Detenciones arbitrarias, incomunicación y tortura son “métodos” que utilizan las fuerzas armadas en el combate al crimen organizado. Estas acciones autoritarias abren la puerta a la impunidad de manera sistemática para obtener confesiones deseadas y, a decir de las víctimas, fabricar culpables; también redundan en detenciones carentes de investigación previa y violatorias del debido proceso
Tijuana, Baja California. Los operativos de militares en esta frontera han disparado los niveles de violaciones a los derechos humanos de civiles y policías por parte del Ejército, casi siempre impunes. Al ser investigadas, las violaciones son conocidas solamente por personal militar, lo que limita el acceso de los afectados a la información de los procesos.
Privación ilegal de la libertad, lesiones, tortura física y sicológica, abuso de autoridad, amenazas, intimidación, entre otros delitos, resaltan en la denuncia que presentó el agente ministerial Julio César Magdaleno ante la Procuraduría General de la República contra elementos del Ejército Mexicano, agentes de Asuntos Internos de la Procuraduría local, y el procurador del estado, Rommel Moreno Manjarrez.
En lo que va de la administración del gobierno de José Guadalupe Osuna Millán, se han registrado 116 homicidios de agentes de las diversas corporaciones policiacas del estado, entre ellos, 34 en Tijuana, y seis ataques a mujeres policías. El procurador de Justicia prometió crear un grupo especial de investigación que contará con el respaldo de los tres órdenes de gobierno, sin éxito hasta el momento.
En una carta enviada a Contralínea, Julio César relata: “Fui trasladado a Tijuana en un vehículo del Ejército, con ocho soldados abordo, hasta el Cuartel Morelos de la II Región Militar, a cargo del general Enrique Jorge Alonso Garrido, donde fui acusado de ser gente de los Arellano Félix; ahí nos taparon los ojos con cinta adhesiva y algodones en las fosas nasales.
“Me amarraron con cinta adhesiva las piernas y me colocaron una cobija del tórax a los pies; me colocaron una bolsa en la cara, asfixiándome por varios segundos, y cuando me quitaron la bolsa me dijeron: ‘A ver, hijo de tu puta madre, ¿para qué cártel trabajas?’ Respondí que para ninguno, y me volvieron a poner la bolsa en la cara, mientras que otro me golpeaba intensamente en el estómago con el fin de que declarara sobre una supuesta participación con el cártel de los Arellano. Perdí el conocimiento en varias ocasiones durante las cinco horas en que me estuvieron torturando.
“Me obligaron a decir nombres que ellos tenían y a señalar agentes de la policía ministerial que no conozco. Tenían fotos de compañeros de trabajo por los que me preguntaban e inducían a asentir cosas falsas para que ya no me siguieran torturando. Nos sacaron a mí y a mis compañeros Jorge Lomelí y Denis Alonso Acuña del cuartel vendados y tapados de caras y manos para entregarnos a los agentes de antisecuestros de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), por órdenes del procurador Rommel Moreno. Ya en Mexicali, debido a que no se encontraron pruebas en mi contra, me dejaron salir.
“Por todo lo que viví, tengo miedo de lo que le pueda pasar a mi esposa y mis hijos, y culpo al procurador Rommel Moreno, al subcomandante Juan Antonio Rocha Salazar, al general Enrique Jorge Alonso Garrido y al Ejército Mexicano”, advierte Magdaleno.
Lavado de manos
Jennifer Andrade y Linda Rubí Domínguez, esposas de los agentes ministeriales detenidos, aseguran que el presunto levantón del que se inculpó a Denis Alonso, nunca existió, todo fue de oídas, y que sus esposos, bajo tortura, fueron obligados a declarar que pertenecían al cártel de los Arellano Félix.
“El procurador se lavó las manos al delegar una investigación en el sistema de justicia militar, que es donde menos se investiga y se pone en entredicho los resultados que ofrecen”, señalan.
Jennifer Andrade narró que su esposo Denis Alfonso Acuña, al momento de que intentaron detenerlo de manera ilegal, se resistió, ya que no había orden de aprehensión que avalara su detención. “Fue cuando lo golpeó el comandante Juan Antonio Rocha Salazar para asegurarlo y llevárselo a Tijuana”. Parte de la golpiza se puede ver Aquí
Jorge Israel Lomelí Guillén, agente ministerial asignado a San Felipe, fue citado con engaños a la oficina de Asuntos Internos de la PGJE, donde sin orden de aprehensión trataron de arrestarlo. En su desesperación por evitarlo, cayó al piso, le colocaron una esposa en un brazo, y fue trasladado a Tijuana donde fue golpeado y torturado en el Cuartel Morelos de la II Zona Militar; al retirarle la cinta adhesiva le arrancaron las pestañas y cejas y lesionaron sus ojos.
