"Me resisto a la resignación (de una transición fallida). Es una obligación moral insistir en que se puede. Casi es una obligación moral asumir el papel de cada quien.
"A mí me parece que se puede trastocar el rumbo sila ciudadanía toma conciencia de lo que está pasando".
Lo anterior lo afirma la escritora y periodista Carmen Aristegui cuando habla sobre su visión de la transición mexicana.
En esta entrevista la autora explica de viva voz los motivos que le llevaron a escribir su libro "Transición" y qué criterios utilizó par determinar a quiénes debería entrevistar.
Este documento seguramente pasará a la historia como el que provocó una auténtico terremoto enla clase política priista, aun antes de ser publicado.
Y es que tan sólo la entrevista al ex presidente Miguel de la Madrir hubiera buscado para considerar al libro de Aristegui como un auténtico documento histórico a través del cual, los mexicanos nos pudimos percatar de lo poco que habíamos logrado en lo que ya parece ser una transición fracasada.
El libro recoge la visión de 26 reconocidos personajes sobre la transición política mexicana a través de interesantísimas entrevistas realizadas por la autora.
"Transición" además contiene estupendas fotografías de Ricardo Trabuslsi, que constituyen un auténtico tstimonio gráfico de los personajes entrevistados por Carmen Aristegui
Los contrarios se unen mientras el presidente va perdiendo poder. Los actores de la política mexicana están en plena transformación, y lo que menos les preocupa es el futuro.
De acuerdo con el historiador Daniel Cosío Villegas, el sistema político mexicano del siglo 20 tenía como núcleo al presidente de la República. Un Poder Ejecutivo fuerte que ejercía y distribuía el poder a través del partido: el PRI.
Pero en el año 2000, el PAN conquistó la Presidencia, lo cual generó la esperanza social de que se realizaría un profundo cambio al sistema político.
Sin embargo, los hechos nos muestran que no fue así. México camina ahora a través de una persistencia inestable del viejo sistema, transita por una ruta de franca descomposición.
Lo que está ocurriendo es grave porque vamos a la balcanización del sistema. Balcanización, de acuerdo con Wikipedia, "es un término geopolítico usado originalmente para describir el proceso de fragmentación o división de una región o Estado en partes o estados más pequeños que son, por lo general, mutuamente hostiles y que no cooperan entre sí.
"El término surgió a raíz de los conflictos en la Península Balcánica ocurridos en el Siglo XX. La primera balcanización se dio en las guerras de los Balcanes y el término se reafirmó en las guerras yugoslavas".
Hay dos hechos concretos que nos hablan de cómo el sistema empieza a balcanizarse.
Por un lado, el núcleo del sistema político, el Poder Ejecutivo, ha visto reducido su poder, su arbitraje, su capacidad de incentivar cambios y castigar fallas.
Y, por otro lado, vemos que los líderes políticos de la oposición y los que están en el poder están integrándose en forma coyuntural, repartiéndose recursos para lograr objetivos de corto plazo, sin preocuparse por un proyecto nacional de largo plazo.
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La política en transformación
Dos fenómenos se han manifestado durante los últimos años en México. Por un lado, gobernadores que se empoderan; por el otro, un PAN que acaba casándose con el PRI.
El poder de los gobernadores
Con la llegada del PAN al Poder Ejecutivo, lo primero que se exhibió fue la falta de oficio para ejercer el poder político.
Vicente Fox nos lo presentó como virtud democrática. Y Felipe Calderón, que tiene más oficio político, ganó con tan poco margen, que prácticamente todas las fuerzas políticas le pasan la factura de su triunfo.
Lo que hemos visto en las elecciones locales de los últimos años es que los gobernadores empiezan a competir por mostrar más poder. Y no hay nadie que los limite. Ya no existe equilibrio político, el árbitro que estaba en el Poder Ejecutivo.
La muestra más clara del debilitamiento de la Presidencia de la República es el presupuesto 2010, en el que los gobernadores consolidaron su poder político y económico sin tener que rendir cuentas.
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La mutación de las élites
El próximo año podría ser el de la consolidación del PRI/AN. Esto es la mutación de las élites. Estamos ante la transición fallida a la democracia.
Las fuerzas que buscaban la transformación del régimen terminan casándose con las élites del poder que buscaban cambiar. Por supuesto, este hecho no produce evolución ni cambio.
El fenómeno ya está en marcha desde la llegada del PAN a la Presidencia, y se podría consolidar en los comicios de 2010.
En Oaxaca, Puebla y Veracruz, por ejemplo, los posibles candidatos a la gubernatura que ostentarán los colores del PAN son prominentes miembros del viejo régimen del PRI.
Gabino Cué, del grupo priista de Diódoro Carrasco; Miguel Ángel Yunes, en Veracruz, del grupo de Elba Esther Gordillo; y Rafael Moreno Valle, en Puebla, ex secretario de Gobierno de Mario Marín y también alfil de la maestra Gordillo.
Las verdaderas batallas por alcanzar más poder político y económico rumbo al 2012 se dan entre gobernadores o caciques locales del PRI. Son ellos los que de manera franca han asumido la carrera presidencial sin árbitros, lo que puede llevar al país a una situación de grave inestabilidad política.
Al cumplir 10 años el PRI/AN, las tendencias de balcanización y el matrimonio de las fuerzas políticas nos muestran un sendero peligroso. Los gobernadores se han convertido en los todopoderosos de sus reinos, con sus recursos, sus bancadas, sus candidatos y sus partidos. Nadie puede intervenir.
Mientras tanto, el partido que ejerce el Poder Ejecutivo se adapta en el matrimonio al régimen que quería transformar.
Exigen sustentar la estimación de cada estado en una metodología aceptada por todos
Impugnan gobernadores calidad del diagnóstico sobre seguridad
No es una ruta sensata presentar ese estudio como evaluación nacional, sostiene Ebrard
Se requiere de un análisis constante que también pondere los logros, acepta Felipe Calderón
Los secretarios de la Defensa Nacional, Guillermo Galván, y de Seguridad Pública, Genaro García; así como el de Gobernación, Fernando Gómez Mont; el gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, y Marcelo Ebrard, jefe de Gobierno del Distrito Federal, durante la 27 sesión del consejo nacional de seguridadFoto José Carlo González
Fabiola Martínez, Gustavo Castillo y Ciro Pérez
Periódico La Jornada
Viernes 27 de noviembre de 2009, p. 3
Inconformes con los resultados de una encuesta presentada en la 27 sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública (sobre la percepción ciudadana ante el delito), un grupo de mandatarios de PRI, PAN y PRD se rebelaron ante ese diagnóstico y exigieron que la evaluación de cada entidad se sustente en una metodología convenida por todos.
