viernes, 25 de febrero de 2011
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Comunicado de TDR - EP
Al pueblo de México.
A los medios de comunicación escritos y electrónicos.
Ante la denuncia que el empresario Eduardo García Valseca ha venido realizando en diversos medios de comunicación, respecto del secuestro y tortura de que fue objeto, y los alcances de tal denuncia, consideramos necesario hacer las siguientes precisiones.
Nuestra organización no tuvo ni tiene nada que ver con el secuestro del Sr. García Valseca, como él lo ha venido reiterando, al parecer, engañado y fuertemente convencido. Es más, al señor no lo conocíamos e ignorábamos de su existencia hasta que apareció en los medios responsabilizándonos de su secuestro y de las agresiones que le fueron infligidas.
Con base en una ética de convicciones y responsabilidades, y a fin de deslindar nuestro accionar de la actividad delincuencial generalmente apadrinada por los cuerpos policiacos, desde el 2004 nuestra organización decidió asumir la responsabilidad de practicar, como un medio de financiamiento legítimo, la captura, retención y cobro de impuestos - jamás la tortura - a quienes en nuestro país hayan hecho su fortuna valiéndose del uso corrompido del poder y pretendan gozar de total impunidad.
Así lo hemos reconocido públicamente, en el marco de la contienda política, ideológica y militar cada vez más abierta y frontal, que se está desarrollando en nuestro país entre quienes detentan el poder y algunos sectores del pueblo organizados y en lucha. Pero eso es una cosa y otra que, a partir de dicho reconocimiento y con fines claramente contrainsurgentes, diversas autoridades federales (Genaro García Luna, Facundo Rosas, Benito Roa, Armando Espinoza y otros) hayan maquinado convencer al Sr. García Valseca de que nuestra organización fue la responsable de su secuestro, sin más prueba que su dicho y el reporte de un supuesto modus operandi similar al que desplegamos.
Esta maniobra tiene el propósito de enderezar baterías en contra nuestra y proteger a los efectivos responsables del evento en cuestión, a juzgar por los datos duros surgidos en la narración del propio Sr. García Valseca y por la actitud evasiva que frente a su caso han asumido los jefes policiacos mencionados (escudándose en argumentos de supuesta seguridad nacional), cobijados en el discurso antiterrorista y de supuesta lucha contra el narcotráfico.
Sonados casos, como el de Florence Cassez y otros como los que costaron la vida al joven Fernando Martí y a la hija del Sr. Nelson Vargas, prueban el involucramiento de los cuerpos policiacos en la actividad que debieran combatir y, especialmente, la descomposición existente en sus mandos, los que contra toda lógica, evidencia y denuncia ciudadana siguen protegidos, ni más ni menos, por el ejecutivo federal.
Ya en el Manifiesto No. 8, de fecha 23 de septiembre del 2008, firmado por varias organizaciones revolucionarias armadas, destacamos “la estructuración de mafias dentro del gobierno en sus distintos niveles, y al interior de los cuerpos policiacos y militares”, señalando que “parte de estas mafias han resultando ser antiguos miembros de los escuadrones de la muerte que los gobiernos priistas entrenaron, en la década de los 60 y 70, para combatir a la guerrilla y a los movimientos populares; como lo prueba la identidad del ex miembro de la extinta, y tristemente célebre, Dirección de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia (DIPD) - Sergio Humberto Ortiz Juárez (alias “el Apá”) - implicado en el secuestro y asesinato del hijo del empresario Alejandro Martí, junto con elementos en activo de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), de la Policía Federal (PF) y de otros cuerpos policiacos”, como “la Lore”, protegida de Genaro García Luna. “Mafias que - decíamos - enardecidas por el ansia de poder y de dinero, se vuelven rabiosas contra la ciudadanía; principalmente, contra las familias de los medianos y pequeños empresarios y, en menor medida, contra sus propios amos: las familias millonarias; secuestrando, mutilando y asesinando -sin escrúpulo alguno- a sus víctimas. De ahí el reproche de la clase empresarial contra sus empleados panistas en el gobierno: ¡Si no pueden, renuncien!, al constatar -con temor, enojo y desencanto- su incapacidad para atajar la ola de inseguridad y de violencia.”
El propio Sr. García Valseca se ha encargado de evidenciar, con la denuncia de su caso, la incapacidad y actitud displicente de los jefes policiacos e incluso la complicidad de éstos con los efectivos responsables de su secuestro; pero seguramente con los datos duros que él tiene, no con los que le sembraron para incriminarnos, y el seguimiento a las líneas de investigación que aquellos abran, podrá desentrañar el origen del suplicio al que fue sometido, si es que ese es realmente su propósito.