Los agentes Fernando Iván Peralta Anaya, José Torres Sánchez, Jesús Raúl Ochoa Zazueta y Alejandro Topetes Camacho declararon que están siendo objeto de maniobras ilegales y de privación de la libertad por parte de la PGJE y de la Policía Ministerial del Estado a la que sirvieron. También fueron llevados en forma ilegal al cuartel militar y torturados por soldados, mediante golpes no visibles, sofocamiento con bolsas de plástico y golpes que les provocaron fracturas y lesiones.
Más abusos de militares
Alberto Gómez García fue torturado en las instalaciones militares de Mexicali, bajo el supuesto de formar parte de una investigación acerca de presuntos hechos delictivos: le taparon los ojos, lo desnudaron y le dieron descargas eléctricas. Alternaban las descargas con la asfixia, al tiempo que lo interrogaban sobre un robo de droga. Le advertían que en caso de no encontrarla, tendría que confesarse culpable o matarían a su familia.
Posteriormente fue llevado a la Comandancia de Policía, donde no le permitieron hablar por teléfono ni tener un abogado. Fue obligado a declarar en su contra bajo amenaza de “desaparecerlo”. El 3 de junio de 2008 fue trasladado a la ciudad de México donde lo arraigaron y, por primera vez, le permitieron hablar con sus familiares.
Otras 16 personas fueron objeto de detención arbitraria y tortura en las instalaciones del 23 Regimiento de Caballería Motorizada en Mexicali en relación con el robo de droga en San Luis Río Colorado, entre ellos, agentes del grupo de inteligencia de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Salud, y policías judiciales.
Los militares responsables de los sucesos no han sido investigados por las autoridades civiles, y de las investigaciones iniciadas por la Procuraduría Militar no se han fincado responsabilidades.
La organización Human Rights Watch evidenció al gobierno mexicano por no investigar de manera exhaustiva las acusaciones sobre abusos militares, incluidos asesinatos, violaciones y torturas, presuntamente cometidos durante el combate al narcotráfico.
Una declaración entregada por esta organización al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas señala que la decisión del presidente Felipe Calderón de utilizar soldados para combatir el tráfico de drogas ha llevado a un aumento drástico en las quejas de abusos militares. La declaración señala que el delegar al sistema de justicia castrense la investigación de los presuntos abusos contribuye a un clima de impunidad.
El Protocolo de Estambul
A pesar de la Ley Federal para Prevenir la Tortura, y la aplicación del Protocolo de Estambul, así como el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, ambos ratificados por México, ésta sigue siendo una práctica extendida en el país, señala el Comité contra la Tortura.
El primero de agosto de 2008, el periódico oficial del estado de Baja California publicó un acuerdo que establece las directrices institucionales que deben seguir los agentes del Ministerio Público, funcionarios y personal de la procuraduría de Justicia del estado para aplicar el Protocolo de Estambul, un manual internacional para que médicos y peritos determinen y realicen diagnósticos profundos y serios para detectar si una persona fue sometida, o no, a cualquier tipo de tortura.
La reforma al Código Penal de Baja California, en su artículo 19, asegura que al servidor público que conozca de un hecho de tortura y no lo denuncie inmediatamente, se le iniciará averiguación previa en términos de lo dispuesto por el artículo 307 bis, para proteger la integridad sicofísica de las personas, en consonancia con la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas y Degradantes y demás normativas del Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos, ratificados por el Senado de la República.
En Tijuana, 406 agentes despedidos
La postura del alcalde Jorge Ramos es contundente: “El agente municipal que sea sujeto de una investigación, independientemente de la suerte que corra en el proceso penal, aunque se demuestre su inocencia, ya no regresa a la corporación. Hemos visto reinstalar policías cesados y pagarles salarios caídos luego de perder procesos jurídicos, pero en la actual administración ni uno de los 406 agentes que han salido han vuelto a la corporación, debido a las reformas constitucionales”.
