sábado, 26 de enero de 2013
Anuncia López Obrador que MORENA tendrá el 5 de febrero su plan de acción contra la entrega del petróleo
Tapachula, Chiapas, 25 de enero de 2013
Transcripción de la entrevista del presidente del Consejo Nacional del Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), Andrés Manuel López Obrador, al finalizar la reunión donde se tomó protesta a los integrantes del comité municipal de MORENA en Tapachula, Chiapas.
P:¿Cómo va este proceso que arrancado el 7 de enero de afiliación… ?
R: Vamos muy bien, ustedes escucharon que en poco tiempo, en horas se inscribieron 500 ciudadanos en Tapachula MORENA y así se viene dando en todos los municipios, hay mucho entusiasmo, hay mucha participación de la gente. Entonces estoy contento y seguro, optimista de que MORENA va a lograr la transformación del país.
P:¿En un corte en estas dos semanas cuántos se han afiliado?
R: No tengo la cifra exacta, pero le pongo el ejemplo de Tapachula, que en muy poco tiempo 500; ayer en Motozintla 400, 500; en Palenque más de mil; en Ocosingo alrededor de 400, donde yo vengo pasando, pero en todos lados hay mucha gente, mucho entusiasmo, en Comitán más de 400.
P: Inaudible
R: El IFE, mejor dicho la ley demanda de 220 mil aproximadamente, pero nosotros tenemos como meta para este año un millón y medio, y otro millón y medio para el año próximo, 3 millones para finales de 2014 y lo vamos a lograr sin ningún problema, porque la gente está interesada.
P:¿Se espera un gran trabajo a MORENA, …más reformas estructurales que están planteando el gobierno y el petróleo?
R: Sí, sí, voy a participar en el consejo que se convocó de MORENA a nivel nacional, vamos a reunirnos el día 5 de febrero, que es un aniversario más de la Constitución del 17, para elaborar el plan de acción que va a llevar a la práctica por la privatización del petróleo, es decir, por la intención que tienen de privatizar el petróleo.
Desde el día 5 de febrero, vamos a tener el plan para la defensa del petróleo, no vamos a permitir la entrega del petróleo, creen ellos que va a ser un acuerdo cupular, que van a poder imponerlo en la Cámara, porque ya compraron lealtades, pero nosotros vamos a hacer una campaña de difusión nacional y vamos a informarle a la gente de que se trata de un gran despojo al pueblo y a la nación que sería gravísimo que se privatizará el petróleo, sería como dejar a México sin futuro, es entregar la herencia de las nuevas generaciones, y tenemos una gran responsabilidad para que esto no suceda.
P:¿… van a participar el 5 de febrero?
R: Es una reunión de los consejeros de MORENA, son 300, todos los dirigentes nacionales, porque ahí vamos a elaborar el plan de acción para no permitir, por ningún motivo, la privatización del petróleo, ni el aumento del IVA del 16 al 19 por ciento con la intención que tiene adicional de cobrar IVA a alimentos y medicamentos.
Se pueden reunir en Nayarit, allá en un hotel de gran lujo, los diputados y senadores del PRI, puede ir Chong a darles instrucciones, pero una cosa es lo que ellos resuelvan y otra lo que vamos a hacer nosotros para no permitir la entrega del petróleo a particulares, nacionales y extranjeros.
No vamos a permitir la privatización de Pemex, del petróleo, ni vamos a permitir repito el aumento del IVA, eso lo tenemos muy claro, vamos a reunirnos con este propósito este día 5 de febrero y yo llamo a todos los mexicanos a que estemos pendientes, que no nos dejemos manipular, que es un asunto sumamente grave, es dejar sin futuro al pueblo y a la nación, es cancelar el futuro de millones de mexicanos, sobretodo de las nuevas generaciones, porque no van a tener si se entrega el petróleo posibilidad de empleo, posibilidad de bienestar, de estudio, porque la entrega del petróleo significa que no va a haber presupuesto, porque el petróleo en manos de la nación, aún mal administrado, aporta la hacienda pública el 40 por ciento del presupuesto nacional, si esta renta petrolera, si el petróleo se privatiza ya no se tendrían esos recursos y no habría desarrollo para México.
Entonces, es un asunto muy grave, por eso si es necesario voy hasta suspender la gira por el país para estar pendiente de las acciones que vamos a llevar a cabo y no permitir la entrega del petróleo.
También aparte de esta reunión que tienen los priistas en Nayarit para ese propósito, están por cambiar los estatutos de su partido con el propósito también de que se privatice el petróleo y de que se aumente el IVA, pero eso es lo que ellos resuelvan, falta ver lo que va a resolver el pueblo de México.
P:¿Pero MORENA tiene la fuerza suficiente para impedir?
R: Sí, tenemos la fuerza suficiente, porque sabemos que vamos a contar con el apoyo de la gente, con el apoyo del pueblo, nosotros vamos a conducir el proceso de defensa del petróleo, pero vamos a convocar a todo el pueblo.
P:¿Qué llamado le haría al PRD que se ha sumado al Pacto por México?
R: Que se haga a un lado, que no se preste a estas acciones que son contrarias al interés nacional, que son contrarias al interés del pueblo, que solo están diseñadas para beneficio de una minoría rapaz que de forma irresponsable quieren apropiarse de todo, aunque destruyan a México.
P:¿Estas acciones no podrían poner en riesgo el posible registro como partido político de MORENA?
R: No, porque vamos a seguir cumpliendo con los requisitos y es tan grave el asunto de la entrega del petróleo que no nos importaría que no nos dieran el registro.
Convoca López Obrador al pueblo de México a defender el petróleo, ante la pretensión de privatizarlo
Tapachula, Chiapas, 25 de enero de 2013
*Se cancelaría el futuro de las nuevas generaciones y representaría un despojo a la nación, advierte
*Informa que el 5 de febrero se presentará el plan de acción en defensa de la soberanía nacional
*Llama al PRD a no prestarse a la aprobación de medidas que solo benefician a una minoría rapaz
Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a los mexicanos a participar en la defensa del patrimonio nacional e impedir la privatización de la industria petrolera, que representaría un despojo a la nación e implicaría dejar al país sin futuro a las nuevas generaciones, aseguró Andrés Manuel López Obrador.
Con el apoyo de millones de ciudadanos, el Movimiento Regeneración Nacional contará con la fuerza suficiente para frenar la intentona de privatizar Petróleos Mexicanos y aplicar IVA a medicamentos y alimentos, destacó al dar a conocer que el 5 de febrero, fecha en que se conmemora el XCVI aniversario de la promulgación de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, se presentará el plan de defensa de la industria petrolera.
En esa fecha se reunirán los 300 consejeros del MORENA para definir las acciones a seguir, por la vía pacífica, en la defensa del patrimonio de los mexicanos, a pesar de que dirigentes, legisladores y autoridades emanadas del PRI hayan tomado un acuerdo cupular de abrir el sector a la participación de empresas nacionales y extranjeras.
Ni con la compra de lealtades podrán concretar el traslado de dominio del petróleo, subrayó al adelantar que se realizará una campaña nacional de difusión para informarle a los ciudadanos que “se trata de un gran despojo al pueblo y a la nación, que sería gravísimo que se privatizará el petróleo, que sería como dejar a México sin futuro, que sería entregar la herencia de las nuevas generaciones y que tenemos una gran responsabilidad para que esto no suceda”.
