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EL BOTE.

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Termina bloqueo a la Autopista del Sol y la toma del Congreso de Guerrero

MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- El Movimiento Popular Guerrerense (MPG) liberó la Autopista del Sol y el Congreso del Estado a las 6:30 horas de este viernes, luego de mantener bloqueada la vía vehícular por alrededor de 18 horas y tomado el recinto legislativo por unas 15. De acuerdo con los dirigentes del movimiento se decidió concluir con los plantones para dar oportunidad a los diputados locales a que continúen con la discusión de la reforma a la Ley Estatal de Educación. El MPG anunciará hoy nuevas acciones de presión. El bloqueo a la Autopista del Sol comnezó ayer al mediodía y la toma del recinto legislativo alrededor de las 15 horas.

Noticiasconelbote *Investigarán a 'Jeniffer', ¿y a Calderón?*

Hoy hablo sobre lo dicho por el titular de la PGR Murillo Karam respecto a que, por orden de un juez, investigarán al testigo protegido estrella del sexenio de Calderón Jeniffer, a lo que penalistas dicen que sería pérdida de tiempo si no se investiga a Calderón, también hablo sobre las manifestaciones de hoy del MPG.

http://youtu.be/E1o45DHMcrI

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http://tiraderodelbote.blogspot.com/2013/04/noticiasconelbote-investigaran-jeniffer.html#.UXCuPprFjZ4.gmail

@elbote

Noticiasconelbote *Hipocresía del PAN por el Pacto por México*

http://youtu.be/BR16cJhv0BQ

Hoy hablo sobre el abandono del salón de plenos de la cámara de diputados por parte de panistas donde una diputada gritó "A ver quien les apoya su pacto" a priístas, también hablo del anuncio de Rosario Robles respecto a la destitución de funcionarios en Veracruz por evidencias de desvío de recursos en beneficio de candidatos del PRI.

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Reporteros Sin Fronteras exige a Peña protección para el periodista Jorge Carrasco

GLORIA LETICIA DÍAZ

MÉXICO, D.F., (proceso.com.mx).- Reporteros Sin Fronteras (RSF) demandó al gobierno de Enrique Peña Nieto protección para el periodista de la revista Proceso Jorge Carrasco, así como una explicación “a fondo” del gobierno de Veracruz sobre las amenazas a la integridad del reportero.

En un comunicado, la organización con sede en París, Francia, anuncia que se suma a la demanda de “las organizaciones mexicanas de defensa de la libertad de expresión para pedir que Jorge Carrasco goce, de forma urgente, del Mecanismo para la Protección de Periodistas, ahora en vigor”.

Proceso recibió información de la existencia de una plan para atentar contra la integridad de Carrasco, en el que estarían involucrados funcionarios y exfuncionarios del gobierno de Veracruz, como parte de una represalia por la cobertura que el reportero ha dado al asesinato de la corresponsal de este semanario, Regina Martínez, caso del que fue nombrado coadyuvante en las indagatorias judiciales.

Tras señalar que para RSF Veracruz es “uno de los diez lugares más peligrosos del planeta para los periodistas”, la organización de defensa de la libertad de expresión hace referencia a la desaparición del periodista Sergio Landa Rosado, que daba cobertura a la sección policíaca del diario Cardel, nombre de esa ciudad al norte del estado.

Según la información recibida por RSF “un mes antes de su desaparición el periodista había sido secuestrado por un grupo armado; después había sido liberado tras la intervención de las fuerzas del orden”.

Con este caso suman dos las desapariciones de periodistas ocurridas desde 2010 en Veracruz, donde hay un registro de nueve más asesinados desde entonces.

RSF puntualiza que “las autoridades de Veracruz deben ofrecer explicaciones de fondo sobre los graves hechos denunciados por la revista Proceso” y también están obligados a “hacer público el estado de las investigaciones concernientes a la desaparición de Sergio Landa Rosado”.

Toma Movimiento Popular Congreso de Guerrero y mantiene bloqueo en la Autopista del Sol

EZEQUIEL FLORES CONTRERAS


Integrantes del Movimiento Popular Guerrerense (MPG), bloquean el carril que conduce a Acapulco de la Autopista del Sol. Foto: Ezequiel Flores

CHILPANCINGO, Gro., (proceso.com.mx).- Además de mantener bloqueada la Autopista del Sol desde el mediodía, el Movimiento Popular Guerrerense (MPG) sitió el Congreso del Estado, en cuyo interior, además de personal administrativo se encuentran 17 diputados del PRD y uno del PT.

La protesta en contra de la reforma educativa del gobierno federal subió este jueves de tono, con la movilización de alrededor de 50 mil integrantes del MPG que cortaron la circulación en los cuatro carriles de la Autopista del Sol y que esta tarde tomaron el recinto legislativo “para comprobar que se esté discutiendo su propuesta de reforma educativa”.

Y en efecto, en la sede del Congreso no se encuentran los legisladores del PRI, PAN, PVEM, Panal y Movimiento Ciudadano.

A la protesta de este día se incorporaron maestros de Michoacán y Oaxaca. Igualmente, se han sumado miembros de las policías comunitarias, aunque en esta ocasión, desarmados.

Dirigentes advirtieron a los diputados locales, quienes revisan la propuesta alterna a la reforma oficial, que “una jugada más en contra del pueblo podría desembocar en un momento dado, en una ingobernabilidad en el estado de Guerrero”.

Por otro lado, diputados locales informaron que hasta el momento no hay dictamen sobre la iniciativa para reformar la ley estatal de Educación, situación que impide que el tema sea discutido en el pleno del Poder Legislativo local.

Lo anterior, debido a que sólo cuatro de 11 diputados integrantes de las comisiones de Educación y Presupuesto encargados de realizar el dictamen han avalado la propuesta elaborada por el magisterio disidente y presentada por la fracción perredista el martes 16.

Los diputados que aprobaron la iniciativa, considerada como contrarreforma educativa, son tres perredistas y la diputada de Movimiento Ciudadano, Laura Arizmendi.

El bloque opositor a la iniciativa elaborada por la CETEG, integrado mayoritariamente por representantes del PRI, PVEM, Nueva Alianza (Panal), MC y Acción Nacional es encabezado por el diputado Cristino Romero Sotelo, un expriista conocido por su talante reaccionario y proclividad a defender a ultranza a los gobernantes en turno, que arribó al Congreso por la vía plurinominal bajo las siglas del partido Movimiento Ciudadano.

Mediante un desplegado difundido esta mañana en medios locales, la dirigencia del MPG hizo un llamado a los diputados locales para aprobar las reformas a la ley estatal de Educación:

“Los diputados tienen otra oportunidad, votar y legislar en favor del pueblo, o anteponer sus intereses personales, de grupo y de partido en favor de los gobiernos estatal y federal, que están intentando quitar parte sustantiva de la iniciativa elaborada por el magisterio disidente y que es considerada como una contrarreforma educativa”.

Exigieron respeto a los acuerdos pactados con la fracción perredista y reiteraron su exhorto a los integrantes del resto de las fracciones y representaciones partidistas para que aprueben la propuesta “integra” de la iniciativa de decreto que se presentó en el pleno legislativo el martes pasado.

Luego, sentenciaron: “Señoras y señores diputados: una jugada más en contra del pueblo y el Movimiento Popular Guerrerense tendría graves consecuencias; significaría que se está agotando la paciencia y la vía para encauzar la protesta social y sus demandas; a través de los poderes Legislativo y Ejecutivo, y que pude desembocar en un momento dado, en una ingobernabilidad en el estado de Guerrero”.

