martes, 12 de marzo de 2013
El Ejército y los abusos del poder contra el SME
Martin Esparza
La noche del 10 de octubre de 2009 en que fueron tomadas por asalto las instalaciones del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro para ejecutar –aun antes de su publicación– el decreto de su extinción, el Ejército Mexicano enlodó su casta de institución patriótica al servicio del pueblo, cuando a soldados disfrazados de policías federales se les utilizó como golpeadores, incluso con la orden de tirar a matar, para desalojar, a punta de bayoneta y con lujo de fuerza, a los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).
Documentos en nuestro poder ratifican la denuncia que en su momento hiciera pública el teniente de zapadores Marcos Gerardo Mendoza Pérez, cuando dio a conocer a todo el país el denigrante papel que fueron obligados a hacer cientos de militares, quienes por órdenes superiores debieron disfrazarse de policías federales e incluso de civiles para colaborar en el encubierto “golpe de Estado”, fraguado desde la Presidencia de Felipe Calderón Hinojosa.
Lamentable es que las funciones del Ejército Mexicano, garante de la seguridad y dignidad nacionales, se hayan trastocado para agredir a la clase trabajadora que es, sin lugar a dudas, parte del pueblo de México. Y peor todavía, que los altos mandos no hayan protestado por tal infamia como sucedió en 2006, cuando el expresidente Vicente Fox pretendió utilizar a las Fuerzas Armadas para desalojar a los integrantes de la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca. En esa ocasión, el entonces titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Clemente Vega García, pidió que el expresidente le diera la orden por escrito para que quedara constancia de la infamia que se pensaba consumar. Fox rehuyó, en su calidad de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, a asumir el alto costo social, político e histórico que tal acción hubiera representado, por lo que el Ejército se salvó de tal ignominia.
Por desgracia, no sucedió lo mismo con el extitular de la Sedena, Guillermo Galván Galván, quien aceptó prestarse al papel de comparsa de Calderón y su gabinete, y en el colmo de las vilezas, consintió que en los protocolos de la intervención militar se autorizara a la tropa abrir fuego contra quien intentara recuperar las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro.
Por su origen popular y porque debe ser una fuerza de paz, las tareas de represión tienen que estar fuera de las funciones y el compromiso ético de nuestro Ejército Mexicano, sólo así se entiende que sus cualidades patrióticas estén al servicio de las causas sociales. Desde 1968, cuando se escribió una de las páginas más indignantes de las Fuerzas Armadas al haber sido utilizadas para asesinar a mansalva a cientos de estudiantes en Tlatelolco, el Ejército no había procedido de forma tan censurable en contra del pueblo como –ahora se sabe con certeza– actuó la noche del 10 de octubre de 2009.
En uno de los partes, fechado el 12 de octubre de ese año, se lee:
“Hago de su conocimiento que en los periódicos El Universal y Reforma se publicó la nota periodística ‘Fuerzas federales custodian termoeléctrica en EdoMex [Estado de México]’ y ‘Vigilan PFP [Policía Federal Preventiva] y Ejército subestaciones’, en la cual se aprecia una fotografía de un vehículo militar de 6.5 toneladas con las siglas 0325277, perteneciente al 25 Batallón de Infantería (Toluca, México). No obstante haber comunicado telefónicamente y posteriormente en mensaje FCA número 41726, del 11 de octubre de 2009, que estaban suspendidas las supervisiones y relevos en vehículos militares y con personal uniformado que permita su identificación como militares, debiendo realizarlas con uniforme azul o civil, y en vehículos que no tengan características militares. Por tal motivo agradeceré realizar las siguientes acciones:
“A. Se le ratifica la orden de imponer correctivo disciplinario debidamente fundado y motivado al comandante del 25 Batallón de Infantería.
“B. Realizar una investigación remitiendo el resultado para antes de las 18:00 [horas] del 15 octubre de 2009.
“C. Ratificar y supervisar que la totalidad de organismos bajo su mando estén enterados [de] que están suspendidas las supervisiones y relevos en vehículos militares y con personal uniformado a las instalaciones de la extinguida Compañía de Luz y Fuerza del Centro (todo movimiento a estas instalaciones), agradeciendo realizarlas, en caso de ser necesario, de civil o con uniforme azul y en vehículos que no tengan características militares” (sic).
Y firmaba el documento “confidencial e interno” de la Sedena el general de Brigada Diplomado de Estado Mayor, JM Castillo Segura.
En las órdenes giradas a los militares que hicieron las funciones de supuestos policías federales se establecía en uno de sus puntos:
“En caso de ser atacada la base de operaciones, instruirá al personal que se encuentre apostado se proteja utilizando los accidentes del terreno y parapetos, a fin de no ser blanco redituable a los atacantes, debiendo de tener conocimiento del sector de tiro que le corresponda”.
Hasta la fecha, los altos mandos castrenses se han guardado bien de tocar el tema ante la opinión pública. De hecho, el teniente Marcos Gerardo Mendoza tuvo que enfrentarse a la justicia militar bajo la supuesta falta de “abandono de servicio de armas”, por haberse negado a participar en la denigrante farsa ordenada por sus superiores y por hacer del conocimiento de la sociedad la inusual medida que representó un atropello a los derechos civiles y constitucionales de los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro.
El 19 de febrero pasado, durante la celebración del Día del Ejército, el titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos Zepeda, dijo que los soldados que se alejen del sendero del cumplimiento de la ley o violen derechos humanos “habrán de asumir las consecuencias”. Sólo le faltó decir qué castigo merecen aquellos altos mandos militares que se han prestado, precisamente, a violar la ley y los derechos humanos de los ciudadanos, que como en el caso de los electricistas del SME fueron reprimidos no por fuerzas policiales sino por elementos castrenses.
Es indudable que, por el honor del Ejército Mexicano, los generales que participaron en la indignante agresión del 10 de octubre de 2009 nos deben una explicación a todos los mexicanos. Claro está, si algo de vergüenza y de honor les queda.
*Secretario General del Sindicato Mexicano de Electricistas
Suman 2,351 ejecuciones en primeros 100 días de Peña Nieto
En los primeros 100 días del gobierno de Enrique Peña Nieto fueron ejecutadas 2 mil 351 personas en el país, cifra ligeramente mayor a la reportada en los últimos 100 días del sexenio de Felipe Calderón, cuando se registraron 2 mil 338 ejecuciones, de acuerdo con el conteo del diario Reforma.
Asimismo mientras que en el calderonismo murieron en promedio 21 personas al día en hechos relacionados con el crimen organizado, con el actual gobierno el promedio es de 23 homicidios al día.
Los estados con más ejecutados bajo el gobierno de Peña Nieto son Sinaloa, con 357; Chihuahua, con 271; Jalisco, con 258; Nuevo León, con 238; y Coahuila y el Estado de México, con 209 casos cada uno.
Al respecto, el director del Instituto de Seguridad y Democracia, Ernesto López Portillo, dijo al periódico que las propuestas en seguridad del actual gobierno no se reflejaron en una disminución inmediata en el número de ejecuciones, pues primero se tienen que analizar las múltiples causas de los homicidios.
El especialista en seguridad Guillermo Garduño puntualizó que los homicidios no pueden detenerse en 100 días, dado que el narcotráfico está inserto en las instituciones federales y el tejido social, y consideró que para reducir el número de ejecuciones el gobierno de Peña Nieto debe depurar las corporaciones policiacas y promover la denuncia ciudadana.
Athié pide expresar ‘repudio’ contra Rivera en el cónclave
El exsacerdote considera que el cardenal mexicano, quien actualmente participa en la reunión en el Vaticano donde se elegirá nuevo papa, no representa los valores del Evangelio, a la comunidad cristiana y creyente de México.
El cardenal Norberto Rivera participa desde hace unas horas en el cónclave en el Vaticano. (Foto: Cuartoscuro)
El exsacerdote Alberto Athié Gallo hizo un llamado para “aumentar la presión” contra le presencia del cardenal mexicano Noberto Rivera, en el cónclave del Vaticano, donde se elegirá nuevo Papa, ya que insiste en señalarlo por su presunta complicidad en casos de pederastia.
