ENTREVISTA CON: ENRIQUE BENÍTEZ.
CARGO: DIPUTADO POR EL ESTADO DE DURANDO Y VOCERO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS.
TEMA: LAS DECLARACIONES DE FOX CONTRA LOS DIPUTADOS.
Gómez Urrutia exige a Calderón no usar la violencia en Cananea
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) ya dio la toma de nota a un sindicato blanco, con supuesta sede en Monterrey, Nuevo León, con la pretensión ilegal de suplantar al sindicato minero en sus relaciones contractuales con la empresa Grupo México en Cananea, Sonora
, reveló ayer esta última organización gremial, y sostuvo que se trata de una nueva agresión perpetrada
por la dependencia contra la autonomía y libertad de las asociaciones obreras.
Por otra parte, el sindicato minero realizó ayer un homenaje a los trabajadores que fallecieron en larepresión perpetrada por las fuerzas públicas
hace tres años en Lázaro Cárdenas, Michoacán, así como a los que resultaron heridos.
Ahí, mediante una videoconferencia, el dirigente del gremio, Napoleón Gómez Urrutia, envió un mensaje a los trabajadores, e hizo un llamado al presidente Felipe Calderón para que su gobierno respete la autonomía y la libertad sindicales, los derechos de los obreros y no haga uso de la violencia contra los mineros de Cananea.
Ante más de 5 mil trabajadores reunidos en ese puerto michoacano, pertenecientes a las secciones 271, 272, 273 y 274 de la entidad, así como otros reunidos de Querétaro, Coahuila, Veracruz, Hidalgo y Sonora, entre otros estados, Gómez Urrutia señaló que “el gobierno ha demostrado incapacidad total para resolver el conflicto iniciado también hace tres años, y para resolverlo con estricto apego al derecho, a la verdad, la justicia y la libertad sindical.
Los gobernantes han actuado en función de los intereses de una oligarquía empresarial del sector minero, metalúrgico y siderúrgico, encabezada por las familias Larrea, Ancira, los hermanos Villarreal, con la pretensión de destruir al sindicato, a su dirigencia y el contrato colectivo de trabajo. Amenazan de nuevo con utilizar la fuerza pública en Cananea, pero también en Taxco (Guerrero) y en Sombrerete (Zacatecas), con el nefasto designio de reprimir los derechos fundamentales de los trabajadores y acabar con sindicato.
En los actos celebrados en Lázaro Cárdenas estuvo presente una representación de los trabajadores acereros de Estados Unidos y Canadá, quienes señalaron que, además de participar en el recordatorio luctuoso, se iban a trasladar directamente a Cananea con el fin de apoyar a los trabajadores y servir de observadores para ver si en su presencia el gobierno federal se iba a atrever a reprimir a los mineros en huelga
.
En cuanto a la versión de que la dependencia que encabeza Javier Lozano Alarcón ya dio la toma de nota a unsindicato blanco para suplantar al gremio minero en Cananea, Javier Zuñiga García, secretario del trabajo de esta organización, indicó que esta reiterada, tortuosa e indigna maniobra oficial está destinada al fracaso, porque los trabajadores no la aceptaremos ni la permitiremos bajo ninguna circunstancia
.
Es obvio, añadió Zúñiga, que esta nueva agresión de Lozano se prepara de manera simultánea a la pretensión oficial y de Grupo México, declarada ya legalmente imposible, de terminar las relaciones de trabajo en Sonora.Estamos preparados para lo que sea
, señaló.
Trabajadores del gremio minero en 23 estados ratificaron su decisión de hacer valer los acuerdos tomados delevantarse como un solo hombre en el caso de que cualesquiera de sus dirigentes sufran atentados contra su libertad e integridad, o en el caso de que sean reprimidas o agredidas las secciones en huelga, especialmente en lo que se refiere a las amenazas latentes de usar la fuerza pública contra los mineros de la sección 65 de Cananea, Sonora
.
Afirma que la Corte prepara amparos
San Cristóbal de Las Casas, Chis., 20 de abril. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (CDHFBLC) y la organización de la sociedad civil Las Abejas afirmaron que han recibido informes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgará un amparo para que sean liberados 12 indígenas sentenciados por su participación en la matanza de 45 tztoziles, ocurrida en Acteal, el 22 de diciembre de 1997.
En conferencia de prensa conjunta manifestaron que de acuerdo con las declaraciones de los testigos, es decir, los sobrevivientes, todos los que hoy están solicitando amparo participaron en la masacre y sus declaraciones constan en los expedientes judiciales desde 1997 y en diligencias posteriores, incluyendo careos
.
En julio de 2007 la SCJN decidió atraer el caso de los 12 indígenas del municipio de Chenalhó sentenciados a entre 18 y 25 años de prisión por la masacre de Acteal, con el argumento de que existen faltas al debido proceso.
El director del CDHFBLC, Diego Cadenas Gordillo, afirmó que por lo menos dos ministros de la SCJN –cuyos nombres no proporcionó– han comentado que luego de analizar los expedientes han encontrado negligencias en la integración de la averiguación previa y una indebida valoración de las pruebas, por lo que consideran que estos 12 tzotziles están presos injustamente.
Hemos recibido información de fuente confiable de que la SCJN emitirá resolución para que obtengan su libertad los 12 paramilitares.
En una acción urgente
que el mismo Cadenas Gordillo leyó, el organismo afirmó que sería lamentable que la SCJN se deje influir por la campaña mediática realizada por la defensa académica de los paramilitares sentenciados, desde diversos medios de comunicación masiva
.
Escucha el comentario.
Este lunes se llevó a cabo el primero de los cuatro foros denominados “Contraste de Propuestas Electorales de los Partidos Políticos”, en el cual representantes de los ocho partidos políticos nacionales discutieron los temas “Política Social y Medio Ambiente“.
El próximo miércoles a las once de la mañana se realizará el segundo foro, donde cada partido aprovechara su espacio para tratar el tema de la seguridad pública y justicia; por el PAN participará Francisco Ramírez Acuña.
En opinión de José Antonio Crespo, comentarista político, es positivo que se realicen este tipo de foros, ya que pueden ser útiles y atractivos para los ciudadanos si derivan en contraste y la crítica de lo que los demás partidos han hecho o dejado de hacer en relación con los temas a discutir.