En tanto que la capital guerrerense, nuevamente se encuentra sitiada por más de tres mil policías federales y estatales, dirigidos por el jefe de la Dirección General de Traslados y Apoyo Penitenciario de la Policía Federal (PF), José Luis Solís López –conocido como el comandante Espartaco–, y preparados con equipo antimotín y tanquetas equipadas con cañones lanza agua, vehículos aéreos no tripulados, conocidos como drones, y helicópteros, para disuadir posibles disturbios sociales.

Denuncian campesinos de Zongolica uso electoral por parte de candidatos

FERNANDO INÉS CARMONA

Zongolica, Ver.- Los indígenas de la sierra de Zongolica se dicen cansados de ser rehenes de los tiempos políticos. Anticipan de acciones de “rebeldía electoral” para exigir el cumplimiento de las promesas de campaña, a la vez exhiben a todos los partidos políticos por postular “a los candidatos de siempre”.

El dirigente del Movimiento Indígena Liberal, Autónomo y Popular de Zongolica (Milpa), Román Vázquez González, considera que los tiempos electorales sirven para que los políticos “utilicen a las comunidades indígenas y campesinas de la sierra de Zongolica como títeres de los partidos políticos”.

“Todos los aspirantes a un cargo de elección popular se aprovechan de la marginalidad en la que viven los indígenas de la zona, además del hambre que padecen las familias serranas para prometer hasta las perlas de la virgen, con tal de obtener los votos que los lleve al triunfo”.

Vázquez González señala que los candidatos de los partidos políticos “crean sus cotos de poder y hacen suyos los partidos para desde ahí crear o intentar crear una monarquía para heredar los cargos como sucede en todo el estado, incluso en los municipios indígenas, creo que eso no se vale”.

El dirigente social agrega que ahora que los partidos políticos presentan a sus candidatos, “nos damos cuenta que son los mismos de siempre, ¿acaso no hay nuevas generaciones de políticos? No me explico por qué siempre son los mismos políticos, declara.

Ejemplos, dijo, hay muchos, “ahí tenemos casos como los ex diputados, local y federal, Edgar Concejo, Bernardina Tequiliquihua Ajactle y Pedro Montalvo Gómez, quienes no aportaron nada productivo a esta zona serrana, sólo trabajaron para sus intereses personales y políticos”.

Los indígenas, expresa, “se deben sentir orgullosos de sus raíces, sin embargo, por las condiciones de vida en que se encuentran son presa fácil de los políticos que llegan a prometerles hasta lo imposible, con tal de obtener los votos que los coloque en un cargo de elección popular y cuando llegan, se olvidan de todo lo que prometieron, es más, hasta segregan a los indígenas, aun cuando lo hayan ayudado a ganar el proceso”.

Dichas condiciones, dice, no es novedad en la sierra, “de por sí han existido los caciques, pero antes imponían a sus amigos, incondicionales o conocidos en los cargos de elección popular y ellos tenían un control incluso sobre la Iglesia, pero ahora lo que intentan es dejar los cargos de elección popular a sus parientes, como si se tratara de una bolsa de trabajo”.

Y es que en la sierra de Zongolica hay casos palpables, por ejemplo, la diputada local Lilian Zepahua García es hija del empresario camionero Mario Zepahua Valencia, el único merecimiento de la legisladora, dice, es ser hija de un político priísta. Otro caso es el de Bernardina Tequiliquihua Ajactle, ex legisladora local y expresidenta del municipio de Los Reyes, quien ahora con el padrinazgo de la delegada de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Índígenas, CDI, Isabel Pérez Santos, competirá por la alcaldía de ese mismo municipio.

Casos como estos son recurrentes en la sierra, donde los indígenas siguen en la marginación, el olvido y el hambre.

Cherán: una lección de modernidad

Todavía implica una complicada tarea de reconstrucción política y social lo que sucedió la madrugada del 15 de abril de 2011 en Cherán

Gustavo Ogarrio

Todavía implica una complicada tarea de reconstrucción política y social lo que sucedió la madrugada del 15 de abril de 2011 en Cherán. Hay algo de enigma y mucho de certeza en las razones de la desesperación, el miedo y el hartazgo que llevó a una buena parte de la comunidad de Cherán a “levantarse” para impedir que sus bosques siguieran bajo el saqueo del crimen organizado con la abierta complicidad de las autoridades municipales. Todas y todos saben desde aquella madrugada, con certeza irrefutable, de la abierta alianza entre las entonces autoridades municipales, los talamontes y el crimen organizado.

En algunas interpretaciones se pone de manifiesto la definitiva intervención de mujeres y jóvenes en el “levantamiento”. Comuneros que abiertamente reconocen la decisión de las mujeres y de muchos jóvenes para enfrentar el saqueo y detener a los responsables no sólo de la tala inmoderada de sus bosques, también del arrasamiento mismo de la vida en Cherán. Se dice que el azar también puso lo suyo y lo que iba a ser una acción de autodefensa que tardaría dos días más, sucedió aquel 15 de abril de 2011; los acontecimientos se precipitaron por la inminente represalia que se tomaría en contra de la comunidad. Ninguna versión miente, ninguna trata de distorsionar la realidad, más bien, son versiones de un hecho múltiple, de un acontecimiento que tiene ya algo de mítico y que es ahora el momento del origen mismo de una lucha y una resistencia que recién cumple dos años. Una memoria colectiva de Cherán que guarda unidad incluso en la manera tan heterogénea en la que evoca este pasado reciente.

Cada recuerdo en Cherán de aquel 15 de abril de 2011 es al mismo tiempo personal y comunitario, cada quien le imprime sus propios miedos, deseos y una dimensión utópica que también anima una genuina política de autodefensa y de establecimiento de una paz sostenible, que no aspira a erradicar el conflicto sino a vivir con él y a controlarlo racionalmente a través de un gobierno comunitario, no punitivo sino de justicia restitutiva, reparadora del daño y no de castigo y suplicio carcelario. Ahora también se sabe que las raíces mismas de la autonomía en Cherán tienen un pasado remoto, una tradición política, social y cultural que, como toda tradición viva, aparece en los momentos de mayor peligro, como la apropiación de ese recuerdo que relampaguea en los instantes extremos y del que habla Walter Benjamin en sus tesis sobre la historia.

Lejanos están ya los días de abril de 2011 y en los que Cherán se volvía una noticia desinformada, descontextualizada, un lugar de turbulencia sobre el que opinadores, intelectuales de régimen y lectores de noticias volcaban todo su arsenal de discriminación y racismo, toda esa superstición de modernidad que dicta que el avance político de la sociedad sólo se encuentra en las experiencias urbanas o en los reflejos sordinos de un sistema político en franco estado de descomposición, y no en las lecciones que los pueblos indígenas han venido dando desde 1994. Lejanas parecen las horas iniciales de angustia y amenaza en las que Cherán recibía también el apoyo y la solidaridad nacional e internacional y dejaba de ser un pueblo hasta entonces desconocido, que supuestamente había decidido poner en tela de juicio el estado de derecho, para emprender el vertiginoso y minado camino que llevó a la comunidad a establecer una estrategia jurídica y política para hacer girar su autodefensa hacia los tribunales y exigir el reconocimiento de su autonomía y el pleno derecho a establecer un gobierno comunal.

