miércoles, 10 de agosto de 2011

Defensores de los derechos humanos, grandes marginados de la protección


JALISCO, A LA ZAGA NACIONAL CON 97 QUEJAS Y 2 RECOMENDACIONES: CORTEZ MORALES

EN JALISCO Y EL PAÍS EXISTE UN EVIDENTE ESCENARIO DE AGRESIÓN DE RIESGO CRECIENTE PARA LOS DEFENSORES Y DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS, NO OBSTANTE, ÉSTOS NO HAN ENCONTRADO LA PROTECCIÓN ADECUADA EN LAS COMISIONES ESTATALES DE DEFENSORÍA DEBIDO A QUE SUS TITULARES EN MUCHAS OCASIONES HAN EVITADO ENTRAR A TEMAS SENSIBLES PORQUE ESTO PUDIERA SIGNIFICAR ALGÚN GRADO DE CONFRONTACIÓN CON LAS AUTORIDADES

ANALY S. NUÑO

Así lo señaló Édgar Cortez Moralez, integrante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, AC (IMDHD), quien calificó como lamentable el hecho de que las comisiones públicas estatales no estén realmente trabajando en salvaguardar y proteger el tema de los derechos humanos de los defensores, es decir, no estén protegiendo su derecho a defender.

Lo anterior, se evidencia en el informe El derecho a defender. Informe especial sobre la situación de las y los defensores de los derechos humanos en México, realizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en el que se coloca a Jalisco como el estado donde se registran más agresiones contra luchadores sociales, con 97 quejas y tan sólo dos recomendaciones.

"Yo creo que es el gran hoyo negro que tienen las comisiones públicas, o sea, números grandes de quejas y al final un número muy reducido de recomendaciones, la gran pregunta que todos tendríamos que hacer es qué pasa con tal cantidad de quejas de todo tipo que no llegan, cómo se resuelven, qué sucede, por qué no llegan a recomendación, y si es porque hay una mala investigación. Yo sí creo que hay un déficit en el trabajo de investigación, de registro y documentación de los casos, en particular, de agresiones a defensores y defensoras de derechos humanos”, arguyó.

En este sentido, a consideración del también ex director del Centro Pro de Derechos Humanos AC, esta situación podría estarse derivando de alguna manera de que los presidentes de las comisiones estatales no han asumido en su totalidad la defensoría de los derechos humanos, aunado al hecho de se han ido presentando nuevas problemáticas, pues además de los casos de tortura, acceso a la justica e inseguridad se suman los feminicidios y la criminalización de los jóvenes en el contexto de seguridad, sin embargo, no se está teniendo la capacidad para hacerles frente y para lograr que efectivamente a las autoridades se les obligue a una actuación de pleno respeto de derechos humanos.

“Me parece que en Jalisco el panorama es que tenemos un problema serio en materia de derechos humanos en muchos campos, yo creo que no estamos logrando todos los avances que debiéramos tener y me parece que en eso pues está el que no hemos logrado entre otras muchas cosas una Comisión de Derechos Humanos pública, mucho más activa y con mucho más empuje”.

Bajo este tenor, el teólogo especialista en la materia, estima que la reforma constitucional en derechos humanos podría ser una palanca que sirva para cambiar esta situación, pues a su parecer uno de los puntos destacables de estos cambios en la Carta Magna es la “autonomía efectiva” que deberán tener los órganos para que “realmente asuman su tarea de proteger, garantizar e investigar las agresiones de derechos humanos, además señalar las deficiencias, omisiones o violaciones que están cometiendo las autoridades y cómo se modifican”.

En este escenario, indicó que el distanciamiento entre el titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ), Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, y organizaciones civiles se puede derivar de las posibles pretensiones políticas que pudiera tener más allá de un interés en la labor en derechos humanos –cabe hacer mención, que éste en junio pasado acompaño al senador Ramiro Hernández en su destape como candidato a gobernador jalisciense ante 10 mil priístas y durante su informe de actividades la mayoría de los asistentes fueron actores políticos.

Lo anterior, dijo, podría estar ligado a la serie de desencuentros que ha habido entre el movimiento civil de derechos humanos y la Comisión estatal, lo que probablemente pudiera estar alentando una falta de actuación “mucho más clara y contundente por parte de la comisión”, pues “lo que no habría que olvidar es que un titular, en este caso el presidente de la Comisión estatal, tiene obligaciones legales que me parece que está incumpliendo”.

"Lamentablemente me parece que una realidad que hemos vivido en muchas comisiones es que la elección del presidente se ha tornado como la elección de un cargo político más. Yo digo que es una posibilidad de que los desencuentros estén influyendo, y también creo que el tema es que estos funcionarios o el titular, no sé en qué medida, tengan aspiraciones políticas y entonces sus aspiraciones políticas condicionen su actuación, es decir, que de lo que esté preocupado no es de cumplir en la mejor manera su responsabilidad sino en cuidar sus aspiraciones hacia delante. Eso se genera cuando la elección de los titulares se hace como si se eligiera un cargo político más y no la responsabilidad de una persona que tiene que dirigir una institución que protege y garantiza el respeto de los derechos humanos”.

Finalmente, con respecto a los casos de homicidios contra activistas registrados en Jalisco, Cortez Moralez apuntó que es una omisión grave que el titular de la CEDHJ –quien durante entrevista con La Jornada Jalisco reconoció no tener conocimiento de asesinatos de activistas en la entidad, a pesar de que éstos están señalados en distintos informes del 2010 realizados por instancias de derechos humanos internacionales– no haya ejercido su facultad de iniciar investigaciones de oficio a pesar de la trascendencia de estos hechos.

“Es una omisión grave porque, puede a lo mejor argumentar que nadie ha presentado la queja pero hay que recordar que la Comisión estatal, como todas, tiene la facultad de actuar de oficio, sabiendo de un hecho, y me parece entonces que esta es otra de las deficiencias, porque teniendo las facultades no las ejercen, las tienen en la ley pero en lugar de usarla prefieren no hacerlo, muchas veces puede ser por no querer entrar a estos temas sensibles y que pudieran significar algún grado de confrontación con algunas autoridades, entonces me parece que hay un riesgo”, puntualizó.

