En El Cairo, miles de egipcios que permanecen en la plaza Tahrir oran para que el presidente Hosni Mubarak deje el poder Foto Ap
sábado, 5 de febrero de 2011
Diferencias no deben frenar un mejor avance para México: Calderón
Diferencias no deben frenar un mejor avance para México: Calderón
El mandatario expuso que ninguna coyuntura política debe detener el camino que marca la Constitución.
Alonso Urrutia
Publicado: 05/02/2011 12:04
México, DF. Al encabezar la ceremonia del 94 aniversario de la promulgación de la Carta Magna, el presidente Felipe Calderón dijo que las legítimas diferencias que se dan en un sistema democrático “no pueden ni deben ser un obstáculo para tomar las decisiones que nos permitan conducir a México a un mejor destino. Ninguna coyuntura política, ninguna coyuntura electoral, ninguna coyuntura de cualquier índole debe detenernos ni entorpecer el camino que marca la Constitución”.
En el Palacio Nacional donde, dijo Calderón, estaba reunida la República, reivindicó la Constitución como el eje de la República democrática que es el país, de la que emanan otros preceptos. Sin embargo, dijo, este marco legal debe estar sujeta a una “constante actualización” para enfrentar los nuevos desafíos que tiene el país.
Ante gobernadores, legisladores y su gabinete en pleno, señaló que la esencia de la democracia está en el reconocimiento y respeto a las diferencias, pero aseguró que “la Constitución es la que une nuestras diferencias; por eso es preciso mantenernos unidos en lo esencial”.
Aseguró que la tolerancia y el respeto son principios fundamentales de la democracia, como también son esenciales para la misma el diálogo y el entendimiento.
En este marco, sostuvo que “debemos hacer frente unidos a toda amenaza a las libertades y a los derechos de los ciudadanos, fundamentalmente al crimen que atenta contra ellos. Tenemos que hacer frente unidos en la defensa de esas libertades y de esos derechos consagrados de la Constitución”.
Para el presidente, hay un enemigo común al que se debe enfrentar con determinación, y “sé que vamos a vencer a ese enemigo común. Hoy más que nunca es necesario cerrar filas”.
Calderón habló de que se requieren cambios que permitan generar, por ejemplo, un mercado laboral fuerte o bien, para que los consumidores se beneficien de los mejores productos a los mejores precios, que sólo pueden provenir de una competencia justa. Es preciso, añadió, promover una sinergia entre la iniciativa privada y el sector público para construir las obras que el país requiere.
Sin mencionar iniciativas que ha turnado al Congreso, las aludió: “Es momento de fortalecer nuestra democracia, de avanzar en la conformación de un régimen que les dé más poder a los ciudadanos, que favorezca la impostergable rendición de cuentas en todos los poderes y en todos los órdenes de gobierno”.
Fuente: La jornada
Difusión AMLOTV
“No a legalización” de las drogas en México y Colombia, dice Salinas
“No a legalización” de las drogas en México y Colombia, dice Salinas
Es una discusión global que debe empezar en EU, y "ahí no se ve ninguna posibilidad": expresidente
AFP
Publicado: 05/02/2011 11:20
Bogotá. El ex presidente mexicano Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) se expresó opuesto a una "legalización unilateral" de las drogas en su país y Colombia, y llamó a una "discusión global" sobre ese asunto empezando por Estados Unidos, en una entrevista publicada el sábado en Bogotá.
"Proponer la legalización de la droga en nuestros países es un error mayúsculo. Ni México ni Colombia podrían unilateralmente legalizar la droga, porque nos convertiríamos en el basurero de los consumidores", declaró el ex mandatario el periódico bogotano El Tiempo.
Añadió que, "en todo caso, ésa tendría que ser una discusión global y empezar por Estados Unidos, y ahí no se ve ninguna posibilidad".
"Esta propuesta de legalización de las drogas me parece más una propuesta de ex presidentes o de quienes aspiran a ser presidentes que una actitud responsable de un jefe de Estado", enfatizó Salinas de Gortari sin precisar a quiénes se refería.
"Mientras se resuelve esa cuestión, debe reforzarse el combate de ese flagelo", añadió el ex mandatario, del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Diversas personalidades, como los ex presidentes César Gaviria (Colombia), Ernesto Zedillo (México, correligionario de Salinas) y Fernando Henrique Cardoso (Brasil), el Premio Nobel de Literatura peruano Mario Vargas Llosa y el escritor mexicano Carlos Fuentes se han declarado favorables a la despenalización de las drogas como mecanismo para poner fin a la violencia.
Salinas de Gortari consideró en la entrevista que el actual presidente de México, Felipe Calderón, del Partido Acción Nacional (PAN, conservador), "ha sido valiente para enfrentar ese problema (del crimen organizado), pero hay que fortalecer el número de efectivos de la policía, depurarlos, mejorar la inteligencia y la cooperación internacional".
Estadísticas oficiales señalan que la violencia ligada al crimen organizado en México ha dejado más de 34 mil 600 muertes violentas desde el inicio de la ofensiva antidrogas en diciembre de 2006, cuando empezó el gobierno de Calderón, ya sea por acciones de militares contra narcotraficantes o guerra entre los propios carteles.
México recibe asesoría de varios países, incluido Colombia, uno de los más afectados por la criminalidad y corrupción asociadas al narcotráfico.
Fuente: La jornada
Difusión AMLOTV
'Status quo simplemente no es sostenible' en El Cairo: Hillary Clinton
'Status quo simplemente no es sostenible' en El Cairo: Hillary Clinton
En Medio Oriente, la coyuntura es "perfecta" para una "tempestad": secretaria de estado de EU.
Reuters y Afp
Publicado: 05/02/2011 09:25
El Cairo. Líderes políticos se reunieron dentro y fuera de Egipto este sábado para buscar una forma de superar el peligroso punto muerto entre el presidente Hosni Mubarak y los manifestantes que exigen su salida.
"El status quo simplemente no es sostenible", dijo la secretaria de Estado estadunidense, Hillary Clinton, durante una conferencia sobre seguridad en Múnich en el día 12 de protestas masivas contra Mubarak, refiriéndose no sólo a la situación en Egipto, sino también a todo Oriente Medio.
Mubarak, que cambió a miembros de su gobierno, pero que se rehusó renunciar, se reunió con parte de los nuevos ministros este sábado, según reportó la agencia de prensa estatal, en un claro rechazo a la demanda de miles de personas que exigen la salida del líder.
Tras la reunión, la ministra de Comercio Samiha Fawzi dijo que las exportaciones del país bajaron seis por ciento en enero por los disturbios y el toque de queda. Agregó que las autoridades entregarían provisiones adicionales de alimentos para evitar una escasez.
Gobiernos occidentales han expresado apoyo a los manifestantes, pero algunos fueron cautos en darlo demasiado y muy rápidamente.
"El presidente Mubarak ha anunciado que no se postulará a la relección y que tampoco lo hará su hijo (...) Ha dado un claro mensaje a su gobierno para conducir y apoyar este proceso de transición", declaró Clinton.
El vicepresidente Omar Suleiman debe reunirse con un grupo de altas figuras el sábado para examinar una solución propuesta bajo la cual él asumiría los poderes del presidente por un período provisional, dijo uno de los miembros del grupo.
Pero algunos manifestantes no sólo quieren la salida de Mubarak.
Más aún, el primer ministro señaló el viernes que era poco probable que el presidente le entregara poderes a su recién nombrado vicepresidente, reportó el canal Al Arabiya.
"Necesitamos que el presidente se quede por razones legislativas", indicó el primer ministro Ahmed Shafiq.
La canciller alemana, Angela Merkel, sostuvo que el cambio debía darse de manera "pacífica y ordenada", mientras que el primer ministro británico, David Cameron, instó una rápida transición a un nuevo liderazgo.
Explosión
Mubarak aseguró el jueves que Egipto enfrenta el caos si él renuncia ahora, aunque prometió retirarse en septiembre.
El gobernante se ha presentado a sí mismo como un baluarte contra la militancia islámica y un actor esencial para mantener el tratado de paz que Egipto firmó con Israel en 1979.
