En Italia los renuncian; en México los protegen
Las propiedades inmobiliarias de dos ministros consentidos son exhibidas, y la respuesta de los dos políticos es la misma. Dicen que les costaron mucho menos de lo que realmente valen. Pero en un país se hacen valer las leyes, mientras que en el otro prevalecen las complicidades.
Por Ramón Alberto Garza
Los dos son los ministros favoritos de sus presidentes…
Los dos compraron propiedades que no corresponden a sus sueldos como servidores públicos…
Los dos dicen que pagaron por esas propiedades precios muy por debajo de lo que dicta el mercado…
Los dos fueron exhibidos públicamente en flagrante violación de las leyes de servidores públicos de sus respectivos países…
Pero el ministro de Desarrollo Económico de Italia, Claudio Scajola, se vio obligado a renunciar hace unos días en medio de un escándalo mayúsculo…
Mientras que al Secretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, nadie parece pedirle cuentas sobre la súbita aparición de más propiedades...
Reporte Indigo te presenta estos dos casos tan similares, por involucrar bienes raíces de funcionarios públicos. Pero al mismo tiempo tan distintos por sus desenlaces.
Cynthia Rodríguez relata desde Roma la historia del ministro favorito de Silvio Berlusconi, al que le bastaron 11 días para verse obligado a presentar su renuncia el pasado 4 de mayo.
Su pecado fue haber declarado que compró un lujoso departamento de 180 metros cuadrados frente al Coliseo Romano en 600 mil euros.
Lo cierto es que se pagaron 1.7 millones de euros por el inmueble. El propio funcionario dice haber pagado 200 mil euros, pero no quedó registro alguno de esa transacción. Y los 900 mil euros restantes fueron liquidados por un poderoso empresario y constructor italiano, lo que representa un evidente conflicto de interés.
Anabel Hernández, por su parte, continúa su investigación sobre el súbito crecimiento del patrimonio inmobiliario de Genaro García Luna.
Y analiza la respuesta que el secretario de Seguridad Pública envió al diario Reforma, que el domingo 9 de mayo publicó una columna de Miguel Angel Granados Chapa en la que el respetado periodista hacía referencia a la investigación de Reporte Indigo.
Sin mencionar a este medio ni a su reportera, Genaro García Luna no desmiente ninguna de las propiedades exhibidas en la investigación. Y a pesar de que algunas no las tenía reportadas en su declaración patrimonial, admite que son de su propiedad.
Sin embargo, se pierde en una serie de argumentos aritméticos intentando justificar de dónde salió el dinero para comprar esas propiedades. Su nueva casa en Jardines en la Montaña y su finca campestre en Jiutepec, Morelos.
Pero cae en la misma trampa que el ministro italiano. Declara que su nueva residencia le costó 9.9 millones de pesos.
La realidad lo desmiente. Una promotora inmobiliaria revela que otras casas iguales, en la misma colonia, hechas por el mismo arquitecto, se venden en 15.5 millones. Se exhiben las grabaciones.
Conozcamos las historias, evaluemos los desenlaces y analicemos las mentiras del hombre responsable de combatir al crimen organizado en México.
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García Luna se inculpa en obtención de propiedades
La carta enviada por el secretario de Seguridad Pública federal Genaro García Luna al periodista Miguel Ángel Granados Chapa y al diario Reforma para responder al reportaje publicado por Reporte Indigo bajo el título de ‘Inseguridad: Un Buen Negocio’, no es una carta aclaratoria. Más bien parece una confesión.
Por Anabel Hernández
En su intento por justificar el origen de los millonarios inmuebles descubiertos por Reporte Indigo, los cuales no coinciden con su sueldo de funcionario ni con sus declaraciones patrimoniales, Genaro García Luna admitió tácitamente haber incurrido en responsabilidad administrativa y en los delitos de cohecho y/ o enriquecimiento inexplicable.