Cherán demostró que el agotamiento del Estado mexicano, su incapacidad para garantizar la seguridad de la sociedad y evitar el crecimiento de la violencia, estaban articulados a la crisis de los partidos políticos como figuras de representación popular, y que la autonomía indígena era un recurso de organización política y jurídica cuya tradición significaba una verdadera alternativa ante la crisis de violencia. Por supuesto que los lenguajes de la autodefensa o de la autonomía son diferentes a la semántica del Estado. Su irrupción, si bien ha sido también legítima y jurídica, es ante todo una expresión que todavía no está tocada por el conformismo y el fatalismo de la política dominante, un lenguaje que plantea que es posible defenderse y sobrevivir en este contexto de violencia extrema mediante la organización; no hace una apología de la violencia, como muchas veces lo ha hecho el Estado en sus momentos de delirio militarista como el que se vivió con la presidencia de Felipe Calderón; la autodefensa y el camino jurídico de la autonomía y del gobierno comunal son en nuestros días respuestas genuinas de sobrevivencia ante el exterminio selectivo. La autodefensa legítima no es el comienzo de la violencia, no es el brote primero de una cadena de acciones armadas; es la consecuencia de una historia de atropellos, de aplastamiento de derechos individuales y colectivos básicos, de la indefensión ante situaciones de arrasamiento de una comunidad.

En el ensimismamiento que padece el Estado mexicano, ahora con el PRI, pero también anteriormente con el PAN como gobierno federal y con el PRD como gobierno estatal, Cherán no ha sido entendido como una urgente llamada de atención para replantear desde una perspectiva intercultural el proyecto nacional y estatal, cualquier cosa que esto signifique, o de reconsideración de una política de modernización económica y de crisis política que sólo beneficia y es funcional para un sector sumamente reducido de la sociedad. En 1994, el EZLN y las comunidades zapatistas dieron una lección de modernidad a la sociedad mexicana al patear el banquete de miserias salinistas que nos colocaban de un plumazo en un inexistente camino al Primer Mundo. Desde el 15 de abril de 2011, Cherán ha dado también una lección de legitimidad, legalidad, razón jurídica, organización y de gobierno comunitario en un contexto de extrema adversidad.

Presenta Comverdad 214 testimonios de la guerra sucia en su segundo informe

Informa González Ruiz de las operaciones Telaraña y Caza Conejo que emprendió el Ejército

MARGENA DE LA O ( )

Chilpancingo, 17 de abril. La Comisión de la Verdad (Comverdad) presentó su segundo informe de trabajo, en el que constan 214 testimonios de familiares de víctimas y de sobrevivientes de desaparición forzada y 79 casos en análisis de personas detenidas en retenes militares en la entidad de 1969 a 1979, etapa de la llamada guerra sucia.

Los miembros de la Comverdad dieron el informe en un formato distinto al acostumbrado: citaron a una conferencia de prensa en una de las salas de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum) para dar detalles del trabajo que han desarrollado.

Denunciaron también que son hostigados por “gente extraña” en el quehacer del encargo.

El presidente de la Comverdad, Enrique González Ruiz, leyó un documento con el resumen de sus resultados; por ejemplo, dijo que han documentado casos de desplazamiento forzado de familias y de comunidades enteras, como en Rincón de las Parotas, Altos del Camarón y localidades arrasadas por el Ejército, como el de El Portero o Valle Florido, en el municipio de Acapulco.

Recordó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) investigó 532 casos en un periodo de diez años, de los cuales 332 corresponden a Guerrero. “En un año de trabajo de la Comverdad se llevan recabados 214 testimonios tanto de familiares como de sobrevivientes, en 66 localidades”, mencionó.

También “se están analizando todos los esfuerzos para hacer posible que en el mes de mayo del presente año se concluyan las visitas en las 18 rutas planteadas por la Comverdad”.

Investigación

Como resultado del trabajo de investigación de la Comverdad, concluyeron que la digitalización de todas las versiones públicas disponibles de la galería 1, en el Archivo General de la Nación (AGN), respecto de organizaciones, personas o eventos relacionados con el periodo de trabajo de la comisión, cerró con 5 mil 971 fojas que están analizando.

De la etapa de la investigación documental planificada de enero a junio de 2013, reportaron: “En el AGN se ha abierto toda la documentación a la Comverdad, incluyendo el acervo de la galería uno de acceso restringido al público, excepto el acto de la PGR. Diversos materiales o documentos no han llegado completos al AGN; han sido censurados, se han encontrado hojas sin secuencia, repetidas, con diversos folios. En esta etapa se han acumulado más de 13 mil documentos fotografiados”.

González Ruiz dio detalles también de la Operación Telaraña, que ejecutó el entonces titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Hermenegildo Cuenca Adame: “movilizó contra los insurgentes por lo menos 3 mil 12 soldados de tropa, 87 oficiales, 23 jefes, aglutinados en 107 partidas militares y un general, y un número indeterminado de Defensas Rurales, tres helicópteros de la PGR”. La Operación Telaraña comenzó el 30 de abril de 1971 y finalizó a las 6 horas del 16 de julio del mismo año con la Operación Caza Conejo.

EXIGE FUNDALEX GARANTÍAS PARA JORGE CARRASCO ARÁIZAGA

* Solicita al Gobierno de Veracruz evitar que las investigaciones sobre presuntas amenazas a su integridad física y legal se conviertan en una forma de intimidación hacia el ejercicio periodístico del reportero

México, D. F., a 18 de abril de 2013

La Fundación para la Libertad de Expresión se hace eco de la denuncia pública realizada por la Revista Proceso en torno a las presuntas amenazas a la integridad física y legal del periodista Jorge Carrasco Aráizaga y a la respuesta del Gobierno de Veracruz, a lo que declara:

a) Que el territorio veracruzano es una región donde el ejercicio de la libertad de expresión está totalmente desprotegido por el Gobierno de Veracruz. El asesinato de nueve periodistas, la desaparición de tres y la salida de una treintena de ellos en los últimos 30 meses, así lo demuestran.

b) Ha quedado demostrado en recientes incidentes que el Gobierno de Veracruz, a través de sus funcionarios, no sólo amenaza la libertad de expresión con el continuo hostigamiento hacia los periodistas, sino que también los criminaliza como una forma de inhibir el ejercicio periodístico.

c) Sobre el caso del reportero Jorge Carrasco Aráizaga, denunciado por la empresa para la que labora y a la que prestaba sus servicios Regina Martínez, asesinada el 28 de abril del año pasado, solicitamos al Gobierno de Veracruz:

1. Realizar las investigaciones correspondientes dentro del marco de la legalidad y en estricto apego a la ley.

2. Evitar que las investigaciones se conviertan en una forma de intimidación hacia el ejercicio periodístico del reportero, así como el de sus compañeros del semanario Proceso y de los reporteros en general.

La Fundación para la Libertad de Expresión (Fundalex) , recuerda cómo los pueblos que han respetado y consolidado la libertad de expresión, hoy figuran en los primeros lugares de desarrollo humano según Naciones Unidas, mientras los pueblos más violentos y con altos niveles de pobreza son aquellos donde la libertad de expresión ha tenido una muy escasa adhesión, conocimiento y respeto.

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Boletín de prensa: Jornada de lucha por la Educación pública y gratuita - invitación a marcha 19/abril 14:00 Parque hundido-CU

Las diversas reformas realizadas al Artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley General de Educación, así como la propuesta conocida como de los “12 puntos” para el Colegio de Ciencias y Humanidades han sido impuestas por las autoridades, no sólo ignorando la voz de los estudiantes y académicos, sino incluso, simulando diálogos con la comunidad estudiantil y académica.

Estas contra reformas representan en la práctica, más allá del bonito discurso de las autoridades, la destrucción de los proyectos educativos como el del CCH, que se caracterizaban por destacar la formación crítica y humanista, y al mismo tiempo que destruye estos proyectos, construye y consolida un proyecto cuya base es, no podemos llamarla formación, la simple instrucción y capacitación técnica, nuestro Pueblo necesita hombres y mujeres que piensen, no esclavos de las máquinas y este último es el objetivo del Estado mexicano y del candil de la calle, pero obscuridad de sí misma, nuestra alma mater, la UNAM.