En una carta, el exministro católico aseguró que el cardenal “desprecia” a más de cien víctimas que, asegura, sufrieron abusos por parte de los padres Marcial Maciel, Nicolás Aguilar y del Carlos López, en México, Estados Unidos y en otros países del mundo.
Athié asegura que Rivera miente públicamente al decir que un juez de los Estados Unidos lo absolvió de las acusaciones, “cuando en verdad lo que el Juez declaró fue que no tenía elementos suficientes para atraer el caso a su jurisdicción”.
“No hay que olvidar que el Cardenal Rivera había declarado ante el primer Juez que lo interrogó acerca de los chamacos que el P. Nicolás metía en su cuarto de la parroquia, que la palabra “chamaco” se refiere ¡a personas de entre los 18 y los 30 años!”, señaló.
Recordó, además, las más de 23 mil firmas de personas de México y de otros países, que han expresado públicamente su repudio a que asista al cónclave.
“Se siente representante de la catolicidad mexicana, cuando no tiene la calidad moral para participar porque no representa a los valores del Evangelio, a la comunidad cristiana y creyente de México”, sostuvo Athié.
“Hoy comenzó el cónclave y, aunque las intenciones de Rivera sean otras, podemos seguir expresando públicamente nuestro repudio a su presencia y que haremos públicas todas las firmas y se las entregaremos en sus oficinas de la Ciudad de México”, agregó.
Con el aumento al IVA todos pagaremos la privatización del petróleo
Alfredo Ramírez*
La pretensión de privatizar el petróleo constituye uno de los objetivos de la clase política que actualmente gobierna a México. Enrique Peña Nieto, el PRI y los poderes fácticos que lo llevaron a la Presidencia de la República se aprestan a pagar viejas y nuevas facturas a los grandes potentados de este país dejando que inversionistas privados, tanto nacionales como extranjeros, manejen y exploten el crudo mexicano.
Ya el PRI ha dado un paso adelante al aprobar la modificación de sus estatutos para permitir que particulares se apoderen de ese importante recurso y de paso aumentar el IVA, así como aplicárselo a alimentos, medicinas, transporte y libros.
Dicho partido por supuesto que tiene experiencia en el arte de mentir, simular y engañar para tratar de consumar esta acción antipatriótica y lesiva para el grueso de la población mexicana. La intentona privatizadora será seguramente revestida con palabras rimbombantes dirigidas a ciertos sectores de la sociedad.
Con el pretexto de modernizar y elevar la competitividad de Petróleos Mexicanos (Pemex), los paladines del discurso y del dogma neoliberal urgen y claman por la inversión privada en dicha empresa, argumentando que ello finalmente traerá beneficios económicos y sociales para el país. Nada más alejado de la realidad. Dejar que la iniciativa privada explote el petróleo significaría un desfalco de recursos para las arcas públicas y, por ende, para los mexicanos. Veamos algunos números para ilustrar lo anterior.
Pemex, según el Presupuesto de Ingresos de la Federación 2013, aporta por los conceptos de “Derechos a los hidrocarburos” e “Ingresos de organismos y empresas que corresponden a Petróleos Mexicanos” más de un billón 253 millones de pesos; es decir, alrededor de 38 por ciento del gasto del gobierno federal. Los ingresos provenientes de la paraestatal se destinan para sufragar gastos en salud, educación, obra pública, entre otros conceptos, en los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal.
Si el gobierno de Enrique Peña Nieto privatizara esta empresa se dejarían de percibir tales recursos, los cuales de ninguna manera podrían ser compensados con los ingresos fiscales recaudados por los particulares que resultaran beneficiados de la privatización. Por ello, más que una lucha ideológica, impedir la entrega a la iniciativa privada del crudo mexicano reviste una prioridad para la mayoría de la población mexicana. Evidentemente Pemex, como lo han sugerido varios especialistas, requiere de una reestructuración que le permita, sin dejar de ser una paraestatal, continuar siendo una palanca del desarrollo social.
Pero los que se creen dueños de México y de sus recursos ya anticipan soluciones marcadamente antisociales ante la crisis en las finanzas públicas que provocaría la entrega del petróleo a empresas privadas en su mayoría extranjeras. En efecto, tienen la intención de aumentar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a 19 por ciento y su generalización a medicinas y alimentos, una medida a todas luces regresiva y perjudicial para millones de ciudadanos.
En la era neoliberal las políticas públicas –en los hechos– han beneficiado a un puñado de políticos ligados con grandes intereses financieros y económicos. De ahí que muchos de éstos ni siquiera pagan las contribuciones a las que por ley están obligados.
Como se sabe, las empresas privadas pagan el Impuesto Sobre la Renta (ISR) por más o menos 30 por ciento de sus ingresos. No obstante, gracias a su cercanía con los políticos en el poder y a la serie de triquiñuelas que emplean, deducen una gran cantidad de este impuesto; es decir, lo pagan y lo recuperan, o de plano no lo pagan. Así, Telmex paga solamente 6.5 por ciento de ese gravamen, Wal-Mart 2.1 por ciento, Televisa 5.4 por ciento, Palacio de Hierro 2.8 por ciento, Bimbo y Grupo Posadas 2.3 por ciento.
Entonces, si estas grandes corporaciones ni siquiera cumplen con sus obligaciones fiscales, podemos anticipar que si se les permite invertir en la explotación del crudo, la nación no saldría beneficiada, más bien, los beneficiados serían, una vez más, grupos oligopólicos que literalmente continuarían desfalcando el patrimonio de todos los mexicanos.
La ola privatizadora en la era del neoliberalismo en México no es, para nada, una experiencia positiva. Como dice Luis Linares Zapata: los inversionistas extranjeros “se apropiaron de los ferrocarriles sin que hasta la fecha se vea o sienta progreso alguno en más vías, carga aumentada o pasajeros. Dominaron la banca e incrementaron los repartos de dividendos a sus matrices sin que fluya el crédito interno.
Penetraron, con serias irregularidades, la generación eléctrica ocasionando incrementos continuos para los consumidores. La minería ha sido toda una épica de conquista indetenible que no deja más que algunos empleos, litigios continuos, miserables impuestos y mucha devastación de aguas, bosques y tierras”.
Pero la privatización más escandalosa y dañina en la historia reciente –y que aún estamos pagando todos los mexicanos– ha sido la bancaria. Salinas de Gortari, durante su periodo presidencial, impulsó las políticas neoliberales dizque modernizadoras, aduciendo que las manos privadas son mejores para administrar que las públicas.
Así, privatizó los bancos, que a la postre resultó un gran fraude que cobró forma en el tristemente célebre Fobaproa. Con este mecanismo, el erario público sufre cada año una significativa sangría. Al cierre de 2012, la deuda del IPAB es de 814,918.0 millones de pesos (dato oficial establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013), siendo una deuda que originalmente era privada y que ahora es de todos los mexicanos.
Por lo anterior, cuando los priístas y sus aliados pactistas hablan de inversión privada en Pemex versus modernización y desarrollo, nos están diciendo que están cocinando otro negocio para los poderes fácticos de este país.
*Secretario de Cooperativismo, Economía Popular y Movimientos Civiles y Sociales del CEN de Morena
FUNDALEX: LE URGE AL ESTADO MEXICANO UN PLAN MÍNIMO PARA PROTEGER A PERIODISTAS
* Para la Fundalex, además del cambio de régimen, son necesarios otros mecanismos institucionales para dar garantías de seguridad y respeto a la libertad de expresión
México, D. F., a 12 de marzo de 2013
La Fundación para la Libertad de Expresión (Fundalex), manifiesta que la vida de los periodistas mexicanos continuará en riesgo mientras la impunidad siga siendo el principal instrumento para quienes tienen la necesidad de ocultar información o ven amenazados sus intereses particulares, frente a los intereses legítimos de la sociedad.