Fuente: La Jornada de Jalisco

Las posiciones económicas más conservadoras se imponen a nivel mundial


ARTURO HUERTA GONZÁLEZ

El 5 de agosto la calificadora internacional Standard and Poor’s bajó la calificación crediticia a la deuda estadounidense de triple A (AAA), a doble A positiva (AA+), que por primera vez en la historia de tales calificaciones le acontece a tal país. Dicha calificadora cuestionó la habilidad del gobierno para manejar sus finanzas, señalando que el recorte presupuestal anunciado quedó corto, y predice que los líderes no serán capaces para alcanzar más ahorro en el futuro; es decir, se pronuncia por mayores recortes del gasto público y del déficit fiscal, sin tomar en cuenta que los otros sectores de la economía están actuando negativamente sobre ésta. Es decir, el sector privado está disminuyendo consumo e inversión para pagar la gran deuda que enfrentan, lo que contrae el mercado interno, y por otra parte el sector externo es deficitario. Dicha economía importa más de lo que exporta, lo que actúa en detrimento de su actividad económica. Por lo que el gobierno de Estados Unidos al restringir el gasto y al tener que disminuirlo más, tal como es la recomendación de dicha calificadora internacional, vendrá a frenar más la dinámica económica y a incrementar el desempleo, configurando una tendencia recesiva de dicha economía, lo que arrastrará a la economía mundial, considerando que es la que ha venido actuando como motor de la dinámica del resto del mundo.

Sandard and Poor’s, junto con las otras calificadoras internacionales (Moody’s y Fitch) no tienen calidad moral de calificar la deuda de los países, siendo que ellas fueron copartícipes de la crisis financiera manifiesta en 2007–2009, que solaparon las burbujas especulativas en bienes raíces y los títulos financieros fraudulentos que se emitieron con respaldo de dicho bienes, y calificaron con triple AAA a los bonos basura de los prestamos hipotecarios subprime emitidos por las instituciones financieras internacionales, evidenciando los negociados que desarrollaron conjuntamente con Wall Street.

Ahora, con tales posturas de bajarle la nota a la deuda soberana de Estados Unidos están llevando al gobierno (como lo han estado haciendo con la mayoría de los gobiernos de los países europeos, y del resto del mundo) a tener que reducir su participación en la actividad económica, a disminuir los gastos de bienestar social, en salud, educación, etc. a fin de ampliar la esfera de participación el sector privado en la economía.

Estados Unidos es un país que tiene el control soberano de su moneda, por lo que no tiene problemas de insolvencia, no tiene problemas para financiar su gasto ni para pagar su deuda, ya que está en dólares, los cuales son emitidos por el gobierno. Obama, como la mayoría del Congreso de Estados Unidos, así como las calificadoras internacionales, no entienden cómo ha venido funcionando dicha economí; mientras el resto del mundo siga aceptando dólares como bonos del tesoro no hay problemas de que se trabaje con déficit fiscal y déficit del sector externo, el problema se daría cuando el resto del mundo deje de seguir aceptando dólares, y esto no ha acontecido.

Para un gobierno soberano que controla la moneda y la deja fluctuar no requiere emitir deuda para financiar el gasto. Emite una deuda para regular la liquidez de la economía, para evitar presiones inflacionarias, como para regular las reservas bancarias y mantener la tasa de interés objetivo. Ha sido decisión política de los republicanos poner límite a la deuda pública, para obligar al gobierno a restringir su gasto y el déficit fiscal. Estados Unidos no tiene problema de pagar su deuda, la cual está a muy bajas tasas de interés. El déficit fiscal y el monto de la deuda no están presionando la tasa de interés ni está originado el efecto de crowding out (exclusión) al sector privado. La banca tiene suficientes reservas bancarias para otorgar créditos, y si ello no acontece es porque las empresas no lo demandan por la contracción del mercado interno y menos demandarán crédito con la desaceleración económica que se avecina con el recorte del gasto público.

El gasto público y el déficit fiscal deben disminuir cuando la economía está creciendo y enfrenta presiones inflacionarias, pero nada de ello está aconteciendo en la economía estadounidense ni en la economía mundial ni en la mexicana. Los organismos financieros internacionales, como las calificadoras internacionales y los gobiernos de los países desarrollados, como la mayoría de los gobiernos de las economías emergentes, están defendiendo las políticas de austeridad fiscal para mandar señales de pago a los acreedores internacionales, así como de estabilización de sus monedas. El problema es que por más recortes fiscales los problemas de no pago siguen presentes en la mayoría de los países europeos, ya que tal política contrae la actividad económica y con ello la recaudación tributaria, ya que al caer el ingreso de empresas e individuos menos capacidad de pago de impuestos tienen, por lo que continúan las presiones sobre las finanzas públicas.

Asimismo, la guerra de divisas continúa como un mecanismo para mejorar competitividad para incrementar exportaciones y reducir el déficit de comercio exterior. Por más que actúe el Banco Central Europeo en la compra de la deuda pública de los países que no tienen condiciones de pago (Irlanda, Grecia, Portugal, España, Italia) la vulnerabilidad de los mercados financieros internacionales y la tendencia recesiva la economía mundial prosigue. Día a día las noticias nos informan de la crónica de una crisis anunciada a nivel mundial y nacional, y las autoridades de unos y otros países siguen sin hacer nada para evitarla. No les importa las crecientes manifestaciones de descontento que se están dando en todos los rincones del mundo ni el clima de violencia que en nuestro caso sigue creciendo.

Fuente: La Jornada de Oriente

Comunidad wixárika de Tuxpan de Bolaños logra la restitución de 9 mil 561 hectáreas


Diputado señala que se han dejado de ejercer 100 mdp para infraestructura en pueblos indígenas

REDACCIÓN Y J.C.G. PARTIDA

La comunidad wixárika de Tuxpan de Bolaños, en los municipios de Mezquitic y Bolaños, en el norte del estado, logró la restitución de nueve mil 561 hectáreas de su territorio, ubicadas en el Cañón de Tlaxcala y Barranquillas, que estaban invadidas por ganaderos del municipio de Chimaltitán.

Representantes del Tribunal Unitario Agrario del distrito 13, con sede en Guadalajara, concluyeron ayer la ejecución de la sentencia emitida desde el 15 de julio pasado y con la que se resuelve la demanda interpuesta por la comunidad desde hace tres años.

Con la ejecución de la sentencia también termina una serie de conflictos y enfrentamientos entre ambas partes, como los que se escenificaron cuando en varias ocasiones los comuneros intentaron poner una escuela en la zona y ésta fue destruida una y otra vez por los ganaderos.