El grupo de inteligencia SITE, que monitorea a Al Qaeda y otros sitios web islámicos, dijo previamente en la semana que algunas organizaciones estuvieron instando a militantes islámicos a que atacaran el gasoducto que abastece a Israel.
En el pasado, el gobierno ha usado la percepción de amenaza de la militancia islámica para justificar leyes de emergencia que ayudaron a Mubarak a mantenerse en el poder.
Al Qaeda, que cuenta con raíces ideológicas en Egipto, en su mayoría ha estado a favor de las protestas contra Mubarak.
Las manifestaciones golpearon la economía del país más poblado del mundo árabe y algunos están ansiosos por volver a la normalidad. Los bancos deben reabrir el domingo, el inicio de la semana en Egipto y el mercado de valores el lunes.
En la plaza Tahrir de El Cairo, una transitada intersección en el corazón de la ciudad que se ha convertido en el centro de las protestas, los manifestantes dijeron que no se rendirían.
Algunos egipcios que no participaron en las protestas insultaron a los que iban a la plaza, frustrados por el colapso en el orden en algunas áreas. Han surgido choques entre manifestantes y gente que quiere persuadirlos para que abandonen los reclamos.
La ONU calcula que han muerto 300 personas en los disturbios, inspirados en parte por las protestas en Túnez, que obligaron al líder Zine al-Abidine Ben Ali a huir en enero.
No obstante, nadie espera un compromiso fácil que satisfaga la demanda de cambio de los manifestantes, dado que los seguidores militares de Mubarak desean mantener su influencia y hallar una salida digna para el presidente.
Fuente: La jornada
Difusión AMLOTV
Prosigue inconformidad
El Cairo. En la plaza Tahrir, punto de concentraciones masivas, manifestantes antigubernamentales continúan este sábado con sus exigencias sobre la dimisión del presidente egipcio, Hosni Mubarak. Ap
La Iglesia sin candidato para el 2012: Norberto Rivera
La Iglesia sin candidato para el 2012: Norberto Rivera
La redacción
DURANGO, Dgo., 4 de febrero (apro).- De visita pastoral en la entidad, el arzobispo primado de México, Norberto Rivera Carrera, evitó pronunciarse por algún candidato de cara a la elección presidencial del año entrante, pues declaró que los incidentes siempre alteran los resultados, y “todavía pueden ocurrir muchas cosas de aquí al 2012”.
Ejemplificó con los atentados ocurridos en España en 2004 en la estación de Atocha de Madrid, que llevaron a la debacle electoral al Partido Popular de José María Aznar, así como el incendio en 2009 de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, que dio al traste con la continuidad priista en esa entidad.
En ambos casos, dijo, había candidatos que ya sentían seguro el triunfo electoral y, de último momento, la historia cambió.
“Yo no traigo al profeta en ancas”, atajó, luego de recalcar que no se puede saber lo que pueda ocurrir rumbo al relevo presidencial.
Cuestionado sobre un posible regreso del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a Los Pinos, dijo que debe ser la ciudadanía quién decida. “Yo también votaré, pero el voto es secreto”, argumentó.
Sobre la violencia en México, opinó que no es un problema privativo del país. “Ojalá así fuera”, expresó.
Sin embargo, consideró que la delincuencia se está manifestando de gran forma en todo el mundo. Ocurre en naciones como Estados Unidos, refirió, aunque allá “lo proclaman menos; allá los periodistas son más discretos para informar, o tienen miedo”, dijo.
Responsabilizó, incluso, a los medios de incitar a la violencia: “Hasta dan clase de cómo se hacen los asaltos”, aseguró. Añadió que a través de las caricaturas, los niños comienzan a obtener datos que más tarde pueden reflejarse en una conducta negativa.
Consideró que es un fenómeno que debe ser atacado y calificó como buena la decisión de hacerlo aquí; no obstante, abundó, su combate también debe realizarse mediante esquemas de educación orientados al reforzamiento de los valores.
Todos, sostuvo, incluida la Iglesia, deben participar en ese fomento y que “no sólo se dedique a transmitir la doctrina, sino un estilo de vida”.
Sobre los actos de justicia con mano propia, recientemente incrementados, opinó que muchas veces se justifican, pues aunque “ese no es el camino”, la gente se ve forzada a reaccionar dadas las circunstancias específicas de cada caso.
No obstante, llamó a fortalecer a las instituciones dedicadas a la seguridad “para que no haya una autoridad sobre la autoridad”.
Fuente: Proceso
Difusión AMLOTV
España sorprende otra vez
España sorprende otra vez
Orlando Delgado Selley
MÉXICO, D.F., 4 de febrero (apro).- Si ya España era un referente mundial en materia de acuerdos sociales y políticos –nadie duda de lo emblemático que fue el Pacto de la Moncloa, firmado en octubre de 1977, y que estableció la legalidad democrática después de la dictadura de Francisco Franco--, ahora nos da una nueva lección.
El presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, firmó un acuerdo fundamental con los principales organismos sindicales y las agrupaciones patronales más representativas del país, para darle una salida a la propuesta oficial de reforma laboral, que tenía enfrentadas a las partes y crispados los ánimos de la población.
Además de establecer la vía del diálogo con empresarios y, sobre todo, con los representantes sindicales, cómo único mecanismo para resolver cualquier diferendo en el ámbito laboral, Zapatero logró, luego de un estira y afloja que le hacían caer dramáticamente en la aceptación de la gente, que los sindicatos aceptaran alargar dos años más a la edad de jubilación, un año menos de lo que pretendía el gobierno, quien además quería llevar a 41 años el tiempo de cotización en la seguridad social para tener derecho a una pensión al 100%.
Es un hecho que desde el Pacto de la Moncloa no había habido un acuerdo social de esa envergadura. Inclusive el presidente de gobierno español mereció felicitaciones de los mandatarios de Francia y Alemania, Nicolás Sarkozy y Angela Merkel, respectivamente.
El acuerdo firmado por Zapatero con la Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CC OO), las agrupaciones patronales (Confederación Española de Organizaciones Empresariales, CEOE, y la Confederación de Pequeñas y Medianas Empresas, CEPYME, expresa la voluntad de esos actores para firmar una reforma laboral.
Este acuerdo, en efecto, como lo señaló el propio Zapatero, establece el diálogo social con sindicatos y empresarios como "uno de los grandes activos" que distinguen a España en los procesos de reformas estructurales que protagonizan los países europeos frente a la recesión económica. Y situó la "refundación del diálogo social" como objetivo estratégico para iniciar la recuperación económica.
En Francia, hace apenas dos meses, luego de jornadas memorables de lucha social con grandes manifestaciones en todo el territorio, que a cada nueva convocatoria ampliaban su respaldo, el gobierno se impuso. Donde, además, se habían unido a la resistencia estudiantes de distintos grados, dándole frescura y radicalidad, finalmente un parlamento ajeno a esos reclamos aprobó una reforma a las pensiones.
No era, ni de lejos, lo que aprobaron sindicatos, patrones y gobierno en España. Eso Sarkozy ni siquiera se atreve a plantearlo, pero logró postergar los tiempos de jubilación y añadirle cotizaciones.
En España lo novedoso es que ha habido un acuerdo no en el parlamento, sino con sindicatos y patrones. Y eso no es que sea nuevo, es que realmente es fundamental. Dicho acuerdo establece que para modificar cualquier cuestión en materia laboral se tiene que discutir con los dos grandes actores involucrados: trabajadores y patrones.
Y ello implica una noción de democracia que no se restringe a la votación de los representantes electos en procesos en los que participan los partidos políticos. Democracia, en un sentido más amplio, es incorporar a la discusión a otros “electos”: los dirigentes sindicales. Pero también a los patrones, aunque con ellos el acuerdo con ellos el arreglo es trivial ya que se trata de reducir prestaciones.
Por eso el “acuerdo español” tiene una enorme relevancia. Responde a requerimientos que indudablemente existen. Responde, también, a presiones de distinto signo: la de “los mercados”, que abiertamente se han propuesto eliminar el Estado de bienestar y la de los desempleados, los parados, que alcanzan cifras dramáticas.