En entrevista que concedió al término de la asamblea constitutiva del comité municipal del Movimiento en esta ciudad, declaró: No vamos a permitir la privatización de Pemex, del petróleo, ni vamos a permitir el aumento del IVA, eso lo tenemos muy claro”.
Y desde el sur de nuestro país hizo un llamado “a todos los mexicanos a que estemos pendientes, que no nos dejemos manipular, que es un asunto sumamente grave, porque es dejar sin futuro al pueblo y a la nación, es cancelar el futuro de millones de mexicanos, sobretodo de las nuevas generaciones, porque no van a tener, si se entrega el petróleo, posibilidad de empleo, posibilidad de bienestar, de estudio, porque la entrega del petróleo significa que no va a haber presupuesto, porque el petróleo en manos de la nación, aún mal administrado, aporta a la hacienda pública el 40 por ciento del presupuesto nacional”
En suma, si la renta petrolera se privatiza, ya no habrá recursos públicos ni desarrollo para México, advirtió y no descartó la posibilidad de cancelar el recorrido que realiza por la geografía nacional “para estar pendiente de las acciones que vamos a llevar a cabo y no permitir la entrega del petróleo”.
Desde esta entidad, convocó a la dirigencia del PRD a “que se haga a un lado, que no se preste a estas acciones que son contrarias al interés nacional, que son contrarias al interés del pueblo, que solo están diseñadas para beneficio de una minoría rapaz que, de forma irresponsable, quiere apropiarse de todo, aunque destruyan a México”.
En la asamblea constitutiva del comité municipal del Movimiento en esta importante ciudad, alertó que el grupo de vendepatrias que tomó por asalto la Presidencia de la República trama un nuevo atraco a la nación: privatizar el petróleo y aplicar IVA a medicamentos y alimentos, como parte de un plan para beneficiar a una pequeña minoría, que representa el uno por ciento de la población, a costa del sufrimiento del 99 por ciento restante.
En consecuencia la situación económica va a empeorar para la mayoría de los mexicanos, si se considera que hasta el momento “no hay nada que indique que van a mejorar las cosas en beneficio del pueblo de México, porque se va a mantener la misma política económica que solo beneficia a una pequeña minoría y que se viene aplicando desde hace 30 años, tanto con gobiernos emanados del PRI como del PAN”, explicó.
También destacó que en el llamado Pacto por México, suscrito por legisladores, gobernadores y Enrique Peña, no hay programa alguno dirigido a impulsar la actividad productiva ni de apoyo a productores, ejidatarios, pequeños propietarios y pequeños y medianos comerciantes y empresarios.
Tampoco están previstas medidas encaminadas a la generación de fuentes de empleo o para garantizar a los jóvenes el acceso a la educación superior, subrayó.
Desde hace dos meses –expuso— en que tomó por asalto la Presidencia de México, la minoría rapaz tomó la determinación de mantener la política económica que favorece la especulación financiera, las transacciones en la Bolsa Mexicana de Valores, a los banqueros y a las grandes corporaciones y empresas.
En cambio, el Movimiento Regeneración Nacional lucha por un cambio del actual régimen, porque el gobierno sea todos, porque las riquezas de la nación se distribuyan con justicia y porque mejoren las condiciones de vida y de trabajo de los mexicanos, aclaró.
Pero la mafia del poder trama ahora entregar una de las principales riquezas del país, el petróleo, al capital privado, tanto nacional como extranjero, aseguró al señalar que las empresas contratistas, “estos ambiciosos”, quieren adueñarse de la renta petrolera, con el apoyo de los vendepatrias del gobierno.
Sin pagar renta alguna a la naturaleza, informó que el petróleo tiene un costo de producción de 10 dólares por barril, que se vende en 100 dólares en el mercado internacional, para obtener una ganancia de 90 dólares.
La utilidad se multiplica si se toma en cuenta que diariamente se extraen más de 2.5 millones de barriles diarios, destacó al afirmar que la banda de malhechores dejará sin recursos públicos suficientes para financiar los programas, si consuma su pretensión de privatizar el petróleo, si se considera que la renta petrolera aporta el 40 por ciento del presupuesto nacional, es decir alrededor de un billón de pesos anuales.
Para compensar esa estratosférica cantidad, ya planea la mafia del poder aumentar la tasa del Impuesto al Valor Agregado, de 16 a 19 por ciento, además de gravar alimentos y medicamentos, en perjuicio de la disminuida economía popular, detalló.
Por esa razón, anticipó que no dejará luchar ni de enfrentar a quienes tomaron por asalto el poder. “No son autoridades responsables, son gente sin escrúpulos, que sólo busca los cargos públicos para hacerse grande con la riqueza malhabida y solo los mueve la ambición, aunque destruyan a la nación y terminen de desgraciar al pueblo”.
En el mensaje que dirigió al pueblo chiapaneco, resaltó que el plan de la minoría rapaz contempla mantener en la pobreza a la mayor parte de la población, porque “es dueña de la fábrica de pobres y cada vez que hay elecciones reparte migajas y dádivas para mantenerse en el poder”, además de comprar voluntades, lealtades y el voto de los ciudadanos.
Por esa razón, manifestó que no reconoce a Peña como presidente de México, porque no es producto de elecciones libres, sino que es fruto de una imposición. A diferencia de quienes están “acostumbrados a alabar y a buscar acomodo con la lambisconería, nosotros tenemos principios e ideales y para nosotros este mequetrefe de Peña no es presidente de México.
En el evento, el presidente del Consejo Nacional de MORENA, expresó que el Movimiento, que realiza los trámites necesarios para convertirse en partido político, mantiene encendida la llamada de la esperanza y “nos permite a todos seguir adelante hasta lograr el ideal de que triunfe la justicia sobre el poder”.
Y subrayó que MORENA no es un instrumento al servicio de sus dirigentes ni trampolín para escalar a cargos públicos, sino un instrumento de lucha al servicio del pueblo.
Por la tarde, López Obrador participó en la asamblea constitutiva del comité municipal del Movimiento en Tonalá.
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Las instituciones públicas están al servicio de la mafia del poder; lo confirman los casos Monex y Cassez, afirma López Obrador
Comitán de Domínguez, Chiapas, a 24 de enero de 2013
*En nuestro país no se castiga a quienes tienen agarraderas o medios para comprar la justicia, sostiene
*Con ambos casos se demuestra que impera la impunidad, corrupción e injusticia en México, destaca
*Asegura que la cruzada nacional contra el hambre es un acto de manipulación para traficar con la pobreza
La exoneración del PRI en el caso Monex y la liberación de Florence Cassez muestran que no hay justicia en México, que las instituciones están al servicio de la mafia del poder y que no se castiga a quienes tienen agarraderas o medios para comprar la justicia, afirmó Andrés Manuel López Obrador.
Tanto la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como del Consejo General del Instituto Federal Electoral corresponde a decisiones de carácter político y viene a confirmar que en nuestro país impera la impunidad y la corrupción, aseguró en entrevista.
Al término de la asamblea constitutiva del comité municipal del Movimiento Regeneración Nacional en esta localidad consideró una burla y lamentable que la autoridad electoral haya exculpado al PRI y a Enrique Peña Nieto como responsables de lavado de dinero de procedencia ilícita.
Hizo énfasis en que hay suficientes elementos que demuestran que “Peña Nieto lavó dinero de procedencia ilícita y al final se le exonera al PRI, y no sólo eso, se le otorga el cargo del Presidente de la República”.