Primero, porque reconoció que todas las propiedades reveladas fueron de su propiedad de manera simultánea: la de Monte Funiar No. 21 y la de Montaña de Omoa No. 17, en Jardines en la Montaña, así como la finca de fin de semana en Jiutepec, Morelos. Sin embargo, al explicar su origen, mintió en las fechas de venta y adquisición, y también sobre el tamaño y valor de los inmuebles.
Segundo, porque de acuerdo a la información proporcionada por el propio secretario de Seguridad Pública, él habría recibido dádivas o servicios indebidos por parte del vendedor del terreno de Monte Funiar No. 21 del exclusivo fraccionamiento Jardines en la Montaña, y/o del arquitecto Héctor Salinas, quien le construyó la residencia, además del Banco Inbursa.
Tercero, porque dice que su nueva residencia tiene un valor de 9 millones de pesos, cuando Reporte Indigo presenta hoy las pruebas documentales de que ninguna de las residencias de idénticas característica, construidas por el mismo arquitecto, en el mismo fraccionamiento, vale menos de 15 millones de pesos.
De ser cierto que su casa realmente le costó 9 millones de pesos, significa que el funcionario habría recibido una dádiva de por lo menos 6 millones de pesos y que podría ascender hasta 11 millones de pesos.
En la carta que Genaro García Luna envió al periodista Miguel Ángel Granados Chapa y al diario Reforma para responder al reportaje de Reporte Indigo titulado “Inseguridad: Un Buen Negocio”, el titular de la SSP implicó tácitamente al empresario Carlos Slim en la presunta violación de la Ley de Servidores Públicos.
Y es que García Luna dejó ver que el Banco Inbursa, propiedad de Slim y con quien la SSP firmó contratos multimillonarios a través de Telmex por el servicio de la Plataforma México, le habría otorgado un trato de excepción en el pago de la hipoteca de su primera casa en el fraccionamiento.
Dijo que para liberar la hipoteca de una propiedad de 7.5 millones de pesos, Banco Inbursa le recibió en garantía un bien inmueble de 4.2 millones de pesos. De ser así, la institución habría violado las normas y prácticas bancarias.
El titular de la SSP afirmó en su misiva que la evolución de su patrimonio corresponde a su sueldo como funcionario y a la actividad empresarial de su esposa.
Esto se contrapone con sus propias declaraciones patrimoniales y las escrituras de los bienes, ya que en ninguna parte aparece el nombre de su esposa Cristina Pereyra.
Por menos que esto, el ministro de Desarrollo Económico de Italia, Claudio Scajola, uno de los hombres más cercanos al presidente Silvio Berlusconi, renunció a su cargo.
Dijo haber comprado en 600 mil euros un lujoso departamento que en el mercado costaba más de 1.7 millones de euros. Al principio, Scajola dio una serie de argumentos inverosímiles, como lo ha hecho García Luna.
Al final se descubrió que aunque en contratos y papeles había quedado la cifra que precisó Scajola, de manera oculta se pagó el valor real de la propiedad, que era 1.7 millones de euros.
Y, en México, ¿cuándo? Analicemos.
El silencio de García Luna
En el Reporte No. 177, publicamos una investigación especial realizada durante un año sobre las propiedades del secretario de Seguridad Pública federal Genaro García Luna.
En el año 2009, el titular de la SSP federal tenía tres inmuebles que sumaban un valor de 42.5 millones de pesos. Propiedades acumuladas en tan solo dos años, pero nada más una de ellas aparece en su declaración patrimonial de 2008.
Ese monto en propiedades equivale a 17 años de su sueldo actual libre, es decir, después de sus gastos de manutención declarados. Pero apenas va a cumplir tres años como secretario de Estado.
Esos bienes no son consistentes con las declaraciones patrimoniales que el funcionario federal presentó de manera obligatoria entre 2002 y 2008, de las cuales se tiene copia. Esto significa que no corresponden a sus ingresos ni a sus ahorros reportados.
Cualquier evolución patrimonial que no sea consistente con los ingresos de un servidor público es de llamar la atención y motivo de revisión. Pero tratándose del funcionario que encabeza la lucha contra el narcotráfico, el tema adquiere mayor relevancia.
