historia antigua y moderna mexicanas con un epílogo propositivo para consolidar la educación, el ejercicio político y la formación ciudadana en la recreación de una interpretación desmitificadora de nuestra historia, para contribuir a “pensar en una historia enseñada en las aulas que fomente los valores de la democracia, la legalidad, la civilidad y la negociación, y no, como ocurre todavía hoy en día, los de la violencia, la revolución y el providencialismo caudillista”. Relativizando estos juicios, si alguna implicación absolutista pudieran tener, los ensayos de Crespo son un ramo del pensar crítico contra toda usurpación seudohistórica. No hay un ensayo que carezca de interés, con una prosa sin recovecos y que, yendo al grano con buen uso del lenguaje, lo hace, pues, de gran calidad.

Ficha bibliográfica:

Autor: José Antonio Crespo

Título: Contra la historia oficial

Editorial: Debolsillo.-2010

cepedaneri@prodigy.net.mx

*Periodista

Fuente: Contralínea
Difusión: AMLOTV

Sabotaje desde la izquierda




La izquierda unida está ante una oportunidad quizá irrepetible para avanzar en 2012 y así evitar la hecatombe que se avecina de continuar por el camino trazado por la tecnocracia neoliberal desde hace casi tres décadas. Por eso mismo, la extrema derecha en el poder hace todo lo que está de su parte para frenar y hacer inviable ese anhelado objetivo que jamás se ha conseguido en México. Muchos años atrás, cuando los comunistas representaban lo más avanzado del pensamiento de izquierda, se decía que la burguesía contaba con agentes que infiltraban las células del Partido Comunista, en el clandestinaje, para conocer sus planes y hacerlos abortar. Tal modo de actuar era exitoso y por eso contaba con todo el apoyo de la Secretaría de Gobernación. Así se mantuvo a la izquierda desunida y sin posibilidad real de afectar los intereses del grupo en el poder, contrarios a los de la población mayoritaria.


En la actualidad, cuando la izquierda actúa a la luz del día con entera libertad, la desunión continúa siendo la característica fundamental de tal corriente política. No hay necesidad de infiltrar agentes emboscados, que realizan un trabajo en la oscuridad, ya que la izquierda misma facilitó el trabajo al actuar con una mentalidad tribal. Desde luego, esta característica ha sido plenamente aprovechada por el grupo en el poder, y ahora los agentes que sirven a sus intereses desde la izquierda misma no necesitan un disfraz, sino que actúan abiertamente en contra de sus propios objetivos y principios, como se advierte al analizar la trayectoria de dirigentes obstinados en obstaculizar toda posibilidad de impulsar una estrategia común de las fuerzas de izquierda.

Esto es evidente ahora, cuando se avecinan elecciones importantes en varias entidades federativas, particularmente en el Estado de México. La derecha en el poder sabe que sufrir derrotas en los comicios del próximo año influirá en la correlación de fuerzas políticas, por eso se apresta a dar los pasos que sean necesarios para evitar que sean desfavorables los cambios que se produzcan como consecuencia del proceso electoral. Para eso cuenta con el grupo de los Chuchos, que cumple el papel que antaño tuvieron los agentes de la Dirección Federal de Seguridad, para frenar cualquier posibilidad de avances de la izquierda y de las organizaciones progresistas.

Ante el desgaste sufrido por dicho grupo, que lo hace inviable como instrumento divisionista, se cuenta ahora con el grupo que dirige Manuel Camacho, para relevar a los Chuchos en un momento decisivo. Su comportamiento demuestra un vivo interés en servir a los intereses de la derecha en el poder, pues no puede explicarse de otro modo su empeño en impulsar alianzas con el Partido Acción Nacional (PAN). Experiencias anteriores, como la de Durango, han demostrado la inviabilidad de coaliciones entre la izquierda y la derecha, dizque para derrotar al Partido Revolucionario Institucional (PRI). Esto no podría suceder en Coahuila, y mucho menos en el Estado de México, porque el partido blanquiazul no tiene arraigo en ambas entidades y sus electores no aceptarían una alianza con fuerzas históricamente antagónicas.

De ahí lo equivocado e incorrecto de tales coaliciones, sobre todo en un momento en que el partido en el poder está al borde del colapso por los pésimos resultados del desgobierno de Felipe Calderón. Vale reiterar que una alianza con el PAN en Coahuila, en la que el candidato a gobernador fuera Guillermo Anaya, compadre del inquilino de Los Pinos, estaría destinada a una derrota por demás aparatosa. El panismo saldría ganando al hacer suyos los votos de la izquierda, mientras que el Partido del Trabajo, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Convergencia cargarían con el descrédito de su pérdida de identidad ideológica y el de una derrota vergonzosa. Lo mismo sucedería en el Estado de México si la izquierda llega dividida al proceso electoral.

No es entendible que el Diálogo para la Reconstrucción de México contravenga la postura del PRD estatal en Coahuila, el cual no acepta la alianza con el PAN. De ahí que se piense que Camacho y Jesús Ortega actúan con miras personalistas, no con el fin de apuntalar un proyecto político que fortalezca a la izquierda. Con su comportamiento, lo único que habrán de conseguir será debilitar a la izquierda para allanarle el camino a un PRI que parece seguir controlado por la fracción que dirige Carlos Salinas de Gortari. ¿Será acaso que Camacho no ha roto en realidad con su excompañero de andanzas políticas? No es improbable que ésa sea la causa oculta del papel que está desempeñando como factor de desunión, no como alguien que propiciara y fortaleciera una unidad firme, de largo alcance.

*Periodista

Fuente: Contralínea
Difusión: AMLOTV

Mensaje de año nuevo

No permitirá la CRAC explotación minera en La Montaña, advierten sus integrantes

CITLAL GILES SÁNCHEZ ( )

Chilpancingo, 8 enero. Integrantes de la Policía Comunitaria alertaron sobre la explotación de varias minas en la región de La Montaña y advirtieron que no permitirán que “empresarios voraces acaben con las riquezas de la zona”.