Esta es una de las zonas de la comunidad con mayor biodiversidad y riqueza paisajística, además cuenta con espacios aptos para la agricultura y ganadería.

Los antecedentes

En 1718 fue reconocido mediante un título virreinal la propiedad ancestral de la comunidad de Waut+a San Sebastián Teponahuaxtlán.

En 1948 la comunidad indígena solicitó el reconocimiento y titulación de bienes comunales.

En 1952 se emitió indebidamente el título de Bienes Nacionales a favor de José Atilano Guzmán.

En 1953 se emitió la Resolución Presidencial de San Sebastián Teponahuaxtlán que reconoce una superficie de 240 mil hectáreas y que incluye los terrenos en disputa.

En 2007 la comunidad decide por acuerdo de la asamblea general hacer las gestiones necesarias para lograr la recuperación de las tierras de Cañón de Tlaxcala.

En 2008, al tiempo que se preparan las demandas agrarias respectivas, ingresa el caso al Programa de Atención a Conflictos Sociales del Medio Rural (Cosomer) de la Secretaría de Reforma Agraria.

2008-2011 se realizan numerosas reuniones, mesas de trabajo, diagnósticos topográficos y procedimientos judiciales, hasta llegar a acuerdos convenientes para ambas partes.

En julio de 2011 el Tribunal Unitario Agrario eleva a rango de sentencia los términos del convenio y reconoce el derecho que asiste a la comunidad cambiando el término incorporación que se pretendía en principio por el de reincorporación equivalente a restitución, realizándose los trabajos de ejecución entre el 2 y el 8 de agosto, declarándose los trabajos como “ejecutoriados” y quedando en posesión plena de la comunidad el total de la superficie reclamada en restitución.

Día Internacional de los Pueblos Indígenas

Al anunciar que el Congreso de Jalisco será sede hoy de la conmemoración por el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el diputado Gustavo Macías Zambrano, presidente de la comisión de Asuntos Indígenas, reconoció que la zona norte de Jalisco y en el sur, donde radican los pueblos wixárika y nahua respectivamente, se han dejado de ejercer al menos 100 millones de pesos en infraestructura, lo que ha contribuido a acentuar la marginación de esas regiones evaluadas entre las más pobres del país.

“Hemos señalado en varias ocasiones la falta de inversiones de parte del gobierno del estado que ha dejado de hacer. Esperábamos que este año el gobierno estatal aportara 50 millones de pesos, cosa que no ha sucedido, no se ha dado ni la firma del convenio entre el gobierno federal y el estatal y se estarán dejando de ejercer cerca de 100 millones de pesos hacia las comunidades indígenas”, puntualizó.

Fuente: La Jornada de Jalisco

Fabrica CFE cargos contra resistencia pacífica, acusa diputado Benítez Lucho


IGNACIO CARVAJAL - MARTES, AGOSTO 09, 2011

Veracruz, Ver.- El diputado federal por Cosoleacaque, Antonio Benítez Lucho, denunció que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) abusa de sus atribuciones al perseguir con la fuerza del Estado a las personas que están en la resistencia pacífica por la reducción de las tarifas energéticas.

El legislador, que colabora con los integrantes de la resistencia la Leyenda de Chucho el Roto Vive, comentó que la CFE ha mandado a encarcelar a docenas de personas que militan en las distintas resistencias en Veracruz, sin que haya motivos reales.

Dijo que la CFE se ha valido de la Procuraduría General de la República (PGR) y la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) para sembrar, incluso, delitos a los seguidores del líder del movimiento, Francisco Morales, El Potro, encarcelado en Pacho Viejo.

Agregó que los delitos contra El Potro fueron fabricados, y por ello se pedirá la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que analice el caso y que sea puesto en libertad.

El próximo miércoles –anunció– interpondrá un Punto de Acuerdo en la cámara de Diputados, donde se pedirá que la CFE no persiga a las personas que no pagan por pertenecer a un movimiento en busca de la mejora en el precio que se paga por la luz.

La semana anterior, por ejemplo, en Veracruz, la CFE denunció a tres personas que habían protestado por las tarifas, y apenas salieron en libertad, luego de que organizaron cooperaciones para pagar la fianza.

Indicó que él y otros diputados federales trabajan con las personas que han sido encarceladas injustamente por la CFE para que se termine este acoso por las vías legislativas. “No es justo que la CFE persiga a las personas que protestan por mejoras en el servicio, usando al Estado, cuando ni siquiera cuentan con recursos para realizar el pago de las tarifas. Les dan cárcel o servicio”, remató.

Fuente: La Jornada de Veracruz

Fracaso en educación pública, porque los gobiernos le apuestan a la privada


FERNANDO INÉS CARMONA - MARTES, AGOSTO 09, 2011

Orizaba, Ver.- Ocupar los primeros lugares de analfabetismo en el país demuestra que en Veracruz “falla la política educativa que incluso le apuesta más a la educación privada qué a la pública. También tenemos una pobreza educativa”, planteó el vocero de la Alianza Metropolitana de Pastores Evangélicos del Valle de Orizaba, Joel Ortigoza Vélez

“Yo creo que el hecho de que tengamos una pobreza en la educación es algo lamentable. Es un punto importante, estamos fallando en materia educativa, no son solamente los programas, sino aquellos que están involucrados con los proceso y la administración de la educación”.

La educación en el país y en el estado es administrada por políticos, “pero debe ser exclusiva de académicos”. Como ejemplo, dice, tenemos el trabajo de Juan Ramón de la Fuente en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), “la Universidad era un caos. Él retomó una serie de acciones que logran recomponer la UNAM para que siga siendo el orgullo educativo del país”.

El panorama educativo del estado y del país debe cambiar, “tenemos que hacer cambios sustanciales. Urgen los cambios. Israel es uno de los países que más invierte en la educación, la mayor inversión que tiene del producto interno bruto se canaliza a la educación y aquí es todo lo contrario. Hay que mucho que hacer, en la educación se tiene que trabajar mucho más”.