La comunidad estudiantil y académica que de manera organizada hemos planteado esta posición ante las autoridades competentes, no sólo hemos encontrado oídos sordos, diálogos simulados y peroratas de supuesta legalidad, sino que cuando ejercemos el derecho a la protesta para hacernos oír, hemos sido criminalizados, judicializados, sancionados e incluso expulsados provisionalmente y en muchos casos definitivamente, usando “el imperio de la ley” como una herramienta política para intentar acallarnos y que la comunidad universitaria tampoco nos escuche.

No bastan los castigos académicos y legales, también denunciamos el uso de un grupo cuasi paramilitar al servicio de las autoridades universitarias que disfrazados de trabajadores y funcionarios, nos han golpeado, nos han taloneado (asaltado), nos humillan, acosan sexualmente a nuestras compañeras, muchas de ellas menores de edad, se burlan de nuestra forma de vestir y abusan de ese poder que la Institución que habla de democracia les ha otorgado de manera impune, el único objetivo es inhibir nuestros derechos de reunión, asociación, libre expresión y manifestación, con lo que no estamos de acuerdo de las autoridades, la corrupción, la violencia, la imposición, la vigilancia y control excesivo, las violaciones a los derechos humanos que cometen en contra nuestra, en contra de la comunidad universitaria, en contra de nuestro pueblo.

Frente a este contexto decidimos de manera coordinada, realizar una JORNADA DE LUCHA POR LA EDUCACIÓN PÚBLICA Y GRATUITA con las siguientes demandas:

Reinstalación de los 5 estudiantes expulsados por motivos políticos del CCH Naucalpan.

Justicia para Mayra Valenzuela por el intento de ejecución extrajudicial sufrido a manos de porros en contubernio con autoridades de la UNAM el 7 de mayo del 2004.

No a la propuesta de los 12 puntos de contrarreformas en los CCHs (Ahora 8 puntos).

Desaparición del anticonstitucional Tribunal Universitario.

No a la criminalización de la protesta social.

Derogación del protocolo de actuación policial de la SSP del DF para el control de multitudes ya que viola El artículo primero de la Constitución Mexicana y el Derecho Humano a la protesta social.

Y los invitamos a las siguientes actividades

Marcha el 19 de abril de 2013 a las 14 horas del Parque Hundido a la Rectoría de Ciudad Universitaria con mitin y plantón en la Rectoría hasta la resolución de las demandas.

Foros informativos en CCHs, Preparatorias y Facultades de la UNAM que se están realizando desde el 4 y que culminaran el 24 de abril.

Encuentro Estudiantil el 24 de abril de las 10: 00 horas a las 20:00 horas en el Auditorio Che Guevara de Ciudad Universitaria

Le decimos a la autoridad universitaria que no resolverá la problemática que actualmente vivimos en la UNAM, con la política del garrote y la zanahoria, para ser más claros, con el uso faccioso del anticonstitucional Tribunal Universitario (a imagen y semejanza del fuero militar) y la simulación de diálogo.

Para reparar el tejido social en las comunidades que conforman los CCH’s es necesario que la autoridad tenga no sólo la voluntad, sino la iniciativa de investigar y sancionar y si es el caso denunciar penalmente a aquellos funcionarios y trabajadores que han lastimado a cualquier miembro de la comunidad estudiantil y académica, no sólo los que somos críticos, además le recordamos que muchos estudiantes son menores de edad y eso nunca ha impedido o frenado a la mafia que vive del presupuesto universitario.

Aclaramos que nosotros, en todo momento, fieles al espíritu universitario hemos defendido y seguiremos defendiendo a nuestra querida Universidad Nacional Autónoma de México y a su objetivo principal, una educación pública y gratuita, con un sentido humanista y al servicio de nuestro pueblo.

Mañana a partir de las 14:00 marcharemos, ejerciendo nuestro derecho a la protesta, orillados por la cerrazón de nuestras autoridades.

Sabemos de antemano que intentarán “protegernos” aplicándonos el protocolo de represión contra la protesta social de la Secretaría de Seguridad Pública del DF o cómo le hayan nombrado, por lo cual y ante el uso excesivo de la fuerza que ha caracterizado a este gobierno proderechista de Miguel Ángel Mancera Espinosa, lo hacemos directamente responsable de cualquier acto de represión que sea ejercido en contra de los manifestantes y de periodistas y defensores de derechos humanos que ejerciendo su derecho a defender los derechos humanos nos acompañarán.

POR UNA EDUCACIÓN PÚBLICA Y GRATUITA

“Defendamos la Educación hoy y para las futuras generaciones.”

Asamblea Universitaria de Académicos

Estudiantes expulsados de CCH Naucalpan

Coordinadora de CCH´s

Brigada Estudiantil Multidisciplinaria

México: Ataque a medio de comunicación debe ser investigado y los responsables llevados ante la justicia.

Durante la madrugada del día de ayer 17 de abril en la ciudad de Guadalajara, la sede del diario “Mural”, perteneciente al grupo Reforma, fue atacada con dos explosivos, que provocaron daños al exterior del edificio.

El pasado 6 de marzo las instalaciones del “Diario de Juárez” y de “Canal 44” ubicadas en Chihuahua fueron también atacadas. En los últimos años otros medios de comunicación y periodistas en diferentes estados han sido objeto a ataques de esta naturaleza.

Amnistía Internacional considera que estos ataques tienen como objetivo intimidar a los medios de comunicación e influir sobre la cobertura que realizan. Por lo tanto deben considerarse como un intento de limitar el ejercicio de la libertad de expresión.

Amnistía Internacional llama a las autoridades a que se aseguren de que las investigaciones que se conduzcan sean eficaces e imparciales, que los resultados de estas investigaciones sean hechos públicos y que las personas responsables de esta agresión rindan cuentas ante la justicia.

Así mismo, la organización hace un llamado a las autoridades estatales y federales a garantizar las medidas de seguridad que las y los periodistas requieran, de conformidad con su voluntad, para asegurar que quienes colaboran con estos medios puedan continuar haciendo su trabajo sin temor a ser víctimas de represalias.

Información adicional.

En los últimos años México se ha convertido en uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, como lo reconocen numerosas organizaciones internacionales.

En 2012, el Legislativo mexicano aprobó por unanimidad la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que fue firmada por el presidente. El proceso de aplicación de esta ley ya ha comenzado, e incluye la participación directa de representantes de la sociedad civil.

Sin embargo, es fundamental que los Estados que todavía no han firmado los convenios de colaboración para poner en marcha el Mecanismo de Protección lo hagan cuanto antes, y que la Secretaría de Gobernación garantice su plena implementación incluyendo las previsiones para prevenir los ataques a personas defensoras de derechos humanos y periodistas. También es necesario que las autoridades de todos los niveles tomen todas las medidas necesarias para prevenir, investigar y castigar este tipo de agresiones.

Edgar te necesita para salir del corredor de la muerte.

Estimada, estimado,

La pena de muerte jamás podrá ser justa. Permitir la pena de muerte es institucionalizar el asesinato.

Edgar Tamayo es un ciudadano mexicano que lleva ya 18 años en el corredor de la muerte en Texas y en cualquier momento podría anunciarse la fecha para su ejecución. Durante su proceso no se respetó su derecho a contar con una asistencia legal adecuada, al negársele en la práctica el derecho a pedir asistencia consular.

Edgar fue juzgado y condenado por un sistema penal que no entendía, y que se caracteriza por la aplicación discriminatoria de la pena de muerte contra personas pertenecientes a minorías, sin poder contar con el auxilio de su país como sí recogen las normas internacionales. Dos tercios de las personas condenadas a muerte en Texas pertenecen a minorías, y de ellas la mitad son hispanas.

