Aunque la mayoría de los gobiernos de América Latina construye un futuro menos dependientede Estados Unidos, este país satura de bases militares la región. Parece inminente el choquede dos proyectos en los países del Sur del continente. Y Estados Unidos ya se encuentra ahí para cuando esto ocurra
Liomán Lima / Prensa Latina
El despliegue militar de Estados Unidos en Latinoamérica a través del aumento de sus bases militares y la acción coordinada entre éstas y la IV Flota podrían poner en peligro la estabilidad de la región.
Según un informe de la Oficina en Washington para América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés), esta expansión estratégica podría provocar como respuesta una carrera armamentista en la zona, semejante a la de la Guerra Fría.
El reposicionamiento de Estados Unidos en la zona evidencia que la diplomacia se reemplaza nuevamente por una fórmula agresiva, asegura la WOLA.
En contrapartida, gobiernos latinoamericanos refuerzan sus relaciones con potencias militares como Rusia, China o Francia y realizan grandes inversiones en la compra o en la tecnología de armamentos de punta.
En los últimos cinco años, los gastos en la adquisición de armas en América Latina crecieron cerca de un 150 por ciento, revela una investigación del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos del Reino Unido. No obstante, el general Douglas Fraser, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, declaró al Diario de Las Américas que no veía una amenaza militar convencional hacia su país.
Señaló que la presencia estadunidense en Latinoamérica respondía a “un desafortunado grupo de circunstancias”.
Entre ellas, citó al tráfico de drogas y de personas, así como a los desastres naturales, que también, a su juicio, podrían provocar éxodos masivos hacia Estados Unidos, aunque indicó también la actitud de algunos gobiernos, como el de Venezuela.
De acuerdo con el Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, el despliegue de Estados Unidos no se concentra últimamente en el control de los territorios donde ha multiplicado sus bases militares, como sucedió años atrás.
Al parecer, la existencia de estos enclaves, unida al desarrollo de nuevas estrategias, podría garantizar un control casi absoluto de toda la región, asegura el Observatorio.
Las bases de la estrategia
El Pentágono tiene actualmente en propiedad o alquiler más de 700 bases en cerca de 130 países, revela el anuario Base structure report, del Departamento de Defensa de Estados Unidos.
Esto significa que esas tropas se encuentran en cerca del 70 por ciento de las naciones de todo el mundo.
En América Latina, contaban hasta hace poco con 28 enclaves militares, número que ascendió hasta 39 cuando el gobierno panameño cedió otros 11 de su territorio.
Sin embargo, éste es el número reconocido oficialmente, pues expertos aseguran que operan además en un amplio número de bases secretas de la red de espionaje Echelon.
Washington ha manifestado su interés por establecer nuevas instalaciones en Paraguay, El Salvador y Argentina, así como en el control de la base aérea de Alcántara en Brasil.
Durante 2009, el entonces gobierno de Álvaro Uribe firmó un controvertido acuerdo militar que permitirá a Estados Unidos el uso de siete bases en territorio colombiano.
Aunque el Congreso de ese país andino declaró inconstitucional el tratado, el nuevo presidente colombiano, Juan Manuel Santos, asegura que buscará otros métodos para hacerlo viable.
En todo este tiempo, los militares estadunidenses que llegaron a esa nación suramericana tras el convenio con Uribe permanecen en suelo colombiano.
En julio último, Costa Rica autorizó la llegada a su territorio de tropas estadunidenses, con el objetivo de realizar operaciones militares, antinarcóticos y acciones humanitarias, a decir de la prensa local.
Según se informó entonces, entre julio y diciembre de 2010 realizarán operaciones en las aguas de Costa Rica 46 navíos, 200 helicópteros, 10 aviones, dos submarinos y más de 7 mil soldados estadunidenses.
Esto sucede aun cuando la constitución de este país prohíbe la existencia de fuerzas armadas, al punto de no contar con ejército nacional desde la década de 1940 ni con equipos de defensa propios.
En enero, tras el terremoto en Haití, Estados Unidos envió más de 20 mil soldados y equipos militares al Caribe.
Declaraciones de la Casa Blanca indicaron que la movilización de las tropas buscaba asistir a los haitianos ante la catástrofe y brindar asistencia humanitaria.
Ante este hecho, gobiernos de la zona manifestaron su malestar por la desproporción en el número de soldados y de equipos de guerra, que incluía varios buques, uno de ellos de asalto anfibio.
Recientemente, el gobierno de Alan García en Perú, a pesar de las protestas populares, manifestó su disposición a acoger más fuerzas militares en el país, donde ya existen tres bases.
Analistas explican que esta forma de intervención militar se hace peculiar al no realizarse por la fuerza, la amenaza o la presión, sino que cuentan con el apoyo y el acuerdo de los gobiernos.
Para esto, el ejército estadunidense justifica su presencia como una causa común para el beneficio y la estabilidad de Latinoamérica.
Documentos del Pentágono alegan que en los países donde existen convenios con sus tropas, se garantiza la cooperación militar, la asistencia humanitaria, atención a desastres, seguridad marítima y lucha antidroga.
