Autoriza Semarnat hidroeléctricas en Xico y Coatepec; callan cabildos

NORMA TRUJILLO BÁEZ

La Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) autorizó el Manifiesto de Impacto Ambiental regional (MIA) presentado por la empresa Perseveranza Energética SA de CV para llevar a cabo el Sistema de Generación Hidroeléctrica Isletas (1 y 2) en los municipios de Coatepec y Xico. La instancia federal consideró que no se afectará al medio ambiente y retomó que el Programa de Desarrollo Urbano de Xico no contiene criterios ecológicos, políticas o unidades de gestión ambiental que limiten o prohíban el desarrollo de obras, asimismo aprobó ante la omisión de las autoridades de Coatepec y Xico para que expresaran sus puntos de vista sobre el impacto ambiental que traería a sus poblaciones la obra.

Para la instalación del proyecto se requiere una instalación total de 6.77 hectáreas, se autoriza una superficie de remoción o afectación de vegetación forestal o preferentemente forestal de 3.88 hectáreas.

Ubicación del proyecto

En la cuenca del río La Antigua, aproximadamente a 3.5 kilómetros de Coatepec, se encuentra la derivadora en operación que será utilizada para abastecer el subsistema Isletas 1, que correrá paralela al río Tillero hasta la casa de máquinas localizada aguas arriba de la confluencia de los ríos Tillero y Matlacobatl.

Isletas 2, el primer canal de llamada, se localiza sobre el río Texolo, formado del río Matlacobatl, aproximadamente a 4.5 kilómetros al sureste de la localidad de San Marcos de León.

Naturaleza del proyecto

El proyecto contará con un equipamiento de estructuras que permitirán la generación y trasmisión media anual de 84 mil 884.4 megavatios-hora (MWh) en el subsistema Isletas 1, y de 134 mil 904 MWh en Isletas 2, para un total de 219 mil 788.4 MWh.

El proyecto Isletas considera la instalación de una planta generadora de energía hidroeléctrica dentro de la cuenca del río Matlacobatl, en un sitio denominado Isletas. Este proyecto aprovecharía una parte de los escurrimientos generados en esta cuenca, y la carga hidráulica generada por el desnivel del terreno entre los sitios donde se localicen las obras de toma y el de la casa de máquinas.

El agua, captada en los sitios de toma, será conducida en algunos tramos mediante un canal a cielo abierto y en otros a través de un túnel y de tubería a presión. El Sistema Isletas está planteado como la integración de la energía eléctrica generada por dos subsistemas: Isletas 1 e Isletas 2.

Dentro del planteamiento general del proyecto y de acuerdo con los resultados del dimensionamiento preliminar, se considera que no afectará el equilibrio ecológico que actualmente caracteriza a los cauces involucrados, por las siguientes razones: en el Sistema Isletas 1 la captación del agua procedente del río Tillero se realizará en una cortina vertedora que ya existe y se encuentra en operación. Sólo los excedentes de agua que se generen durante la temporada de lluvias serán destinados a abastecer el sistema hidroeléctrico.

Mientras que en el Sistema Isletas 2 por las características tanto topográficas como geológicas de la zona, para la captación del agua que se empleará en la generación eléctrica no se requiere construir una presa derivadora, ya que es suficiente contar con un canal de llamada, que servirá únicamente para desviar y encauzar los gastos hacia la línea de conducción, lo que permitirá que por el cauce escurran los gastos ordinarios del río. Se contemplan tres tomas de este tipo sobre cada una de las siguientes corrientes, todas ellas formadoras del río Matlacobatl: Texolo, Limón y Pintores.

Afectaciones

Dentro de las afectaciones al medio ambiente, el MIA contempla cambios en las condiciones locales poco significativos por incremento en la temperatura, aumento de la evapotranspiración por la remoción de la capa vegetal.

Alteración de la calidad del aire, por la generación de partículas de polvo y de emisiones, erosión de los suelos debido a la eliminación de la cubierta vegetal que los protege y fija al sitio, disposición inadecuada de la vegetación retirada.

Asimismo, deterioro del hábitat de fauna silvestre, al remover y destruir la vegetación y el suelo que la sostiene, además de retirar material, al formar la sección de proyecto ahora las líneas de conducción o preparar el sitio para el desplante de estructuras, que traerá como consecuencia generación de ruido y polvos, generando el efecto barrera. Estos impactos son adversos e inevitables parcialmente permanentes.

Además, enumera que dentro de las excavaciones habrá polvo, gases y partículas emitidas por los trabajos, los vehículos y maquinaria empleada afectan comunidades vegetales aledañas, disminuyéndole capacidad de fotosíntesis. Este impacto es adverso y parcialmente temporal. Cambio no significativo y permanente en la estructura del paisaje por eliminación de la vegetación existente en la zona de desplante, incremento en la concentración de partículas suspendidas en la atmósfera.

Respecto a la vinculación, la empresa indicó que se fundamenta el aprovechamiento racional y productiva de la potencialidad del agua, el tiempo que plantea contribuir al desarrollo social y crecimiento local y regional.

El Plan de Desarrollo de Xico no prohíbe obras

La DGIRA señala en la autorización del proyecto que “considerando que el proyecto se ubicará en el estado de Veracruz, en los municipios de Coatepec y Xico, son aplicables los instrumentos de planeación, de ordenamiento territorial y ecológico, así como jurídicos y normativos siguientes: Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Xico, publicado en el periódico Oficial del Estado de Veracruz el 29 de mayo de 2008, el cual no contiene criterios ecológicos, políticas o unidades de gestión ambiental que limiten o prohíban el desarrollo de obras o actividades inherentes al proyecto”.

DGIRA identificó que en ninguno de los lineamientos aplicables al Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Xico se señalan prohibiciones expresas para la realización de las obras o actividades del proyecto, por lo que se autoriza la obra, aunque en la misma resolución, DGIRA advierte que la autorización solo se refiere a aspectos ecológicos de la obra, lo que no representa el permiso de inicio de la obra , ni reconoce o valida legítima propiedad y o tenencia de la tierra, por lo que quedan a salvo las acciones que determine la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), las autoridades federales, estatales y municipales.

Coatepec y Xico no dieron opinión

El ayuntamiento de Coatepec y Xico no respondieron a la solicitud de opiniones que hizo la DGIRA en relación con los impactos ambientales que tendría el Sistema de Generación Hidroeléctrica, “se cumplió el plazo y no hubo respuesta” de ahí que de acuerdo a la ley serán obligatorios o vinculativos estos informes, salvo disposición legal.

Aunque se señala que “el proyecto es ambientalmente viable”, la autorización del proyecto se da de manera condicionada, y se inscribe que “la presente resolución abarca la evaluación de los impactos ambientales por la remoción de la vegetación de los caminos de acceso, sin embargo no autoriza la apertura de dichos caminos (nuevos o por rehabilitar), ya que la evaluación en materia de impacto ambiental por la construcción o rehabilitación de los caminos de acceso corresponde al gobierno del estado de Veracruz, toda vez que no son considerados una vía general de comunicación y en consecuencia no se ajustan a los supuestos señalados en el artículo 28, fracción I de la LGEEPA y 5, inciso B9 de su REIA, por lo que previo a su desarrollo, la empresa deberá obtener la autorización que en la materia emita el gobierno de Veracruz”.

La presente autorización tendrá una vigencia de 12 meses para llevar a cabo las actividades de preparación del sitio y construcción y de 20 años para la operación y mantenimiento del proyecto.

Dentro de las condicionantes, a la empresa le señalan que deberá llevar a cabo el programa de reforestación propuesto con especies nativas de la zona en una proporción igual a la que será afectada que corresponden a 3.88 hectáreas, sobre todo en la superficie afectada por la introducción de las líneas de conducción, línea de trasmisión y en los caminos temporales de acceso, o bien en pareas de proceso de erosión, evitando el sembrado o utilización de especies arbóreas sobre o cerca de los elementos construidos. Con base en lo anterior, la empresa deberá remitir el programa de reforestación, tres meses previos al inicio de obras o actividades relacionadas con el sistema hidrológico.