El proceso de depuración ha tenido diversas aristas y en muchos casos fueron los propios agentes los que renunciaron a la corporación al ver que ya no habría tolerancia hacia vicios y malas prácticas. De acuerdo con los datos de Oficialía Mayor del ayuntamiento de Tijuana, hay 96 agentes cuya baja está en proceso. Además, 49 policías están suspendidos, aunque sólo en tres casos se habla de complicidades con la delincuencia organizada.
El arraigo
Tras reconocer que las corporaciones policiacas están infiltradas por los criminales, el gobernador Osuna Millán anunció medidas para combatir ese fenómeno y terminar con la impunidad. Asegura que en Baja California se implantará, a través de una “reingeniería del sistema penal”, la figura del arraigo a los presuntos responsables.
La Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la PGR puso a disposición del juzgado segundo de distrito en el estado de Nayarit, con residencia en Tepic, a 19 policías municipales y dos ministeriales de Tijuana, dentro de la causa penal 11/2009, por considerarlos probables responsables de la comisión de los delitos de delincuencia organizada y contra la salud, en su modalidad de fomento.
Para que los agentes se declararan culpables de proteger a los hermanos Arellano Félix, fueron “arraigados y torturados” durante 40 días por elementos del 28 Batallón Militar, Aguaje de la Tuna, de la segunda Región Militar de Baja California. Después, fueron trasladados al Cereso de Tepic y consignados ante un juez federal. Familiares de los expolicías denunciaron las secuelas físicas y emocionales producto de la tortura.
Por ello, las comisiones Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste solicitaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que emita una declaratoria de medidas cautelares a favor de los detenidos y sus familiares, a fin de proteger su integridad física y garantizar sus derechos.
El presidente de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, Raúl Ramírez Baena, afirma que los policías detenidos plantearon la existencia de un “resucitador” que les aplicaba los primeros auxilios con el fin de continuar torturándolos.
“Nosotros no intervenimos en el litigio o motivo de las detenciones, sino en el abuso constante y medieval que le aplican a los detenidos y la serie de violaciones sistemáticas por parte de militares y la PGR, justificados por la actual lucha contra el narco. Nuestra intervención no pretende que los acusados sean puestos en libertad antes que los jueces federales determinen su situación jurídica, sino que se les brinden todas las garantías que el orden jurídico mexicano establece”, señala.
Los agentes fueron entregados al Ejército por Julián Leyzaola, secretario de Seguridad Pública de Tijuana, lo cual se considera como irregular, pues la autoridad responsable es la PGR. No hubo órdenes de arresto. El director de Policía y Tránsito municipal, Gustavo Huerta Martínez, y el teniente Leyzaola, los trasladaron al cuartel militar Aguaje de la Tuna, sin existir orden de detención.
Señalan cómo fueron conducidos a un cuarto en la II Zona militar, donde fueron torturados, vendados y amarrados de pies y manos durante días y noches enteras, con fuertes golpes en oídos y partes blandas del cuerpo; choques eléctricos en genitales, ahogamiento con bolsa de plástico y privados de alimentos y agua por tres días; amenazados de muerte, incomunicados y vendados con cinta adhesiva.
Se trata de los policías ministeriales Felipe Sánchez Amézquita y Jorque Quintero Colmenero; el subdirector operativo de la policía municipal de Tijuana, Juan Manuel Nieves Reta, y el comandante operativo Rigoberto Rodríguez Rodríguez. También la jefa de grupo de fuerzas especiales de la misma corporación, Rosalba González Molina, y el director de enlace, Javier Enrique Cárdenas Salgado.
En la misma situación están el subcomandante Javier Márquez León y Jesús Jacobo Aguirre, encargado del stand de tiro de la Academia de Policía de Tijuana. Dentro de la misma causa penal quedaron implicados los policías municipales Juan Arturo Domínguez Salmerón y Pedro Arce Gracia.
En su testimonio, los agentes aseguran que la intención de los militares era hacerlos firmar declaraciones que no les dejaron leer, los obligaron a firmar hojas en blanco bajo amenaza, para inculparlos de delitos que aseguran no haber cometido. Se les impidió contar con defensa jurídica, fueron llevados a otra entidad, incomunicados y se les negó su aseo personal.
Aunque les fue concedido un amparo en contra del traslado posterior a otro penal fuera de Nayarit, sus familiares tardaron varias semanas en saber su paradero. Fueron trasladados bajo arraigo, con lo que se agrava su situación de vulnerabilidad, ante el temor a que continúen los actos de tortura y se socaven sus garantías fundamentales.