Esto muestra una nueva variante en las relaciones de Estados Unidos con América Latina, basada en convertir en “aliados” a gobiernos de la región, asegura el Observatorio Latinoamericano de Geopolítica.
Las nuevas fronteras
El control estratégico de Estados Unidos no parece limitarse a la posesión de bases, sino que a esto se une la vigilancia de los mares por la Cuarta Flota estadunidense.
Esta escuadra, uno de los 13 destacamentos de las fuerzas navales estadunidenses que patrullan los océanos del mundo, había dejado de operar desde finales de la Segunda Guerra Mundial.
Pero desde 2008, navega en el teatro de operaciones militares responsabilidad del Comando Sur, encargado del control de las fuerzas de Estados Unidos en América Latina.
El área de control de este comando, uno de los 10 del Departamento de Defensa, abarca 19 países de Centro y Suramérica, y 12 países del Caribe, lo que representa cerca de 16 millones de millas cuadradas de envergadura.
El documento, guía de la Fuerza Aérea estadunidense, establece que el recorrido de la Flota por las costas de América debe estar conectado directamente con el de los enclaves.
La flota deviene así otra base móvil, que puede servir como un punto de apoyo estratégico y garantizar una respuesta militar inmediata o de “acción rápida”.
De esto se deduce que la estrategia de control está diseñada de forma tal que lo importante ya no es únicamente estar en el lugar, sino poder llegar a él con rapidez.
A esto se une el recorrido que realiza desde mayo por varios países de Latinoamérica el HSV 2 Swift, un catamarán de grandes dimensiones y velocidad , “como parte de un programa de intercambio” en la región.
Esta nave, por su diseño, permite presentarse rápidamente ante cualquier misión, sin necesidad de permanecer mucho tiempo en puerto, a decir del Comando Sur.
Del accionar conjunto de estas fuerzas, podría surgir el llamado “escudo protector”, una estrategia para alcanzar cualquier lugar en corto tiempo y garantizar la supervisión casi total por fuerzas de tierra, mar y aire.
Las causas
En este tipo de operaciones participan también otras agencias estadunidenses, tanto del Ejército y la Armada, la Fuerza Aérea y Guardacostas, como grandes empresas de corte privado, informa la página oficial del Comando Sur.
Este hecho ha levantado más de una vez la oposición de grupos progresistas de América Latina, como evidencia de que la militarización sirve también para garantizar el lucro de las trasnacionales.
Documentos de la Campaña por la Desmilitarización de las Américas informan que estos proyectos militares mueven cerca de 100 mil millones de dólares por año hacia las arcas de las grandes empresas.
Para el sociólogo James Petras, los arquitectos de la estrategia castrense de Estados Unidos en América Latina tienen en cuenta principalmente los intereses económicos a la hora de formular sus políticas.
Entonces beneficios, mercados y acceso a materias primas, en particular a fuentes de energía, constituyen las bases de esta política de Estados Unidos en la zona, asegura Petras.
Sin embargo, expertos afirman que éste no es el único eje sobre el que se debe pensar el actual despliegue militar de Washington en la región.
Aunque Estados Unidos describe los acuerdos como una prolongación de la cooperación militar con América Latina, otros ven en ello una respuesta a las políticas de gobiernos de izquierda, como el de Venezuela o Bolivia.
El documento guía de la Fuerza Aérea establece que los movimientos de la flota estarán también orientados a combatir, por razones de seguridad nacional, lo que denomina como “ideologías en competencia”.
Éstas son, según el documento, aquellas que el gobierno de Estados Unidos considere como una amenaza para la estabilidad y la democracia en la zona.
Un estudio del Centro de Política Hemisférica de la Universidad de Miami consideró recientemente al presidente venezolano Hugo Chávez como una amenaza a la seguridad de Estados Unidos.
El gobernante latinoamericano, por su parte, denunció en la última Cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (integrada por Antigua y Barbuda, Bolivia, Cuba, Dominica, Ecuador, Nicaragua, San Vicente y las Granadinas y Venezuela) lo que consideró una militarización de América Latina por Estados Unidos, para intimidar a los gobiernos progresistas.
Como otras causas de esta creciente presencia militar, los estudiosos señalan la posibilidad de confrontar en un futuro al actual modelo de seguridad brasileño (encaminado a defender la Amazonia y grandes reservas petroleras submarinas) y de hacer un círculo alrededor del conflicto colombiano.
Igualmente, afirman que se busca dar señales a Rusia, China –dos potencias con un papel creciente en asuntos de cooperación internacional, militar y energética en América Latina– e Irán, con inversiones en diversas áreas.
Las consecuencias colaterales de estas políticas son varias. Se señalan, entre éstas, la destrucción ambiental y la pérdida de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos.
En la reciente Cumbre de las Américas, de Puerto España, el presidente estadunidense Barack Obama aseguró que su país vive una nueva etapa en las relaciones con Latinoamérica basadas en un diálogo amistoso y en la búsqueda de la estabilidad.
La red de bases y flotas de Estados Unidos en la región tal vez sea la mejor coletilla para su discurso.