La empresa deberá llevar a cabo un programa de manejo y restauración de suelos, en el que se incluya el diseño de acciones de conservación de suelos o control de erosión las cuales estarán basadas en un estudio de análisis de Riesgo de Erosión en las zonas destinadas al desarrollo del proyecto con la finalidad de identificar las áreas sensibles a la delegación Veracruz de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Daños al Río Blanco son casi irreversibles, lamenta presidente del Consejo de Cuenca

ROXANA AGUIRRE

Veracruz, Ver.- El río Blanco se ha convertido en un caudal enorme de aguas negras, la contaminación que el humano ha ejercido sobre el cuerpo de agua es ahora casi irreversible, aseguró el presidente de la Asamblea del Consejo de Cuenca del Río Papaloapan, Berto Castro Lagunes.

“La contaminación es irreversible por la complacencia de los gobiernos, si ahorita no le ponen ganas perderán la cuenca del río y perderán todos, incluso la zona conurbada VEracruz Boca del Río”, expresó.

Castro Lagunes indicó que son más de 30 municipios los que están afectados por esta contaminación, desde Maltrata, Nogales, Río Blanco, Rafael Delgado, Ciudad Mendoza, Córdoba, Fortín Naranjal, Yanga, Omealca Tierra Blanca y Alvarado,

Expresó que con la instalación del Fideicomiso Alto Río Blanco (Firiob) que de inicio fue propuesto por Dante Delgado Rannauro y posteriormente puesto en marcha en el 2000, bastaron cuatro años para poder disminuir en más de un 25 por ciento la contaminación del afluente.

“Logramos que hubiera vida acuática hasta Cuichapa, pero después se dejó de lado y las malas prácticas, la falta de tratamiento de las aguas y los desechos de las industrias de la zona que van a dar directo al afluente terminaron por echar atrás todo el trabajo y ahora está muy contaminado de nuevo”, explicó.

El presidente de la Asamblea del Consejo de Cuenca del Río Papaloapan aseveró que los ayuntamientos no tiene la disposición de entrarle al saneamiento del río Blanco.

Consideró que la situación se está convirtiendo en un problema muy severo que ya está provocando un problema a la salud pública de la población de la zona que no tendrá otra solución más que bajar el nivel de contaminación.

Se oponen pobladores a desviar el caudal del Atoyac para beneficio de industrias

ROXANA AGUIRRE

Veracruz, Ver.- Asociaciones civiles e integrantes de la Coordinadora Campesina en Defensa del río Atoyac realizarán diversas movilizaciones en las carreteras de los puntos cercanos a Atoyac para evitar que se desvíe el caudal del río del mismo nombre hacia Córdoba.

El presidente de la asociación Justicia y Conciencia Ciudadana, José Filemón Robles Rodríguez, aseguró que los bloqueos se realizarán principalmente en Amatlán de los Reyes, Cuitlahuac, Carrillo Puerto y otros puntos como la carretera Boca del Río - Córdoba, para que las autoridades correspondientes hagan caso a la problemática.

“Se irá de ser posible hasta el presidente de la República, con diputados y senadores, agotar todas las instancias legales para defender este río porque de él dependen la salud y la vida de los pobladores de estos municipios”, expresó.

La primer protesta podría realizarse la próxima semana a las 9 horas desde la plaza Banderas ubicada en Boca del Río, a ella asistirán campesinos y habitantes de la zona afectada.

“Vamos desde Boca del Río hasta Ojo de Agua, que es como se conoce al nacimiento del río Atoyac, son seis municipios los que son los afectados directamente, salimos desde temprano con unas 2 mil o 3 mil personas”, expresó el organizador.

Recalcaron que en caso de no obtener una respuesta favorable comenzarán a tomar acciones más severas.

Los integrantes de la coordinadora, indicaron que desde el 2011 se iniciaron las gestiones para desviar el nacimiento del río Atoyac hacia Córdoba para poder abastecer de agua a algunas comunidades.

“Sospechamos que esta podría ser una estrategia para darle agua a fábricas que están en la zona (...) sabemos que el agua es derecho de todos, pero no se debe de favorecer a las industrias que contaminan nuestros afluentes”, expresó uno de los miembros de las asociaciones.

CONSECUENCIAS

Indicaron que desde el año 2006 se reportó a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) la contaminación severa que causa la Destiladora del Golfo a este afluente, sin embargo, ante la falta de respuesta de las autoridades que esta industria está generando acudieron a la Procuraduría General de la República que tampoco ha emitido una solución.

De acuerdo a los datos que han recabado en la coordinadora campesina en Defensa del Río Atoyac, hasta el momento tienen 80 personas enfermas en el municipio de Carrillo Puerto por consumir agua de este río, lo que ya es un problema a la salud pública.

Sin pruebas me acusaron de narco: Lemus / La redacción

“Los Malditos, crónica negra de una cárcel de exterminio” (Random House Mondadori) será presentado el 16 de julio en México y es el resultado de los tres años y cinco días que Lemus pasó encerrado en el penal de máxima seguridad de Puente Grande (oeste).

Recluido desde 2008 en una zona de aislamiento del penal, Lemus logró ingeniárselas para escribir en el día lo que algunos célebres delincuentes y vecinos de celda le contaban entre susurros por la noche.

Mario Aburto, asesino en 1994 del entonces candidato presidencial del PRI Luis Donaldo Colosio; Álvaro Darío Valdez, ‘El Dubi’, miembro de la sanguinaria banda de los Narcosatánicos, y Daniel Arizmendi, apodado ‘El Mochaorejas’ porque gustaba de cortar orejas a sus víctimas de secuestro, son parte de la lista de personajes que conoció Lemus, que prefiere no dar muchos detalles de sus retratos.

En una entrevista con la AFP, el periodista relata cómo sacaba de la cárcel los textos escritos en las raciones de papel sanitario a las que tenía derecho diariamente. Las tiras de papel las doblaba en pequeñas piezas que escondía y después entregaba a su esposa en las visitas conyugales para que se las llevara metidas dentro de los zapatos.

Lemus reconoce que esa vocación de reportero fue lo único que lo alentó a seguir viviendo en esos oscuros años, en los que se convirtió en el único caso conocido de un periodista encarcelado en México por narcotráfico cuando el país vivía azotado por la lucha frontal antidrogas del gobierno de Felipe Calderón (2006-2012).

En mayo de 2008, cuando fue detenido, Lemus era director de El Tiempo, un periódico local del municipio de La Piedad en el estado de Michoacán (oeste), donde Felipe Calderón había iniciado su despliegue militar contra el narcotráfico, que generó una ola de violencia en la que más de 70.000 personas fueron asesinadas durante su mandato.

El periodista investigaba entonces las redes que había tejido uno de los cárteles entre Michoacán y el vecino estado de Guanajuato (centro) cuando un comandante de la policía, que había sido una de sus mejores fuentes, lo entregó a policías vestidos de civil.

“Me esposaron, me pusieron una capucha y me secuestraron dos días en un lugar desconocido a manos de policías. Ahí sufrí la tortura que yo ni siquiera me imaginaba que existía”, recuerda este periodista especializado en asuntos policiacos.

La bolsa de plástico en la cabeza para asfixiarlo, los toques eléctricos en los testículos y las golpizas con tablas, entre otros suplicios, no lograron hacerlo firmar una declaración para reconocer ser parte de un cártel, pero después aceptó declarar que fue detenido junto a dos hombres que resultaron ser narcotraficantes.

El periodista fue sentenciado a 20 años de prisión por promoción del narcotráfico y al poco tiempo fue enviado a Puente Grande, donde los primeros seis meses permaneció en una pequeña celda en la que casi siempre lo mantenían desnudo.

Todas las noches lo sacaban a un patio donde lo hacían rodar por el suelo con chorros de agua a presión. “Me ponían unas palizas que mejor no te platico”, explica el comunicador, de 46 años, que tuvo que hacerse cargo de su defensa porque dos de sus abogados fueron asesinados.

Finalmente, una juez federal aceptó su apelación en mayo de 2011 y lo puso en libertad.

El periodista recuerda que su diario, que cerró tras su detención, había criticado sistemáticamente a la administración local y a los “amigos del expresidente Felipe Calderón”, originario de Michoacán.

El reportero ahora no puede volver a La Piedad y sobrevive con dificultad en Morelia, capital estatal, sin poder ejercer su labor periodística.

En Reporteros sin Fronteras “consideramos que es un caso inédito. No tenemos registrado ningún otro caso de un periodista que haya sido detenido tres años” y acusado de colaborar con el narcotráfico, dijo a la AFP Balbina Flores, corresponsal de la ONG de origen francés, que enmarca el caso en la vulnerabilidad de la prensa en México.

