martes, 29 de marzo de 2011

Del Acuerdo Televiso a la leva fascistoide deninis


Tres citas: la primera es del rector de la Universidad Veracruzana Raúl Arias Lovillo, quien anunció que se incrementarán las medidas de seguridad en las instalaciones universitarias, comenzando, of course, por las ubicadas en el norte del estado; medida preventiva, explicó, porque todavía no ha ocurrido incidente alguno. La segunda corresponde al gobernador de Chihuahua, César Duarte, quien cree conveniente que todos los desocupados de esa entidad, los ninis, sean levantados en razzias orquestadas por el gobierno estatal para darles "trabajo" como miembros del Ejército. Y la tercera, la convocatoria de Televisa y Tv Azteca a sus medios afines para apropiarse del espacio público del debate y la distinción de ideas y propuestas periodísticas bajo el ropaje de que se trata de echarle una mano al gobierno en su lucha contra el narco, mediante la firma del Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia.

Todo lo anterior confirma lo que se ha negado repetidamente desde la cúpula gobernante y que ahora es un hecho más que claro: las condiciones del país están entrando en una peligrosísima etapa donde el desgaste institucional y la impericia del gobierno federal agudizó la crisis acumulada en los últimos cuatro sexenios, y que a todos, sin excepción, nos metieron en un callejón sin salida y lo peor de todo es que se atisba un tufo fascistoide en el que muchos medios de información participan alegremente.

Ahora, por partes: de manera implícita, el rector Arias Lovillo da a entender que la cosa en materia de seguridad no es tan tranquila como se percibe y que más vale prevenir y tomar medidas precautorias, particularmente en el norte veracruzano, cuya proximidad con el calientísimo estado de Tamaulipas en cualquier momento puede contaminar severamente, tanto a las comunidades como a la propia vida universitaria, con indeseados hechos de violencia.

Por otro lado, el mandatario de Chihuahua considera que una manera eficiente de matar dos pájaros de una pedrada es dar de alta en las fuerzas armadas a los desempleados de su estado con lo que 1.- abatiría el desempleo y 2.- disputaría con los cárteles la abundante mano de obra sin ocupación y sin escuela que el Presidente del Empleo se ha empeñado en dejar como herencia al país.

Esta leva fascistoide no resuelve el rezago que representan los 8 millones de ninis que se supone vagan sin oficio ni beneficio por las calles del país; lo único que está cambiando es el esquema: los "vagos" ya no serán carne de cañón de los narcos sino que serán del Ejército.

Ya se vieron los primeros indicios de que quienes gobiernan el país se pusieron de acuerdo para meterle mano dura a todo y a todos los que no comulgan con sus ideas –particularmente definido en el acuerdo mediático signado entre quienes comparten una particular visión de la realidad– para satanizarlos y automáticamente ubicarlos del lado de la delincuencia organizada.

¿Qué seguirá?

Fuente: La Jornada de Veracruz

"Rápido y furioso": todos lo sabían


"Rápido y furioso": todos lo sabían
J. Jesús Esquivel


John Dodson, uno de los agentes estadunidenses que participó en el operativo Rápido y furioso, asegura a Proceso que, contra lo que se ha dicho en la Casa Blanca, el Departamento de Justicia sí estaba al tanto de la operación. Y la conocían otras dependencias federales estadunidenses, como la Oficina de Inmigración y Aduanas. Y la conocía por lo menos un representante de la PGR... Y el colmo es que hasta los dueños de las armerías de Arizona sabían de ese movimiento ilegal por el que al menos 2 mil 500 armas largas llegaron a manos de narcotraficantes mexicanos.

WASHINGTON, 28 de marzo (Proceso).- El Departamento de Justicia de Estados Unidos sí estaba al tanto de la operación Rápido y furioso, con la que el Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) permitió que desde Arizona se introdujeran ilegalmente a México unas 2 mil 500 armas que terminaron en manos de los cárteles del narcotráfico, confirma a Proceso un agente federal estadunidense.

John Dodson, miembro del ATF asignado a Phoenix –donde se gestó la operación Rápido y furioso– afirma que el Departamento de Justicia estaba informado de su realización y que también era del conocimiento del Departamento de Seguridad Interior, a cargo de Janet Napolitano.

“No sé si el procurador (Eric) Holder sabía o no de esta operación; eso es algo que está por encima de mí. Lo único que puedo decir, como uno de los agentes que trabajó en ella, es que en Phoenix había un representante del Departamento de Justicia junto con uno de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés, que depende del Departamento de Justicia)”, dice Dodson a este semanario.