“El problema es que estos foros, que fueron organizados recientemente, no tengan la difusión adecuada en los canales comerciales y que incluso se pudieran repetir… yo preferiría mil veces cinco minutos de este tipo de discusiones sobre temas concretos que la cantidad de spots aislados en donde los partidos prácticamente no dicen nada”, consideró el especialista en el programa “Fórmula Detrás de la Noticia”.
Asimismo, señaló que los partidos no están haciendo lo adecuado para que haya una nutrida participación electoral, sino al contrario, se han dedicado a las campañas sucias y de ataques, donde los programas propuestos quedan ocultos.
“Ellos mismos están contribuyendo a esa indiferencia, a esa apatía que puede producirse en abstención o voto nulo, cuando además hacen alianzas en donde el mensaje que mandan a los ciudadanos es que sus programas son lo de menos y lo que importa es ganar, aún sacrificando la coherencia de sus respectivos programas… el mensaje que se manda al ciudadano es: ‘Nuestros programas en realidad son un trámite burocrático para poder participar en las elecciones pero en realidad los otros partidos no nos los tomamos en serio, lo que queremos es tu voto ciudadano para nosotros llegar al poder y repartirnos el botín”, aseguró.
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En la imagen Jacinta Francisco Marcial.
ENTREVISTA CON: LUIS ARRIAGA VALENZUELA
CARGO: DIRECTOR DEL CENTRO DE DERECHOS HUMANOS MIGUEL AGUSTÍN PRO JUÁREZ.
TEMA: ACTUALIZACIÒN DEL CASO DE LA INDÍGENA OTOMÍ, JACINTA FRANCISCO MARCIAL, QUIEN LLEVA DOS AÑOS Y MEDIO EN UNA CÁRCEL DE QUERÉTARO, ACUSADA DEL SECUESTRO DE SEIS AGENTES DE LA AGENCIA FEDERAL DE INVESTIGACIÓN (AFI).
Embajador pascual
Elecciones (ya) fallidas
Ceremonial bananero
los ocupantes, porque son muchos los actores y factores que en la práctica ejercen el máximo cargo político mexicano presuntamente unipersonal). A nivel nacional, los delegados de las secretarías federales y de otros ámbitos administrativos importantes del impugnado gobierno federal han sido convertidos en promotores del voto mediante el suministro de bienes y servicios a cambio de credenciales de elector y compromisos, fundados en la miseria y la ignorancia, de concurrir a las urnas a sufragar en favor del partido que en años ha demostrado una capacidad de manipulación y defraudación como la que el priísmo desarrolló durante décadas (priístas y perredistas a cargo de gobiernos estatales hacen, desde luego, similares pillerías a las de la administración federal).
La descomposición de lo electoral ha contado con la participación entusiasta del dirigente formal del PAN, Germán Martínez, que en realidad es un canal de desahogo de las verdaderas emociones políticas de su jefe y conductor, Felipe Calderón. A los vaticinios amargos contribuye en particular el andamiaje de presunta institucionalidad electoral que en el IFE Va Zurita ha tenido una terrible depreciación acelerada, más el tribunal electoral federal también parcializado y la fiscalía encargada de atender los presuntos delitos electorales, que también está a cargo de una pieza manipulable del sistema de complicidades. Sólo con poca memoria o poca información se puede tener confianza en esa trinidad amafiada (IFE, TEPJF y Fepade).
En el contexto más amplio que se ha puesto de moda llamar Estado fallido, la administración calderónica ha extendido su beneplácito a la designación de Carlos Pascual como embajador de Estados Unidos, especialista en debilidades institucionales graves, de tal manera que, en este caso, el mensaje es justamente el mensajero. Obama, el hombre que está tendiendo puentes en otros países y regiones –con aire tan fresco y diferente que el vicepresidente del bushismo, Dick Cheney, se escandaliza por el saludo entre Chávez y el jefe de la Casa Blanca–, ha enviado a México a un cirujano experto en remodelar lo posible después de pasajes politicos y sociales traumáticos. La única defensa posible frente a los planes específicos de intervención quirúrgica estadunidense sería la movilización social, con libros de historia nacional en la mano, pero aún no se llega al momento en que la conciencia cívica y la expresión masiva se conjunten plenamente. El otro camino inmediato es la resistencia desde espacios institucionales, como los legislativos que se renovarán en julio próximo, y por ello el neoporfirismo sin ilustración que actualmente mal administra al país hace todo lo posible por desalentar la participación electoral, demeritando y ensuciando cuanto le es posible, haciendo ver
a los votantes que la política es sucia y por tanto es necesario hacerla a un lado, para que los de siempre se sigan ensuciando redituablemente.
Astillas
Carlos Iván Franco está haciendo su tesis doctoral en España sobre Ceremonia y protocolo
. Al ver las fotografías de actos oficiales de la visita de Barack Obama a México redactó las siguientes consideraciones sobre lo que tituló Ceremonial bananero: “Al no tener un reglamento de ceremonial específico, ya que el que se tiene data de 1935, el gobierno mexicano queda obligado, conforme al artículo 38 de ese texto, a pactar con su contraparte el que se va a seguir durante la visita de un jefe de gobierno, lo cual lo hace dependiente de lo que decida el despacho encargado del ceremonial del visitante. Por ello, los elementos que demuestran el orden y seriedad de una institución quedan al albedrío de los encargados en ese momento. Así es como podemos ver la mala colocación de las banderas en el estrado y, sobre todo, la falta de respeto hacia la presencia de los funcionarios, que sí tienen que estar colocados por la función que desarrollan. Por ejemplo, la colocación de la consorte dentro del escenario, tomando funciones que no están delimitadas por ningún reglamento o ley orgánica. La consorte, si hubiera estado la señora de Obama, tendría por reciprocidad que estar junto a ella, pero al estar solo el mandatario extranjero, la consorte no tiene que ocupar un lugar preponderante en el escenario y mucho menos dejar a un lado a una funcionaria que sí aparece reglamentada dentro de la sección de precedencias del reglamento de ceremonial de 1935. La funcionaria, la cual representa el despacho de Relaciones Exteriores, debe encontrarse en mejor lugar dentro del escenario y no ser desplazada por la consorte. La nota emitida por Los Pinos dice que fue una visita de trabajo, pero le dieron trato de visita oficial o de gobierno, al hacer honores con los himnos, paso de revista a la guardia, presentación de comitivas, conversación privada y cena con representantes de la sociedad mexicana. La visita se encuentra catalogada dentro de la ‘guía de protocolo’ de la SRE como visita de trabajo, la cual se diferencia de una visita de Estado o de gobierno, porque no existen actos protocolarios. Lo anterior, en mi opinión, demuestra el ‘chabacanismo’ de los ocupantes actuales de Los Pinos, al demostrar que no existe una comunicación institucional seria y que tenga coherencia con lo que se dice y se hace”. Carlos Iván subraya que el ceremonial está íntimamente ligado a la comunicación institucional y no, como lo hacen algunos compañeros periodistas, a un simple acto de ver cómo vas vestido o frivolizando sobre situaciones que no tienen nada que ver con el ceremonial publico
... Y, mientras el gran José Agustín se recupera plenamente de una lamentable caída en Puebla, ¡hasta mañana, con el góber de Hidalgo sudando la gota gorda para hacerse de los terrenos del refine!