Jesús Lemus: el periodista que sobrevivió a Calderón

por Oriol Mallo

Jesús Lemus: el periodista que sobrevivió al calderonato.

Jesús Lemus Barajas estuvo en el lugar equivocado en el momento equivocado. Y pagó un precio demasiado alto. El aguerrido director de un periódico local en La Piedad, Michoacán, tuvo frente a sus ojos un historia que no podía desperdiciar: en su región se daba la famosa guerra contra el narco que el presidente Calderón consideró esencial para salvar a México del caos. Investigando historias oscuras del narco y las fuerzas de seguridad, no se dio cuenta que seguir las pistas de la barbarie acarrea rudas consecuencias. Un comando armado se lo llevó a una centro ilegal de detención en Guanajuato y tras un semana de torturas apareció ante las cámaras de TV como supuesto jefe de la Familia Michoacana. Huelga decir que los secuestradores y torturadores eran militares y que su secuestro no terminó en muerte porque llegaron reportes rápidos de su desaparición y se evitó el previsible final.

Pero igual le inventaron a Jesús Lemus todos los cargos habidos y por haber. Pasó tres años en el penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco, donde decidió que no se dejaría llevar por la depresión y el terror. Lo consiguió de la única forma que un compañero de gremio puede hacerlo: recuperando el espíritu del periodismo y aprovechando las ventajas de un entorno brutal. La consecuencia de su acto de honor fue un libro que publica Grijalbo y se titula Los Malditos. Crónica negra desde Puente Grande que es una colección de entrevistas con el top ten de los delincuentes ahí encerrados y un relato del horror que vio y vivió. Tras 36 meses en el infierno carcelario Jesús Lemus salió en libertad. Todo su caso fue pura falacia. Sin trabajo y deshecho, tenía al menos un libro en ciernes que daría sentido a su experiencia.

Sobrevivir para que otros lleguen a saber.

Y el libro ya está en todas las librerías. Su testimonio es solo un botón de muestra pero confirma, en grado extremo, el nivel de brutalidad que se dio en la administración de Felipe Calderón Hinojosa cuando un presidente desesperado por conseguir legitimidad concedió al ejército mexicano, la PFP y la Marina barra libre para convertir a los civiles -molestos, sospechosos o críticos- en blanco directo de la guerra sucia.

Sin ley, sin garantías jurídicas ni habeas corpus, el camino al salvajismo quedó abierta. El juego mortal entre los cárteles y el estado abrió la espita para que todas las vidas cayeran en manos de la barbarie. Una barbarie que se cebó especialmente en personas como Jesús Lemus que intentaron contar lo que estaba pasando en los inicios de guerra contra el narco.

Sirva esta historia que él mismo ha relatado a varios medios para romper los cínicos prejuicios que tantos acataron sobre las víctimas del calderonato: los muertos, los torturados, los encarcelados algo hicieron para terminar tan mal.

Pues no: igual que altos funcionarios y militares acusados por testigos protegidos resultaron inocentes, civiles injustamente encarcelados tampoco tuvieron culpa alguna. Solo la mala suerte que gente con poder quisieran desaparecerlos.

Pasen y lean…

Acoso laboral y amenazas a periodistas

José Martínez Cruz, Marco Aurelio Palma Apodaca

Cuando las y los periodistas se encuentran en la mira de amenazas, violencia, hostigamiento, el panorama de la libertad de expresión se ensombrece. En lo que va del sexenio de Peña Nieto ha habido cuatro asesinatos de periodistas, tres desaparecidos y nueve ataques contra medios de comunicación, registrando el peor arranque en cuanto a ataques a la libertad de expresión y la profesión periodística. Existe una ley y un mecanismo de protección a periodistas, una reforma a la constitución y hay más violencia, no baja el número de ataques contra periodistas. El sexenio de Calderón es hasta el momento, el más violento para la prensa y los medios de comunicación en la historia reciente, el último año de su mandato, se contabilizaron un total de 258 agresiones a la libertad de expresión, en el marco del ejercicio periodístico, hacia el derecho de libertad de expresión, desde asesinatos y desapariciones hasta los actos más sutiles de intimidación como método para inhibir el ejercicio del periodismo.

Diversas organizaciones de derechos humanos y de periodistas hemos impulsado desde el 2008, la creación de un mecanismo para proteger a periodistas y defensores de derechos humanos. El grave panorama que viven trabajadores de los medios de comunicación en el país, se expresa en el asesinato de tantos periodistas, desaparecidos, perseguidas y amenazados. Resulta paradójico que periodistas que defienden derechos laborales de otros trabajadores, mediante notas y reportajes, carezcan de esos mismos derechos. Derechos elementales, no los fantasiosos del supuesto Cuarto Poder: salario profesional, estabilidad en el empleo, horarios de trabajo, prestaciones sociales, derecho a la organización colectiva.

En Morelos es recurrente el despido de periodistas de diversos medios, quienes, igual que cuando sufren amenazas en su vida, quedan desprotegidos.

Hay claros ejemplos que ilustran lo anterior, con despidos masivos, o con quienes son sustraídos de sus actividades regulares para protegerlos ante un posible atentado. Nuestro organismo desde el 2010, pedimos la intervención de la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República (Rosario Ibarra de Piedra) ante los constantes ataques de funcionarios y al efecto se tomaran las medidas conducentes de protección y hostigamiento laboral sufridas, en la Institución Pública del Sistema Morelense de Radio y Televisión que dependía del Congreso del Estado de Morelos, y en el mismo sentido solicitamos darle seguimiento a esta grave situación que vive el gremio del periodismo en el Estado de Morelos, demandamos en su momento “las medidas cautelares” y las responsabilidades especificas por parte del Gobierno del Estado de Morelos y la Comisión de Radio y Televisión del Congreso del Estado de Morelos, particularmente a la Senadora en su momento, le pedimos su respectiva colaboración toda vez que las quejas elevadas por el personal del SMRT al Congreso, cayeron en oídos sordos de Diputados. Ninguno de los diputados de la anterior legislatura asumió la defensa al grado que actualmente se ventila ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje.

Demanda por hostigamiento laboral, que se tradujo en congelarlos, reubicarlos o despedirlos. Al respecto la SCJN ha definido el acoso laboral de la siguiente forma: Se han identificado una serie de conductas o comportamientos que son indiciarios de la existencia del acoso moral y/o psicológico en el trabajo.

Entre éstos encontramos: conductas que pretenden atentar contra la reputación de la víctima o contra el ejercicio de su trabajo, y conductas que traten de manipular la comunicación en información con los demás compañeros o superiores. Dichas conductas tienen como resultado, por lo general, daños a la salud laboral y a la dignidad del trabajador.

Comúnmente encontramos que son actos repetitivos, sistemáticos o recurrentes, pero no debe fijarse un periodo mínimo para hablar de la existencia de acoso laboral. No disparen al periodista, respeten sus derechos, es la consigna.

Busca pueblo de Tlapa crear su policía comunitaria

SERGIO FERRER ( Corresponsal)

Tlapa, 21 de julio. Habitantes de Tlaquiltzinapa, comunidad indígena de Tlapa, se reunieron en asamblea, ante la cual coordinadores de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de la Casa de Justicia de Espino Blanco informaron sobre los requisitos y responsabilidades que implica crear una cuerpo policiaco incorporado a ese organismo.

Lo que ha generado interés en la comunidad es la inseguridad y la violencia en la ciudad, dijo un representante del Movimiento Popular Guerrerense, quien ejemplificó que recientemente fueron secuestrados dos niños de familias humildes, por quienes los secuestradores están pidiendo dinero. El representante, quien omitió su nombre, advirtió que aunque al alcalde no le guste, se seguirán organizando porque es una necesidad.

Coordinada por el comisario municipal, Eusebio Beltrán Hidalgo, la asamblea contó con la asistencia de principales, autoridades y hombres de la comunidad, pero no hubo presencia de mujeres del pueblo. A petición de la comunidad, los coordinadores de la Crac-PC acudieron para informar los pasos necesarios para constituir una policía comunitaria en el poblado nahua.

El coordinador Sulspicio Solano Cantú afirmó que el trabajo de la Policía Comunitaria es gratuito, porque no se compra ni se vende justicia, y explicó: “el uniforme es sagrado, nunca deberá andar un policía en la cantina; es respetuoso, responsable, atento; tendrá además la firmeza y valor para detener a sospechosos o gente de la delincuencia, porque, aunque es difícil, son cosas que no se deben omitir”.