Cuando se le preguntó si había una relación entre ambos acontecimientos que se suscitaron de manera simultánea, comentó que sí, pero sobre todo muestra que en México “no hay justicia, que impera la corrupción y la impunidad”.
¿Cree qué es una cuestión mediática que se hayan dado las dos cosas prácticamente al mismo tiempo?, añadió un comunicador. “No sé, pero me llama la atención de que los dos asuntos al mismo tiempo, es mucha casualidad”.
En otro orden de ideas, expresó su opinión sobre la llamada cruzada nacional contra el hambre en nuestro país. Se trata de un acto de manipulación y de mantener el sistema de traficar con la pobreza de los ciudadanos, con la deliberada intención de perpetuarse en el poder una minoría rapaz, destacó.
Subrayó que en el mencionado programa no hay visos ni intención alguna de hacer justicia ni que se distribuyan las riquezas de México con igualdad y reiteró que el pacto por México equivale a un acto de simulación y de engaño.
Sobre el endeudamiento que heredó al estado el exgobernador Juan Sabines, el presidente del Consejo Nacional de MORENA se manifestó por la realización de auditorías, “investigar dónde está el presupuesto, se tiene que hacer una investigación apegada a la ley, nada de venganza, sino justicia, pero tienen que hacerse auditorías y hay que tomar en consideración que el actual gobernador, pues tuvo apoyo del gobernador saliente, que son lo mismo. Esa es la realidad”, subrayó.
Por su trascendencia, López Obrador se sumó a las voces que reclaman el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés y que se atiendan puntualmente las demandas hechas por los zapatistas.
Por la tarde, asistió a la asamblea constitutiva del comité municipal de Motozintla, en donde subrayó que MORENA está en construcción para convertirse en partido político nacional.
Llamó a sumarse a la nueva fuerza política para cambiar el actual régimen de impunidad, de corrupción, de privilegios y de injusticias y resaltó que el Movimiento debe ser un referente moral, libre de las lacras de la política tradicional, como el amiguismo, sectarismo, influyentismo, clientelismo y nepotismo.
Luego explicó las razones por las cuales dejó de ser militante del PRD. Recordó en principio que fue fundador de ese instituto, presidente en su natal Tabasco y dirigente nacional. Fueron 23 años de militancia.
Pero en septiembre del año pasado, dio a conocer en el Zócalo de la Ciudad de México que había tomado la decisión de transformar a MORENA en partido político.
“Queremos que sea una organización del todo nueva y limpia, porque no tendría sentido construir un nuevo partido, para caer en los mismos vicios de los partidos. Debemos cuidar que MORENA tenga como objetivo defender al pueblo, que sea un instrumento al servicio del pueblo y no un instrumento al servicio de los políticos y de nosotros los dirigentes, tampoco un trampolín para encaramarnos en cargos públicos”, aunque se trate de la Presidencia de México, explicó.
Con relación a la pretensión de Peña Nieto de trasladarse en un avión que tiene un costo aproximado de seis mil 300 millones de pesos, López Obrador afirmó que se trata de un insulto a la situación de pobreza en que se encuentran millones de familias.
Por si fuese poco, Peña y los integrantes de la mafia del poder intentan concretar una reforma energética y fiscal que se traduce en la entrega del petróleo a particulares, tanto nacionales como extranjeros, y al aumento de impuestos, en especial gravar con IVA medicamentos y alimentos.
De ahí la necesidad de que MORENA sea una auténtica oposición y que impida por la vía pacífica la aprobación de ambas propuestas que son dictados de los organismos financieros internacionales, abundó.
De acuerdo a la agenda de trabajo, el presidente del Consejo Nacional de MORENA se reunirá mañana con los comités municipales de la agrupación en Tapachula y Tonalá.
Con los casos Monex y Cassez queda demostrado que no hay justicia en México: AMLO
Comitán de Domínguez, Chiapas, 24 de enero de 2013
Transcripción de la entrevista del presidente del Consejo Nacional del Movimiento Regeneración Nacional(MORENA), Andrés Manuel López Obrador, en la asamblea para constituir el comité municipal de MORENA en Ocosingo, Chiapas
P:¿Qué te dice a ti la liberación de la Florence Cassez?
R: Sinceramente creo que fue una barbaridad lo que hizo la Corte, se les olvido que son Suprema Corte de Justicia, no de derecho, que desde luego estuvo mal el procedimiento, habría que reponerlo, pero eso no justifica el que se le haya dejado de esa manera en libertad.
Se tenía que haber repuesto el procedimiento que estuvo mal, de eso no hay duda, incluyendo el castigo a el secretario de Seguridad Pública, García Luna, que debe de ser juzgado, se están tardando, pero no debieron actuar como lo hicieron, no puede ser que por un asunto de procedimiento legal o por estar mal integrada la averiguación se deje a los afectados sin el derecho a la justicia.
Esto se manejó como todo, desgraciadamente, arriba, fue por el manejo político, de nuevo vuelve a quedar de manifiesto, no sólo con lo de Cassez, sino con lo que hizo el Tribunal de exonerar al PRI, de que no hay justicia en nuestro país, que las instituciones están al servicio de la mafia del poder, que no se castiga a quienes tienen agarraderas o medios para comprar la justicia.
Esto es muy grave, o sea, yo no estoy diciendo con esto que la señora no tenía derecho a un juicio justo. Se tenía que haber reiniciado todo el procedimiento, hay formas, la misma Suprema Corte debió resolver en ese sentido, a traer el asunto y hacer la investigación de fondo, pero no dejarla en libertad solo por fallas en el procedimiento, cuando los familiares de los afectados, de las víctimas están hablando de que ella participó en todo lo relacionado con los secuestros. Creo que fue una barbaridad lo que hicieron.
P:¿Hablando cerca de la cuestión de la justicia y qué opinas acerca del enjuiciamiento de Juan Sabines, un ex gobernador del estado de Chiapas, el cual tu mismo apoyaste en su campaña en el… 2006, qué opinas sobre el endeudamiento que él tiene con Chiapas y que nos dejó endeudados, y que no se está haciendo absolutamente nada?
R: Tiene que hacerse auditorias para investigar dónde está el presupuesto y se tiene que hacer investigación apegada a la ley, nada de venganza, justicia, pero tiene que hacerse auditorias y hay que tomar en consideración que la actual gobernador, pues tuvo apoyo del gobernador saliente, que son lo mismo, que esa es la realidad.
P: ¿Y sobre el caso Monex?
R: Bueno, lamentable que se actúe de esa manera, es una burla, se demuestra que Peña Nieto lavó dinero de procedencia ilícita y al final se le exonera al PRI, y no sólo eso, se le otorga el cargo del Presidente de la República.
P:¿Sobre las últimas declaraciones del Zapatismo?
R: Pues estoy yo de acuerdo en que se debe de atender la demanda de los zapatistas, de que se cumplan los acuerdos de San Andrés, creo que es justo lo que ellos están planteando.
P:¿Sobre el IFE salió ayer justamente el día que salió el caso de la francesa, ves alguna relación…?
R: Pues sí, porque demuestra de que en México no hay justicia, que impera la corrupción y la impunidad.
P:¿Cree qué es una cuestión mediática que se hayan dado las dos cosas prácticamente al mismo tiempo ?
R: No sé, pero me llama la atención de que los dos asuntos al mismo tiempo, es mucha casualidad.
