jueves, 27 de junio de 2013

[Info-cdhbcasas] OSC denuncian la persistencia de la tortura en México

Ciudad de México, a 26 de junio de 2013

Boletín Red TDT No. 14 /2013

OSC denuncian la persistencia de la tortura en México y exigen justicia para todas las y los sobrevivientes

· México ha recibido numerosas recomendaciones en la materia, las cuales continúan vigentes y sin ser implementadas

· La tortura sigue siendo una práctica cotidiana en diversos estados de la República

En el contexto del Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura las organizaciones que integramos la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) enviamos un mensaje de solidaridad a todas las personas en el país y el mundo que han sido víctimas de la tortura, al mismo tiempo exigimos al Estado mexicano terminar con esta práctica que atenta contra la dignidad humana.

Si bien el Estado mexicano ha suscrito los principales tratados internacionales en materia de tortura y se ha sujeto a las evaluaciones periódicas de mecanismos de derechos humanos, como lo fue la reciente evaluación ante el Comité contra la Tortura el octubre pasado, las recomendaciones[1] emitidas por dichos mecanismos distan de ser implementadas; por el contrario, éstas no han sido atendidas a través de una política integral en materia de derechos humanos. En contraparte se atestigua un aumento en la práctica de la tortura en nuestro país[2], así como de la impunidad que continua alrededor de los casos que han sido denunciados ante las autoridades correspondientes.

A pesar de que las reformas constitucionales promulgadas en México en los últimos años han significado una oportunidad para implementar acciones de erradicación de la práctica de la tortura, México dista de contar con un marco normativo armónico a los estándares internacionales en materia de tortura en todos los estados. Ejemplo de ello es la necesaria tipificación del delito de tortura en el Código Penal del estado de Guerrero. Diversas organizaciones de la sociedad civil han presentado iniciativas integrales en materia de justicia en el estado, sin embargo, a la fecha el Congreso estatal no ha aprobado las reformas correspondientes.

En contraparte, figuras y vacíos en la legislación mexicana, como la figura del arraigo, permiten un espacio de escasa vigilancia y alta vulnerabilidad para las personas detenidas por alguna autoridad, lo cual suele derivar en actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Igualmente, sigue pendiente la reforma en materia de fuero militar que permita llevar ante la justicia ordinaria a elementos de las fuerzas armadas que hayan cometido violaciones de derechos humanos, entre ellas actos de tortura.

La especial situación en centros penitenciarios y de detención ha sido uno de los centros de las preocupaciones de mecanismos como el Subcomité contra la Tortura[3], quien documentó la situación de vulnerabilidad para la población privada de su libertad.

Las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales continuamos documentando cómo la tortura sigue siendo una práctica sistemática[4] para obtener confesiones de personas detenidas, delito que es normalmente precedido de detenciones arbitrarias e incomunicación. Ejemplo paradigmático de ello es el caso de Israel Arzate Meléndez, quien fue torturado y obligado a confesar un delito que no cometió, cuyo proceso será revisado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las próximas semanas. Este proceso jugará un papel fundamental en determinar si el nuevo sistema penal es capaz de garantizar la exclusión de toda prueba obtenida bajo tortura o si se tolerarán las mismas prácticas viciadas del viejo sistema.

Los obstáculos para investigaciones eficientes e independientes de casos de tortura son la primera causa de impunidad. A la par, la falta de una correcta adecuación del Protocolo de Estambul a nivel nacional y estatal por expertos independientes, es uno de los retos para que las víctimas de tortura accedan a la justicia.

Ante el panorama nacional y en vísperas de que el Estado mexicano presente próximamente ante el Consejo de Naciones Unidas un informe sobre la situación de los derechos humanos en México, en el marco del próximo Examen Periódico Universal[5], México tiene la oportunidad de mostrar las acciones pendientes y el plan de ruta para combatir la impunidad que reina en casos de tortura y de crear medidas de prevención. En este marco, el Estado mexicano no puede dejar de lado el derecho a la reparación del daño a todas las víctimas y sobrevivientes de tortura.

Para más información puede consultar: http://ow.ly/mokAb

Atentamente,

Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (Codigodh)
Centro de Derechos Humanos "Fray Bartolomé de Las Casas", A.C.
Centro de Derechos Humanos "Miguel Agustín Pro Juárez", A. C.
Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C.
Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, A. C.
Colectivo contra la Tortura y la Impunidad, A. C
Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos "Todos los Derechos para todas y Todos" (conformada por 73 organizaciones en 20 estados de la República Mexicana): Agenda LGBT (Estado de México), Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (Distrito Federal); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos "Miguel Hidalgo", A.C. (Jacala, Hgo.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino”. (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Coahuila), Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Distrito Federal); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (Puebla, Pue.); Centro de Derechos Humanos "Fray Bartolomé de Las Casas", A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis) ; Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa A.C; Centro de Derechos Humanos "Fray Francisco de Vitoria O.P.", A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos "Miguel Agustín Pro Juárez", A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”. A.C. (Tapachula, Chis); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua), Centro de Derechos Humanos, “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de los Derechos del Migrante (DF); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-DF) (Distrito Federal); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Hermanas Mirabal de Derechos Humanos (León, Gto.), Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Distrito Federal), Centro Mujeres (La Paz, BCS.), Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A. C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. - KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A. C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (Distrito Federal); Comité Cerezo (Distrito Federal); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacan, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A. C. (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Intercongregacional "Justicia, Paz y Vida" (Distrito Federal); Comisión Parroquial de Derechos Humanos “Martín de Tours”, A.C. (Texmelucan, Pue.); Comisión Regional de Derechos Humanos "Mahatma Gandhi", A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C.(Codigodh A.C); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Distrito Federal); Comité de Derechos Humanos "Fr. Pedro Lorenzo de la Nada", A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos "Sembrador de la Esperanza". A. C. (Acapulco, Gro.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, AC. 4 (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos de Colima, No gubernamental, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo AC (Tulancingo, Hgo.); El Caracol A.C (Distrito Federal); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos. (Culiacán, Sin.); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Chablekal, comisaría del municipio de Mérida, Yuc.); Iniciativas para la Identidad y la Inclusión A.C. (Distrito Federal); Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C. (Chilpancingo, Gro.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Distrito Federal); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC), (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, - Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz. (Guadalajara, Jal.); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (Distrito Federal), Programa de Derechos Humanos. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue); Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA –León (León, Gto.); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales Y Culturales (Distrito Federal); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (Distrito Federal); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Estado de México); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí, S.L.P.); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (Pachuca, Hidalgo); Taller Universitario de Derechos Humanos, A. C. (Distrito Federal).

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Anexo
La tortura sigue siendo una práctica cotidiana en varios estados de la República

Información complementaria a nivel estatal en materia de tortura.

Chiapas
En Chiapas, la tortura subsiste como método de investigación policiaca, utilizada sobre todo por integrantes de la Policía Ministerial, adscritos a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), donde la intencionalidad recurrente es la de obtener información o una confesión firmada por parte de la víctima.

Se cuenta con información que la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad de la PGJE, es el mecanismo que encubre y justifica las violaciones a los derechos humanos cometidas por las autoridades estatales. Funcionarios de esta fiscalía niegan y minimizan que la tortura sea una práctica en Chiapas.