Pero aclaró que es labor de todo el pueblo no solo de la policía comunitaria.

Se unificarán movimientos y ONG en un frente: líder

CITLAL GILES SÁNCHEZ ( )

Chilpancingo, 21 de julio. El frente de organismos y movimientos sociales busca impedir que prosperen iniciativas como la de la policía rural que pretende imponer el gobernador Ángel Aguirre, así como la explotación y destrucción de los territorios, aseguró el coordinador de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos (Redgroac), Manuel Olivares Hernández.

Consultado sobre el acuerdo adoptado este sábado en el foro Digna Rebeldía impulsado por el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, por su aniversario 19, Olivares Hernández dijo que el aglutinar a todos los movimientos sociales “es una necesidad” ante la intención del gobernador de desarticular las luchas sociales.

Entre las principales acciones está defender la Ley 701 y, con ello, a las policías comunitarias.

“Esta pretensión de Ángel Aguirre de reglamentar y prácticamente desarticular a la Policía Comunitaria y someter de alguna manera a los que genuinamente están participando en los grupos de autodefensa de la Upoeg, consideramos que es necesario que las organizaciones se unan y formen un frente común contra esas pretensiones”, dijo.

Olivares Hernández agregó que es necesario que organizaciones como el Cecop, la Crac, la Ceteg, los grupos de autodefensa de Olinalá, Huamuxtitlán y Atliaca, y los centros de derechos humanos se unan, pues se prevé que arrecie esta intención del gobernador.

“La intención de desarticular a la Policía Comunitaria mediante esa reglamentación es un indicativo de que la represión contra el movimiento social, contra los defensores de derechos humanos, es un riesgo palpable”, dijo.

Además, es necesario luchar contra la pretensión del gobierno de impulsar los proyectos de explotación minera, y para ello también se haría ese frente.

“Se requiere formar un frente, un bloque, para frenar todo esto, porque finalmente el convertirlo en policía rural implica incorporarlos al sistema mestizo, y las comunidades indígenas no están de acuerdo porque acotarían sus funciones y serían sujetas a lo que determine el Ministerio Público y la Procuraduría General de Justicia del Estado”, señaló.

Mueren dos sicarios cuando iban a matar a desplazados de la sierra

En el sitio del atentado radican Hermelindo, Bernardo y Constantino Díaz Pérez y sus familias

Los atacantes fueron enviados por la familia Montúfar, asegura el dirigente de la Redgroac

MARGENA DE LA O Y
 CITLAL GILES SÁNCHEZ ( )

Chilpancingo, 21 de julio. Al entrar al pueblo de La Unión, en Ayutla, a agredir a balazos a las familias desplazadas de La Laguna, municipio de Coyuca de Catalán, de donde salieron por la violencia, dos presuntos sicarios murieron esta mañana cuando los habitantes respondieron a la intimidación.

Eran las 10 de la mañana cuando hombres con rifles AK-47 llegaron a las inmediaciones del pueblo para asesinar a las familias desplazadas, quienes respondieron. Al sonar los balazos, llegaron al pueblo integrantes de la Policía Ciudadana, que coordina la Unión de Organizaciones y Pueblos de Guerrero (Upoeg), quienes también enfrentaron a los armados. De todo aquello quedó un saldo de dos agresores muertos y uno detenido al intentar huir por el monte.

El hombre detenido fue trasladado a la Casa de Justicia de Ahuacachahue del Sistema Ciudadano de la Upoeg; se supo que otros dos atacantes sí huyeron.

La Policía Ciudadana ya aseguró el vehículo en que entraron los hombres armados a La Unión, así como el rifle AK-47 de un pistolero muerto de un balazo en el pecho, que vestía pantalón negro y camisa gris.

El 21 de abril de 2012, unas 31 familias, que suman 156 personas, entre niños, mujeres, adultos y ancianos, huyeron de la violencia tras la ejecución, el 18 de febrero de 2011, de Rubén Santana Alonso, esposo de Juventina Villa, quien fue asesinada más adelante, el 28 de noviembre de 2012. En Puerto las Ollas, Coyuca de Catalán, se quedaron 15 familias.

A Ayutla llegaron 16 familias: siete se asentaron en Tepango; seis, en la cabecera municipal, y tres, en La Unión, para cuidar ese terreno en que el gobernador Ángel Aguirre Rivero les prometió construir sus casas. Esas tres familias son las de los hermanos Hermelindo, Bernardo y Constantino Díaz Pérez, con sus esposas y sus tres, cuatro y cinco hijos, respectivamente, y habitan casas de estructuras hechas de troncos y lonas a la ribera de un río.

Apenas el 26 de junio pasado, la Red Guerrerenses de Organismos Civiles y de Derechos Humanos visitó a las familias desplazadas en La Unión y Tepango, y constató sus condiciones complicadas y de carencias.

Una de las familias en Tepango es la de la pareja Sergio Santana Palacio y Juana Alonso Ochoa, suegros de la lideresa ecologista Juventina Villa Mojica. Primero, se refugiaron en Puerto las Ollas, hasta llegar a esta comunidad de Ayutla a mediados de diciembre de 2012, junto a tres de sus hijos, de los cuales dos llevaban sus propias familias, y su nuera con sus cuatro hijos.

Ese día, Manuel Olivares Hernández, secretario técnico de la Red Guerrerense de Organismos Civiles y de Derechos Humanos, mencionó las posibles causas de la violencia en la región de la sierra: “es una de las zonas con abundante riqueza de recursos naturales y minerales; los recursos madereros, principalmente, han sido codiciados para su explotación irracional, lo que provocó el surgimiento de grupos de talamontes, quienes actúan en contubernio con grupos de la delincuencia organizada que se han adueñado de esta zona para tener el control estratégico de este territorio para la producción y paso de estupefacientes”.

Vivos o muertos: Olivares

Personas desconocidas atacaron a balazos a habitantes de La Laguna que están refugiados en la ranchería de La Palma II, de la comunidad de La Unión, en el municipio de Ayutla, confirmó el coordinador de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos (Redgroac), Manuel Olivares Hernández, quien informó de un muerto y un detenido.

Detalló que los refugiados informaron a la Redgroac que desde el viernes por la tarde rondaba por el rumbo un Jetta color plata con placas del Distrito Federal.

Le dijeron que un persona llegó preguntando por varios refugiados que viven temporalmente en La Palma II.

“Después de hacer varias investigaciones con familiares y amigos, que tienen incluso en el Distrito Federal, les informaron que esa gente fue enviada por Francisco Montúfar Mendoza, que vive en el DF y que es hermano de Rick y de Saúl y de todos los Montúfar que han estado trabajando en el gobierno del estado y que tenían un plazo de 15 días para llevarse a algunos de los desplazados vivos o muertos”, detalló Olivares Hernández.

Agregó que la agresión que sufrieron en la Palma II la mañana de este domingo podría confirmar que la agresión viene orquestada desde los Montúfar “y que la intención era matarlos”.

De la agresión, precisó, resultaron dos personas muertas y un detenido; sin embargo, hasta el mediodía desconocía a qué grupo pertenecían.

Hace un par de meses, habitantes de La Laguna que antes abandonaron sus hogares y se refugiaron en Puerto Las Ollas debido a la violencia en esa zona decidieron desplazarse al municipio de Ayutla.

En total, hay unas 60 personas, entre adultos y niños, de al menos 14 familias, según informó Olivares Hernández.

Algunas familias se refugiaron en la comunidad de Tepango; otras, en Palma II, y unas más, en la cabecera municipal.

Normalistas de Tlapa entregan víveres a presas

SERGIO FERRER ( Corresponsal)

Tlapa, 21 de julio. Jóvenes de la Escuela Normal Regional de la Montaña (ENRM) entregaron productos de despensa a las 17 mujeres recluidas en el penal de este municipio como acción para solidarizarse con quienes enfrentan una situación difícil.

Este domingo, integrantes del Comité Estudiantil Lucio Cabañas Barrientos entregaron a las presas arroz, sal, sopas y otros productos recolectados. Varias internas viven con hijos en condiciones de hacinamiento.

Antes, los normalistas entregaron otra cantidad simbólica de víveres, como muestra de unidad y comprensión, a integrantes de la Crac-PC de la Casa de Justicia de Espino Blanco.

