lunes, 25 de mayo de 2009
Aclara Estafeta observaciones de la ASF
Directivos de la compañía de mensajería y paquetería Estafeta responden a las observaciones que la Auditoría Superior de la Federación les hizo dentro del informe a su revisión especial por servicios prestados por autoridades aeronáuticas a las líneas aéreas mexicanas concesionadas, que durante 2007 operaron en territorio mexicano
En febrero pasado, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hizo pública su revisión a la cuenta pública 2007, en la cual incluyó la auditoría especial que hizo respecto de las aerolíneas regulares que operaron en el mercado mexicano durante ese año.
Dentro de sus resultados, publicados por Fortuna en abril pasado, la ASF solicitó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) que auditara a las 18 firmas concesionadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (Dirección General de Aeronáutica Civil), y a los órganos internos de control abrir indagatorias al SAT.
Fortuna solicitó al SAT información sobre las observaciones que le hiciera la ASF, sin que hasta la fecha haya una posición al respecto. En entrevista, Ingo Babrikowski, director general de Estafeta Mexicana, y José Antonio Armendáriz, del Grupo Estafeta, explican que su situación tributaria es completamente regular.
En 2008 Estafeta tributó 134 millones de pesos de ISR/IETU; 96 millones de pesos en seguridad social y 341 millones de pesos de Impuesto al Valor Agregado.
La ASF detectó un supuesto faltante en el pago de derechos que recepcionó el Servicio a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam) en 2007 y pidió al SAT auditar a las aerolíneas.
Respecto de sus pagos de derechos por el uso, goce y aprovechamiento del espacio aéreo mexicano al Seneam, los directivos de Estafeta exhiben documentos de las cuotas pagadas al área adscrita a la SCT.
Respecto de sus cuotas patronales, la compañía tiene a sus trabajadores en los padrones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). José Antonio Armendáriz explica que “nosotros tenemos a todo nuestro personal, tanto de tierra como del aire, registrados ante el IMSS.
El Grupo Estafeta está formado por varias empresas, una que maneja la distribución, otra la aérea, otra la comercial, las inmobiliarias y de servicios, y el personal de todas está en orden en cuanto a sus obligaciones tributarias, incluyendo sus obligaciones de seguridad social y prestaciones en general; la auditoría podría revisar los registros de cada una”.
El director general explica la política de Estafeta: “Nadie puede ingresar al trabajo si previamente no se le ha dado de alta ante el IMSS. Nosotros estamos al día. El 20 de febrero de este año están fechados nuestros dictámenes sobre los Estados Financieros del grupo”, sin observaciones del auditor externo.
Armendáriz habla de las complicaciones que enfrenta el sector de carga en México: “No hay aeropuertos adecuados para operar carga; es un problema serio que ya lo ha advertido la ASF en relación con el desarrollo de aerolíneas de bajo costo”.
En cuanto a los servicios de navegación aérea, explica que un problema es que en los aeropuertos mexicanos los horarios de aterrizajes y despegues se registran de forma manual, pues “mientras se sigan registrando de esta forma van a surgir diferencias” entre lo que registran los aeropuertos y lo que declaran las compañías ante Seneam.
“Nosotros a la fecha actual hemos aclarado ante el Seneam las diferencias surgidas en nuestras declaraciones”, detalla.
Cita que otro de los problemas que enfrentan las aerolíneas, en especial las de carga, son los limitados horarios de operación de los aeropuertos (por ejemplo de 7:00 a 19:00 horas), por lo que todavía se hace necesario la extensión de horarios, ya que el servicio de carga se opera fundamentalmente durante la noche.
No obstante, Armendáriz considera que para efectos de orden en los mercados y sana competencia en la aviación, deben de revisarse los criterios aplicables para las operadoras de vuelos de fletamento, tanto nacionales como internacionales.
“Cada año, las aerolíneas concesionadas tenemos una verificación mayor, a fondo, de parte de la Dirección General de Aeronáutica Civil.
Hemos tenido experiencia de que salimos bien de nuestras inspecciones, que implican la revisión de cada avión, su mantenimiento y reparación, así como de la actualización de instrumentos jurídicos con base en los cuales operamos y la situación financiera que garantice la permanencia del servicio, pero esa revisión no se les hace a las empresas fleteras”.
La gripe de Barack Obama = JUAN GASPARINI
La gripe de Barack Obama
JUAN GASPARINI
GINEBRA, 22 de mayo (apro).- El jueves 2 de abril, al pronunciar su conferencia en la cumbre del G-20 en Londres, dos sonoros estornudos frenaron la intervención del presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Echó la cabeza a un lado y se cubrió la boca con la mano derecha, luego volvió la vista al auditorio, pidió disculpas y confesó: "He estado luchando contra esto toda la semana". (1)
Lo sorprendente, por lo que se conoció ulteriormente, fue que el 18 y 19 de marzo precedentes, Barack Obama concurrió a California para participar en el célebre programa televisivo de Jay Leno, The tonight show, gesto inusual en un mandatario de tan alto nivel en ejercicio.