La fiesta del Kaibil
Dos empleados del salón Mezanine de Tijuana fueron detenidos mientras trabajaban en la fiesta de 15 años de la sobrina Ángel Jácome Gamboa, el Kaibil, relacionado con un cártel de narcotraficantes que opera en esta zona fronteriza. Fueron arraigados 80 días en la ciudad de México. Ricardo Cruz y René Montijo denuncian que los militares los torturaron para declararse culpables de tener relación con el crimen organizado.
Ricardo Cruz, de 33 años, quien se desempeñaba como ingeniero de sonido de la empresa New Age Show, contratada por el salón Mezzanine, asegura que los civiles detenidos por los militares fueron torturados. Narró el momento de su detención, su traslado al cuartel militar, su encierro de 80 días en el centro de arraigo de la SIEDO y su liberación.
Fue una pesadilla lo que vivió al llegar al cuartel, junto con otros 31detenidos en la fiesta. “Que empiezan los golpes, patadas en el estómago y en la cabeza, a puño cerrado y a culatazos. A otros los llevaban al ‘cuartito’ donde no supe lo que pasaba; pero, a pesar del sonido para amortiguar los gritos, claramente se escuchaban las quejas del Kaibil, a quien escuché llorar mientras era torturado.
“Los militares golpean, torturan y cuando uno declara ante el Ministerio Público, siempre está junto a nosotros un soldado para intimidar”, refiere Ricardo Cruz. Señala que desde un principio dudaron los soldados de que varios de los detenidos fueran culpables, aún así, los presentaron ante los medios de difusión como personas relacionadas con el Kaibil y montaron un escenario con un arsenal.
Recuerda que el 14 de marzo se disponía a cobrar y retirarse, cuando empleados e invitados se vieron sorprendidos por la irrupción de un fuerte grupo de militares, que en segundos rodearon el lugar y a punta de bayoneta se llevaron a la gente al centro de la pista. Una vez ahí, tirados en el piso, los interrogaron.
Posteriormente, los militares con lista y papel en mano revisaban fotos y las comparaban con nosotros; comenzaron a identificar y separar a la gente. Finalmente los obligaron a subirse al camión militar y los sentaron en el piso, uno tras otro, y con la mirada hacia el suelo y las manos en la nuca.
Durante su traslado, Cruz logró dar aviso a su esposa que lo llevaban al cuartel militar Morelos. Una vez en ese sitio, comenzaron los interrogatorios para que se declarara culpable. Al filo de las cuatro de la madrugada, elementos del Ejército y de la Policía Federal Preventiva sacaron al Kaibil y 62 coacusados y los trasladaron a las instalaciones de la Fuerza Aérea Mexicana, situada en el Centro Urbano 70-76, en la delegación Mesa de Otay, para llevarlos a la capital del país. Se abrió entonces la averiguación previa AP/PGR/BC/TIJ/632/09.
“Sufrí tortura sicológica; me decían: ‘Vamos a matar a tus padres, a tus hijos, sabemos dónde están, vamos a desaparecer a tu familia’. Pensaba en mi esposa con mi bebé en brazos. Te afecta saber que te esperan los golpes; allá en el cuartel general, cuando queríamos ir al baño, la tarifa era de un putazo en la cara, así decían los soldados con pasamontañas en su rostro”.
Tras varios días de encierro, fueron trasladados a la ciudad de México, donde los condujeron como reos peligrosos. Ricardo Cruz acepta que, aún como acusado de los presuntos delitos de delincuencia organizada, en el Centro Nacional de Arraigo de la PGR en la ciudad de México, las cosas cambiaron y ya no fue el mismo trato con lenguaje soez y a punta de golpes. Las personas que los vigilaban estaban siempre uniformadas, con insignias de la Agencia Federal de Investigaciones.
Así transcurrieron 80 días. Durante ese tiempo vistió una camiseta amarilla que lo identificaba como acusado de delitos de “delincuencia organizada”. El color rojo era para los secuestradores y el morado, para extorsionadores cibernéticos. “Una persona de camiseta roja me decía que con el amarillo era más fácil negociar, porque a los de rojo les esperaban 40 años de prisión, en tanto que a nosotros nos podían encontrar inocentes”.