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
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Dinero
El trenazo, el Rey y Fox
Echan a andar el Fobaproa II
Slim levanta capital en China y Chile
Enrique Galván Ochoa
Dos temas –aparentemente no conectados entre sí– convergen en el grave accidente del Tren Suburbano: las fallas de su funcionamiento y la negativa de los diputados de oposición a aprobar las cuenteras cuentas de Fox. El contrato originalmente fue otorgado al grupo francés Alstom, asociado a dos firmas mexicanas, ICA y Hermes, tras de que había sido descalificada la propuesta del consorcio español CAF. Sin embargo, éste se inconformó y la Secretaría de Comunicaciones, entonces a cargo de Pedro Cerisola –se ha vuelto ojo de hormiga desde hace tiempo–, decidió licitar el contrato por segunda ocasión. Hubo una llamada del rey de España al próspero ex presidente y por arte de magia se eliminó al grupo francés y se asignó a los españoles. ¿Se corrigieron las fallas que la Secretaría de Comunicaciones había detectado cuando descalificó a CAF? El tema se conecta con el de la negativa de los diputados a aprobar las cuentas que rinde Fox, porque tienen más agujeros que el queso gruyere. Sería conveniente que los diputados revisaran el contrato del Tren Suburbano, cuya duración es de 30 años, porque los pasajeros no pueden vivir en la angustia de que continúen los accidentes. Sabemos de antemano que Fox y su adinerada familia no serán llevados a los tribunales y que los días siguientes sólo veremos un espectáculo entre bochornoso y divertido en la cámara, porque Calderón está en deuda con él. Sin embargo, por salud pública debe ser desnudada –al menos– la rampante corrupción del panismo, ahora que se acercan nuevas elecciones.
Fobaproa II
En el primer trimestre de este año, 20 mil 251 empresas de Estados Unidos se acogieron a la protección de la ley de quiebras, un incremento de 52 por ciento frente a los 13 mil 291 casos registrados en el mismo periodo del año anterior. Este dato da una idea de qué tan lejana está la luz del túnel, aun cuando comienzan a aparecer signos alentadores. Por otro lado, el New Frontier Bank fue clausurado la semana anterior. Es la peor quiebra bancaria en lo que va de 2009. ¿Y qué sucede en México? Lo mismo de siempre: las pequeñas y medianas empresas han sido abandonadas a su suerte. Sin embargo, a partir de esta semana el Banco de México y Hacienda echarán a andar el Fobaproa II: usarán los préstamos de la Reserva Federal y el FMI para poner a flote a las grandes empresas.
Transfusión de capital
Cuando el Fobaproa I, Carlos Slim no quiso entrarle al esquema, olía mal. En esta nueva crisis una de sus empresas, América Movil, ha preferido concertar un financiamiento por mil millones de dólares con el China Development Bank. Asimismo, espera levantar otros 1,200 millones de inversionistas chilenos.
e@Vox Populi
Asunto: atracolandia
¿Podrás darme alguna pista acerca de si es legal el cobro que hacen los bancos y tiendas de autoservicio contra tu quincena que deposita tu empresa? Depositan tu pago en algún banco mexicano y vas al cajero a retirar algún dinero para comprar el caviar de todos los días y te encuentras con que estás en ser-0. Preguntas y te informan que te hicieron el favor de pagar tu tarjeta del supermercado, por lo que no tendrás que esforzarte en despertar al chofer del vocho ni salir de tu changarro a pagar el súper porque en una de ésas hasta empleo te pueden ofrecer.
José Luna/Distrito Federal
R: Cancela con la velocidad del rayo tu tarjeta del súper porque te van a seguir dejando sin caviar.
Asunto: Riviera Maya
Somos un grupo de personas que trabajamos como guías en la Riviera Maya, en una empresa de ecotours llamada Alltournative, la más grande de México y la que paga menos. Tenemos muchísimos problemas. Sólo para comentarte algunos: manejamos todos los días de 5 a 7 horas y nos pagan la chofereada a 50 pesos; nos piden hablar al menos tres idiomas y tener nivel de licenciatura; las jornadas son de 10 a 12 horas y hasta 14, en algunos casos. Cada tour lo venden en alrededor de 130 dólares. No tenemos fondo de ahorro ni derecho vacacional; cuando es temporada baja buscan cualquier pretexto disfrazado de acta administrativa para despedirnos. La empresa abusa del visitante extranjero, pues le pide ayuda para las comunidades mayas; puras mentiras. Además, la empresa se siente amparada porque alguien la certificó como socialmente responsable. ¿Qué podemos hacer?
Guías Alltournative/Playa del Carmen
R: ¡Caray! Es una sorpresa. Esta empresa, que manejan Carlos Marín y Otto von Bertrab, ha recibido numerosos premios y también apoyo gubernamental.