P:¿Se señaló que se iba a hacer una investigación a la coalición que usted encabezó por pasar los gastos de campaña?
R: Siempre van a investigar.
P:¿Sobre el arranque sobre la Cruzada Nacional del Hambre?
R: Es lo que dije ahora, pura manipulación querer traficar con la pobreza de la gente para mantenerse en el poder, no hay realmente ninguna intención de hacer justicia, de que se distribuyan las riquezas de México con igualdad, no existe eso, en el plan.
P:¿Con sus palabras Pacto por México?
R: Simulación, engaño, etcétera, etcétera.
P:¿Cuánto tiempo le da, cuántas reformas más van a pasar?
R: Van a seguir, porque coinciden en eso, pero no hay sustancia, eso no va a beneficiar a la gente, a lo mejor beneficia a la llamada clase política, pero no al pueblo.
P:¿No van a romper…?
R: Yo creo que sí, porque están muy empatados, o sea, muy asociados, haya ellos.
P:¿Sobre la tenencia en Chiapas, que se no había dado…?
R: Que hay que quitarla, pero no solo es el endeudamiento, es la responsabilidad de el Güero, son las dos cosas, porque ahora es muy fácil no, decir la culpa fue el que Güero.
AMLO: Una barbaridad la decisión de dejar en libertad a Cassez; debe enjuiciarse a García Luna
Comitán de Domínguez, Chiapas, a 24 de enero de 2013
*Se debe reponer el procedimiento y nada justifica la liberación de la ciudadana francesa, señala
*Asegura que, como todos asuntos del país, el controvertido caso se manejó “desde arriba” con carácter político
*La resolución de los ministros de la Corte deja sin derecho a la justicia a ciudadanos afectados, afirma
Como una barbaridad y grave calificó Andrés Manuel López Obrador la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de ordenar la inmediata liberación de la ciudadana francesa Florence Cassez, quien purgaba una condena de 70 años de cárcel por pertenecer a una banda de secuestradores. A los ministros “se les olvidó que son Suprema Corte de Justicia, no de derecho”, puntualizó.
Desde la tierra de don Belisario Domínguez, el presidente del Consejo Nacional del Movimiento Regeneración Nacional demandó que se reponga el procedimiento, porque estuvo mal de origen, y que se juzgue y castigue al ex secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, como responsable del montaje en la detención de Cassez e integrantes de la banda de secuestradores Los Zodiaco.
En entrevista que concedió a su llegada a este municipio para participar en la asamblea constitutiva del comité local de MORENA, declaró sobre el controvertido caso Cassez: Fue una barbaridad lo que hizo la Corte. Estuvo mal el procedimiento, que estuvo mal de origen, de eso no hay duda, y habría que reponerlo, pero no justifica el que se haya dejado en libertad a la sentenciada.
“Se tenía que haber repuesto el procedimiento, incluyendo el castigo a García Luna, que debe ser juzgado. Se están tardando, pero no debieron actuar como lo hicieron”, los ministros de la Corte, urgió.
El mencionado asunto “se manejó, como todo desgraciadamente, desde arriba, con carácter político. No puede ser que, por un asunto de procedimiento legal, que por estar mal integrada la averiguación, se deje a los afectados (víctimas de un secuestro) sin el derecho a la justicia”, deploró.
Para López Obrador, la resolución del pleno de la Corte es grave y aclaró que Florence Cassez tiene derecho a un juicio justo, al igual que cualquier ciudadano acusado de la comisión de un delito.
Pero –insistió— se tenía que haber reiniciado todo el procedimiento, hay formas; la misma Suprema Corte debió resolver en ese sentido, atraer el asunto y hacer la investigación de fondo, pero no dejarla en libertad sólo por fallas en el procedimiento, cuando los familiares de los afectados, de las víctimas, están hablando de que ella participó en todo lo relacionado con los secuestros. Creo que fue una barbaridad lo que hicieron”.
Por la tarde, López Obrador asistió a la asamblea constitutiva del comité municipal de Motozintla.
viernes, 25 de enero de 2013
Acción Urgente: Graves daños a la salud de migrante salvadoreña y su hijo detenidos en Estación Migratoria en Chis.
Graves daños en la salud física y psicológica por la detención arbitraria y
prolongada de una mujer salvadoreña y su hijo menor en la Estación
Migratoria en Tapachula.
CDHFRAYMACO/25/01/2013
"No puedo dormir por no saber que sera de mi situación migratoria, siento un sufrimiento y frustración de pensar que me pueden regresar a mi país"
Dos personas salvadoreñas llevan detenidas 7 meses en la Estación Migratoria Siglo XXI en Tapachula, Chiapas, generandoles un daño tanto físico como psicológico, violentando así derechos como la integridad personal, libertad personal, entre otros.
A pesar del discurso del Estado mexicano con la Ley de Migración donde se enmarca el termino de "alojar" a las personas migrantes en las Estaciones Migratorias (centros de detención para migrantes) para salvaguardar sus derechos humanos y protegerlas de los daños a que puedan estar expuestas en el país, ha implicado que las autoridades migratorias y la normatividad utilicen comunmente los eufemismos como "asegurar", "alojar" o "resguardar" para privar de la libertad a las personas migrantes.
Este proceso de detención en una estación migratoria1 implica en las personas (como en el Caso de la Señora Marina y su hijo) danos severos en su salud física y mental (depresión, desesperación, cambios de ánimo constantes, somatización y como consecuencia daños en la piel, cabello, uñas, estomago, etc.) que se ha logrado documentar y denunciar en diferentes ocasiones por organizaciones civiles, estos riesgos y deterioros van en aumento por el periodo en el que se encuentran en detención.
ACTUALIZACIÓN
A casi 7 meses de encierro no se ha podido lograr que salgan de la estación migratoria. El CDH Fray Matías realizó una Acción Urgente (CDHFRAYMACO/14/01/2013) y gracias al apoyo de las organizaciones civiles y personas interesadas en el caso y a la medida cautelar solicitada a la Comision Nacional de Derechos Humanos se logro detener su deportacion, sin embargo estas personas continuan detenidas y su salud física y mental se agrava cada día que pasa. (Situación que es constatada por el personal del CDH Fray Matías durante sus vistas a estación migratoria).
PETICIONES:
1. Salida inmediata de la estación migratoria por razones humanitarias de la Señora Marina del Carme Cortez Peña y su hijo menor Manuel de Jesús Avilés Cortez, quienes están por cumplir 7 meses en detención, teniendo como fundamento en el Artículo 52 de la Ley de Migración fracción V último párrafo.
2. Se les garantice su derecho a regularizar su situación migratoria conforme lo establece la Ley en el Artículo 133 Fracción IV.
Para lograr estas peticiones el CDH Fray Matías está realizando toda una serie de acciones integrales, entre ellas esta acción urgente así como la solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que interceda ante las autoridades mexicanas.
Por eso es muy importante enviar sus llamamientos a las siguientes autoridades:
Lic. Miguel Ángel Osorio Chong
Secretario de Gobernación
Bucareli 99, 1er. piso, Col. Juárez
Delegación Cuauhtémoc, México D.F.
C.P. 06600, México, FAX (55) 5093 34 14
Correo electrónico: secretario@segob.gob.mx
Lic. Paloma Guillen Vicente
Subsecretaria de Población, Migración y Asuntos Religiosos
Secretaría de Gobernación, Bucareli 99, 1er. piso, Col. Juárez
Delegación Cuauhtémoc, México D.F.