Estuvo prácticamente dos días en uno de los futuros focos estadounidenses de la enfermedad, y pudo atrapar allí el virus que lo tuvo a mal traer en su gira por el Viejo Continente, admitiendo, a las pocas horas de abandonar Londres y frente a los periodistas en Praga, durante la reunión con la Unión Europea, que se trataba de una gripe. (2)
Por cierto, la fecha de inicio de los síntomas del primer caso de influenza A/H1N1, confirmado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), fue el 28 de marzo de 2009 en Estados Unidos, no en México. California declararía la emergencia un mes después, al contabilizar 13 dolientes, trepando a 221 el 13 de mayo, el segundo de los 45 Estados afectados. (3)
Como en una novela del argentino Tomás Eloy Martínez, "nada es nunca como se espera, nada es tan siquiera lo que parece que es", hoy, al cabo de largas jornadas de mediática pandemia que propagó en vano una descomunal alarma internacional, la Organización Mundial de la Salud (OMS), sede matriz de la OPS, todavía no ha podido detectar con exactitud dónde se produjo el brote.
Su director adjunto, Keiji Fukuda, precisó el viernes 15 de mayo de 2009, en Ginebra, que a fin de cuentas aún no existen certezas sobre el lugar en que surgió el virus de la influenza A/H1N1, cuyo nacimiento fue espontáneo y natural.
Inicialmente se dijo que procedía de los criaderos de porcinos de Granjas Carroll en México, filial de la Smithfield Company, la más grande productora de esos animales en Estados Unidos, empresas acusadas de múltiples irregularidades. (4) Pero finalmente se estableció que los puercos eran ajenos al fenómeno, y su expansión se retrajo a la de una gripe de tendencia benigna, muy por debajo de las gripes estacionales, las cuales se cobran entre 250 mil y 500 mil víctimas por año en el mundo.
Siendo esclavos de la cronología de lo que está suficientemente probado, el 2 de abril de 2009, mientras Barack Obama estornudaba sospechosamente, se registraba en México el "paciente cero", Edgar Hernández, quien se repuso rápidamente tras consultar en un hospital.
Edgar es un menor vecino de La Gloria, en el valle de Perote, del estado de Veracruz, sitio de explotación de las fincas Carroll, zona que tuvo que ser fumigada en aquellas circunstancias, verificándose que sus habitantes "habían padecido algún episodio de neumonía y bronconeumonía", de acuerdo con un despacho de la agencia Notimex del 5 de abril.
Tres días más tarde entraba en un nosocomio María Adela Gutierrez, quien pereció el 13 de abril. Fue la primera muerte mexicana de la enfermedad, reconocida por la OMS el 24 de abril y asumida la víspera por México, que interrumpió súbitamente la enseñanza primaria y secundaria. Faltaba poco para que California decretara la emergencia, el 28 de abril.
Casi dos semanas antes, el 16 de abril de 2009, Barack Obama hizo escala en México, rumbo a la Cumbre de las Américas en Puerto España, Trinidad Tobago, que se desarrolló el 18 y 19 de abril. El 16 se entrevistó con su homólogo, Felipe Calderón, visitó el Museo Nacional de Antropología e Historia, y se fue el 17 por la mañana.
En el templo a la cultura indigena tuvo por guía al director Felipe Solís Olguín, quien feneció una semana después de un infarto, abatido por un cuadro severo de neumonía complicada con diabetes. La OMS advierte que suelen sucumbir de esta influenza personas aquejadas por males crónicos como la diabetes y los problemas cardiacos y circulatorios.
Actualmente se cuentan muchas más víctimas en Estados Unidos que en México. Al 15 de mayo, México enumeraba 2 mil 895 infectados y 66 defunciones. En Estados Unidos los contagios ascendían a 4 mil 714 y cuatro muertos.
Pareciera que la confusión no se disipa, pues fuentes dignas de crédito abren pistas inciertas. La firma Veratect, basada en Washington y dedicada a la biovigilancia, reivindicó en su portal de Internet haber descubierto el estallido del brote en los criaderos de cerdos mexicanos ya mencionados, es decir, con algunas horas de antelación a que lo reconocieran las autoridades de ese país.
Sin embargo, el cientifico australiano Adrian Gibbs denunció que la irrupción del virus sucedió por un error de manipulación humana en un cultivo de laboratorio. México no los tiene, dado que debió recurrir al centro del profesor canadiense Francis Plummer para hacer los análisis de lo que acontecía en su territorio.