Asunto: descuentos partidistas en Cuautitlán Izcalli
Te escribo para hacer del conocimiento de la sociedad mexicana las irregularidades que hay en el municipio de Cuautitlán Izcalli, gobernado por el panista David Ulises Guzmán Palma. El alcalde en cuestión ha impuesto como regla a los trabajadores del municipio un descuento a su salario que oscila entre 5 y 10 por ciento. La recaudación es para apoyar al partido, PAN. Realmente es indignante lo que está ocurriendo en Izcalli, abusan de la necesidad laboral de la gente, ojalá que Germán Martínez y el presidente Calderón tomen cartas en el asunto. Muchas gracias por atender este caso.
Ruth Dávila/Cuautitlán-Izcalli
R: Querida Ruth: ¿de veras quieres que FC y Germán tomen cartas en el asunto? No vaya a resultar el remedio peor que la enfermedad: ¿y si les suben los descuentos al 20 por ciento?
galvanochoa@yahoo.com • Foro: http://dinero.tv/
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México SA
Bancomext, sacrificado
"Reinvención total" y "reforma"
El "olvido" del Legislativo
Carlos Fernández-Vega
Con más prisa que inteligencia, el Senado de la República está a punto de aprobar la "reforma de la banca de desarrollo" recientemente enviada por el inquilino de Los Pinos, la cual comienza (y concluye, todo indica) con la fusión de Nacional Financiera (Nafin) y el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), dos instituciones del Estado creadas para fines distintos en 1934 y 1937, respectivamente.
¡Sorpresa! Los mismos partidos políticos y sus representaciones en el Legislativo que hoy apuran la citada fusión, cinco años atrás se pronunciaron exactamente en sentido contrario, cuando la anterior intentona se dio en el sexenio foxista (el de las ideas muy cortas y la lengua extremadamente larga le llamó "proceso de reinvención total" de la banca de desarrollo en México, aunque el objetivo fue exactamente el mismo que hoy pretende la "reforma" calderonista).
A mediados de 2004 los integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con la salvedad panista, rechazaron tajantemente la propuesta foxista (operada por el entonces secretario de Hacienda Francisco Gil Díaz, hoy empleado de trasnacional telefónica) por considerarla "una solución inadecuada que lesiona aún más la capacidad del Estado mexicano y del sistema financiero para apoyar el desarrollo sostenido y equitativo de México... El Congreso estima que preservar estos dos bancos es un imperativo nacional, dado que la banca extranjera no apoya a la planta productiva. Liquidarlos o fusionarlos es privar al país de instrumentos eficaces de política".
Pues bien, en el "olvido" quedó tal rechazo y advertencia, y ayer la Junta de Coordinación Política del Senado de la República acordó aprobar la referida "reforma", con lo que la fusión de Nafin y Bancomext parece un hecho consumado, de tal suerte que esos mismos partidos políticos que en 2004 tajantemente la impugnaron hoy están muy cerca de "privar al país de instrumentos eficaces de política", como ellos mismos subrayaron a quien fuera director de Nacional Financiera durante el sexenio foxista, Mario Laborín (quien permaneció en el puesto hasta el 31 de diciembre de 2008), un distinguido delfín del otrora Grupo Monterrey y ex directivo de Bancomer, el mismo personaje que pasó la estafeta a otro ex directivo de Bancomer (también ex presidente de los banqueros en México y del Consejo Coordinador Empresarial), Héctor Rangel Domene, ahora encargado de "cuidar los intereses" de la banca del Estado. Todo un poema para el harakiri que muy cerca está de cometerse.
De cualquier forma el gobierno foxista (como el actual) se empeñó en desaparecer por la vía de los hechos a Bancomext, retirándole todo tipo de asignación presupuestal y trasladándole la responsabilidad de voluminosos empréstitos a empresas privadas autorizados por Los Pinos, más por razones políticas que financieras. Así, de 1994 a 2005 el crédito de esta institución se desplomó 60 por ciento y la cartera vigente 63 por ciento, mientras se desmoronaban las utilidades hasta acumular 146 millones de dólares en pérdidas. Como siempre, a los trabajadores de la institución se les pasó la factura: la plantilla de personal se redujo 42 por ciento. Con Fox se aplicaron cuatro recortes. Además, se cerraron consejerías en el exterior, módulos comerciales y centros de operación en diversos estados de la República, debilitándose el capital humano y la infraestructura de apoyo integral a la cadena producción-exportación.
Como bien ha denunciado el sindicato del citado banco, "el gobierno federal obligó a seguir ese camino, pero nunca se preocupó por resolver el quid del asunto: la ausencia de una política industrial y de competitividad sistémica, combinada con la creencia de que, por razones de costos, era conveniente fusionar o desaparecer al Bancomext. Esta creencia derivó en acciones y omisiones que redujeron sensiblemente la histórica contribución de la banca pública al desarrollo económico".
Así, el impulso de la actividad exportadora se vio mermado por un gobierno que presumía lo "fuertes que somos" en este renglón. De 1994 a 2005 el financiamiento de la banca comercial al sector privado, como porcentaje del PIB, se desplomó de 43 a 8 por ciento, pero sus utilidades netas –especialmente a partir de 2000– crecieron como la espuma. Por si fuera poco, ya con Calderón, el gobierno asignó recursos presupuestales a otras entidades del sector público para programas y acciones de promoción del comercio exterior, como en el caso de la Sagarpa y la Secretaría de Economía (2 mil 400 y mil millones de pesos, respectivamente, en "apoyos" y "gastos" relacionados con la promoción del comercio exterior), mientras a la institución que por ley está encargada de tales funciones se le retiró todo recurso fiscal para ese fin.
Desde tiempos de Salinas y Zedillo, sin olvidar a la dupla Fox-Calderón, el Bancomext carga con onerosos "rescates" (WTC, Gutsa y Juan Diego Gutiérrez Cortina, familia incluida, así como inversiones privadas de mexicanos en telefonía cubana y carreteras chilenas, por ejemplo) por capricho del inquilino de Los Pinos en turno. A pesar de ello, de muchos de estos "rescates" el citado banco logró salir airoso con recursos propios. Eso pasó ayer, y pasa hoy.