Para la Fundalex, además del cambio de régimen, son necesarios otros mecanismos institucionales para dar garantías de seguridad y respeto a la libertad de expresión de los periodistas y del derecho a la información de los ciudadanos.
En los últimos días han ocurrido el asesinato del periodista Jaime Guadalupe González Domínguez en Ojinaga, Chihuahua y la desaparición del trabajador del Diario de Ciudad Juárez, Víctor Javier Campos, quien apareció muerto en Agua Prieta, Sonora.
Ocurrieron también repetidos ataques contra los periódicos El Siglo de Torreón y el Diario de Ciudad Juárez, así como contra la televisora Canal 44 de ésta última ciudad.
No menos grave para la libertad de expresión y el derecho a la información es el camino tomado recientemente por el diario Zócalo en Coahuila, quienes anunciaron ayer 11 de marzo que “en virtud de que no existen garantías ni seguridad para el ejercicio pleno del periodismo, el Consejo Editorial de los periódicos Zócalo decidió, a partir de esta fecha, abstenerse de publicar toda información relacionada con el crimen organizado”.
El pasado jueves 7 de marzo aparecieron en diversos lugares de Coahuila alrededor de 50 mantas donde amenazaban a la familia Juaristi, dueños del diario con sede en Saltillo y subsidiarias en Monclova, Ciudad Acuña y Piedras Negras. El caso del Zócalo de Coahuila no es inédito, en Tamaulipas los medios han omitido las noticias sobre el crimen organizado y antes, el 20 de septiembre de 2010 El Diario de Ciudad Juárez en el editorial titulado “¿Qué quieren de nosotros?”, dijo entre otras cosas: “… somos comunicadores, no adivinos…. Queremos que nos expliquen qué es lo que quieren de nosotros”, y agregó: “Ustedes son, en estos momentos, las autoridades de facto de esta ciudad, porque los mandos instituidos legalmente no han podido hacer nada para impedir que nuestros compañeros sigan cayendo”.
Hace falta la voluntad comprometida de todos los actores sociales: gobiernos, legisladores, jueces, ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil y de la población en general, para terminar con los ataques en contra de quienes tienen la misión social de transmitir y analizar la realidad en que vivimos.
La Fundación para la Libertad de Expresión reitera, hoy con mayor preocupación, que una sociedad sin libertad de expresión y derecho a la información no sólo es una sociedad mutilada en el conocimiento de sí misma, sino que adolece de los principales elementos de una democracia como son el debate de las ideas y la crítica, que sin duda fortalecen a las instituciones.
La Fundalex ha puesto énfasis en el peligro de que en nuestro país la libertad de expresión entre a una zona de crisis, porque es una señal de que los demás derechos están a punto de ser conculcados. La libertad de expresión está pasando a ser el termómetro que permite ir midiendo el funcionamiento eficiente del estado o la aparición de instituciones deficientes que conducen tarde o temprano al estado fallido.
Para la Fundación para la Libertad de Expresión (Fundalex), es urgente que el Estado mexicano elabore un plan de acción básico, con respuestas mínimas pero eficaces, para evitar que hechos como los antes descritos continúen sucediéndose, o incluso agravándose, en México.
La Fundalex expresa su solidaridad con los familiares y compañeros de Jaime Guadalupe González Domínguez y Víctor Javier Campos, así como con la planta laboral de los periódicos El Siglo de Torreón, El Diario de Ciudad Juárez, Canal 44 y diario Zócalo, de la misma forma a los periodistas que han debido alejarse de su lugar de trabajo para poder salvar su vida.
En el caso de Jaime Guadalupe González Domínguez y Víctor Javier Campos, la Fundalex solicita al Gobierno del Estado de Chihuahua tomar las medidas pertinentes, para garantizar la seguridad social y económica a sus deudos como sería el pago de un salario decoroso a su familia, para sufragar los gastos de la educación de sus hijos, garantizando su sustento y vestido, integrando a esposa e hijos al Instituto Mexicano del Seguro Social, además de apoyarlos con la debida atención médica y psicológica.
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México: el gobierno debe implementar medidas urgentes para salvar las vidas de migrantes
Los secuestros rutinarios, la violencia sexual, el reclutamiento forzoso en bandas criminales, la trata de personas y el asesinato de migrantes son acontecimientos comunes en las vidas de docenas de miles de migrantes irregulares que atraviesan México cada año. De acuerdo con Amnistía Internacional, la impunidad es la norma en estos abusos.
El gobierno de Enrique Peña Nieto, que cumplió ayer sus primeros 100 días de mandato, no ha dado hasta ahora ningún paso para corregir el fracaso absoluto del gobierno anterior para enfrentar esta crisis humanitaria. “Una vez más, el destino de migrantes irregulares en México se ha dejado en segundo plano” dijo Rupert Knox, investigador de Amnistía Internacional para México.
“Por contra, albergues de migrantes y defensores de derechos humanos han reportado a Amnistía Internacional un incremento en el flujo migratorio y en los ataques a migrantes y defensores de migrantes”.
En febrero, surgieron nuevos reportes de casos de secuestro de migrantes en Medias Aguas, Veracruz, lo que confirma el aparente deterioro de la situación. Las autoridades aún tienen que proporcionar la información relativa a las medidas tomadas para investigar estos incidentes.
Las y los defensores de derechos humanos que dan refugio y apoyo a los migrantes también se han enfrentado a más amenazas e intimidaciones. El 4 de marzo de 2013, Rubén Figueroa, quien trabaja en el albergue “La 72” en Tenosique, Tabasco, recibió amenazas. “Este hecho resalta una vez más los riesgos que sufren las personas que se dedican a garantizar la seguridad de los migrantes” dijo Knox.
Además de esto, las y los defensores de migrantes que han recibido protección han reportado que frecuentemente las medidas son pobres e ineficaces. Las investigaciones para encontrar a los responsables nunca prosperan y los funcionarios públicos locales continuamente dejan de apoyar el trabajo de los albergues y, en ocasiones, promueven la hostilidad hacia los migrantes.
Recientemente, el Subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación indicó que las denuncias por secuestro de migrantes únicamente se envían a la Procuraduría General de la República sin hacer más, lo que es sintomático de la incapacidad del gobierno federal para conducir una respuesta coordinada y efectiva para esta crisis.
Amnistía Internacional exige la acción inmediata del gobierno en ciertas áreas prioritarias. Con independencia de las acciones que se tengan contempladas, el gobierno de Peña Nieto debe urgentemente:
· Asegurarse de que las y los defensores de migrantes en riesgo reciban protección efectiva.
· Implementar, dirigir y coordinar a nivel federal medidas efectivas para prevenir abusos en contra de migrantes.
· Establecer e implementar protocolos para la investigación de crímenes contra migrantes y facilitar los mecanismos de denuncia para que los migrantes puedan reportar cualquier abuso.
· Establecer una base de datos de migrantes desaparecidos con el fin de que sus familiares puedan presentar información, incluyendo el ADN, para ayudar en la identificación de personas desaparecidas.
Información adicional
Durante el último año Amnistía Internacional ha realizado un activa campaña de visibilización de la situación que viven las personas migrantes a su paso por México. Como parte de dicha campaña Amnistía Internacional denunció que la situación de las y los migrantes en México es tan vulnerable que su vida llega a depender de hechos tan básicos como tener unos calcetines o unos zapatos en buen estado cuando atraviesan zonas desérticas o pantanosas.
Esta vulnerabilidad es fruto de la violencia por parte de grupos criminales y funcionarios públicos, en ocasiones actuando en connivencia.
Durante esta campaña, en la que han participado miles de personas, diferentes albergues de migrantes de todo el país han recibido unos 15,000 pares de calcetines, muestra de la solidaridad de la sociedad mexicana e internacional ante la inacción de las autoridades.
lunes, 11 de marzo de 2013
Reciben Fox y Sahagún 400 millones en donativos: AM de León
MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- Vicente Fox y Marta Sahagún han recibido más de 400 millones de pesos en donativos del 2006 a la fecha, revelan informes de la Secretaria de Hacienda obtenidos por el diaro AM de León.