El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, fue el primero que interpeló la sexta encuesta nacional victemiológica, la cual presenta a la capital del país, de modo particular, con un aumento en la prevalencia del delito de 2007 a la fecha y con un promedio de ilícitos que duplica la media nacional.
Halagos al Distrito Federal
Las críticas al Termómetro del Delito 2008 (que los gobernadores externaron en la pasada sesión del consejo, pero sólo ante la prensa) esta vez fue avalada por el presidente Felipe Calderón.
El jefe del Ejecutivo federal admitió que se requiere de una evaluación constante que pondere también los logros de cada entidad y del país en su conjunto.
Halagó los logros en la capital del país: una de las pocas entidades que avanza y avanza de manera importante es precisamente el Distrito Federal, que ocupaba el primer lugar en ese termómetro y ahora se ha corrido a una zona más baja.
Ebrard Casaubon tomó la palabra para aclarar que su gobierno no conoce la metodología utilizada en la encuesta, por lo que no es una ruta sensata presentar ese estudio como evaluación nacional.
Propuso la integración de una comisión especial, con la participación de los tres niveles de gobierno, para definir el sistema de medición, no sólo de la percepción ciudadana respecto de los índices delictivos, sino también de las políticas públicas y de los recursos destinados por cada entidad para prevenir y combatir los delitos.
El análisis motivo de impugnaciones fue presentado por el Instituto Ciudadano de Estudios Sobre la Inseguridad (Icesi), dirigido por Luis de la Barreda.
En este documento se ubicó a Chihuahua, Sinaloa, Baja California, Distrito Federal-estado de México y Guerrero como las entidades más inseguras.
En su segunda intervención, después de escuchar razones y disculpas del titular del Icesi, Ebrard preguntó a De la Barreda cómo se financió esa encuesta.
El ex ombudsman capitalino respondió que el financiamiento provino, como en cada ejercicio, del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y diez entidades o doce, no recuerdo el dato, dieron, además, un financiamiento adicional.
Ebrard aclaró que no se cuestiona el trabajo del Icesi en sí mismo, sino las características de la encuesta, que hacen necesario crear un sistema amplio de evaluación de los tres niveles de gobierno pero con solvencia metodológica. Por supuesto, dijo, nos atendremos a los resultados que de ahí emanen.
No se trata de que no haya información. Lo que se está pidiendo es que haya un sistema de evaluación en el que estemos todos de acuerdo y evalúe qué es lo que hace cada estado y quién lo hace; qué hacemos a nivel federal y qué resultados tiene, dijo.
La encuesta del Icesi precisa que la tasa del delito a escala nacional, al cierre de 2008, fue de 12 mil por cada 100 mil habitantes (mil 500 más que en 2007), en promedio; en primer lugar ubica al Distrito Federal, con 22 mil 800; Sonora, 20 mil 400, y presenta un empate en tercer lugar entre Coahuila, Aguascalientes y Baja California, con 15 mil 900.
Según la encuesta, 85 por ciento de los delitos no se denuncia; 65 de cada cien mexicanos considera que su entidad es insegura, y 56 por ciento de las familias ya no permiten que sus hijos menores salgan a la calle.
Discrepan del estudio
Ocho gobernadores pidieron la palabra para discrepar del estudio del Icesi y cada uno refutó la parte que consideró inexacta.
Eugenio Hernández, de Tamaulipas, y Andrés Granier, de Tabasco, rechazaron que los enviados del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) –convertidos en encuestadores del Icesi– hayan sido obstaculizados para realizar su trabajo.
Lo que ocurrió, dijo Hernández, es que no dieron crédito a los datos positivos que encontraron: por ejemplo, de la mejoría notable en Nuevo Laredo.
El asunto generó tal molestia a Hernández que pidió al secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que se aclare esta situación y se tomen medidas pertinentes si llegamos a descubrir que hubo un manipuleo en la información.
Los gobernadores del estado de México, Chihuahua, Zacatecas y Baja California secundaron la petición de Ebrard.
José Guadalupe Osuna, de Baja California, cuestionó la vigencia de una encuesta con datos al cierre de 2008: Oye, ¿y los esfuerzos que estamos haciendo (en 2009), expresó el panista.
El gobernador de Morelos propuso que el análisis solicitado lo realice la comisión de información del consejo, en la que podrán participar todos los mandatarios que así lo deseen.
Antes, gobernadores y presidentes municipales, por conducto de sus representantes, exigieron más recursos.
Los estados requerimos retroalimentación de la autoridad federal, dijo el mandatario de Jalisco, Emilio González, en nombre de la Conferencia Nacional de Gobernadores.
Se trata del llamado “ejército negro”, conformado por los más de 45 mil efectivos de la Policía Federal (PF), brazo operativo de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP). Sus miembros visten uniformes oscuros y se encuentran prácticamente en todo el territorio nacional.
El presidente Felipe Calderón ha encomendado a este "ejército negro" implementar la estrategia de la guerra contra el narcotráfico.
Lo ha usado también para llevar a cabo las medidas más controvertidas de su gobierno, como la toma de las instalaciones estratégicas de la extinta Luz y Fuerza del Centro (LyFC) y la intimidación de los trabajadores electricistas con la toma del pueblo de Necaxa. Y hasta lo empleó para ocupar las instalaciones del Congreso de la Unión durante la aprobación del Presupuesto de Egresos de 2010. El propósito era evitar que diputados de oposición introdujeran a la sesión a ciudadanos inconformes con la propuesta del Ejecutivo.
Apenas el martes pasado, el gobierno federal volvió a recurrir a la Policía Federal para tomar el vestíbulo del recinto de San Lázaro. Mientras en el interior el PAN y el PRI se ponían de acuerdo para no interponer una controversia constitucional por la extinción de LyFC, afuera protestaban cientos de ex trabajadores electricistas.