Los “mercados” quieren eliminar el Estado benefactor por razones de corto y de largo plazo. Las de corto son presupuestales: se trata de darle espacio a los mayores intereses que cobran para aceptar financiar la deuda soberana española. Las de largo plazo son conocidas: eliminar la asistencia, la seguridad social y las pensiones solidarias, abre espacios al mercado, es decir a esos capitales, para que los trabajadores “paguen” sus derechos sociales a empresas privadas.
Los parados, por su parte, lo que requieren es trabajo. Las cifras son impresionantes: 4.7 millones de personas sin trabajo, el 20.3% de la fuerza laboral española. Se trata del país con el mayor índice de desempleo en el mundo. Con un porcentaje de parados menor al 10% los estadunidenses han implementado medidas monetarias extraordinarias.
Si se desagrega la información sobre el desempleo en España, resulta que el paro entre los jóvenes menores de 25 años llega a un dramático 42.8%, es decir, casi la mitad de los españoles jóvenes no tiene trabajo. Más grave aún, no lo ha tenido desde hace tiempo. Incluso en los tiempos buenos los empleos para jóvenes eran precarios, mal pagados, temporales y sin prestaciones.
También es impresionante que en un millón 320 mil hogares todos los miembros estén sin trabajo.
Este gravísimo problema tiene varias explicaciones. La primera, por supuesto, es que si no hay demanda, no hay producción y, en consecuencia, se eliminan puestos de trabajo. Para crearlos hace falta que la economía crezca, pero no a cualquier ritmo. Los crecimientos vegetativos no crean empleo. Así que hay que crecer a tasas que amplíen la demanda de trabajo. Otra explicación complementaria es la competitividad. Si las empresas españolas no son internacionalmente competitivas trabajando en la propia España, sus plantas se localizarán en otros lugares del mundo. Las firmas españolas con fuerza mundial en el mercado de prendas de vestir, Zara, Massimo Dutti, Oysho, etc. no fabrican en España sino en Asia, América Latina o África.
Otro elemento explicativo es que las prestaciones y remuneraciones vigentes en el mercado español, en consecuencia, pueden resultar un desestímulo para que las empresas internaciones se localicen en ese país, así como para las propias empresas españolas que pretendan competir a escala global e incluso en el mismo suelo español. La presión por abaratar el costo de la fuerza de trabajo existe entre los trabajadores, dadas las difíciles condiciones que genera el desempleo. Por eso el trabajo se ha precarizado y por eso es difícil impedirlo. Apelar a la negociación colectiva para controlar esa precarización es importante. No se evita, pero se le limita.
España ha abierto un camino que pudiera ser relevante para toda la Europa solidaria y equitativa. Si acaso las reformas son inevitables, habrá que hacerlas con los afectados. Ellos son los que tienen que aceptarlas. Para esto son insuficientes los acuerdos parlamentarios. Esa representación debiera entenderse para enfrentar responsabilidades de otro tipo. La democracia electoral tiene que ser completada con una democracia en la que los afectados no sólo tienen que ser escuchados, tienen que ser considerados. Y en esto, hay que reconocer que España ha puesto un blasón muy alto.
Comentarios: o_selley2001@yahoo.com
Fuente: Proceso
Difusión AMLOTV
Los verdaderos agravios
Los verdaderos agravios
Jesusa Cervantes
MÉXICO, DF, 4 de febrero (apro).- “Los mexicanos están cansados de estos circos mediáticos; fue una ofensa a la institución presidencial; una falta de respeto a los propios legisladores”... y así proseguía la lista de reclamos, y todo por una manta desplegada por legisladores petistas en la que aludían a un presunto alcoholismo de Felipe Calderón.
El mensaje desató la furia del panismo en contra de los irreverentes, groseros y rebeldes diputados. Los aliados del poder salieron en defensa de quien los puso en una curul.
Cierto es que nadie justifica la ofensa como método en los debates políticos y legislativos pero, aceptando que el calificativo de “borracho” sea una ofensa --en todo caso, ello no evidencia más que ignorancia de lo que implica la enfermedad del alcoholismo--, el epíteto puede pasar a segundo término si hacemos una lista de los verdaderos agravios que muchos mexicanos han padecido desde el 1 de diciembre de 2006.
El malestar por la “manta de la discordia” en San Lázaro no tiene siquiera comparación con la burla de Calderón hacia numerosos casos, entre ellos el de las madres de los jóvenes de Salválcar en Ciudad Juárez, Chihuahua.
A un año de aquella brutal ejecución, las madres no tienen siquiera la autopsia de sus hijos asesinados. Y la burla es que en lugar dar respuesta a las demandas de las madres, Calderón les construyó “una cancha”. ¿No es acaso eso una verdadera ofensa?
Y la muerte de 49 niños en Hermosillo, Sonora, en una guardería subrogada por el gobierno federal, en donde lentamente, por falta de aire o por quemaduras, se les apagó la vida. ¿Tampoco ese hecho indigna?
Desde que se produjo la tragedia, no recuerdo a un solo diputado federal del PAN que haya levantado la voz en contra del gobierno federal que encabeza Felipe Calderón, en primer lugar por su permisividad y la evidente corrupción para que se careciera de mínimas medidas de protección civil, acciones que pudieron evitar las muertes de decenas de los pequeños.
Más aún, los 35 mil muertos generados no por la decisión del gobierno federal de pretender acabar con el narcotráfico, sino por la falta de previsión de lo que esa “guerra” desencadenaría, escenario en que se coloca en peligro la vida de “sus gobernados”. ¿No es esta una falta de respeto a los derechos humanos de parte de Calderón Hinojosa?
Y qué decir de la ausencia de enjuiciamiento a los políticos entreguistas y omisos del PAN que, en bandeja de plata, dieron a empresa españolas el derecho, por 20 o 30 años, a explotar las riquezas nacionales, como sucedió con los ya famosos contratos de servicios múltiples (CSM) de Petróleos Mexicanos (Pemex). ¿Ese hecho no equivale a reírse de los mexicanos?
Y el aumento al IVA que aprobaron panistas y priistas en el mismo recinto en donde hoy se dicen “ofendidos”, ¿no es eso pitorrearse de los mexicanos?, ¿no fue eso una burla hacia ellos cuando fueron justamente los diputados quienes pidieron el voto para mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía y, ya sentados cómodamente en una curul, se atrevieron a subir los impuestos?
Y no es una ofensa que cada uno de los 500 legisladores, que por una manta se sintieron agredidos, gane como “mínimo” cien mil pesos al mes mientras hay 6 millones de mexicanos en pobreza extrema. ¿O esto tampoco es una burla?
Los panistas se ofendieron, se indignaron, se alteraron, se sintieron agredidos cuando vieron que su jefe máximo era señalado como “borracho”.
La ira blanquiazul apenas y pudo contenerse por un simple señalamiento, nada comparado con la muerte y destrucción que Felipe Calderón y varios de sus secretarios de Estado han dejado desde aquel 1 de diciembre de 2006.
Y también se puede hablar de los obreros de Lázaro Cárdenas, Michoacán; de los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro; los mineros de Cananea, Sonora; de los muertos de Coahuila; de las decenas de niños mexicanos que mueren de una parasitosis curable en las zonas más pobres del país; de la psicosis en que vive gran parte de la población del norte del país por la escalara de narcoviolencia… Y la lista puede ser interminable si el recuento tiene que ver con los actos de la figura presidencial en manos del PAN, pero a los diputados del blanquiazul, que mes con mes reciben 100 mil pesos, vehículo, viáticos, boletos de avión, dinero para “gestiones” y muchas cosas más, nada de esto los ofende o los pone iracundos.
Cierto que la ofensa no es el mejor método para el debate político, pero los panistas tampoco han debatido de verdad, lo que han hecho en esta Legislatura es mantener un contubernio con el PRI y, con su mayoría aplastante, burlase día a día de los mexicanos, aunque claro, hay sus excepciones, pero –tristemente-- son las menos.
Del gobierno calderonista pocas cosas no indignan. Lo mismo sucede con los políticos, pero en lugar de exaltarse por una manta, deberían reclamar por la inequidad, la violación a derechos humanos, pobreza y muerte que se viven en el país y, consecuentemente, actuar desde San Lázaro para acabar con todos esos agravios.