En México no es extraño que servidores públicos relacionados con temas de seguridad terminen involucrados en actos de corrupción, como el ex jefe policiaco del Distrito Federal Arturo Durazo Moreno, el general Jesús Gutiérrez Rebollo y el comandante de la policía judicial Guillermo González Calderoni.
La inexplicable riqueza de García Luna llama la atención si a ésta se suman denuncias de personas con nombre y apellido que acusan al secretario y a sus colaboradores más cercanos de presuntos vínculos con el crimen organizado.
Esta semana, el periódico Reforma publicó una serie de artículos sobre uno de los lugartenientes de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, a quien le encontraron una narconómina codificada de funcionarios de la SSP federal que presuntamente proporcionaban protección e información al Cártel de Sinaloa.
Ante la contundente información publicada por Reporte Indigo sobre los inexplicables bienes de García Luna, el titular de la SSP enmudeció durante casi una semana
Y realizó una operación para acallar a los medios de comunicación, para que no hicieran comentario alguno sobre el tema. De ello quedó constancia en Facebook y Twitter.
“Dije al aire que Genaro García Luna era nefasto, y me sacaron del radio”, denunció esta semana Maby Fregoso, conductora de Imagen, vía Twitter. Optó por crear el grupo de Facebook “Genaro García Luna: Enemigo público No 1 de México” (http://www.facebook.com/group.php?gid=118499578181926):
“…darle seguimiento al trabajo de los reporteros de la Revista índigo que investigaban las propiedades del Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Periodistas que primero fueron detenidos y de cuya labor se ha hablado muy poco en los medios. Cosa que sería normal –al final cada medio elige sus propios temas, faltaba más– de no ser porque crecen en radio pasillo las versiones de periodistas que se dicen limitados en sus medios a la hora de hablar de ese funcionario”, denunció también esta semana Mario Campos, politólogo especializado en medios de comunicación y titular de la primera emisión de Antena Radio en IMER, en su blog del periódico El Universal.
La columna titulada “El Ahorrativo Secretario y su Par el Presidente”, del prestigiado periodista Miguel Ángel Granados Chapa, publicada el domingo 9 de mayo en más de una decena de periódicos del país, hizo que García Luna cambiara súbitamente de estrategia.
Granados Chapa dedicó su columna al trabajo realizado por Reporte Indigo sobre las propiedades del titular de la SSP federal y a las revelaciones que hizo la revista Proceso hace algunas semanas sobre las propiedades del presidente Felipe Calderón.
El lunes 10 de mayo, la Presidencia de la República salió a dar explicaciones sobre el patrimonio de Calderón. Ni una sola línea para justificar los bienes de Genaro García Luna.
Obligado a ponerse a la par del presidente Felipe Calderón, el secretario de Seguridad Pública envió el miércoles 12 de mayo una “nota aclaratoria” al periódico Reforma, texto que fue publicado en la sección Estados.
Replica a lo publicado por Granados Chapa, quien reprodujo parte del contenido de Reporte Indigo, pero no a esta publicación electrónica.
Reporte Indigo da respuesta documentada a cada uno de sus argumentos y evidencia las mentiras del servidor público, cuyo dicho deja en claro que sus bienes no son de procedencia inexplicable, sino que todo apunta a que su origen es ilícito.
Las casas del arquitecto Salinas
La residencia de Genaro García Luna en Monte Funiar No. 21, en el fraccionamiento Jardines en la Montaña, fue construida en cinco meses.
De acuerdo a las fotografías de Reporte Indigo, trabajaban todos los días alrededor de 50 albañiles, y el propio García Luna supervisaba los trabajos, incluso entre semana y en horas hábiles.
En diciembre de 2008, el lote de Monte Funiar No. 21 era un terreno baldío. Para mayo de 2009, la residencia estaba totalmente terminada, pero todavía no es ocupada por el titular de la SSP y su familia.
La casa tiene 408.75 metros cuadrados de terreno y 711 metros cuadrados de construcción.