El nombramiento de Jorge Luis Llaven Abarca como Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Chiapas, quien ha sido vinculado con hechos de tortura, por los organismos públicos de derechos humanos a nivel nacional como local, da un mensaje claro de perpetuar la impunidad y legitimar la tortura en Chiapas

Chihuahua
A pesar que desde 2012 se publicó "la Ley para prevenir, erradicar y sancionar la tortura" ésta continúa practicándose sistemáticamente por autoridades de todos los niveles. A pesar de la salida del Ejército y Policía Federal en Ciudad Juárez, la violencia, detenciones y desapariciones no han disminuido en la ciudad. En promedio mensualmente hay 10 mil detenciones por parte de la Fiscalía General del Estado, y la Policía Municipal en su mayoría de jóvenes. Cabe destacar que gran parte de estas detenciones son arbitrarias lo cual da paso a que se practique la tortura con el fin de obtener confesiones.

Tan sólo la organización l Centro Paso del Norte, de septiembre de 2011 a la fecha ha registrado 65 casos de tortura y atendido 26 de ellos. A la fecha no existe ningún caso de algún soldado o policía procesado por el delito de tortura a pesar de las pruebas existentes.
Cabe destacar que el estado de Chihuahua fue el primero en implementar un nuevo sistema de justicia penal acusatorio y oral, regido por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, el cual podría incidir en disminuir los casos de tortura e impunidad que imperan en el Estado, sin embargo, dicho sistema no ha sido efectivo y ha provocado regresar a los vicios del sistema anterior.

Guerrero
La tortura no se encuentra tipificada en el Código Penal del Estado sino que se encuentra legislada en la norma que crea la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado (Coddehum), lo que contribuye a que los actos de tortura en el estado no sean investigados ni sancionados debidamente . Esta situación quedó evidenciada en la Recomendación No.1 VG/2012 realizada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre el caso Ayotzinapa, donde se comprobó que en Guerrero la tortura se sigue empleando para obtener confesiones ilegítimas en casos de alto impacto.

No obstante, en virtud de que a las actuaciones del sistema Ombudsman no se les reconoce valor probatorio en el ámbito penal y a consecuencia de las deficiencias del sistema de justicia guerrerense, los actos de tortura documentados en dicha Recomendación permanecen impunes. Frente a esta situación el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan presentó el 31 de octubre de 2012 ante el Congreso del Estado de Guerrero una propuesta de iniciativa de reforma integral para prevenir, investigar y sancionar la tortura en el estado, que tiene como objetivo principal armonizar el marco legislativo estatal con los estándares internacionales en la materia. Sin embargo, hasta la fecha el Congreso estatal no ha aprobado las reformas correspondientes.

Oaxaca
De acuerdo con datos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca, de los años 2009 al 2012 iniciaron 22 averiguaciones previas por el delito de tortura, sin embargo, hasta la fecha solo una ha sido consignada, pero no por el delito denunciado, sino por el delito de “lesiones calificadas”, esto es, al realizar la consignación reclasificaron el delito. Lo que habla del grado de impunidad en estos casos y la falta de reconocimiento de la tortura por parte de las autoridades, a su vez la definición de tortura de la “Ley Estatal para la Prevención de la Tortura del Estado de Oaxaca”, no se ajusta a los estándares internacionales.

Yucatán
De agosto de 2012, a abril de 2013, se presentaron 155 quejas ante la Comisión de Derechos Humanos del estado de Yucatán (Codhey) por distintas violaciones a derechos humanos cometidas por cuerpos policiacos municipales y estatales, muchas de las cuales se catalogan como tortura. De esos casos, 97 son atribuibles a la Secretaría de Seguridad Pública, 17 a la Policía Ministerial del estado y 41 a policías de distintos municipios.
Otro indicador que demuestra la gravedad de esta práctica en la entidad, es que de 2006 a la fecha, 13 personas han fallecido en distintas cárceles del estado. La práctica de la tortura y los tratos crueles, inhumanos y/o degradantes en la entidad, no respetan edad, como lo demuestra el caso de M.A.J.S., joven de 16 años de edad, quien el 7 de abril del presente año fue detenido y torturado por policías municipales de Ticul, causándole varias lesiones en el cráneo, la cara, los ojos e incluso fractura de tabique nasal.

[1] Ver recomendaciones hechas por el CAT, Subcomité para la Prevención de la Tortura, MEPU, CEDAW, CDH en http://recomendacionesdh.mx/inicio
[2] 500 por ciento los casos de tortura con Calderón: CNDH ver http://ow.ly/meVlL y http://ow.ly/meVoX
[3] Subcomité para la Prevención de la Tortura. Informe sobre la visita a México del Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. 31 de mayo 2010. UN. Doc. CAT/OP/MEX/1 Disponible en: http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/opcat/docs/ReportMexico_sp.pdf
[4] Ver documento adjunto
[5] En el Primer Examen Periódico Universal que presentó México el Grupo de Trabajo emitió 17 recomendaciones en torno al tema de tortura, para conocer más : http://www.upr-info.org/database/

Invitamos a la Charla: "Las batallas de @wikileaks " con PedroNavegaciones Pedro Miguel(articulista de La Jornada) que es parte de las actividades de la #CaravanaCultural
Domingo 30 Junio, 11 hrs Plaza Tolsá, cerca metro Bellas Artes


[Info-cdhbcasas] Boletín Conjunto: Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de Tortura

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México 26 de junio de 2013

Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de Tortura.

En 1997, la Organización de las Naciones Unidas, estableció que el 26 de junio de cada año se conmemore el Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de Tortura, con vista a la erradicación total de la tortura y a la aplicación efectiva de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes

La conmemoración de esta fecha nos sirve para reafirmar que no existe ninguna circunstancia que justifique la práctica de la tortura ni de los tratos crueles inhumanos y/o degradantes, pero también para recordar que a la fecha en México la tortura sigue siendo una realidad, muy lejos de ser erradicada.

A pesar de las diferentes recomendaciones al Estado mexicano de los mecanismos y procedimientos de las Naciones Unidas, para la eliminación del arraigo, éste tipo de detención arbitraría sigue siendo sistemáticamente usada en nuestro país y constituye un riesgo de que la persona detenida pueda sufrir tortura, además de generar obstáculos a la defensa y a la determinación de la situación jurídica de la persona arraigada.

En Chiapas, los actos de tortura, tratos o penas crueles inhumanos o degradantes, se han convertido en una práctica “normal” y aceptada por las autoridades de procuración y administración de justicia y del sistema carcelario. Es además tolerada por el Poder Ejecutivo de Chiapas, como lo fue con el nombramiento del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Chiapas, quien ha sido vinculado con hechos de tortura, por los organismos públicos de derechos humanos a nivel nacional como local.

Las y los sobrevivientes de tortura, dispuestos a denunciar, se encuentran con un sistema de procuración de justicia incapaz de darles la protección y apoyo adecuado. Esta situación hace que la mayoría de las denuncias presentadas ante el Ministerio Público no procedan, encuentren obstrucciones en su integración y por lo tanto se queden en la impunidad.

Las víctimas de tortura son afectadas no solamente en su persona, sino también en su entorno más próximo como lo es su pareja, su familia, su trabajo, sus estudios, la comunidad y/o a la organización a la que pertenece.

La tortura se vuelve una forma de control social. Por ello, es imprescindible su eliminación y necesario que, a pesar de los temores a las fuerzas del estado, los sobrevivientes de tortura denuncien para erradicar este delito de lesa humanidad.

A pesar de las reformas constitucionales en derechos humanos y de las reformas judiciales; la tortura sigue siendo un método privilegiado de investigación policial. En México, la eliminación de la tortura no es una prioridad, a pesar de los discursos de los gobiernos federal y estatal. Esperamos que en el marco del próximo Examen Periódico Universal, el Estado mexicano acepte la recomendaciones en la materia, para dar pasos concretos en la protección a las víctimas de tortura.