Los normalistas recordaron que es triste reconocer que se enfrentarán a un clima de hostilidad o falta de interés del gobierno estatal para acceder a una plaza y, por consiguiente, a un lugar de trabajo.

Los jóvenes dijeron que han expuesto su vida en movilizaciones, no porque hayan querido, sino porque no hay atención real a sus demandas y necesidades.

Convocatoria a la PREAUDIENCIA: Represión por motivos políticos: una estrategia permanente del Estado mexicano

Con tu firma; súmate a la convocatoria.

tpp.guerrasucia.mx@gmail.com

Convocatoria a la PREAUDIENCIA: Represión por motivos políticos: una estrategia permanente del Estado mexicano

Fecha: 28 y 29 de agosto del 2013

Lugar: Mercado Hidalgo. Puebla

Convoca: Eje de Guerra Sucia, como violencia, impunidad y falta de acceso a la Justicia del Tribunal Permanente de los Pueblos, capítulo México y la Comisión organizadora de la Preaudiencia del Eje de Guerra Sucia del TPP en Puebla

18 de julio de 2013

A todas las organizaciones populares, sociales, políticas y de derechos humanos, familiares, amigos y personas solidarias de las víctimas de la represión política del estado mexicano.

A los equipos promotores de las audiencias temáticas del TPP Capítulo México.

Al Pueblo de México:

Los días 28 y 29 de mayo del 2013, en el Distrito Federal, organizaciones populares, indígenas, de derechos humanos, de víctimas y personas que trabajamos en el “Eje de Guerra Sucia como violencia, impunidad y falta de acceso a la justicia” del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) capítulo México realizamos la PREAUDIENCIA: Desapariciones forzadas y Ejecuciones extrajudiciales en México; una política permanente del Estado. La cual, fue convocada por alrededor de 40 organizaciones sociales, así como por La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todos y Todas” (que agrupa a 72 organismos de DH), la Red de Radios Comunitarias, A.C. /AMARC- México (que agrupa a 35 proyectos radiofónicos asociados), la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada (que agrupa a 42 organizaciones nacionales e internacionales) y la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos, entre otras.

En la Preaudiencia pudimos escuchar diversos testimonios de familiares de víctimas de desaparición forzada y ejecución extrajudicial en todo el país y en distintos momentos históricos: desde el caso de Epifanio Avilés quien se encuentra desaparecido por motivos políticos desde 1969; hasta Teodulfo Torres desaparecido el 25 de marzo de 2013.

En un esfuerzo de seguir visibilizando la situación de violación a los derechos humanos que se vive en nuestro país y de realizar Preaudiencia fuera del Distrito Federal, el Eje de Guerra Sucia, en colaboración con organizaciones y colectivos del estado de Puebla, invitamos a todas las organizaciones sociales, políticas, de derechos humanos y personas solidarias a firmar como convocantes la presente invitación y a participar en la realización de la PREAUDIENCIA “Represión por motivos políticos: una estrategia permanente del Estado mexicano” Los días 28 y 29 de agosto, en el Mercado Hidalgo, en un espacio destinado para este fin por parte de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de octubre, con horarios aún por definirse.

En esta ocasión las violaciones a derechos humanos que se tratarán serán las siguientes:

Desaparición Forzada, ejecución extrajudicial, tortura, detención ilegal o arbitraria, encarcelamiento por motivos políticos, amenazas, hostigamiento, criminalización y todas aquellas formas de violación de derechos humanos que es Estado mexicano ha utilizado y utiliza para eliminar o controlar la disidencia política de ciertas organizaciones y personas.

Debido a que los jueces deben revisar los casos antes de la Preaudiencia para poder analizar la información y dictar sentencia, los casos (resúmenes de máximo 5 cuartillas) serán recibidos hasta el día viernes 9 de agosto de 2013.

El tiempo de participación y el número de testimonios presentados ante los jueces nacionales lo determinara el número de casos que se hayan recibido hasta el 9 de agosto.

Cualquier asunto no previsto lo resolverá la coordinación de la audiencia de Guerra Sucia, como violencia, impunidad y falta de acceso a la Justicia del TPP.

Cabe destacar que la audiencia final del Eje de Guerra Sucia, como violencia, impunidad y falta de acceso a la Justicia se realizará, con la presencia de los jueces internacionales, el primer trimestre del 2014 y que durante el 2013 se realizarán diversas preaudiencias, foros y talleres en diferentes estados de la república.

Para informase a mayor detalle sobre lo qué es el TPP, las actividades y documentos del Eje de Guerra Sucia pueden consultar el siguiente Blog:

http://tppmx-guerrasucia.blogspot.mx/

Para ver los requisitos que se necesitan cubrir para presentar casos en las Preaudiencia, pueden consultar el Boletín 3 o comunicarse con la comisión organizadora al siguiente correo:

tpp.guerrasucia.mx@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/TppMexicoejeGuerraSucia

Boletín 1. Boletín 2. Boletín 3 Boletín 4.

ATENTAMENTE

Comisión organizadora de la Preaudiencia del Eje de guerra Sucia del TPP en Puebla:

Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre; Comité Independiente de Derechos Humanos, Puebla; Frente Revolucionario Comunista y Fracción Roja.

Eje de Guerra Sucia como violencia, impunidad y falta de acceso a la justicia del TPP capítulo México.

Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos A.C (DF), Asociación de Padres y Familiares de las Víctimas de Sucumbíos (DF), Brigadas Emiliano Zapata (BEZ-MÉX), Bia´lii, Asesoría e Investigación, A.C, Casa de Encuentros A. C. (Morelos), Centro de Derechos Humanos "Fr. Francisco de Vitoria O.P." A.C (DF), Centro de Pastoral Obrera de Cd. Juárez, AC (Chihuahua), Cochitlehua Centro Mexicano de Intercambios AC, Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (DF y Guerrero), Comité Cerezo México (DF), Comité de Derechos Humanos de las Huastecas y Sierra Oriental (Hidalgo y Veracruz), Comité de Solidaridad y Derechos Humanos Monseñor Romero (DF) Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta encontrarlos” (DF y Oaxaca), Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero (Guerrero), Comité de Solidaridad y Derechos Humanos Monseñor Romero (DF), Coordinadora IDmx (DF), Cnd-morena Ajusco Medio (DF), Estudiantes del Posgrado de DH de la UACM (DF), Frente de Lucha Estudiantil Julio Antonio Mella (DF), Frente Democrático Oriental de México Emiliano Zapata (Hidalgo y Veracruz), Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (Chiapas, Veracruz, Hidalgo, Puebla, Michoacán y DF), Frente Popular Francisco Villa Independiente (Cabeza de Juárez DF), Fundación Don Sergio Méndez Arceo (Morelos), Jóvenes frente al G20, Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (Oaxaca y DF), Organización Campesina Indígena Popular-Ricardo Flores Magón (Michoacán), Organización Campesina del Sur (Guerrero), Radio Estudiantil Libertaria (DF), Taller de Desarrollo Comunitario AC (Guerrero), Telar de Raíces AC. (DF), Timocepanotoke Noche Altepeme Macehualme, “Unión de Todos los Pueblos Pobres” (Veracruz), Unión de Mujeres de las Huastecas «Humberta Hernández Tovar (Huastecas), Zapateando, equipo de comunicación autónoma (Veracruz)…(más las org que se vayan sumando)

La Red de Radios Comunitarias, A.C. AMARC (agrupa a 35 proyectos radiofónicos), la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada en México (actualmente conformada por 42 organizaciones nacionales e internacionales). La Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos; NoMásVíctimas.org, …(más las coordinaciones que se vayan sumando)

Oficio de Papel

• Justicia mexicana sumisa a EU

• La captura de Treviño el Z-40

• Prepara la PGR su extradición

Desde hace varios sexenios, destacadamente en los dos últimos gobernados por el Partido Acción Nacional, la sumisa justicia mexicana dispuso que los principales narcotraficantes capturados en territorio nacional fueran extraditados a Estados Unidos para ser juzgados y encarcelados en aquel país, práctica similar a lo ocurrido en Colombia hace 30 años, cuando los principales líderes de los cárteles fueron reclamados por las autoridades estadunidenses y el gobierno colombiano accedió a entregarlos sin objetar, lo que ocasionó una guerra interna desatada por los llamados “extraditables” y con ello miles de muertes.