El dinero ha sido canalizado a través de las organizaciones “Centro de Estudios, Biblioteca y Museo Vicente Fox, A.C.” y “Fundación Vamos México”, ambas inscritas ante Hacienda para recibir donativos y para expedir recibos deducibles de impuestos.
Las dos organizaciones tienen como su sede el Centro Fox, en la comunidad de San Cristóbal en San Francisco del Rincón.
De acuerdo con la investigación del diario leonés, Fox también acumula ingresos por conferencias, cursos y seminarios que ofrece a través de la empresa “Servicios Corporativos Sociales, S.A. de C.V.”, que también tiene como su domicilio el Centro Fox.
Entre los clientes que han atendido Fox y Sahagún se encuentran el gobierno de Felipe Calderón, los gobiernos de Jalisco, Veracruz, Nuevo León, y los partidos Acción Nacional (al que ya no se reafilió Fox) y Nueva Alianza, este último ligado a Elba Esther Gordillo.
AM de León detalla que además de los ingresos mencionados, Fox recibe una pensión anual de más de dos millones de pesos y que el gobierno federal le subsidia el sueldo de 20 empleados y de 17 guardias personales.
Un priista escribe los discursos a Mancera
MÉXICO, D.F., (proceso.com.mx).- Manuel Jiménez Guzmán, seis veces diputado priista y masón grado 33, es quien escribe los discursos del jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, quien obtuvo dicho cargo postulado por una coalición izquierdista.
Jiménez Guzmán, quien fuera presidente del PRI en el Distrito Federal, fue nombrado por Mancera director ejecutivo de mensaje gubernamental.
“Me siento perfectamente bien colaborando con un gobierno de izquierda, con un jefe de Gobierno que no tiene militancia en ningún partido, que fue candidato ciudadano y que ha integrado a un gobierno democrático, progresista y de izquierda, con el cual coincido plenamente en sus postulados, en sus principios y en sus fundamentos ideológicos y filosóficos”, declaró Jiménez Guzmán al diario Reforma.
Jiménez Guzmán no ha abandonado su militancia priista, es masón grado 33, “soy libre pensador, practico el libre albedrío”.
El objetivo del priista respecto a los discursos de Mancera es “mantener una sola línea ideológica, el mantener la tesis de izquierda en política social, el respeto a la diversidad y el respeto a la pluralidad sexual; a la interrupción del embarazo, derechos humanos y respeto a la píldora del día siguiente, respeto a la laicidad, respeto a la no intervención de los curas en asuntos del Estado”.
Se manifiesta el #YoSoy132Puebla contra Emilio
Integrantes del Movimiento #YoSoy132Puebla se manifiestan en este momentos frente al Hotel Holiday Inn donde se encuentran reunidos el secretario de Educación Pública Emilio Chuayffet y el gobernador del estado Rafael Moreno Valle, con sus respectivas comitivas. Los jóvenes portan pancartas con consignas que reprueban diversas consignas contra iniciativas del gobierno federal, como la reforma energética, laboral, hacendaria y educativa.
En el lugar hay presencia de elementos de la Policía Estatal quienes montan guardia afuera del hotel, los manifestantes prendieron un monigote que descansa sobre un ataúd de cartón, con diversas caricaturas e imágenes de Enrique Peña Nieto, el muñeco tiene una imagen del presidente de la república que tiene la leyenda: “Pendejo”.
Oficio de Papel
· Corrupción y devolución de impuestos
· ASF solicita al SAT más información
· Hubo condonación de créditos fiscales
Cada año, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) devuelve miles de millones de pesos a grandes contribuyentes. Se trata de unos cuantos grupos empresariales que se aprovechan de los beneficios que otorga el Código Fiscal de la Federación y que, sin merecerlo, solicitan devoluciones por concepto de impuestos al valor agregado (IVA), sobre la renta (ISR), depósitos en efectivo (IDE), empresarial a tasa única (IETU) y derecho de trámite aduanal (DTA).
Hace unos días, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó su informe sobre la cuenta pública 2011, en donde reporta que el gobierno de Felipe Calderón devolvió sólo en ese año 63 mil millones de pesos a 20 grandes contribuyentes. Sin identificar a las empresas para protegerlas de la crítica social, la ASF sólo refiere los sectores productivos que más beneficios obtienen por la devolución de impuestos: fabricación de camiones y tractocamiones; tiendas departamentales y supermercados; partes y refacciones nuevas para automóviles; alimentos; dirección de corporativos y empresas no financieras; producción de aves de corral; telefonía celular; almacenamiento con refrigeración; electrónica, y explotación, refinación y fundición de materiales no ferrosos.
Aunque el verdadero problema no es conocer sólo los nombres de los corporativos que se aprovechan torciendo la Ley a su favor, sino lo importante es saber si esas 20 empresas tenían derecho a la devolución de impuestos. Algunas fuentes hacendarias explican que el fisco devuelve tal cantidad de recursos a grandes contribuyentes sólo cuando tiene la aprobación del subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, por que el gobierno de Enrique Peña Nieto por conducto del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, debe abrir una investigación, pues funcionarios de esa dependencia aseguran que en el sexenio pasado el gobierno de Calderón armó una red de corrupción que autorizaba la devolución de impuestos a grandes contribuyentes a cambio de comisiones del 10 por ciento, lo que significaría sólo en el año 2011 sobornos por más de 6 mil millones de pesos a funcionarios federales.
Motivado por el efecto producido por la denuncia pública que hizo la ASF sobre la devolución multimillonaria a los grandes contribuyentes, hace unos días el auditor superior de la federación, Juan Manuel Portal Martínez, solicitó al titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Aristóteles Núñez Sánchez, información sobre devolución de IVA a grandes contribuyentes y condonación de créditos fiscales en el último año de gobierno de Calderón. Esta solicitud está en el escritorio de Videgaray, quien determinará si se entrega esa información al órgano de vigilancia del Congreso, el cual tiene la obligación de investigar si hubo corruptelas, fraudes y sobornos sobre los impuestos públicos durante la administración panista del sexenio pasado.
El dilema para Videgaray, es que en el último tramo del gobierno de Felipe Calderón, el responsable de la hacienda pública fue José Antonio Meade y en consecuencia es corresponsable de esa devolución de miles de millones de pesos a las 20 grandes empresas, pero este mismo funcionario es ahora el secretario de Relaciones Exteriores del gabinete de Peña, lo que lo convierte también en una fuente confiable del gobierno actual para conocer a detalle los abusos que Calderón y su equipo cometieron con la devolución de impuestos y otorgar perdones fiscales.
El perdón fiscal
Durante las dos administraciones panistas (Vicente Fox y Felipe Calderón), la información sobre devolución de impuestos, condonaciones y perdones de créditos fiscales siempre estuvo reservada para la opinión pública, con el propósito de evitar que los mexicanos se enteren de la facultad discrecional con que el gobierno federal aplica la ley para beneficiar a unos cuantos. Transparentar esta información es una obligación del nuevo gobierno para evitar que siga esa red de corrupción que devuelve impuestos y otorga perdones fiscales a cambio de beneficios económicos.
Por ejemplo cuando Agustín Carstens ocupaba la Secretaría de Hacienda, durante el gobierno de Calderón y antes de ser nombrado gobernador del Banco de México, reconoció haber perdonado discrecionalmente cinco casos de evasión de impuestos que involucraban nueve causas penales.
La Secretaría de Hacienda reconoció haber sobreseído cinco casos de evasión de impuestos entre julio de 2007 a junio de 2008. Con ello, se archivaron nueve causas penales abiertas en 2003, 2004 y 2006. Los empresarios privilegiados no se acogieron a ningún programa de la SHCP, simplemente se vieron favorecidos –luego de intensas negociaciones– por la decisión discrecional del titular de la dependencia, Agustín Carstens, exsubdirector gerente del Fondo Monetario Internacional.
