martes, 17 de febrero de 2009
Vocero del IFE renuncia tras fallo sobre spots
Perdón a televisoras, responsabilidad de consejeros
Alfredo Figueroa expresó que los consejeros que votaron por el sobreseimiento en el caso de las televisoras “tendrán que asumir la responsabilidad de haber votado en esa dirección”.
La decisión del IFE de sobreseer los procedimientos especiales sancionadores que inició contra Televisa y TV Azteca por la transmisión de spots “atípicos” al arranque de las precampañas, debilita la credibilidad de la autoridad electoral, dijo en entrevista.
“Lo más que podemos hacer quienes no coincidimos con ellos, es simplemente expresar nuestro punto de vista, establecer por qué decidimos votar en esa dirección y señalar, como lo he hecho con toda claridad que en mi opinión sí se mina la confianza en la autoridad electoral”.
Mientras tanto, la Secretaría Ejecutiva del IFE decidirá en las próximas horas si inicia o no un nuevo proceso especial sancionador contra las empresas Televisa y TV Azteca por omitir la transmisión de spots durante los partidos de futbol celebrados los pasados 7 y 8.
Lo anterior, luego que el Director de Prerrogativas del Instituto Federal Electoral (IFE), Antonio Gamboa Chabban, remitió esta mañana el referido informe en el cual las televisoras no van al fondo del porqué no transmitieron los promocionales de los partidos políticos.
De su lado, las autoridades electorales no aducen situaciones de carácter técnico.
Por eso, el próximo miércoles los representantes jurídicos de las televisoras acudirán a nueva audiencia de pruebas y alegatos en la sede del IFE y una vez que éstas concluyan, el secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo tiene un plazo de 24 horas para realizar el proyecto de sanciones.
Dicho proyecto deberá remitirlo al consejero presidente Leonardo Valdés Zurita, quien a su vez cuenta con un plazo de 24 horas para citar a sesión extraordinaria del Consejo General del IFE, la cual está prevista para el próximo viernes.
En la sesión, los consejeros electorales discutirán, y en su caso aprobaran las sanciones correspondientes a las empresas por no transmitir los spots promocionales de los partidos y del órgano electoral, al violar el Artículo 41 de la Constitución por incumplimiento total de las pautas enviadas por el IFE.
Al respecto, el consejero Alfredo Figueroa destacó que en el caso de encontrar alguna responsabilidad, las televisoras no solamente podrían ser objeto de alguna sanción sino que deberán reponer el tiempo, como lo prevé la ley electoral.
Por su parte, el consejero electoral Marco Baños quien planteó el sobreseimiento, que fue respaldado por los también consejeros Francisco Javier Guerrero, Benito Nacif, Arturo Sánchez y Marco Gómez, destacó que en este caso, el secretario ejecutivo deberá acreditar plenamente que no ha habido transmisión de la pauta.
“Si la pauta no fue transmitida en ese sentido hay una actualización de una conducta irregular que podría ser sancionada, como ocurrió en el caso concreto de TV Azteca respecto de la señal de Sky, que fue lo que nosotros sancionamos en la sesión pasada”.
La sanción contra la televisora del Ajusco fue por dos millones de pesos, por haber alterado los mensajes en la señal que entregó a la empresa Sky, lo cual contraviene lo dispuesto en el Artículo 75, párrafo 1, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), que a la letra dice:
“Las señales radiodifundidas que se incluyen en los servicios de televisión restringida, deberán incluir, sin alteración alguna, los mensajes de los partidos políticos y las autoridades electorales”.
En este caso, en la señal recibida por Sky se suprimieron los promocionales políticos y, en su lugar, se transmitieron otros.
Durante la sesión del pasado viernes 13, el Consejo General resolvió sobreseer los procedimientos especiales sancionadores en contra de Televimex S.A. de C.V. (Televisa) y Azteca S.A. de C.V. (TV Azteca).
Esa resolución fue determinada, por cinco a cuatro, al señalar que las conductas observadas en la transmisión de las pautas entraron en un proceso de corrección.