La revista Science afirma que el "brote debió comenzar a mediados de febrero en La Gloria (estado de Veracruz)", pero el diario británico The Guardian, citado por el semanario francés Courrier International, asegura que esta gripe "arribó a México durante la primera mitad del mes de abril", obviamente de Estados Unidos. (5)
Fidel Castro, con todo el tiempo libre para estudiar los boletines de las agencias noticiosas a su alcance, avanza veladamente la teoría de que México ocultó la epidemia para que Barack Obama no anulara su viaje del 16 y 17 de abril, pero se contradice señalando al propio tiempo que recién en el último de esos dos días, el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta logró destapar la aparición de un virus desconocido.
El comandante jubilado tal vez no supo que para entonces el presidente de Estados Unidos quizás venía de superar una ligera gripe, supuestamente comparable a la disparada en California en derredor de su prestación televisiva, incidente desprovisto de consecuencias mayores, similar al de la mayoría de quienes vienen sufriendo la A/H1N1) y sobreviven. (6)
Atención médica de elite para 96 mil burócratas
Los funcionarios del país, desde los secretarios de Estado hasta personal de enlace, son privilegiados con un sistema de salud privado a costa del erario, en claro desdén del servicio médico público y a espaldas de millones de mexicanos –derechohabientes o no– que a duras penas obtienen este beneficio constitucional
En México hay dos servicios de salud: uno para millones de trabajadores comunes y otro para 96 mil 254 funcionarios.
Ambos se sostienen con recursos públicos. Mientras que un funcionario cobija a toda su familia en exclusivos hospitales, el 90 por ciento de los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) se enfrenta a un servicio deplorable.
El Sistema Nacional de Salud es una quimera para la mitad de la Población Económicamente Activa (PEA).
La PEA en México es de 42.5 millones de personas, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, de los cuales 21 millones 432 mil tienen seguridad social: 18 millones 721 mil del IMSS y 2 millones 516 mil en el ISSSTE, 140 mil de Petróleos Mexicanos (Pemex) y 55 mil del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM), más sus respectivos derechohabientes. El 50 por ciento de la PEA carece de este derecho pese a que la Constitución obliga al Estado a garantizar el acceso al sistema de salud a los 120 millones de mexicanos, independientemente de si trabajan o no.
Entre los 21 millones de derechohabientes hay un abismo: los empleados comunes reciben atención médica en un sistema donde las mujeres mueren por parto, los hombres de diabetes, los niños por un resfriado, y cualquiera por descuido o negligencia. Es el rostro de las 25 mil quejas que cada año recibe la Comisión Nacional de Arbitraje Médico por negligencias y maltrato.
Los funcionarios públicos son beneficiarios de ese mismo sistema –integrado por el ISSSTE, IMSS, ISSFAM y Pemex–, pero mejor optan por atenderse donde la atención médica implica confort, habitación privada, love set, teléfono y televisor con control remoto, dieta saludable y una confortable cama para la familia. Así evitan una larga espera, el tedio, la frustración por falta de medicinas, malos tratos y negligencia. Eso queda para los millones de derechohabientes que cotizan puntualmente.
Por el servicio de salud que se recibe se califica el tipo de ciudadano que se es en México, dice el legislador Joaquín de los Santos Molina, integrante de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.
“Hay mexicanos de primera y de segunda. Quizá el Ejecutivo quiera revestir de legalidad que a sus funcionarios les contrate servicios de salud privados, pero es completamente inmoral, sobre todo porque es el gobierno quien impone ese trato a los mexicanos, cuando el ejemplo que debía dar es la igualdad, es decir, mandar a sus funcionarios públicos a recibir atención pública”, dice el legislador.
Prebenda presidencial
De acuerdo con el Manual de percepciones de la administración pública federal, es el jefe del Ejecutivo quien decide los beneficios de los funcionarios y su personal de enlace. Para su gestión “en un marco de austeridad y transparencia”, Felipe Calderón autorizó cuatro seguros: de servicios médicos, de vida, de incapacidad total y permanente, y de desempleo, para mandos medios y altos de la Presidencia, Consejería Jurídica, secretarías de Estado, paraestatales y órganos desconcentrados.
Con ello dio continuidad a la prebenda de Vicente Fox para que la burocracia evitara el deficiente sistema de seguridad social público. Tan sólo el seguro de servicios médicos implica una partida de más de 1 mil millones de pesos que anualmente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) destina bajo el rubro “Seguro colectivo de gastos médicos mayores de las dependencias y entidades participantes de la administración pública federal”.