Arraigo anticonstitucional
“El arraigo es una medida cautelar que se aplica sólo para casos de delincuencia organizada y está sujeto a estrictos controles legales, que sólo podrá ser dictada por un juez cuando sea necesario para el éxito de la investigación, la protección de personas o bienes jurídicos o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga de la acción de la justicia”, asegura el maestro Arnoldo Castilla, especialista en Derecho Penal.
Enfatiza que “el arraigo es anticonstitucional porque hace añicos el principio universal de presunción de inocencia, aun tratándose de delitos del fuero federal, como la delincuencia organizada. Esto ha dado lugar al allanamiento ilegal de domicilio, detenciones arbitrarias, incomunicación y tortura de los arraigados. Los delitos deben resolverse mediante investigación y no con confesiones que legalmente no son válidas, porque sabemos que mayormente se obtienen mediante la tortura”, asienta.
El jurista y exmagistrado considera el arraigo como una forma de privar de la libertad aludiendo las garantías fundamentales. Es el símbolo de un Estado autoritario ante la incapacidad para detener al crimen organizado. No hay justificación para el arraigo, es la ruptura de los principios fundamentales de una persona: cuando se estableció el arraigo dijeron los diputados que era para que la persona se defendiera mejor, eso es absolutamente falso. Cómo se va a defender mejor alguien privado de su libertad, no es necesario acreditar el cuerpo del delito ni la probable responsabilidad porque se detiene para investigar, no se investiga para detener.
“El arraigo corre el peligro de convertirse en una herramienta facciosa, ya que no se toma como una medida precautoria para asegurar la disponibilidad del inculpado en la investigación previa; ahora es utilizado como medida restrictiva de la libertad antes de ser acusado”.
Fue diseñado como recurso extraordinario, de última instancia, para proveer al juzgador del tiempo suficiente para concluir una investigación sólida, ahora ha devenido en un recurso ordinario, de primera mano, para iniciar una investigación.
“La figura del arraigo fue declarada anticonstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace dos años, pero la autoridad federal ha decidido mantenerla a toda costa, sólo se requiere que acuse las personas, culpables o inocentes, para cometer una aberración jurídica, sin importar que su aplicación signifique un grave atentado contra los derechos humanos de quienes reciben esa pena”, dice el especialista en derecho constitucional, Arnoldo Castilla. (LR)
La visión de un general
“El crimen y la delincuencia organizada ya están debilitados, aunque esto no ha acabado, pero el Ejército Mexicano no abandonará las calles hasta que las corporaciones policiacas civiles estén preparadas para prevenir y combatir los efectos de los cárteles. No nos interesa militarizar el país y participar en actividades políticas, sino luchar contra el delito, para que a corto, mediano o largo plazo, las policías de los tres niveles de gobierno vuelvan a garantizar la seguridad a la ciudadanía. Nos iremos de la entidad cuando ya no exista la amenaza del crimen y la delincuencia organizada”, advierte el general de brigada diplomado de Estado Mayor, Alfonso Duarte Mújica, comandante de la Segunda Zona Militar en Baja California.
Comenta que las manifestaciones del crimen fueron creciendo por la corrupción y la impunidad infiltrada en los diversos sectores y niveles del país, provocando que, del año pasado a la fecha, muchos empresarios hayan salido de México y en especial de Baja California, generándose además pérdidas de negocios y de empleos.
“Por eso, el Ejército Mexicano está coadyuvando con las instituciones policiacas federal, estatal y municipal, para combatir y frenar a la delincuencia organizada, aunque esto ha provocado que en promedio un 4 o 5 por ciento de las muertes a causa del delito sean personas inocentes: una estadística aceptable, si se toma en cuenta que en Irak las bajas son del 6 por ciento de inocentes”.
En presencia de altos mandos del Ejército Mexicano, como Bernardo Reyes, comandante del 28 Batallón de Infantería, y Miguel Ángel López Martínez, jefe del Estado Mayor de Fuerzas Especiales, de visita en Baja California, el general Duarte Mújica explica que la Ley de Seguridad Nacional integra sabotaje, terrorismo, rebelión, actuación contra delincuencia organizada y todo acto que afecte la seguridad interna de los estados y el país.
“La jurisdicción militar sobre conductas que pudieran ser cometidas por miembros de las fuerzas armadas en ejercicio de sus funciones se encuentra prevista por la Constitución y tiene por objeto preservar la disciplina militar”, aclara el comandante de la Segunda Zona Militar en Baja California. (LR)