En lo que va del sexenio, el presupuesto asignado a la Policía Federal ha aumentado considerablemente, al igual que el número de elementos, instalaciones, equipo y facultades. Incluso ha crecido más que el Ejército y la Armada.
De acuerdo a un análisis realizado por Reporte Índigo, de 2006 a 2009, el presupuesto para el "ejército negro" casi se ha cuadruplicado.
Pasó de 4 mil millones de pesos asignados en 2006, a 15 mil millones en el presente año. Y ello pese a que en los últimos dos años se ha comprobado que la PF está infiltrada por el crimen organizado, tanto por cárteles de la droga, como bandas de secuestradores.
En ese mismo periodo, los presupuestos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina sólo crecieron 65 por ciento. Y eso que deben mantener más efectivos e instalaciones que la Policía Federal.
Un análisis hecho por la fracción parlamentaria del PRD en la Cámara de Diputados señala que la Policía Federal es, por elemento, 70 por ciento más cara que el Ejército Mexicano.
El jefe del "ejército negro" es el controvertido secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, el hombre más cercano al presidente. El de mayor confianza y con más influencia en el primer mandatario.
El poder de García Luna se ha multiplicado al ritmo del presupuesto de su brazo operativo, pese a la molestia y protesta de la Sedena, institución para la que hay un castigo presupuestal desde hace dos años pese a que la tropa verde sigue siendo la carne de cañón de muchos de los operativos contra el narcotráfico. Y legalmente sigue teniendo bajo su responsabilidad la salvaguarda de la soberanía nacional.
En entrevista con Reporte Índigo, Jesús Zambrano, diputado del PRD y vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, alerta sobre ese "ejército negro", el "ejército personal" de Calderón. Advierte sobre el excesivo poder acumulado por un hombre "siniestro" como García Luna.
"No solo le están dando más recursos a una policía corrupta, sino que incluso le están dando las herramientas para que tengan los datos personales prácticamente de todos los mexicanos para que sigan haciendo las tropelías, éstas en las que claramente aparecen involucrados", afirma Zambrano, quien califica a Policía Federal como "un grupo militar de facto".
Esta es la historia del "ejército negro". El mismo para el que García Luna quiere más facultades, más poder. ---El 'ejército negro'
La Policía Federal Preventiva (PFP) fue creada en 1999, último año del sexenio del presidente Ernesto Zedillo. Estaba adscrita a la Secretaría de Gobernación.
El primer comisionado de la PFP fue Wilfrido Robledo Madrid, uno de los mentores de García Luna en su carrera policiaca desde que estaba en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
En el año 2000, la PFP tuvo un presupuesto de mil 770 millones de pesos, un poco más de lo asignado a la Policía Federal de Caminos (PFC).
Diez años después, el presupuesto para el "ejército negro" es 17 veces mayor. De acuerdo al proyecto de presupuesto enviado por el Ejecutivo al Congreso, Policía Federal tendrá el próximo año por lo menos 17 mil millones de pesos.
En el año 2000, la PFP tenía 9 mil elementos, ahora cuenta con 45 mil. Cinco veces más.
El primer coordinador general de Inteligencia para la Prevención fue García Luna, quien estuvo en el cargo de octubre de 1999 a diciembre de 2000.
Pocos meses antes de que terminara el gobierno de Zedillo, Robledo Madrid, García Luna y otros elementos quedaron bajo investigación acusados de la compra ilícita y con sobreprecio de 15 aeronaves.
Tras la investigación, Robledo Madrid fue inhabilitado para ocupar cargos públicos por 10 años. La resolución se dio a conocer en mayo de 2003.
García Luna, quien no fue sancionado, hoy tiene bajo su mando a un numeroso grupo operativo y dispone de un presupuesto millonario, aunque eso ha servido de poco o nada.
El "ejército negro", con sus lustrosos uniformes y espectaculares instalaciones, como el Centro Operativo de Mando en Iztapalapa, es más pantomima que realidad.
Al igual que el Ejército Mexicano, la tropa está integrada por gente común y corriente, del pueblo. En el edificio de Reforma 364, donde se encuentra el Centro de Control de Confianza, todos los días llegan hombres y mujeres desempleados buscando una oportunidad de trabajo, aunque sea de policías.
Pero casi todos los altos mandos vienen del viejo equipo de García Luna en la Agencia Federal de Investigación (AFI). Todos con un controvertido currículum, como en su momento lo denunció y documentó el comisario Javier Herrera Valles, quien el pasado 17 de noviembre cumplió un año de haber sido arrestado tras cuestionar la corrupción e ineficiencia de la Policía Federal y la Secretaría de Seguridad Pública federal.
Luego de las denuncias de Herrera Valles, los hechos le dieron la razón. Se ha demostrado que algunos mandos del "ejército negro" han estado vinculados con la delincuencia organizada.
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Entre secuestradores y narcos
En 2008, dos altos mandos de la Policía Federal Preventiva (PFP) fueron ejecutados y el comisionado interino del "ejército negro" fue detenido junto con otros altos funcionarios por sus presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa comandado por Ismael "El Mayo" Zambada y Joaquín "El Chapo" Guzmán.
El comisionado interino de la PFP Edgar Millán fue asesinado el 8 de mayo de 2008 en una vecindad de la calle Magnolias de la populosa Colonia Guerrero, donde vivían sus padres. Es una de las calles con mayor narcomenudeo en la zona.
Desde que Antonio Lozano Gracia era procurador general de la República, Millán, entonces policía judicial, arrastraba la reputación de vender plazas dentro de la corporación donde trabajaba.
El 26 de junio de 2008 fue asesinado Igor Labastida, director de Investigaciones de la PFP. Fue ejecutado cuando estaba en una fonda ubicada en la calzada México-Tacuba. Ese día, viajaba en una camioneta Cadillac Escalade en la que se afirma llevaba un millón de dólares.
En septiembre del año pasado, Lorena González Hernández, subdirectora de Secuestros y Robos del "ejército negro", fue detenida acusada de ser parte de la organización criminal que plagió a Fernando Martí.
En los primeros días de noviembre de 2008, fue detenido Gerardo Garay Cadena, comisionado interino de la PFP, luego de ser el protagonista de una fiesta organizada en una residencia del Desierto de Los Leones. Ahí fue detenido un narcotraficante colombiano que trabajaba para los hermanos Beltrán Leyva, grupo antagónico del Cártel de Sinaloa.