Financieramente asfixiado por los alegres compromisos del inquilino de Los Pinos en turno, Bancomext es calificado de "ineficiente", cuando las demás instituciones financieras del Estado son pertrechadas con recursos presupuestales. Por instrucciones presidenciales, en todas las crisis este banco del Estado debió "rescatar" a los empresarios cercanos al poder. Y sigue en ello.
De la crisis actual, va un rápido balance de algunos senadores del PT y PRD: “el gobierno federal, a través de Nafin y Bancomext, instrumentó un (nuevo) Fobaproa Empresarial… El total de este programa de ‘garantías bursátiles’ contempló 50 mil millones de pesos, y hasta el momento lo único que se sabe es que son 10 las grandes empresas que acudieron al esquema, entre ellas Coppel con mil 491 millones de pesos de Bancomext; Cemex, mil 420 millones de Nafin; y Soriana, mil 50 millones de Bancomext… (también) se conoce que se ha apoyado a ocho empresas por 14 mil millones: Vitro, mil millones de Bancomext, además de Comercial Mexicana, 3 mil millones de Nafin”, ambas instituciones públicas a cargo de un ex presidente de los banqueros privados y del Consejo de Administración de BBVA-Bancomer.
Las rebanadas del pastel
En síntesis, ésa es la "reinvención total" de Fox o, si se prefiere, la "reforma" de Calderón.
cfvmexico_sa@hotmail.com - mexicosa@infinitum.com.mx
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| Autor: Paulina Monroy |
A 10 años de la huelga estudiantil, en la Universidad Nacional Autónoma de México se cobra por servicios educativos. El costo de algunas maestrías y de diplomados de titulación supera al de universidades privadas. Hugo Aboites explica que con los cobros se rompe el acuerdo con el que se puso fin al movimiento de estudiantes de 1999-2000. Activistas denuncian persecución contra disidentes
Fuente: Semanario Contralínea 127 / Año 7 / 19 de abril de 2009
A 10 años de iniciada la huelga estudiantil de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) continúan los cobros y la falta de representación.
De las exigencias de los estudiantes agrupados entonces en el Consejo General de Huelga (CGH), ninguna se ha cumplido a cabalidad: abrogación del Reglamento General de Pagos, desmantelamiento del aparato policiaco, derogación de las reformas de 1997 a los reglamentos de inscripción y exámenes y realización de un congreso democrático y resolutivo.
Valeriano Ramírez, investigador y docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPS) de la UNAM, advierte que las debilidades de la máxima casa de estudios del país, identificadas desde 1986, siguen vigentes. Describe que luego de la campaña de desprestigio contra la institución, hace una década, fue necesario replantear un nuevo proyecto educativo.
En ese contexto se definieron tres puntos medulares por analizar: la vinculación entre los bachilleratos y la licenciatura, la gratuidad de la educación superior y la politización de los estudiantes.
Lejos de los pagos que se pretendían imponer en 1999 –inscripciones por 20 salarios mínimos para licenciatura y 15 para bachillerato–, actualmente existen cuotas que se elevan 21 veces más por maestrías y diplomados, aun cuando, advierten especialistas, ello contraviene el artículo tercero constitucional y los propios acuerdos firmados en el año 2000 por el entonces rector Juan Ramón de la Fuente.
Según alumnos y docentes, existen grupos de choque en la máxima casa de estudios, mientras que se hostiga y reprime la lucha estudiantil a través del Tribunal Universitario. También advierten la falta de representatividad de la comunidad estudiantil en las decisiones del Consejo Universitario.
El Reglamento General de Pagos, vigente desde 1966, no define cuotas para maestrías. Sólo establece que los pagos para cursos especiales o de graduados serán propuestos por los directores de facultades o escuelas, previa aprobación del Patronato y la Comisión de Presupuesto del Consejo Universitario.
La Facultad de Contaduría y Administración (FCA) cobra, por sus maestrías en administración, finanza y auditoría, 20 salarios mínimos diarios vigentes (SMV) por concepto de “proceso de admisión” (alrededor de 1 mil 100 pesos), 20 más por “inscripción semestral” y otros 20 por cada asignatura que el alumno quiera cursar. Esas cuotas deben ser cubiertas también para los cursos propedéuticos en administración, economía, derecho, contabilidad y matemáticas, “recomendados” por la dirección a los aspirantes a posgrado.
El pago total por maestría asciende así a 23 mil 16 pesos con el SMV para la zona geográfica A. En tanto cada uno de los 18 diplomados, con opción a titulación, cuestan 9 mil pesos, así como los tres diplomados impartidos en línea.
Sin especificar qué cuotas deberán ser cubiertas para el doctorado en ciencias de la de administración, la página de internet de la facultad sólo indica que el costo por proceso de admisión, que no es reembolsable, es también de 20 salarios mínimos; para extranjeros el precio se eleva a 60. Lo mismo sucede con las cuotas para las especialidades en alta dirección, fiscal, dirección en recursos humanos y mercadotecnia.
Hugo Aboites, doctor en educación por la Universidad de Harvard, señala que desde el punto de vista constitucional las cuotas son ilegales. “No sólo eso, también violenta el paquete propuesto por el exrector De la Fuente en 2000 y aprobado por el Consejo Universitario para remediar la huelga”, apunta.
El especialista en temas de educación y docente de la Universidad Autónoma Metropolitana refiere que en esa propuesta se cancelaba el aumento de colegiaturas: “Por dos razones estas cuotas que se cobran a nivel de posgrado caerían en la ilegalidad. El posgrado es parte de la vida universitaria, no es impartido por ninguna otra institución. En ese sentido, se trata de educación superior pública y autónoma”.
El también miembro del Consejo Mexicano de Investigación Educativa opina que la necesidad de especialización se está convirtiendo en un requisito laboral: “Lo que era la educación elemental a principios del siglo XX, ahora es la superior; así, el posgrado es ahora lo que la secundaria entonces”.
El autor de Viento del norte: TLC y privatización de la educación superior en México sugiere que el Reglamento General de Pagos también es ilegal, pues así sean 20 centavos de inscripción, es un cobro a la educación pública y atenta contra la Constitución. “Las cuotas no tienen efectos en la institución, financieramente hablando, porque se ha visto en otras universidades que cobran colegiaturas muy altas y que éstas representan un porcentaje muy pequeño de lo que requieren las instituciones”.