Se trata de una facultad del secretario de sobreseer, a discreción, expedientes abiertos por defraudación fiscal. Lo anterior se conoció como respuesta a una solicitud de información (0000600143908) presentada a través del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI). Hacienda reconoció que presentó cinco solicitudes de sobreseimiento ante el Poder Judicial de la Federación para cerrar nueve causas penales.
Sin embargo, en el sexenio pasado la Secretaría declinó informar los montos de las irregularidades detectadas y el nombre de los beneficiados por la decisión del secretario Carstens. La negativa iba acompañada de la frase “inexistencia de la información solicitada”.
El primer sobreseimiento de expediente abierto por fraude fiscal tuvo lugar el 27 de julio de 2007. Con él se cerró una causa abierta el 11 de marzo de 2004; el segundo sobreseimiento se concretó el 4 de septiembre de 2007. También involucraba una causa penal, la cual se archivó. El caso databa del 10 de enero de 2006. En ese mismo mes, pero el día 21, se concretó el tercer sobreseimiento solicitado por la administración de Agustín Carstens. Se cerraron dos causas abiertas el 2 de julio de 2003. El cuarto sobreseimiento se concedió el 13 de noviembre de 2007. Involucraba una sola causa penal que databa del 11 de septiembre de 2006.
Las cuatro causas penales involucradas en el quinto caso se sobreseyeron de la siguiente manera: una el 6 de junio de 2008, dos el 16 de junio de 2008 y la última el 27 de junio de 2008. La primera y la última causas habían sido abiertas el 12 de junio de 2003, mientras que las segunda y tercera, el 16 de noviembre de 2004.
Así, en año y medio de gobierno de Felipe Calderón, la Secretaría de Hacienda concedió cinco sobreseimientos que involucraban a nueve personas. Sumados a los nueve que ocurrieron a lo largo de todo el sexenio de Vicente Fox, el panismo en el poder perdonó de manera discrecional a 14 empresas y, al menos, a 18 personas. A pesar de que esto ocurrió hace cinco y cuatro años, hasta ahora se desconoce quiénes fueron los beneficiados, a quienes se sumarían los correspondientes a los años 2009, 2010, 2011 y 2012. Por eso el actual secretario Luis Videgaray tiene la obligación y responsabilidad de investigar la corrupción en las condonaciones y devoluciones de impuestos, además de informar puntualmente a la sociedad lo que el panismo hizo el sexenio pasado.
Fuentes de Hacienda explicaron que entre los perdonados se encontraban Alfredo Miguel Afif, del Grupo Miguel, e Ivonne Lidia Bardor Kaess, del grupo Tebo. En la respuesta a la solicitud de información, Hacienda destaca también que en los casos sobreseídos “el interés fiscal se encuentra pagado o garantizado a satisfacción del Fisco Federal (sic)”. Sin embargo, omite señalar que no todos los ciudadanos gozan de tal deferencia: aunque el contribuyente termine pagando los impuestos que evadió, el proceso penal en su contra se sigue de oficio.
En su alegato, la SHCP también justifica no haber entregado el monto de los impuestos evadidos y de las multas: “La Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones manifestó que no conoce ni posee información relativa a los montos pagados por los particulares (…) De conformidad con lo anterior, la unidad administrativa declaró formalmente la inexistencia de documentos en sus expedientes en los que conste el monto pagado por los contribuyentes, previo al ejercicio de la facultad de solicitud de sobreseimiento”.
Perdón fiscal, facultad “discutible”
El sobreseimiento de expedientes abiertos por delito fiscal debe dejar de ser una facultad discrecional del titular de Hacienda o por recomendación del jefe del Ejecutivo, pues sólo favorece a los grandes contribuyentes que en campañas electorales apoyan con recursos económicos a los candidatos.
Las autoridades fiscales han utilizado los “subterfugios” que permite la ley para condonar multas por el incumplimiento en el pago de impuestos, por lo que debe simplificarse la ley y que el contribuyente no tenga un tortuoso camino para pagar los impuestos, pero quien no cumpla deberá ser sancionado.
Mientras la autoridad otorga perdones fiscales a las grandes empresas, los contribuyentes menores y asalariados deben pagar puntualmente sus impuestos o enfrentarse a multas y recargos, con la siempre amenaza de ir a prisión si no cumplen. También las micro y pequeñas empresas son perseguidas ferozmente por el fisco, cuando su situación económica se ha visto deteriorada por las equivocadas políticas públicas en materia económica y para ellas no hay perdón fiscal.
La facultad del secretario de Hacienda para perdonar a discreción a los contribuyentes omisos, se encuentra en el artículo 92 del Código Fiscal de la Federación, el cual señala:
“Los procesos por los delitos fiscales (…) se sobreseerán a petición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuando los procesados paguen las contribuciones originadas por los hechos imputados, las sanciones y los recargos respectivos, o bien estos créditos fiscales queden garantizados a satisfacción de la propia Secretaría. La petición anterior se hará discrecionalmente, antes de que el ministerio público federal formule conclusiones y surtirá efectos respecto de las personas a que la misma se refiera.”
Este artículo propicia un trato desigual e inequitativo entre los contribuyentes. Además, se trata de una facultad discrecional que da pie al ejercicio de una política de terrorismo fiscal, evidente en la persecución contra algunos gobernados. También propicia problemas de corrupción de servidores públicos.
Por eso ese artículo 92 del Código Fiscal que faculta a la Secretaría de Hacienda a sobreseer de forma discrecional los procesos por delitos fiscales es inconstitucional, pues el artículo 102 de la Constitución establece que el ejercicio de la acción penal corresponde sólo al Ministerio Público, por tal motivo Hacienda no puede ejercer o perdonar esa acción penal.
oficiodepapel@yahoo.com.mx
ALERTA CLARA LUZ ÁLVAREZ DE PROBABLE TENTACIÓN DEL ESTADO POR INCIDIR NEGATIVAMENTE EN LA BANDA ANCHA
* “Es como si hoy en día, hablando de libertad de expresión, tuviéramos a un estado garantizando que la plaza pública va a funcionar”
Puebla. Pue., a 11 de marzo de 2013
Elevar la banda ancha a términos constitucionales, para Clara Luz Álvarez pondría en bandeja de plata al Estado Mexicano “la tentación” también de incidir negativamente en el derecho a la información y la libertad de expresión. “Hoy en México no tenemos ese problema, pero no es algo positivo que los gobiernos se estén metiendo en estos temas como un equivalente a la libertad de expresión y el derecho a la información”.
“Es como si hoy en día, hablando de libertad de expresión, tuviéramos a un estado garantizando que la plaza pública va a funcionar”, destacó la experta en Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información porque “es un tema no nada más de poner los fierros para hacerla funcionar”.
Durante su participación en la mesa nuevas tecnologías, crecimiento de las audiencias y derecho a la libertad de expresión, que se desarrolló dentro del marco de la reunión de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa, la también miembro de la Fundación para la Libertad de Expresión (Fundalex), destacó que “una cosa son las políticas públicas necesarias y otra que se vincule o se le compare (a la banda ancha) al derecho a la información o la libertad de expresión”.
Por otro lado, en cambio, la parte de beneficio para la sociedad sería que en un momento determinado, al llevarse a rango constitucional ahora que está a debate la Ley de Telecomunicaciones, “implicaría que cualquiera que habite este país, podría demandar al estado mexicano diciéndole yo no tengo acceso a internet de alta velocidad, por tanto estás violando mis derechos constitucionales”.
Entonces, agregó Álvarez González de Castilla, los desafíos que enfrentamos es ponerlo o no en la constitución. “Algunos países ya lo tienen mientras otros como Finlandia y Suiza no. Lo único que dijeron fue: ustedes operadores de telecomunicaciones están obligados a proveer banda ancha, pero eso es algo distinto”.
Para el caso de la ciudadanía, dijo, es claro que todos queremos tener un mayor desarrollo o ejercicio más pleno a la libertad de expresión y el derecho a la información y sin acceso a Internet la gente se queda nada más con lo que dice la TV, la radio o los medios impresos; en cambio, al acceder a Internet, tienes un acceso ilimitado, siempre y cuando el gobierno del país no intente bloquearlo como el China, Cuba u otros.