Refirió que hay una mala planeación de las políticas gubernamentales, “el gobierno piensa que es mejor invertir en resolver la pobreza, pero los resultados ahí están hay más pobres en el país, hay más ignorancia, la gente se sigue muriendo. Hay que invertirle a la educación y retomar los programas educativos que existían antes y que por malas decisiones no se continuaron. Esos programas en su momento fueron exitosos. Hubo buenos resultados y los niveles de analfabetismo vinieron abajo, no como sucede hoy. Mucha gente terminó su problema. Los trabajadores salían de su turno de trabajo y continuaban su educación o la concluían y ahí no se buscaba tanto la gratificación económica”.

El crecimiento del analfabetismo en el estado también tiene otro origen, “una reducida oferta educativa en las escuelas públicas y costos elevados en la educación privada”.

El crecimiento de escuelas privadas en el país y el estado es alarmante, tanto en el estado como la Federación le apuestan a la educación privada, que ha crecido impresionante, pero no resuelve el problema, “pero esas escuelas son para aquellos que tienen el poder económico, pero no ha sido suficiente y esas escuelas le aligeran un poco la carga a las escuelas públicas, pero no resuelven el problema nacional y ahí están los resultados”.

El calificativo que tenemos en materia educativa es que es pésima y muy deficiente, concluyó.

Fuente: La Jornada de Veracruz

Relaciones peligrosas


ANTONIO SOTO SÁNCHEZ

Hace unos días la señora Elba Esther Gordillo, lideresa nacional del magisterio, externaba su simpatía para que Marcelo Ebrard fuera presidente de México; al mismo tiempo, la mujer reconoció que este tipo de manifestación pública podría llegar a afectar las aspiraciones del jefe de Gobierno del Distrito Federal, toda vez que aceptó en una entrevista concedida a un medio impreso internacional, que muchas de las acciones que ha realizado en su vida no han sido del todo correctas; incluso, reconoció una cierta falta de ética. Aceptarlo ante la opinión pública, refleja de este personaje un cinismo sin parangón, pero también una valentía que no es muy característica de los políticos mexicanos, ella al menos acepta que ha cometido actos inapropiados e impúdicos durante su carrera política.

Reconoce que el apoyo que brindó el 2006 a Felipe Calderón de manera corporativa y claramente ilegal fue a cambio de espacios en la burocracia del gobierno federal, es decir, ella aportaría algunos cientos de miles de votos de los maestros y el gobierno le entregaría el ISSSTE, la Lotenal, parte de la SEP, entre otros espacios, como efectivamente ocurrió. A pesar de que todo esto se hizo público, Calderón no lo ha negado ni tampoco se ha deslindado de este personaje que mucho a denigrado el quehacer político del país y no tan sólo no se desmarcó, sino que pactó una nueva alianza con la señora para que el partido que esta comanda respalde electoral y políticamente a Luisa María Calderón en su carrera por la gubernatura de Michoacán.

En el caso del jefe de Gobierno, al conocer este la manifestación de simpatía de Gordillo hacia su persona, de inmediato pintó su raya y a través de los medios de comunicación se deslindó de este personaje. No haberlo hecho equivaldría a actuar como lo hizo Calderón en la carrera presidencial y como lo está haciendo ahora para ayudar a su hermana en el caso de Michoacán. Debemos reconocer que Ebrard actuó con congruencia y con un cálculo político correcto ante la opinión pública nacional, la cual ve a la maestra como una persona corrupta que ha dañado mucho la educación en México.

La lideresa magisterial no sólo ha hecho alianzas con los panistas, antaño lo hizo y por muchos años con los priístas, como todos sabemos, ella fue una pieza clave de Carlos Salinas y de Ernesto Zedillo durante sus gobiernos. Ahora nuevamente ha pactado con Peña Nieto el casi ya candidato presidencial de ese partido. La señora puede aliarse con el mejor postor, mas allá de compromisos sociales, más allá de intereses ciudadanos, para ella lo importante es utilizar su fuerza, sus votos, sus maestros, no para servir a México, sino para servir a sus aliados y a ella misma. Eso es lo que significa caminar de la mano de esta señora. Como ya vimos, hay muchos dispuestos a hacerlo, con tal de llegar, aunque ello no tenga ninguna dignidad, ninguna ética.

Celebro que los dos principales aspirantes de la izquierda a la Presidencia de la Republica se hayan deslindado de tan deleznable personaje, cosa que no lo han hecho ni priístas ni panistas. Sin duda que ambos partidos se disputan el apoyo de esa mujer. Qué vergüenza que se busque llegar al poder con alianzas de esta naturaleza, que sólo denigran y desacreditan aun mas a la política mexicana, sin exagerar, esto equivale a celebrar alianzas o pactos con los criminales para lograr ganar. Estoy convencido de que debemos exigir una auténtica limpia y depuración de nuestra clase política, gente como Gordillo envilecen y denigran la cosa pública, pero también personajes como René Bejarano, que se dicen de la izquierda, pero que en realidad dañan mucho la posibilidad de que haya un verdadero cambio en nuestro país, deben hacerse a un lado. Andrés Manuel López Obrador, por el bien de sus aspiraciones, debe deshacerse del señor Bejarano, por el bien de la izquierda, por el bien de México. El apoyo que el señor de las ligas ha manifestado a López Obrador de nada le sirve, es más, lo perjudica, debe este rechazar públicamente este tipo de apoyos, que son tan peligrosos, como el apoyo de la señora Elba Esther Gordillo. Marcelo Ebrard en esto le lleva un paso adelante.

enlacesosa@yahoo.com.mx

Fuente: La Jornada de Michoacán

Boletín de Democracy Now! en Español

9/8/2011

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martes, 9 de agosto de 2011

A petición de López Obrador, Faustino Soto dialoga con opositores de Fonatur


HERCILIA CASTRO (Corresponsal)

Zihuatanejo, 7 de agosto. El diputado local Faustino Soto Ramos se reunió esta tarde con los opositores a la empresa Fonatur SA de CV, la cual tiene una concesión otorgada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y dijo que su visita fue por la petición pública que le hizo el líder Andrés Manuel López Obrador en su última actividad en el puerto.

Soto Ramos escuchó la problemática de los opositores a la empresa Fonatur, quienes manifestaron que la concesión los afecta porque abarca la zona del recinto portuario, aguas adyacentes, la laguna de Las Salinas y Barra de Potosí, en el municipio de Petatlán.

Los opositores mencionaron que en la audiencia pública del gobernador Ángel Aguirre Rivero esperaban una reunión con más tiempo para exponer su conflicto, lo cual no fue así, ya que sólo tuvieron tres minutos para exponer su problema.

