ESTADO DE LOS ESTADOS
Por: Lilia Arellano
“Donde hay poca justicia es un peligro tener razón”: Francisco de Quevedo
• Fracasados
• Duelo de culpas de ministros y burócratas
• Peña Nieto seguiría “guerra” de Calderón
• AMLO única opción para acabar violencia
• Habrá mayor criminalidad, advierte SCJN
• PAN Vs PAN por la legalización de droga
• Se hundió el negociote de Televisa-Nextel
Agosto 11, 2010.- El quinto día del “Diálogo por la Seguridad” reveló uno de los aspectos fundamentales del fracaso de la lucha o “guerra” contra el crimen organizado y los poderosos cárteles de la droga mexicanos: su estructura financiera no ha sido tocada ni con el pétalo de un citatorio. En efecto, representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial pusieron de manifiesto que las exorbitantes ganancias del narcotráfico, estimadas en varias decenas de miles de millones de dólares al año, están a salvo ante las fallas del sistema judicial y financiero del país. En palabras sencillas la Ley de Extinción del Dominio es un rotundo fiasco.
Reunidos en el Campo Marte, el ocupante de los Pinos, Felipe Calderón, y la crema y nata del Poder Judicial, encabezados por los ministros de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN), se lanzaron culpas, reproches, recriminaciones en torno a los asuntos de fondo del por qué el crimen organizado no ha podido ser abatido y su estructura operativa, comercial, financiera y armamentista se ha fortalecido a grados extremos que ponen en peligro la viabilidad del estado y la gobernabilidad del país. En este punto, la Procuraduría General de la República (PGR) anunció, otra promesa más, que alista una iniciativa de Ley que permita superar los escollos en la aplicación en la mencionada Ley de Extinción de Dominio, la cuál no ha sido plenamente aplicada, debido a la complejidad de su ejecución.
Durante ese ejercicio quedó claro que la responsabilidad del fracaso en que se convirtió la Ley de Extinción de Dominio es compartida toda vez que fue propuesta por el Ejecutivo; analizada, discutida y aprobada por el Legislativo; y mal aplicada por el Judicial, incluso la “tremenda corte” dio a conocer que tan sólo se ha aplicado en unos 10 casos, en hechos por supuesto ni siquiera relevantes o que hayan representado algún tipo de sangría financiera para los grandes capos.
El deslinde de responsabilidades en torno a este grave fracaso lo inició el propio convocante, es decir Felipe Calderón, quién ha mostrado oídos sordos a las críticas, a los señalamientos, a las acusaciones contra miembros de su gabinete, a las denuncias de complicidad de funcionarios con organizaciones criminales, a las demandas de cambiar de estrategia o de al menos armar alguna que rinda resultados concretos, visibles. El inquilino de Los Pinos, como si no tuviera ninguna competencia en el asunto, acusó que “la debilidad institucional” es el principal problema que se debe resolver en materia de justicia. También les dijo a los integrantes del Poder Judicial que uno de sus mayores retos es evitar que sean presas de las amenazas, de la intimidación y de la cooptación por parte de la delincuencia.
Para el michoacano seguramente es fácil hacer señalamientos de este tipo cuando cuenta con un impresionante equipo de seguridad constituido por cientos de elementos de la Policía Federal, del Ejército, del Estado Mayor, que lo cuidan paso a paso, en todas las áreas en que se mueve dentro del territorio nacional y que le han recomendado reducir al mínimo su movilidad física y concentrarse en la Residencia Oficial de Los Pinos. Para los jueces, para los ministerios públicos, para los agentes del orden, para los policías, para los marinos y soldados rasos la historia es totalmente distinta, pues están abiertamente expuestos a los ataques del “enemigo”, en está estúpida guerra contra los cárteles de la droga, que nunca debió haber sido declarada, no sólo por que es ilegal e inconstitucional sino porque sólo sirve a los intereses de las mafias que controlan el tráfico y consumo de drogas en Estados Unidos y a quienes les beneficia las batallas en México pues les permite regular a su conveniencia el mercado de los estupefacientes.