La SHCP contrató el seguro con la trasnacional Metlife en marzo de 2008, por 1 mil 304 millones 347 mil 826 pesos, es decir, unos 80 millones de pesos mensuales, vigente para el periodo del 1 de abril de 2008 al 30 de septiembre de 2009.
Los beneficiados son 96 mil 254 funcionarios, 53 mil 285 cónyuges o concubinas, 106 mil 766 hijos, 7 mil 86 padres.
En total, 263 mil 391 asegurados. La póliza cubre el diagnóstico y tratamiento médico, cirugía, hospitalización y rehabilitación. El esquema no sólo impacta a las finanzas públicas, sino al sistema de salud pública, que también contempla a este segmento privilegiado como derechohabientes.
Proporcionalmente, el servicio médico de cada funcionario, su cónyuge y cada uno de sus hijos costaría a los contribuyentes 303 pesos diarios, pero para Metlife, todos tienen un valor distinto: la salud de un secretario de Estado y cada uno de sus beneficiarios cuesta 333 salarios mínimos mensuales por persona (unos 18 mil 248 pesos). Es decir, la póliza mensual de cada secretario (y cada uno de sus familiares) cuesta a los contribuyentes lo que 10 obreros cobran durante casi un año de trabajo. Hay 107 asegurados en esta modalidad.
La salud de un subsecretario cuesta 295 salarios mínimos mensuales, lo mismo que su cónyuge y cada uno de sus hijos, así como los oficiales mayores, jefes de unidad, y sus respectivas familias, es decir unas 1 mil 709 personas.
La atención médica de los directores generales cuesta 259 salarios mínimos mensuales (4 mil 452 personas); sus adjuntos, 222 salarios (entre funcionarios y derechohabientes suman 5 mil 154 beneficiarios); directores de área, 185 salarios (19 mil 956 beneficiarios); sus subordinados directos, 148 salarios (con sus derechohabientes suman 51 mil 969 beneficiarios); los jefes de departamento, 111 salarios (funcionarios y derechohabientes, 64 mil 817); el personal de enlace, 74 salarios (funcionarios y derechohabientes, 115 mil 227).
El contrato que diseñó la SHCP implica privilegios para otros personajes vinculados a las altas esferas del poder. Por ejemplo, en las bases, Hacienda le estipula que la empresa contratada debía integrar un grupo de hospitales adicionales a los que tuviera en convenio, entre los cuales pidió a Metlife que incluyera al Hospital San José de Zamora, propiedad de Alberto Sahagún Jiménez, cuñado del expresidente Fox.
En unas semanas se licitará la renovación del seguro de gastos médicos mayores (que concluye en septiembre de 2009) y varias compañías preparan ya sus propuestas.
“En un momento en que el país está en crisis, debe haber congruencia de los altos funcionarios. Los nueve años del régimen panista se han caracterizado por la poca preocupación por el ahorro y la austeridad, es decir, no son gobiernos austeros, ni que se hayan preocupado en recortar salarios, ajustarlos un poco a la baja, por el contrario, se ha incrementado el gasto corriente, se han incrementado los privilegios, y una de las expresiones es el sistema de salud privado del que disfrutan”, señala Sergio Aguayo, del Centro de Investigación y Docencia Económicas.
Joaquín de los Santos, miembro de la Comisión de la Función Pública en San Lázaro, dice que debe eliminarse esta prebenda. Critica: “No es posible que Hacienda autorice este gasto cuando el país está en recesión; pero además, ante la displicencia de esa secretaría, las dependencias rembolsan a sus funcionarios hasta lo que gastan en aspirinas, cuando ese presupuesto debía destinarlo a suministrar medicamentos en el sector público, sobre todo en las clínicas rurales donde no hay nada, lo que he confirmado personalmente”.
El trato preferencial que el presidente hace en materia de salud atenta contra las políticas públicas, considera Clara Jusidman Rapoport, miembro del Alto Consejo para la Transparencia de los Programas Sociales del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. En entrevista, analiza que las disparidades en la atención de la salud de cada uno de los mexicanos “contribuyen a profundizar la desigualdad social”.
“Por intereses de diversos sectores, entre ellos los sindicatos, el gremio médico, el grupo de poder político del sector salud y los grupos conservadores y neoliberales, hemos mantenido un sistema de salud segmentado: salud para ricos, salud para clases medias, salud para trabajadores y sus familias, salud para población pobre y población excluida de todo los servicios”, detalla la también presidenta de la asociación civil Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social.
En 2003, Jusidman fue una de los cuatro expertos encargados de la elaboración del Diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México para la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que incluyó el análisis del derecho a la salud –estipulado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Se trata, asegura la investigadora del Colegio de México y la Universidad Nacional Autónoma de México, de uno de los derechos más vulnerados a las clases pobres del país. Tal situación, “hace que cada vez más las clases medias y altas, entre las que se encuentran los servidores públicos, se alejen de los servicios públicos de salud y acudan a los privados y por lo tanto se profundice el papel que la provisión de salud tiene en aumentar la desigualdad y ciudadanías diferenciadas”.