El presidente de la cooperativa pesquera Atarrayeros, Helio Orbe Solís, explicó al congresista que dicha concesión afecta a más de 32 cooperativas pesquero ribereñas y de servicios turísticos como la pesca deportiva y recorridos, pero que el número total de afectados serán 9 mil 210 pobladores.

La presidenta de la Red de Organizaciones y Grupos Ambientalistas de Zihuatanejo (Rogaz), Obdulia Balderas Sánchez, expresó que ya son tres ocasiones en que viajan al Distrito Federal para hablar con diputados federales y funcionarios de la SCT, como el titular de la Dirección General de Puertos de esa dependencia, Alejandro Hernández Cervantes, y que siempre les niegan que se realizará un muelle en la bahía de Zihuatanejo, pero en la concesión específica otra cosa.

Soto Ramos escuchó atentamente por más de dos horas a los opositores y se comprometió a que mañana lunes hablará con el encargado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semaren), Carlos Toledo Manzur, para que se haga una tarjeta informativa y el conflicto se canalice al secretario de Comunicaciones y Transportes, Dionicio Pérez-Jácome Friscione, y pugnará porque en en Congreso local se realice un exhorto donde se pida la revocación de la concesión a la empresa Fonatur.

A pregunta expresa de por qué su visita con los opositores a Fonatur, Soto Ramos dijo que fue por la petición pública que hizo el líder del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, quien el 24 de julio se pronunció en contra del proyecto de concesión a la empresa Fonatur Operadora Portuaria.

Fuente: La Jornada de Guerrero

Exige AI al gobierno mexicano medidas contra la pobreza


CITLAL GILES SÁNCHEZ

Chilpancingo, 7 de agosto. La organización Amnistía Internacional (AI) exhortó al Estado mexicano a que de manera urgente tome medidas efectivas para combatir la pobreza, entre ellas, la firma del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pues a pesar la situación de marginación que viven miles de mexicano, las autoridades han postergado dicha firma.

El coordinador de Movilización e Impacto de AI, Daniel Zapico criticó que familias aún vivan en casas en las que no se tiene acceso a agua potable, saneamiento, luz u otros servicios básicos y en condiciones insalubres.

Dijo que en esas condiciones sobreviven millones de mexicanos, “es necesario que México adopte los mecanismos que existen a nivel internacional que permitirían a estas personas exigir su derecho a condiciones de vida dignas”.

Recalcó que el Estado mexicano debe sumarse al Protocolo para tener nuevos mecanismos que permitirán que la gente que vive en la marginación y pobreza pueda acceder a instancias internacionales para exigir estos derechos humanos.

Y es que desde hace dos años, varios países comenzaron a firmar dicho Protocolo, y México “aún no ha mostrado avances en este sentido”.

Con el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales se establece un mecanismo internacional para que las personas que sufren violaciones de sus derechos económicos, sociales y culturales y a quienes se les niegan recursos efectivos en el ámbito nacional para reclamar la protección de estos derechos, puedan reclamar justicia en el ámbito internacional.

Hasta el momento sólo han firmado ocho países de América Latina: Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Paraguay y Uruguay.

AI considera que el que México se esté quedando atrás compromete seriamente la credibilidad de su discurso en cuanto a la erradicación de la pobreza.

Fuente: La Jornada de Guerrero

Debilidad atávica o torcerle la mano a la ley


LEOPOLDO GAVITO NANSON - LUNES, AGOSTO 08, 2011

En diversas ocasiones ECP ha señalado que la política de seguridad del gobierno de Felipe Calderón pulveriza a las instituciones, debilita al Estado y, por su definición militarista, estrecha aún más los ya flacos espacios de soberanía. El Estado mexicano no tiene los recursos ni las calificaciones para sostener en el largo plazo una suerte de guerra de guerrillas con enemigos múltiples que lo igualan y frecuentemente rebasan en capacidad de fuego en el campo.

El sábado pasado, el periódico estadunidense The New York Times daba a conocer que Estados Unidos aumentan el rol que juegan en la sangrienta guerra mexicana contra las organizaciones de narcotráfico. Se ha enviado al país nuevo personal operativo de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) y militares en retiro además de considerar la opción de promover a contratistas de seguridad privada con la esperanza de revertir en torno a un esfuerzo de miles de millones de dólares que hasta ahora ha dado pocos resultados.

Resulta que en semanas recientes un pequeño grupo de operativos de la CIA y empleados civiles militares llegaron a instalarse en una base militar mexicana. En ella, oficiales y funcionarios de ambos países trabajan, según el NYT, lado a lado en recabar información de los cárteles de las drogas y en ayudar a la planificación de operaciones. Además, buscan la colocación de equipos contratistas estadunidenses en las unidades especiales de la policía antinarcóticos.

El NYT reporta que funcionarios de ambos lados de la frontera dicen estas nuevas formas se han ideado para burlar las leyes mexicanas que prohíben a militares y policías extranjeros operen en territorio mexicano, y para evitar que la avanzada tecnología estadunidense de vigilancia caiga bajo en manos las agencias de seguridad mexicanas, toda vez que no son confiables.

La versión mexicana del discretísimo –casi secreto– hecho es mucho más amable. El embajador Arturo Sarukhán sólo dice que ha “habido un cambio radical en los últimos años en la eficacia de México y en el intercambio de inteligencia de EE.UU”. Para el representante del gobierno de Calderón en Washington tal “cambio” se basa en el entendimiento de que la delincuencia trasnacional organizada sólo puede ser enfrentada si se trabaja de la mano toda vez que éxito o fracaso será compartido.

Toda proporción guardada, el asunto recuerda aquellas etapas tempranas de la norteamericanización de la guerra de Vietnam, cuando Kennedy continuó con la política iniciada por Eisenhower e instrumentó programas y asesorías militares para el inestable gobierno sur vietnamita. La debilidad, corrupción e ineficacia del gobierno sur vietnamita llevó a que Estados Unidos escalara su presencia en el sureste asiático.

Estos últimos avances en el desdibujamiento de las ya escasas capacidades del gobierno mexicano se dan luego de tres años de que Estados Unidos empezara a aumentar la asistencia de seguridad a México con la controvertida Iniciativa Mérida cuyo techo subió a mil 400 millones de dólares. Pero también se dan cuando ambas administraciones están a un año de distancia de sus respectivas elecciones.