MESA DE LOS MARTES DE ARISTEGUI CON AGUAYO, MEYER Y DRESSER 17 DE FEBRERO

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Oficio de Papel
La partida secreta se transforma
Pasalagua, el último eslabón
Las confidencias de Luis Téllez
De 1994 a 1997, Luis Téllez se desempeñó como jefe de la Oficina de la Presidencia de la República cuando ésta era ocupada por Ernesto Zedillo Ponce de León. Durante ese periodo, inició lo que podría considerarse la única investigación seria y profunda, aunque inconclusa, sobre el abuso presidencial para usar a su antojo los recursos públicos que guardaba la denominada partida secreta. De tal manera que cuando el secretario de Comunicaciones y Transportes dijo hace unos días de que Carlos Salinas de Gortri se robó la mitad de la partida secreta, es porque conoció a detalle el caso y supo de los expedientes abiertos en contra de Carlos Salinas de Gortari en la Procuraduría General de la República y en la Unidad de Lavado de Dinero en la Procraduría Fiscal de la Federación.
Aunque con magros resultados, fue esta investigación a cargo de la exsubprocuradora María de la Luz Lima Malvido y de quien era responsable de lavado de dinero en México, Luz María Núñez Camacho, la que se acercó a las evidencias que hubieran logrado demostrar que el expresidente Carlos Salinas de Gortari no sólo protagonizó un gobierno corrupto y lleno de componendas con poderos políticos y fácticos, sino que incurrió en peculado de recursos públicos. De aquella indagatoria acaso podría decirse que la nación obtuvo un beneficio: la desaparición como tal de aquella partida secreta que no estaba sujeta a la obligación de rendir cuentas y mucho menos a la supervición de los órganos superiores de fiscalización.
Pero el “guardadito” del jefe del Poder Ejecutivo sobrevive con algunas variantes y fue el gobierno de Vicente Fox el que impulsó su permanencia en 2006, justo en la recta final de su controversial administración. Con una reforma al artículo 49 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Fox logró que las partidas a que se refiere el artículo 75, fracción IV de la Constitución Política, que se incluyan en el Presupuesto de Egresos, únicamente pudieran destinarse a gastos de seguridad nacional y que permanecieran sujetas a la fiscalización por la Auditoría Superior de la Federación (ASF). La información utilizada, así como la derivada de sus resultados, tendrá el carácter de reservada y confidencial.
Fue la diputada Susana Monreal quién aseguró que al definir como clasificada y reservada la información sobre el destino de ese gasto, “no será posible conocer y evaluar el buen uso de estos recursos; ni siquiera los diputados tendrán acceso a esa información”.
No obstante, de acuerdo con información del reportero de La Jornada, Enrique Méndez, en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2009, la Cámara decidió incluir un párrafo para acotar la discrecionalidad en el gasto y resaltó: “Para el presente ejercicio fiscal no se incluyen recursos para el Programa Erogaciones Contingentes, correspondiente a la partida secreta a la que se refiere el artículo 74 fracción IV párrafo cuarto de la Constitución”.
Actualmente, dicha disposición asienta lo siguiente: “No podrá haber otras partidas secretas, fuera de las que se consideren necesarias, con ese carácter, en el mismo presupuesto, las que emplearán los secretarios por acuerdo escrito del Presidente de la República”.
Así, el presidente Felipe Calderón sigue teniendo la posibilidad de ejercer un gasto discrecional a pesar de que hace una década, se dice, desapareció la partida secreta, al menos sí con su cínica operación desde Los Pinos. La legisladora Monreal presentó una iniciativa para modificar este poder discrecional del presidente de la República sobre fondos públicos, pero permanece en la congeladora.
En su momento, Carlos Salinas buscó blindarse al presentar una denuncia de hechos ante la PGR por la entrega “selectiva y dolosamente” a la prensa de documentos confidenciales de investigaciones penales, como fue la información sobre el destino de los fondos de la partida secreta del erario federal. En aquella ocasión los abogados de Salinas presentaron, por instrucciones del expresidente, una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de los servidores públicos que hubieran participado en ese supuesto hecho ilícito.
En un documento de 100 cuartillas con fecha del 15 de mayo de 2001, los abogados de Salinas tomaron como referencia información publicada en los diarios El Universal y Reforma, así como en la revista Proceso, en donde investigaciones periodísticas daban cuenta del dinero utilizado de la partida secreta para depositarlo en la cuenta 6300-0005 de Banco Mexicano a nombre de los hermanos Francisco y Araceli Vázquez Alanís, ambos exfuncionarios de Los Pinos y que manejaron dichos fondos cuando Carlos Salinas fue presidente de la República. Se dijo entonces que Salinas era víctima de un juicio paralelo ante la opinión pública.