Ante esto, la Corte Internacional de Justicia, ordenó a Estados Unidos revisar su caso antes de proceder a cumplir la sentencia, pero la Corte Suprema se negó a hacerlo y ahora Edgar podría ser el próximo mexicano ejecutado en los EEUU, a pesar de tener una sentencia internacional que lo protege.

La pena de muerte es una violación completa de los derechos humanos. Su aplicación es inaceptable, y más si la persona condenada no tuvo acceso a un juicio justo. Este castigo no solo es cruel sino absurdo. Ya firmaste contra la pena de muerte en Estados Unidos. Por eso te pedimos que nos ayudes a exigir que se conmute la pena de Edgar y se revise su caso. 

Actúa ahora en: http://alzatuvoz.org/edgar/

actúa ya

Gracias,

El equipo de Amnistía Internacional México

Noticiasconelbote *A pesar de violar derechos, para el PRI y el PAN, que siga el arraigo*

http://youtu.be/U13AUwdOzv8

Hoy hablo sobre la orden de liberar al general Tomás Alvarez y también sobre como, a pesar de que la figura del arraigo viola la libertad personal, la legalidad, el debido proceso, la seguridad jurídica, la presunción de inocencia y está en contra de los tratados internacionales suscritos por México y ratificados por el Senado de la República, entre estos la convención americana sobre derechos humanos, para el PRI y el PAN en la comisión de puntos constitucionales debe seguir aunque de manera acotada, también sobre la determinación de que AMLO no trianguló recursos.

Solo da clìck en el siguiente link y comparte este videocomentario en tu e-mail y redes sociales.

http://tiraderodelbote.blogspot.com/2013/04/noticiasconelbote-pesar-de-violar.html#.UW-HJO5o8k8.gmail

Gracias por tu preferencia y apoyo.

@elbote

Visitará México el relator especial de la ONU en ejecuciones arbitrarias

GLORIA LETICIA DÍAZ

MÉXICO, D.F., (apro).- La Organización de las Naciones Unidas (ONU) anunció la visita a México del relator especial sobre Ejecuciones Arbitrarias, Christof Heyns, con el objetivo de “recopilar información y analizar los desafíos y oportunidades para una mejor protección del derecho a la vida”.

La visita del experto independiente de la ONU –del 22 de abril al 2 de mayo– ocurre después de que en 2009 su antecesor, Phillip Alston, hizo públicas las reticencias del gobierno de Felipe Calderón para que realizara una gira de trabajo a México, en momentos en que la “guerra contra el narcotráfico” estaba en su apogeo.

En declaraciones a la agencia DPA en Nueva York, el 27 de octubre de 2009, Alston dijo que a la petición de acudir a México para documentar la violencia, el gobierno de Calderón respondió que la autorización para ingresar al país se le daría a partir de 2011. “Pero mi mandato termina en 2010, usted puede sacar sus propias conclusiones”, puntualizó en esa ocasión.

La revelación de Alston provocó la protesta de organizaciones civiles en México, que exigieron al gobierno panista ser congruente con la política oficial de apertura a los mecanismos de derechos humanos de la ONU.

Posponer la visita “significaría negar la magnitud de la problemática y retrasar la implementación de medidas que contribuyan a garantizar la plena vigencia de los derechos humanos en nuestro país”, señalaron en un comunicado el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Fundar y la Red de Organizaciones Civiles Todos los Derechos para Todas y Todos.

Al dejar Calderón la presidencia, se concretó la visita oficial de Heyns, actual representante de la Relatoría Especial, que forma parte del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

De acuerdo con la ONU, la última visita de un relator sobre Ejecuciones Arbitrarias a nuestro país ocurrió en 1999, cuando Asma Jahir era la experta encargada de las investigaciones del organismo.

En un comunicado difundido este miércoles, Heyns declaró que en su visita a México dedicará “especial atención a los programas gubernamentales destinados a todas las personas, en particular a los grupos vulnerables, tales como mujeres, niños y niñas, migrantes, periodistas y defensores de derechos humanos”, y también evaluará las medidas de protección para las víctimas, testigos y familiares.

Uno de los objetivos de Heyns durante su gira de trabajo, apuntó la ONU, es colaborar “con las autoridades para identificar los principales obstáculos que impiden la rendición de cuentas en casos de ejecuciones extrajudiciales y amenazas de muerte”.

Además del Distrito Federal, el relator visitará los estados de Chihuahua, Guerrero y Nuevo León, donde se reunirá con autoridades de los gobiernos federal y estatal, organizaciones de la sociedad civil, víctimas y testigos, y con representantes del Sistema de Naciones Unidas.

De acuerdo con el comunicado, el informe final de la visita a México se dará a conocer durante la sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en 2014.

Atentan contra las instalaciones del periódico Mural, de Grupo Reforma

ALBERTO OSORIO MÉNDEZ

   

Una de las imágenes de las cámaras que captaron la agresión. Foto: Tomada de Mural 

GUADALAJARA, Jal., (proceso.com.mx).- Dos artefactos explosivos fueron arrojados a las instalaciones del diario Mural, de Guadalajara, ubicadas en el cruce de las avenidas López Mateos y Mariano Otero, según informaron las autoridades del municipio de Zapopan.

El rotativo confirmó el atentado a través de redes sociales y notificó que uno de los explosivos fue lanzado a la entrada ubicada sobre la avenida Mariano Otero, mientras que el otro artefacto detonó sobre la entrada de López Mateos, con una diferencia de escasos siete segundos.

“Uno de los estallidos ocurrió a un costado de la puerta principal ubicada por la avenida Mariano Otero, misma que registra daños leves, como una perforación de unos dos centímetros de profundidad”, según la información difundida por ese diario perteneciente al Grupo Reforma.

“La otra explosión fue cerca del ingreso al estacionamiento de empleados, ubicado por la avenida López Mateos”.

El hecho ocurrió a las tres de la madrugada con 20 minutos, aunque los detalles fueron publicados por el periódico (en su página en internet) hasta las siete treinta de la mañana.

Las autoridades policíacas descartaron la existencia de heridos o víctimas fatales, aunque reconocieron daños menores en muros y puertas de ese periódico.

Según la información brindada por el propio rotativo se trata de la primera agresión en 14 años de existencia.

“Infundada” la versión de Proceso: Procurador de Veracruz

MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- La Procuraduría General de Justicia de Veracruz calificó de “infundada” la información difundida por la revista Proceso respecto a las amenazas recibidas por el reportero Jorge Carrasco a raíz de la cobertura periodística y la coadyuvancia en las investigaciones ministeriales que ha llevado a cabo sobre el asesinato de nuestra corresponsal Regina Martínez Pérez.

De acuerdo con el escrito enviado al semanario la medianoche del martes y que firma el procurador Felipe Amadeo Flores Espinosa, se invita “a la revista y a su equipo” presenten ante las autoridades correspondientes “los elementos que sustenten sus señalamientos”.

El comunicado de Proceso destaca que ha recibido información sobre la presunta intención de funcionarios y exfuncionarios del estado de Veracruz de atentar contra la integridad personal del reportero Jorge Carrasco.

A continuación se reproduce la carta íntegra del procurador.

Lic. Rafael Rodríguez Castañeda

Director de la Revista proceso

Lic. Julio Scherer García

Consejo de Administración

El día de hoy la Revista proceso, a través de su edición en línea, publica una nota intitutlada “Amenazas contra el reprotero Jorge Carrasco” en donde se plantea que han recibido informes sobre supuestos planes y amenazas en contra del comunicador.