El escandaloso por sangriento fracaso de la administración de Felipe Calderón es una gruesa espina en las aspiraciones de reelección del presidente Obama. La creciente violencia de los estados fronterizos con Estados Unidos es fuente muy seria de intranquilidad y el actuar del gobierno calderonista desde luego no ayuda. La derrota panista en 2012 es casi segura, pero lo que suceda en un año en la descomposición de México puede ser determinante en el tipo de factura y reclamos que la oposición intentará facturar a Obama.

Puede darse por descontado que habrá muchos más operativos, muchos más arrestos y muchos más traficantes expuestos con el helicóptero de la Policía Federal a las espaldas y frente a las cámaras de televisión. Nada de eso será suficiente para atemperar las críticas en Estados Unidos que cuestionan por el eje la entrega de dinero a México de la Iniciativa Mérida y demandan rendición de cuentas.

Es natural, en cuatro años las empresas criminales mexicanas acapararon el mercado norteamericano y al parecer también la distribución en territorio estadunidense; 80 por ciento de las drogas que entran a Estados Unidos provienen de organizaciones mexicanas.

El hecho es que el ladino gobierno federal busca el modo, como lo hace en lo económico, para dar la vuelta a las limitaciones que le imponen las leyes mexicanas. Hasta ahora Estados Unidos ha entrenado a unos 4 mil 500 policías federales y ha asistido en escuchas telefónicas, administrando informantes y en el interrogatorio de sospechosos. Parece que sin resultados dignos que cacarear, excepto el mayor debilitamiento de las capacidades soberanas. De todo eso, así como del dinero gastado en la guerra, nos enteramos por la prensa norteamericana o por lo que funcionarios mexicanos dicen en auditorios estadunidenses. Nunca por lo que el gobierno mexicano cumpla con informar.

Fuente: La Jornada de Veracruz

La Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas critica acción “sospechosa” de Manlio Fabio Belrones


México, DF (Newsmexico.com.mx).- El 3 de agosto de 2011, durante la Sesión Permanente de la Cámara de Diputados el Senador Manlio Fabio Beltrones, Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, presentó, a nombre de 82 Legisladores, la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Trata de Personas y Delitos Relacionados, sin embargo y en contradicción con el texto de la iniciativa, NO la turno para su trabajo en Conferencia entre las Comisiones de Derechos Humanos y de Justicia tanto del Senado de la República, como de la Cámara de Diputados.

La Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe se manifiesta extrañada de esta situación y porque al turnarla a la Cámara de Diputados, la está condenando al olvido, hasta que lleguen las nuevas legislaturas de ambas cámaras después de las elecciones del 2012.

La voluntad de caminar para prevenir y sancionar la “Esclavitud del Siglo XXI” se demuestra andando, y lo ocurrido hoy durante la sesión de la Comisión Permanente demuestra la falta de voluntad política de hacer una ley eficiente y eficaz en el combate a este flagelo durante la presente legislatura.

La “Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Trata de Personas y Delitos Relacionados, reglamentaria del Artículo 73 Constitucional” es muy importante porque tiene una perspectiva ciudadana y humana con respecto a la asistencia y protección de las víctimas y posibles víctimas de este delito.

La Comisión Permanente cuenta con 48 horas para corregir el turno y demostrarnos a la ciudadanía que realmente están interesados en contar con un instrumento jurídico que permita colocar a nuestro país en la vanguardia de la lucha contra la trata de personas.

Por lo anterior, la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, A.C. (CATWLAC), exige al Congreso de la Unión, y más específicamente a la Comisión Permanente que proceda a modificar el turno y se trabaje en Conferencia en las Comisiones de Derechos Humanos y Justicia, para contar con la Ley aprobada por ambas Cámaras, antes del cierre del próximo período ordinario de sesiones.

Ignorar esta petición sería demostrar el poco compromiso político que se tiene para dotar a nuestro país de un instrumento que permita unificar los tipos penales en todo el país, distribuir las competencias entre los tres órdenes de gobierno, dándole herramientas a los operadores de justicia para perseguir y sancionar la trata de personas, brindar una adecuada asistencia y protección a las víctimas y prevenir este delito. Sería una clara muestra de la poca sensibilidad y el poco tacto hacia las víctimas de este indignante delito.

Exigimos una política de Estado que trascienda sexenios, partidos, colores, y ponga en el centro de su quehacer a las mujeres, niñas, niños y adolescentes, centrada en la restitución inmediata de los derechos de las víctimas y posibles víctimas, sin dilaciones, sin titubeos, sin encubrimientos, sin complicidades, que cuente con una perspectiva género sensitiva, de derechos humanos y transgeneracional y que atienda las modalidades y formas que se han registrado y documentado y que el crimen organizado nacional y trasnacional utiliza para cometer este delito. No hacerlo así sería un grave retroceso para lograr erradicar la violencia contra las mujeres, niñas y niños, acrecentar los niveles de impunidad y complicidad que este delito ha generado en nuestro país.

Responsable de la Publicación: Oficial de Medios, CATWLAC. medios@catwlac.org.

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En México no hay estrategias contra la pobreza, sólo programas paliativos, señala investigador


ANÍBAL VIVAR GALVÁN

“No existe en el país una política de combate a la pobreza, existen programas, que es diferente. Hay quien opina que la suma de programas genera una política, pero no es cierto. Una política es un conjunto de estrategias bien diseñadas que tienen un objetivo, y para ello se implementan ciertos programas”, aseguró el investigador y académico del Departamento de Métodos Cuantitativos de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Enrique Cueva Rodríguez, quien agregó que en el Plan Nacional de Desarrollo no se muestra algún objetivo central en el que estén basados los programas de combate a la pobreza.

En el caso de Jalisco el panorama luce igual, prueba de esto es el incremento del población en situación pobreza que creció del 36.9 al 37.9 por ciento, según la información dada a conocer por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Cueva Rodríguez afirmó que esto es otra muestra de la poca efectividad de estas acciones, lo cual no puede atribuirse al incremento de la población.

“Cuando hay efectividad de las acciones de combate a la pobreza aunque aumente el número de población, se reduce el número de pobres, porque está haciendo efecto dicha política”, dijo y agregó que éstas deben contemplar el crecimiento poblacional que se tenga en determinado periodo para preveer que se tendrá un aumento constate de personas con más necesidades.