A su parecer, los argumentos sobre la necesidad de fondos que tiene la universidad carecen de fundamentos. Indica que los pagos por servicios educativos no son una fuente sustancial de ingresos, pues se necesitarían colegiaturas de 30 o 40 mil pesos semestrales para que tuvieran un impacto importante.
Califica como un abuso el hecho de que algunas facultades cobren por impartir maestrías: “Es necesario que cada facultad defina el alcance del mandato constitucional o el alcance del Consejo Universitario. Es responsabilidad de los directivos dictar una política conjunta.
Hay un vacío, que no debería existir, de definición clara e institucional respecto del propio acuerdo del Consejo Universitario, pues es algo que los propios universitarios concertaron”.
La Ley Orgánica de la UNAM en su artículo primero enuncia que la máxima casa de estudios es una “corporación pública –organismo descentralizado del Estado– dotada de plena capacidad jurídica y que tiene por fines impartir educación superior para formar profesionistas, investigadores, profesores universitarios y técnicos útiles a la sociedad”.
Leslie Castillo Cruz estudia el primer semestre de informática en la FCA de la UNAM. Comenta que sus compañeros han pagado más de 100 pesos de inscripción por ignorancia, pues, al momento de ingresar, las autoridades les piden el recibo del banco, “y ellos no saben que pueden hacerlo directamente en cajas”. Explica que las autoridades cambian, incluso, las fechas de cobro para obligar a los alumnos a concluir el trámite en el banco.
Como requisito para su licenciatura, Leslie deberá cubrir una cuota de 1 mil 500 pesos al semestre por concepto del idioma inglés. Deberá alcanzar un nivel de comprensión y traducción de textos y tendrá que pagar seis niveles para lograrlo. Y por las clases de boxeo que desea tomar, deberá pagar una donación “voluntaria” de 400 pesos.
Leslie tendrá que pagar un curso en Visual Basic, pues tiene dificultades con el programa y no está tan adelanta da como sus compañeros. Su maestro le indicó que el curso se imparte en la Facultad de Ingeniería. Si lo pagara en una sola exhibición, por semestre desembolsará 1 mil pesos; si lo hace cada mes el costo se eleva hasta 2 mil pesos: “Son áreas que tendrían que enseñarte aquí, desde lo más básico y llevarte paso a paso”.
No puede siquiera pensar en ahorrar para el proceso de titulación, cuando su carrera como profesionista no sólo le exige estar titulada, sino tener un posgrado o especialidad para poder acceder a un mejor salario. Expresa que “es frustrante que por factores económicos no puedas dar ese salto a la profesionalización”.
La alumna no ve reflejadas las percepciones por cuotas en mejoras para la facultad; por el contrario, observa que los salones son insuficientes, pues hay hasta 60 alumnos tomando clases de pie en las aulas.
Coinciden los estudiantes del Cubículo del Pueblo Combativo D201 de la Facultad de Derecho. Advierten que tampoco se refleja el cobro de cuotas y, por el contrario, hay un uso discrecional de recursos. Apuntan que mientras la Biblioteca Antonio Caso está obsoleta y rezagada, se destinan fondos a pisos y ventanas y se dota de uniformes a los grupos deportivos, “que se distinguen por ser un grupo reaccionario”.
Leslie advierte que sólo del 20 al 30 por ciento del estudiantado podrá pagar cuotas generalizadas.
María, estudiante del último semestre de la licenciatura en pedagogía de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón, señala que con la crisis financiera y debido al pago de cuotas y los gastos inherentes a las carreras los alumnos desertan, pues deben trabajar: “Los estudiantes nos sentimos olvidados.
Desde hace 10 años seguimos pidiendo lo mismo. Parece que se ganó algo, pero seguimos sufriendo con las imposiciones de las autoridades: como los pagos indebidos”.
El 24 de marzo de 2009, durante una manifestación contra la reforma integral de bachilleratos, la Asamblea del Che Guevara se declaró contra la privatización de la universidad.
En su pronunciamiento, rechaza así “el proyecto de la rectoría de aumentar los cobros ilegales y por servicio en cada escuela”.
Para la Asamblea del Che Guevara, integrada, entre otros, por el Comité Estudiantil de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, esa garantía es violentada con las reformas estructurales: “La huelga paró momentáneamente la instauración de las cuotas, pero actualmente pretenden ocultar que la privatización de la universidad ha avanzado en muchas formas”.
Señala que aún se perciben “cobros ilegales” por inscripciones, servicios, actividades culturales y deportivas, multas, uniformes, viajes de prácticas, materiales pedagógicos, diplomados, titulación, maestrías y doctorados. Ello, expone, atenta contra la gratuidad establecida en el artículo tercero constitucional y provoca que “sean expulsados miles de estudiantes de bajos recursos de las aulas de la universidad”.
El 15 de marzo de 1999, el Consejo Universitario aprobó el aumento de cuotas en la UNAM, que aun por debajo de lo propuesto por el entonces rector Francisco Barnés de Castro, detonó el levantamiento de la huelga.
De acuerdo con el Reglamento General de Pagos por Trámites Escolares y Servicios Educativos, aprobado el 7 de junio de 1999, los cobros alcanzarían los 20 salarios mínimos para la inscripción en licenciatura, es decir, 680 pesos semestrales, y 15 salarios mínimos para bachillerato, es decir, 510 pesos. Para alumnos extranjeros ello se multiplicaría 10 veces.
En exámenes extraordinarios se pagaría un día de salario mínimo y en el examen profesional y los trámites de titulación, 40 días de salario mínimo. Respecto de los estudios de posgrado, los montos de inscripción semestral serían propuestos por el secretario general de la UNAM, previa consulta con los consejos técnicos o los comités académicos.
En su “Primer manifiesto a la nación”, el entonces Consejo General de Huelga denunció que las multas se establecieron de manera autoritaria. Ya durante la aprobación de los pagos, 28 consejeros de alumnos y siete maestros se inconformaron por la manera en que se sesionó, pues se “violó el derecho a discutir sobre los puntos de la convocatoria y se puso en tela de juicio la legalidad de los acuerdos”.