Comentarios: mjcervantes@proceso.com.mx
Fuente: Proceso
Difusión AMLOTV
La manta de la discordia
La manta de la discordia
Jesusa Cervantes
MÉXICO, DF, 4 de febrero (apro).- “¡No la saques!”. Fue la súplica que el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín, hizo al petista Gerardo Fernández Noroña minutos antes de que se desencadenara el zafarrancho en el pleno de sesiones de San Lázaro.
La petición del priista buscaba evitar que la gran manta del diputado petista, en donde se destacaba el presunto alcoholismo del presidente Felipe Calderón, fuera expuesta en la sesión del pleno.
Sin embargo, nada convenció a Fernández Noroña, quien desde que arrancó la actual Legislatura fijó como parte de su política frenar mediáticamente lo que los votos petistas no pueden en el pleno.
Poco antes del mediodía, cuando los diputados discutían en el pleno la aplicación del nuevo reglamento que rige las sesiones y mediante el cual se pretende “el buen comportamientos de los legisladores”, el priista Ramírez Marín envió una tarjeta a Fernández Noroña, quien desde su curul argumentaba contra la normativa.
Una frase de súplica, “¡No la saques!”, fue lo que leyó Noroña, quien reviró al mensajero, “No, no pasa, si eso ya lo anuncié”, en referencia a que horas antes, desde su cuenta de Twitter, el petista adelantó que habría una “sorpresita” en la sesión del jueves pasado.
Aun antes de que se difundiera el polémico mensaje, el presidente de la Mesa Directiva ya sabía que Fernández Noroña había logrado introducir al recinto --como lo ha hecho en gran parte de las sesiones-- la manta en contra de Felipe Calderón y en que se advertía: “¿Tú dejaría a un borracho conducir tu auto? No, verdad?, ¿y porqué lo dejas conducir el país?”
Y lo supo porque los petistas Fernández Noroña y Jaime Cárdenas llevaban dos días argumentando en contra del nuevo reglamento de sesiones con el presidente de la Mesa Directiva; en especial, los “candados” que se busca imponer a las minorías, como PT, Convergencia o Nueva Alianza (Panal), para evitar que sus manifestaciones deriven en el caos del salón de plenos.
El nuevo reglamento que, según una de sus fracciones, advierte que entrará en vigor desde el 1 de enero –aunque en otro apartado, dice que se hará valer hasta en tanto no se hayan subsanado las observaciones--, se aplicaba por primera ocasión la mañana del jueves 3.
Sin embargo, los petistas no convencieron a Ramírez Marín de que no hiciera válido el nuevo reglamento y éste no pudo hacer desistir a los petistas de que no desplegaran su manta.
Fernández Noroña y Jaime Cárdenas habían acordado desplegar la manta frente a la presidencia por unos diez minutos, independientemente del tema que en ese momento se estuviera discutiendo en el pleno.
Pero la ocasión para exponer su protesta no pudo ser mejor: el presidente de la Mesa Directiva, con base en el nuevo reglamento, negaba al diputado del PT, Mario Di Costanzo, una proposición de punto de acuerdo en torno a los derechos de los trabajadores de la Cámara.
Según el nuevo reglamento, no se harán “proposiciones” cuando se trate de “gestiones” sobre un tema, y en cambio éstas se canalizarán al área correspondiente.
Con esta nueva regla se impide que algunos temas se den a conocer a la ciudadanía desde la “máxima tribuna” que, por cierto, es transmitida en vivo en televisión por cable.
Mientras se debatía el impedimento para presentar la proposición, en su curul otra petista, Laura Itzel Castillo, se afanaba en la lectura del orden del día cuando se dio cuenta que el PAN presentaría una proposición de una “gestión”.
La preferencia de uno a otro partido para ejercer o coartar el derecho de iniciativa de un legislador fue lo que empujó a Fernández Noroña y Jaime Cárdenas a desplegar la manta.
Y como nunca, desde que Calderón asumió el gobierno, una manta de la oposición generó tan virulenta reacción entre los panistas, quienes consideraron que, el mensaje impreso, ofendía a la Presidencia, a las instituciones, a los legisladores y a la ciudadanía en general, pues se estaba tildando de “borracho” al jefe del Ejecutivo.
Ni tomas previas de la tribuna, ni el intercambio de insultos entre la oposición y Acción Nacional habían generado esta enconada respuesta, situación que Ramírez Marín detectó a tiempo.
Cuando el priista vio la reacción de los panistas, quienes lanzaban insultos a los petistas a la vez que avanzaban hacia ellos, llamó a receso por 15 minutos, descendió rápidamente de la presidencia y, como virtual muro de contención a la rabia panista, se colocó frente a la manta y los petistas.
Su objetivo era impedir que petistas y panistas se liaran a golpes; el movimiento de Ramírez Marín fue sobreentendido por varios priistas, quienes también se dirigieron en apoyo al presidente de la Mesa y, de rebote, a los petistas.
Del otro extremo, los panistas avanzaban, en tanto otros, como Manuel Clouthier y Julio Castellanos, discutían acaloradamente los pleitos internos de la fracción.
Mientras Ramírez Marín dialogaba y buscaba convencer a los petistas, un par de perredistas subió rápidamente para también sujetar la manta que señalaba a Calderón como un “borracho”. Ellos también avizoraban que la disputa terminaría a golpes.
En tanto, la coordinadora del PAN, Josefina Vázquez Mota, pedía calma a sus legisladores y que permanecieran en el recinto, en lo que ella dialogaba con el presidente de la Mesa Directiva y demandaba respeto al presidente de la República, pero los panistas estaban indecisos, pues del otro lado Francisco Javier Ramírez Acuña los llamaba a abandonar el recinto.
En ese momento se evidenciaron las fisuras al interior de la fracción del PAN, pues mientras uno de sus líderes pedía que abandonaran el recinto, la coordinadora oficial les solicitaba que se mantuvieran en el salón de sesiones.
Aparte, el diputado panista Julio Castellanos --el mismo que hace algunos meses pidió que se sancionara o expulsara a Manuel Clouthier de su partido por declarar que Calderón no estaba haciendo nada para detener el narcotráfico en Sinaloa— discutía acaloradamente con el legislador sinaloense.
Finalmente, el vicecoordinador del PRI, José Ramón Martell, propuso que se suspendiera la sesión por no haber condiciones para continuarla, pues en ese momento el PAN y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) habían decidido abandonar el salón.
Sin embargo, el mensaje ya había sido dejado en claro: con o sin reglamento, la minoría legislativa que encabeza Andrés Manuel López Obrador seguirá utilizando cuantas veces sea necesario sus métodos de manifestación.
Así, los 16 diputados del PT --más otros 60 legisladores del PRD que respaldan a López Obrador-- no son suficientes para ganar una votación en San Lázaro, pero sí para evidenciar --y llamar la atención mediáticamente-- acciones que la aplastante mayoría asume y que, desde el punto de vista de ellos, van en contra de la Nación.
Fuente: Proceso
Difusión AMLOTV
Monterrey, otra ciudad insegura: EU
Monterrey, otra ciudad insegura: EU
Luciano Campos Garza
MONTERREY, N.L., 4 de febrero (apro).- El consulado de Estados Unidos pidió hoy sus compatriotas a extremar precauciones por el incremento en robos a mano armada en restaurantes, cafeterías y tiendas de conveniencia de esta ciudad.
La advertencia se sumó a la recomendación que esta mañana hizo el consulado de EU en Guadalajara para que sus funcionarios y ciudadanos eviten salir por las noches o realizar viajes interurbanos.
De acuerdo con la oficina consular en Monterrey, en esta ciudad los ladrones operan en pequeños grupos que entran con armas a los locales comerciales, y mientras unos vigilan las puertas, otros roban bolsas, carteras, teléfonos y otros objetos de valor a los clientes.
En la alerta se aclara que ninguno de esos ataques se ha efectuado con violencia ni las víctimas han sido secuestradas.
A los ciudadanos de Estados Unidos que viven en la capital de Nuevo León, el gobierno de ese país les pide mantenerse vigilantes “todo el tiempo de lo que ocurre a tu alrededor y que detectes entradas y salidas alternas en los lugares que visites para hacer compras o consumir alimentos. Debes considerar también no llevar objetos de valor”.
Asimismo, sugiere a sus ciudadanos que se retiren de cualquier lugar en el que observen alguna actividad sospechosa, a fin de evitar ser abordados.