Salud de elite
Si bien los funcionarios del gobierno de Calderón no gozan de óptima salud –revela la siniestralidad del contrato Metlife–, con la prebenda presidencial se atienden con especialistas en todas las ramas de la medicina. En contraste, los usuarios del IMSS o el ISSSTE esperan en promedio seis meses para que los diagnostique un especialista, señalan las quejas ante los órganos internos de control en ambos servicios a las que tuvo acceso Contralínea.
La siniestralidad del “seguro colectivo de gastos médicos mayores de las secretarías y entidades participantes de la Administración Pública Federal” revela los principales padecimientos por los cuales se han atendido los funcionarios del gobierno de Calderón. Indistintamente, todas las dependencias reportan casos de operaciones de nariz, lo que, según el diputado De los Santos, de la Comisión de Salud, deberá revisarse “para aclarar si se trata de procedimientos estéticos o médicos”.
Los empleados al mando directo de Felipe Calderón, en la Presidencia de la República, se atienden desde un reflujo, se operan el tabique nasal, se cuidan las anginas y se tratan las infecciones y alergias en hospitales del Grupo Ángeles, Médica Sur, Hospital Español, el ABC y el Hospital y Clínica OCA.
Los funcionarios de la Secretaría de Gobernación usan, además, los hospitales Ángeles, el Christus Muguerza del Parque, el Centro Médico Tiber, el Inovamed de Cuernavaca, el Sanatorio Florencia y otros 37 hospitales privados para tratarse desde un colesterol alto, una fiebre, una urticaria, un absceso o una hernia.
Los que trabajan con Agustín Carstens, encargados de las finanzas públicas del país, y de aprobar las supuestas políticas de austeridad, usan unos 30 hospitales privados, clínicas de terapia y rehabilitación, centros de diagnóstico, oftalmológicos especializados para tratarse desde una dermatitis, venas varicosas, corregirse el tabique nasal, molestias de reflujo y hasta enfermedades como el hipopituitarismo.
Los de la Secretaría de la Función Pública, que dirige Salvador Vega Casillas, cuya función es evitar el manejo irregular y derroche del dinero público, son clientes de los hospitales Ángeles de las Lomas, Pedregal, Metropolitano, Médica Sur, el Country 2000, el Hospital Santa Coleta, el Hospital San José Satélite, Olympus Managed Health Care In, el Hospital Santa Mónica, para hacerse cirugías de nariz, tratarse arritmias, luxaciones, hipertrofia de la próstata, várices esofágicas, reflujo y gastritis, principalmente.
Los burócratas de elite de la Secretaría de la Reforma Agraria acuden al Hospital México Americano, el Ángeles del Pedregal, Metropolitano y de Las Lomas; al Infantil Privado, al Hospital Santa Elena y a Médica Sur. Mientras que los funcionarios se atienen enfermedades respiratorias y trastornos gástricos, sus hijos el acné y las torceduras de tobillos o luxaciones por caídas en patinaje o deportes extremos.
Aunque los funcionarios de la Secretaría de Marina, que encabeza el almirante Francisco Saynez, son derechohabientes del ISSFAM, prefieren atenderse en el ABC y Médica Sur, desde un trastorno de nariz, hipertensión o dolores de articulaciones. En la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales prefieren el Ángeles del Pedregal, el Hospital Bernardette, Thera Clinic y Médica Sur.
La elite diplomática al mando de Patricia Espinosa (en la Secretaría de Relaciones Exteriores) acude a los hospitales Ángeles y al Fresenius Medical Care. Los que comanda Genaro García Luna en la Secretaría de Seguridad Pública se atienden una urticaria, gastritis, reflujo; se eliminan verrugas, se controlan la hipertensión o se operan la nariz en el Ángeles Metropolitano, mientras que sus hijos se curan el acné en el Centro Médico Atlanta y el Hospital del Valle; sus esposas evitan la preclampsia en el Hospital Ángeles del Pedregal.
Los directivos que administran los programas de combate a la pobreza (Secretaría de Desarrollo Social) usan el Hospital San Ángel Inn, el Christus Muguerza del Parque y el Ángeles de las Lomas si están en el Distrito Federal, o bien, las distintas sucursales del grupo Ángeles o el CIMA, en las entidades, si salen a trabajar a los estados.
Quienes trabajan con el procurador Eduardo Medina Mora (en la Procuraduría General de la República) acuden al Ángeles de las Lomas, al Metropolitano, al Dalinde y Médica Sur, y el Centro Médico Tiber, principalmente.