Asociación de los Cristianos por la Abolición de la Tortura – ACAT - Francia

Organización Mundial Contra la Tortura – OMCT

Pax Christi International – PCI

Amnistía Internacional – Grupo Chiapas

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, AC - Frayba

Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, AC – CDH Digna Ochoa

Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos AC – CEPAZDH AC
Red por la Paz Chiapas, conformada por 10 organizaciones de la sociedad civil de Chiapas: Centro de Derechos de la Mujer Chiapas, AC (CDMCH), Centro de Derechos Indígenas, AC (CEDIAC), Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, AC (Frayba), Comité de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de La Nada, AC (CDHFPLN), Comisión de Apoyo a la Unidad y Reconciliación Comunitaria, AC (CORECO), Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas, AC (Desmi), Educación para la Paz, AC (EDUPAZ), Enlace Comunicación y Capacitación, AC (ENLACE CC), Servicio Internacional para la Paz (SIPAZ) y Servicio y Asesoría para la Paz AC (SERAPAZ)

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos "Todos los Derechos para Todas y Todos" conformada por 73 organizaciones en 20 estados de la República Mexicana

*-*

De nueva cuenta el petróleo

En concreto
Laura Itzel Castillo

De acuerdo al artículo 4 de la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional, en materia de petróleo, la estrategia nacional de energía debe obedecer a los criterios de seguridad energética, sustentabilidad en la plataforma de extracción de hidrocarburos, la diversificación de mercados, la incorporación de mayor valor agregado, el desarrollo de la planta productiva nacional y la protección al medio ambiente.

Es decir que se debería promover que se utilizara el petróleo para producir gasolina, diesel, fertilizantes y demás productos petroquímicos.

Desde hace décadas se decidió basar la economía en la exportación de hidrocarburos. Los riesgos de la petrolización de la economía se advirtieron desde entonces. A lo largo de los años la extracción se fue incrementando hasta alcanzar 3.38 millones de barriles diarios en 2004. Las exportaciones de crudo crecieron igualmente hasta obtener 1.82 millones de barriles diarios, la mayor parte a EU.

Pemex tiene una gran carga fiscal, que representa uno de los porcentajes más altos en el mundo (67%). Sin embargo, esta carga fiscal se encuentra ligada directamente a la renta petrolera y representa los recursos que se destinan al Presupuesto de Egresos de la Federación.

El Congreso aprobó regímenes especiales para bajar esta carga fiscal en casos como Chicontepec, los llamados campos maduros y los marginales y en aguas profundas. El resultado ha sido que deducen 32.5 dólares por barril, contra los 6.5 dólares que deducen en el régimen ordinario.

Debido que en Chicontepec, campos maduros, marginales y aguas profundas, aplican los regímenes especiales, resulta que en estos casos son las empresas privadas las que se ven favorecidas, pues en estos casos son las que extraen el crudo y no la paraestatal con sus propios recursos, como en otras zonas del país.

Por lo tanto, al bajar los impuestos, con el nuevo proyecto de reforma petrolera, serían las empresas las que se quedarían con mayores utilidades, es decir con la renta petrolera. Dada esta situación, la pregunta es: ¿a quién le beneficia reducir la carga fiscal?

Lastre heredado - Columna semanal de Sergio Aguayo



A México le conviene que Enrique Peña Nieto se libere del lastre que trae de su etapa como gobernador del Estado de México. Cuando pienso en su gobierno vienen a mi cabeza la eficacia, la corrupción y la opacidad.

Peña Nieto tiene una fijación con la eficacia. En 2011 publicó un libro al que tituló México la gran esperanza. Un Estado eficaz para una democracia de resultados, la frase Estado eficaz la resalta en negritas a lo largo de todo el texto. Sin embargo, su gestión como gobernador fue ineficaz. Diez índices elaborados por las Naciones Unidas, la Coparmex y otras instituciones confirman que la entidad no mejoró en la calidad de la democracia, el ambiente para hacer negocios y la seguridad, entre otros.

Una explicación es la desigual capacidad de su equipo que se explica con una frase de Peña Nieto de 2005: "No (puedes) poner la iglesia en manos de Lutero; para cada puesto... yo me enfocaría primero, siendo priista, por los priistas". Así lo hizo pero si uno revisa la currícula de su equipo, aparece un aspecto que ahora replica como Presidente: su entorno inmediato es organizado y disciplinado; afuera de ese círculo la eficiencia da tumbos.

La falta de consistencia se está confirmando con el personal encargado de la seguridad y la desigualdad. El Presidente se esmeró en la selección de los altos mandos de la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República; la norma es la experiencia y el profesionalismo. Lo inverso sucede en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), en donde los puestos superiores fueron utilizados -con algunas excepciones- para pagar deudas políticas. Todas las delegaciones de la Sedesol que tienen titular son ocupadas por priistas con perfiles profesionales muy desiguales; la única excepción es Chiapas en donde despacha un accionista del Verde, esa lucrativa empresa que tiene como cliente principal al PRI. Es inevitable también preguntarse cuáles son los márgenes de maniobra de la experimentada Rosario Robles.

Con ese elenco era totalmente predecible la manipulación de los programas sociales con el propósito de obtener votos. El escándalo brotó en Veracruz pero la práctica se extiende a otras entidades. Dado el pragmatismo de Peña Nieto no creo que haya arriesgado el Pacto por México deliberadamente; es su mejor apuesta para preservar el prestigio de reformador. Sería paradójico que Peña Nieto, después de manejar a las oposiciones, naufragara en el control de sus gobernadores. Pasadas las elecciones conoceremos el desenlace.

Otra costumbre que se trajo del Estado de México es el dejar-hacer-dejar-pasar, tan cómodo para el gobernante y tan frustrante para el ciudadano. Cuando hacía campaña para gobernador (2005) se demostró que en Villa Victoria sus operadores usaron 450 mil pesos de fondos oficiales para inclinar las intenciones del voto a su favor. Peña Nieto reaccionó con un clásico: "me deslindo de estas acciones" y "con toda sinceridad, si han existido [las prácticas], es lamentable que sucedan".

La misma actitud está tomando como Presidente. Ordenó la detención de Elba Esther Gordillo, es cierto, pero no ha alterado los esquemas de complicidad oficial con una corrupción sindical que ninguna institución del gobierno combate. Lo que parecía el inicio de una cruzada contra la deshonestidad se ha quedado en una mujer encarcelada por ladrona, ostentosa e insubordinada (retó abiertamente al Presidente). En los casos de los excesos de los ex gobernadores de Aguascalientes y Tabasco, la PGR sólo está reaccionando al empuje de un gobernador priista y otro perredista. Peña Nieto reprueba en transparencia. Como gobernador frenó la entrega de información sobre su predecesor Arturo Montiel. Como Presidente sí se pronuncia por la transparencia; hace unos días presumió en Inglaterra que México presidirá, en el periodo de 2014-2015, la Alianza por el Gobierno Abierto. Su práctica no rima con lo que predica. Firmó ante notario que publicaría su declaración patrimonial. Lo hizo el pasado enero pero ocultó el monto de sus bienes y no identificó a los que le donaron, el 8 de diciembre de 2011 -nueve días antes de ser nombrado candidato- obras de arte, joyas, dos casas y un terreno de 58 hectáreas y media. Su página es muy inferior en calidad a las de Vicente Fox y Felipe Calderón. La opacidad es contagiosa. Según María Elena Pérez Jaén (comisionada del IFAI) están creciendo las negativas de las dependencias federales a entregar información.