Luego de ser acusado de abusar sexualmente de las mujeres que permanecieron detenidas tres días, finalmente fue aprehendido porque fue delatado. Lo denunciaron por trabajar para el Cártel de Sinaloa y entregarle como trofeo las armas incautadas a los grupos rivales.
Hoy Garay Cadena está detenido en el penal de máxima seguridad de Nayarit pese a que Genaro García Luna intentó que su hombre de confianza no fuera procesado por narcotráfico, sino por abuso de autoridad.
En las declaraciones ministeriales rendidas por el hijo y el hijastro de Jesús "El Rey" Zambada García, quienes se acogieron al programa de testigos protegidos con los seudónimos de "Marifer" y "Rambo II", quedó asentado, aunque de forma muy general, que el Cártel de Sinaloa contaba con la protección de la Policía Federal.
En otras declaraciones de testigos protegidos también vinculados con el narcotráfico se afirma lo mismo.
La pregunta que se hacen, no sólo diputados como el perredista Jesús Zambrano, sino funcionarios de las oficinas de inteligencia de Estados Unidos, es: ¿para quién trabaja la Policía Federal?
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Maltrato a la tropa de élite
En marzo pasado, García Luna montó uno de sus shows. Invitó a Hillary Clinton, secretaria de Estado de Estados Unidos, al Centro Operativo de Mando de Iztapalapa. Quería mostrarle las instalaciones como un ejemplo del sofisticado equipo que tiene la Secretaría de Seguridad Pública federal para combatir el crimen.
García Luna paseó a la funcionaria intentando impresionarla con simulacros de operativos.
Se supone que el Centro Operativo de Mando, inaugurado en junio de 2008, no solo cuenta con equipo tecnológico de primera para interconectarse en tiempo real con las 34 estaciones regionales de la corporación que están en todo el país, sino que posee modernas instalaciones, como dormitorios y regaderas, para dar alojamiento a los elementos.
Con sus intensas campañas mediáticas, la SSP pretende mostrar a un cuerpo policiaco bien entrenado, bien equipado y bien tratado. Pero la historia es muy diferente, según narran elementos de la tropa de la Policía Federal.
Aunque los elementos del "ejército negro" son los más caros de las fuerzas armadas de México, se quejan de maltrato.
De acuerdo a testimonios proporcionados a Reporte Índigo por elementos de la PF, les retienen durante meses el pago de sus viáticos cuando realizan una misión, no les proporcionan vehículos oficiales para llevarlas a cabo y tienen que pagar el transporte con sus propios medios, lo cual conlleva un alto riesgo para su seguridad.
Señalan que cuando están "concentrados" en Iztapalapa, viven en condiciones infrahumanas.
Y como ejemplo, narran lo ocurrido el pasado 21 de noviembre, cuando miles de elementos concentrados en Iztapalapa durmieron bajo de carpas ubicadas en los patios del Centro Operativo de Mando. Dentro de éstas había casas de campaña compartidas por dos o tres elementos que durmieron en el piso, sin colchonetas. Agregan que prácticamente no se les da alimento.
Las temperaturas en la zona llegan a ser tan bajas, que elementos del "ejército negro" denuncian que ya se registró la muerte de dos elementos por hipotermia.
De nada sirve la tecnología de las instalaciones si no es empleada como debe ser. Por ejemplo, ha habido casos de elementos de la PF desaparecidos que no han podido ser localizados pese a los supuestos sistemas para interconectar en tiempo real a todas las estaciones regionales. Estos avances no han servido para que los altos mandos detecten de manera oportuna el incumplimiento de los elementos que no llegan a la misión que les fue encomendada.
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Dinero y poder al 'ejército negro'
A todas luces, el "ejército negro" es ineficaz.
Así lo revela la situación que viven las ciudades y estados donde impera la ley del narco y la delincuencia.
Así lo revelan los miles de presuntos narcotraficantes detenidos que luego son liberados porque la policía no entrega las pruebas suficientes para mantenerlos en la cárcel.
Así lo demuestran los más de 15 mil ejecutados en lo que va del sexenio.
Y así lo confirman las voces del sector empresarial y de organizaciones no gubernamentales que ante la ineficacia del "ejército negro" y del ejército verde piden la intervención de los Cascos Azules de la Organización de las Naciones Unidas.
En este número, Reporte Índigo presenta las cifras del terror en Ciudad Juárez, Chihuahua. El presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, José Antonio Ortega, explica que los Cascos Azules entraron a Haití en 2004 cuando ese país vivía una situación muy similar a la que padece la ciudad fronteriza.
En los tres años que ha gobernado Felipe Calderón, la PF no solo ha sido pertrechada con presupuestos de miles de millones de pesos, sino que también ha sido empoderada a través de reformas legales que le permiten actuar de manera discrecional.
En abril pasado, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la Ley de la Policía Federal. En ella se señala el cambio de nombre de la corporación, que dejó de llamarse Policía Federal Preventiva, para ser Policía Federal.
La nueva ley permite emplear agentes policiales sin uniforme cuando la investigación lo amerite. La corporación también puede llevar a cabo operaciones encubiertas y utilizar usuarios simulados para la prevención de delitos.
Además, la Policía Federal puede actuar libremente en recintos fiscales, aduanas, secciones aduaneras y puntos de revisión aduaneros.
Incluso había recibido autorización para hacer intervenciones telefónicas sin la orden de un juez, pero esta atribución fue revertida por el Senado cuando pasó por su tribuna la nueva Ley de la Policía Federal.
Apenas esta semana, el "ejército negro" estrenó su Centro de Inteligencia, que le permitirá "integrar las capacidades técnicas y operativas para toda la nación con una perspectiva institucional, al margen de implicaciones políticas y por encima de intereses particulares", afirmó el presidente Calderón en la ceremonia de inauguración.
El diputado perredista Jesús Zambrano advierte que es peligroso para la sociedad que una institución como la SSP, que ha sido infiltrada por el crimen organizado, tenga acceso a información tan sensible.
Hasta ahora ha quedado demostrado que los miles de millones de pesos asignados al "ejército negro" no se han traducido en beneficios reales para la sociedad, que mantiene estas estructuras a través de los impuestos. La violencia y la impunidad del crimen organizado continúan.