En su mayoría, se operan la nariz, se atienden ruptura de tendones, hernias y trastornos de próstata, o bien, se tratan problemas de reflujo y gastritis.
Desdén por el sector salud
El sistema público de salud mexicano fue punta de lanza a nivel mundial, porque redujo la mortalidad y aumentó la perspectiva de vida. El IMSS alcanzó altos niveles de calidad, sin embargo, “desde hace varios años se le ha dejado caer: en la calidad de su personal, su capacitación, equipamiento técnico, y, sobre todo, su sentido del servicio público.
En lugar de buscar que los servicios de salud a población abierta, que históricamente ha proporcionado la Secretaría de Salud para la población más pobre, alcanzaran los estándares de calidad del IMSS, la política de salud fue que los estándares del IMSS bajaran al del sistema de la Secretaría de Salud; es decir, la calidad se ha comprimido hacia abajo”, explica Clara Jusidman.
Sergio Aguayo, otro de los consultores que elaboró el diagnóstico de 2003 para la ONU, define como “paradójica” la política oficial ante el deterioro paulatino de esa institución: “A medida que ha ido sufriendo un deterioro paulatino, la solución de los altos funcionarios no ha sido la de acercarse a estos servicios de salud públicos, sino de buscar la protección privada, lo que realmente suena incongruente y poco sensible frente a la mayoría de la población que son los pobres”.
En efecto. Ni los funcionarios al mando del cirujano José Ángel Córdova Villalobos parecen confiar en el sistema para el que laboran, sólo así se explica que también su atención médica y la de sus familias sea en clínicas privadas. Los altos directivos son beneficiarios del seguro contratado por la SHCP a Metlife. Acuden en promedio a 13 clínicas de este nivel.
Desde la esposa del secretario de Salud, que se trata la gastritis, hasta los subsecretarios y sus hijos que se curan el reflujo en el Ángeles del Pedregal; se alivian los catarros en el ABC y se medican para la osteoporosis en el Hospital Español; las hemorroides, en el Hospital San José Satélite; se arreglan el tabique nasal en el Hospital Santa Fe y los esguinces en el Médica Sur, mientras los galenos del Hospital Infantil Privado vigilan el crecimiento de sus hijos.
Los directivos del Hospital General de México envían a sus hijos a curarse las amígdalas en el Hospital Durango; ellos se tratan los cálculos en el ABC. Sus esposas llevan su revisión ginecológica en Médica Sur. Los del Hospital General Doctor Manuel Gea González usan el Mocel para problemas de rodillas; el Hospital Español para tratarse la próstata. Los del Hospital Juárez de México acuden con especialistas del Dalinde para sus problemas intestinales.
Para su atención personal y la de sus familias, los funcionarios del Instituto Nacional de Salud Pública usan el sistema privado; son clientes del Sanatorio Henri Dunat, el Ángeles del Pedregal, Ángeles de las Lomas, Ángeles Metropolitano, el Hospital Santa Teresa, el Mocel, Español, ABC, Sports Clinic. En éstos se atienden desde un esguince de tobillo hasta el cuidado en el embarazo de sus cónyuges.
Los directivos del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición usan Médica Sur y el Ángeles del Pedregal; los del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias tratan males como la laringotraqueitis aguda de sus hijos en el Médica Sur; los del Instituto Nacional de Cancerología son clientes del Ángeles del Pedregal; los del Instituto Nacional de Rehabilitación acuden al Olympus Managed Health Care; los funcionarios del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez son clientes de Médica Sur, Ángeles Metropolitano y Ángeles del Pedregal.
Además de expresar la enorme desigualdad que priva en el país, la disparidad en el sistema de salud es un atentado contra la democracia. En su informe de 2008, el Banco Interamericano de Desarrollo documenta cómo las desigualdad en el acceso a los satisfactores mínimos –la salud es uno de ellos– es un problema estructural para un régimen democrático.
Sergio Aguayo, uno de los expertos del tema, explica: “Un ingrediente esencial de la democracia es que el Estado haga un esfuerzo por corregir las distorsiones que se generan en una sociedad por múltiples motivos, pero aquí lo que vemos, y es lamentable, es cómo los altos funcionarios contribuyen a que se amplíe esa brecha de desigualdad al protegerse con la medicina privada y darle la espalda a la medicina pública.
Estoy seguro que si el gabinete tuviera que atenderse en una clínica del Seguro Social o del ISSSTE lo pensaría dos veces antes de tomar decisiones, que perpetúan por múltiples caminos la desigualdad en el ingreso”.