Entre los legitimadores de los gobernantes del siglo XXI está la eficacia, la honestidad y la transparencia. Quien implante esos valores en México obtendría merecidamente la calificación de "estadista"; una medalla otorgada prematuramente al Presidente por el actual gobernador mexiquense, Eruviel Ávila. Enrique Peña Nieto tiene que ganársela y para ello tendrá que liberarse del lastre que se trajo de Toluca. Está a tiempo de hacerlo.

Nos conviene que lo haga.

Colaboraron Maura Roldán Álvarez y Paulina Arriaga Carrasco.

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Charla con Rafael Barajas "El Fisgón" sobre la Reforma energética en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la BUAP.
Jueves 26 de junio, 12 h.


miércoles, 26 de junio de 2013

Suman 60 quejas por desapariciones en Veracruz este año


NOÉ ZAVALETA

XALAPA, Ver. (apro).- A unos días del cierre del primer semestre del año, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) acumula 60 “solicitudes de apoyo” para localizar a personas desaparecidas.

Una de ellas es Nayeli Castillo Cuevas, de quien sus familiares no saben nada desde el pasado miércoles 12. Por esa razón, este martes realizaron un plantón en la Plaza Lerdo para exigirle al gobernador Javier Duarte que ordene a la Unidad Elite Antisecuestro que acelere las investigaciones para dar con su paradero.

En el caso de la CEDH, el presidente del organismo, Luis Fernando Perera, apoya la localización de desaparecidos boletinando los casos a sus oficinas regionales o, bien, difundiéndolos en los medios de comunicación.

“Nosotros hemos recibido sesenta y tantas solicitudes de intervención para efectos de la divulgación de la desaparición, los mecanismos han estado funcionando, la respuesta rápida en la medida en que nos den alguna ubicación, algún dato“, dijo.

Perera censuró las declaraciones del subprocurador de Justicia de Veracruz, Marco Antonio Lezama Moo, quien minimizó el problema al asegurar que la mayoría de personas extraviadas se van con “el novio”, “la amante” o el “amiguito”.

“Fueron desafortunadas las declaraciones. Por supuesto que nosotros no la aprobamos es una declaración desafortunada, no podemos criminalizar ni dar juicios a priori”, dijo el ombudsman veracruzano.

Perera Escamilla puntualizó que la mayoría de “desaparecidos” en Veracruz son personas jóvenes.

En la protesta realizada en Plaza Lerdo, los familiares de Nayeli comentaron que la joven de 25 años desapareció junto con su compañero de la Dirección de Tránsito y Vialidad, Damián Pineda Mediana, al concluir su turno.

Lo preocupante –dijo Andrea Castillo, hermana de la joven desaparecida–, es que han recibido llamadas de extorsión, exigiendo dinero, y de esto ya tomó conocimiento la Procuraduría General de Justicia y la Unidad Elite Antisecuestro y al día de hoy ninguna autoridad ministerial se ha presentado en el domicilio de la joven.

La denuncia por la desaparición de Nayeli se encuentra radicada desde el pasado jueves 13 en la Agencia Quinta del Ministerio Público (averiguación previa UIPJ-/DXI/AMP5/020/2013). Sin embargo, a la fecha la Policía Ministerial no ha dado indicios de iniciar las investigaciones.

Andrea Castillo negó que la desaparición de su hermana tenga un vínculo pasional o con asuntos personales, pues ella trabaja para cuidar y mantener a su hija ya que es madre soltera.

Defensores de derechos humanos, en la indefensión


MATHIEU TOURLIERE

MÉXICO, D.F. (apro).- Entre noviembre de 2010 y diciembre de 2012, la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) reportó 89 agresiones contra defensores de derechos humanos. De ellas, 36 ocurrieron durante 2012.

Dicha institución asevera en un informe que, en 23% de los casos, los presuntos agresores fueron funcionarios públicos: 12% provenía de la administración pública federal, 6% de autoridades municipales y 5% de operadores de justicia; mientras que 39% de los agresores nunca fueron identificados.

El ACNUDH tuvo conocimiento de que las autoridades empezaron un proceso de investigación en solamente 37 de las 89 agresiones. Estas investigaciones desembocaron en cinco identificaciones, que a su vez llevaron a tres detenciones.

“La falta de sanciones a los perpetradores no solamente contribuye a la repetición de los hechos, sino que además agrava el nivel de riesgo en que los defensores de los derechos humanos continúan realizando su labor”, señala el informe.

El 38% de las agresiones que documentó ACNUDH consiste en amenazas directas hacia los defensores de derechos humanos. 13% sufrieron “injerencias arbitrarias”, 12% hostigamientos, 11% detenciones y 11% fueron asesinados.

En el informe sobresalen Oaxaca, Chihuahua, Coahuila, Guerrero y el Distrito Federal como los cinco estados más peligrosos para los defensores de derechos humanos. Los más agredidos son los que luchan por los derechos de los migrantes, así como los que defienden derechos civiles y políticos.

Entre noviembre de 2012 y abril de 2013, el nuevo mecanismo de protección a defensores de los derechos humanos y periodistas recibió 64 solicitudes: 38 de activistas y 26 de profesionales de la información.

El mecanismo, analiza el informe, se encuentra en un estado temprano de operaciones y necesita superar obstáculos “para disponer de recursos económicos, tener una adecuada estructura interna y dotar a ésta de los funcionarios adecuados”.

Si el ACNUDH reconoce las condenas hacia agresiones de defensores de derechos humanos que pronunciaron sucesivamente Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, deplora que éstas se limiten en “reaccionar” ante agresiones puntuales.

Promesas

El ACNUDH publicó un primer informe en 2009, en el cual hizo recomendaciones al Ejecutivo mexicano para proteger a los defensores de los derechos humanos. El reporte que acaba de publicar propone realizar un balance de los avances cuatro años después de las recomendaciones.

El reporte lamenta que el decreto de reforma constitucional en derechos humanos del 10 de junio de 2011 incorporaba 11 artículos transitorios cuyo plazo ya venció. De este decreto ambicioso, agrega, resultó sólo una modificación a la ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y ninguna ley secundaria.

De igual forma, la institución apunta los dos años de retraso de la reforma constitucional que permite interponer un amparo para reconocer una violación de los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales. El decreto del 6 de junio de 2011 preveía un plazo de 120 días para redactar una ley; no obstante esta fue promulgada el 3 de abril de este año.

Casi todas las recomendaciones que el ACNUDH había proporcionado en 2009 las reiteró este año, aunque reconoce esfuerzos por parte del gobierno hacia la protección de los defensores de los derechos humanos. Hace tres años, por ejemplo, exhortó a reconocer y permitir legalmente la radiodifusión comunitaria. Hoy en día, la legislación sigue sin contemplarla, y la institución observa problemas en el otorgamiento de frecuencias radiofónicas.

Aunque el ACNUDH vio con buenos ojos la reforma de la Secretaría de la Defensa Nacional, señala que todavía falta legislar sobre el uso de la fuerza. Celebra la decisión que tomó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el 6 de agosto de 2012, que permite a un tribunal ordinario juzgar a militares responsables de violaciones de los derechos humanos.

Las nuevas herramientas, como la Ley de Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas –un “paso trascendental”–, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 o el Pacto por México generan buenas expectativas en el seno del ACNUDH.

Sin embargo, insiste en que estos nuevos mecanismos necesitan ser completados, ya que “el resultado esperado aún no se refleja a la escala y extensión del daño sufrido por los activistas, ni al de la necesidad de justicia, reparación y garantías de no repetición que exigen sus casos”.

Periodista amenazado por diputado busca protección de Human Rights Watch


JUAN ALBERTO CEDILLO

SALTILLO, Coah. (apro).- Alfonso Hernández, el periodista de Torreón amenazado por el diputado federal panista Guillermo Anaya, dio a conocer hoy que ya interpuso una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y anunció que buscará la protección del organismo internacional Human Rights Watch.