Por otro lado, Clara Luz Álvarez mencionó que a diferencia de los empresarios de la televisión, las empresas de medios impresos se han alejado de los debates sobre banda ancha tanto en México como en la Unión Internacional de Comunicaciones, cuando el futuro de la comunicación es la creación de multiplataformas para poder estar en la competencia.
“Si estuviera en una empresa de comunicación de impresos me interesaría que el gobierno enfocara sus esfuerzos en alfabetizar digitalmente a la población porque finalmente ahí es donde va a ir el mercado de los medios y, además esa alfabetización digital sería la manera de hacer crecer mi audiencia”, destacó la experta.
Además, el tema de las frecuencias “se convierte en un tema vinculado a la libertad de expresión por la banda ancha, porque el futuro ya apunta hacia la banda ancha, mientras la TV está viviendo horas extras”.
Al hablar de las nuevas tecnologías, la integrante del Consejo Directivo de la Fundalex añadió que “lo interesante del cambio de paradigma no es solamente que la prensa debe migrar al mundo digital, sino que el mundo digital se debe concebir multiplataforma. Es decir, tener un sitio web no es lo único, sino debemos pensar en convertirnos en generadores de contenidos multiplataforma, donde pueda explorarse la información en sitios web, a través de mensajes de texto en dispositivos móviles, etc.”.
Otro de los cambios es que antes la ciudadanía se basaba únicamente en lo que decían los medios impresos, pero ahora obliga a que los medios consideren también a la ciudadanía como generadora de contenido y puede ser tan relevante que como el que puede hacer un periodista de profesión. “Esto quiere decir que no solamente con convertir a los medios de comunicación al mundo digital, con eso se satisfará el mundo contemporáneo. Así pues, debemos ver la manera de cómo incorporar estos contenidos ciudadanos, que algunos serán valiosos y otros no y cómo mezclarlos”.
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domingo, 10 de marzo de 2013
INADECUADA LEGISLACIÓN Y DESCONFIANZA A AUTORIDADES TRANSFORMA A PERIODISTAS EN GRUPO VULNERABLE
* En tanto haya consignaciones y sentencias condenatorias el mensaje será no toleramos ataques en contra de medios y periodistas, dijo Perla Gómez Gallardo
Puebla. Pue., a 10 de marzo de 2013
En buena medida el gremio del periodismo en México se ha convertido en un grupo vulnerable debido a la impunidad que por omisión provoca el Estado mexicano, principalmente por la carencia de una adecuada legislación en la materia, que permita a las instancias legales aplicar plenamente su jurisdicción, así como la desconfianza de los periodistas y medios para ofrecer información preventiva a las autoridades.
El anterior es un resumen de la mesa “Responsabilidades compartidas para derrotar la violencia y la impunidad, ¡no maten al mensajero!”, desarrollada este mediodía en el marco de la reunión anual de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que se realiza en esta ciudad desde el pasado viernes.
En su participación, la investigadora de la UAM-Cuajimalpa e integrante del Consejo Directivo de la Fundación para la Libertad de Expresión (Fundalex), Perla Gómez Gallardo, destacó que hoy la violencia y la impunidad no han disminuido en México, lugar donde “el gremio periodístico ya es un grupo vulnerable y donde la autoridad es responsable por omisión. El no hacer para garantizar las medidas de protección genera, en sí mismo, la circunstancia de decir, ahora no soy yo, como si fuera una justificación y que se encargue el propio gremio”.
Pero no sólo eso, sino que como resultado de la impunidad “ahora también se debe cuidar a quien cuida de los periodistas, que son las organizaciones o activistas de derechos humanos”, cuando la idea es que medidas como la Ley para la Protección a Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos “sean sólo leyes temporales, porque se supone que debemos vivir en sociedades donde todos los derechos se puedan ejercer”.
La defensora de casos relevantes en materia de libertad de expresión dijo en su intervención que la ausencia de medidas preventivas —porque el periodista no quiere flores cuando lo matan, sino seguir ejerciendo su libertad de expresión—, es que lamentablemente “en nuestro país la mejor protección es no hablar. Es aquí donde perdemos todos como sociedad”.
Además, el Ministerio Público en nuestro país no tiene la obligación, cuando se mata a un periodista, de abrir la línea de investigación de la libertad de expresión. Quiere decir que cuando se mata a un periodista no se sabe qué intereses estaba afectando o iba a afectar.
Sólo el Código Penal de Baja California Sur lo contempla en el último párrafo que dice: “tratándose de periodistas o colaboradores periodísticos, agotar una línea de investigación del delito cometido en relación con la actividad periodística”, ya que es una constante encontrar en los expedientes que el periodista pasaba por el lugar de los hechos o que fue un crimen pasional, como una clásica forma de desviar la atención.
En la medida que haya consignaciones y sentencias condenatorias el mensaje será no toleramos ataques en contra de medios y periodistas, destacó la doctora en Derecho, quien agregó que otro tema grave es la desaparición de periodistas, donde los principales afectados son los familiares de las víctimas, no sólo la tragedia de no tener una tumba dónde llorar, sino por la parálisis administrativa y civil, porque se ven imposibilitados de sacar pensiones de viudez o becas para los hijos porque no tienen un acta de defunción, “pero no tienen por qué tenerla”.
Perla Gómez agregó que cada periodista asesinado tuvo previamente una amenaza, por lo que preguntó: "por qué no salvaguardar con medidas adecuadas su vida y la libertad de expresión".
En su intervención, la fiscal para delitos cometidos en contra de periodistas y medios, Laura Borbolla Moreno, destacó que la integración de la Fiscalía en el sexenio de Vicente Fox ocurrió como un acto de buena fe del entonces procurador Daniel Francisco Cabeza de Vaca, pero sin los asideros constitucionalmente suficientes para el ejercicio de sus facultades.
Por este y otros motivos como la carencia de recursos, personal especializado, además de la conexidad entre los delitos, pero sobre todo la carencia de información por parte de los propios periodistas y medios, “la fiscalía ya entra a toro pasado, cuando la agresión o el delito ocurrió. No tenemos un catálogo de amenazas previas porque en la gran mayoría de los medios no se establecen protocolos de autoprotección y la comunicación preventiva con las autoridades”, expresó.
La fiscal no ocultó que “cuando llegamos a atender la situación, resulta que tiene un año que recibieron amenazas. Tenemos el defecto de asumir que también el periodismo es una actividad de alto riesgo donde va intrínseca la amenaza o la vejación por la delincuencia o las autoridades. Hace falta la comunicación. Para que se den resultados hay que generar un círculo virtuoso comunicando a tiempo las circunstancias que se van dando”.
Por su parte, el senador Roberto Gil Zuarth recordó que hoy gracias a la reforma constitucional no se requiere acreditar la conexidad con el delito federal para cualquier agresión a periodistas o medios, pero la atracción federal, sin embargo, implica aplicar la norma local, porque la competencia original sigue estando en los estados, por lo que “entonces el problema es ¿cómo provocamos una especie de sistema reforzado de facultad de atracción y que el MP bajo ciertos supuestos tenga pocos márgenes para utilizar esta discreción a placer”.
Y agregó que la gran pregunta es qué posición institucional debe tener la fiscalía y eso tienen que ver con recursos, con líneas de mando plenamente determinadas, con protocolos de investigación pero también con decidir la forma en la forma como se van a asignar y perseguir los casos porque como está hoy “pierde la batalla interna por los recursos, con la adscripción de los casos”, y otros.
Finalmente, agregó que el problema central para que funcionen los mecanismos de protección a periodistas dependen de una buena definición en términos constitucionales del órgano competente para investigarlos y consignarlos ante los jueces, de la sensibilidad de los operadores jurídicos, pero también hay un tema de confianza y éstos van a funcionar en la medida en que haya confianza entre la autoridad y el gremio.
En la mesa moderada por el periodista Roberto Rock, participó también el investigador y periodista Jorge Luis Sierra, quien destacó la gran omisión de los propios periodistas y medios por salvaguardar su propia seguridad, sobre todo cuando se utilizan el internet y los aparatos móviles de comunicación.