Según la licencia de la obra que se tramitó en la Delegación Tlalpan, la documentación entregada para construir la casa y las fotografías en poder de Reporte Indigo, el arquitecto responsable del diseño y la edificación fue Héctor M. Salinas.
La amplia residencia tiene cuatro niveles: un sótano, planta baja con terraza y jardín, planta alta y planta de servicios.
Del sótano a la planta alta, cada nivel tiene 201.75 metros cuadrados de construcción; la planta de servicios tiene 106.26 metros cuadrados de construcción.
En las dos primeras plantas hay salón de juegos, bodega, vestíbulo principal, recibidor, medio baño, sala, comedor, estancia, escalera de servicio, jardín y estacionamiento para cuatro automóviles.
En la planta alta hay una estancia, una recámara principal y dos recámaras secundarias, cada una con baño y vestidor.
En el último nivel hay una habitación para visitas con baño, gimnasio, hall de servicio, cuarto de servicio, cuarto de planchado y baño de servicio.
De acuerdo a los planos entregados por el arquitecto Salinas a la delegación, la residencia cuenta con acabados de lujo, como piso de mármol en áreas comunes y madera en las recámaras.
Lo más distintivo es el domo monumental que está en el cuarto piso y que puede verse desde todos los niveles por el hueco circular donde fue montada una espectacular escalera de mármol con barandal de vidrio templado.
Actualmente, el arquitecto Héctor Salinas, de Grupo Hegeo, vende dos propiedades en el fraccionamiento Jardines en la Montaña, ubicado en la Delegación Tlalpan.
Una en Monte Funiar No. 51, en la misma calle donde está la de García Luna, y otra en Montaña de Monterico No.53, informó una empleada del arquitecto a Reporte Indigo en una conversación que fue grabada.
Después de visitar las residencias y de ver las fotografías que aparecen en los portales de Internet donde se promocionan estas residencias, se constató que las dos tienen prácticamente el mismo modelo arquitectónico que la residencia de García Luna.
Todas tienen el sello característico del constructor: el inmenso domo, el hueco que atraviesa los cuatro niveles y la escalera de mármol.
Destacan también los detalles de cantera y las maderas finas en los clósets y pisos de las recámaras.
La única diferencia de estas residencias con la de García Luna es que la del funcionario es más grande, tanto en terreno como en metros cuadrados de construcción.
De acuerdo con la información proporcionada por la vendedora y la que publica Grupo Hegeo en Internet, la residencia de Monte Funiar No. 51, que tiene 610 metros cuadrados de construcción y 370 metros cuadrados de terreno, cuesta 15.5 millones de pesos.
La residencia en Montaña Monterico No. 53, de 480 metros cuadrados de construcción y 391 metros cuadrados de terreno, cuesta 15.2 millones de pesos.
Calculando el precio del metro cuadrado de construcción más el del metro cuadrado del terreno extra que tiene García Luna, el precio de su residencia, de acuerdo a la cotización del arquitecto Salinas, es de alrededor de 20 millones de pesos.
García Luna afirma que el valor total de la casa de Monte Funiar fue de 9.9 millones de pesos. No hay constancia notarial que acredite su dicho, ya que no está agregada al expediente del inmueble en el Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal.
Si esto fuera cierto, García Luna y el arquitecto Salinas presuntamente habrían incurrido en los delitos de responsabilidad administrativa y cohecho, ya que el servidor público recibió un “regalo” de 10 millones de pesos al comprar a un precio evidentemente menor al comercial.
Reporte Indigo buscó al arquitecto Salinas para preguntarle si era cierto que había vendido la casa a mitad de su valor al titular de la SSP, y si fue así, a cambio de qué lo hizo. El arquitecto se negó a atender nuestro llamado.
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PRIMERA MENTIRA: SUS BIENES NO DAN CON SUS INGRESOS
García Luna: “He sido empleado del gobierno federal desde el año 1989; a partir del año 1993, con cargo de dirección. Mi patrimonio corresponde a lo que he devengado durante toda mi carrera profesional y los ingresos de mi esposa en actividades comerciales”.