“Si eres objeto de un robo y no tienes escapatoria, tu estrategia más segura es acceder a las demandas de tu agresor y entregar los valores que poseas y que te pidan”, dice la alerta.
El 10 de septiembre pasado, el Consulado de EU en Monterrey concluyó el retiro de 25 familias que trabajaban en la capital nuevoleonesa, luego de determinar que su estancia en la ciudad no era segura.
Poco después, el 17 de octubre, suspendió una actividad de reforestación en el municipio de Santiago, al sur de Monterrey, donde dos meses antes fue asesinado el alcalde Edelmiro Cavazos.
Fuente: Proceso
Difusión AMLOTV
Repetición del programa ESUCHARTE con el Dr. Sladogna del 1-Febrero-11
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México: Ausencia de justicia por asesinatos y desapariciones en Monterrey
Difusión Cencos México D.F., 4 de febrero de 2011
Boletín de prensa
HRW
• Abusos del Ejército y la Marina deben ser investigados por la justicia penal ordinaria
Human Rights Watch señaló que habría militares y policías implicados en una serie de muertes y desapariciones ocurridas en el estado mexicano de Nuevo León durante 2010. Los agentes del ministerio público federal y estatal deberían adoptar medidas de forma inmediata para juzgar a los responsables.
En el marco de una misión de investigación llevada a cabo en el estado de Nuevo León, Human Rights Watch obtuvo evidencias de que ocho asesinatos cometidos durante 2010 habrían sido el resultado del uso ilegítimo de la fuerza letal por parte de miembros del Ejército y la Marina. Human Rights Watch también documentó más de una decena de desapariciones forzadas en las cuales las pruebas señalan que estarían involucrados miembros del Ejército, la Marina, y agentes de policía.
"La decisión de no llevar ante la justicia a soldados y policías responsables de asesinatos, desapariciones forzadas y otro tipo de violaciones graves envía el mensaje de que estos crímenes son tácticas aceptables para combatir al crimen organizado", expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. "Si bien es cierto que Nuevo León sufre niveles de criminalidad extremas, estos abusos oficiales socavan la eficacia de las medidas de seguridad pública y agravan la situación de violencia".
Los familiares de las víctimas informaron a Human Rights Watch que habían reclamado ante las autoridades estatales y federales y que, en la mayoría de los casos, se habían iniciado averiguaciones previas. Sin embargo, según los mismos familiares, ninguna persona ha sido sentenciada en relación con los delitos documentados en Nuevo León por Human Rights Watch.
Human Rights Watch descubrió graves irregularidades en las investigaciones de estos casos iniciadas por funcionarios de la justicia ordinaria. Por ejemplo, en algunas de las investigaciones no se entrevistó a testigos clave, tampoco se visitó el lugar de los hechos y no se cumplieron otros requisitos procesales básicos. A su vez, la justicia militar había asumido la jurisdicción de algunos casos y no había impulsado investigaciones serias. Tradicionalmente, el sistema de justicia militar de México ha garantizado la impunidad de los soldados que cometen violaciones de derechos humanos contra civiles.
En algunos casos, los familiares de víctimas que exigieron que se investigaran los incidentes han sido objeto de intimidación u hostigamiento.
A título de ejemplo, a continuación se describen dos casos de ejecuciones extrajudiciales documentados por Human Rights Watch en Nuevo León:
Rocío Romeli Elías Garza y Juan Carlos Peña Chavarria
El 3 de marzo, esta pareja (ambos de 29 años) fueron alcanzados por disparos efectuados por miembros del Ejército en el municipio de Anáhuac. Dos testigos informaron a Human Rights Watch que las víctimas habían salido de la fábrica donde trabajaban cuando, aproximadamente a las 12:15 p.m., quedaron en medio de un enfrentamiento entre militares y hombres armados. Dos hombres armados intentaron secuestrar su vehículo pero, al verse perseguidos por los soldados, desistieron y se dieron a la fuga. Juan Carlos salió del automóvil e intentó correr hasta un lugar seguro, pero fue impactado por disparos de los militares. Rocío y Juan Carlos lograron resguardarse detrás de otro automóvil, y fue hasta que terminó el enfrentamiento que, con las manos en alto, Rocío grita a los militares rogándoles que ayudaran a su marido, que estaba herido, y manifestando que eran civiles y no estaban armados. Un soldado que se encontraba a aproximadamente 3 metros de distancia les dispararon.
Un grupo de soldados se acercó hasta los cuerpos y les disparó nuevamente a quemarropa. Luego, según afirmaron los testigos, los soldados movieron los cuerpos y colocaron armas cerca de ambas víctimas. Al día siguiente, el Ejército emitió un comunicado en el cual anunció haber matado a ocho delincuentes en un enfrentamiento armado.
Los familiares de la pareja presentaron una querella el 11 de marzo ante la Agencia del Ministerio Público del estado. El 9 de agosto, la Agencia del Ministerio Público del estado publicó un oficio en el cual señalaba que Rocío y Juan Carlos "fueron víctimas en el enfrentamiento entre personal de la Sedena y sicarios", y que no había indicios para presumir que "pertenecieran algún grupo u organización delictiva, ni son señalados por persona alguna como participantes del evento donde perdieran la vida". En noviembre, se inició una investigación paralela en el sistema de justicia militar.
A casi un año de los asesinatos, tanto familiares como testigos informaron a Human Rights Watch que no habían sido entrevistados por investigadores de la justicia ordinaria ni militar, y que tampoco se les había informado sobre el estado de las investigaciones.
Vicente de León Ramírez y Alejandro Gabriel de León Castellanos
El 5 de septiembre, aproximadamente a las 9 p.m., siete civiles se trasladaban en automóvil por una carretera cerca de Apodaca. Cuando el vehículo aceleró la marcha para pasar a un convoy de soldados, un capitán disparó a los neumáticos y, acto seguido, tres soldados abrieron fuego contra el automóvil. Alejandro, de 15 años, y su padre Vicente murieron en el incidente. Otros cinco pasajeros resultaron heridos, entre ellos dos niños de 8 y 9 años.
En un comunicado de prensa del 6 de septiembre, Sedena señaló que las muertes se habían producido en un retén de control. En respuesta al pedido del Senado, el 13 de octubre Sedena presentó un informe sobre el incidente. En este se contradecía su versión anterior (aquella referida al retén de control) y se afirmaba que los soldados habían ordenado al automóvil que se detuviera desde otro vehículo en movimiento y que, al ver que no acataba la orden de detenerse, el capitán había disparado. Sedena admitió que "no existió agresión contra el personal militar" desde el automóvil y que los tres soldados habían disparado "por inercia". Los sobrevivientes, entre ellos la esposa de Vicente, manifestaron que los militares habían disparado sin ninguna advertencia y que en ningún momento hicieron señas para que la familia se detuviera.
El ministerio público militar ha iniciado una investigación del incidente, y varios soldados han sido acusados de "violencia contra las personas causando homicidio". Human Rights Watch solicitó reunirse con autoridades militares para analizar aspectos concretos de este y otros casos, pero la petición fue denegado.
A título de ejemplo, a continuación se describen dos casos de desapariciones forzadas documentados por Human Rights Watch en Nuevo León:
Jehú Abraham Sepúlveda Garza
El 12 de noviembre, Sepúlveda Garza había detenido su camioneta pick-up afuera de una tienda en San Pedro Garza García cuando, aproximadamente a las 6:15 p.m., fue interceptado por miembros de la policía de tránsito. Según un registro proporcionado por la policía municipal, como no llevaba consigo su licencia de conducir, fue detenido y trasladado a la estación de policía. No había transcurrido una hora desde su detención cuando, sin la correspondiente orden de aprehensión, miembros de la policía ministerial de Monterrey se presentaron en la estación de policía y se llevaron a Sepúlveda Garza en un vehículo bajo su custodia.
La esposa relató a Human Rights Watch que llamó al teléfono celular de su marido a las 7:30, poco después de que fue transferido a la policía ministerial. La víctima respondió el llamado y dijo que no se le había permitido efectuar llamadas y que estaba siendo trasladado por la policía ministerial hasta su delegación, pero que, según le habían informado, sería liberado a la brevedad. Una hora después, su esposa llamó nuevamente, pero el teléfono había sido apagado. Ante esta situación, sus familiares iniciaron una búsqueda inmediata para dar con su paradero ante distintas estaciones de policía, bases militares y oficinas estatales y federales. Todos afirmaron que Sepúlveda no se encontraba detenido allí.