El CGH advirtió que las cuotas apenas significaban el 0.78 por ciento del presupuesto anual en el primer año de su aplicación, “con lo que se demuestra que es una medida que no resuelve ningún problema financiero de la institución y tampoco ninguna problemática de orden académico”.
También señaló que la educación superior ya era cubierta con los impuestos, puesto que al aumentar los pagos se creaba un precedente contra ese derecho y significaba un pago doble por un derecho constitucional.
En el reglamento entonces aprobado, el Consejo Universitario argumentó que aunque el subsidio que la UNAM recibe del gobierno federal le permite realizar tareas básicas, es claro que requiere ampliar sus fuentes de financiamiento.
“Resulta congruente renovar el apoyo económico que los estudiantes y sus familias han dado siempre como una muestra más de corresponsabilidad”.
Aseguró además que la institución procuraría que ningún alumno que tenga los requerimientos académicos que se exigen quede fuera de ella por razones económicas.
Para el docente Valeriano Ramírez, la universidad sigue enfrentando problemas de financiamiento; sin embargo, subraya que se debe buscar la gratuidad de la educación. Indica que el gasto sustancial no está en la docencia, sino en los sueldos de los profesores e investigadores de tiempo completo. Opina que éstos deberían ser cubiertos por el Estado, puesto que se trata de investigación que beneficia al país.
De acuerdo con la Rendición de cuentas de la cuenta anual 2008, publicada en la Gaceta de la UNAMel 30 de marzo, la institución recibió, por concepto de ingresos por servicios de educación, 176 millones 560 mil pesos, 6 millones 752 mil pesos menos que en 2007. Esa cantidad representa apenas el 0.78 por ciento del total de ingresos por 22 mil 546 millones 586 mil pesos.
Ese año, la casa de estudios recibió 20 mil 276 millones 374 mil pesos del Estado, 1 mil 859 millones 948 mil pesos más que un año antes.
Erogó 17 mil 709 millones 738 mil pesos en remuneraciones personales y prestaciones, 640 millones 377 mil pesos más que en 2007. Así destinó en sueldos: 10 mil 215 millones 60 mil pesos para personal académico y 3 millones 543 mil 667 pesos para personal administrativo.
En su artículo 18, la Ley Orgánica de la UNAM advierte que las sociedades de alumnos que se organicen en las escuelas y facultades y la federación de estas sociedades serán totalmente independientes de las autoridades de la universidad y se organizarán demo cráticamente en la forma que los mismos estudiantes determinen.
No obstante, según denuncia la Asamblea del Che Guevara, más de 500 estudiantes han sido expulsados por “motivos políticos” y los grupos “porriles” se han reorganizado.
En septiembre de 2008, relata, cientos de “porros” amedrentaron a estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras, mientras que en marzo de 2009 la preparatoria 2 fue atacada.
Sucesos que no se veían desde antes del inicio de la huelga estudiantil.
Observa que el hostigamiento contra la comunidad, activistas y organizaciones ha aumentado a través del “espionaje”, el aumento de vigilancia y la instalación de cámaras.
A su vez, apunta que los espacios ganados por el movimiento son presa de ataques: “A pesar de que éstos sirven de puntos de reunión, eventos culturales y discusión política y académica, y contribuyen al desarrollo de los universitarios, las autoridades quieren impedir nuestra libertad de organización”.
El Cubículo del Pueblo Combativo D201 denuncia que se aparenta un discurso democrático y académico, cuando en la realidad se ignora, evade y excluye a la opinión y crítica.
Pues, sostiene, el director Ruperto Patiño solapa un ambiente de “porrismo”, censura, manipulación y hostigamiento contra los universitarios: “Constantemente intervienen vigilantes ‘porros’ en todas las actividades de la lucha social que se desenvuelven en este espacio del pueblo”.
Aunque durante la huelga se concertó que los espacios ocupados serían respetados, el académico Valeriano Ramírez advierte que la única manera actual de recuperarlos es el hostigamiento directo. Observa que muchos de esos lugares han sido abandonados o utilizados con otra función, “lo que le resta movilidad a la universidad”.
En 2002 los cubículos B301 y D201 de la Facultad de Derecho fueron quemados. Los estudiantes atribuyeron el siniestro al Grupo Cultural Apocalipsis, pues en el lugar aparecieron pintas con el lema: “Apocalipsis, estamos llamados a la fraternidad”.
Un integrante del Cubículo del Pueblo Combativo D201, que pide el anonimato, expone que los espacios estaban creados para la totalidad universitaria y se daban servicios gratuitos como internet y teléfono. Relata que tanto así tenían el apoyo de la comunidad que el activista que se postuló como candidato en las elecciones para consejeros recibió la mayoría de votos; no obstante las autoridades decidieron anular los comicios, pues el aspirante estaba en proceso de ser expulsado por el Tribunal Universitario.
El estudiante señala que el cubículo ha sido presa de agresiones por parte de vigilantes y grupos de choque. Narra que recientemente, al repartir volantes sobre su oposición a la instalación de cámaras dentro de la facultad, un grupo reaccionario los interceptó y amedrentó, pues cometían un acto “ilegal”.
Al respecto, agrega que la instalación de un circuito de vigilancia tiene como propósito impedir que la comunidad se organice: “Somos estudiantes, no delincuentes. La extrema derecha ve el acontecer universitario como una actividad de alta peligrosidad social. ¿Dónde está la autonomía?” Docentes y alumnos de la FES Aragón señalan también la presencia de “porros”. Indican que dirigentes de grupos de choque cursan alguna carrera o trabajan en la facultad. Los califican de infiltrados para crear otras agrupaciones y así poder combatir las acciones de los estudiantes organizados.
No obstante que el artículo 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estipula que nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales, desde 1946 funciona el Tribunal Universitario, calificado por los inconformes como un órgano de represión y persecución.
El artículo 4 de su reglamento lo faculta para conocer y resolver sobre las faltas a la legislación universitaria de personal académico y de alumnos. En nueve años éste ya ha expulsado a más de 2 mil alumnos. El docente de la FCPS, Valeriano Ramírez, refiere que desde su creación y hasta 2000 no había expulsado a más de 100 alumnos; sin embargo, a partir de ese año, justo después de la huelga estudiantil, la cantidad se elevó 20 veces.