C.P. 06600, México FAX (55) 5728-7400 Ext. 34586
Correo electrónico: pguillen@segob.gob.mx
Dr. Raúl Plascencia Villanueva
Presidente Comisión Nacional de Derechos Humanos
Edificio "Héctor Fix Zamudio", Blvd. Adolfo López Mateos 1922, 6°piso, Col. Tlacopac
San Angel, Delegación
Álvaro Obregón, C.P. 01040
Fax: 55 36 68 07 67
Correo electrónico: correo@cndh.org.mx
Emilio Álvarez Icaza
Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
1889 F Street NW
Washington, D.C., 20006
Estados Unidos
Teléfono: 1 (202) 458 6002
Fax: 1 (202) 458 3992 / 6215
Correo electrónico:cidhdenuncias@oas.org
EXCMO. SR. Carlos Antonio Ascencio Girón
embesmex@prodigy.net.mx
EMBAJADOR DE EL SALVADOR
Ardelio Vargas Fosado
COMISIONADO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN
Correo: avargas@inami.gob.mx
Juan Manuel Torres Colina
DIRECTOR DE ESTACIÓN MIGRATORIA SIGLO XXI.
TAPACHULA, CHIAPAS
Correo: jmtorresc@inami.gob.mx
Saldra Luz Barrera Beltrán
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURÍDICOS EN LA ESTACIÓN
MIGRATORIA SIGLO XXI.
TAPACHULA, CHIAPAS.
Correo: sbarrera@inami.gob.mx
Lorenzo López Méndez
Consejero Presidente del Consejo Estatal de los Derechos Humanos Chiapas,
Avenida 1 Sur Oriente S/N Edificio Plaza, 3er y 4to piso, Barrio San Roque, C.P.
29000
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Tels: +52 (961) 602-89-80; 602-89-81; 01 800 55 282 42,
Email:
presidencia@cedh-chiapas.org
Enviar copia de sus llamamientos a:
direccion@cdhfraymatias.org
Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, A.C.
jueves, 24 de enero de 2013
Domar a la opinión pública
HÉCTOR TAJONAR*
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Fuente de legitimidad y consenso, así como de crítica o rebelión, la opinión pública es un ente inasible capaz de fortalecer o derrocar a políticos y gobiernos. La interrelación entre sociedad, autoridad política, medios de comunicación y la opinión pública generada o moldeada por ellos, denota el carácter del régimen. Los totalitarismos anulan a ésta y reprimen a quien no se somete; los autoritarismos intentan controlarla mediante diversos métodos de cooptación. En democracia, la opinión pública se manifiesta en un ámbito de mayor libertad, acorde con las especificidades de cada país o región. Adicionalmente, dos fenómenos irrefrenables condicionan a la opinión pública: la globalización y el avance de las nuevas tecnologías de la comunicación.
Durante al menos un siglo, los gobiernos de México han tenido la tentación de domar a la opinión pública y casi siempre lo han logrado. La coyuntura actual del país demanda un examen riguroso de ese fenómeno, a la luz de estudios teóricos, empíricos y normativos que van desde la negación de la existencia de la opinión pública (Bourdieu, L’opinion publique n’existe pas, 1973) hasta la concepción de Habermas que la considera fundamento de la democracia deliberativa.
La domesticación de la opinión pública en nuestro país se ha logrado por dos vías complementarias: la primera consiste en cooptar a los dueños de los medios de información, así como a las principales figuras que colaboran con ellos, a través de dádivas o prebendas; la segunda implica el diseño de una estrategia de comunicación destinada a elevar la popularidad del gobernante en turno mediante discursos, ofertas y decisiones políticas de alto impacto que respondan a demandas de sectores sociales con gran presencia pública. La combinación de ambas es propia de regímenes autoritarios, y al parecer su práctica no ha sido superada, sino más bien renovada y depurada.
En su libro Public Opinion, publicado en 1922, Walter Lippmann sostiene que la opinión pública es un producto manipulado por los medios de comunicación, lo cual ocurre no sólo por el poder de los medios, sino porque amplios sectores de la sociedad “padecen de anemia intelectual”. “Debido al impacto de la propaganda, ya no es posible creer en el dogma original de la democracia” –escribió el pensador estadunidense.
El “dogma” al que se refiere Lippmann es nada menos que la igualdad política de los ciudadanos, principio fundacional del pensamiento democrático, expresado por primera vez en la célebre oración fúnebre de Pericles: “Los individuos pueden ellos mismos ocuparse simultáneamente de sus asuntos privados y de los públicos; no por el hecho de que cada uno esté entregado a lo suyo, su conocimiento de las materias políticas es insuficiente”. (Tucídides, Historia de la guerra del Peloponeso.) Dicho discurso incluye la primera defensa de la democracia deliberativa.
No respetar la igualdad política de los ciudadanos, fundamento del principio de “una persona, un voto” y esencia de las elecciones democráticas, podría conducir a la posición extrema formulada en la desafortunada afirmación de Borges: “La democracia es un abuso de la estadística”. Dicha sentencia parece haberse convertido en pilar conceptual de las estrategias de comunicación política, con las graves consecuencias que ello implica. Si, como lo acepta el propio Bobbio, la racionalidad del votante es una aspiración incumplida, incluso en las democracias avanzadas, la democracia podría reducirse a la mera competencia por el voto del electorado (Schumpeter), es decir, a mercadotecnia.
La concepción del ciudadano como “hombre masa” permite –y, para los cínicos, justifica– la manipulación de la sociedad a través no sólo de la propaganda electoral, sino de estrategias mediáticas en el ejercicio de gobierno. Ello ocurre no sólo en México, sino en el mundo entero. Ante la crisis de representatividad del Poder Legislativo y de los partidos políticos, los medios se han convertido en el principal vínculo comunicativo entre gobernantes y gobernados, así como en arena privilegiada para el debate público, y también para la manipulación de la opinión pública. Aquí conviene mencionar la expresión “fabricación del consenso”, acuñada por Lippmann, la cual fue retomada por Noam Chomsky en el título de su libro Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media (1988), traducido al español como Los guardianes de la libertad. En dicho texto, el pensador estadunidense explica la forma en que la propaganda ha logrado modelar los valores, creencias y códigos de comportamiento de la sociedad estadunidense mediante sutiles formas de manipulación comunicativa en el contexto de una aparente libertad de expresión ilimitada.
Como lo señala Chomsky, el propósito de la fabricación del consenso a través de los medios de comunicación en Estados Unidos es mantener el statu quo. En México, las aspiraciones y la manera de alcanzarlas son distintas. Acaso se acercarían más a lo ocurrido en la Italia de Berlusconi, tema analizado por el filósofo Luigi Ferrajoli en su libro Poderes salvajes. La crisis de la democracia constitucional (Trotta, 2011). De acuerdo con el autor, tal crisis está configurada por cuatro factores: a) verticalidad y personalización de la representación; b) progresiva confusión entre la esfera pública y privada y concentración de poderes políticos y económicos, donde resulta cada vez más fuerte la relación entre dinero, información y política; c) pérdida del papel de mediación representativa de los partidos políticos; y d) control de la información.