En los días siguientes a su detención, la policía ministerial ofreció versiones contradictorias de los hechos. En un primer momento, dijeron a los familiares que no lo habían detenido, y luego les informaron que la víctima se encontraba bien y que estaba bajo su custodia. Posteriormente, dijeron que había sido puesto a disposición de la Marina la misma noche en que fue detenido. La Procuraduría de Justicia del estado inició una investigación sobre su paradero.
La esposa de la víctima, quien tuvo acceso al expediente, informó a Human Rights Watch que dos oficiales de la Marina declararon ante la Procuraduría del estado que Sepúlveda Garza había sido puesto a su disposición sin aparente justificación, y que fue liberado luego de un breve interrogatorio. Desde los altos mandos de la Marina, se continúa negando que esta institución haya intervenido en la custodia de la víctima. Sus familiares desconocen su paradero y no han tenido noticias de él desde la noche en que fue detenido.
José Guadalupe Bernal Orzúa
Este joven de Monterrey, de 22 años, fue detenido el 23 de mayo a las 10 p.m., cuando salía de la casa de su suegra, quien fue testigo de su detención. Luego de varios días sin tener noticias, la madre de Bernal, Isabel Orzúa García, se presentó ante el Ejército, la Marina y la policía, pero todos negaron haber detenido a su hijo. Posteriormente, presentó una denuncia formal ante la Procuraduría de Justicia.
Durante la semana siguiente a la presentación de la denuncia, la vivienda de Bernal fue allanada en dos ocasiones por fuerzas de seguridad. Dos semanas después de la denuncia, se presentó en el domicilio de la madre de la víctima un hombre vestido de civil que afirmó pertenecer a la Procuraduría estatal y le preguntó "¿Está segura de que no quiere retirar la demanda?". Orzúa interpretó estas declaraciones como una amenaza.
Orzúa informó a Human Rights Watch que no sabía si las autoridades civiles o militares habían iniciado una investigación por la desaparición de su hijo. La suegra de Bernal nunca fue entrevistada por investigadores civiles o militares. Aún se desconoce el paradero de Bernal.
México es parte de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas desde marzo de 2008. Entre las obligaciones jurídicas asumidas en los tratados, México tiene el deber específico de registrar la detención de cualquier persona y proporcionar información al respecto; investigar en forma rápida, imparcial y efectiva todas las denuncias sobre desapariciones; y sancionar penalmente a los implicados. El incumplimiento por parte de las autoridades de Nuevo León incluso de las garantías más básicas de la Convención despierta dudas acerca de en qué medida el gobierno Mexicano cumple con la Convención, señaló Human Rights Watch.
En la mayoría de los casos sobre presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por miembros del Ejército o la Marina, los agentes del ministerio público del fuero común han renunciado a su jurisdicción y han transferido los casos al fuero militar. Según comentaron a Human Rights Watch agentes de la Procuraduría General de la República habían iniciado investigaciones en "dos o tres" casos de presuntas violaciones de derechos humanos en Nuevo León, que aún estaban en curso.
El 20 de diciembre, la Corte Interamericana dictó una sentencia vinculante para México, en la cual dispuso que todas las violaciones de derechos humanos debían ser investigadas y juzgadas en el sistema de justicia penal ordinario. Se trata de la cuarta sentencia sobre abusos militares contra civiles dictada por la Corte desde 2008. En todas, la Corte determinó que bajo ninguna circunstancia puede operar la jurisdicción militar en casos de violaciones de derechos humanos de civiles cometidas por las fuerzas armadas.
Las investigaciones de Human Rights Watch-incluido un informe de 2009, Impunidad Uniformada-han demostrado que el sistema de justicia militar de México carece de la independencia e imparcialidad necesarias para ofrecer vías de acción efectivas a las víctimas, a través de la investigación y el juzgamiento de los militares que cometen violaciones de derechos humanos. El Secretario de la Defensa ejerce a la vez poderes ejecutivos y judiciales sobre las fuerzas armadas, el control civil de las decisiones de los tribunales militares es muy limitado y prácticamente no existe ningún escrutinio público de las investigaciones y los juicios militares.
"El Gobernador Medina debe asegurarse de que los agentes del ministerio público del estado lleven a cabo una investigación enérgica, exhaustiva e imparcial de estos asesinatos y desapariciones, y debe enviar un mensaje claro de que su gobierno no tolerará ningún tipo de violaciones de derechos humanos ni investigaciones mediocres", afirmó Vivanco. "Ante un sistema de justicia militar que ha demostrado mayor preocupación por proteger a sus miembros que por asegurar justicia para las víctimas, es crucial que las autoridades de la justicia ordinaria investiguen los abusos del Ejército y la Marina".
Washington, DC; 3 de enero de 2011
Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos
Clausura STPS Mina Lulu; ya habían muerto cuatro mineros, dos de ellos el miércoles
Difusión Cencos México D.F., de febrero de 2011
Boletín de prensa
Familia Pasta de Conchos
Por primera vez en la historia de la región carbonífera del Estado de Coahuila, la Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS) determinó la clausura total de la mina de carbón de nombre Lulú.
Debido al desacato sistemático de la empresa Minera Siderúrgica de Coahuila a lo que la STPS le ordenó reiteradamente desde el año 2009.
La empresa tenía la orden de restringir el ingreso de los mineros para la extracción de carbón hasta que se establecieran las medidas de seguridad.
No lo hizo y desafiando a las autoridades y violentando los derechos humanos laborales de los mineros y sus familias, les ocultó esta restricción a sus mismos trabajadores.
A consecuencia de su negligencia el día de ayer 02-02-2011 fallecieron los mineros: Daniel Vaquera y Juan Manuel Gómez. En 2009 murieron en ella, Alfredo Ríos y Rogelio Soto.
¿y tú que haces para evitar la muerte de los mineros y el sufrimiento de sus familias?
CEREAL
Centro de Reflexión y Acción Laboral
proyecto obrero de Fomento Cultural y Educativo A.C.
Privada de Lago San Pedro # 13,
Col. Cinco de Mayo, Del. Miguel Hidalgo,
CP11430, México D.F.
Tel. 01 (55) 52 50 03 28 / 55 45 99 25
Fuente: CENCOS
Denuncia ONU vulnerabilidad de niños por "guerra" de Calderón
Denuncia ONU vulnerabilidad de niños por "guerra" de Calderón
La redacción
MEXICO, DF, 4 de febrero (apro).- La Organización de las Naciones Unidas (ONU) denunció hoy la vulnerabilidad y desprotección que padecen los niños y adolescentes mexicanos en el marco de la “guerra” contra el narcotráfico emprendida por el gobierno de Felipe Calderón.
Por primera ocasión, el organismo internacional se pronunció al respecto a través del Comité de los Derechos del Niño, que evaluó el cumplimiento de México sobre el Protocolo de Participación de Niños y Niñas en Conflictos Armados.
En un comunicado, previo a las conclusiones del organismo próximas a publicarse, el Comité de ONU “expresó su gran preocupación por el elevado número de niños víctimas (unos mil niños muertos en los últimos cuatro años) como resultado de la lucha del Ejército contra la delincuencia organizada, violaciones de los derechos del niño y la ausencia de investigación de los delitos perpetrados por personal militar”.
El Comité evaluó el cumplimiento del Protocolo a partir de información que le remitieron organizaciones civiles de México y el propio gobierno de Calderón durante una audiencia pública celebrada el lunes 31 de enero en Ginebra, Suiza.
En esa audiencia, el gobierno mexicano presentó un informe sobre las medidas de protección aplicadas contra la venta de menores, prostitución y pornografía infantil, así como para evitar su participación en conflictos armados.
La delegación mexicana, encabezada por el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Felipe Zamora Castro, rechazó que en México exista un conflicto armado y que menores participen en grupos de la delincuencia organizada.
Por su parte, un colectivo de ONG entregó al Comité de la ONU información sobre la participación de entre 25 mil y 30 mil adolescentes en la llamada “guerra” contra el narcotráfico.