Este modo erróneo de manejar la política contra la pobreza tiene como consecuencia que no haya una buena planeación de la distribución de los recursos, lo que se agrava más por la corrupción, pues muchos de los fondos a repartir se entregan en comunidades en donde se pueden obtener votos de forma inmediata y no en las que más lo necesitan, afirmó.

Todo lo anterior hace que muchos de los programas que tienen por objetivo mitigar la marginación y la pobreza sean poco efectivos, además de que hacen que el costo sea mucho mayor sobre el beneficio que se busca.

“En general los programas que hemos evaluado resultan más costosos que el beneficio que pueden tener porque éste es de muy corto plazo, y en cambio el costo que implicó poner en marcha el programa, su costo administrativo y operativo, pero sobre todo el costo de evaluación, son demasiado altos”, dijo, y agregó que la autoridad responsable del manejo de estos programas difícilmente reconocerán lo anterior, debido a que esto significaría dar por hecho que dichos esquemas de ayuda no son nada benéficos.

Cueva agregó que, en su experiencia al frente de oficinas gubernamentales, las evaluaciones de este tipo de programas de beneficio social para la población en situación de pobreza resultaban difíciles pues no se lograba el objetivo o la meta que se había fijado. Ante esto, las autoridades que ponen en marcha estos programas buscan optimizar los puntos en donde se aplicarán, por lo que se acude a comunidades en donde será más tangible cualquier apoyo.

Otro aspecto en contra de este tipo de ayuda es que suele ser insuficiente, en cuanto a sus montos, para la población que la recibe, por lo que se hace menos palpable alguna mejora que se pueda lograr.

“Las personas que reciben el beneficio de Oportunidades para alimentación, muchas de las veces lo que sucede es que sí lo consumen, pero no sólo en comida, sino que lo distribuyen en un conjunto de necesidades de salud, de educación, de transporte, de manutención del jefe del hogar que es el que tiene que ir a trabajar a centros más urbanos, entonces no hay una efectividad del programa porque el beneficio se diluye y se reparte en un conjunto de necesidades que tiene el hogar, lo que hace que baje la efectividad de esta política”, dijo y señaló que además de esto el hecho de que los beneficiados no estén de forma permanente o de largo plazo en el programa, causa un mayor impacto cuando el beneficio se termina de manera abrupta.

Cueva recordó que el origen del incremento de la pobreza se debe al modelo económico que maneja el gobierno federal desde hace varios años, pues se ha dejado de lado el favorecer al mercado interno, dando más beneficios a los esquemas extranjeros, lo cual ha generado “mucha distorsión en el país”.

Fuente: La Jornada de Jalisco

"ESTÁ MUY DIFÍCIL ENCONTRAR TRABAJO AHORITA, A PESAR DE LOS ESTUDIOS"

Su beca de Oportunidades fue insuficiente; Alejandra espera conseguir trabajo... algún día


ANÍBAL VIVAR GALVÁN

La media beca que el programa Oportunidades le daba a Alejandra Aldaz no fue suficiente para que ella continuara sus estudios en el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicio (Cebetis) en el que cursaba el tercer semestre del Secretariado en Computación. La búsqueda de un ingreso económico la motivó a buscar un trabajo cuando tenía 17 años de edad, pues en su casa “hacía falta el dinero y yo quería comprarme mis cosas en aquel tiempo, aparte de que mi papá no estaba con nosotros”.

El mayor apoyo económico durante ese tiempo fue de parte de su abuela materna, quien además de ayudarlos los alojó en su casa de la colonia Lomas del Paraíso. El recurso de Oportunidades sólo le alcanzaba para la compra de sus útiles y sus uniformes.

Luego de un tiempo de vivir solamente con su pequeña hija de tres años, Alejandra, de 22 años, regresó a vivir con sus padres en la colonia La Coronilla, Zapopan. Ahora reconoce que quiere volver a estudiar, aunque no tiene definido qué, debido a que “está muy difícil encontrar trabajo ahorita” a pesar de los estudios que se tengan.

En la actualidad, sus ingresos económicos son del pequeño puesto de dulces y frituras que tiene afuera de su hogar. Ella además ayuda con la preparación de los alimentos para que sus cuatro hermanos y sus padres –que se dedican a la albañilería y a la limpieza de casas– coman al llegar de la escuela o el trabajo.

“El gasto más complicado que he tenido con mi hija es ahora que va a entrar al kínder. Apenas me voy a ir a informar cuánto es lo que cobran por aquí, la verdad no lo sé, pero a lo que he escuchado cobran como 450 pesos la inscripción, aparte los uniformes y lo que piden de útiles. La verdad no sé cómo le voy a hacer con eso”, dijo, y agregó que aun cuando cuenta con la ayuda económica del padre de su hija ha llevado solicitud de trabajo a dos lugares para contar con más recursos, sin que hasta el momento le hayan informado si será contratada.

“Forzosamente me voy a tener que poner a trabajar para sacar los gastos del kínder de la niña”, aseveró.

Fuente: La Jornada de Jalisco

PASEAR POR EL CENTRO: UN LUJO; VIAJAR A LA PLAYA: LO MISMO QUE SACARSE LA LOTERÍA

El piso firme, el techo, el agua, el gas, quimeras cuando lo que se gana sólo alcanza para comer


GEORGINA GARCÍA SOLÍS

No cambió en nada. La realidad es la misma o peor. No hay diferencia en la casa de la familia Lomas Pérez desde que tiene piso firme. La pobreza impera en esa construcción improvisada de una habitación con una cocina y un baño, en la que viven seis personas: doña Patricia Camarena, su esposo Salvador Pérez y sus cuatro hijos, Eduardo Salvador, Oscar Ricardo, Yaneth y Esmeralda.

Mil pesos semanales es el ingreso superior que se puede alcanzar en una semana con el esfuerzo de tres de los integrantes de esta familia. Con este dinero se compra la comida de todos, se pagan los pasajes de don Salvador y su hijo Eduardo de 23 años para que puedan ir a trabajar, y el servicio de luz, pero nada más.

Son 666 pesos al mes por cada uno de los habitantes de este hogar que se levantó con mucho trabajo en la colonia La Coronilla, de Zapopan. Ahí donde la calle principal es la única pavimentada para cuando pase algún gobernante y presuma que se hacen acciones para abatir el rezago, donde pocas casas tienen drenaje y agua potable y la luz es un servicio que algunos tienen colgados con un diablito.

