Siempre hay señalamientos contra los defensores, pero no hay un reconocimiento, dice Macías Medina
ANALY S. NUÑO
Los datos reflejados en el informe realizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en el que se señala a Jalisco como el estado donde se registran más agresiones contra luchadores sociales, reflejan la desprotección y el desconocimiento de su trabajo por parte de las autoridades, lo que los coloca en una situación de emergencia principalmente ante “la pobre defensa” que ha mostrado el titular de la Comisión estatal, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, quien incluso ha sido señalado por la ONU como un actor que obstaculiza el trabajo de los activistas.
Así lo señaló el director del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), Francisco Macías Medina, quien en coordinación con la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, trabaja en el Mecanismo Nacional de Protección para Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, que la CNDH solicitó al gobierno federal diseñar e implementar tras dar a conocer que de 2005 a la fecha en el país se han registrado 523 expedientes de presuntos agravios contra defensores civiles.
Las cifras advertidas en el documento El derecho a defender. Informe especial sobre la situación de las y los defensores de los derechos humanos en México, reflejan que aun con el subregistro de las comisiones estatales en este tema, Jalisco no está ajeno a las dinámicas preocupantes que se están registrando en estados como Chihuahua o Durango.
“Jalisco es un estado que aunque pareciera que no está pasando nada, está pasando mucho y de esas cosas que están pasando de forma grave están los ataques y amedrentamientos contra defensoras y defensores de derechos humanos. Eso también habla de un estado muy crítico para el ejercicio de la democracia, pero habla también de un gobierno estatal con poca apertura”.
Detalló que además se refleja la gravedad de la situación actual a la que se enfrentan los luchadores sociales en Jalisco puesto que a pesar de las 97 quejas interpuestas por agravios en su contra, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) tan sólo ha emitido dos recomendaciones por estos hechos y gran número de medidas cautelares sin que éstas realmente protejan al activista tanto en la entidad como en todo el país.
“Hay bastantes medidas cautelares pero que, como lo sabemos y lo ha documentado la propia oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, pues evidentemente eso no ha parado la gravedad de los ataques a los defensores, en estos cuatro años un gran número de defensores han perdido la vida en condiciones de defensa, no sólo en el caso de Marisela Escobedo, de Josefina Reyes. El asunto está en que se refleja una gravedad: sí hay una desprotección de defensa a los defensores y en el caso de Jalisco se agrava porque ni siquiera está incluido como política pública en el gobierno”.
En este tenor, el representante del Cepad advirtió que además de la falta de políticas públicas también se registra la negación al reconocimiento del trabajo de los activistas, pues a pesar de que se da cuenta de un gran número de defensores civiles del medio ambiente, de la diversidad sexual, de derechos de las mujeres o de la movilidad no motorizada, en la gran mayoría de los eventos que forman parte de las agendas de funcionarios estatales se desestima la labor de éstos y se les señala.
“En cualquier reunión de trabajo donde hay una autoridad siempre hay señalamientos contra los defensores, contra la gente que está buscando mejores condiciones de desarrollo, pero como no hay un reconocimiento y obviamente los efectos los estamos viviendo, no se ha reflejado en la muertes de un defensor pero hay activistas que han dejado de ejercer sus actividades por cuestiones de seguridad. El informe refleja que en Jalisco obviamente ya estaban ocurriendo situaciones y ataques, incluyendo los ataques del propio ombudsmanestatal que, además, es de mucha preocupación pues es el estado que más señalamientos tiene pero es el estado que tiene la más pobre defensa en el tema de los derechos humanos”.
Bajo este escenario, Macías Medina calificó como crítica la situación de la entidad para los luchadores sociales ante el no reconocimiento de la labor, razón por la cual consideró importante que comience a operar el Mecanismo nacional de protección para defensoras y defensores de derechos humanos.
Detalló que en los próximos meses distintas organizaciones nacionales como el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el Centro Pro, la Red Nacional Todos los Derechos para Todas y Todos, la Red de Radios Comunitarias, Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), entre otras, estarán trabajando en el manual y los lineamientos propios del organismo a fin de que los estados cumplan con la obligación de proteger el trabajo de los defensores, puesto que no es sólo un mecanismo para construir medidas de protección sino para obligar al estado a que realmente cumpla con dicha función puesto que la problemática a nivel nacional es grave.
Finalmente, a consideración de Macías Medina el informe debió haberse presentado desde hace varios meses y no dentro del marco de la visita de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para la defensa de los derechos humanos en México, debido a que en el país a pesar de que existen las bases para sentar un mecanismo de protección para defensores, periodistas y migrantes, éstas se encuentran rezagadas de manera importante durante la administración federal.
Fuente: La Jornada de Jalisco