Incluso el conflicto ya ha cobrado la vida de 35 mil personas de diciembre de 2006 a la fecha, denunció Juan Martín Pérez García, miembro de uno de los organismos civiles que estuvieron presentes en la reunión de Ginebra.
Según el documento “Infancia y conflicto armado en México”, elaborado por la Red para los Derechos de la Infancia en México (Redir), el narcotráfico utiliza a los menores de 12 años como vigilantes o “halcones”, mientras que a los de 12 a 15 años los emplea en el traslado de droga.
Los de 16 años en adelante, alerta, ya empiezan a ser contratados como sicarios, mientras que a las niñas las emplean como empaquetadoras de droga.
Según el estudio de Redir, “actualmente 35 mil niños y jóvenes operan con pandillas trasnacionales como la Mara Salvatrucha y Los Zetas, mientras que la M-18, que opera en conjunto con el cártel de Sinaloa, enrola alrededor de 8 mil niños y jóvenes”.
Por esas razones, este viernes la ONU también consideró preocupante que México carezca de información sobre el uso de niños por grupos no estatales armados, y por tanto el que no haya asumido acciones para impedir el reclutamiento de niños por parte de grupos no estatales.
“El Comité recomienda al Estado parte que adopte todas las medidas necesarias para garantizar que no haya niños que fueron reclutados por grupos armados no estatales, incluyendo la identificación y seguimiento de los diversos grupos armados no estatales en el país, incluidos los grupos paramilitares, grupos de delincuencia organizada y las empresas de seguridad”, aclaró.
Más aún, exteriorizó su preocupación por el hecho de que estudiantes de las escuelas militares hubiese tomado parte en la lucha contra el narcotráfico, al participar en la búsqueda y destrucción de drogas en acciones que ponen en riesgo su vida, como documentó la Red por los Derechos de la Infancia.
Fuente: Proceso
Difusión AMLOTV
Denuncia ONU vulnerabilidad de niños por "guerra" de Calderón
Denuncia ONU vulnerabilidad de niños por "guerra" de Calderón
La redacción
MEXICO, DF, 4 de febrero (apro).- La Organización de las Naciones Unidas (ONU) denunció hoy la vulnerabilidad y desprotección que padecen los niños y adolescentes mexicanos en el marco de la “guerra” contra el narcotráfico emprendida por el gobierno de Felipe Calderón.
Por primera ocasión, el organismo internacional se pronunció al respecto a través del Comité de los Derechos del Niño, que evaluó el cumplimiento de México sobre el Protocolo de Participación de Niños y Niñas en Conflictos Armados.
En un comunicado, previo a las conclusiones del organismo próximas a publicarse, el Comité de ONU “expresó su gran preocupación por el elevado número de niños víctimas (unos mil niños muertos en los últimos cuatro años) como resultado de la lucha del Ejército contra la delincuencia organizada, violaciones de los derechos del niño y la ausencia de investigación de los delitos perpetrados por personal militar”.
El Comité evaluó el cumplimiento del Protocolo a partir de información que le remitieron organizaciones civiles de México y el propio gobierno de Calderón durante una audiencia pública celebrada el lunes 31 de enero en Ginebra, Suiza.
En esa audiencia, el gobierno mexicano presentó un informe sobre las medidas de protección aplicadas contra la venta de menores, prostitución y pornografía infantil, así como para evitar su participación en conflictos armados.
La delegación mexicana, encabezada por el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Felipe Zamora Castro, rechazó que en México exista un conflicto armado y que menores participen en grupos de la delincuencia organizada.
Por su parte, un colectivo de ONG entregó al Comité de la ONU información sobre la participación de entre 25 mil y 30 mil adolescentes en la llamada “guerra” contra el narcotráfico.
Incluso el conflicto ya ha cobrado la vida de 35 mil personas de diciembre de 2006 a la fecha, denunció Juan Martín Pérez García, miembro de uno de los organismos civiles que estuvieron presentes en la reunión de Ginebra.
Según el documento “Infancia y conflicto armado en México”, elaborado por la Red para los Derechos de la Infancia en México (Redir), el narcotráfico utiliza a los menores de 12 años como vigilantes o “halcones”, mientras que a los de 12 a 15 años los emplea en el traslado de droga.
Los de 16 años en adelante, alerta, ya empiezan a ser contratados como sicarios, mientras que a las niñas las emplean como empaquetadoras de droga.
Según el estudio de Redir, “actualmente 35 mil niños y jóvenes operan con pandillas trasnacionales como la Mara Salvatrucha y Los Zetas, mientras que la M-18, que opera en conjunto con el cártel de Sinaloa, enrola alrededor de 8 mil niños y jóvenes”.
Por esas razones, este viernes la ONU también consideró preocupante que México carezca de información sobre el uso de niños por grupos no estatales armados, y por tanto el que no haya asumido acciones para impedir el reclutamiento de niños por parte de grupos no estatales.
“El Comité recomienda al Estado parte que adopte todas las medidas necesarias para garantizar que no haya niños que fueron reclutados por grupos armados no estatales, incluyendo la identificación y seguimiento de los diversos grupos armados no estatales en el país, incluidos los grupos paramilitares, grupos de delincuencia organizada y las empresas de seguridad”, aclaró.
Más aún, exteriorizó su preocupación por el hecho de que estudiantes de las escuelas militares hubiese tomado parte en la lucha contra el narcotráfico, al participar en la búsqueda y destrucción de drogas en acciones que ponen en riesgo su vida, como documentó la Red por los Derechos de la Infancia.
Fuente: Proceso
Difusión AMLOTV
Oaxaca: Una difícil transición
AIPIN
Agencia de Prensa Indio
Adital
Por Carlos Beas Torres
Oaxaca vive en estos momentos una situación compleja y confusa. Se respira un ambiente enrarecido y la tensión y la incertidumbre crecen día a día en amplias regiones que están sumidas en conflictos políticos que tienden a desbordarse; en la misma capital del estado, policías embozados recorren amenazantes las calles y su zócalo está cercado con vallas metálicas cuidadas por uniformados de rostro ceñudo e intimidante.
Esta es sin lugar a dudas la primera prueba de fuego a la que es sometida la naciente administración del nuevo gobernador Gabino Cué.
Durante largas ocho décadas Oaxaca sufrió los excesos y corruptelas de los grupos gobernantes ligados al Partido Revolucionario Institucional.
Los gobiernos priistas construyeron una gobernabilidad autoritaria basada principalmente en la violencia desplegada por las redes de control caciquil y en la compra de votos con recursos públicos.
En esta largo período cientos de funcionarios, empresarios y caciques se enriquecieron bajo la sombra de gobiernos violentos y corruptos, sus magníficas residencias ubicadas en el pueblo de San Felipe del Agua son muestra evidente de ello.
Es claro que el grupo priista no quedó conforme con la derrota de su candidato a la gobernatura en las elecciones de julio pasado y para no perder totalmente su poder y privilegios, diseño un plan para apoderarse a costa de lo que fuera del mayor número posible de ayuntamientos y con ello generar conflictos en las diferentes regiones, utilizando los invaluables servicios del Instituto Estatal Electoral, instancia que anulo sin más ni más 46 elecciones en municipios de usos y costumbres, es decir en municipios indígenas.
Ulises Ruiz dejo como herencia un estado saqueado y desgarrado por la represión y el encono, pero también heredó decenas de bombas de tiempo que han venido estallando en los últimos días.
Estos conflictos atizados por los operadores priistas también tienen como propósito el cubrir las espaldas al grupo de Ulises Ruiz, el cual se apoderó de miles de millones de pesos y ante la posibilidad de ser castigado por sus fechorías; construyo escenarios de violencia para negociarlos a cambio de impunidad.
Frente a la escalada de conflictos, el gobierno de Gabino Cué ha actuado de manera débil y contradictoria, esta actuación está relacionada con que algunos de los funcionarios de su gobierno que están encargados para atender esta conflictividad son priístas e incluso algunos de ellos fueron operadores del mismo Ulises Ruiz.