Casi todos los periodistas dependen de Internet en su trabajo y la mayoría utilizan plataformas móviles, pero se carece de conocimiento para codificar o encriptar datos y registros, sin importar que se encuentren en zonas de riesgo. La mayoría tampoco conoce el manejo de sistemas antivirus o los sistemas de navegación anónima en Internet y ponen en riesgo no sólo su seguridad, sino también la de sus fuentes que muchas ocasiones quieren el anonimato.
Por ello, recomendó recibir entrenamiento en seguridad digital y móvil; haya formas de adoptar nuevas tecnologías que están disponibles, incluso gratis; a los medios entender la forma de procesar las amenazas en los aparatos móviles para los propios medios y sus reporteros.
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CELEBRA FUNDALEX QUE SUPREMA CORTE PONGA LÍMITES A CALUMNIAS Y DIFAMACIÓN
* Los ministros Jorge Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea apoyaron la propuesta de castigar manifestaciones discriminatorias
México, D. F., a 10 de marzo de 2013
El presidente fundador de la Fundación para la Libertad de Expresión, Armando Prida Huerta celebró que el pasado día 6 la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), haya resuelto poner límites a las manifestaciones discriminatorias, específicamente las expresiones homófobas en los medios de comunicación, como un avance para comenzar a recuperar los valores perdidos.
Prida Huerta, presidente de la organización editorial Síntesis promovió en 2009 un juicio por difamación y calumnia en contra de Enrique Núñez Quiroz, quien en una de sus columnas utilizó las palabras “maricones” y “puñal”.
Los ministros Jorge Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea apoyaron la propuesta de que “el discurso consistente en inferir que la homosexualidad no es una opción sexual válida, sino una condición de inferioridad, constituyen manifestaciones discriminatorias, ello a pesar de que se emitan en un sentido burlesco, ya que mediante las mismas se incita, promueve y justifica la intolerancia hacia la homosexualidad”, de acuerdo con un comunicado de la SCJN.
Asimismo, destacaron los ministros que “dichas expresiones fueron impertinentes, pues su empleo no era necesario para la finalidad de la disputa que se estaba llevando a cabo, relativa a la crítica mutua entre dos periodistas de la ciudad de Puebla. Por ello, se determinó que las expresiones ‘maricones’ y ‘puñal’, tal y como fueron empleadas en el presente caso, no se encontraban protegidas por la Constitución”.
Al respecto el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) aseguró que “la histórica resolución de la máxima institución de justicia en el país, será un referente para clarificar la discusión pública de la validez de emitir mensajes y expresiones en el ámbito público y privado, basadas en el discurso de odio, ya que la SCJN establece que ofender, descalificar o agredir con prejuicios y estigmas representa un acto de exclusión contra las personas y constituye una categoría del discurso de odio”.
Para Prida Huerta esta resolución tiene dos vertientes. “Por primera vez se marca un alto para que una comunidad, la homosexual o lésbica, sea denostada usando su nombre como un insulto; es decir, se le debe guardar respeto a esas personas que tienen el derecho a elegir lo que quieran con sus vidas y la segunda parte prueba que la libertad de expresión no tiene límites, pero que las calumnias y la difamación si los tienen. Los ilícitos tienen que ser castigados, no la libertad de expresión”.
El impulsor de la Fundalex afirma que mediante este histórico fallo “se separa muy bien lo que es el derecho a expresarse contra el no derecho a insultar, denostar o lastimar. Marca un hito que será permanente y permanentemente positivo”.
La resolución marcará diferencias para que en el periodismo se dejen de usar expresiones como estas o similares, con el único objetivo de destruir a las personas.
“Esto marcará la diferencia y evitará que el día de mañana se tome a otra comunidad, como la estudiantil y a cualquiera de los integrantes de ella se le llame porro o, todavía más grave, se lastime a la comunidad indígena. Una manera de denostar es llamar a alguien ‘indio’, cuando las comunidades deben merecer todo nuestro respeto, porque todos tienen una manera de vivir y ésta es elegida y debe ser aceptada por todos, porque no lastima a nadie”, finalizó Prida Huerta.
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Gira de AMLO 7 al 10 de marzo 2013
7 marzo Mazatlán, Sinaloa 12 hrs.
7 marzo Culiacán, Sinaloa 17 hrs.
8 marzo Guamuchil, Sinaloa 12 hrs.
8 marzo Guasave, Sinaloa 16 hrs.
9 marzo El Fuerte, Sinaloa 10 hrs.
9 marzo Los Mochis, Sinaloa 13 hrs.
9 marzo Navojoa, Sonora 17 hrs.
10 marzo Ciudad Obregón, Sonora 10 hrs.
10 marzo Guaymas, Sonora 13 hrs.
10 marzo Hermosillo, Sonora 16:30 hrs
Enrique Peña Nieto ahí está otro caso de corrupción e impunidad a todas luces y Carlos Romero Deschamps, solapando, protegiendo, impune.
Democracia Sindical
Año 5. Boletín # 6.
Al presidente de México.
A las autoridades federales.
A los trabajadores petroleros.
Al pueblo en general.
Quien firma el presente documento señala como domicilio para recibir cualquier tipo de notificación, el ubicado en la calle Olivo # 53, Fraccionamiento San Rafael, Tlalnepantla Edomex. c.p. 54120. Somos trabajadores petroleros en lucha por la democratización del STPRM, nos dirigimos a Usted con la finalidad de exponerle:
El charro-Senador metido en otro escándalo de corrupción:
La cadena delictiva y corruptica que arrastra Carlos Antonio Romero Deschamps es kilométrica, no tiene límites, no acaba de salir de una cuando ya está metido en otra. Pero a este personaje no le interesa este tipo de escándalos, porqué ese ha sido su modo de vida, ya está acostumbrado a ellos y debido a que hace uno tras otro y no pasa nada, ya acostumbro a la clase política y a la sociedad. A tal grado que cada vez que hace una burrada o un “desvió de fondos” lo vemos como una gracia y hasta los comentaristas dicen, otra raya más al tigre.
Está acostumbrado a hacer lo que quiere, porque es sabedor que los gobiernos en turno además de protegerlo y darle impunidad, lo van a premiar. De esa forma es como se la ha pasado, desde que andaba de lambiscón con la Quina, ahí fue donde agarro callo, iba y traía chismes y la Quina lo premiaba, hasta que lo hizo Secretario General de la Sección 35.
Tiempo después traiciono a la Quina, colaborando en el “Quinazo” (1989), es premiado por Carlos Salinas de Gortari con la Secretaria del interior y en 1993 lo vuelven a premiar, ahora con la secretaría General del STPRM desde entonces esté personaje se ha visto involucrado en varios desvíos de recursos propiedad de la Nación, algunos de ellos han sido investigados y documentados; como el Pemexgate, los 7 mil 800 millones de pesos y ahora los 500 millones, por citar tan solo algunos.
No obstante lo anterior las autoridades de este País, en lugar de aplicar la ley. Se hacen de la vista gorda y lo premian con cargos públicos y tomas de nota. En lo que va de su carrera delictiva y corruptiva Carlos Romero Deschamps ha sido tres veces Diputado Federal; dos veces Senador; cuando menos le han otorgado 6 tomas de nota de manera ilegal e ilegitima y por supuesto dirigente charro del STPRM desde 1993.
Como se podrá apreciar la actuación de las autoridades de este País, en el caso del charro-Senador, Carlos Antonio Romero Deschamps, deja mucho que decir. Nunca han actuado conforme a derecho, sino todo lo contrario, evaden la ley, lo protegen, le dan impunidad, no conformes con lo anterior toda vía lo premian. Como si esté personaje hiciera una gracia. Al ver esté malandrín que prácticamente hace lo que quiere y lejos de recibir un castigo le otorgan impunidad, continua sirviéndose con la cuchara grande en el desvió de recursos, de puestos públicos y del cacicazgo que ejerce en el STPRM.