El pasado martes, La Jornada Guerrero publicó que iniciaron los trabajos de exploración minera en esa región, donde se hacen sobrevuelos en algunos municipios como Malinaltepec, Tlacoapa, San Luis Acatlán y Zapotitlán Tablas.

Destacaron en un comunicado que las empresas Hochschild y CamSim están preparando la explotación minera de diferentes lugares del territorio comunitario, por lo que están informando y organizando a los pueblos y comunidades “para responder justamente a las pretensiones de los empresarios voraces que desde hace tiempo tienen los ojos puestos en nuestras formidables montañas, llenas de riqueza, y que sólo ha de ser patrimonio de nuestros pueblos”.

Hochschild o también llamada Corazón de Tinieblas está explorando las tierras de Tlacoapa, Malinaltepec, Zapotitlán Tablas y San Luis Acatlán, destacaron e informaron que ha trabajado en Perú, Argentina, México y una de las más importantes empresas mineras a nivel mundial.

Estas exploraciones, informaron, son para ver qué tipo de minerales hay en el estado y la calidad de los mismos para poder iniciar la explotación.

En Guerrero, la empresa Hochschild inició actividades de exploración en noviembre, con vuelos rasantes en helicóptero en la región de la Costa-Montaña.

Asimismo, la Policía Comunitaria informó que de acuerdo con documentos oficiales la entrada a la mina será cerca del poblado de Caxitepec, en la ladera norte y noroeste del Cerro de Caxitepec. El terreno concesionado está dividido en dos lotes: Corazón de Tinieblas Reducción Sur y Reducción Norte, con una extensión de 2 mil 800 y 3 mil 300 hectáreas respectivamente, concesionados para reducción desde 2009 hasta 2059.

Las concesiones de Corazón de Tinieblas están a nombre de la Minera Zalamera SA de CV.

En tanto, la empresa CamSim Minas o bien La Diana o Mina San Javier, está ubicada en Xochiatenco, municipio de Iliatenco, la cual operará en la Sierra Madre del Sur.

El comunicado detalla que CamSim está por iniciar la explotación de la Mina San Javier, ubicada pocos kilómetros al norte de Xochiatenco.

Al igual que Hochschild, la concesión es para el periodo de 2009 a 2059 y explotarán cerca de 15 mil hectáreas, zona rica en plata de primera calidad y de fácil extracción. También se informó que ya han identificado 30 vetas superficiales de este metal y se ha detectado la presencia de plomo, zinc y hierro.

En esa zona, destaca la Policía Comunitaria, hay dos ríos que corren cerca del sitio que se explotará, y en el que ya existe un circuito de flotación “donde el polvo de roca será tratado con químicos y sustancias venenosas como cianuro y arsénico para separar los minerales preciosos” con el que se corre el riesgo de que se contaminen las aguas de los ríos.

Indicaron que la mina ya cuenta con una trituradora, un molino y un laboratorio, listos para iniciar a operar.

“Frente a todos estos proyectos de saqueo, los pueblos organizados en el Sistema Comunitario de Seguridad y Justicia decimos que es necesario dejar de ver la tierra como algo que se puede explotar y envenenar para satisfacer una necesidad, mientras debemos fortalecer la conciencia colectiva de que la tierra es la parte esencial de la vida”, destacaron.

Fuente: La Jornada de Guerrero

Homicidios y secuestros, espiral de violencia imparable

Álvaro Delgado

MÉXICO, D.F., 7 de enero (apro).- La espiral de violencia en México, que en los cuatro años de gobierno de Felipe Calderón supera los 30 mil muertos, se mantiene imparable: En 2010 los homicidios dolosos aumentaron 12% y los secuestros se incrementaron 7%, admitió el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Juan Miguel Alcántara Soria, quien advirtió que los tres órdenes de gobierno no han puesto énfasis en la prevención social de la violencia.

“No hemos puesto suficiente énfasis en los tres órdenes de gobierno en la prevención del delito y, en general, en la prevención social de la violencia”, expuso Alcántara Soria, quien advirtió, además, que sin la participación ciudadana en la estrategia de combate al delito no habrá éxito en los esfuerzos que se realizan.

“La única manera de que esto se vuelva política de Estado es, precisamente, involucrando a la sociedad civil. Tenemos que perderle el miedo a la participación de la ciudadanía, a que nos vigilen, a que nos audite, a rendirle cuentas a la sociedad”, subrayó.

Ante el secretario de Gobernación, Francisco Blake, quien por su parte reconoció el rezago en la profesionalización y certificación de las corporaciones policíacas del país para ofrecer un combate más eficaz contra la delincuencia, Alcántara Soria dijo que la Cámara de Diputados dispuso que al menos 10% de los 13 mil 800 millones de pesos de deberán invertir en prevención social de la violencia, especialmente en el ámbito municipal.

En la Reunión de Secretarios Ejecutivos de los Consejos Estatales de Seguridad Pública, encabezada por Blake, Alcántara Soria detalló que el Consejo Nacional definió cuatro ejes estratégicos para aplicar los 13 mil 800 millones de pesos; la prevención del deleito y la participación ciudadana son dos de ellos.

Los otros dos ejes estratégicos son el fortalecimiento institucional para investigar y perseguir los delitos por parte de Ministerios Públicos, jueces y policías, y la corresponsabilidad entre los tres órdenes de gobierno.

En ese contexto, Alcántara dijo que, conforme a los datos del Centro Nacional de Información, la violencia va a la alza: El homicidio doloso, detalló, creció más del 12% en el país, particularmente en Chihuahua, Tamaulipas, Durango, Nuevo León y Michoacán, que concentran más del 70%.

El secuestro también creció en 2010: “Tenemos un crecimiento del 7% en materia de secuestros a nivel nacional y nuevamente Chihuahua, Durango, Morelos y Guerrero, son los estados con más alto crecimiento en materia de secuestros.”

Por su parte, Blake aseguró que los 13 mil 800 millones de pesos de subsidios a la seguridad son los más altos en la historia del país, pero advirtió que las fuerzas armadas continuarán la lucha contra el narcotráfico mientras se refuerzan las corporaciones policíacas, porque existe un rezago en la profesionalización.