La equivocación de Téllez fue repetir, en una conversación privada, una sentencia que las autoridades responsables tuvieron que haber emitido hace varios años sobre un expediente que quedó inconcluso a raíz de las presiones políticas y económicas del exmandatario. La renuncia entonces de la exprocuradora María de la Luz Lima Malvido, luego de que se dio a conocer un video cuando fue entrevistada por el Centro de Control de Confianza de la PGR, en donde reconoce haber cometido algunos delitos de juventud, o sus estrechos vínculos con grupos de ultraderecha, se convirtió en el pretexto ideal para cerrar la investigación que el general Rafael Macedo de la Concha encabezó hasta que los resultados comenzaron a mostrarse demasiado incómodos.
En derecho, aquel que denuncia tiene consigo la carga de la prueba. Por eso Luis Téllez, sin proponérselo, trajo de nueva cuenta el caso a la discusión pública. El funcionario del gobierno calderonista, antiguo priista y exfuncionario del gobierno de Salinas de Gortari, reconoce la conversación pero asegura que no cuenta con pruebas para sostener su dicho: “Carlos Salinas de Gortari robó la mitad de la partida secreta”. Unos 500 millones de dólares cuyo destino sigue en el aire.
Por tratarse de una conversación privada que, por lo tanto, pertenece a ese ámbito, Téllez se encuentra a salvo de cualquier escrutinio o responsabilidad. Queda allí, sin embargo, la duda en la opinión pública y la confirmación de que en el sector público los funcionarios callan ante los hechos y que las instancias dedicadas a la impartición de justicia también lo hacen.
Antes de que la PGR con Rafael Macedo de la Concha iniciara cualquier investigación sobre el uso de la partida secreta, en la que estuvo involucrado por obvias razones Raúl Salinas de Gortari, en esta columna de Oficio de Papel se dio a conocer los primeros indicios sobre el despilfarro y corrupción que se ejercía desde la residencial oficial de Los Pinos y que pasó por negocios vinculados con esa familia.
A finales de la década de los noventa escribí en Oficio de Papel que en el uso indebido de la partida secreta había argumentos legales que hacían presumir que los hermanos Salinas saldrían limpios en tribunales por el delito de peculado que intentó fincarles la PGR. La tesis del entonces procurador Macedo de la Concha era que sí había delito, porque ese dinero manejado desde Los Pinos debió destinarse para actos de gobierno y no para enriquecer a la familia presidencial.
Fue por ello que hacia finales de la administración foxista, se extraditó de Estados Unidos (10 de agosto 2005) al excuñado de Raúl Salinas, Juan Manuel Pasalagua Branch, máximo operador de la corrupción en Conasupo en el sexenio salinista, bajo acusaciones de evasión fiscal. En agosto de 2005, un juez giró orden de aprehensión en contra del excontador de Raúl Salinas, Juan Manuel Gómez Gutiérrez, nombre que también fue utilizado como seudónimo por el “hermano incómodo” para abrir cuentas bancarias en el extranjero.
Sin embargo, aunque a Pasalagua Branch no se le acusó de los negocios sucios que hizo en Conasupo bajo las órdenes de Raúl Salinas, sino por defraudación fiscal, en el expediente en contra del contador Gómez Gutiérrez están relacionados directamente los hermanos Carlos y Raúl Salinas de Gortari por el uso indiscriminado e ilegal que hicieron de la partida secreta manejada desde Los Pinos y mediante la cual se desviaron miles de millones de pesos del presupuesto público en los seis años del gobierno salinista.
La PGR intentó demostrar que el contador Gómez Gutiérrez era presumiblemente responsable de la comisión del delito de peculado; es decir, desvío de fondos públicos de la partida secreta. Bajo la causa penal número 54/2002 se señaló que Gómez Gutiérrez atendió y manejó directamente las operaciones en las cuentas bancarias a nombre de un alias del hermano del expresidente.
De acuerdo con el expediente, en dichas cuentas fueron depositados “recursos públicos que se distrajeron de su objeto y que debían ser aplicados en bienes y servicios de interés general para el país, correspondientes a la denominada partida secreta, dentro de los ejercicios de 1988 a 1994”, es decir, durante todo el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.
Luego de analizar la información proporcionada por la PGR, el juez decimosegundo de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal le dictó auto de formal prisión al contador el 31 de agosto, tan sólo seis días después de que el propio Gómez Gutiérrez se presentara a declarar de manera voluntaria ante dicho juzgado con sede en el Reclusorio Oriente.
Pero lo más extraño de este caso de la partida secreta, es que ni el expresidente Carlos Salinas ni su hermano Raúl fueron acusados penalmente por el delito de peculado, aun cuando ellos son los principales responsables del manejo irregular de dichos fondos públicos.