Con estos ingresos no alcanza para antojos, ni para un paseo en el centro de la ciudad y menos para salir de vacaciones o ir al cine, “lujos” inaccesibles para esta familia y el 43 por ciento de la población de Jalisco, que según la última medición de pobreza de Coneval, vive con menos de dos mil 114 pesos al mes.

En la casa de doña Patricia más que el piso firme que le puso el gobierno, se presume que con mucho esfuerzo se compró un cilindro de gas y una estufa y que desde hace siete meses ya no se cocina con carbón y madera.

Eso sí, desde el año pasado son de los pocos privilegiados de esta colonia que tienen agua potable y drenaje, pero a un costo de 10 mil pesos, según el primer recibo que apenas llegó después de meses de tener el servicio y que no podrán pagar.

Doña Patricia ha tramitado el apoyo de Oportunidades, pero casi hay que tener la misma suerte que se necesita para ganarse la lotería. Desde febrero de 2010 está a la espera de aparecer entre los beneficiados.

La situación económica es insostenible y el apoyo no llega

Ella gana 400 pesos a la semana cuidando a dos niños; su esposo que es pintor a veces tiene trabajo y a veces no, su hijo Eduardo, de 23 años se va con él para ayudarle en los trabajos que consiga en busca de otros pesitos y el otro, Óscar, de 21, acaba de regresar de Puerto Vallarta porque se quedó sin jale.

La niña Yaneth, de 15 años, acaba de salir de la secundaria sin posibilidades de seguir sus estudios y Esmeralda, de 11, será la única que el próximo ciclo esté en la escuela; cursará sexto año de primaría.

Ese apoyo de mil dos pesos bimestrales podría mitigar sus carencias, pero la fe tampoco les alcanza para esperarlo.

“Nos ha ido peor porque no ha habido trabajo, no hay trabajo de plano, y sí nos las hemos visto duras”, lamenta doña Patricia.

“La mayor parte de los cuatro mil pesos se va en comida; voy al tianguis y si te llevas los mil (de la semana) se acaban, pero tienes que apartar para los camiones, ahorita hay que comprar útiles, uniformes, zapatos, todas esas cosas (…) no (…) nos van ajustar los cuatro mil ni pa comer. Ahorita nada más mi marido y mi hijo están agarrando ocho camiones al día (48 pesos al día)”, agrega.

Sus dos hijos mayores estudiaron hasta la secundaria y todo parece indicar que sus hijas tendrán el mismo destino.

Doña Patricia ahorra para que Yaneth, quien acaba de salir de la secundaria, se ponga a vender dulces afuera de su casa y de esta forma puedan tener un ingreso extra.

“Yo lo que espero es que se metan a trabajar todos, los cuatro (hijos), entonces para ponernos en friega a tapar ahí (señala los techos de la cocina y baño que son de lamina), hacer un cuartito porque no cabemos aquí. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos vender? Para todo se necesita dinero, por eso necesitamos que trabajen todos, para poder tener un guardadito y comprar algo”, dice la señora.

En esa misma colonia la señora María Guadalupe Ortega es una de las pocas “afortunadas” que puede presumir que tuvo el apoyo deOportunidades. Recibió hace dos años 960 pesos bimestrales que paliaron sus necesidades, pero no la sacaron de la pobreza.

A decir de María Guadalupe, fue peor que ganar un salario mísero a cambio de una explotación laboral.

“A nosotros nos ponían a trabajar en las escuelas, y era trabajo muy pesado, porque a nosotros nos tocó mover piedras, cosa que no era trabajo para nosotros. Nos decían que por tener el apoyo de Oportunidades teníamos que ir a pintar las escuelas, a barrer, todo eso y dice mi esposo: ‘bueno, es una ayuda, sí sirve, pero no lo suficiente’.

“A nosotros nos tocó irnos a trabajar a otras escuelas, ni siquiera la de nosotros o al Centro de Salud nos tocó ir a lavar vidrio o barrer, todo eso, a juntar la basura en la calle. Eran 960 pesos bimestrales y nos ponían a trabajar dos o tres veces al mes”, relata.

Salió del padrón de beneficiados y su familia de siete miembros está en la misma situación.

Su hija la mayor, Juana Alicia, de 17 años, desde que salió de la secundaria ya no estudió y está desempleada. La que le sigue, Laura, de 15 años, estudia la secundaria abierta y la emplean como costurera en una pequeña fábrica de camisas cuando hay trabajo y gana a destajo.

Las otras: Alejandra, de 13 años y Paola de 11, cursan la secundaria y la primaria respectivamente, a costa de mucho esfuerzo de sus padres. La menor, Natalia, de tres años, espera correr con mejor suerte.

Su esposo, José Pablo Cervantes, es repartidor de bloques de construcción y lleva a casa 100, 110 o hasta 120 pesos diarios para cubrir todas las necesidades de siete personas.

“Lo que él me da yo trato de gastarlo para mis hijas, comprarles lo necesario para la comida y dice mi esposo ‘no alcanzaste a comprar –por ejemplo– los útiles’. Voy a comprar una parte de papel para forrarlo y ya me dijo ‘¿Compraste papel?’ No, porque no alcancé, ‘bueno en la semana veo a ver si te puedo dar para que compres’.

“Yo trato de cubrir lo necesario en comida, calzado, si veo que a la niña le hacen falta zapatos le compro a la niña y me espero a comprar lo demás, es pesado, no puedo hacer todo al mismo tiempo”, señala María Guadalupe.

Lo que más lamenta doña María es que sus cinco hijas no pueden salir a pasear al centro de la ciudad –que queda a 30 minutos de su casa– por falta de dinero para los camiones. Ni siquiera ir a visitar a su abuela en Huentitán El Alto porque el traslado de toda la familia a este lugar representa un gasto de 80 pesos de ida y 80 pesos de regreso. Menos ir al cine o ir por primera vez de vacaciones a la playa.

“Son 160 pesos (para ir a Huentitán El Alto) y dice mi esposo ‘con eso comemos el lunes, el martes, no podemos movernos e ir ahorita”.

Fuente: La Jornada de Jalisco

Boletín de Democracy Now! en Español

8/8/2011

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