El procurador general de la República, Arturo Chávez Chávez, también siguió con el “lavado de manos” ante el fracaso de la “guerra” contra el narcotráfico, al acusar que el nuevo sistema de justicia penal, que entre otras cosas contempla la implementación de los juicios orales -que por cierto fueron implementados para atender delitos del fuero común y no del orden federal como los relacionados al crimen organizado y el narcotráfico- está presentado fallas en aquellos estados donde ha comenzado a aplicarse. El cuestionado titular de la PGR denunció que la reforma judicial, cuyo objetivo es lograr una justicia más pronta y expedita, en los hechos, en las entidades donde se ha establecido, no ha obtenido los resultados esperados contra el crimen organizado.
RIESGO DE MAYOR CRIMINALIDAD
Calderón y Chávez Chávez no tuvieron que ir muy lejos por la respuesta. Guillermo Ortiz Mayagoitia, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, defendió al Poder Judicial al asegurar que éste no encubre a ninguna actuación ilegal o indebida de sus miembros. También reviró que no probar la responsabilidad plena a criminales o cometer errores al recabar pruebas lleva a decretar la libertad de delincuentes que presentan ante el juez y, además, puede generar un aumento en la criminalidad. Agregó que si tampoco hay experiencia en la policía, los procesos resultan fallidos en los juzgados. El ministro presidente puntualizó al inquilino de Los Pinos que los integrantes del Poder Judicial no pueden ser actores involucrados en la lucha del gobierno federal contra el crimen organizado porque “nuestra cualidad esencial es la imparcialidad”.
Ortiz Mayagoitia fue más allá al sostener que una mala aplicación de las reformas aprobadas al sistema de justicia penal, que no incluya su puesta en macha de manera integral por los distintos actores del proceso, podría tener un incremento de la criminalidad. Dijo que en casos como los de Chihuahua, donde ya funciona localmente el nuevo sistema acusatorio, se ha evidenciado que la falta de preparación puede provocar juicios fallidos. Asimismo, resaltó la importancia de que las policías investigadoras y las fiscalías tengan una adecuada capacitación que les permita recabar y argumentar con éxito el material probatorio, para que éste pueda ser sostenido durante un juicio y el caso no se pierda debido a una mala integración.
Por su lado, Daniel Francisco Cabeza de Vaca, consejero de la Judicatura Federal (CJF) admitió que el Poder Judicial en general está saturado en su capacidad de operación y presenta rezagos y demoras en la tramitación de juicios, por lo que pidió mayor presupuesto para jueces y magistrados a fin de crear los órganos que puedan atender esa creciente demanda. El funcionario, quien fuera subsecretario de Gobernación en esta administración federal, defendió las reformas penales que se tienen, especialmente la creación de los jueces especiales de cateos y arraigos.
Así, tanto los titulares del Poder Judicial como los integrantes del gabinete de seguridad de la administración federal calderonista “dialogaron”, debatieron y acusaron responsabilidades de “los otros” en la fallida “guerra al narco” y al crimen organizado en lo que va de esta gestión que ha privilegiado por sobre todas las cosas, incluyendo desarrollo económico, industrial, comercial y de servicios, así como educación, cultura, tecnología y hasta independencia alimentaria, el gasto en seguridad pública, militar y que, como se ve, los grandes recursos tributarios destinados a ese fin simple y sencillamente se han tirado al bote de la basura, no sin antes beneficiar económicamente a unos cuantos burócratas coludidos y privilegiados en esta insana política de gobierno.
PAN VERSUS PAN
La administración de Calderón no sólo enfrenta una férrea oposición a “su guerra” contra el narcotráfico y el crimen organizado por parte de los dirigentes de los partidos políticos de oposición y de amplios sectores de la población severamente afectados por ésta, sino también al interior de su propio instituto político, el Partido Acción Nacional. Después de que el michoacano se abriera el debate a la legalización de algunas drogas y luego de que el gobierno estadounidense de BarackObama señalará que no está de acuerdo con esas medidas, ahora destacados militantes albiazules del primer gobierno panista que encabezó Vicente Fox saltaron a la palestra para defender lo realizado por el foxismo contar el narcotráfico.