Las preguntas sin respuesta oficial quedarán en la historia ¿por qué la PGR acusó sólo a Gómez Gutiérrez y exoneró a Raúl Salinas, cuando éste era quien le daba instrucciones a su contador del movimiento de las cuentas bancarias? ¿Si hubo algún delito de peculado con el manejo de la partida secreta, por qué no tiene responsabilidad el expresidente Carlos Salinas de Gortari, cuando éste era el responsable del uso de ese dinero público?
Juan Manuel Gómez Gutiérrez debió haber sido procesado por colaborar en el enriquecimiento ilícito de Raúl, lo que entre otras cosas hubiera demostrado que la PGR sí contaba con pruebas suficientes para juzgar a los hermanos Carlos y Raúl Salinas, pero en lugar de hacerlo guardó celosamente el expediente en espera de que la próxima administración federal decida qué hacer con éste o que la indiscreción de algún funcionario reviviera un asunto tan ominoso para el país.
Hasta ahora, nadie ha aclarado a cuánto ascendió la comisión pagada a este excontador, lo único que se sabe con relativa certeza es que la fortuna descubierta a Raúl en cuentas bancarias aseguradas en el extranjero supera los 100 millones de dólares.
Lo más paradójico no es que Carlos Salinas siga sin enfrentar un juicio por peculado, sino que ahora la PGR tendría que responder por las acusaciones hechas por Juan Manuel Pasalagua, quien el pasado 30 de enero recibió la noticia de que un tribunal unitario cerró en definitiva el litigio que iniciaron en su contra hace tres años y cinco meses la SHCP y la PGR.
El segundo tribunal unitario emitió una sentencia absolutoria que le garantiza la total libertad a Pasalagua Branch, quien fue detenido el 11 de agosto de 2005 en Estados Unidos, y deportado ese mismo día. A Pasalagua Branch se le acusaba de una defraudación fiscal de por al menos 2.4 millones de pesos. Sin embargo, al final del proceso, que por cierto parece haber olvidado la partida secreta, se determinó que el acusado era inocente por el simple hecho de que su declaración de impuestos con la que se pudo haber demostrado la supuesta defraudación data de hace más de cinco años. Esos documentos, por mandato de Ley debieron haber sido destruidos por la SHCP.
Ahora Pasalagua iniciaría un litigio contra la PGR, la SHCP y la Procuraduría Fiscal de la Federación para exigir la reparación del daño moral y económico que le ocasionó enfrentar un proceso penal sin pruebas contundentes.
oficiodepapel@contralinea.com.mx
oficiodepapel@yahoo.com.mx
Otra nota sobre un terrateniente llamado Jesús Ortega
Tierras de San Francisco Ixcatlán, codiciadas por sus riquezas naturales, dice José Casillas
JORGE COVARRUBIAS
La historia del ejido de San Francisco Ixcatlán no es muy distinta de la del ejido de Ayotitlán, de la comunidad indígena de San Juan de Ocotán, de los comuneros de la Isla de Mezcala, o de los wixaritari de Ciénaga de los Caballos, allá en la zona norte de Jalisco, en el municipio de Mezquitic.
Sus tierras son codiciadas presuntamente por políticos que lograron ingresar de manera misteriosa al padrón de comuneros.
“Nos está pasando lo mismo que está pasando en (el ejido de) Ayotitlán, municipio de Cuautitlán, así como en Mezcala, donde hay fuerte presión para privatizar la isla, o lo mismo que le está pasando a la gente de la Costa, de Tomatlán, de Cabo Corrientes, que tienen tierras en las comunidades indígenas junto al mar y hasta (Francisco) Ramírez Acuña y otros políticos, sabemos que adquirieron ahí, no sé si de buena o de mala fe, terrenos para hacer desarrollos”, dice José Casillas, un profesor que es miembro del Movimiento de Bases Magisteriales (MBM), organización opositora al SNTE, y que nació en Ixcatlán, en una choza cercana a la presa La Mesa hace aproximadamente 50 años.
En Ixcatlán, delegación del municipio de Zapopan, los comuneros se enfrentan a políticos de la talla de Jorge Aristóteles Sandoval (quien se ha deslindado del tema, La Jornada Jalisco, 6 febrero 2009), posible aspirante a la presidencia municipal de Guadalajara por el PRI, y el líder nacional del PRD, Jesús Ortega Martínez, quienes sorpresivamente se encontraban ya en el padrón de comuneros, documento expedido por el Registro Agrario Nacional.