En el Gobierno de Veracruz rechazamos tajantemente estas acusaciones infundadas y teiteramos nuestro compromiso con el cabal cumplimiento del Estado de Derecho y con el libre ejercicio de la profesión del periodismo y el pleno respeto al derecho a la información y a la libertad de expresión.

Ante acusaciones tan serias, invitamos a la revista y a su equipo que si cuentan con elementos que sustenten sus señalamientos, los presenten de manera inmediata ante las autoridades correspondientes para que pueda seguirse el debido proceso, y de ser el caso, se finquen responsabilidaes.

Atentamente

Felipe Amadeo Flores Espinosa

Procurador General de Justicia del Estado de Veracruz

Artículo 19 exige “medidas de protección” para Carrasco y Proceso

MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- La organización Artículo 19 urgió a la Secretaría de Gobernación a proteger la integridad del periodista Jorge Carrasco a través de su mecanismo de protección, después de que este semanario dio a conocer la presunta intención de funcionarios y exfuncionarios del estado de Veracruz de atentar contra el periodista.

“ARTICLE 19 solicita de manera enfática al Mecanismo de Protección encabezado por la Secretaría de Gobernación para que el caso sea atendido como un caso de riesgo extraordinario y que las medidas sean extendidas para la familia del periodista, así como para el resto del equipo que labora en la revista Proceso”.

Después del asesinato de la reportera Regina Martínez, el 28 de abril de 2012, Jorge Carrasco fue nombrado como responsable de dar seguimiento a las investigaciones en representación de la revista Proceso.

La investigación de Carrasco, dice la organización, “ha venido aportando un cúmulo de pruebas que de haber sido investigadas por las autoridades veracruzanas, la línea de investigación que vincularía el asesinato de Martínez con su trabajo periodístico pudiera haber resultado fortalecida”.

A través de un comunicado publicado en su página web, la organización señala que “Carrasco está tomando todas las medidas necesarias para salvaguardar su integridad física y la su familia. Al mismo tiempo que reiteró su compromiso con la búsqueda de justicia en caso de su colega Regina Martínez”.

En la edición 1902 de la revista Proceso, el reportaje titulado “Una sentencia encubridora”, Carrasco da cuenta de las limitaciones en la investigación, recién cerrada, en contra de Jorge Hernández Silva, así como el poco rigor en el manejo de pruebas y evidencia en el proceso penal.

De acuerdo con Artículo 19, el arranque del sexenio de Enrique Peña Nieto ha sido uno de los periodos más violentos para la prensa desde el año 2000, pues en tres meses se han contabilizado cinco secuestros a trabajadores de medios, cuatro ataques a instalaciones periodísticas y un comunicador asesinado.

Lamenta Lydia Cacho que persista control de Yunes Linares en el PAN

“INCREÍBLE QUE AHORA ESTE SEÑOR INSISTA EN REGRESAR AL PODER. LOS AMIGOS DE VERACRUZ NO PUEDEN PERMITIR QUE ESTE PERSONAJE SIGA LLENANDO DE HORROR LA VIDA DE MUCHOS NIÑOS Y ENGROSANDO SUS CUENTAS DE BANCO”, DIJO LA PERIODISTA, ESCRITORA Y ACTIVISTA LYDIA CACHO EN SU MURO DE FACEBOOK, SOBRE LA VICTORIA DE ASPIRANTES A CANDIDATURAS AFINES AL EX PRIÍSTA MIGUEL ÁNGEL YUNES LINARES ¦ FOTO ESPECIAL

La periodista Lydia Cacho deploró los resultados de la elección interna del Partido Acción Nacional (PAN) en la que Miguel Ángel Yunes Márquez y otros políticos allegados fueron nombrados candidatos a cargos de elección popular. A través de su muro de la red social Facebook, la también escritora y activista criticó que Miguel Ángel Yunes Linares (padre de Yunes Márquez) tenga control político en Veracruz.

“Increíble que ahora este señor insista en regresar al poder. Los amigos de Veracruz no pueden permitir que este personaje siga llenando de horror la vida de muchos niños y engrosando sus cuentas de banco”, señaló.

Lydia Cacho incluyó a Yunes Linares entre una red de pederastia que presuntamente operaba en el sur del país, en su libro Los Demonios del Edén, publicado en 2005. En ese libro, Lydia Cacho narró testimonios de menores de edad víctimas de abuso sexual y revela nombres de personajes con poder dentro del mundo empresarial y político.

En su publicación, la escritoria compartió la liga a una nota publicada en un medio de comunicación local donde se informa del triunfo de Miguel Ángel Yunes Márquez en la elección interna del candidato del PAN a la alcaldía de Boca del Río.

Junto con Yunes Márquez, ganó la candidatura de ese partido a la alcaldía de Veracruz Rafael Acosta Croda, quien tiene el apoyo en abierto de la familia Yunes.

Defenderá a maestros la Policía Comunitaria: Crac

MARGENA DE LA O

Chilpancingo, 17 de abril. El promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (Crac) en Tixtla, Gonzalo Molina González, advirtió que si continúan las acciones contra el magisterio, la Policía Comunitaria actuará para defenderlo.

Precisó que la detención de los cuatro policías municipales, por parte de la Policía Comunitaria de Acatempa ayer (lunes), tiene que ver con la detención del maestro Leocadio Ávila Palacios.

Molina González fijó un pronunciamiento en el mitin que realizaron los maestros cetegistas después de la marcha de hoy, y precisó que ayer por la tarde detuvieron a cuatro policías municipales de Tixtla "por violar la Ley 701, al detener a un profesor de la Ceteg, por eso la Policía Comunitaria de Acatempa los detuvo".

Rechazó que la detención de los policías municipales fuera para intercambiar la liberación del maestro, "nosotros sostuvimos y dijimos que el profesor no había cometido ningún delito, ninguna falta, que quienes habían cometido el delito eran sus policías".

Aclaró que respetaron la decisión del profesor de liberarlos, porque su intención era llevar el caso ante el Ministerio Público.

Dijo que estarán pendientes del seguimiento que le den a los policías que, aseguró, golpearon al maestro al detenerlo.

"No vamos a permitir más agravio a nuestro pueblo, por eso le pedimos a todos ustedes, maestros, estudiantes, que donde quiera que se encuentren la obligación de ustedes es hacer policías comunitarias y construir el poder de los pueblos, y que avancemos en todos lo sentidos para lograr que nuestros pueblos se desarrollen en la educación, salud y seguridad. Es tarea de todos nosotros que desde ahorita no sólo estemos contestando al gobierno, sino que actuemos si queremos una educación; ¡hagámoslo! No tenemos por qué estar pidiendo permiso al gobierno para impulsar un proyecto alternativo de educación", mencionó.

“Ni amenazas, ni descuentos, nos van parar”, claman maestros

Exigen a los diputados aprobar una “evaluación justa” y no afectar sus derechos laborales

HÉCTOR BRISEÑO

Aproximadamente 500 profesores integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (Ceteg) marcharon por la Costera de Acapulco para mostrar su rechazo a la reforma educativa y exigir que las propuestas presentadas por el magisterio disidentes sean tomadas en cuenta.

La movilización abarcó los cuatro carriles de la avenida Miguel Alemán, salió aproximadamente a las 10:20 horas desde la Delegación de los Servicios Educativos de la región Acapulco-Coyuca de Benítez de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), a unos metros de la glorieta de la Diana, con dirección al zócalo porteño, avanzando de manera fluida, aunque en ciertos momentos los inconformes detenían el paso para reorganizarse.

En la movilización participaron estudiantes normalistas de la Escuela Superior de Educación Física, con sede en Acapulco, quienes encabezaron el contingente lanzando consignas contra las autoridades.