“Tenemos que transitar a fortalecer este modelo, éste es un compromiso adquirido que debe cumplirse sin demora y sin pretextos. Tenemos retrasos, tenemos un talón de Aquiles, el nivel de profesionalización del estado de fuerza de las entidades. El promedio nacional es de 8.96 por ciento de su personal capacitado", expuso Blake.

Fuente: Proceso

Desapariciones masivas... y silenciosas

Arturo Rodríguez García

Las desapariciones o levantones colectivos de personas a manos de gente armada en Coahuila se han multiplicado. Un alto número de las víctimas son trabajadores o vendedores de escasos recursos; por ellos no se pide rescate, lo que hace pensar a sus familiares que sus parientes pueden estar siendo utilizados para que realicen trabajos forzados...

MONCLOVA, COAH, 7 de enero (Proceso).- Por los llanos despoblados del semidesierto, en lugares donde la vista tal vez alcance para ver un tendido eléctrico pero ninguna otra señal de vida humana, el peligro acecha a los forasteros que pasan por aquí.

La carretera 57 México-Piedras Negras, en el tramo que surca Coahuila, al igual que las brechas y caminos que entroncan con ella, son sitios propicios para que mucha gente quede convertida en cenizas o desaparezca sin más.

Pero las familias de los desaparecidos no olvidan. Recorren la misma ruta buscando a los ausentes, pidiendo a las autoridades que investiguen y den con su paradero, preguntando entre quienes pudieron verlos por última vez, aunque en respuesta suelen obtener desde indiferencia hasta intimidación.

La mayoría de los desaparecidos eran trabajadores con una existencia itinerante, caminantes que ofrecían mercancías artesanales, migrantes obreros que iban a probar suerte en la maquila, profesionistas solitarios y, algunos pocos, agentes de seguridad pública que evitaron coludirse con el hampa.

Trabajadores y pobres al fin. Como Pablo Ponce, quien, padre de tres hijos, dejó de ser campesino para emplearse como vendedor de muebles artesanales recorriendo las calles de ciudades desconocidas. Uno de sus compañeros, prófugo del arado también, José Luis Hernández Gómez, llevaba 10 años visitando ciudades norteñas, a más de mil kilómetros de su rancho en Michoacán.

Se supone que ambos pasarían por Monclava el 20 de octubre, y desde entonces sus familias no supieron más de ellos. Originarios del rancho Las Cañas, Santiago Undameo, siete michoacanos desaparecieron en esa fecha y hasta el momento, como ha ocurrido con otras desapariciones grupales, señaladamente de cambaceros, la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGE) no ha logrado avances en las investigaciones.

Ya son muchos los casos de desapariciones colectivas. A mayor precisión, de las 104 víctimas documentadas por Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas en Coahuila (Fundec), sólo 17 personas desaparecieron de manera individual, y el resto en grupo.

Para la activista Blanca Martínez, las desapariciones colectivas son características de Coahuila, pues a partir del intercambio sostenido con organismos que documentan los casos de otras entidades, sólo aquí se registra con tanta gravedad esa modalidad y, hasta donde han podido indagar, no hay experiencia internacional semejante, salvo en los registros históricos de países gobernados por dictaduras.

Cero avances

La información que ha recogido Fundec establece que la mayoría de las desapariciones en grupo son perpetradas por civiles armados.

Hasta el momento, apenas en cinco casos se ha indiciado por hechos de este tipo a policías o militares.

A bordo de lujosas camionetas de modelo reciente, los comandos establecen perímetros donde, con una coordinada precisión, operan a sus anchas en frenéticas cacerías para enseguida desaparecer con sus víctimas.

El caso más reciente es el de los michoacanos que, el 20 de octubre, desaparecieron en algún paraje indeterminado de Monclova. Poca información existe al respecto, y el fiscal ministerial, Domingo González Favela, apenas confirmó la desaparición y los datos que las propias familias han expuesto: que no se pidió rescate, por ejemplo.

Blanca Martínez describe la ausencia de resultados en la FGE:

“La respuesta es muy limitada. A partir de la presión que se ha hecho con Fundec, la FGE empieza a moverse. Están apenas empezando a aplicar procedimientos que debieron realizar desde el día de la denuncia. No es sino hasta ahora que comienzan a mover las averiguaciones, lo que habla de la irresponsabilidad, de la ineficacia en Coahuila.”

A partir de las denuncias, marchas y protestas de Fundec, el gobernador Humberto Moreira se comprometió a dar celeridad a las investigaciones, pero el resultado es el mismo: nada.

Los casos se multiplican y, de acuerdo con la sistematización de Fundec, del total de 104 desaparecidos, cinco son mujeres, un niño y un adolescente. En 10 ocasiones se han llevado a dos personas. Nueve veces han corrido la misma suerte entre tres y seis individuos. El de los vendedores de pintura de Ecatepec es el único en el rango de 11 a 15 personas desaparecidas en un mismo hecho.

En el rango de 21 a 25, se cuenta con el registro de un contingente de trabajadores de la industria automotriz, originarios de Saltillo, que desaparecieron en Piedras Negras en abril de 2008.

A pesar de ser un caso donde las familias se encuentran dentro del mismo estado, sólo una de ellas se animó a denunciar, pero las autoridades no han logrado avances en las investigaciones. Como las víctimas, el caso se esfumó también de la escena pública.

Extranjeros en riesgo

Sólo avanzar por la ruta es temerario. No hay ningún puesto de vigilancia, excepto aquellos de policía municipal que, “en revisiones de rutina”, indagan quiénes viajan, qué transportan y a dónde van. Son patrulleros que acechan bajo la sombra de un huizache al forastero.

Apenas en noviembre, un motociclista canadiense subió al canal de videos de internet www.youtube.com las escenas de una extorsión que protagonizaron policías de Castaños, Coahuila.

–To moch… –decía el agente municipal escribiendo “$100 usd” en una hoja.

–Yu… –señalaba el agente el dibujo de un monito triste que se hallaba tras las rejas–, yu no moch.