La amenaza contra el reportero ocurrió el pasado 7 de junio, el Día de la Libertad de Expresión, en una rueda de prensa que se celebró después de un acto de campaña por la alcaldía de Torreón, al que acudió el presidente del Partido Acción Nacional, Gustavo Madero.

En esa ocasión, Hernández cuestionó al líder panista sobre afirmaciones de militantes que aseguran que el diputado federal Guillermo Anaya mantiene secuestrado al partido.

Al término de la rueda de prensa, Guillermo Anaya se acercó al reportero para reclamarle “muy molesto”. “Me dijo que ya le bajara”… “¿Qué pasó con esa pregunta’”.

Posteriormente, el diputado federal le espetó al periodista que labora para una cadena de televisión y radio local: “Lo que te hace falta es que te den un levantón”.

Alfonso Hernández mencionó que tiene alrededor de 27 años en el medio y que nunca antes había recibido una amenaza de ese tipo.

Destacó que no “se lleva con el diputado federal Guillermo Anaya”, y que interpuso la queja debido a la situación de inseguridad que priva en la Comarca Lagunera.

Responsabilizó a Anaya de cualquier hecho violento contra él y su familia. Agregó que el lunes interpuso la queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que también buscará la protección de Human Rights Watch.

Desde el 9 de junio Proceso ha buscado por diversos medios al legislador de Acción Nacional para conocer su versión, pero no ha obtenido respuesta.

Por amenazas, administrador de ‘Ágora Guerrero’ deja el estado



EZEQUIEL FLORES CONTRERAS

CHILPANCINGO, Gro. (apro).- El administrador del portal de noticias Ágora Guerrero, Emilio Lugo, anunció que abandonó Acapulco y la entidad ante amenazas que recibió desde marzo y la incapacidad de las autoridades gubernamentales para garantizar su seguridad y el derecho a la libertad de expresión.

Mediante un comunicado que difundió ayer (lunes 24) en el portal www.agoraguerrero2.com, el bloguero afirmó que en la entidad no se respetan las leyes y los responsables de hacerlas cumplir “son o se hacen pendejos”.

Por ello responsabilizó al gobernador Ángel Aguirre Rivero de “la incapacidad” de la Procuraduría estatal y “la inexistente” Secretaría de Seguridad Pública. También los responsabilizó por los daños físicos, psicológicos y económicos que provocaron que abandonara su “centro de vida y de trabajo”. Dijo que de esta forma se consumó un atentado directo al derecho de la libertad de expresión.

El portal de Ágora Guerrero surgió hace aproximadamente tres años para documentar la ola de violencia extrema que se vive en Acapulco y la entidad.

Al respecto, el administrador del portal refiere que desde marzo comenzó a recibir amenazas e intimidaciones directas –sin especificar el tipo y origen– que lo llevaron a asumir “estrictas medidas de seguridad”.

No obstante, ahora considera que mantenerse resguardado ya no es suficiente para salvaguardar su integridad.

Dijo que en su momento denunció estas agresiones ante autoridades ministeriales, pero hasta la fecha “el resultado es inexistente”.

En este sentido, hizo un llamado a organismos no gubernamentales y defensoras del derecho a la libertad de expresión a que documenten el hecho de que en la entidad “los periodistas comprometidos con la verdad son amenazados y desplazados”.

Luego advierte que seguirá documentando la narcoviolencia que se registra en la entidad, principalmente en Acapulco, y exhortó a los ciudadanos a continuar enviando reportes y alertas a través de las cuentas en redes sociales para seguir informando.

De esta forma, señala que el portal seguirá funcionando a pesar de que el administrador haya abandonado la entidad.

Televisoras vulneraron equidad electoral en campaña de 2012: CIESAS


Televisa y TV Azteca, las dos principales televisoras del país, vulneraron la equidad en la contienda electoral de 2012 y sus dos principales noticieros beneficiaron al entonces candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, revela un estudio del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS). El trabajo firmado por el especialista Jesús Cantú, ex consejero del IFE, da a conocer que la actividad televisiva mexicana se concentra alrededor de las empresas Televisa y TvAzteca, quienes poseen el 70% y 30% de la cobertura televisiva en el país.

El análisis, realizado de abril de 2011 a junio de 2012 revela que durante la campaña “se favoreció la candidatura presidencial de la Coalición Compromiso por México al aparecer 33 veces en el Noticiero de Televisa y 30 veces en Hechos de Televisión Azteca, mientras que el candidato Andrés Manuel López Obrador apareció en 12 ocasiones en Televisa, 6 en TvAzteca y la candidata Josefina Vázquez Mota solo apareció 5 veces en el noticiero de Televisa y 4 con Azteca.

En total, Peña Nieto tuvo 63 apariciones, López Obrador tuvo 18 y Josefina Vázquez Mota, 9.

“Al revisar el número de notas y la cantidad de tiempo que los noticieros de televisión dedicaron a quienes posteriormente resultaron los candidatos de las tres principales fuerzas políticas nacionales se percibe con toda claridad la disparidad en la cobertura. La diferencia es de 3.5 notas contra una entre Enrique Peña Nieto, quien después fue el candidato de la Coalición Compromiso por México, y Andrés Manuel López Obrador, candidato del Movimiento Progresista, y de 7 a 1 entre el primero y la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota”, afirma Cantú.

En el capítulo que habla de las precampañas electorales, el estudio muestra que hubo un aumento en la cobertura de los tres principales aspirantes.

Por cobertura, Josefina Vázquez Mota apareció 39.5%, Peña Nieto 33.7% y López Obrador 26.8%; Sin embargo en los resultados, el candidato de la izquierda destacó en noticieros con menciones negativas (26.64%), seguido por Peña Nieto (18.21%) y al final, de Vázquez Mota (13.07%).

“Peña Nieto fue quien más tiempo total y positivo tuvo. En cambio, López Obrador fue el que más tiempo negativo acaparó: casi dos y media veces más que la candidata del blanquiazul y casi 40% más que el tricolor.”

Al sumar todas estas variables el total de tiempo neutro y positivo de Peña Nieto alcanza 5 horas y 34 minutos en los 66 días, el de López Obrador, 4 horas y 40 minutos; y el de Vázquez Mota, 4 horas y 23 segundos.

Es decir, durante la campaña electoral el candidato tricolor tuvo 54 minutos más de exposición neutra o positiva que el perredista y 1 hora 11 minutos más que la panista. La diferencia no es menor”, dice Cantú en el estudio.

En medios impresos, el candidato Peña Nieto obtuvo 59 notas, López Obrador 31 y Vázquez Mota, 30, principalmente en los diarios Reforma, El Universal y La Jornada, entre otros.

Putin rechaza entregar a Snowden a EU


El presidente de Rusia, Vladimir Putin, confirmó la presencia de Edward Snowden en la zona de tránsito del aeropuerto de Moscú y rechazó su extradición a Estados Unidos, quien lo persigue por revelar un programa de espionaje del gobierno.

“Snowden llegó efectivamente a Moscú… llegó como pasajero en tránsito y como tal, no necesita visado ni otros documentos”, dijo en conferencia de prensa.

Putin recordó que Rusia no tiene acuerdo de extradición con Estados Unidos, por esa razón no puede entregar a Snowden por haber filtrado datos sobre el espionaje de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) estadounidense.

“Sólo podemos entregar a ciertos ciudadanos a las naciones con las que tenemos acuerdos internacionales sobre entrega de criminales, y no tenemos un acuerdo de este tipo con Estados Unidos”, dijo.