Desde que José era un niño supo que en Ixcatlán sucedían cosas un tanto raras; por ejemplo, en la planicie del peñón de La Mesa, en el predio “Los Manguitos”, había una pista para el aterrizaje de avionetas y transitaban camionetas lujosas, además de que había una fuerte presencia de militares.
Nadie preguntaba nada, pero todos daban por sentado o intuían que allá arriba se realizaban operaciones ilícitas.
“Se hacía trasiego, como que ahí llegaban, empacaban y se iban pa’ otro lado”, relata.
Un largo camino empedrado que negociaron en 1994 con el gobierno del estado por las afectaciones que sufrieron pequeños arroyos y ojos de agua, debido a que cerca de ahí el municipio de Zapopan depositaba su basura, conduce a la cima del peñón de La Mesa. Es una superficie extensa sembrada con agave azul, un cultivo que no es propio de la región y es propenso a secar el suelo.
Son decenas de hectáreas. Los comuneros dicen que le pertenecen a Emilio Caro López, presunto familiar del afamado narcotraficante Caro Quintero.
Desconocen la manera en que se convirtió en terrateniente, ya que nunca se le ha visto por el lugar, pero suponen que él le compró las tierras a un tercero que se vio favorecido con las “triquiñuelas” de José Poblano, el intermediario cacique que ha asolado a la región con sus amenazas, con el envío de elementos policiacos, y artimañas para inculpar por delitos contra la salud (siembra de mariguana) a los pobladores.
Casillas señala que las tierras de Ixcatlán tienen una riqueza insospechada, ya que son ricas en minas de ópalo, bosques y arroyos, y un microclima excepcional (cálido seco) con alturas que van de los 800 a los mil 500 metros sobre el nivel del mar.
En la región no hay cronistas, por lo que el docente se dio a la tarea de documentar la historia de su pueblo natal. Comenta que Ixcatlán se mantuvo aislado de la Zona Metropolitana de Guadalajara hasta ya muy entrado el siglo XX. En 1956 se construyó la carretera federal que va a Saltillo, y previamente a ese año la arriería fue una actividad muy relevante en Ixcatlán; transportaban leña, carbón, frutos, pescado a la ciudad y mercadería diversa hacia la barranca. El tiempo de traslado hasta el mercado Corona (centro de Guadalajara) era de siete horas.
“Tú del centro de Guadalajara puedes llegar más rápido aquí que ir a Tonalá. Entonces yo creo que eso ha despertado la codicia de todas estas gentes para hacerse de tierras y luego hacer negocios con ellas”, comenta.
Refiere que Ixcatlán es también una de las zonas con mayor presencia de venado y posee una variedad de plantas endémicas en todo el estado de Jalisco, situación por la cual varios investigadores tanto de la Universidad de Guadalajara como de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se han acercado a estudiar los especímenes.
Cuando los habitantes comenzaron a construir el panteón nuevo para dar sepultura a sus muertos, se encontraron en el lugar donde excavaban tumbas de tiro, galerías mortuorias donde los primeros pobladores enterraban a sus familiares.
Había armas, flechas y objetos de cerámica que fueron saqueados en el instante. Hasta la fecha, ningún investigador se ha interesado en explorar la zona. José asegura que le hizo la invitación al prestigiado arqueólogo de Tamazula Otto Schöndube y no recibió respuesta.
En Ixcatlán es de todos conocida una leyenda que dice que por aquí pasaron los fundadores de Tenochtitlán en el año 1100 de nuestra era.
Mostrando sus dotes de cronista, señala que en 1530 se libró una de las más cruentas batallas entre tecuexes (los primeros naturales de Ixcatlán) y cocas, en la barranca del río Grande (hoy Santiago) y las tropas de Nuño de Guzmán, integradas por españoles y tlaxcaltecas, cuya evidencia histórica se encuentra en el Lienzo de Tlaxcala, que se encuentra en el Museo Regional de Guadalajara.
Comuneros que viven en el DF
Es un miércoles por la mañana, a punto de dar las 10:30 horas. En la casa de Dionisio Casillas, padre de José, se han reunido los comuneros inconformes y el presidente del Comisariado de Bienes Comunales, José Polanco, a quien no reconocen las autoridades, ya que no está inscrito en el Registro Agrario Nacional. Ante los suyos, él sigue siendo el presidente.