¡Cuidado! Que no se le ocurra dejar su casa sola y sin vigilancia. Su ausencia podría ser aprovechada, no solo por los delincuentes, sino también por la policía, que podrá entrar legalmente a su domicilio, sin que usted se entere, para instalar micrófonos ocultos.
Por insólito que parezca, en Los Pinos existe un Proyecto de Ley Antisecuestro que el presidente de la República podría enviar próximamente al Congreso.
La iniciativa con proyecto de decreto para la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, reglamentaria de la Fracción XXI del artículo 73 de la Constitución, nada más está esperando la firma del presidente Felipe Calderón para ser sometida al análisis del Poder Legislativo.
Según la exposición de motivos, el proyecto pretende que "las leyes e instrumentos con los que cuenta el Estado para combatir la delincuencia sean acordes con la realidad".
De ahí que, entre otras novedosas facultades, el artículo 29 señala que "el Ministerio Público podrá solicitar, conjuntamente con la orden de cateo, la autorización de intervención de comunicaciones privadas con la finalidad de instalar instrumentos de vigilancia en el lugar cateado sin el conocimiento de los propietarios, poseedores o detentadores del inmueble".
¿En qué condiciones se podrán aplicar estas medidas? Basta el simple hecho de que usted o su familia sean sospechosos, a juicio de las autoridades, de estar involucrados en un caso de secuestro.
La nueva ley está plagada de preceptos que serían envidiados por la Gestapo, la Stasi y la KGB.
El proyecto de ley define en su artículo 6 lo que estaríamos obligados a entender por "inteligencia policial".
Señala que es "el conocimiento obtenido a partir de la recolección, clasificación, registro, análisis, evaluación y explotación de la información para prevenir el fenómeno delictivo relativo a las conductas sancionadas en esta Ley".
Con esta amplísima definición, se pretende legalizar todos los procedimientos a los que hoy recurren las corporaciones policiacas para obtener información.
Dicho en otras palabras, la inteligencia policial aglutinaría todas las actividades de espionaje e interrogatorios que hoy realiza la policía al margen de la ley.
Si la propuesta del Ejecutivo es aprobada por el Congreso de la Unión, serían legales las intervenciones telefónicas y a distancia, así como el allanamiento de domicilios para ocultar micrófonos.
Además, las empresas de telecomunicaciones estarían obligadas a proporcionar información de sus clientes a cualquier Ministerio Público del país sin mandamiento judicial.
Por si esto fuera poco, "la inteligencia policial" incluye la autorización para que los elementos policiacos se infiltren en las bandas de secuestradores y delincan impunemente.
Según la propuesta de ley, las instituciones policiales "producen la inteligencia", y para hacerlo, podrán hacer uso de cualquier método, pero sin "afectar en ningún caso las garantías individuales, ni los derechos humanos".
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El secuestrador y la privacidad
No deja de sorprender la pretensión de considerar secuestrador al asesor profesional contratado por los familiares de una víctima de secuestro, en caso de que dicho consultor no proporcione información a la policía.
¿Que acaso no está claro que las familias de los secuestrados recurren a asesores privados precisamente porque no se puede confiar en la policía?
Además, aunque ya lo hace la policía, este proyecto de ley pretende legalizar la violación del derecho a la privacidad.
Para nadie es un secreto que las policías mexicanas recurren a la intervención telefónica, no solo para investigar delitos, sino también para allegarse información política y de todo tipo.
Aunque las leyes mexicanas ya prevén la intervención de las telecomunicaciones como parte de la investigación de determinados delitos, y en circunstancias especiales, la iniciativa del presidente pretende "legalizar" todo tipo de intromisión en la vida privada de los ciudadanos.
Ahora la policía no tendrá que limitarse a escuchar conversaciones, sino que también podrá grabarlas. Y ni siquiera será necesario probar que la persona espiada es delincuente. Basta partir de ciertos indicios, como la información revelada a través de una llamada "anónima" y que supuestamente fue corroborada por la policía.
Pero la violación del derecho a la privacidad no para ahí. También se faculta a la autoridad para pedir toda clase de información a las empresas de servicios de telecomunicaciones.
Estas compañías estarían obligadas a proporcionar información de sus clientes a cualquier funcionario autorizado por el Ministerio Público federal o local. Esto se podrá hacer sin que exista una autorización judicial.
Cualquier agente del Ministerio Público podría tener acceso a todos los números telefónicos vinculados a una persona, tanto llamadas hechas como recibidas. Y toda la información estaría a su disposición: nombres, domicilios, horarios, etc.
Con estos datos se podría construir fácilmente el conjunto de relaciones de una persona.
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Big Brother
Si usted está hablando por teléfono en su oficina, en su auto o hasta en su casa, cuídese de decir algo que un "inteligente" policía pudiera interpretar como un asunto vinculado a una conducta delictiva, que no necesariamente tendría que ser un secuestro.
Y es que de acuerdo con la propuesta de la nueva Ley Antisecuestro, las grabaciones obtenidas "producto de la inteligencia policial", deberán formar parte de otras averiguaciones previas en caso de que el Ministerio Público considere que se han cometido otras conductas delictivas.
Una plática con su asesor fiscal, por ejemplo, pudiera ser interpretada como una tentativa de defraudación fiscal.
En caso de ser aprobada la ley, ni siquiera los secretos de confesión estarán seguros, ya que los sacerdotes estarán obligados a revelar las confidencias de los fieles cuando la autoridad considere que dicha información puede poner en peligro la vida de alguien.
En esos casos, los sacerdotes ya no podrán acogerse a la excepción que establecen los artículos 243 y 243 bis del Código de Procedimientos Penales.
Lo mismo va para los abogados, periodistas y todos aquellos que, debido a su trabajo, pudieran tener, a juicio de la autoridad, información relevante para resolver ciertos casos.
Además, los elementos policiacos también podrían actuar como delincuentes si la propuesta de ley es aprobada.
En caso de que los "agentes infiltrados" sean detenidos en la comisión de algún delito, no podrán ser sancionados porque estarían cumpliendo con su deber, según la ley.
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La 'nómina' del 'soplón'
El "soplón" a sueldo deja de ser un personaje de las películas hollywoodenses, para convertirse en un personaje real de la investigación criminalística mexicana.