Respuesta: De acuerdo a sus propias declaraciones patrimoniales, hechas directamente por el propio funcionario, sus bienes y su monto no corresponden a su sueldo como servidor público, al cual hay que restar los gastos de manutención de su familia.
La Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos establece que todos los bienes compartidos con el cónyuge (propiedades y cuentas bancarias) deben ser documentados en la declaración de evolución patrimonial anual del servidor público.
En ningún documento oficial de las tres propiedades: Monte Funiar 21, Montaña de Omoa 17, ni Amate Nos. 11,12 y 13 en Jiutepec, Morelos, aparece su esposa como propietaria o copropietaria. Sólo aparece Genaro García Luna como propietario.
SEGUNDA MENTIRA: CONFLICTO DE INTERÉS EN HIPOTECAS
García Luna: “En marzo del año 2007 adquirí la casa ubicada en Montaña de Omoa, colonia Jardines en la Montaña, en un monto de $7,550,000.00 (Siete millones quinientos cincuenta mil pesos 00/100, M. N.), a través de un crédito hipotecario de $5,806,292 (Cinco millones ochocientos seis mil doscientos noventa y dos pesos 00/100, M. N.), otorgado por el Banco Inbursa, S.N.C.”.
Respuesta: En su declaración patrimonial realizada en mayo de 2008, correspondiente al ejercicio fiscal de 2007, García Luna afirmó que tenía un adeudo de 6.5 millones de pesos por su casa recién comprada. Así quedó asentado en los registros de la Secretaría de la Función Pública (SFP). Pero en el Registro Público de la Propiedad (RPP) del Distrito Federal aparece un adeudo de 5.8 millones de pesos.
Mintió a la SFP porque no tenía cómo justificar un enganche de poco más de millón y medio de pesos con sus ahorros y sueldo.
Es importante señalar que Banco Inbursa es una filial de Telmex. Y desde 2007, la SSP federal ha otorgado contratos millonarios multianuales a esa empresa telefónica por el servicio de la Plataforma México, por lo que existe un claro conflicto de interés en el hecho de que García Luna haya obtenido un crédito hipotecario con una empresa filial a la que le da contratos.
TERCERA MENTIRA: ¿VENDIÓ LO QUE NO ERA SUYO?
García Luna: “En septiembre de 2008, vendí la casa ubicada en Montaña de Omoa, colonia Jardines en la Montaña, en un precio de $8,880,000.00 (Ocho millones ochocientos ochenta mil pesos 00/100, M. N.). El convenio consistió en recibir un adelanto de $3,000,000.00 (Tres millones de pesos 00/100 M. N.), reservándome el derecho de habitarla hasta que fuera cubierto el importe total de la operación, lo que se realizó el 24 de agosto de 2009, como se registra en la escritura correspondiente.
“En virtud de que la casa de Montaña de Omoa se encontraba hipotecada, para poder venderla, se canceló la garantía y se hipotecó un inmueble familiar ubicado en Jiutepec, Morelos, adquirido en el mes de abril del año 2002”.
Respuesta: Los documentos y escrituras cuyo registro obra en el Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal, y de los cuales Reporte Indigo tiene copia, revelan la mentira del funcionario con respecto a las fechas de las transacciones, lo cual es fundamental para entender la inexplicable procedencia de sus recursos económicos.
La cancelación de hipoteca de la casa de Montaña de Omoa No.17 se hizo hasta el 1 de abril de 2009, según consta en la escritura No. 37,555. Por tanto, no es posible, ni es legal que haya vendido en 2008 algo que no era suyo y que en ese momento estaba hipotecado con Banco Inbursa.
Para cuando García Luna canceló la hipoteca, ya había comprado el terreno de Monte Funiar, cuyo valor real es de 6.9 millones de pesos, y ya había avanzado la construcción de su nueva casa en más de 80 por ciento.
Si no había vendido su casa de Montaña de Omoa, ¿de dónde sacó el dinero?