Puede ser peor.

Un retén carretero de civiles armados marca el alto cada tanto. Hasta los políticos en sus recorridos deben obedecer las órdenes y someterse a la revisión de delincuentes o atenerse a las consecuencias.

Pueden ser letales. Como ocurrió con un grupo de canadienses y estadunidenses el 9 de junio, cuando a bordo de dos camionetas se introdujeron a México. Pertenecían a una organización internacional de ciclismo de montaña, dedicada a recabar fondos para conservar senderos montañosos.

Los ambientalistas tenían como propósito llegar a Múzquiz, Coahuila, donde conocerían un rancho que pretendían comprar para hacer pistas de carreras. Luego se supo, por declaraciones de amigos y familiares de ellos en medios de comunicación de sus países, que esa era la forma en que deseaban colaborar para combatir la violencia en México: cuidar los bosques, hacer deporte…

A unos 50 kilómetros de la frontera, por la carretera 57, se detuvieron en el regionalmente famoso “Machacado Doña Herlinda”, de donde vieron salir a varios hombres a los que esperaban ostentosas camionetas.

Serían alrededor de las 13:30 horas cuando los extranjeros terminaron su almuerzo, y al disponerse a partir notaron que los anteriores comensales los estaban esperando en un convoy. Un joven se acercó a la ventanilla de Peter Charles Klowak, un canadiense de 44 años que, asustado, emprendió la marcha. El adolescente, de unos 14 años de edad, trepó con habilidad al toldo del vehículo, disparó y lo mató de un tiro en la cabeza.

La camioneta de Klowak se volcó. El convoy se llevó al joven ejecutor y dio por muerto a un acompañante del baleado que, rescatado por cuatro sujetos de origen estadunidense –presuntos agentes extranjeros–, lo condujeron al puente fronterizo de Piedras Negras y le dieron dinero para un taxi. Ya en Eagle Pass, narró lo ocurrido, de acuerdo con un informe de la FGE.

Tierra de nadie

A veces una patrulla de la Policía Federal ronda por ahí. Pero jamás ve nada. Las cámaras de vigilancia en gasolineras, negocios o garitas no han sido utilizadas en las indagatorias, y si algún civil se atreve a mencionar un dato relevante lo hace desde el anonimato, nunca como declaración ministerial.

El 22 de marzo de 2009, un grupo de vendedores de pintura desapareció con todo y vehículo en una zona cercana a Piedras Negras. Compañeros de ellos reportaron el hecho y también terminaron desaparecidos. En total, 12 personas procedentes de Ecatepec, Estado de México, desaparecieron sin dejar rastro.

Los casos se reproducen:

El 17 de abril de 2009, José Flores, Agustín Núñez y Sergio Cárdenas, procedentes de Guadalajara, visitaban a sus clientes por la zona norte. La última vez que se supo de ellos pernoctaban en un hotel de carretera. Nadie volvió a verlos.

El 29 de agosto de 2009, el jefe de celadores del penal de Saltillo, Esteban Acosta, desapareció en esa ciudad, junto con sus dos hermanos y su hijo. No se sabe de su paradero.

Pero sí que las víctimas suelen ser trabajadores.

“Nos llama mucho la atención el promedio de edad que alcanzamos a calcular. Son entre 28 y 29 años. Es gente en edad productiva. Hay un número alto de trabajadores de oficio rudo, como albañiles.

“Una de las hipótesis de las familias es que se les puede estar usando para realizar algún trabajo. Es una hipótesis que da esperanza. En todos estos casos no hay solicitud de rescate. Como no hay petición de dinero o patrimonio como intercambio, no es secuestro y no hay elementos para identificar el hecho como ajuste de cuentas o algo semejante”, advierte Blanca Martínez.

“La desaparición sirve como mecanismo de control social, de implantación de terror, pero también creemos que están siendo utilizados para algún tipo de trabajo”, agrega.

Además de la ausencia de resultados en las indagatorias, las familias de los desaparecidos han tenido que enfrentar actos de intimidación.

Sin contemplaciones, como si buscaran a un criminal y no a una víctima, los policías ministeriales de Coahuila se introducen en las viviendas, no se identifican, son groseros con los denunciantes, quienes se quejan de que aquéllos obstaculizan su derecho a exigir justicia.

Blanca Martínez concluye:

“Ese es el común denominador: que las familias no obtienen respuestas, y las autoridades les recomiendan que dejen todo así, que no le busquen… es una obstaculización a la gente que exige sus derechos, y los expedientes prueban la inacción de la autoridad.”

Fuente: Proceso

SIGUE HUELGA MINERA EN GUANAJUATO

Miente la empresa Gammon Gold, de El Mineral de El Cubo, Guanajuato, cuando en sus comunicados afirma calumniosamente que los trabajadores de la Sección 142 y el Sindicato Nacional de Mineros somos los responsables de que no se haya resuelto la huelga que por 6 meses han mantenido nuestros compañeros trabajadores, por violaciones de la empresa al Contrato Colectivo, por no haber cumplido con el reparto de utilidades a que los trabajadores tienen derecho constitucional y por pretender suplantar la legítima representación sindical en violación a la Ley Federal del Trabajo y al Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, que suscribió hace 61 años el gobierno mexicano, el cual establece el inviolable derecho de asociación y libertad sindical de los trabajadores.

El Sindicato Nacional de Mineros rechaza absolutamente las calumniosas afirmaciones que Gammon Gold, empresa de capital canadiense, hace en sus comunicados respecto de ese conflicto y señala como la única responsable de la huelga a esa empresa, que actúa con plena irresponsabilidad y arrogancia porque se siente respaldada por el siniestro Javier Lozano Alarcón, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por lo cual hemos dicho que la STPS es una fábrica de sindicatos blancos y de líderes “charros” sometidos a él y a las empresas que apoya.

Fuente: Notas Rebeldes

Drogados




Las noticias que no cesan al inicio de 2011 son acerca del narcotráfico. Más de 30 mil homicidios en la guerra calderonista, y en los 10 meses de 2010, cerca de 12 mil 500, cifra récord. No importando ese horror, las autoridades dicen que irán adelante sin medir consecuencias. ¡Vaya despropósito!