Para frenar esa ola de violencia que parecía no tener fin, el gobierno del país sudamericano negoció con los jefes de las mafias para que no fueran extraditados y a cambio éstos se comprometían a renunciar a los asesinatos de políticos, periodistas, burócratas y líderes sociales.

En el caso mexicano, el gobierno ha aceptado sin protestar las condiciones impuestas por su homólogo de Estados Unidos para extraditar de manera inmediata a presuntos narcotraficantes. Esta actitud sumisa y entreguista de las autoridades mexicanas que permite encerrar en cárceles estadunidenses a delincuentes connacionales considerados como de alta peligrosidad contrasta ahora con las protestas del gobierno mexicano por la intervención de los órganos de inteligencia gringos en las comunicaciones privadas en México.

Es verdad que los narcotraficantes mexicanos extraditados a Estados Unidos desde hace 3 décadas han puesto poca resistencia a su traslado, pues han encontrado en el sistema de justicia de aquel país una vía más eficaz y expedita para disminuir sus condenas y alcanzar su libertad.

El trámite para los delincuentes mexicanos juzgados en tribunales estadunidenses ha permitido que aquéllos negocien una situación penal más favorable a cambio de proporcionar información relevante de la operación del crimen organizado en México y los vínculos de éste con políticos, funcionarios, legisladores y empresarios mexicanos, además de pagar multas millonarias en dólares que van a parar al erario público de Estados Unidos.

Este es el caso de Osiel Cárdenas Guillén, exjefe de la banda de Los Zetas en Tamaulipas, quien fue extraditado a Estados Unidos y que en 2010 llegó a un acuerdo con el gobierno de Barack Obama para lograr una sentencia de sólo 25 años de prisión y el pago de 50 millones de dólares por declararse culpable de cinco cargos federales, además de proporcionar información de la estructura de los cárteles de la droga en México.

Éste es sólo un ejemplo de los muchos narcotraficantes y lavadores de dinero mexicanos que durante los mandatos de Vicente Fox y Felipe Calderón fueron enviados a Estados Unidos para ser juzgados en aquel país, con lo cual México asumió una vez más su incapacidad de aplicar la justicia y eludió su responsabilidad constitucional para juzgar y sancionar a aquellos que delinquieron en el país.

Ahora habrá que conceder el beneficio de la duda al gobierno priísta de Enrique Peña Nieto hasta conocer con precisión cuál será su estrategia para la aplicación de la justicia hacia los integrantes de los cárteles de la droga capturados o si continuará la misma política entreguista y sumisa que mostraron los gobiernos panistas.

Por lo pronto, no es un buen augurio cuando el responsable de la política interna de México, el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, declara después de la detención la semana pasada del jefe de Los Zetas, Miguel Ángel Treviño, alias el Z-40, que Estados Unidos aún no ha solicitado su extradición, pero adelantó que en caso de que lo haga primero sería juzgado en México. La duda que hay es si después de ser sentenciado este delincuente permanecerá en cárceles mexicanas o, como lo hicieron los panistas, de inmediato lo extraditarán a Estados Unidos.

De ser así, cómo puede el gobierno mexicano exigir respeto de su homólogo estadunidense y reprochar su intervención en asuntos internos del país –como la violación a la privacidad a través del espionaje– si las autoridades mexicanas son sumisas a las órdenes de Washington. Ésa es la razón por la cual las corporaciones policiales de ese país han hecho lo que quieren en México y violan constantemente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ahora ese importante jefe de la mafia de las drogas está sujeto a intensos interrogatorios en las oficinas de la Procuraduría General de la República, en donde su titular Jesús Murillo Karam ha declarado que la captura del Z-40 “dará una pausa a la violencia”, lo cual es poco probable porque vendrán las venganzas por la traición, y por eso las poblaciones de los estados en donde opera principalmente el grupo de Los Zetas se preparan ante posibles actos violentos.

La industria de Los Zetas

El mes pasado escribimos en esta columna sobre la impunidad y complicidad del gobierno de Felipe Calderón con los cárteles de la droga y cómo su negligencia permitió el florecimiento de la industria del crimen organizado y el fortalecimiento de 88 cárteles en el país, de acuerdo con un informe confidencial elaborado por la Procuraduría General de la República (PGR) sobre las “Células delictivas con presencia en el país”, fechado el 25 de marzo de 2013 y dado a conocer en Contralínea por la reportera Nancy Flores.

Ahí da cuenta de cómo México vivió un sexenio sangriento: más de 100 mil civiles fueron ejecutados, otros 30 mil desaparecieron; miles de familias (se calcula 250 mil) fueron desplazadas por la violencia y otros cientos de miles más perdieron su patrimonio. Centenas de niños y niñas quedaron huérfanos, sin protección alguna, y otros cientos de personas viajan por todo el país en busca de sus familiares.

Oficialmente, Calderón dijo que la guerra acabaría con el crimen organizado, pero lejos de esa “promesa”, los grupos delincuenciales florecieron y se han convertido en verdaderas empresas trasnacionales, al grado que su antecesor, el expresidente Vicente Fox, también panista, planea ya producir a gran escala la mariguana, para lo cual promueve la legalización y espera convertirse en el principal productor de esa droga.

En el sexenio anterior prácticamente nadie fue a parar a la cárcel. La impunidad no sólo cubrió a los delincuentes, también a quienes los protegieron y los fortalecieron, un grupo de políticos y policías corruptos encabezados por el exmandatario.

El reporte de la PGR precisa que la consolidación de la delincuencia es tal, que ni la autoridad puede desmentirla. Y es que no es fácil ocultar la prosperidad: los negocios de los cárteles del narcotráfico llegan a más de 50 países en los cinco continentes.

El mapa de la delincuencia abarca prácticamente todo el país, y de las 88 organizaciones criminales vinculadas al tráfico ilegal de narcóticos, ocho son consideradas como “grandes organizaciones del narcotráfico”, entre las que destacan Los Zetas. Esta información de la PGR cobra mayor relevancia porque permite conocer a los grupos vinculados y a los rivales de Miguel Ángel Treviño, de tal manera que podría se previsible las zonas del país en donde podrían desatarse duros enfrentamientos y así preveer la protección de las poblaciones aumentando la vigilancia.

Se calcula que tan sólo por venta de drogas en Estados Unidos, esos ocho grupos criminales –Los Zetas, el Pacífico, los Arellano Félix, La Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios, el Nuevo Cártel de Juárez, el Cártel de la Barbie y el Cártel de los Beltrán Leyva– obtienen ganancias anuales superiores a los 39 mil millones de dólares (unos 468 mil millones de pesos).

El amplio documento oficial destaca la información del grupo de Los Zetas, considerados como los narcotraficantes más violentos del país y cuyos negocios abarcan el Continente Americano y llegan hasta el europeo, quienes tendrían bajo su control, según la PGR, a tres organizaciones de menor nivel pero igual dimensión de brutalidad: Los Talibanes, Los Legionarios y Los Hijos del Diablo.

No obstante, al parecer dos se han deslindado del que originalmente era el brazo armado del Cártel del Golfo, conformado en un principio por militares de elite que desertaron de los grupos Aeromóvil y Anfibio de Fuerzas Especiales y de la Brigada de Fusileros Paracaidistas del Ejército Mexicano.

El grupo de Los Talibanes se ubica en Tamaulipas y Quintana Roo. Esta facción, sin embargo, declaró la “guerra” a Los Zetas el 1 de junio de 2012. Ese día se colocaron en Zacatecas unas mantas presuntamente de su autoría, con las fotografías impresas del líder de Los Zetas, Heriberto Lazcano Lazcano, y de otros delincuentes que habían sido abatidos o capturados, bajas que entonces le achacaban a El Lazca.

El 20 de agosto de 2012, el líder de esta célula, Iván Velázquez Caballero, el Z-50 o el Talibán, rompió abiertamente su vínculo con Los Zetas tras señalar en unas mantas colocadas en Nuevo Laredo, Tamaulipas, que Miguel Ángel Treviño, el Z-40, y Heriberto Lazcano se aliaron con “los federales” y traicionaron a sus jefes para poder controlar el cártel. El Z-50 fue capturado el 28 de septiembre y el Lazca fue “abatido” el 7 de octubre de ese mismo año por elementos de la Secretaría de Marina. Desde entonces el Z-40 asumió el liderazgo.