Y si el Banco Inbursa le permitió vender la casa en un contrato privado sin haberla pagado, podría tipificarse un posible delito conforme a la Ley Federal de Servidores Públicos.
De acuerdo al Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal, la venta de la casa de Montaña de Omoa se concretó hasta septiembre de 2009, cuando la residencia de Monte Funiar ya estaba totalmente terminada. La transacción quedó formalizada ante el Registro hasta febrero de 2010.
CUARTA MENTIRA: LA CASA NO LE COSTÓ 9.9 MILLONES
García Luna: “En el mismo mes de septiembre de 2008, se adquiere el terreno ubicado en calle Monte de Funiar, en el mismo fraccionamiento Jardines de la Montaña por un monto de $4,087,000.00 (Cuatro millones ochenta y siete mil pesos 00/100, M. N.) y se contrata la obra de construcción por un importe de $5,912,000.00 (Cinco millones novecientos doce mil pesos 00/100, M. N.), a pagar durante el desarrollo de la obra).
Ambas operaciones constan en la escritura y contrato correspondientes”.
Respuesta: En el Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal sólo hay constancia de la compra del terreno, que fue de contado. Reporte Indigo reveló que fue por la cantidad que señala el funcionario, aunque su valor real es de 6.9 millones de pesos según la persona que vendió el predio.
Si lo compró a un precio ostensiblemente menor al comercial, se trata de un acto que la Ley Federal de Servidores Públicos prohíbe explícitamente. Y si, como el ministro de Desarrollo Económico de Italia, Claudio Scajola, está mintiendo respecto al valor real de compra del inmueble, también está violando la ley.
En el Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal, no existe ningún registro de escritura por la construcción de la casa. Tampoco hay constancia de alguna hipoteca sobre ese bien inmueble, por lo que se asume que todo lo que hizo lo pagó de contado.
Dice que la casa de Monte Funiar le costó 9.9 millones de pesos, pero el valor real de esta residencia es de 20 millones de pesos.
Este precio se obtiene considerando que el arquitecto Salinas está vendiendo dos propiedades de idénticas características y diseño, pero más chicas que la de García Luna, según los planos de la casa del titular de la SSP en poder de Reporte Indigo y las fotografías de las casas en venta.
El precio mínimo de venta es de 15.5 millones pesos según una entrevista hecha a la vendedora.
QUINTA MENTIRA: CONSTRUYE EN DOS, NO EN OCHO AÑOS
García Luna: “Respecto al inmueble ubicado en Jiutepec, Morelos, éste consta de un terreno de 40 por 40 metros, es decir, mil 600 metros cuadrados. Se adquirió en abril de 2002 por un importe de $450,000.00 (cuatrocientos cincuenta mil pesos 00/100, M. N.), como consta en la escritura correspondiente. A este inmueble familiar se le han realizado modificaciones en diversos momentos durante 8 años.
“Actualmente, el préstamo hipotecario por este inmueble es de $4,245,272.00 (cuatro millones doscientos cuarenta y cinco mil doscientos setenta y dos pesos 00/100)”.
Respuesta: El titular de la SSP se contradice con obviedad. De acuerdo a los planos del Registro Público de la Propiedad de Cuernavaca, la propiedad de García Luna no mide 1,600 metros cuadrados, sino más de 2,500, como reveló Reporte Indigo.
Como propietario del predio que declaró como suyo en su declaración patrimonial realizada en 2003 (existe copia del documento), debió haber informado cada cambio o modificación del predio, pero no lo hizo, lo cual viola la Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos.
Y la propiedad no se fue transformando a lo largo de ocho años. Las fotos de Google Earth de junio de 2008 y las tomadas por Reporte Indigo a principios de 2010 delatan cambios radicales en dos años.
Si su propiedad de Jiutepec vale 450 mil pesos, como afirma, ¿por qué Inbursa se la tomó por 4.2 millones de pesos? En el Registro Público de la Propiedad de Cuernavaca no existe ningún registro de hipoteca de la finca de García Luna.