La operación Rápido y furioso, que permitió que a los cárteles del narcotráfico en México les llegaran miles de armas con supervisión del ATF (Proceso 1793), ha creado uno de los momentos más difíciles de la relación de Washington con Felipe Calderón. El presidente estadunidense Barack Obama negó que él o el procurador Holder hayan dado la orden para echar a andar la operación y aseguró que ni él ni su secretario de Justicia estaban enterados.

“Ha habido problemas. Escuché en las noticias sobre esta historia de Rápido y furioso en la que se permitió que entraran armas a México. El ATF sabía de ella pero no hizo nada para aprehender a quienes las enviaron. Eric Holder, el procurador general, ha sido muy claro en que no sabía nada de esto”, declaró Obama a CNN en Español en una entrevista que se transmitió el martes 22.

Un mexicano al tanto

–¿El gobierno de México sabía de la operación? –se le pregunta a Dodson, uno de los primeros agentes en denunciar ante el Congreso de su país y ante los medios lo que estaba ocurriendo con Rápido y furioso.

–No sé si el gobierno mexicano fue informado. Lo que sé es que varios agentes del ATF conocían la operación. Creo que sólo un representante mexicano asignado a la región de Phoenix (el agregado de la Procuraduría General de la República) sabía del caso, pero qué tanto, no lo sé –responde a Proceso.

La denuncia de Dodson de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos estaba enterado de Rápido y furioso coincidió con las declaraciones que hizo Darren Gil a la CBS. En diciembre pasado, Gil renunció a su puesto de agregado del ATF en la embajada en México, en parte como protesta por la realización de ese operativo.

De acuerdo con lo que publicó CBS en su portal de internet el viernes 25, “Gil dijo que alguien en el Departamento de Justicia sabía del caso. Gil dice que su supervisor en las oficinas centrales del ATF en Washington le dijo abiertamente que la operación había sido aprobada incluso a nivel más alto que el de Kenneth Melson, director de esa agencia”.

“Gil dice que Lanny Breuer (subsecretario del Departamento de Justicia) y varios de sus subalternos visitaron México el verano pasado (...) y habló al personal del ATF en términos generales sobre un caso grande de tráfico que, aseguró, estaba dando buenos resultados”, enfatiza la CBS.

Dodson aclara que no sabe quién autorizó la operación ni quién o quiénes son sus creadores. Se limita a señalar que desde su traslado a Phoenix, en la primera semana de diciembre de 2009 y casi un mes y medio después de que empezara Rápido y furioso, sólo recibía órdenes de su supervisor, David Voth.

Contra lo que se ha publicado en la prensa mexicana y estadunidense, de que Rápido y furioso permitió que cayeran en manos de los cárteles del narcotráfico mexicano mil 765 armas de alto poder, Dodson sostiene que fueron más. “Creo que el número de armas que se ha manejado en las notas informativas, mil 765, es muy bajo. Fueron más de 2 mil, muy cerca de 2 mil 500”, acota.

Tras estallar el escándalo en los medios y gracias a las denuncias de Dodson, el gobierno mexicano comenzó a reclamar y a exigir a Washington respuestas sobre Rápido y furioso. Ante la presión, el pasado lunes 14, el procurador Holder anunció que la inspectora general interina del Departamento de Justicia, Cynthia A. Schneder, investigaría el caso.

Funcionarios mexicanos consultados por Proceso aseguran que después del anuncio de esta investigación, el gobierno de Obama no les responde nada sobre Rápido y furioso: se escuda en que mientras esté en curso la pesquisa, los departamentos de Justicia, de Estado y de Seguridad Interior tienen prohibido hablar de ello.

Trasiego criminal

Ni el gobierno de Obama ni el de Calderón saben cuántos asesinatos se han cometido en suelo mexicano con el arsenal bendecido por Rápido y furioso.

En Estados Unidos ya se cometió uno: el del agente de la Patrulla Fronteriza Brian Terry en diciembre del año pasado. A Terry lo mataron con un fusil AK-47 y en el lugar del crimen se levantaron dos cuernos de chivo vendidos en Phoenix como parte de la estrategia de Rápido y furioso.

–¿Se logrará algo con la investigación de la inspectora del Departamento de Justicia? –se le pregunta a Dodson.