Lo repetido por el inquilino de Los Pinos, Felipe Calderón, es que no había de otra porque la situación resultaba insostenible. Los maleantes habían avanzado como nunca y era necesario detenerlos a toda costa, no importando el precio. Y además, quienes criticamos las medidas somos o voceros de los maleantes o les hacemos el juego a los mismos, algo que recientemente aseguró Luisa María Calderón, la hermana de Felipe. Es decir, unos cuantos buenos contra millones de equivocados o malos.

Pero no se crea que los barones de la droga salieron de una chistera y se apoderaron de la noche a la mañana de territorios. Más bien, fueron incubados desde el gobierno federal. Y a mediados de la década de 1980, impulsados por Estados Unidos debido a la operación Irán Contras; es decir, un cierre de pinzas para aprovechar la guerra en el país de los ayatolas y el combate a la liberada Nicaragua y, asimismo, contra las guerrillas centroamericanas.

Luego, por descuidos, pleitos y fortalecimiento de los cárteles, al gobierno mexicano se le han salido de control los narcotraficantes y sus jefes. Aunque, como es notorio, en esta batalla no se ha detenido a uno solo de los políticos importantes que estuvieron a cargo de las operaciones en muchos sentidos. Mientras que a los banqueros y hombres de paja que han caído en prisión se les ha liberado.

Éstas son algunas de las hipótesis que plantea Anabel Hernández en Los señores del narco (Grijalbo). En el texto, mediante entrevistas a personajes, militares y exfuncionarios, lo mismo que documentos, especialmente de fuentes estadunidenses, llegamos a la conclusión de que la famosa guerra calderonista no es más que una simulación para intentar legitimarse después de la controvertida y sucia elección de 2006.

Aunque debemos anotar que ya pasó el tiempo para que dichos objetivos se cumplieran y ahora no tendrá los apoyos (Partido Revolucionario Institucional) del inicio, por lo que Felipe sufrirá cada vez más.

Anabel también apunta que los aparatos de seguridad, todos, están penetrados por los que manejan los estupefacientes. Cañonazos de miles de dólares mensuales hicieron mella y debilitaron incluso a los policías y hasta generales más exigentes, con excepciones del caso. Y un nombre salta y resalta en el texto: el del famoso y descuidado Genaro García Luna.

En una parte, Hernández refiere que no hubo tal escapatoria de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, sino fue un soborno multimillonario que apunta hacia Vicente Fox. Ante ello, el señor de las botas envió varios mensajes en Twitter con su habitual desparpajado e incorrecto estilo.

En uno de ellos dice: “Lo que hacen algunas desconocidas (sic periodístico) para ganarse unos centavos (sic que reaparece luego de más de medio siglo). Anabel XQ (sic) calumnias y engañas y mientes”. Y luego dijo “yo no leo porquerías”. Claro, pobre tipo, si nunca ha abierto un libro por curiosidad.

El asunto tiene más jiribilla que unos simples mensajes en la red. Recordemos que Anabel Hernández ha sido amenazada por su valiente denuncia en Los señores del narco. Es obligación el solidarizarnos con ella.

Pero hay otros estimulantes menos visibles a los cuales no se les combate, más bien se les premia, apoya y hasta sirve de hinojos. Fueron más conocidos en 1981 cuando Marie Winn publicó La droga que se enchufa (Diana).

Justamente, estamos hablando de la televisión, la principal y –por desgracia– mayor fuente de información e (info) entretenimiento. Según la más reciente encuesta del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el 90 por ciento de los mexicanos ve tele, el 76 por ciento escucha radio y únicamente el 62 lee periódicos. Así pues, la desinformación es lo característico.

Acerca de la pantalla chica, tenemos por fortuna a la mano El poder de Televisa. Conjuras del poder mediático, de Jenaro Villamil (Grijalbo); un estudio de cómo en los últimos 10 años se ha favorecido como nunca a ese consorcio.

Unos cuantos datos
Con Fox, por ejemplo, se eliminó el impuesto del 12.5 por ciento de tiempos fiscales; en junio de 2004 se entregaron los llamados “canales espejo” para que los dueños pudieran hacer la transición digital y se le autorizaron 130 permisos de casas de juego para que diversificaran sus operaciones y aumentaran sus ganancias, amén de que en el Legislativo se aprobó la conocida Ley Televisa.

Con Felipe se otorgó la controvertida y todavía cuestionada licitación 21 y se ha erogado en publicidad gubernamental como nunca antes: 17 mil millones de pesos en menos de cuatro años, un crecimiento de 500 por ciento; del total, más del 60 por ciento fue a las televisoras.

Dice bien Jenaro: “En un país de desigualdades tan pronunciadas, de concentración del 50 por ciento de la riqueza en un mínimo del 10 por ciento de la población de 108 millones de mexicanos (antes del Censo), la televisión abierta constituye el único escaparate de igualación simbólica o para experimentar una cuota individual dentro de la sociedad de consumo”. Y si Televisa controla más del 70 por ciento del tiempo de pantalla, algo único en el mundo, ya sabemos quién tiene el poder y proporciona la droga enchufada.

Final amargo. Tres compañeros de la tecla: Alejandro Hernández (Televisa La Laguna, en Coahuila), Emilio Gutiérrez (corresponsal de El Diario, en Ascensión, Chihuahua) y Ricardo Chávez (conductor de Radio Cañón de Ciudad Juárez) huyeron a Estados Unidos por estar amenazados de muerte. Esperan asilo del mencionado país, mientras tanto necesitan dinero para sus gastos. Las compañeras de Periodistas de a Pie nos proporcionan una cuenta para colaborar: Scotia Bank, número 9379231. A entrarle.

Feliz inicio de año a los de Contralínea y mis tres lectores.