Algunas de las exclamaciones fueron: “¡¿Qué gobierno es el peor?!, ¡el de Aguirre, sí señor!”; “¡Siempre que marchamos, la gente nos pregunta, quiénes son ustedes, nosotros contestamos, normalistas sí señor!”; “Esta marcha no es de fiesta, es de lucha y de protesta”; “Ni amenazas, ni descuentos, pararán el movimiento”.

En la movilización también participaron profesores de diversas colonias de Acapulco de nivel prescolar, primaria, secundaria y educación escolar.

Durante la caminata, la Ceteg convocó a la megamarcha que se realizará el jueves entrante en Chilpancingo.

La comisionada de prensa de la Ceteg en Acapulco, Ana Elena Abarca Ramírez, expresó que “el objetivo de esta marcha es mandar el mensaje a los diputados que los maestros seguimos aquí luchando”. Enfatizó que “seguiremos en defensa de los derechos laborales de los maestros, exigiendo una evaluación justa, de acuerdo con los contextos de cada región, así como las plazas para los estudiantes normalistas”.

Abundó que en cada región se están efectuando diversas acciones de protesta como medida de presión.

Prudencia - Columna semanal de Sergio Aguayo

A la memoria del profesor Aristide Zolberg colega de la New School y amigo de vida.

Con el conflicto de la reforma educativa reaparece la tentación de la violencia para dirimir diferencias.

La reforma aborda un gran problema nacional pero tiene como trasfondo el intento de Enrique Peña Nieto y sus aliados por lograr un Estado eficaz, restaurando la rectoría del Estado y fortaleciendo la Presidencia. Los maestros de la Coordinadora se rebelan contra reforma y trasfondo, y en Guerrero suma amplios sectores del México marginado y golpeado por la delincuencia. Adopto deliberadamente un tono prudente para opinar sobre algunos puntos del diferendo. La evaluación y la permanencia. La reforma educativa sí condiciona la obtención de una plaza y la permanencia a mecanismos de evaluación independientes. La Coordinadora lucha por mantener el sistema actual creando instituciones locales. No comparto esta posición de la Coordinadora pero reconozco que son discriminados porque la reforma privilegia a las universidades públicas en donde la evaluación no afecta la permanencia. ¿Por qué no incluirlas en la exigencia de calidad educativa?

La privatización. Me convencieron las tesis críticas de la Coordinadora sobre una posible "privatización". A lo que ellos se refieren es que será posible institucionalizar las cuotas "bajo el liderazgo del director". Las cuotas van, argumentan, contra la gratuidad de la educación y sí importan en zonas de extrema pobreza.

La descentralización y la autonomía generan energías positivas y negativas como lo demuestran los claroscuros en estados y municipios. En México hay una cultura de la corrupción y el abuso y, de no corregirse en la ley reglamentaria, ese párrafo de la reforma podría legitimar abusos de directores en aras de la autonomía.

El conflicto trasciende el aula. También es una batalla política sobre la distribución del poder y el tipo de país que queremos. Los maestros se consideran representantes del pueblo marginado, y una parte de éste los apoya en Guerrero. Dada la amplitud de sus objetivos la Coordinadora quiere ser una interlocutora nacional respetada, y rechaza las "campañas mediáticas" en su contra. Si quieren apoyo de sectores más moderados, les haría bien una reflexión sobre sus métodos de lucha y una dosis de autocrítica.

Me resulta inaceptable su profundo menosprecio a los afectados por sus bloqueos. Algunos maestros parecieran disfrutar inmovilizando a miles de personas durante varias horas. Olvidan que una sociedad democrática exige conciliar permanentemente derechos diferentes. Las libertades de expresión y tránsito deben compatibilizarse.

Nuestros niños merecen una educación de calidad. La Coordinadora dice que ellos saben cómo lograrlo. Difícil creerles cuando uno observa lo que pasa en Oaxaca donde controlan la mayoría de los cargos directivos del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), gracias a un acuerdo firmado el 28 de octubre de 1992 por el entonces gobernador Heladio Ramírez con el sindicato magisterial. No han entregado buenos resultados y cargan con la contradicción de ser juez y parte.

El dilema de Peña Nieto. El Presidente será decisivo en la evolución del conflicto. En mayo de 2006 era gobernador del Estado de México y autorizó la represión en Atenco: dos muertos, centenares de heridos y detenidos y docenas de mujeres vejadas y violadas. Seis años después se lo reprocharon los estudiantes de la Universidad Iberoamericana y asumió la responsabilidad: "Tomé la decisión", dijo, de ejercer el "legítimo derecho que tiene el Estado mexicano para [utilizar] la fuerza pública". Después del escándalo de ese día sus seguidores políticos y mediáticos descalificaron a los estudiantes y de ahí surgió el movimiento #YoSoy132 que costó a Peña Nieto millones de votos.

A la sociedad mexicana no le gusta que el gobierno reprima. En 1968, las mayorías capitalinas estaban en desacuerdo con los estudiantes pero, según unas encuestas que mandó a hacer Gobernación en el Distrito Federal, reprimir el 2 de octubre le valió a Gustavo Díaz Ordaz 50 puntos menos de aprobación. Peña Nieto es un político pragmático que va haciendo correcciones para preservar su imagen y conseguir sus fines. En marzo de este año su gobierno pidió formalmente disculpas a las víctimas de Atenco en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizada en Washington. Las afectadas rechazaron las disculpas porque sigue sin castigarse a los responsables.

Cuando los ánimos se calientan es fácil dejar que corra la adrenalina y se intente eliminar al contrario. Hasta ahora sólo hay intercambio de "mentadas de madre", descalificaciones y bloqueos. Es una situación potencialmente delicada en la cual debe recordarse la importancia de mantener el consenso en torno a los métodos pacíficos. Como parece que será un conflicto largo, me propongo participar con más información y pocos adjetivos. La difícil pero necesaria prudencia.

Colaboró Paulina Arriaga Carrasco.

Brasil: La masacre de Carajás y el pacto del latifundio con el poder judicial

João Pedro Stedile

ALAI AMLATINA, 17/04/2013.- Una marcha pacífica con más de mil trabajadores rurales organizados por el MST recorría una carretera que une Parauapebas con Marabá el 17 de abril de 1996. Fueron emboscados por dos batallones de la Policía Militar, en una localidad conocida como Curva de la S, en el municipio de Eldorado de Carajás. Un batallón salió de Parauapebas y otro de Marabá, apoyados por camiones, que trancaron la carretera por los dos lados.

Así comenzó una masacre premeditada, ejecutada para dar una lección a aquellos "vagabundos venidos del Maranhão", como expresaron los policías en los autos de los procesos. Los policías salieron de los cuarteles sin identificación en el uniforme, con armamento pesado y balas verdaderas. El comando de Marabá dio aviso al Auxilio Inmediato y al Instituto Médico Legal (IML) para que estén de servicio…

El juicio demostró que, además de las órdenes explícitas de Paulo Sette Cámara, secretario de seguridad del gobierno tucano de Almir Gabriel, la empresa Vale do Rio Doce financió la operación, cubriendo todos los gastos, porque la protesta de los sin-tierra en la carretera interrumpía la circulación de sus camiones.

El resultado fue 19 muertos en el acto, sin derecho a defensa, 65 heridos incapacitados para el trabajo y dos muertos días después. El líder Oziel de Silva, con sólo 19 años, fue apresado, esposado y asesinado a culatazos, frente a sus compañeros, mientras un policía le ordenaba que gritara “Viva el MST”.

Esos episodios están registrados en más de mil páginas de los autos del proceso y fueron descritos en el libro "La Masacre", del periodista Eric Nepomuceno (Editora Planeta). Pasados 17 años, fueron condenados sólo los dos comandantes militares, que están recluidos en algún apartamento de lujo de los cuarteles de Belén.