Dichas circunstancias prevalecen en México. A lo largo de la actual administración sabremos si las ofertas de campaña contenidas en el Manifiesto por una Presidencia democrática, los acuerdos contenidos en el Pacto por México, la reforma educativa o la Ley de Víctimas se traducen en resultados o se mantienen en el limbo de la opinión pública. ¿Apariencia o resultados? ¿Estrategia mediática o gobierno? El tiempo lo dirá.
La rendición del IFAI
JENARO VILLAMIL
MÉXICO, D.F. (apro).- Algo grave está sucediendo en torno al IFAI. Una semana atrás, Enrique Peña Nieto simplemente olvidó el nombre correcto y la materia del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos. No fue un simple desliz. El mexiquense demostró que el organismo no le sirve para sus objetivos políticos (confunde acceso a la información pública con opinión pública) ni está en su lista de compromisos reales.
La confusión de Peña Nieto ocurrió justo cuando anunciaba una gran reforma legal para extender las potestades y funciones del organismo e incorporar a dos nuevos comisionados que se sumarían a los cinco que actualmente integran la dirección colegiada del instituto.
Fue el mismo día que la rendición de cuentas pareció una broma. Los integrantes del gabinete y el propio mandatario dieron a conocer una lista de su declaración patrimonial sin especificar valor, ubicación y menos montos exactos de sus cuentas bancarias. Peña Nieto nos reveló que en una sola fecha (8 de diciembre de 2011) recibió cinco “donaciones”: dos casas y tres terrenos, como si se tratara de una ofrenda que se acostumbra en los rumbos de Atlacomulco.
Sólo la comisionada presidenta del IFAI, Jacqueline Peschard, exteriorizó su inconformidad frente al juego de adivinanzas y no el acto de rendición de cuentas fallido que operó el nuevo gobierno peñista.
“Debería darse la información completa y no sólo cuál es el inmueble que se tenga sino los datos que uno pone en la propia declaración patrimonial. También pienso que teniendo el nombre del dueño y del edificio es fácil identificar cuántos metros tiene y cuál es el valor catastral”, afirmó Peschard en declaraciones a medios.
El segundo momento crítico ocurrió el lunes 21. En un gesto inusual, Angel Trinidad Zaldívar, uno de los comisionados con mayor tiempo en el instituto y conocedor de la estructura del organismo, hizo público su voto razonado en contra de Gerardo Laveaga, el primer comisionado presidente elegido sin unanimidad de los otros cuatro integrantes.
La gran mayoría de los medios informativos se fueron por la anécdota y no por la sustancia de lo expresado por Zaldívar: que si Laveaga bostezó en una sesión del Senado; que si olvida el nombre hasta de su colega; que tiene 130 asuntos pendientes de resolución “por falta de ganas”; que le “aburre” ser integrante de un organismo dedicado a revisar expedientes, resoluciones y ser un gestor de la ciudadanía frente a la opacidad histórica de las instituciones públicas.
En el encuentro con los senadores, realizado en un hotel de Polanco, Peña Nieto volvió a cometer otro desliz: confundió a Emilio Gamboa con Manlio Fabio Beltrones, coordinadores ambos de las bancadas priistas, pero el primero era su anfitrión y el segundo estaba ausente.’Senador Beltrones’ le dijo a Gamboa Patrón. El hecho generó un Trending Topic en Twitter bajo #ConfundoAGamboaConBeltrones”.
El problema central es otro. Entre líneas, Zaldívar expuso que del IFAI se apropiaron los tres comisionados nombrados por Felipe Calderón en su sexenio: María Elena Pérez Jaen, Sigrid Artz y el propio Gerardo Laveaga, el más reciente integrante del organismo, quien fue nombrado apenas nueve meses atrás.
En franca minoría quedaron los otros dos comisionados: el propio Angel Trinidad Zaldívar y Jacqueline Peschard, la única funcionaria con experiencia previa en la conducción e integración de organismos colegiados como consejera electoral del IFE.
Imaginemos todos los recursos y las solicitudes de acceso a la información que afecten los intereses, negocios y expedientes negros del sexenio de Felipe Calderón. Cuando se discutan las “reservas de información”, veremos votaciones divididas. Al menos, el calderonismo se garantizó la protección de tres de los cinco comisionados.
Si no fuera así, es necesario que tanto Laveaga como los otros integrantes del organismo actuaran con la firmeza necesaria para sacar al IFAI de la rendición en la que se encuentra. Los problemas éticos están también presentes. Sigrid Artz Colunga participó en asuntos en los que ella misma era la solicitante de información, reveló el propio Angel Trinidad Zaldívar. “Eso se llama conflicto de interés y, en una institución que funciona como tribunal, es una falta grave”, advirtió el comisionado en su alegato.
No es la reforma peñista la que salvará al IFAI ni tampoco el talk show mediático sobre los dimes y diretes de la reciente elección del abogado Laveaga. Será una nueva alianza con los organismos ciudadanos y con los propios solicitantes de acceso a la información para romper los candados de opacidad y de franca corrupción que domina entre los llamados “sujetos obligados” que se resisten frente a lo ordenado en la ley que dio vida al IFAI.
Desde 2007 un grupo de organismos no gubernamentales preocupados por la rendición de cuentas y por la ola de contrarreformas al acceso a la información pública (en los estados y en algunos tribunales como el Federal de Justicia Fiscal y Administrativa) divulgaron un exhorto para concretar “la segunda generación de reformas en materia de acceso a la información”.
Esta “segunda generación de reformas” implica fortalecer a los órganos garantes, dotar a los comisionados de atribuciones legales para investigar a fondo las negativas de información, asegurar la suficiencia presupuestaria del organismo y ampliar sus atribuciones para demandar una rendición de cuentas claras. Hoy vemos la escandalosa sucesión de gobiernos estatales y municipales que contrataron deudas multimillonarias sin rendir cuentas a nadie. ¿No tendría el IFAI y los organismos estatales equivalentes algo qué decir al respecto?
¿Acaso el IFAI no tendría algo qué decir y sancionar frente al ocultamiento de las cifras de desaparecidos y de víctimas de la guerra contra el crimen organizado y la estela de opacidad que dejó el calderonismo?
La rendición del IFAI sería lo peor para la cultura cívica. Además, un regalo en bandeja de plata al nuevo gobierno federal priista que prefiere crear otro organismo burocrático como la Comisión Nacional Anticorrupción para maquillar su promesa fiscalizadora. No se necesitan más organismos de pantalla para combatir la corrupción. Se requiere eliminar la impunidad. Y Arturo Montiel sabe bien de qué se trata esto.
En algún momento, el IFAI también lo supo. El organismo surgió de la convergencia de intereses y objetivos de académicos, medios de comunicación impresos, organismos ciudadanos y sectores políticos convencidos de la necesidad de garantizar el acceso a la información pública como un elemento sustancial de la rendición de cuentas.
Ahora, el IFAI parece haber perdido su brújula. Quedan funcionarios y trabajadores de primer nivel en este instituto. Experiencias muy enriquecedoras. Quizá sea el momento de evitar la rendición del IFAI.
Comentarios: www.homozapping.com.mx
Solalinde recrimina a Peña Nieto su política migratoria
PEDRO MATÍAS
OAXACA, Oax. (apro).- El coordinador de la Pastoral de Movilidad Humana Pacífico Sur del Episcopado Mexicano, Alejandro Solalinde Guerra, recriminó al presidente Enrique Peña Nieto y al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, su política migratoria y los nombramientos en el Instituto Nacional de Migración (INM).