*Periodista

Fuente: Contralínea
Difusión: AMLOTV

2010: deudas en derechos humanos




No podría hablarse de la situación que vivió el país durante 2010 sin referirnos a lo que tiene que ver con los derechos humanos. Vivimos un año permeado de noticias que, en términos generales, informaron sobre asesinatos individuales y colectivos, comunidades desprotegidas y vulneradas por la violencia, desplazamientos de comunidades enteras, desapariciones de personas, encarcelamientos, torturas y un sinnúmero de situaciones que implicaron graves violaciones a los derechos humanos. Pero existen elementos profundos que implican situaciones concretas con nombres específicos. Es desafortunado que en los espacios de mayor difusión se presente reiteradamente como justificación una llamada “guerra contra el narcotráfico”, fomentando entre la población una serie de imaginarios que no aportan para la construcción de una sociedad pacífica en la que los derechos humanos sean prioridad para generar condiciones de vida digna para la mayor parte de los mexicanos.


Entre una serie de crisis: los efectos de la económica mundial en la economía nacional, más allá de los triunfalismos retóricos oficiales; la del medio ambiente, con el cambio climático y la deforestación de grandes espacios de nuestro territorio, la alimentaria, etcétera. Es evidente que en México vivimos una grave crisis política y de seguridad, que está implicando y “justificando” constantes violaciones a los derechos humanos.

Es preocupante que, en este contexto, no le estamos llamando a las cosas por su nombre, de tal forma que, en definitiva, nadie se hace responsable de una situación tan lamentable como la que padecemos. Hablar de violaciones a los derechos humanos no sólo tiene que ver con lo que se dice, sino con el hecho de que la vida de las personas se encuentra en peligro, y vulnerada principalmente por la acción, omisión o ineficiencia de las instituciones del Estado, entendido éste como el administrador social de los bienes que pertenecen a toda la nación, el que procura y administra imparcialmente justicia, y el que garantiza con sus leyes y ordenamientos una convivencia pacífica entre todas las personas y grupos que, aun teniendo distintos orígenes étnicos, compartimos un mismo territorio, un mismo destino, una misma historia y diferentes culturas y lenguas.

¿Por qué no nombrar las cosas por su nombre? Porque todo sucede y no hay, en definitiva, responsables a los que se les pueda exigir respuestas. Por tanto, las injusticias, traducidas en violencia y violaciones a los derechos humanos, se convierten en cosa de todos los días, y las responsabilidades del Estado no se ponen de manifiesto. Su desempeño en esta materia sigue siendo irresponsable.

El reconocimiento de los derechos humanos ha significado una larga historia de luchas sociales y de acuerdos entre Estados. De ahí su formulación en documentos concretos, como la Declaración Universal de Derechos Humanos y, posterior a ella, la larga serie de pactos, convenciones, protocolos y otros instrumentos internacionales que han venido protegiendo a las personas más proclives a ser vulneradas y transgredidas en su dignidad. A este respecto, vale la pena hacer notar que, de acuerdo con el informe emitido por la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, el Estado mexicano había ratificado hasta 2007 alrededor de 1 mil 270 instrumentos, de los cuales sólo 88 tenían que ver con los derechos sociales. Y que con referencia a los derechos laborales, son ya alrededor de 69 los instrumentos que México se ha comprometido a cumplir. Las principales poblaciones que por ello tendrían que contar con la mayor protección por parte del Estado mexicano son las mujeres, la infancia, los trabajadores, las personas discapacitadas, los indígenas y los migrantes. Para ello, debe generar condiciones para hacer cada vez más vigentes sus derechos, evitar retrocesos y discriminaciones, protegerlos de terceros que los comprometan y abstenerse de toda medida que los obstaculice, pues, de conformidad con la Constitución y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tales instrumentos son, al menos hasta ahora, ley suprema de la Unión. Los principales instrumentos aprobados por México que establecen responsabilidades inmediatas del Estado en materia de derechos humanos, en sus diferentes órdenes de gobierno, son el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, ratificado el 17 de diciembre de 1979, y la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso del Poder, ratificada el 29 de noviembre de 1985.

Es lamentable que a pesar de que México está obligado a cumplir con los derechos de las personas, la situación que se presenta actualmente refleje la falta de cumplimiento de las responsabilidades específicas que tiene en el país cada poder y cada órgano de gobierno. He aquí algunos ejemplos:

Durante la primera quincena del mes de octubre de 2010, Gabriela Knaul, relatora especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de jueces y magistrados, estuvo de visita para analizar el nivel de autonomía del Poder Judicial y la imparcialidad de magistrados, jueces, abogados y ministerios públicos, así como la accesibilidad de la población al sistema de justicia. En esta visita, se reiteró que, además de que en México no se cuenta todavía con un marco legal suficiente para garantizar y hacer cumplir los derechos humanos en su totalidad, se han generado nuevas disposiciones violatorias con figuras como el arraigo, así como con la creación de un subsistema penal de excepción para los casos de delincuencia organizada.

El año que acaba de terminar cerró, si es que podemos decir que lo hizo, con varios pendientes importantes de derechos humanos en el Poder Legislativo: la anunciada reforma política y las trascendentales iniciativas de reforma sobre el fuero militar; la Ley Reglamentaria del Derecho de Réplica; el dictamen sobre la elección de los integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; la definición de quien tendrá que sustituir al ministro José de Jesús Gudiño Pelayo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y las iniciativas de ley sobre la competencia en materia económica y el lavado de dinero, entre otros.

Las acciones y omisiones en materia de derechos humanos fundamentales por parte del Estado se han traducido en más de 30 mil 196 muertes, ocurridas desde diciembre de 2006, de las cuales 12 mil 456 aproximadamente se presentaron en 2010. De acuerdo con datos de 2010, la mayoría de las víctimas son mujeres, niñas, niños y jóvenes. Asesinatos que no sólo tienen que ver con el fuego cruzado, sino con la omisión del Estado para darles seguimiento en su investigación y sanción, y clasificados incluso como “daños colaterales”, en una guerra que pretende justificar un mayor despliegue de fuerzas armadas y de policías.