Por la mañana, la portavoz del Consejo Nacional de Seguridad estadounidense, Caitlin Hayden, dijo que “a pesar de que no tenemos un tratado de extradición con Rusia, hay sin embargo una clara base legal para expulsar a Snowden“.

Hayden también afirmó que la Casa Blanca acordó “con el presidente Putin que no queremos que este asunto tenga un impacto negativo en nuestras relaciones bilaterales”.

Por su parte, el secretario de Estado estadounidense, John Kerry, amenazó a Rusia y a China con graves consecuencias en sus relaciones con Estados Unidos y consideró “muy decepcionante” que Snowden haya podido viajar de Hong Kong a Moscú.

Medios rusos publican que el ex analista de la NSA habría pasado, al menos la noche del domingo en un hotel ubicado en la zona de tránsito del aeropuerto de Sheremetievo-Moscú, a la que se accede sin necesidad de pasar por un control de pasaportes o de tener un visado ruso.

(Con información de Notimex)

Innecesario privatizar a Pemex; tiende el mundo a la “renacionalización”: Jalife-Rahme


La propuesta del gobierno no deberá aprobarse sin el consenso de los mexicanos, señaló. 

Víctor Cardoso Publicado: 26/06/2013 07:45

 México, DF. La apertura de Petróleos Mexicanos (Pemex) al capital privado es innecesaria porque, contrariamente al discurso del gobierno federal, la tendencia mundial es hacia la estatización, la “renacionalización” de las empresas petroleras, afirmó el analista y catedrático Alfredo Jalife-Rahme al disertar sobre las recientes declaraciones del presidente Enrique Peña al diario londinense The Financial Times.

Afirmó que actualmente las siete empresas con mayores reservas petroleras en el mundo son estatales. Es un grupo conformado por la árabe Saudi Aramco; la iraní Nioc; la iraquí Inoc, Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Petrochina, la rusa Gazprom, la brasileña Petrobras y Petronas, de Malasia.

El puro cascarón

De acuerdo con el analista y colaborador de La Jornada, el discurso oficial sobre la reforma energética que pretende impulsar el actual gobierno y cuya propuesta sería presentada en lo que resta del año, no deberá ser aprobada sin el consenso de los mexicanos, porque al permitir la participación de empresas privadas “nos van a dejar el cascarón de Pemex”.

Con base en los planteamientos hechos por el presidente Peña Nieto al diario londinense, Jalife-Rahme sostuvo que “el concepto de propiedad” es lo más importante en el manejo de los recursos energéticos, “lo demás es negociable”, pero sin perder el control de la empresa estatal.

Puso de ejemplo que hasta ahora los conceptos de privatización manejados por los funcionarios no abordan seis puntos “nodales” como son: transferencia de tecnología, protección al ambiente, la seguridad nacional, la geopolítica de los energéticos y oleoductos, la creación de una banca nacional ex “profeso” para impulsar la industria petrolera ni sobre la capacidad de financiamiento que tiene el país para impulsar a su empresa nacional.

Por el contrario, afirmó, el interés se centra en la exploración y explotación de hidrocarburos en aguas profundas y el gas esquisto (shale gas), yacimientos transfronterizos y en el transporte por ductos.

Lo que hace falta a Pemex, precisó, es reducirle la carga fiscal de casi 70 por ciento sobre sus ingresos, permitirle elevar la inversión y liberarla de las ataduras administrativas. Es una empresa que según la publicación Global 500, mencionó, en 2012 se ubicó en el lugar 34 de las 500 compañías más grandes del mundo, con ingresos de 125 mil 344 millones de pesos.

Llevan a foro sobre tortura el desalojo de normalistas en la autopista del Sol


Es la política del Estado para inhibir la lucha social, acusa el activista Manuel Olivares

HÉCTOR BRISEÑO ( )

Estudiantes de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, denunciaron que además de los dos jóvenes que perdieron la vida en el desalojo de la autopista del Sol el 12 de diciembre de 2011, Gabriel Echeverría de Jesús y Alexis Herrera Pino, hubo tres muchachos heridos y 24 detenciones arbitrarias.

El joven Gerardo Torres Pérez describió las más de 24 horas que permaneció detenido y golpeado por elementos ministeriales para que firmara una declaración, además de que fue obligado a disparar en ocho ocasiones un arma de fuego.

En su participación en el foro Tortura de ayer y hoy, impunidad de siempre, relató que en una primera instancia fue sometido a maltrato físico en los baños de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) después de ser separado de sus 23 compañeros, además de ser golpeado con tablas y zapatos y aventado contra los lavabos.

El estudiante Torres Pérez recalcó que las demandas que originaron que los estudiantes bloquearan la autopista del Sol el 12 de diciembre de 2011, siguen vigentes, pues la institución no ha sido remodelada y los materiales educativos no han sido entregados.

Sus compañeros, Agustín Chocolate Salazar y Cipriano Bernardino Melchor Rojo, reprocharon que “no quieren a Ayotzinapa por ser una escuela de lucha de muchos años atrás”.

Manuel Olivares Hernández, integrante de la Red Guerrerense de Derechos Humanos y el Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, expresó que la tortura y la desaparición forzada han sido una política del Estado encaminada a inhibir la organización y la lucha social, desde la guerra sucia a finales de los 60.

Como ejemplo de violación de los derechos individuales citó la lucha del Partidos de los pobres, las masacres de Aguas Blancas, El Charco, de los Copreros; la ejecución de Arturo Hernández Cardona, la desaparición de Eva Alarcón, la violación sexual de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú.

Señaló que dichos hechos constituyen la prueba de que la sociedad sigue dividida en clases.

Puntualizó que “es lamentable que nos cueste tanto trabajo levantar nuevamente la conciencia de los estudiantes; precisamente este desinterés, esta apatía, es lo que hace más difícil la lucha contracorriente, los que defendemos los derechos humanos, más vamos a tardar en cambiar esta realidad que estamos viviendo”.

A Coddehum, el caso de suegra y nuera detenidas


MARGENA DE LA O ( )

Chilpancingo, 25 de junio. Los familiares de Hermelinda Núñez Gómez y su suegra Fidelina Arellano Pacheco, habitantes de la comunidad de Polixtepec, del municipio de Leonardo Bravo, detenidas por marinos el martes 18, protestaron en la Coddehum después de presentar una queja, y pidieron medidas precautorias para las hijas de ambas mujeres, quienes tuvieron que salir del pueblo por temor.

La Armada sostiene que las mujeres fueron sorprendidas con armas y drogas en unas camionetas que ellas mismas manejaban cerca de Polixtepec, pero la familia asegura que, sin orden de cateo los marinos entraron a su casa, las sacaron y se las llevaron.

Según el relato de los familiares, los marinos buscaban al esposo de Hermelinda Núñez Gómez, de quien se separó hace seis meses. En un principio, los uniformados intentaron llevarse a la hija de 15 años de Núñez Gómez, para presionar al padre a revelar su identidad, comentó la propia adolescente, que estuvo en la Coddehum presentando la queja.

Al organismo también acudieron María del Carmen Villalba Arellano y su hermana de 12 años, ambas hijas de Fidelina Arellano Pacheco, suegra de Hermelinda Núñez Gómez, a quien los marinos detuvieron al intentar impedir que se llevaran a su nuera. La menor de las hermanas fue quien presentó la queja.

Según el abogado de ambas detenidas, Valentín Sandoval, mañana vence el plazo en el juzgado séptimo de distrito para que se conozca la situación de sus clientes; proyectó dos escenarios: la libertad o el auto de formal prisión.