El también director del albergue “Hermanos en el Camino” cuestionó de nueva cuenta la designación de Ardelio Vargas Fosado como comisionado del INM porque, dijo, “es un pésimo mensaje que avergüenza a México porque confirma la subordinación a Estados Unidos y el desprecio y desaire a Centroamérica”.
De igual forma, agregó, es una alarma y un aviso bastante preocupante para los defensores de derechos humanos, porque refleja un doble lenguaje del gobierno (de Enrique Peña Nieto), ya que por un lado habla de respeto irrestricto a los derechos humanos, y por otro hace todo lo contrario al mandar la línea de seguridad.
Tanto al presidente como al secretario de Gobernación, el cura les aclaró que “no tienen que pedir permiso para sus políticas, pero si quieren que esas políticas públicas sean apoyadas por la sociedad, tienen que escucharla y tomarla en cuenta”.
Por lo pronto, adelantó: “Vamos a tener nuestras reservas para compartir información con el gobierno federal”.
Subrayó:
“Si la preocupación del gobierno federal es la seguridad, nadie mejor que nosotros, los responsables de las casas del migrante o en los albergues, se les puede proporcionar esa información, porque hemos aprendido un servicio de inteligencia, tenemos base de datos y mucha información que el gobierno no sabe y que tratamos de compartir por medio del Cisen (Centro de Investigación y Seguridad Nacional), pero ahora vamos a tener nuestras reservas”.
Respecto del flujo de migrantes, dijo que va en aumento porque la situación en Guatemala y Honduras se agrava y han llegado hasta mil 500 personas en un solo día, situación que los ha obligado a suspender el registro para darles de comer.
Añadió:
“Por eso ahí está nuestra preocupación, porque el nombramiento de Ardelio Vargas Fosado, en lugar de darnos confianza y decir que vamos a caminar por la ruta de los derechos humanos, en la que el gobierno de México haga una propuesta de desarrollo para Centroamérica, al contrario, otra vez vamos a tratarlos a los migrantes) con línea dura, con la aspereza de una táctica o estrategia de seguridad como si fueran terroristas o delincuentes”.
Ardelio Vargas, añadió, no es cualquier policía, pues se ha visto involucrado en varios episodios de represión, y ejemplificó con el caso del padre Gustavo Rodríguez Zárate y el suyo, cuando fue detenido en Puebla y el ahora comisionado del INM fungía como secretario de Seguridad.
Fue negociada la liberacion de la ciudadana francesa, Florence Cassez.
miércoles, 23 de enero de 2013
Condusef no investigará caso Monex
Mario Di Costanzo, titular de la Condusef, quien fuera una de los personajes más cercanos a Andrés Manuel López Obrador, señaló que el caso Monex no es competencia de la instancia a su cargo.
Mario Di Costanzo, ex secretario de Hacienda del gabinete legítimo de Andrés Manuel López Obrador, sostuvo que la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros “no es aplicable” al caso de las tarjetas Monex utilizadas en la campaña presidencial del PRI, a través de una triangulación.
En su comparecencia ante los diputados de la comisión investigadora que da seguimiento al caso, Di Costanzo señaló que “la Condusef supervisa la transparencia en la relación del usuario y la institución financiera. Nosotros no vemos flujos monetarios. El caso no es materia de la Condusef”, apunta el diario El Economista.
El 7 de enero pasado, Mario di Costanzo, uno de los personajes más cercanos a Andrés Manuel López Obrador, fue anunciado como nuevo titular de la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras (Condusef).
En octubre pasado, la Junta de Coordinación Política calificó como improcedente la demanda del partido del Movimiento Ciudadano de que se iniciará una investigación por el Caso Monex, a menos que ésta se circunscribiera la Condusef.
Recaba Yosoy132 más de mil 100 firmas contra alza al transporte
SELEN TERÁN
El Movimiento #YoSoy132 SLP hasta la fecha ha logrado recabar más de mil 100 firmas contra el aumento a la tarifa del transporte público, mismas que serán entregadas a los 27 diputados locales, encargados de determinar el nuevo costo por el servicio.
Desde hace dos semanas mediante el sitio de internet, change.org, el movimiento recaba firmas y realiza una petición al Congreso del Estado para que no autorice el aumento al transporte público.
En dicha plataforma se explica a los usuarios que tanto el gobierno como los concesionarios pretenden subir a siete pesos con 50 centavos el pasaje del transporte urbano, lo que golpeara la economía popular, “solamente beneficia a los concesionarios dado que toma en consideración los bajos incrementos al salario mínimo, los escalonados aumentos de los insumos necesarios para la vida. Para impedir este aumento y mejorar el servicio debemos organizarnos para retirar a los concesionarios parásitos y estatizar el servicio”, se lee en la página web.
Asimismo se suscribe las peticiones del movimiento, destacando la consulta popular para aprobar una nueva tarifa; democratización del consejo, evaluación del servicio, y que el estado subsidie el incremento.
Entre los comentarios que emitidos, los usuarios reclaman el mal servicio que prestan los permisionarios, además de aseverar que el transporte urbano es un derecho, no un negocio, tal como opinó Emmanuel Mireles.
Para participar, se requiere de un correo electrónico, proporcionar nombre y apellido, calle y código postal, además de la ciudad donde se habita. Hasta el momento se contabilizan 504 firmas.
Para quienes no poseen un correo electrónico, integrantes del movimiento se encuentran recabando firmas, las cuales también serán enviadas a los diputados.
En rueda de prensa voceros del movimiento, aseguraron que en la Ley del Transporte Público no determina que en el segundo sábado del año sea la fecha límite para autorizar una nueva tarifa, “por el contrario, únicamente a partir del esta fecha se pueden iniciar formalmente el dialogo y presentaciones de estudios para la revisión tarifaria”, explicaron.
Aunque reiteraron que el problema de raíz continúa siendo la mencionada ley.
Asimismo anunciaron que en próximas fechas expondrán un estudio de los accidentes que se han suscitado a raíz del servicio de transporte público que otorgan los permisionarios, todo ello mediante un acervo hemerográfico de cuatro años, lo que expondrá las deficiencias del propio servicio.
Política habitacional
En concreto | Laura Itzel Castillo
El tema del acceso a la vivienda puede abordarse desde distintos enfoques y disciplinas; cubre aspectos técnicos, jurídicos, financieros, sociales, culturales, urbanos; trastoca a diversidad de instituciones y trasciende la actuación de una amplia gama de actores. Por ello la complejidad para su análisis y evaluación.
El antecedente remoto de la política habitacional en México, es decir donde el Estado asume la responsabilidad de promover y financiar la vivienda, en particular la dirigida a los sectores de menores recursos, se ubica en la década de los años 40.
Inicialmente se limita al control de los alquileres, que entre los años 1942 y 1948 tiene relevancia. Es en ese entonces que surgen los decretos de congelamiento de rentas como medidas emergentes para atenuar los efectos económicos derivados de la Segunda Guerra Mundial, para intentar frenar la especulación inmobiliaria.
En 1925 se funda la Dirección General de Pensiones Civiles para los Trabajadores del Estado, que es el antecedente inmediato del ISSSTE, institución que a finales de los 40 inicia la construcción de grandes conjuntos de vivienda para trabajadores.