Temprano en una fresca mañana de enero pasado, un helicóptero desciende en la comunidad de Santiago Yaveo y de él sale presuroso un funcionario del "nuevo gobierno estatal”, quién tiene encomendado resolver un grave conflicto político; al verlo de inmediato es reconocido por un comunero que lo increpa y le dice "que hace usted aquí, que no cambio gobierno”.
Y en efecto el funcionario cuestionado había sido un importante operador político de la administración ulicista.
Guadalupe, es una mujer chinanteca que encabeza a un grupo campesino que enfrenta un violento conflicto agrario, hace dos años fue atacada a balazos y sufrió graves heridas ocasionadas por proyectiles de bala, esta agresión ha permanecido hasta ahora impune.
Por ello hace apenas unos días fue esperanzada a la ciudad de Oaxaca a pedir justicia y para su sorpresa se encontró con que el alto funcionario de la Procuraduría que la atendió, era el mismo que hacía algunos años le había exigido dinero y como se había negado a dárselo, la había encarcelado arbitrariamente.
Guadalupe con toda razón dice "cual cambio, si es la misma gata nada más que revolcada”.
En el pueblo costeño de Astata, cientos de vecinos enardecidos cerraron por espacio de dos días la carretera federal exigiendo la destitución de un administrador enviado por el gobierno estatal, a quien acusan de sus nexos con el PRI.
Uno de los inconformes reclama a gritos: "se fue Ulises pero dejo a su raza”
Estas son apenas tres historias que nos muestran la confusión y desencanto que ya privan en algunos sectores de la sociedad oaxaqueña ante el continuismo que caracteriza al nuevo gobierno del estado.
Desencanto y malestar por las señales que desde el mismo primer día envió el gobernador Cué, como fue el invitar a su toma de posesión a Jorge Franco Vargas un personaje siniestro sumamente cercano a Ulises Ruiz y responsable directo de brutales actos represivos.
Pésima señal fue también sin lugar a dudas la de designar a una política priísta como Secretaria de Gobierno.
En Oaxaca es conocida la estrecha relación que existe entre la Secretaria Irma Piñeyro y el bravucón y teatral ex gobernador José Murat.
Mientras que la Secretaria Piñeyro declara públicamente que no hay "mano negra” detrás de la situación explosiva que viven regiones enteras del estado, las provocaciones crecen día a día; los recientes asesinatos de luchadores sociales como la ejecución del líder campesino Renato Cruz Morales, quien fuera uno de los dirigentes de la APPO en la región de la Cuenca o la retención de funcionarios, policías y ciudadanos lo mismo en Juxtlahuaca que en el puerto de Salina Cruz, son muestra de ello.
La transición que reclama a gritos el pueblo de Oaxaca no camina y ello se debe en parte también a la parálisis que muestra la sociedad civil organizada.
Muchos de los grupos sociales se han conformado con disputar espacios laborales dentro de la nueva administración o se han montado en los conflictos postelectorales, bajo el principio de que en aguas revueltas ganancia de pescadores.
Ante esta realidad es urgente que la sociedad civil oaxaqueña impulse una profunda reforma de estado, que se base en la participación ciudadana y que asegure el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres, los jóvenes, los pueblos indios y demás sectores mayoritarios del pueblo de Oaxaca.
Una reforma profunda fundada en el acuerdo político de los diferentes sectores de la sociedad oaxaqueña con el gobierno estatal con el fin de asegurar una gobernabilidad democrática y el buen vivir basado en el aprovechamiento sustentable y equitativo del conocimiento, el trabajo y los recursos de los oaxaqueños.
El gobierno de Gabino Cué debe mostrar su voluntad de transitar hacia una nueva relación con el pueblo de Oaxaca.
No puede llamar a la reconciliación si no da pasos efectivos para castigar a los homicidas de decenas de oaxaqueños como Catarino Torres o Bety Cariño o a los responsables del desfalco, saqueo y la pobreza de los oaxaqueños.
No se puede transitar desde arriba hacia la democratización y la justicia en Oaxaca.
Esta voluntad debe además expresarse haciendo una depuración de los funcionarios corruptos vinculados con el antiguo régimen que hoy ocupan espacios importantes en el nuevo gobierno.
De otra manera la transición que tanto reclama el pueblo oaxaqueño se perderá en los laberintos de la confusión, la parálisis, los conflictos creados, el desencanto y la impotencia, abriéndose con ello la puerta a escenarios regresivos.
La larga noche del priismo en Oaxaca aún no termina, ya que aún no despunta el amanecer.
Pd.-!!! Libertad a Jaime Betanzos, preso politico mazateco!!!!
Fuente: Notas Rebeldes
El Cepad repueba a la CEDHJ como defensora de la sociedad
Piden al Congreso determinar si Álvarez Cibrián debe permanecer en el cargo
ANALY S. NUÑO
El 2010 es un año que ratifica que en Jalisco se vive una situación crítica en torno a los derechos humanos, aseguró Francisco Macías Medina, titular de la dirección ejecutiva del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), al presentar el informe sobre la situación de los derechos humanos en Jalisco, en el que se advierte que los menores de edad, la violencia de género y los casos relacionados con la seguridad, además de las agresiones contra periodistas, son los sectores más afectados.
Durante la presentación del documento, Macías Medina reprobó el trabajo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) y por consiguiente el de su titular, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, ya que considera el organismo se ha convertido en una instancia opaca y distante de la sociedad, pues sus actuaciones han marcado un retroceso que exhibe la ausencia de mecanismos eficaces al servicio de los habitantes.
“En Jalisco existe una crisis en los derechos humanos provocada sobre todo por las instancias públicas, siendo el elemento más crítico en este escenario la crisis de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que está perdida ante intereses políticos ajenos a su función, con un posicionamiento de defensa distante de la sociedad, con un alto contenido de improvisación, sin rendir cuentas, opaca y peor aún, con una defensa ortodoxa y mediática que nada sirve al escenario actual”, señaló.
Y cuestionó: “¿De qué sirve contar con un organismo que se ha convertido en una agencia de colocaciones y de aumento de ingresos para su jerarquía? ¿es útil que se repare el daño a las víctimas si esto se hace solamente en términos monetarios, pero no en un incremento de dignidad o en la modificación de aquellas prácticas que ocasionan las violaciones? ¿Para qué sirve una Comisión que concluye quejas sin haberlas investigado, como en el caso del asco del gobernador?”
Tras los señalamientos, la Cepad lanzó un exhorto a los legisladores: “ante este escenario el Congreso del Estado tiene la gran responsabilidad de decidir si mantiene en el cargo al presidente de la CEDHJ, que en caso de no hacerlo, sería también corresponsable de las graves omisiones que se están suscitando en dicho organismo”.
El documento presentado por el Cepad está integrado por 15 textos que el organismo trabajó en conjunto con organizaciones civiles, periodistas, grupos vulnerables, pueblos índigenas y la sociedad civil, quienes trabajan desde distintos ámbitos y con distintas perspectivas por el reconocimiento de los derechos humanos.
En este contexto, los temas que destacan son: la criminalización de la protesta social, tema que desarrollan los trabajadores de telesecundarias de Jalisco, la situación que vive la comunidad indígena wixárika frente a la contaminación, despojo y mercantilización del agua que se encuentra dentro de su territorio, además de las agresiones en contra de periodistas y personas que ejercen el derecho a la libertad de expresión.
Entre otros casos que se abordan en el informe se encuentran la situación de los ciclistas y la ausencia de políticas públicas que aseguren el derecho a la seguridad e integridad en torno a la movilidad no motorizada, las negligencias médicas que han afectado a menores de edad y el Operativo Rescate que llevó a cabo el ayuntamiento de Guadalajara.
Finalmente, también se integra una evaluación de la actuación de la CEDHJ 2009-2010 y un análisis de la tortura en Jalisco.
Por su parte, el ombudsman jalisciense no quizo reconocer la labor del organismo y señaló que prefiere esperar a emitir su informe anual de actividades 2010, documento en el que “sí habrá datos precisos y ciertos”.
“Yo respeto, no vamos a invertir tiempo tan valioso que tenemos para atender a elementos o señalamientos sin fundamento y sin datos basados en una realidad, mejor me quedo con las más de 200 organizaciones defensoras de derechos humanos con las que la Comisión trabaja a diario”.
Fuente: La Jornada de Jalisco
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