Coddehum: de 57 quejas por ese delito, 82% son vs. la PGJE y 10.5% vs. la SSP


En cinco años, 153 privaciones ilegales de libertad: visitador

HÉCTOR BRISEÑO ( )

El visitador general de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum) del estado de Guerrero, Hipólito Lugo Cortés, informó que en los cinco años más recientes el organismo ha recibido 57 quejas diversas corporaciones por tortura, 47 de ellas contra agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), seis contra la Secretaría de Seguridad Pública y Protección estatal, y cuatro contra ayuntamientos; además de 153 privaciones ilegales de la libertad, conocidas como levantones, entre otras violaciones a las garantías individuales. Sin embargo, dijo, no hay ni una sola averiguación previa abierta por el delito de tortura.

Enfatizó que entre las 87 desapariciones forzadas registradas, 66 ocurrieron después de 2005.

Lugo Cortés advirtió que los abusos siguen ocurriendo y en los pasados cinco años se ha reportado 10 muertes en cautiverio, en sitios como rejillas y separos policiacos en el estado.

Señaló que técnicas como los golpes, la chicharra eléctrica y golpes con toallas y almohadas para no dejar rastro se mantienen, así como la simulación de ejecuciones, quemaduras de cigarro y la presión sicológica para firmar declaraciones. Subrayó que estas prácticas persisten por la escasa cultura de derechos humanos de perpetradores y agentes de investigación, corrupción y falta de capacitación, e indicó que la Coddehum da seguimiento a casos de violaciones a los derechos humanos, no solamente de la guerra sucia de los 60 y 70, sino que los atropellos a las garantías surgen de nuevo a raíz de la aparición del Ejército Popular Revolucionario y el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente a finales de los 90 en Guerrero.

Expresó que la tortura no es asentada en averiguaciones previas, lo que encierra una red de complicidades, en las que se ve envuelto el policía ministerial, el agente del Ministerio Público, los médicos legistas y los defensores de oficio, quienes firman declaraciones sin haber estado presentes en los interrogatorios.

El visitador indicó que es lamentable que la legislatura local vigente haya presentado una iniciativa de ley para castigar la tortura, cuando ya existía una propuesta de la legislatura pasada.

El representante del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), Raymundo Díaz Taboada, señaló que si no existieran abusos del Estado, no existiría como tal la lucha social, que surge ante los quebrantos oficiales de la armonía de una sociedad

Exhiben brutalidad de la guerra sucia en foro un sobre la tortura


Fueron creados cuerpos parapoliciacos con la misión de aniquilar a opositores, dice el ex guerrillero
Lamentan la falta de interés de estudiantes de Derecho: antes de terminar, ya todos se habían ido

HÉCTOR BRISEÑO ( )

Activistas, estudiantes e integrantes de organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos subrayaron que en Guerrero la violación de garantías individuales continúa vigente como desde finales de la década de los 60, a raíz del surgimiento de grupos disidentes, a la par del triunfo de la revolución cubana, con la esperanza de construir un país mejor.

En el auditorio de la escuela de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Guerrero se llevó a cabo el foro Tortura de Ayer y Hoy, Impunidad de Siempre, organizado por el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI).

El integrante de la Comisión de la Verdad (Comverdad) de Guerrero Nicomedes Fuentes García reveló que durante las investigaciones han sido detectadas cinco comunidades enteras que fueron desplazadas durante la guerra sucia desatada a finales de los 60 y la mayor parte de los 70, cuatro de ellas en regiones serranas de Atoyac: El Quemado, que fue “fue arrasado”; Corrales del Río Chiquito, “casi inaccesible”; San Juan de las Flores, “con más de 30 desaparecidos y familiares que migraron”, y La Peineta, desierto por las 11 familias que lo habitaban; y en la zona rural de Acapulco, un asentamiento llamado Valle Florido, donde 30 familias fueron desplazadas, y donde las plantas de las macetas “crecen con la hierba silvestre”, y a donde se llega después de caminar cinco horas y media entre brechas y matorrales.

Precisó que la Comverdad cuenta con 260 testimonios, que por normatividad no podrán ser dados a conocer sino hasta que concluya el periodo de indagatorias de dos años.

Abundó que la Comisión tiene versiones de que 143 personas fueron lanzadas al mar, además de la ejecución de 200 que fueron trasladadas con el nombre “paquetes” de la sierra en helicóptero al Campo Militar número 1.

Participantes en el foro señalaron la falta de interés de estudiantes de Derecho en el tema, pues hacia el final de la sesión, que se prolongó durante unas cuatro horas, únicamente permanecían activistas.

El coordinador del CCTI, Raymundo Díaz Taboada, expresó que “es menos doloroso ver un partido de futbol”, pero alertó que “todos somos potenciales víctimas”, pues existe falta educación y una cultura de derechos humanos de las autoridades.

Recalcó que la tortura se presenta acompañada de conductas delictivas, como la impunidad y la libertad de los perpetradores.

En su intervención en la mesa de oradores, titulada Voces de una Guerra Muda, José Arturo Gallegos Nájera, otro integrante de la Comverdad y escritor de libros como La guerrilla en Guerrero, recordó que la base aérea de Pie de la Cuesta fue utilizada como lugar de retención de detenidos a finales de los 60.

Manifestó que “lo más lamentable es que con el tiempo y la falta de capacidad para terminar con organizaciones armadas, desde las más altas esferas del poder se crearon grupos policiacos sin sustento legal, tales como el Grupo Jaguar y las Brigadas Blancas; y en Guerrero, el grupo Sangre, con permiso para aniquilar, que no de detener”.

Agregó que existen documentos que señalan que los ex presidentes Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo pusieron precio a la cabeza de líderes de organizaciones, lo que despertó la ambición de los agentes de esas corporaciones.

México: Las víctimas de tortura merecen justicia pronta y efectiva



En el día internacional de apoyo a las víctimas de la tortura, más de 42.000 personas de 120 países han instado al Presidente Peña Nieto a combatir la tortura y garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.

Quienes se han sumado a esta petición de Amnistía Internacional resaltaron el caso de Miriam López, quien fue torturada por elementos del Ejército en el Estado de Baja California en 2011. Miriam ha tenido la valentía de denunciar a sus torturadores, militares que la sometieron a violencia sexual y asfixia entre otros medios de tortura.

“Todavía creo que fue un mal sueño, una pesadilla. Trato de vivir los días normalmente pero siempre tengo el temor hacia mí, a mi familia, a que les vayan a hacer algo, siempre estoy a la defensiva esperando cuando van a venir a hacerme algo porque nunca esperé que me pasara lo que me pasó, y me pasó”, afirmó Miriam López a Amnistía Internacional.

A pesar de la valentía de Miriam, Amnistía Internacional se encuentra profundamente preocupada de que la Procuraduría General de la República, luego de 18 meses con una averiguación abierta y una cantidad de pruebas sobre el lugar de los hechos y la identidad de los presuntos responsables, aún no concluye una investigación que permita procesar a los torturadores.

“En tan solo tres meses, más de 42.000 personas en todo el mundo se han sumado a esta campaña de solidaridad con Miriam” dijo Daniel Zapico, representante de Amnistía Internacional en México. “El caso de Miriam es emblemático y pone a prueba el compromiso del Presidente de no tolerar graves abusos, como la tortura y el maltrato.”

En noviembre pasado el Comité de la ONU contra la Tortura hizo importantes recomendaciones al Estado mexicano pero hasta el momento no se han implementado de manera efectiva. Es evidente la falta de una política de Estado para combatir este flagelo.