La casa de Montaña de Omoa, que estaba hipotecada, tenía un valor de 7.5 millones de pesos. Cuando se cancela una hipoteca dejando en garantía un bien, ese bien debe cubrir por lo menos una y media veces el valor total de la hipoteca que se va a liberar. Pero de acuerdo a las prácticas bancarias, tratándose de predios rústicos en provincia, se obliga que los bienes que se dejan en garantía valgan por lo menos el doble, es decir, 13 millones de pesos.
Si efectivamente el banco, violando la normatividad bancaria, le dio esa facilidad a García Luna, se incurrió en el delito de cohecho.
SEXTA MENTIRA: SU SUELDO NO CAMBIA DESDE 2007
García Luna: “Mis percepciones anualizadas para el año 2008, fueron de $4,076,227.00 (Cuatro millones setenta y seis mil doscientos veintisiete pesos 00/100, M. N.)
Por lo que corresponde a 2009, mis ingresos fueron de $4,043,646.00 (Cuatro millones cuarenta y tres mil seiscientos cuarenta y seis pesos 00/100, M. N.)”.
Respuesta: No es posible saber si lo que dice el servidor público es real porque desde mayo de 2009 no ha hecho sus declaraciones patrimoniales públicas.
Lo que es un hecho, según la página de Obligaciones de Transparencia del Gobierno Federal, es que el titular de la SSP no ha tenido aumentos de sueldo ni de prestaciones desde 2007, por lo que sus ingresos como servidor público deben ser los mismos en 2008 y 2009.
Es decir, 3.8 millones de pesos de salario bruto, menos los gastos de manutención de 1.3 millones de pesos que él mismo dice haber tenido.
SÉPTIMA MENTIRA: ACUSA EN FALSO A PERIODISTAS
García Luna: “No dejo de advertir que, por mi actual responsabilidad, he sido objeto de intentos de agresión directa a mi persona y a mi familia por la delincuencia organizada, como consta en las averiguaciones previas respectivas; además de ser objeto de una estrategia sistemática de calumnia y difamación”.
Respuesta: Es públicamente sabido y probado que desde el año pasado, cuando Reporte Indigo reveló la existencia de la propiedad en Monte Funiar, el servidor público acusó falsamente a dos periodistas de TVC (Televisión por Cable) que querían filmar las fachadas de sus propiedades, de trabajar para la delincuencia organizada.
Lo mismo ocurrió la semana pasada con dos reporteros gráficos de Reporte Indigo, a quienes García Luna acusó de delincuentes. Ninguna de las dos averiguaciones previas abiertas ha prosperado. Los cuatro periodistas salieron libres sin ningún cargo.
Es la actuación del propio funcionario, y no las investigaciones periodísticas, lo que lo desprestigia.
Los pecados de García Luna
De acuerdo a lo explicado por el titular de la SSP en su carta aclaratoria, se coloca en el supuesto de las siguientes responsabilidades administrativas y delitos:
Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos (vigente)
ARTÍCULO 46. Incurren en responsabilidad administrativa los servidores públicos a que se refiere el artículo 2o. de esta Ley.
ARTÍCULO 47. Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento dará lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, sin perjuicio de sus derechos laborales, así como de las normas específicas que al respecto rijan en el servicio de las fuerzas armadas:
XV. Abstenerse, durante el ejercicio de sus funciones, de solicitar, aceptar o recibir, por sí o por interpósita persona, dinero, objetos mediante enajenación a su favor en precio notoriamente inferior al que el bien de que se trate y que tenga en el mercado ordinario, o cualquier donación, empleo, cargo o comisión para sí, o para las personas a que se refiere la fracción XIII, y que procedan de cualquier persona física o moral cuyas actividades profesionales, comerciales o industriales se encuentren directamente vinculadas, reguladas o supervisadas por el servidor público de que se trate en el desempeño de su empleo, cargo o comisión y que implique intereses en conflicto.
Esta prevención es aplicable hasta un año después de que se haya retirado del empleo, cargo o comisión.