A nivel ciudad, se inicia un proceso de transformaciones que tuvo implicaciones tanto en el ámbito urbano, como en el social y cultural; se construyen grandes unidades habitacionales como el Conjunto Miguel Alemán (mil 80 viviendas) y Nonoalco Tlatelolco (11 mil 960 viviendas) en el DF, que se convirtieron en símbolos de un nuevo habitar urbano, sinónimos de la modernidad, en la búsqueda de alternativas habitacionales, acompañados de amplias áreas verdes, equipamientos, servicios y comercios. A partir de entonces las instituciones de seguridad social se preocupan por proveer de vivienda a sus trabajadores.
A partir de la década de los 70 del siglo pasado el Estado mexicano empezó a asumir un papel más activo en la producción de vivienda de interés social, destinada a los sectores más desfavorecidos.
En esta etapa, el Infonavit, FOVISSSTE, Indeco y Fonhapo priorizan la atención a la necesidad de vivienda, ponderan las condiciones de hacinamiento y menor nivel de ingresos y desarrollan mecanismos para potenciar la participación social, pues la vivienda es considerada un vehículo de desarrollo social frente a la pobreza.
Desde la década de los 90 del siglo pasado, el Estado mexicano pasó de ser “promotor” a “facilitador”, centrándose en la supuesta eficacia del mercado habitacional. Es por esto que el desempeño del sector vivienda ha obedecido, desde entonces, al comportamiento de las fuerzas del mercado, donde el papel del gobierno sólo consiste en formular la política, promover las reformas institucionales y crear y proteger los derechos de propiedad, para facilitar el desarrollo del sector inmobiliario.
Lo anterior significó una mayor participación del sector privado en la oferta habitacional, orientada a los sectores sociales de mayores ingresos y una escasa producción de vivienda social con respecto a la demanda. De tal manera que, las opciones para acceder a la vivienda en México, sobre todo para la población de bajos ingresos, son mediante programas gubernamentales marginales e insuficientes, como los denominados Piso firme o Vivienda tu casa.
Por otro lado, las desarrolladoras inmobiliarias han saturado el mercado de vivienda con productos, en su mayoría, de muy mala calidad. Esta sobreoferta inadecuada da lugar a 5 millones de viviendas desocupadas en el país, reconocidas por el Inegi. La mayoría de estos fraccionamientos se encuentra alejada de las zonas urbanas y no cuenta con equipamiento ni con la infraestructura necesaria para poder albergar a las familias dignamente.
Preguntamos: ¿qué pretende hacer el nuevo gobierno con este grave problema heredado?, ¿cuál es su diseño de política urbana? ¿Acaso continuar profundizando la crisis?
El fatalismo- Columna semanal de Sergio Aguayo
El debate sobre las armas en Estados Unidos es un buen indicador del estado que guarda el fatalismo mexicano.
Una parte de México sigue atrapada en tesis expuestas por Octavio Paz en El laberinto de la soledad. Según el poeta arrastramos un "sentimiento de inferioridad" del cual se desprende la resignación y el silencio ante la injusta realidad. Sostengo que tras esas actitudes están las consecuencias de ser vecino de un país expansionista y agresivo. La derrota militar en 1847 y la pérdida de la mitad de nuestro territorio acentuó la depresión mexicana y nos arrastró al aislamiento frente al mundo: dejamos de estudiar sistemáticamente al vecino del norte desde aquel año hasta principios de los setenta del siglo XX.
Ese fatalismo aparece en el debate que se libra en Estados Unidos sobre las armas. Ni Barack Obama ni sus opositores de la Asociación Nacional del Rifle (NRA) mencionan al nocivo contrabando de armas a México. Nos ignoran. Los muertos con balas estadounidenses no existen. Conocen lo que sucede pero evaden la verdad incómoda. La negación les sale barata por la pasividad de quienes gobiernan a México: cuando se trata de Estados Unidos la mayoría prefiere el silencio.
En un incisivo ensayo César Cansino (El excepcionalismo mexicano. Entre el estoicismo y la esperanza, Océano, 2012) argumenta que al menos una parte de la sociedad mexicana ya maduró en términos políticos y culturales y se salió del laberinto de la soledad. Comparto esa interpretación y creo que ya existen sectores dispuestos a abjurar del fatalismo que paraliza frente a Estados Unidos. En otras palabras, considero posible, deseable y urgente influir en el debate sobre las armas que se libra en Estados Unidos para lograr que la tragedia humanitaria alimentada por sus armas sea uno de los términos de referencia.
Ya está sucediendo. Cada vez se reconoce más que hay un nexo directo entre la violencia y el abastecimiento de armas desde Estados Unidos. Está aceptándose el absurdo de sólo atender a víctimas, combatir a los cárteles o encarcelar capos; tienen que frenarse simultáneamente las rutas de suministro de los llamados "cuernos de chivo", las barrets calibre 50 o las pistolas "matapolicías".
Para modificar los términos del debate tiene que mejorar la calidad del conocimiento. Las investigaciones pioneras de Georgina Sánchez o Magda Coss, por ejemplo, tienen que ampliarse para confirmar las correlaciones entre acontecimientos en el otro lado y el incremento en las muertes mexicanas. Hay evidencia de que la liberalización en la venta de armas de asalto en Estados Unidos aumentó la potencia de fuego del crimen organizado e incrementó el número de muertes en nuestro país.
El conocimiento debe mexicanizarse. Buena parte de la investigación sobre el tema se hace en Estados Unidos; los principales hallazgos sobre "Rápido y Furioso", un contrabando de armas auspiciado por el gobierno estadounidense, se dan por trabajos hechos en aquel país. Tenemos que fortalecer un conocimiento mexicano orientado a incidir más en el país vecino. La historia es clara: Washington escucha a los que hablan fuerte y con evidencia. Una constatación de lo anterior es la excelente defensa jurídica hecha por el gobierno mexicano de los connacionales condenados a muerte y el trabajo cotidiano de protección que realizan nuestros consulados.
No podemos evadir nuestra responsabilidad. Cuando se dialoga con funcionarios estadounidenses sobre armas es frecuente que reaccionen señalando la responsabilidad mexicana y recordando la corrupción e ineficacia de nuestras aduanas. Tienen razón. Lo que sucede en nuestras garitas es una vergüenza que debería incorporarse a la agenda de seguridad nacional.
¿El gobierno de Enrique Peña Nieto tendrá más determinación en este tema o se refugiará en la fatalista evasión? Un motivo de esperanza es el perfil del nuevo embajador en Washington, Eduardo Medina Mora. Cuando era procurador tenía muy claro el problema: en diciembre de 2008 sorprendió a una audiencia binacional poniendo sobre la mesa una Barret calibre 50 (un fusil de francotirador cuyas balas atraviesan el concreto) que había sido comprada en Texas e incautada en Matamoros. Ya nombrado embajador insistió en que el derecho de los estadounidenses a poseer armas no debe servir para "armar a grupos criminales extranjeros" (Zócalo, 17 de enero de 2013).
El ex embajador Arturo Sarukhán hizo lo que pudo por meter el contrabando de las armas en la discusión. No llegó muy lejos porque el gobierno anterior era bastante pusilánime frente a Washington. En esta ocasión puede ser diferente. La nueva administración se ve dispuesta a darle mayor prioridad a las víctimas y a la seguridad. Cualquier avance estará determinado, en el último de los casos, por la movilización de esa parte de la sociedad mexicana organizada que busca aliados en el país fronterizo porque ya se liberó del fatalismo frente a la potencia. Ya era hora.
Colaboró Paulina Arriaga Carrasco.
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