El segundo grupo que la PGR vincula a Los Zetas opera en San Luis Potosí, Zacatecas, Nuevo León y Tamaulipas. Su objetivo, según refirieron el 20 de octubre de 2012 a través de unas mantas, es acabar con el Z-40 o Talibán. “Los Legionarios somos un grupo de Zetas renegados que fuimos traicionados por ‘Z-40’. Los Legionarios tenemos claramente la orden de exterminar sólo a la gente de Los Zetas y familias… Ojo por ojo”.

Los mensajes, reportados por algunos medios de información, concluían así: “Nuestro negocio es el narcotráfico, sólo y exclusivamente. Respetamos a las fuerzas federales y la lucha que hacen para terminar con el narco”.

De acuerdo con el informe de la Procuraduría, Los Hijos del Diablo se localizan en San Luis Potosí y Zacatecas. A esta célula se le vincula con el narcotraficante capturado Miguel Ángel Treviño e incluso con miembros del supuestamente extinto Cártel del Golfo.

oficiodepapel@yahoo.com.mx

Hallan muerto a defensor de derechos humanos en Oaxaca

PEDRO MATÍAS

OAXACA, Oax. (proceso.com.mx).- Con seis impactos de bala, dos de ellos en la cabeza, fue localizado el cuerpo sin vida del defensor indígena Herón Luciano Sixto López, desaparecido desde el pasado 15 de julio, confirmó la Procuraduría General de Justicia del Estado.

El miembro del Centro de Orientación y Asesoría a Pueblos Indígenas en el municipio de Santiago Juxtlahuaca, fue hallado este sábado 20 de julio alrededor de las 15:00 horas, en el paraje Camino a Cahuaya, en la jurisdicción de Tecomaxtlahuaca.

Según las indagatorias, el cuerpo del defensor de derechos humanos presenta seis impactos de bala con orificio de entrada y salida, tres en el tórax, dos en la cabeza y uno en el cuello, y de acuerdo con la necropsia de ley, tenía entre cinco y seis días de haber fallecido.

El representante en México de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Javier Hernández Valencia, condenó estos hechos de violencia e instó a las autoridades federales y estatales a desarrollar investigaciones diligentes, completas y con la debida atención al especial esfuerzo que despliega el país para garantizar la seguridad de las y los defensores y periodistas”.

“He podido constatar la consternación que han provocado estos crímenes en Oaxaca y he sostenido reuniones con el procurador general de Justicia, el subprocurador general de la Zona Norte y la comisionada de Derechos Humanos, para abogar por la institucionalización a nivel local de las políticas públicas nacionales diseñadas para revertir la situación de vulnerabilidad que siguen atravesando las defensoras y defensores de derechos humanos y los periodistas, en particular en el estado oaxaqueño”, puntualizó.

Una vez que campesinos del lugar que pastoreaban ganado localizaron el cuerpo del defensor de derechos humanos y reportaron el hallazgo al síndico de Tecomaxtlahuca, éste notificó a la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) de Juxtlahuaca.

Por tal razón, los subprocuradores de la región mixteca y de la zona norte de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Oaxaca, Víctor Alonso Altamirano y Ernesto Saure, respectivamente, acudieron a las inmediaciones de San Sebastián Tecomaxtlahuaca, en el paraje donde fue hallado el cuerpo sin vida de Herón Luciano Sixto López, para iniciar las diligencias de ley por el delito de homicidio doloso contra quien o quienes resulten responsables.

Desde el lunes 15 se presentaron los familiares de Sixto López ante la comandancia de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) de Juxtlahuaca, para reportar su desaparición, al tiempo que iniciaron la búsqueda a través del Departamento de Personas No Localizadas (DNOL).

Al lugar del hallazgo se trasladaron los agentes investigadores y peritos en diversas especialidades, quienes, bajo el mando de los subprocuradores, realizaron el levantamiento del cadáver e iniciaron las indagatorias.

Herón Luciano Sixto López tenía 43 años, era originario de Santiago Juxtlahuaca y se desempeñaba como representante del Centro de Orientación y Asesoría a Pueblos Indígenas.

De acuerdo con información de la familia, fue visto por última vez el lunes 15 de julio del 2013 a las 10:00 horas aproximadamente en la colonia El Maestro, de Juxtlahuaca; ante la situación, la Procuraduría y familiares del desaparecido intensificaron los trabajos de investigación y solicitaron apoyo a la sociedad para localizarlo, sin embargo, este sábado fue hallado sin vida.

Encuentran a tres personas calcinadas en un auto en Huixquilucan

MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- Tres personas calcinadas fueron encontradas en el interior de un vehículo en llamas estacionado sobre la avenida Hacienda de las Palmas, en una de las zonas más exclusivas de Huixquilucan, Estado de México.

Los vecinos reportaron el incidente a las autoridades esta madrugada, por lo que bomberos y cuerpos de rescate acudieron al lugar.

Tras apagar el fuego, la Policía Municipal revisó el auto tipo Aveo, placas MPF-1299 y encontraron los tres cuerpos, uno en la parte trasera y los otros dos en la cajuela.

El vehículo tiene reporte de robo en el municipio de Coacalco, indicaron las autoridades.

Los cuerpos fueron trasladados a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado que realiza las investigaciones del caso.

Hasta el momento las víctimas no han sido identificadas.

Comando irrumpe en bar de Chihuahua, mata a preparatoriano y hiere a 4 personas

PATRICIA MAYORGA

CHIHUAHUA, Chih. (proceso.com.mx).- Un comando ingresó a un popular bar de la ciudad de Camargo, asesinó a un estudiante de 16 años y dejó lesionadas a otras cuatro personas.

De acuerdo con reportes policiacos, el homicidio ocurrió durante la madrugada del sábado en un establecimiento ubicado en el distribuidor vial Sebastián.

De acuerdo con testigos, el acceso al bar fue cerrado a las 12 de la noche porque registraba lleno total.

Los hombres armados dispararon armas AR-15 contra los asistentes que se encontraban en la entrada.

El joven asesinado fue identificado como Luis Miguel Regalado Amparán, de 16 años, quien estudiaba en el plantel 15 del Colegio de Bachilleres y pertenecía a una familia de comerciantes.

Los lesionados son José Ángel Mendoza Jáquez, de 56 años; César Eduardo Acosta Pérez, de 18; Gabriel Limas Carmona, de 19 y Rubén Castro Díaz, de 17.

Los cuatro son atendidos en un hospital y se encuentran fuera de peligro.

Las autoridades también aseguraron un automóvil Cirrus color negro que encontraba en el lugar.

Otra vez, el agua profunda para Pemex

Antonio Gershenson

El director general de Pemex, lo mismo que otros altos funcionarios de la misma entidad, vuelve a señalar que se va a obtener petróleo de las aguas profundas. También se repiten las virtudes del gas de lutita o de shale, aunque han sido muy caros y su producción, en el primer caso, totalmente nula, y mínima la segunda, además de bastante sucia y agotadora de agua. Y hablan también de Chicontepec.

Hace más de 10 años, a principios del gobierno antepasado, se presentó al petróleo de aguas profundas como algo milagroso. Sin embargo, en estos más de 10 años, de las aguas profundas de México no ha salido ni una sola gota de petróleo, aunque sí se ha derrochado dinero a lo loco. Esa debe ser una causa: el dineral, porque no es fácil que se gaste muchísimo dinero sin obtener ni una gota de petróleo.

Del agua profunda, incluso a más de mil metros de profundidad, se hablaba de 15 años para empezar a producir. Ahora incluso ese plazo está en duda, si hablamos desde el principio. Es carísimo el asunto, porque además las costas –y ya no digamos los muelles– están muy lejos. Se ha estimado el costo de la perforación en aguas profundas en 10 veces más que la perforación normal.

Trataremos de mostrar cómo los jefes de las Aguas Profundas presumen de su trabajo. Dos perforaciones, Trion-1 y Supremos-1 otorgan mayor certidumbre a los recursos prospectivos del proyecto Área Perdido. Estamos ante una gran tabla de valores que tiene primero tres columnas de reservas, probadas, posibles y probables. Luego vienen otras dos columnas Recursos Prospectivos. Esto quiere decir que los prospectivos no son reservas, que estaban en las tres columnas. Y los recursos de agua profundas, entonces, no son verdaderos recursos y menos aún probados.

Luego hablan de reservas descubiertas –pero 3P– o sea que incluyen hasta las posibles, las cuales incluyen las que tienen 10 por ciento de probabilidad de existir. Hasta el momento, la gran mayorías de esas dudosas reservas son de gas natural. Y no son tan fáciles de extraer.