Conforme a la iniciativa, el soplón tendrá derecho a recibir una recompensa, pero nadie sabrá su identidad, solo el Ministerio Público.
La ley también propone la cadena perpetua para los secuestradores y el uso de un brazalete electrónico para los delincuentes que hayan compurgado una sentencia por este delito.
Dado que el Ejecutivo propone esta ley como reglamentaria de la Constitución General de la República, sería de observancia general en todo el país en caso de ser aprobada.
Por lo tanto, todas las autoridades, de cualquier nivel de gobierno, estarían obligadas a su observancia, con independencia de lo que dispongan las leyes locales.
¿Habrá alguien que de verdad piense que estas disposiciones ayudarán a abatir el secuestro?
¿O nos encontramos ante el riesgo de que las bandas de la delincuencia organizada, muchas de ellas instaladas en las corporaciones de seguridad, sean dotadas de más instrumentos e información para seguir actuando impunemente?
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Víctimas de la ley
Esta historia no es real, pero podría serlo.
Sus personajes son acechados por una ley que no alcanzan a entender.
Son víctimas de un sistema que invade su vida personal. Los sigue, los espía y los condena sin haber sido declarados culpables.
Esta ley no es una fantasía. Es parte de un proyecto que está a punto de ser enviado al Poder Legislativo para su aprobación.
Si el Congreso da el visto bueno a dicha iniciativa, esta historia podría sucederle a cualquiera, no sólo a los Cuéllar.
Es difícil creer que en el México del siglo 21 alguien se atreva a proponer una ley como esta.
Ojalá que este artículo sirva para hacer reflexionar a quienes tienen la obligación de impedir que se convierta en realidad la pesadilla de los Cuéllar. Ojalá que hagan lo necesario para poner fin a la pesadilla que ya sufrimos todos por vivir en un México secuestrado.
La madrugada del 26 de diciembre, la familia Cuéllar viajaba en su suburban rumbo a San Antonio, Texas. Tenían planeado pasar el fin de año en el "otro lado".
Los Cuéllar nunca se imaginaron que tan pronto ellos salieron de su casa, un grupo armado se introdujo sigilosamente a su domicilio.
Cuando apenas habían avanzado unas cuantas cuadras, Roberto se dio cuenta de que había olvidado su pasaporte. Se dio vuelta en "u" para regresar a casa.
Cuando faltaban pocos metros para llegar, notó que algo raro ocurría en su domicilio.
Había alcanzado a percibir un fugaz destello la luz, como de una linterna, en una de las recámaras del segundo piso.
Por fortuna, en ese momento pasaba una patrulla de la Policía Municipal, así que Roberto pidió ayuda.
Pronto la casa fue rodeada por varias patrullas, y los intrusos fueron sorprendidos in fraganti dentro del domicilio.
Sin embargo, para sorpresa de los policías municipales y del propio Roberto, los que actuaban como delincuentes en realidad no lo eran.
Los hombres vestidos de negro y con capuchas resultaron ser policías federales. Mostraron una orden expedida por un juez federal que los autorizaba a entrar a la casa.
Roberto no salía de su asombro. Los policías municipales tampoco.
¿Por qué un juez federal había permitido allanar su domicilio en su ausencia?
Ya dentro de su casa, Roberto encontró otra desagradable sorpresa. Los policías federales habían empezado a instalar micrófonos.
La orden judicial también los autorizaba a colocar estos dispositivos para grabar las conversaciones de Roberto y su familia.
Roberto exigía una explicación, pero los elementos federales guardaban silencio.
"La ley nos impide comentar cualquier cosa al respecto", decían. Y no mentían. El artículo 17 de la nueva Ley Antisecuestro se los prohibía.
Esa ley permitía a la policía solicitar una orden de cateo para "investigar". Y lo podía hacer basada solo en "indicios", como una llamada anónima. Claro, "corroborada" por la policía según la ley.
De acuerdo con el artículo 26 de la nueva ley, "el Ministerio Público recibirá las denuncias y reportes anónimos que le sean presentadas respecto de las cuales realizará las diligencias respectivas en términos del Código Federal de Procedimientos Penales y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública".
Y no es que Roberto fuera culpable. No. Solamente era sospechoso. Y en razón de ello se autorizó una orden de cateo que incluía la autorización para entrar subrepticiamente e instalar micrófonos.
A los Cuéllar, como a miles de familias de México, la aprobación de esa ley les había pasado de noche.
Sabían que se había aprobado una ley para castigar a los secuestradores con cadena perpetua. Sin embargo, nunca se imaginaron que aquella legislación contenía disposiciones tan aberrantes como la del artículo 29:
"El Ministerio Público podrá solicitar, conjuntamente con la orden de cateo, la autorización de intervención de comunicaciones privadas con la finalidad de instalar instrumentos de vigilancia en el lugar cateado sin el conocimiento de los propietarios, poseedores o detentadores del inmueble".
Roberto no era un secuestrador. Ni la policía, ni el Ministerio Público tenían evidencia de que lo fuera. Simplemente era un sospechoso.
¿Qué hubiera pasado -se preguntaba- si hubiera entrado a su casa sin advertir la presencia de aquellos tipos?
¿Su familia y él mismo podrían haber sido heridos? ¿Alguien podría haber muerto, o él podría haber matado a alguien en su propia casa?
Pero eso no era todo. Roberto nunca imaginó que todas sus conversaciones telefónicas habían sido grabadas.
Un juez federal había autorizado a la Policía Federal a invadir la privacidad de Roberto con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 de la nueva ley:
"El Procurador General de la República o los servidores públicos en quienes delegue la facultad, los Procuradores de Justicia de los Estados y del Distrito Federal, así como las autoridades federales facultadas en Ley para ello podrán solicitar a la autoridad judicial federal su autorización para la intervención de comunicaciones privadas".
¿En qué país vivo?, se preguntaba Roberto. ¿Acaso esta policía es como la Gestapo, la Stasi o la KGB?
Pero aquello no era más que el principio de una pesadilla que habría de ocurrir seis meses después.
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LAS CONSECUENCIAS DE LA LEY
Un buen día, Roberto recibió una llamada de alguien que sabía todo sobre él. Incluso estaba al tanto de la relación de amistad que había tenido con Margarita.