México recibió en 2010 sentencias por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: en el caso de Inés y Valentina, en Guerrero; en el del Campo Algodonero, y en el de Rosendo Radilla. Lamentablemente, las respuestas por parte del Estado han sido redundantes y sin sustancia de cumplimiento. Esta misma instancia ha emitido, desde 2006 a la fecha, un total de 24 medidas cautelares, de las cuales 10 se generaron en 2010. Dichas medidas son sistemas de protección personales y colectivas en caso de que las personas corran algún riesgo por defender sus derechos fundamentales. La gran mayoría de ellas tiene que ver con casos poco nombrados por el Estado mexicano: el Municipio Autónomo de San Juan Copala, la Comunidad Indígena Mixteca Lázaro Cárdenas y el presbítero Pedro Pantoja, de la Casa del Migrante en Saltillo, Coahuila, entre otros.

Decir que cerramos 2010 con una evaluación de la situación de los derechos humanos y las responsabilidades del Estado resulta muy complicado, pues es evidente que aún no existe un verdadero compromiso de las autoridades en sus distintos niveles y en sus diferentes órdenes de gobierno para hacer valer los derechos de las personas. Las responsabilidades tienen que recaer en quienes toman decisiones políticas y administrativas, quienes formulan las leyes y quienes imparten justicia. Pero eso no puede ser posible si sigue creciendo el desconocimiento de sus competencias en esta materia.

*Filósofo, sociólogo y teólogo; director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, OP, AC

Fuente: Contralínea
Difusión: AMLOTV

El regalo prometido

Encinas y la justicia electoral


Encinas y la justicia electoral
Miguel Ángel Granados Chapa


MÉXICO, D.F., 9 de enero.- Como corresponde a un hombre que ha hecho de la militancia congruente una forma de vida, la probable candidatura de Alejandro Encinas al gobierno mexiquense ha suscitado un gran entusiasmo político, como se vio en el pequeño círculo dirigente de los partidos que lo apoyarían, el miércoles, y al día siguiente en los mítines mexiquenses en que compartió ovaciones con Andrés Manuel López Obrador.

Está por establecerse el modo en que será candidato Encinas, cuya inclusión en el proceso local de ese estado, idea inicial de su exjefe, dio al traste con la alianza del PAN y del PRD, puesto que la hizo imposible para el perredismo. Habrá una coalición, la de los partidos que postularon a López Obrador a la Presidencia de la República, que en esa entidad obtuvo en 2006 más de 1 millón 800 mil votos, pero es poco probable que a esa alianza se agregue el PAN. Tenía sentido forjarla con el partido que gobierna el país para derrotar al PRI, pero ello no se conseguiría ni remotamente con candidaturas divididas de los partidos llamados de izquierda. De su actitud inicial en que dividía a sus partidos, la sagacidad política de López Obrador lo ha llevado a promover su unidad, en torno a un candidato de su confianza y la de todos.

Para cuando se recorra el camino político para su postulación, es probable que Encinas tenga ya plena seguridad sobre el cumplimiento de los requisitos que lo hagan elegible. Pondría en riesgo la gobernabilidad del estado el que el desempeño del jefe de los diputados perredistas y sus variados apoyos le consiguieran la victoria y ésta no pudiera legalmente consumarse porque el candidato no satisfizo la condición de residencia que la Constitución local establece.

Salvo que ese documento fijara en 1993 requisitos diversos de los que actualmente rigen, el registro de la candidatura de Encinas en aquel año podría constituir un inequívoco antecedente, una prueba plena de que cumplió entonces esa condición legal, y puede sustentarse que la cumple también ahora. Y es que el haber residido durante cinco años en el Estado de México para ser candidato a gobernador es requisito cumplible en cualquier tiempo, no inmediatamente antes del día de la elección. Encinas ya probó haber sido residente y, por lo tanto, ciudadano mexiquense, y no ha incurrido en ninguna de las causas por las que tal condición se pierde.

Claro que las circunstancias de la competencia electoral hace 17 años eran en esa entidad muy otras de las vigentes hoy, y acaso por ese motivo no se consideró necesario exigir de modo estricto cumplir los requisitos de elegibilidad. En aquel tiempo el gobierno mexiquense apenas comenzaba a abrirse a la presencia opositora, especialmente la de Acción Nacional. Los candidatos antagónicos carecían de la mínima probabilidad de triunfar, y al cinismo legal del gobierno le daba lo mismo si esos apóstoles eran elegibles o no.

Apenas en 1981, y con tintas pálidas, comenzó a trazarse el panorama electoral competitivo mexiquense. Alfredo del Mazo González obtuvo 62% de los votos, contra 6.1% del aspirante panista y sólo 3.1% del candidato comunista. Seis años después la votación panista casi se duplicó, para llegar a 11.3%, pero la maquinaria priista asignó el 72.9% a Mario Ramón Beteta (quien incumplió el requisito de residencia). El actor y activista Carlos Bracho, candidato de la izquierda, avanzó a 8.8%, que en números absolutos daba una cifra inimaginable para un partido marginal: 175 mil votos.

En 1993 el joven (no llegaba todavía a los 40 años) diputado federal Encinas superó en cien mil votos la cifra de Bracho, aunque se quedó en el mismo nivel porcentual. Contendió contra Luis Felipe Bravo Mena, quien obtuvo más de medio millón, y con Emilio Chuayffet, quien se aproximó a los 2 millones de votos.

Chuayffet dejaría a medio camino su gubernatura y luego sería secretario de Gobernación, de donde fue depuesto y sometido a un breve ostracismo del que se repuso con sendas curules en 2003 y 2009. Bravo Mena encabezó el partido que arrebató al PRI la Presidencia, y luego de ser embajador ahora es secretario privado de Felipe Calderón.

La vida política de Encinas fue más rica y sorprendente si se considera que todavía a mediados de los años 90 las posibilidades de gobernar estaban vedadas para la izquierda. Pero con el triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas en el DF en 1997 muchos militantes empezaron a cursar una carrera gubernativa. Con ese jefe de Gobierno, Encinas fue secretario del Medio Ambiente. Con López Obrador sería después secretario de Desarrollo Económico y subsecretario y secretario de Gobierno, hasta suplirlo en la jefatura de la administración capitalina en julio de 2005.