Respecto del abogado José Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Justicia Penal, consideramos necesario señalar la pretensión que éste tiene de utilizar lo sucedido al Sr. García Valseca en función de la “santa cruzada antiterrorista” en la que aquel participa desde hace muchos años; cruzada en la que ha quedado de manifiesto su ideología y práctica políticas. Baste un ejemplo que lo retrata de cuerpo entero: en la “Cumbre San Cristobal: Humanismo Eficaz” realizada el 8 de noviembre de 2008 en el Centro Fox, San Francisco del Rincón, Guanajuato, este abogado le dirigió las siguientes palabras al entonces presidente colombiano Álvaro Uribe, tras la Masacre de Sucumbíos: “Pues yo le entrego esto, presidente… aquí está la carta, aquí está la denuncia que presentamos en la procuraduría… la ampliación… y una carta solicitándole más elementos para poder ir convenciendo a la opinión pública mexicana de que usted al bombardear Sucumbíos tenía la razón. Y que la fuerza de la policía y del ejército colombianas se impusieron en contra de esos bandidos”… refiriéndose a los estudiantes mexicanos y a los miembros de las FARC que ahí se encontraban y que fueron, la mayoría de ellos, asesinados; ‘cumbre’ en la que Álvaro Uribe - despidiéndose - expresó a los presentes, entre mutuas bendiciones, “Ustedes son mis socios, ¡mis socios antiterrorismo!”
Sin nada más que agregar, reiteramos nuestra disposición a asumir, sin dobleces ni mentiras, la responsabilidad que se derive de nuestros actos.
¡Contra el neoliberalismo, el poder popular!
¡Por el socialismo: vivir, luchar, vencer!
¡Ser pueblo, hacer pueblo, estar con el pueblo!
Tendencia Democrática Revolucionaria – Ejército del Pueblo
TDR-EP
República Mexicana, febrero 16 de 2011.
En presencia de funcionarios estatales Ejército de Dios ataca con armas de fuego a adherentes de La Otra Campaña en Mitzitón
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
A 23 de febrero de 2011
Boletín No. 05
En presencia de funcionarios y policía del estado, grupo de no cooperantes, liderados por el Ejército de Dios ataca con armas de fuego a adherentes de La Otra Campaña en Mitzitón
Este Centro de Derechos Humanos considera inaceptable la violencia ejercida por el grupo conocido como “no cooperantes” liderados por el “Ejército de Dios”, “Alas de Águila”, en contra de los adherentes a La Otra Campaña (LOC) de la comunidad de Mitzitón, San Cristóbal de Las Casas (SCLC), Chiapas; en presencia de funcionarios estatales, que dejó como resultado dos heridos graves.
Según datos con los que cuenta este Centro de Derechos Humanos (Frayba), el hecho inicial que derivó en la agresión con armas de fuego, fue una discusión que ocurrió el 13 de febrero del 2011, en Mitzitón entre el Sr. Jesús Heredia de la Cruz –Presidente del Consejo de Vigilancia de Mitzitón, adherente a LOC y su hermano el Sr. Miguel Heredia de la Cruz (en adelante Miguel), integrante del “Ejército de Dios”, “Alas de Águila”. Como mediador de esta discusión se encontraba el Sr. Andrés Heredia (en adelante Andrés) adherente a LOC. La discusión en apariencia concluyó con la amonestación verbal a Miguel, para que tuviera cuidado al conducir su vehículo por zonas en donde transitan niños y demás personas de la comunidad.
Según información con la que cuenta el Frayba, Miguel, al sentirse ofendido por la amonestación que le había hecho la autoridad comunitaria, reunió a un grupo de personas “no cooperantes” junto con líderes del “Ejército de Dios”, “Alas de Aguila”, entre los que se encontraban, Carmen Gómez Gómez, José Hernández Gómez, Miguel Díaz Gómez, Alfredo Díaz Gómez, Juan Gómez Díaz entre otros, quienes regresaron a la casa del Sr. Jesús Heredia, con la intención de detenerlo, pero sus familiares lo impidieron.
Debido a los hechos, los testigos relatan que aproximadamente a las 17:40 hrs., Andrés quiso mediar en la situación indicándoles que trataran de calmarse y buscar una solución pacífica, pero el grupo de personas “no cooperantes” liderados por integrantes del “Ejército de Dios”, “Alas de Águila”, sujetaron a Andrés y lo subieron al vehículo de Miguel, trasladándolo a una cárcel no oficial que se encuentra dentro de la propiedad de los Sres. Francisco y Gregorio Gómez, padre e hijo, también integrantes y líderes de este grupo de “no cooperantes”. En ese lugar, Andrés fue desnudado, pateado, golpeado con garrotes y polines y ya en semiinconsciencia fue orinado por sus agresores. Debido a ello, horas después tuvo que ser ingresado a un hospital en la ciudad de SCLC.