De su famosa profundidad, hay que sacar el gas en tubería, hasta los lejanos almacenamientos. ¿Quince años? Es posible, pero no es seguro.

Hay una posibilidad que puede frenar este glorioso proceso: ¿cual será el precio del gas natural en ese momento? ¿Y cuál será el costo de todo este proceso de producción, desde el gasto que ya se hizo durante más de 10 años?

El dinero que se gastó, según Pemex, la inversión total de 2002 a 2011, fue de 49 mil millones de pesos. Y por esta cantidad no se obtuvo hasta el momento nada de gas natural ni menos aún ni una gota de petróleo.

Vamos a darnos una idea de la precisión de las precisiones de jefes de Pemex en aguas profundas. Son 21 pozos en total y la mitad falló totalmente. El que tiene más recursos prospectivos, el CP Perdido, tiene entre 100 y 600 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. ¿Mucha precisión, no?

Uno menor, Temoa, tiene entre 20 y 270 barriles. Más de diez veces de diferencia entre una y otra posibilidades.

Todos son recursos prospectivos, o sea que ninguno tiene ni reservas reales ni menos aún producción real.

Hasta aquí llegamos con las aguas profundas. Nos referimos de manera breve a los otros aspectos a los que se refirió el director de Pemex.

Ya hemos hablado de Chicontepec. Mencionamos sólo dos, que refutan a los funcionarios. El programa de este sitio para producción de petróleo fue de 79 mil barriles en enero, y subir hasta diciembre para105 mil barriles. La realidad fue lo contrario. Con un similar inicio, cayó a 65 mil barriles en julio. El programa para ese mes debía ser 96 mil barriles, por lo que la producción bajó frente a lo programado en 68 por ciento.

Otro ejemplo. En Chicontepec, en promedio se producen 27 barriles diarios por pozo. En varias partes del sudoeste, hay pozos que producen miles de barriles diarios, y el costo de producción es mucho menor.

El otro caso del que nos ocupamos brevemente, el del gas de lutita o del shale. Se derrocha agua, ensucia en serio, y los pozos duran muy poco produciendo. Se quiere poner como ejemplo a Estados Unidos, pese a que en ese país hay numerosos problemas con la población, con el agua y con el ambiente. Se quiere poner como ejemplo a ese país también en las aguas profundas, aunque ahí sí aumentó su producción.

Sin embargo, copiando a las aguas profundas que en Estados Unidos sí funcionaron y aquí acabamos en el desastre que ha sido en México, no quiere decir que copiando a la lutita en ese país vamos a producir mucho.

¿Por qué no seguimos nuestros propios ejemplos, los mejores de Pemex? Está por concluirse el pozo Xux 1DL, cuando los pozos de Tsimin, Kinbé y otros son muy productivos en esa misma área. Es muy posible que el nuevo Xux lo sea también.

antonio.gershenson@gmail.com

22 de julio, Día Mundial contra la Megaminería Tóxica

Juan Carlos Ruiz Guadalajara*

Con una creciente participación ciudadana en países afectados por la depredación ambiental y social que provoca la megaminería por todo el mundo, este 22 de julio se realiza por quinta ocasión el Día Mundial contra la Megaminería Tóxica, jornada que en poco tiempo se ha consolidado como una acción global de resistencia al modelo extractivo impuesto por los corporativos mineros trasnacionales en connivencia con gobiernos neoliberales. En su origen, la idea de una acción global contra la megaminería tuvo como objetivos despertar la conciencia social ante el problema del nuevo extractivismo minero, exigir la prohibición de la técnica de tajo a cielo abierto para extracción de metales preciosos y denunciar la ilegalidad y violencia de la operación de la canadiense New Gold-Minera San Xavier en el cerro de San Pedro y su impacto sobre el valle de San Luis Potosí. Estas demandas fueron parte de las muchas reacciones locales ante las desastrosas consecuencias generadas por la fiebre del oro iniciada en la última década del siglo pasado en Estados Unidos, y encabezada posteriormente por Canadá y sus corporativos desde la Bolsa de Valores de Toronto.

El origen de esta fiebre del oro y las peculiaridades que la hacen diferente a las otras que registra la historia de la humanidad, se encuentra en una combinación de factores tecnológicos y financieros. De acuerdo con el historiador canadiense Studnicki-Gizbert, fue en Nevada, Estados Unidos, donde en la década de los setentas se descubrió un territorio de casi 100 kilómetros de largo por 10 de ancho con presencia de nubes subterráneas de partículas microscópicas de oro invisible. Para extraerlas, geólogos y metalurgos al servicio de Newmount Mining idearon la megaminería a cielo abierto: para compensar las cantidades microscópicas de oro presentes en la roca (menos de un gramo por tonelada de matriz rocosa), la nueva minería hubo de remover con explosivos enormes extensiones de territorio, cavar gigantescas fosas, crear montañas con billones de toneladas de material de desecho, y utilizar millones de metros cúbicos de agua mezclados con cianuro para desprender las partículas áureas. Con esta práctica, entre 1980-85 los Estados Unidos triplicaron su producción de oro y convirtieron el noreste de Nevada en zona de desastre.

El nuevo método, considerado la panacea de la minería moderna de metales preciosos, conllevó al menos tres efectos perversos. Primero: agotaba en lapsos increíblemente cortos las reservas de oro invisible presentes en grandes territorios a cambio de su destrucción definitiva y desertificación (la vida de un tajo oscila entre los cinco y los veinte años). Segundo: la posibilidad técnica de extraer el oro invisible hizo viable la explotación de antiguos sitios mineros cuyas vetas estaban agotadas y multiplicó, a ojos del capital financiero, las reservas mundiales al integrar a la lista de sitios explotables cientos de lugares del planeta que nunca habían tenido presencia de minería, pero que en el subsuelo cuentan con nubes de partículas de oro. Tercero: el rápido agotamiento de los yacimientos empujó a las mineras, con apoyo de capital financiero asentado en Canadá, a buscar el acceso a las nuevas reservas, desarrollando estrategias para negociar leyes afines al nuevo modelo extractivo en países que impusieron modelos neoliberales, principalmente en América Latina.

En las últimas tres décadas la industria minera, encabezada por las corporaciones canadienses, produjo mediante este devastador método más oro que todo el extraído por la humanidad desde la antigüedad, creando poderes fácticos trasnacionales que han arrasado tierras, comunidades y patrimonio ambiental e histórico en países emergentes que han sido colonizados por las grandes mineras y sus aliados políticos. El caso mexicano es vergonzoso: gobiernos de todo signo que desde el salinato han permitido la operación ilegal de mineras canadienses; entrega de la tercera parte del territorio a los intereses extractivistas; jueces corruptos que permiten la operación política de la justicia y la violación de las más elementales leyes por parte de las mineras; políticos entreguistas que operan en el Congreso a favor de los corporativos; científicos y académicos que legitiman la operación de proyectos depredadores; empresarios mexicanos que se alían con los corporativos para aprovechar las oportunidades de negocio; mexicanos que así como venden su voto al PRI, igual se venden a las mineras para agredir a quienes resisten el despojo; mexicanos indiferentes o apáticos ante la deuda ambiental que dejaremos en herencia a las futuras generaciones; etcétera.

Frente a este paisaje de devastación nacional, se mantienen por todo el territorio importantes resistencias ciudadanas que ahora mismo cuestionan el irracional modelo extractivo en su conjunto y convergen en una demanda común: la defensa, preservación y restauración del territorio y sus recursos ambientales. Para ello han diseñado una vanguardista propuesta ciudadana de nueva ley minera que prioriza la defensa de los derechos humanos y la recuperación de la soberanía, iniciativa que enfrentará a los poderes fácticos y sus operadores en ambas cámaras legislativas. De ahí la importancia de generar conciencia global y participación ciudadana ante este problema, objetivo del Día Mundial contra la Megaminería Tóxica, que en este año contará con manifestaciones en al menos 15 países, incluidos Canadá, España y Francia. En la ciudad de México, a convocatoria de Pro San Luis Ecológico, la manifestación informativa se realizará frente al Senado.

Comienza así una etapa crucial de esta larga lucha por liberar al país de la megaminería tóxica y recuperar con ello la tierra y el agua para la vida y el futuro.

* Investigador de El Colegio de San Luis AC