El personaje misterioso puso la grabación de la emotiva conversación de despedida que habían tenido Roberto y Margarita en el Café del Bosque. Se habían dado un beso y se habían dicho cosas muy personales.
Roberto recordaba perfectamente aquella plática. Había ocurrido justamente una semana antes del "legal" allanamiento de su casa.
"También tenemos videos y fotografías", decía la voz distorsionada que le pedía dinero a cambio de no utilizar esas evidencias en su contra.
Y no es que Margarita y Roberto hubieran dicho o hecho algo ilegal, pero esos videos y fotos podrían causarle severos problemas personales.
La grabación había sido obtenida mediante un procedimiento legal de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 de la nueva Ley Antisecuestro:
"Se podrá obtener información en lugares públicos mediante instrumentos y técnicas que permitan amplificar y, en su caso, grabar conversaciones a distancia, cuando existan indicios de que aquéllas estén relacionadas con las conductas previstas en el presente ordenamiento".
Si los policías que espiaron a Roberto hubieran sido sorprendidos in fraganti grabando sus conversaciones con Margarita, nada hubiera pasado.
Hubiera sucedido lo mismo que con el allanamiento de la casa. Los policías descubiertos simplemente hubieran mostrado la orden que los autorizaba a grabar en espacios públicos y a distancia.
Cuéllar tampoco sabía que Telmex y Telcel habían entregado a la policía una relación pormenorizada de todas las llamadas que había hecho durante el último mes. Como todas las compañías de teléfonos, estaban obligadas a proporcionar esos datos.
El artículo 30 de la nueva ley señala que "Los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones y, en lo aplicable, las empresas comercializadoras de servicios de telecomunicaciones, de conformidad con las disposiciones aplicables, tratándose de la investigación de los delitos previstos en esta Ley, sin perjuicio de lo dispuesto para otros delitos, están obligados a:
"I. Proporcionar de forma inmediata y sin demora a los titulares del Ministerio Público de la Federación o de las Entidades Federativas o los servidores públicos en quienes deleguen dicha atribución, la información relativa al número telefónico que se le indique y los datos del usuario registrado como cliente;
"II. Proporcionar oportunamente asistencia técnica y la información que requieran los titulares del Ministerio Público de la Federación o de las Entidades Federativas o los servidores públicos en quienes deleguen dicha atribución".
Quienes tenían los videos y fotos siguieron llamando. Y Roberto tuvo que acceder a pagar lo que le pedían.
Tenían tanta información sobre él y lanzaban tantas amenazas contra su familia, que no había forma de tratar de eludirlos. Sin duda, eran o habían sido policías. Sabían quién era y también dónde vivían sus familiares y amigos.
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SECRETO DE CONFESIÓN
Si aquel 26 de diciembre Roberto estaba furioso. Después de seis meses, sentía miedo. No sabía a quién acudir, ni qué hacer.
Temía por su vida y la de los suyos. Temía ser objeto de un escándalo. Sabía que tenía que pagar.
No podía acudir con nadie, ni confiar en nadie. ¿Quién le podría garantizar que no sería grabado nuevamente? Decidió acudir con el padre Chuy, su amigo y confidente. Pero el párroco también había sido víctima de la nueva Ley Antisecuestro.
Según la policía, cuando Roberto se fue a confesar con el sacerdote, le habría contado de sus ilícitos relacionados con secuestros.
Por eso, pasada la fiesta de Navidad, la noche del 25 de diciembre, elementos de la Policía Federal habían ido por el padre Chuy.
Tenía que declarar ante el Ministerio Público lo que había escuchado de Roberto.
Le advirtieron que la nueva ley no le permitía acogerse a los artículos 243 y 243 Bis, que le eximían de la obligación de declarar y revelar un secreto de confesión.
Las cosas habían cambiado. Conforme a lo dispuesto en el artículo 31, estaba obligado a quebrantar el secreto de confesión.
Y es que ese artículo establecía lo siguiente:
"Toda persona que sea testigo de las conductas previstas en el presente ordenamiento está obligada a declarar con respecto a los hechos investigados.
"No serán aplicables las excepciones a que se refieren los artículos 243 y 243 Bis del Código Federal de Procedimientos Penales en los casos en que esté en peligro la vida de la víctima.
"El Ministerio Público, bajo su estricta responsabilidad, podrá emplear las medidas de apremio que establezca el Código Federal de Procedimientos Penales".
El párroco fue llevado a declarar por la fuerza. Lo haría como "presentado".
Pero el padre se negó a hablar. Entonces, el Ministerio Público abrió una averiguación penal en su contra.
La nueva ley no sólo obligaba a los curas a revelar sus secretos profesionales. Lo mismo pasaba con los abogados, médicos y periodistas, quienes ya no podrían ampararse en el artículo 243 del Código de Procedimientos Penales.
Finalmente, Roberto fue con el cura. Le platicó lo que le pasaba y el chantaje del que era objeto, pero ambos sabían que nada se podía hacer. Menos aún con la nueva Ley Antisecuestro y con la policía "modelo".
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LA POLICÍA MODELO
Curiosamente, desde que se promulgó la ley, no se volvió a saber de policías procesados por estar involucrados en delitos de secuestro.
Aunque sí era frecuente que muchos de ellos fueran confundidos con secuestradores. En realidad, según el gobierno, no eran delincuentes, sino policías encubiertos.
De acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo Décimo de la Nueva Ley para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, se habían legalizado las operaciones encubiertas y los infiltrados.
En medio de sus miedos, y después de seis meses de que la policía había allanado legalmente su casa, Roberto todavía se preguntaba si aquello era realidad o una pesadilla.
Si era realidad, no se perdonaba el no haber hecho algo para impedir la aprobación de esta ley.
¿Por qué los periodistas no alzaron su voz contra esta legislación staliniana, hitleriana?
¿Por qué los obispos y cardenales se quedaron callados cuando se les coartó su derecho a mantener el secreto de confesión?
¿Qué hizo el nuevo ombudsman para frenar la ley?
¿Por qué los diputados y senadores adelantaron el reloj legislativo para aprobar al vapor aquella ley e irse cuanto antes de vacaciones?
El Presidente dijo que la transparencia debe extenderse a los partidos políticos y a las instituciones académicas para contribuir a eliminar la corrupción
El presidente Felipe Calderón demandó eliminar toda excepción en la fiscalización y aseguró que los partidos políticos deben ser los primeros que deben abrirse más al escrutinio por los recursos públicos que manejan.