Se voltean a ver con los rostros compungidos y coinciden en algo: les están saqueando sus tierras.
Está Guadalupe Corrales, a quien no le han dado título de propiedad; Felipe Larios Soledad, José Guadalupe Jáuregui Flores, el propio José y su padre.
No se inmutan cuando dicen que obtuvieron el padrón de comuneros sobornando a los funcionarios del Registro Agrario Nacional, porque “ahí así se usa” y es lo mismo que ha hecho José Poblano para cobrar cuotas y engañar a la gente.
Consiguieron los nombres y el domicilio de los nuevos ejidatarios que nunca han visto en las asambleas. Los hermanos del líder nacional del PRD, Gerardo e Ignacio, están registrados con la dirección Opalo 21, fraccionamiento Gómez, en el estado de Aguascalientes; Miguel Angel Bautista Moreno, en General Felipe Angeles 24, ampliación Caracol, Distrito Federal, y Armando Federico Granados Nieto, en avenida Río Churubusco, colonia Arena, también en el Distrito Federal.
En la solicitud que enviaron al magistrado del Tribunal Unitario Agrario del XV Distrito en el estado, Daniel Magaña Méndez, para que ordene la nulidad de las asambleas celebradas desde 1999, los comuneros fundamentan su denuncia en que el artículo 15 de la Ley Agraria establece que para ser terrateniente es requisito ser avecindado en el ejido correspondiente, excepto cuando se trate de herederos.
La explicación a la penetración de personas externas al ejido ha tomado diversas hipótesis, la primera de ellas es la que acusa a José Poblano de actuar en contubernio con los funcionarios del Registro Agrario Nacional, y una más habla de que probablemente utilizaron a los maquinistas que trabajan en los desarrollos ecoturísticos de La Campana y El Carricillo para infiltrarse a Ixcatlán, ya que uno de los artículos de la Ley Agraria (el 13) establece que basta ser avecindado y los empleados de la construcción cumplen el requisito.
“Los lotes para los comuneros van a ser de 2 mil metros y para los avecindados, de mil; sin embargo hay gente que tiene 3 mil o 4 mil; ¿cómo se hicieron de tantos? U otros que tienen hasta 2 hectáreas; cabrían allí 10 lotes de 2 mil metros”, se cuestiona José.
Los comuneros siguen investigando los nombres de las personas que se hicieron terratenientes, pero Casillas asevera que se puede conocer a los “extraños” por su apellido, ya que en el ejido de Ixcatlán abundan los Polanco, Flores, Rosas, Venegas y los Larios, pero no los Becerra, Jáuregui, Martínez, Tejeda o los Espinoza.
Fuente: La Jornada de Jalisco
OPINION Y VARIAS DEL POR ESTO!!!
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El acoso oficial acabó con Diario Monitor: Gutiérrez Vivo
MIGUEL CABILDO
Vamos a apoyar al PRD, promete Encinas
ROSALíA VERGARA
PROGRAMA DETRAS DE LA NOTICIA DE RICARDO ROCHA 17 DE FEBRERO

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“IFE autoridad débil ante televisoras”
En un comunicado, el académico de la Unidad Iztapalapa advirtió que el tema no está cerrado, porque los partidos políticos que se sientan afectados con la resolución pueden impugnarla y es que ante esta decisión surge la necesidad de que los legisladores evalúen y estudien si el marco normativo es adecuado y si contiene los instrumentos precisos que requiere el IFE.
Pablo Javier Becerra recordó que un pendiente de la reforma electoral de 2007 es la regulación de la radio y la televisión. “Hasta la fecha las cámaras de Diputados y de Senadores no han elaborado una ley completa, de tal forma que el IFE tiene pocos instrumentos para sancionar a las televisoras”.
Becerra Chávez indicó que “hubo una gran irresponsabilidad” por parte del Congreso de la Unión, ya que “le aventaron al IFE un paquete enorme y no lo dotaron de suficientes instrumentos”, por lo que puede esperarse que éste sea sólo un episodio de un enfrentamiento permanente entre el Instituto y el duopolio.
Al respecto, subrayó que el próximo año tendrá que procesarse una reforma sobre el tema, “porque la regulación quedó insuficiente” con respecto a la actuación de estas empresas, y agrega que no sería raro que al verse “limpias y sin problemas”, después de este conflicto vuelvan a desafiar a la autoridad.
Pero esto no sólo sucede con las televisoras pues advirtió que algunos gobernadores aprovechan la situación actual y violan de manera abierta la ley.