Cinco años antes, sin embargo, había sucumbido de nuevo a la tentación electoral, esta vez con perspectivas halagüeñas. Apoyado por el mayor número posible de partidos (más que los que postulaban a López Obrador) buscó ser jefe delegacional en Álvaro Obregón. Como se sabría después por confesión propia, el empresario argentino Carlos Ahumada apoyó financieramente la campaña de Luis Eduardo Zuno, el candidato panista que trampeó y logró que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificara su triunfo, aunque apenas le reconociera poco más de 500 votos de diferencia.

Toparía Encinas de nuevo con ese tribunal en 2008. Luego de su satisfactorio desempeño como jefe de Gobierno, y su sagaz combinación de autoridad de todos y militante de la causa de López Obrador, adquirió una gran presencia y sólida reputación dentro del PRD, que lo llevó a disputar la presidencia del partido. Lo hizo contra Jesús Ortega, quien por enésima vez buscaba esa posición y no se paró en barras para obtenerla esta vez. Al cabo de un sucio proceso electoral, que debió ser anulado dadas las trapacerías que lo caracterizaron, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral ungieron jefe del partido a Ortega, con lo que la fractura perredista, visible durante las campañas internas, se ahondó hasta casi partir en dos a ese partido.

Asegúrese pues Encinas, y estén seguros también sus postulantes, de que su elegibilidad no ofrecerá un flanco débil que lo prive de un triunfo claramente obtenido, como ocurrió en los dos momentos recordados. No se expongan a perder en oscuras oficinas lo que acaso obtengan en la transparencia de las urnas.


Fuente: Proceso
Difusión AMLOTV

El SME está vivo




El gobierno federal mostró una descomunal preocupación por los resultados del proceso electoral del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), que culminaron en diciembre de 2010, en una inusitada participación de jubilados y trabajadores que aún siguen en resistencia demandando su reinstalación.


Consideraban, desde esferas gubernamentales, que, a más de un año de desgaste, el SME estaba acabado y dividido, pero su sorpresa fue mayúscula.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), el 14 de diciembre, en el aniversario 96 del Sindicato, se vio obligada a entregar la toma de nota que reconoce a su directiva, encabezada por Martín Esparza; pero se apresuró a señalar, en voz del mismo Felipe Calderón, que ello no significaba ceder ante el SME.

En una entrevista radial con Carlos Puig en W Radio, Calderón enfatizó: “No, no se está cediendo. Yo creo que se está actuando conforme a la ley”. Sin embargo, contradictoriamente, el presidente tuvo que reconocer que fue por el plantón y la huelga de hambre que llevaron los electricistas en lucha lo que obligó al gobierno a “explorar posibilidades legales para que el Sindicato fuera reconocido”. Quiso decir: “Me tuvieron que presionar para respetar la ley”.

La STPS, por las repercusiones que tuvo la movilización de los trabajadores en las votaciones y la obligada entrega de la toma de nota, pagó desplegados y mandó boletines de prensa a medios de comunicación para aclarar que la entrega del reconocimiento de personalidad al SME no implicaba, “de ninguna manera”, la reversión del decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC).

Que tampoco significa, según la STPS, “la creación de una nueva empresa para la prestación de un servicio público de energía eléctrica, o el reconocimiento de la existencia de una nueva relación laboral, ni mucho menos que la Comisión Federal de Electricidad se convierta en patrón sustituto, o que esté obligada a contratar colectivamente a extrabajadores de LFC”.

Fue querer decir: me preocupa su demanda por una nueva empresa eléctrica.

El gobierno federal sabe muy bien que la fuerza y la cohesión demostrada por el SME obliga a revisar la creación de una nueva compañía, en la región donde operaba Luz y Fuerza del Centro; sabe que es necesario buscar alternativas a este conflicto, que de no lograrlas se puede convertir en una herencia transexenal de enormes costos electorales para el Partido Acción Nacional.

El enfrentamiento no puede ser el estilo de gobernar, ya que esta práctica cierra posibilidades de búsqueda de alternativas. La actitud de respeto mostrada en el proceso electoral, que culminó con la entrega de la toma de nota, fue ejemplo de ello. No participaron funcionarios de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje ni de la STPS como una muestra de reconocimiento a su autonomía.

Pero si participaron, por decisión del SME, ciudadanos de organizaciones civiles y de notarios públicos que avalaron un proceso electoral legal y transparente de los 27 mil 86 electricistas votantes.

Lo destacado fue observar a los 12 mil 43 jubilados de un total de 22 mil 185, muchos de ellos de avanzada edad, con dificultades para caminar, en muletas, en sillas de ruedas y hasta enfermos, llegar a expresar su voto. Algunos decían: “Venimos a demostrarle al gobierno que estamos unidos y no vamos a permitir que se nos arrebate nuestro Sindicato. Venimos a demostrar que el SME está vivo”.

Los 15 mil 33 trabajadores de los 15 mil 738 que mantienen su demanda de reinstalación mostraron una enorme entereza a pesar de la prolongación de su conflicto.

Algunos tuvieron que esperar entre tres o cuatro horas para llegar a la gran urna transparente, después de identificarse y constatar que aparecían en las listas y luego en mamparas, de manera secreta, expresar el sentido de su voto.

Muchos se veían unos a otros con enorme satisfacción en una demostración de ellos mismos, que el SME es una organización de una fortaleza histórica difícil de quebrar. En jornadas agotadoras, el SME demostró cómo se realizan sus procesos electorales.

El haber decidido como opción presentar una sola planilla, a pesar de que era posible se registraran otras más, fue una muestra de unidad y de madurez para enfrentar esta nueva fase de este conflicto.

El gobierno está obligado a resarcir los enormes daños a las y los trabajadores que mandó a la calle de manera ilegal para favorecer empresas contratistas incapaces de atender el servicio eléctrico. La creación de una nueva empresa estatal con la participación de los integrantes del SME es un compromiso que se debe concretar en el corto plazo para bien de la nación.

*Presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos y Consejero de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal

Fuente: Contralínea
Difusión: AMLOTV