El coronel Pantoja aún intenta librarse de la prisión y pide cumplir la pena de 200 años en régimen domiciliario. Los demás responsables del gobierno federal y estadual y de la empresa Vale fueron declarados inocentes. La Justicia se contentó con presentar a la sociedad dos chivos expiatorios.

Impunidad de los latifundistas

En todo Brasil, el escenario es el mismo: desde la redemocratización, han sido asesinados más de 1700 líderes de los trabajadores y simpatizantes de la lucha por la tierra. Solamente 91 casos han sido juzgados y apenas 21 autores intelectuales han sido condenados.

La Masacre de Carajás se inscribe en la práctica tradicional de los latifundistas brasileños, que con sus pistoleros fuertemente armados o por medio del control de la Policía Miliar y del Poder Judicial, se apropian de tierras públicas y mantienen privilegios de clase, cometiendo sistemáticamente crímenes que permanecen en la impunidad.

La actuación del latifundio responde a la correlación de fuerzas políticas. Durante el gobierno de José Sarney, frente al avance de las luchas sociales y de la izquierda, organizó la UDR (Unión Democrática Ruralista). Tras ello, se armó hasta los dientes, irrespetando todas las leyes. Fue el periodo con el mayor número de asesinatos. Los latifundistas llegaron a la petulancia de lanzar su propio candidato a la Presidencia, Roberto Encalado, que fue solemnemente condenado por la población brasileña al recibir sólo 1% de los votos.

En los gobiernos de Fernando Collor y Fernando Henrique Cardoso, tras la derrota del proyecto democrático-popular y de la lucha social que se aglutinaba alrededor de la candidatura de Luiz Inácio Lula de Silva en 1989, los latifundistas se sintieron victoriosos y utilizaron su hegemonía en el Estado para controlar manu militari la lucha por la tierra. En ese periodo, se ejecutaron las masacres de Corumbiara (RO), en 1995, y la de Carajás.

Lula llegó al gobierno en 2003, cuando parte de los latifundistas se había modernizado y prefirió hacer una alianza con el gobierno, a pesar de haber apoyado la candidatura de José Serra. A cambio, recibió el Ministerio de la Agricultura. Un sector más truculento e ideológico resolvió dar una demostración de fuerza y envío mensajes para demostrar "quién de hecho mandaba en el interior y en las tierras", más aún después de que Lula se colocara el gorro del MST.

En ese contexto, hubo dos nuevas masacres, con tintes perversos. En 2004, a pocos kilómetros de Planalto Central, en el municipio de Unaí (MG), una cuadrilla de latifundistas mandó a asesinar a dos fiscales del Ministerio del Trabajo y al conductor del vehículo, cuando el grupo se dirigía a una hacienda para hacer una inspección de trabajo esclavo. Uno de los hacendados fue electo alcalde de la ciudad por el PSDB y, hasta hoy, el crimen está impune. El Estado no tuvo el coraje de defender a sus servidores.

La segunda masacre fue en noviembre de 2005, en el municipio de Felisburgo (MG), cuando el hacendado-grileiro Adriano Chafik resolvió acabar con un campamento del MST. Chafik fue con sus pistoleros a la hacienda y comandó personalmente la operación un sábado por la tarde. En el ataque, dispararon directamente a las familias, e incendiaron las barracas y la escuela. El saldo fue el asesinato de cinco trabajadores rurales más y decenas de heridos. Tras ocho años de espera, el Tribunal de Justicia de Minas Gerais fijó el juicio del hacendado para el 15 de mayo, en Bello Horizonte. Esperamos que se haga justicia.

Los hacendados tramposos –que felizmente no son la mayoría– actúan así, porque tienen la certeza absoluta de su impunidad, gracias al pacto que mantienen con los poderes locales y con el Poder Judicial. En los últimos años, su atención está centrada en el Poder Legislativo, donde mantienen la llamada Bancada Ruralista, con la que pretenden modificar las leyes y protegerse de la ley vigente.

Ya introdujeron cambios al Código Forestal e impiden la implementación de la ley que obliga la expropiación de las tierras de los hacendados que explotan el trabajo esclavo. Cada año, la Policía Federal libera en promedio dos mil seres humanos del trabajo esclavo. Sin embargo, los latifundistas continúan con esa práctica, apoyados en la impunidad del Poder Judicial.

Tuvieron el coraje de encaminar proyectos de ley que contrarían la Constitución para impedir la demarcación de las tierras indígenas ya reconocidas, legalizar el arrendamiento de las áreas demarcadas y permitir la explotación de los minerales existentes. También presentaron proyectos para poner trabas a la titulación de las tierras de las comunidades quilombolas.

Una serie de proyectos se han presentado para liberar el uso de agrotóxicos prohibidos en la mayoría de los países, clasificados por la comunidad científica como cancerígenos, y para impedir que los consumidores sepan cuáles productos son transgénicos. ¿Por qué no quieren etiquetar los productos transgénicos, ya que garantizan seguridad total para la salud de las personas?

El ansia de ganancias de los hacendados no tiene límites. En el interior, usan con más frecuencia la violencia física y los asesinatos. Sin embargo, esta ansia tiene consecuencias directas para toda la población, pues posibilita la apropiación de las tierras públicas, la expulsión de los campesinos del medio rural que engrosan las favelas y el uso indiscriminado de los agrotóxicos, que van a parar a su estómago y causan cáncer. Lamentablemente, todo eso es encubierto por una mídia servil y manipuladora de la opinión pública. (Traducción ALAI)

- João Pedro Stedile es miembro de la Coordinación Nacional del MST y de la Vía Campesina Brasil.

Fuente: http://www.brasildefato.com.br/node/12681

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FUNDALEX SOLICITA INCLUIR LABOR PERIODÍSTICA EN LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN POR CRIMEN DE PERIODISTA

* Alonso de la Colina Noriega fue asesinado en un centro comercial de Puebla; llegó a esa ciudad hace dos meses huyendo de amenazas en Guerrero

México, D. F., a 16 de abril de 2013

La Fundación para la Libertad de Expresión (Fundalex) solicita al Gobierno del Estado de Puebla una investigación profunda, expedita y en donde se agoten todas las líneas de investigación, incluida la del trabajo periodístico, en el asesinato del periodista Alonso de la Colina Sordo, quien fue a vivir a la capital de ese estado presuntamente para huir de las amenazas a las que había sido sometido en el estado de Guerrero.

La familia De la Colina Sordo fue concesionaria de la señal de TV Azteca en Guerrero y Alonso hasta dos meses atrás era el titular del principal noticiario de la empresa en aquella entidad, hasta la misma fecha.

Pese a que los antecedentes periodísticos de Alonso de la Colina Sordo se encuentran a gran distancia de Puebla, para la Fundación para la Libertad de Expresión es importante que se agote la línea antes mencionada y solicite la coadyuvancia del gobierno de Guerrero, para llegar a saber la verdad sobre las razones del homicidio.

De la Colina Sordo es hoy el segundo periodista asesinado este año y se suma también a la desaparición de Sergio Landa Rosado, periodista trabajador del diario Cardel, en la ciudad del mismo nombre, en Veracruz y a la decena de periodistas agredidos, varios de ellos en este último estado.

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Noticiasconelbote *Captura, show, liberación, al final atole con el dedo*

http://youtu.be/IOW7rKRPERs

Hoy comento una nota de PROCESO que nos habla de la próxima liberación del general Ángeles Dauahare, y como esto viene a terminar como en muchos casos en los que hay captura, luego el show mediático y por último la liberación, dando como resultado puro atole con el dedo a los mexicanos, también comento como podemos evitar este tipo de estrategia mediática de atole con el dedo.

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