Ello, califica el académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, significa represión y autoritarismo.
“Entre los expulsados, muchos son ‘porros’, que en un principio fueron animados desde la rectoría y ahora se convierten en una carga; y las autoridades meten en la misma bolsa a grupos de choque y a activistas”.
Un maestro de la FES de Aragón, que prefirió omitir su nombre por seguridad, considera que el tribunal se comporta como Ministerio Público.
Comenta que el estudiante que comete una infracción es detenido ilegalmente por los elementos de auxilio de la UNAM y es traslado a la oficina jurídica, donde se le levanta un acta que toman como declaración; incluso hay casos en que los obligan a firmarla. Anota que eso sólo sucede cuando se encuentra en flagrancia al alumno, pero “en el caso de activistas, el jurídico firma el acta, se le manda directamente al tribunal y se expulsa al estudiante”.
El maestro observa que el jurídico tiene sólo como función ser representante legal de la escuela y de ningún modo puede levantar actas, pues no tiene autoridad dentro de la universidad: “Ese comportamiento es policial y va orientado a reprimir a los estudiantes para que no realicen activismo político”.
Describe que los mecanismos de represión son más complejos y considera que éstos se han recrudecido y se han vuelto selectivos: “La autoridad se dio cuenta de que si reprime masivamente hay problemas. Ahora elige a uno y a otro y los expulsa”.
En su artículo 6, la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México establece que corresponderá a la Junta de Gobierno nombrar al rector, a los directores de facultades, escuelas e institutos y las personas que formarán el patronato de la institución.
A su vez ellos integrarán el Consejo Universitario que está facultado para expedir normas y disposiciones encaminadas a la organización y funcionamiento de la institución y para elegir también a los integrantes de la Junta de Gobierno.
El rector, jefe nato y representante legal de la máxima casa de estudios, podrá vetar los acuerdos del propio consejo.
El Cubículo del Pueblo Combativo D201 califica esta estructura como antidemocrática: “Diferentes grupos con intereses políticos se han adueñado de la toma de decisiones y por lo tanto del control de la UNAM, lo que hace que sea utilizada como trampolín político”.
Anota que de una comunidad de 400 mil personas, en el consejo sólo participan 26 estudiantes, 26 maestros y un representante de los trabajadores: “Vemos aquí la causa de todos los conflictos de la universidad. No se permite que la comunidad universitaria participe en la toma de decisiones de la institución”.
Contralínea solicitó la posición de la UNAM a través de su Dirección General de Comunicación; María Guadalupe Díaz Silva, directora de Enlace y Relaciones Públicas, minimizó la petición al responder que, en todo caso, por cada año cumplido desde la huelga se tendría que haber realizado una nota periodística.
Aseguró que la máxima casa de estudios “sigue trabajando”. Al cuestionarla sobre las cuotas, negó que las haya, con excepción de los 20 centavos que se cobran por inscripción.
Al cierre de edición, Contralínea tampoco obtuvo respuesta a las solicitudes de entrevista con María Antonieta Martín, directora de la Facultad de Contaduría y Administración, y Ruperto Patiño, director de la Facultad de Derecho.
Los seis puntos del pliego petitorio del CGH (1999)
1. Gratuidad Para que sea real el derecho a la educación, ésta debe ser gratuita. Ya los cobros que se realizan de manera ilegal han expulsado a estudiantes de las aulas; ahora pretenden legalizar, extender a todas las escuelas y ampliar los cobros. Esto expulsa de la universidad a los estudiantes de más bajos recursos.
2. Reformas de 1997: pase automático Tiene que haber posibilidades para que un estudiante de bajos recursos termine el bachillerato, egrese a la licenciatura y la pueda terminar. El pase reglamentado y el límite en la permanencia cierran esas posibilidades y expulsarán a dos de cada tres estudiantes.
3. Ceneval Un estudiante de bajos recursos está en desventaja a la hora de presentar un examen único y no es justo que se le cierre la posibilidad de ingresar (o egresar) de la UNAM y se le mande a un bachillerato técnico (o no le entregue el título y se le cierren de antemano fuentes de empleo mejor remuneradas).
4. Congreso democrático y resolutivo Queremos que todos los universitarios discutamos libremente los cambios que la universidad requiere, por eso debe ser un congreso democrático. Queremos que esa discusión no quede en el aire o en manos del mismo Consejo Universitario que nos ha impuesto todo contra lo que hoy luchamos, por eso debe ser un congreso resolutivo. Queremos que esta discusión se desarrolle sin presiones y sin medidas que ya expulsan a los estudiantes de bajos recursos, por eso, primero deben echarse atrás las imposiciones de los últimos dos años, es decir, deben cumplirse los puntos de nuestro pliego petitorio.
5. A) Desmantelamiento del aparato policiaco Porros, grupos de choque, grupos de golpeadores, “prefectos” que actúan a imagen y semejanza de cualquier custodio carcelario; “orejas”, cámaras, micrófonos, tribunales donde las autoridades acusan, juzgan y sentencian. Unos para vigilarnos, otros para ficharnos, otros para intimidarnos, otros para sancionarnos y otros más para golpearnos. Este aparato debe desaparecer de la UNAM.
B) Anulación de todo tipo de actas y sanciones contra los participantes del movimiento. Que no exista ninguna clase de castigo por sostener que todos tenemos derecho a la educación.
6. Recorrer el calendario escolar tantos días como los días efectivos de clase invertidos en el movimiento Éste es nuestro pliego petitorio. Defenderlo con firmeza no es intransigencia. Es la defensa de que sobreviva un sector social en la universidad. Esto es lo que se juega en la huelga. ¿Es demasiado pedir? Por supuesto que no, es sólo regresar a la situación de hace apenas dos años (1997). Es sólo no continuar con la expulsión de estudiantes de bajos recursos. Es sólo que se mantengan posibilidades reales para que los hijos de los trabajadores puedan llegar a la universidad.
Fuente: Semanario Contralínea 127 / Año 7 / 19 de abril de 2009