Jaime Cárdenas = Ni un voto a los chuchos
Jaime Cárdenas
Ni un voto a los chuchos
Dentro de las izquierdas mexicanas, la opción de los “chuchos” representa la traición al movimiento social en defensa del petróleo, la economía popular y la soberanía. No existe nada más antitético con nuestro movimiento social que la complicidad, entreguismo y subordinación de ese grupo con el gobierno federal de Calderón. Los chuchos se han distinguido por sus transacciones con Calderón, con el PAN y con el PRI, no en beneficio de México y sus mayorías, sino en beneficio de la clase política y económica que de manera mafiosa e impune controla y gobierna a este país. Muchos hechos corroboran lo que aquí se señala. Enumeremos algunos:
Los chuchos votaron a favor de la reforma electoral vigente y propusieron reducir a la nada las coaliciones electorales para perjudicar a partidos afines a López Obrador como el PT y Convergencia, además imposibilitaron jurídicamente que Andrés Manuel López Obrador forme un partido político diferente a los existentes antes de 2012.
En la reforma petrolera, aprobada en octubre de 2008, aceptaron la parte sustancial de las modificaciones legales propuestas por Calderón y por el PRI, las que violan la Constitución y los derechos de los mexicanos sobre los recursos del subsuelo, en particular permitieron que las empresas petroleras extranjeras participen y hagan negocios con los hidrocarburos de México en toda la cadena de la industria petrolera.
En el Poder Legislativo, en la Cámara de Diputados y en la de Senadores, no han impulsado con firmeza la agenda de los derechos sociales que ahora en su propaganda dicen defenderán. Esta agenda es fundamental para la izquierda, pues posibilitaría más igualdad entre los mexicanos.
Recientemente votaron en el Poder Legislativo, con el PAN y con el PRI, una reforma que no permite a los grupos sociales presentar demandas colectivas en contra de los poderes fácticos.
Sistemáticamente, directa e indirectamente, de palabra y de obra, han rechazado el liderazgo de AMLO, a cambio de los apoyos políticos y electorales de Calderón, del PRI y del PAN, para mantenerse ilegal e indebidamente con el control de la burocracia del PRD.
Son, en síntesis, el grupo de la izquierda mexicana que no quiere transformar a México y que prefiere pactar con el poder establecido para conservar sus exiguos privilegios y presencia.
Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
En Cuernavaca, golpe fallido de García Luna
En Cuernavaca, golpe fallido de García Luna
RICARDO RAVELO
Genaro García Luna y sus muchachos cosechan pifias. Una más ocurrió el martes 5 en Cuernavaca, Morelos. Obsesionados por capturar al Borrado, un operador del cártel de los Beltrán Leyva, más de 200 agentes irrumpieron en una casa y se llevaron detenidos a varios de sus familiares, pero no al capo. Una fuente consultada por este semanario sostiene que la policía les vació la casa y les sembró armas para poder acusarlos de delincuentes.
Poco antes de que finalizara el mes de abril, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Genaro García Luna, tuvo conocimiento de que el capo Alberto Pineda Villa, El Borrado –pieza clave de la célula que encabezan los hermanos Beltrán Leyva– visitaría una de sus casas de Cuernavaca, Morelos, otrora feudo del cártel de Sinaloa, para convivir con sus padres y otros familiares cercanos.
A través de los órganos de inteligencia, que seguían los pasos de Pineda Villa, García Luna y sus subalternos Luis Cárdenas Palomino y Armando Espinoza de Benito –coordinador general de Inteligencia de la Policía Federal Preventiva (PFP) y comisionado de la División Antidrogas de la Agencia Federal de Investigación (AFI), respectivamente– pretendían detener al Borrado desde octubre de 2008, cuando el titular de la SSP fue interceptado cerca de Tepoztlán, Morelos, presuntamente por un grupo armado al servicio de Arturo Beltrán Leyva –jefe del mismo capo–, que maniató a su escolta y llevó al funcionario policiaco a una casa donde le reclamaron "si esta vez iba a cumplir los acuerdos pactados" (Proceso 1672).
Pineda Villa no es una figura menor dentro del narcotráfico. En la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/0241/2008 –iniciada el año pasado, cuando el procurador Eduardo Medina Mora anunció la Operación Limpieza– se le menciona como enlace entre altos funcionarios de la SIEDO con los hermanos Beltrán Leyva, quienes recibían información sobre las investigaciones en su contra a cambio de pagos superiores a los 450 mil dólares mensuales.
Mediante sus enlaces dentro de la SIEDO, El Borrado "enganchó" a varios funcionarios de primer nivel, entre ellos al subprocurador Noé Ramírez Mandujano, quien está preso en un penal de alta seguridad de Tepic, Nayarit, acusado de recibir sobornos del narcotráfico a cambio de información.