Según narran las autoridades de la comunidad de Mitzitón adherentes a LOC, “… al ver un carro donde viajaban Julio Jiménez González, propietario del vehículo y quien conducía, Miguel Jiménez Glez (su hermano mayor), Julio Jiménez Jiménez (hijo) y Sergio Jiménez Heredia, quienes se dirigían a la casa de Francisco y Gregorio Gómez, la gente tapó el paso, deteniendo a las personas que viajaban en el carro,(…) los invitamos a que nos acompañaran, debido a que sus compañeros tenían retenido y torturado a nuestro compañero Andrés, hablamos con don Julio Jiménez porque él ya es una persona de edad mayor, le pedimos que interviniera mediando, que hablara con su gente, no cooperantes del Ejército de Dios, porque ya son muchas agresiones. Así fue como don Julio fue cuatro veces a platicar con su grupo a la casa de Francisco y Gregorio, para que liberaran a Andrés, para que no lo siguieran golpeando, pero su grupo no hizo caso.”
Por los acontecimientos, desde las 18:30 hrs. este Centro de Derechos Humanos, solicitó la intervención del Subdirector de Averiguaciones Previas de la Fiscalía Especializada de Justicia Indígena Gregorio Pérez Gómez. También se tuvo conocimiento que ya se encontraban en la comunidad un operador político de la región Altos y más tarde, hacia las 22:40 hrs., integrantes del Consejo Estatal de Derechos Humanos. Los pobladores de Mitzitón adherentes a LOC, quienes se encontraban en la iglesia de la comunidad pidiendo a los funcionarios de gobierno que hicieran la valoración médica al agredido, estaban muy molestos por la agresión y actos humillantes de que fue objeto Andrés.
En ese momento aproximadamente a las 23:05 hrs., mientras los funcionarios del estado se encontraban ahí, se registraron disparos de arma de fuego, resultando herido en el abdomen el Sr. Carmen Jiménez Heredia, adherente a LOC, quien fue hospitalizado en la ciudad de SCLC. Inmediatamente integrantes de este Centro de Derechos Humanos se comunicaron con el funcionario de la Fiscalía Especializada de Justicia Indígena, quien confirmó la agresión con armas de fuego. Es importante mencionar que elementos de la Policía Estatal Preventiva, se encontraban en la comunidad cuando ocurrieron los disparos.
Alrededor de las 02:00 hrs. del 14 de febrero, fueron detenidas 23 personas del grupo de “no cooperantes” y siete de ellas consignadas ante la autoridad judicial al ser probables responsables de los delitos de privación ilegal de la libertad en su modalidad de plagio o secuestro, homicidio en grado de tentativa y atentados contra la paz por los hechos ocurridos en la comunidad de Mitzitón. No obstante, debido a la detención de estas personas, hay un clima de tensión en la comunidad, que pone en vulnerabilidad a la población del lugar, ya que se pueden detonar otros actos de violencia que pongan en riesgo la vida, así como la integridad y seguridad de las personas. Cabe mencionar que el grupo de no cooperantes han realizado bloqueos nocturnos sobre la carretera y los caminos de terracería en la comunidad.
Por esta situación, los adherentes a LOC, se encuentran viviendo concentrados en las oficinas de la Comisaría Ejidal y de la iglesia comunitaria, sin poder ir a trabajar a sus parcelas, además los niños se encuentran sin poder asistir a clases y los servicios en la comunidad están suspendidos.
Ante lo anteriormente narrado el Frayba considera inaceptable estos hechos de violencia y lamenta que los funcionarios del estado de Chiapas no realicen acciones que ayuden a resolver este conflicto, a pesar de los compromisos contraídos con anterioridad con la comunidad. Por lo tanto, exige al gobierno del estado de Chiapas.
Se investiguen los hechos de manera seria, imparcial, pronta y exhaustiva para fincar las responsabilidades correspondientes por las agresiones físicas y con arma de fuego en contra de los Sres. Andrés Heredia y Carmen Jiménez adherentes a LOC.
Se investiguen los actos de omisión de los funcionarios públicos que estando en el lugar de los hechos no actuaron para dar garantías a la integridad y seguridad personal de los integrantes a LOC y demás pobladores de la comunidad de Mitzitón.
Se realicen las acciones suficientes y necesarias que ayuden a resolver el conflicto en la comunidad, inhibiendo cualquier acción que ponga en riesgo la vida, la integridad y seguridad personal de las autoridades comunitarias, de los adherentes a LOC y de la población general de la comunidad.
Antecedentes:
Desde febrero del 2009 la comunidad de Mitzitón ha mantenido una lucha por la defensa de su territorio, ante la información y evidencias acerca la intención del gobierno mexicano de construir la autopista SCLC–Palenque y la ampliación de la carretera SCLC-Comitán de Domínguez. El gobierno del Estado en varias ocasiones ha negado que exista tal proyecto, sin embargo, la propuesta de la reubicación de la comunidad manifestada por algunos funcionarios del gobierno del Estado, evidencia que sí existe un interés de despojar al Pueblo Tsotsil de su territorio.
Comunicación Social
Área de Sistematización e Incidencia / Comunicación
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C.
Calle Brasil #14, Barrio Mexicanos,
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
Código Postal: 29240