El titular del Ejecutivo federal sostuvo que se deben extender los ámbitos de fiscalización a entidades políticas, académicas y económicas.
"La fiscalización en términos de recursos públicos no debe admitir excepciones y debe extenderse a cualquier entidad, cualquier dependencia u organismo que maneje recursos de los mexicanos, trátese como el caso que se ha señalado y con lo que estoy totalmente de acuerdo, de los partidos políticos, que también deben ser fiscalizados y tienen la obligación, quizá primero que otras instancias de rendir cuentas puntualmente de los recursos públicos", dijo.
Incluso, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, señaló que esto también debe incluir a los sindicatos, pero aclaró que en este caso es diferente porque puede implicar recursos privados.
Felipe Calderón afirmó que "nada he ocultado ni tengo que ocultar, y creo que nada ni nadie en el gobierno debe ocultar, no sólo en el ámbito federal sino en los ámbitos estatales y municipales, y no sólo en el Poder Ejecutivo, sino Legislativo y el Judicial".
Calderón participó en la ceremonia de conmemoración de los 185 años de existencia de la entidad de fiscalización superior de la federación.
Admitió que la corrupción en el país es un mal que daña a la República que debe ser erradicado. Por ello, fue insistente en plantear la necesidad de perfeccionar los mecanismos de fiscalización y sancionar severamente a quien incurra en actos de corrupción.
La fiscalización, añadió el mandatario, no debe admitir excepciones. Declaró que toda aquella instancia que maneje recursos públicos debe rendir cuentas y los partidos políticos también deben abrirse a la fiscalización e incluso están obligados a hacerlo primero que otras instancias.
Dijo que no tolerará actos de abusos ni de corrupción, tras reconocer que este flagelo es percibido por la ciudadanía como uno de los principales problemas del país.
Anunció que prepara un paquete de reformas que enviará al Congreso que buscan abatir la corrupción y favorecer la transparencia.
En su libro “Transición”, que saldrá a la luz pública el sábado, muestra una realidad de México en sus últimos 20 años, en voces de actores disímbolos
VIERNES 27 DE NOVIEMBRE DE 2009
En la difícil transición mexicana del régimen autoritario —que dominó al país durante siete décadas— a uno de democracia representativa, han ocurrido frustraciones que causan desencanto social, mientras se suceden luchas de poder, encono, polarización, odios que no se disipan y, sin embargo, lo que sigue puede ser peor: hay una degradación de los mecanismos de la transferencia del poder presidencial en México, acusa la periodista Carmen Aristegui.
En libro de entrevistas denominado “Transición”, que sale a la luz pública el sábado, la periodista obtuvo las declaraciones del ex presidente Miguel de la Madrid en las que denuncia a su sucesor de narcotráfico, corrupción y complicidades; charló con más de una veintena de personajes de la política, de la academia y muestra un análisis del acontecer nacional de las últimas dos décadas.
Del ejercicio de mirar desde esas perspectivas disímbolas, Aristegui da cuenta:
“El panorama para México es inquietante; no es nada de lo que imaginamos que ocurriría, cuando en las urnas se decidió el cambio pacífico.
“¿En qué va a parar todo esto, qué sigue, de qué debemos de estar en alerta?”, se pregunta ella al abrir una conversación con este diario. Y dice:
“El problema esencial por venir va a ser la reinstalación del PRI en el poder presidencial, de la forma en que lo está haciendo ya. Televisa escogió como candidato a Enrique Peña Nieto (gobernador del estado de México) y va a negociar con el PRI el membrete para tenerlo de presidente. Eso es peor que el dedazo, el método de trasferencia de poder que se daba en el régimen autoritario, pero con un código diseñado de 70 años”.
Casi afónica, Aristegui, una mujer delgada, de mediana estatura, fuerte en la expresión, es un torrente de palabras.
“Es impresionante ver cómo se construye una candidatura desde la televisión, la de Peña Nieto, que aparece como el más popular, lo inevitable, aun cuando todavía no hay campañas. Poderes particulares han invertido demasiado para ponerse por encima del poder político”.
Está sentada al filo del sillón en la oficina de su editor, Random House Mondatori.
¿El libro puede generar un debate sobre los problemas actuales?
El texto aspira a dar al lector un estímulo para pensar las cosas, con el conocimiento de los asuntos de este largo trayecto, de 1988 a 2009.
¿Satisfecha de documentar episodios de la historia?
Me quedo muy satisfecha y quisiera pensar que el libro (“Transición”) abonará a la necesaria revisión que debemos hacer.
“Lo único que no se vale es la indiferencia, la pasividad. Hay que llamar a la ciudadanía a tomar sus espacios en la construcción del país”.
Cada entrevista va con retratos que tomó el fotógrafo Ricardo Trabulsi, quien dice:
“A través de la cámara vi personajes de novela de Balzac, marcados por el ejercicio político; lo denotan en sus rostros. En la mayoría de los retratos hay puños cerrados, diciendo: ‘Estoy peleando, desde donde estoy’, como Manuel Bartlett”.
Los entrevistados hablan historias desde 1988, pero 2009 da una carga muy fuerte al libro.
Aristegui responde:
Ese es el espíritu mayor del libro, plantear qué pasa, visto por quienes han tenido que ver para que nos esté pasando esto, para bien y para mal.
Lo que dijo De la Madrid causó revuelo, pero no tuvo consecuencias. Fue una expresión del no pasa nada.
Lo que ocurrió tras su difusión por MVS, muestra las enormes dificultades del país para vivir
en democracia.
Se echó a andar una operación de silenciamiento de un ex presidente, por otro ex presidente, y lo mataron metafóricamente.
¿Y no pasó nada?
Las declaraciones graves no merecieron una investigación ministerial. El no pasa nada retrata un panorama que no es para alegrar a nadie.
¿“Transición” es un gran mural, con 26 retratos del viejo sistema y de reglas que van surgiendo?
Es un mosaico de voces, muy diverso, plural y contrastante de personas que han tenido que ver con la historia del país.
¿Qué vio Aristegui en las charlas?
Seres humanos con sus luces y sombras; gente dispuesta a hablar de sus experiencias y a contar detalles no conocidos.