Como parte de la citada averiguación, el testigo protegido con nombre en clave Saúl declaró que el agente federal Javier Jiménez Sánchez, El Pinocho, era el contacto a través del cual Miguel Colorado, quien fuera coordinador de inteligencia de la SIEDO (actualmente preso en el penal de Puente Grande, Jalisco, en espera de ser extraditado a Estados Unidos), le proporcionaba información en torno a las investigaciones que realizaba la PGR en contra de los Beltrán Leyva.
Saúl también declaró que Jiménez Sánchez "se reportaba directamente con El Borrado, uno de los principales integrantes de dicha organización delictiva y que se encuentra en la misma categoría que El Grande (Sergio Villarreal Barragán), operador del cártel en la Comarca Lagunera y en el estado de Morelos.
Pineda Villa es perseguido desde que los Beltrán Leyva rompieron relaciones con Joaquín El Chapo Guzmán Loera, en enero de 2007, tras la aprehensión de Alfredo Beltrán Leyva, El Mochomo.
Este es un extracto de reportaje que publica la revista Proceso en su edición 1699 que empezó a circular este domingo 24 de mayo.
Concluye la gira de AMLO en el Distrito Federal
24 de mayo de 2009. Concluye la gira del Presidente Legítimo de México, Lic. Andrés Manuel López Obrador, por diversas colonias del Distrito Federal. En esta ocasión visitó las Delegaciones Miguel Hidalgo, Cuajimalpa y Alvaro Obregón.
Popotla, Delegación Miguel Hidalgo
En la Delegación Miguel Hidalgo, López Obrador manifestó su apoyo a la deportista Ana Gabriela Guevara y a la escritora Guadalupe Loaeza, quienes contienden por los cargos de Jefa Delegacional y Diputada Federal respectivamente. En dicho lugar enfatizó que es necesario evitar que la derecha del PRI-AN se apodere de la Ciudad de México.
Tacubaya, Delegación Miguel Hidalgo
En la colonia Golondrinas de la Delegación Alvaro Obregón, el Presidente legítimo, denunció como la derecha tiene la pretensión de apoderarse del gobierno de la Ciudad de México, para dar marcha atrás a los programas sociales y privatizar los servicios como es el caso del Sistema de Transporte Colectivo Metro.
Golondrinas, Delegación Alvaro Obregón
AMLO TV
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Jesús González Schmal
Jesús González Schmal
Iglesia democrática
En un valioso documento que apenas empezó a circular esta semana, la Conferencia del Episcopado Mexicano se dirige a los fieles católicos y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, con motivo de las próximas elecciones.
Sorprende la claridad, concisión e imparcialidad con la que se llama a los mexicanos a ejercer sus derechos electorales y a la aceptación de sus responsabilidades de participación política permanente. Bajo el título “No hay democracia verdadera y estable sin participación ciudadana y justicia social”, aborda el tema desde una posición definitoria muy clara: “respetando el principio de laicidad. La Iglesia católica no es sujeto político, pero sí un sujeto social, cuya misión le exige no perder su independencia ni autoridad moral para abogar a favor de los pobres”.
Más adelante consigna: “Es urgente que la democracia alcance un sistema económico más justo. Están a la vista los excesos de las políticas neoliberales del sistema financiero que entrega a los pobres a la voracidad de los dueños del dinero”.
En otro espléndido párrafo se dice: “Señalamos ciertos dinamismos culturales que dificultan la participación ciudadana en la vida democrática de nuestro país: a) poner el interés propio o de grupo encima de las necesidades de la nación, b) hacer prevalecer los intereses individuales sobre los comunitarios, c) considerar el quehacer político como algo sucio, d) incapacidad de escucha y diálogo con quienes piensan diferente”.
Ni duda cabe que este es un posicionamiento de avanzada ante una crisis que debe afrontarse precisamente con esa actitud democrática integral de la que habla el documento. Ahora debe esperarse que tanto fieles como todo hombre de buena voluntad y sacerdotes y ministros de todas las confesiones, honremos con el ejemplo lo que se propone hacia una nueva práctica política con base en la ética y los valores humanos de justicia y libertad.
Oportunamente la Iglesia se desmarca de equívocos que la han situado por algunos de sus voceros en posiciones retardatarias que no corresponden al verdadero sentido de su doctrina humanista en defensa de la justicia y la libertad.
Secretario Técnico del Frente Amplio Progresista (FAP)
OPINION Y VARIAS DEL POR ESTO!!!
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APAGA LA TELEVISION, NO PERMITAS QUE ASESINEN TU MENTE, MEJOR LEE UN LIBRO E INFORMATE EN LOS MEDIOS ALTERNATIVOS.
YUNQUELAND ROMPIENDO EL CERCO INFORMATIVO.
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