El número de víctimas de tortura ha aumentado dramáticamente en el país desde 2006 debido a una política de seguridad pública que ha combatido la violencia del crimen organizado sin tomar acciones efectivas para proteger los derechos humanos.

“La impunidad en estos casos sigue siendo casi absoluta, lo cual parece enviar el mensaje de que la tortura es una práctica tolerada por las autoridades y, por tanto, pone a más personas en riesgo de sufrirla cada día” agregó Zapico.

Entre otras medidas, el Comité de la ONU contra la Tortura ha pedido que en México se elimine el arraigo, se garantice que toda persona detenida sea puesta rápidamente a disposición de un juez o Ministerio Público, se rechace como prueba cualquier testimonio obtenido bajo tortura y se investigue de forma inmediata e imparcial toda denuncia de tortura.

A través de esta petición, decenas de miles de activistas recuerdan a las autoridades mexicanas sus obligaciones y hacen un llamado para que cumplan de forma pronta y efectiva las recomendaciones del Comité contra la Tortura. Esta será la única manera de lograr que casos como el de Miriam nunca más vuelvan a repetirse.

Materiales complementarios:

Video:


Artículo:


Informe de Amnistía Internacional: “Culpables conocidos, víctimas ignoradas. Tortura y maltrato en México”

[Info-cdhbcasas] Carta por el cumpleaños 33 de Juan Vásquez de los solidarios y La Voz del Amate

Penal no. 5, San Cristóbal de las Casas, Chiapas; a 21 de Junio del 2013.

La Semana de Acción Mundial

Desde esta cárcel injusto, La Voz del Amate y Solidarios de la voz del Amate, nos solidarizamos a la “Semana de la Acción Mundial” por nuestro compañero Juan Vásquez Guzmán y a la vez enviamos nuestros abrazos y saludos combativos a los compañeros de San Sebastián Bachajón.

Bien compañeros, hoy 25 de Junio del 2013 cumple o cumplía 33 años nuestro hermano Juan, el cual hoy desde allá arriba nos acompaña, porque su espíritu de lucha está en cada uno de nosotros porque sabemos que el compañero Juan fue y es un hombre valiente y ejemplar, porque el luchó para el bienestar de su pueblo defendiendo la tierra que pertenece a Bachajón, como también sabemos nosotros los presos que nuestro hermano nos acompañó siempre y nos acompañará a exigir nuestras libertades robadas por el mal sistema.

Bien hermanos y hermanas de la lucha, queremos decirles dese este cautiverio nos sumamos a exigir que se haga Justicia por la muerte de nuestro hermano, no lo vamos a permitir que quede impune.

¡Viva nuestro hermanos Juan Vásquez Guzmán!

¡Viva la lucha de San Sebastian Bachajón!

ATENTAMENTE

Presos políticos La Voz del Amate y Solidarios de la voz del Amate.

Boletín Frayba: Se repone el procedimiento a Miguel Vázquez indígena tseltal por graves violaciones a los DH

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas a 25 de Junio de 2013

Boletín no. 15

Se repone el procedimiento a Miguel Vázquez, indígena tseltal por graves

violaciones a los derechos humanos

Miguel Vázquez, preso político integrante de los adherentes a la Sexta del EZLN del ejido San Sebastián Bachajón

El día de mañana, 26 de junio del 2013, vence el plazo que tiene el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial con residencia en Ocosingo, Chiapas, para determinar nuevamente la situación jurídica de Miguel Vázquez Deara (en adelante Miguel Vázquez). Detenido por agentes del gobierno de Chiapas desde septiembre de 2011, basada en una denuncia fabricada por oficialistas que tienen intereses en la cascada de Agua Azul, y obligado bajo tortura a firmar una declaración autoinculpatoria. Estos actos con el objetivo de minar las acciones por la defensa del territorio que el ejido de San Sebastián Bachajón, adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (en adelante SSB adherente a la Sexta) emprende desde hace varios años de lucha.

El 22 de noviembre del 2012 se le dictó sentencia definitiva, por los delitos de Robo Ejecutado con Violencia y Agravado y Asociación Delictuosa, condenando a Miguel Vázquez a 7 años y 9 meses en prisión. Dicha sentencia fue apelada y luego del retraso del Juzgado Mixto de primera Instancia de Ocosingo de 5 meses en enviar el expediente desde Ocosingo a San Cristóbal de Las Casas. Los magistrados de la Sala Mixta del Supremo Tribunal de Justicia, con sede en San Cristóbal, ordenaron la reposición del procedimiento de Miguel, hasta su declaración preparatoria, considerando que existieron violaciones a sus derechos de defensa adecuada, al no haberle hecho saber a Miguel el nombre de todas las personas que lo acusaban.

Este Centro de Derechos Humanos ejemplifica el caso de Miguel Vázquez, como uno de los casos que reflejan que en el estado de Chiapas, se niega el acceso a la impartición de justicia, pronta, expedita e imparcial, así como la falta de una defensa adecuada para personas indígenas, y la aplicación de la ley acorde con principios, como la presunción de inocencia y en este caso en particular, la criminalización de aquellos que se organizan en defensa de Derechos tales como el derecho a la tierra, libre determinación y autonomía.

Por tal razón el Centro de Derechos Humanos, solicita:

· Se determine la situación jurídica de Miguel Vázquez de SSB adherente a la Sexta, sin considerar su declaración preparatoria como prueba auto inculpatoria, obtenida bajo tortura.

· Se respeten sus derechos fundamentales a un debido proceso, mismo que implica como principio fundamental la presunción de inocencia y el no ser juzgado a partir de pruebas ilícitas.

Antecedentes

El 26 de septiembre del año 2011, Miguel Vázquez quien ostentaba el cargo de policía comunitario, fue detenido de forma arbitraria, por elementos de la Policía Especializada adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Selva y Policía Estatal Preventiva, mientras se encontraba trabajando como checador de sitio de la sociedad de Transporte Volcán, en la ciudad de Palenque.

Miguel señala que Juan Álvaro Moreno, acompañaba a los policías aprehensores al momento de su detención. Juan Álvaro, es parte del Partido Verde Ecologista, y del grupo de oficialista de quienes han recibido amenazas y hostigamientos, debido a la lucha que han emprendido en la defensa de su tierra y territorio.

Cabe mencionar que Miguel Vázquez, no fue asistido durante su declaración ministerial por defensor y traductor que conociera su lengua y cultura, contrario a lo dispuesto por el artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Miguel Vázquez refiere:

[…] recuerdo que subí unas escaleras y donde me estuvieron preguntando quienes son mis compañeros los asaltantes, era como un patio, yo contestaba en tseltal, decía que no sabía hablar en castilla. Contestaba en tseltal que yo no he hecho nada, la policía me decía: “habla hijo de la verga, que te vamos a preparar una calentada.” Yo respondí que me hicieran lo que quisieran porque yo no he hecho nada. De ahí me esposaron mi mano, mis pies, taparon con pañuelo mi boca y mis ojos. Los taparon con un trapo color negro, me desnudaron completamente. Después que estaba así me metieron una bolsa en la cabeza, me golpearon en el estómago con culatazos de arma, y también en el pecho. Me golpeaban en la nuca y cuello con el puño cerrado [...] me dieron un arma, me tomaron fotos; luego llegó uno de la policía quien le preguntó dónde estaba la persona balaceada en el banco de grava, y me acusaron de robo de una camioneta y muchos delitos […]

Acto seguido le obligan a Miguel Vázquez firmar su declaración ministerial, que se convertiría en la prueba principal que lo auto inculpa y que sirve de base para fabricarle otros delitos, que nunca cometió.

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