ARTÍCULO 84. Cuando los signos exteriores de riqueza sean ostensibles y notoriamente superiores a los ingresos lícitos que pudiera tener un servidor público, la Secretaría podrá ordenar, fundando y motivando su acuerdo, la práctica de visitas de inspección y auditorías. Cuando estos actos requieran orden de autoridad judicial, la Secretaría hará ante ésta la solicitud correspondiente.
ARTÍCULO 88. Durante el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y un año después, los servidores públicos no podrán solicitar, aceptar o recibir por sí, o por interpósita persona, dinero o cualquier otra donación, servicio, empleo, cargo o comisión para sí, o para las personas a que se refiere la fracción XIII del artículo 47 y que procedan de cualquier persona cuyas actividades profesionales, comerciales o industriales se encuentren directamente vinculadas, reguladas o supervisadas por el servidor público en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, que determinen conflicto de intereses.
Para los efectos del párrafo anterior, no se considerarán los que reciba el servidor público en una o más ocasiones, de una misma persona física o moral de las mencionadas en el párrafo precedente, durante un año, cuando el valor acumulado durante ese año no sea superior a diez veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de su recepción.
En ningún caso se podrán recibir de dichas personas títulos valor, bienes inmuebles o cesiones de derechos sobre juicios o controversias en las que se dirima la titularidad de los derechos de posesión o de propiedad sobre bienes de cualquier clase.
Se castigará como cohecho las conductas de los servidores públicos que violen lo dispuesto en este artículo y serán sancionados en términos de la legislación penal.
ARTÍCULO 90. La Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo hará al Ministerio Público, en su caso, declaratoria de que el funcionario sujeto a la investigación respectiva, en los términos de la presente ley, no justificó la procedencia lícita del incremento sustancial de su patrimonio de los bienes adquiridos o de aquéllos sobre los que se conduzca como dueño, durante el tiempo de su encargo o por motivos del mismo.
Código penal federal (vigente)
Cohecho
Artículo 222. Cometen el delito de cohecho:
I. El servidor público que por sí, o por interpósita persona solicite o reciba indebidamente para sí o para otro, dinero o cualquiera otra dádiva, o acepte una promesa para hacer o dejar de hacer algo justo o injusto relacionado con sus funciones, y
II. El que de manera espontánea dé u ofrezca dinero o cualquier otra dádiva a alguna de las personas que se mencionan en la fracción anterior, para que cualquier servidor público haga u omita un acto justo o injusto relacionado con sus funciones.
Al que comete el delito de cohecho se le impondrán las siguientes sanciones:
Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, promesa o prestación exceda de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, se impondrán de dos a catorce años de prisión, de trescientos a mil días multa y destitución e inhabilitación de dos a catorce años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.
En ningún caso se devolverá a los responsables del delito de cohecho el dinero o dádivas entregadas, las mismas se aplicarán en beneficio del Estado.
Enriquecimiento Ilícito
Artículo 224. Se sancionará a quien con motivo de su empleo, cargo o comisión en el servicio público haya incurrido en enriquecimiento ilícito. Existe enriquecimiento ilícito cuando el servidor público no pudiere acreditar el legítimo aumento de su patrimonio o la legítima procedencia de los bienes a su nombre o de aquellos respecto de los cuales se conduzca como dueño, en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Incurre en responsabilidad penal, asimismo, quien haga figurar como suyos bienes que el servidor público adquiera o haya adquirido en contravención de lo dispuesto en la misma Ley, a sabiendas de esta circunstancia.
Al que cometa el delito de enriquecimiento ilícito se le impondrán las siguientes sanciones:
Decomiso en beneficio del Estado de aquellos bienes cuya procedencia no se logre acreditar de acuerdo con la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Cuando el monto a que ascienda el enriquecimiento ilícito exceda del equivalente de cinco mil veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal, se impondrán de dos años a catorce años de prisión, multa de trescientas a quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal al momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de dos años a catorce años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.
Fuente: Reporte Indigo
Difusión: AMLOTV