Este es un problema social muy serio, porque ante los ojos de los trabajadores y del pueblo de México Carlos Romero Deschamps pasa a ser un héroe y un personaje poderoso, porqué hace lo que quiere, roba a placer los recursos de la Nación, compra magistrados, jueces, etc., y sigue despachando en el STPRM, como si fuera el dueño de Pemex, además con fuero de Senador.
A que se debe que los gobiernos desde Carlos Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto, protejan y den impunidad a Carlos Romero Deschamps, la respuesta es muy simple, los charros en complicidad con los diferentes gobiernos han estado utilizando a Pemex como su caja chica para desviar recursos, como ya quedo comprobado en las elecciones del 2000 con el denominado pemexgate.
La calidad político-moral de Enrique Peña Nieto:
Hace algunas semanas (el 14 de febrero) se informo en un medio de circulación nacional, que en la administración de Juan José Suárez Coppel, le habían otorgado un préstamo por 500 millones de pesos a la dirigencia del STPRM, con un plazo a pagar en 10 años sin intereses, el dinero fue entregado el 8 de diciembre de 2011, mediante el convenio administrativo sindical 10614. El préstamo se empezará a pagar a partir de enero del 2016, en mensualidades de 8 millones 333 mil 333 pesos y su liquidación será hasta diciembre del 2020 el convenio fechado el 27 de julio de 2011, fue firmado por Carlos Antonio Romero Deschamps, secretario general del STPRM, Ricardo Aldana, presidente del Consejo General de Vigilancia y Manuel Limón como secretario tesorero, Por parte de la administración de Pemex lo suscribieron Carlos Alberto Treviño, director corporativo de Administración y Marco Antonio Murillo, subdirector de Recursos Humanos y Materiales (con información diario Reforma).
Otro elemento de importancia en esté escándalo es que un mes después de la entrega del dinero, el 11 de enero del 2012, la dirigencia sindical y Pemex registraron el convenio.
También está el hecho de que, un mes después de que le otorgaron los 500 millones, Carlos Romero Deschamps, manifestó su apoyo a la candidatura de Enrique Peña Nieto.
Y lo más importante, negocio su candidatura para ocupar una curul en el Senado como plurinominal, la cual le fue otorgada sin ningún miramiento por el PRI, Enrique Peña estuvo de acuerdo con esta candidatura, la cual además de ser polémica, no cumplía con las disposiciones legales para poder participar en un proceso electoral, ya que contaba y cuenta con diversas acusaciones penales en su contra tanto en la PGR como en la PGJDF, incluso tiene órdenes de aprensión. Su candidatura fue impugnada por opositores y por legisladores. No obstante los priistas mantuvieron su candidatura, incluso el presidente del PRI en ese momento y ahora Titular de la PGR señaló que “Romero representaba 200 mil trabajadores entre jubilados y de base, y “más de 1 millón de personas” contabilizando las familias. Lo que implicaría que el PRI calcula obtener, en julio próximo, 1 millón de votos sólo por el gremio petrolero” ( Ana Lilia Pérez Sociedad, 15 de mayo 2012, contralínea).
Quien representa hoy la aplicación de la justicia en México fue el que encumbro a la senaduría a Carlos Romero Deschamps. Definitivamente no fue por la cantidad de votos que dice, sino por el desvió de los 500 millones de pesos, ¿oh cuanto le costó la Senaduría al Charro? Y, quienes finalmente vamos a pagar ese dinero somos los trabajadores sindicalizados de Pemex. Ni modo de decirle a Jesús Murillo Karam que investigue sobre este hecho, cuando claramente es cómplice del charro.
Pero lo curioso de esté caso es lo que señalo el mismo Carlos Romero Deschamps que junto con la dirección de Pemex tomaron “la decisión de reservar la información para prevenir su acceso hasta enero de 2021”. Cual fue el motivo que orillo a la dirección de Pemex y al Charro-Senador, a esconder la información de esté préstamo por tanto tiempo.
Si el préstamo es para la compra de casas, además según el convenio, el préstamo se va a pagar, por que reservar la información “porque se cubren las espaldas”.
Los enredos del préstamo:
Según las declaraciones que ha hecho Carlos Romero Deschamps, estos 500 millones de pesos son para la construcción de viviendas para los trabajadores, ya que “una obligación que tiene la empresa” es aportar vivienda a los trabajadores. Pero hasta el momento no ha dicho cuantas viviendas se van a construir con esté dinero, mucho menos para cuando las tendrá terminadas.
Aquí hay una contradicción, contractualmente la empresa está obligada a proporcionar crédito para que los trabajadores obtengan vivienda digna y de calidad. Entonces la pregunta obligada es ¿Por qué le dan el dinero a La dirigencia del STPRM? ¿Por qué lo hacen ver como un préstamo? si los trabajadores finalmente son los que pagan ese dinero.
Carlos Romero Deschamps también señalo que los 500 millones de pesos los utilizo para comprar dos terrenos uno en Tula y el otro en Tabasco. Hasta el momento no se sabe la ubicación exacta de los terrenos, ni la superficie de los mismos.
Los trabajadores petroleros, nos estamos enterando por los medios que el charro-Senador compro dos terrenos, cuando menos nos hubiera consultado, sobre la disposición de esté préstamo y sobre la compra de los terrenos, porqué finalmente quienes lo van a pagar somos los trabajadores. Ahora Carlos Romero Deschamps seguro va a pedir más dinero para la construcción de viviendas y otra vez a cuenta y costo de los trabajadores. Si esto no es corrupción y robo entonces que es.
La vivienda es otro de los negocios de los charros del STPRM que hacen con los agremiados. Los charros compran terrenos con el dinero de los trabajadores, tienen constructoras compradas con el dinero de los trabajadores, construyen casas de mala calidad en todos los sentidos, las cuales son vendidas a los trabajadores, eso sí muy caras. En este negocio tampoco hay pierde, porque los trabajadores son compradores cautivos. Los charros hacen negocio redondo y todo con el dinero de los trabajadores. Quienes no son consultados para nada.
Vean el cinismo con que se expresa Carlos Romero Deschamps, “El sindicato compra el terreno y construye. El trabajador adquiere, el banco presta y con eso se paga la deuda”, entrevista con el diario Reforma.
Reclamo:
Enrique Peña Nieto, Si en realidad tiene altura de miras y en verdad quiere combatir la corrupción e impunidad, no se debe de dirigir al Director de Pemex para que le informe acerca de las condiciones en que se dio esté préstamo. La PGR tiene que investigar de manera formal, no solo esté caso; sino el de los 7 mil 800 millones, donde una partida de más de 2 mil 500 millones era para la construcción de viviendas, lo del pemexgate se debe de reabrir, de lo contrario lo de Elba Ester Gordillo solo es un teatro mal montado.
Con relación a este último escándalo hay toda una serie de irregularidades, el dinero se otorga a espaldas de los trabajadores, entre la dirección de Pemex y los charros deciden “reservar la información para prevenir su acceso hasta enero de 2021” ¿a honras de qué? Ahora el préstamo es para la compra de viviendas “no de terrenos”. Entonces el convenio fue violado, por tanto es un fraude.
Además, esté “préstamo” el charro-Senador lo mantuvo oculto a los trabajadores, nos venimos a enterar hasta que los medios lo dieron a conocer, cuáles eran las verdaderas intenciones del charro.
Ahí está otro caso de corrupción e impunidad a todas luces. Y ahí está Usted como autoridad, solapando, protegiendo y otorgándole impunidad a su secuaz.
¡¡¡Fuera Charros del STPRM!!!
Trabajadores petroleros en lucha por la democratización del STPRM.
Unidos venceremos.
Nombre del blog: petroleros (stprm)
Dirección electrónica: petroleros36.blogspot.com
Correo electrónico: petroleros36@gmail.com
P. Enrique Peña Nieto: te hago responsable de cualquier cosa que me pese en mi persona y en mis bienes.
c.c.p. al Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong.
Aarón Soledad Hernández Jarillo.
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