En ese tenor, el ex secretario de Gobernación, Santiago Creel, rechazó que durante su gestión no se haya actuado contra el narcotráfico y lamentó que el calderonismo no tenga registro de los avances que hubo en la materia en el periodo del 2000 al 2006. El senador panista dijo que las acusaciones, como las de Calderón y de su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, no abonan en el debate para lograr una política de seguridad de Estado. Creel destacó que la estrategia de seguridad tiene que integrar políticas para desmantelar la economía del crimen organizado. También el ex canciller Jorge Castañeda Gutman se pronunció a favor de la legalización de la mariguana en México, al considerar que es una alternativa benéfica y sólida en lugar de una “guerra fallida” contra el narcotráfico que actualmente enfrenta la administración federal que encabeza Felipe Calderón, “que no está ganando y que no puede ganar”.
Lo peor de todo este penoso y feo asunto es que a pesar de que la dirigencia de su partido, el PRI, encabezado por Beatriz Paredes demandó hace apenas dos días que el tema de seguridad pública no se incluyera en la agenda electoral, el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, aspirante a la candidatura presidencial tricolor, ya la tomó como bandera proselitista. El candidato de Televisa se comprometió en el centro Woodrow Wilson International, en Washington,a que si el PRI gana la Presidencia de la República seguirá la “guerra” que el estado mexicano le ha declarado al narcotráfico, lo que deja como única opción al electorado mexicano para que se ponga fin a este inútil cerramiento de sangre al candidato opositor, es decir, a Andrés Manuel López Obrador, quien ha presentado proyectos concretos para eliminar esta lacra social.
En este contexto, el Sheriff Lee Baca, del condado de Los Angeles, en Estados Unidos, quien ofreció la ponencia “Por un México Seguro, crimen, drogas, narcotráfico, pandillas, vandalismo” en el Centro Fox, se pronunció porque la administración calderonista entable un diálogo con lo grupos delincuenciales para reducir la violencia que impera en el país. Por su parte, el ex presidente Vicente Fox exhortó a las autoridades a no seguir usando la violencia para terminar con la violencia, porque esto la incrementa. El guanajuatense evitó responder directamente a Calderón y a Genaro García Luna.
Por otro lado, Leonardo Valdés Zurita, consejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), advirtió que una situación de escalada de violencia pone en riesgo los procesos electorales. El funcionario dijo que el órgano electoral hará lo que este a su alcance para que las reflexiones alcanzadas en el “Diálogo por la Seguridad, permita a los ciudadanos participar en un clima de seguridad en la próxima elección.
DE LOS PASILLOS
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión pidió a Felipe Calderón que declare desierta la licitación 21 del espectro Radioeléctrico, con la que se pretende beneficiar al consorcio Televisa-Nextel, con una ganga de 180 millones de pesos, a pesar de que su valor supera fácilmente los 2 mil millones de pesos. La resolución impulsada por el diputado panista Javier Corral, presidente de la Comisión de Gobernación de la Cámara baja, y apoyada por las fracciones parlamentarias del PAN, PRI, PRD y PT, pide a Juan Molinar Horcasitas, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), y a Mony De Swaan, de la Comisión de Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), dar marcha atrás en el cuestionado proceso de licitación.
Las cuotas sindicales que pagan los trabajadores de dependencias de Gobierno son recursos privados que no están sujetos a la Ley Federal de Competencia resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al aclarar una contradicción de tesis entre tribunales federales que revisaron amparos del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana contra órdenes del IFAI a Pemex para difundir el monto de las cuotas respectivas. Así dichas aportaciones de los trabajadores no pueden ser difundidos ante solicitudes de acceso a la información presentadas por terceros.
(lilia_arellano@yahoo.com; www.fuego-cruzado.tv; www.estadodelosestados.com.mx)
Fuente: Indice Político
Difusión: AMLOTV