–La única manera de que los pueblos mexicano y estadunidense descubran a los responsables de esta operación, y para que se apliquen cambios que de verdad tengan un propósito benéfico para ambos, es con la realización de audiencias independientes y bipartidistas en la Cámara de Representantes, en el Senado o en ambos.

Además, según lo que conoce Dodson del funcionamiento del ATF, la investigación no será suficiente porque hay aspectos de la operación que podrían quedar fuera de la jurisdicción del Departamento de Justicia. “Por eso la investigación la debe hacer un comité de supervisión gubernamental, ya sea del Senado o de la Cámara de Representantes”, insiste.

Además del asesinato de Terry o de los reclamos de México, el gobierno de Obama no ha hecho nada para sancionar a los responsables de Rápido y furioso.

“Al contrario. Pareciera que se está compensando a los que tenían responsabilidad en el caso”, acota Dodson en alusión a William Newell, nombrado agregado del ATF en México en reemplazo de Gil
(Proceso 1793). Newell era jefe de la oficina en Phoenix y bajo su mando operaba, como supervisor regional y del operativo, David Voth, jefe de Dodson.

El agente dice que sus superiores le han aplicado la ley del hielo, aunque no lo han despedido. “Las represalias contra mí comenzaron antes de que hablara de la operación con los medios; se iniciaron desde que empecé a protestar por la operación ante mis jefes del ATF. Nadie en el ATF me habla y tienen prohibido comunicarse conmigo (en las oficinas de Phoenix)”, platica Dodson a Proceso.

Al cierre de esta edición se informó en Washington que Kenneth Melson, director del ATF, fue citado para testificar el próximo jueves 31 en una audiencia pública del Subcomité de Asuntos del Hemisferio Occidental de la Cámara de Senadores para hablar de Rápido y furioso.

–¿En qué consistía exactamente esa operación? –pregunta este semanario a Dodson.

–Identificamos a un grupo de compradores múltiples que tenían como tarea adquirir armas no para ellos sino para otras personas.

Dodson explica que la idea original era rastrear todas las armas que se compraran para poder detener a los traficantes y, después, a los destinatarios. Hasta a los narcotraficantes mexicanos.

“Vigilábamos a estos individuos cuando compraban las armas, adquirían 5, 10 o hasta 20 en una sola visita a la armería. Al salir se reunían con otras personas en estacionamientos públicos o cocheras particulares. Transferían las armas de un vehículo a otro y después se las llevaban a los destinatarios finales.”

–¿Qué ocurría con las armas una vez que eran transferidas a otros autos?

–Se nos había prohibido detener a los individuos, no podíamos confiscar las armas o identificar a la gente implicada. Nuestra única misión era observar. Así fue como le perdimos el rastro a las armas y llegaron a México.

Hasta los vendedores sabían

Según Dodson, Rápido y furioso tenía perfectamente identificados a todos los compradores múltiples de armas. Fueron poco más de 20 hombres, mujeres y personas mayores, residentes legales o ciudadanos de Estados Unidos.

Las armerías donde se compraron las pistolas y rifles también tenían conocimiento de la operación. El ATF les pidió que participaran en el caso.

Cuenta Dodson: “Las armerías estaban más preocupadas que el ATF por la venta múltiple porque sabían que quienes estaban comprando las armas no las querían para su uso personal. Con ese criterio, las armerías pensaban que estaban haciendo lo correcto, no tenían idea de que nosotros (los agentes) no estábamos interceptando las armas”.

Casi desde el inicio de la operación varios agentes del ATF se enteraron de que las armas estaban siendo llevadas a México y entregadas a cárteles del narcotráfico. “Creo que el ATF nunca tuvo control de la operación; intentamos pararla, pero no pudimos. Simplemente éramos observadores”, dice Dodson.

No obstante, agentes del ATF en Phoenix, confiscaron sólo un par de cargamentos de armas a México. “Las otras armas que terminaron en posesión del ATF fueron incautadas por otras agencias y a nosotros nos correspondía recogerlas”, sostiene Dodson.

Esas “otras agencias” que confiscaron armas que eran parte de Rápido y furioso fueron el ICE, la Patrulla Fronteriza o policías locales.

–¿Cuántas personas han sido asesinadas en México gracias a Rápido y furioso? –se le pregunta.

–Creo que nunca lo sabremos. Estamos hablado de armas que el ATF permitió que se compraran y que sabíamos que terminarían en manos de los cárteles de la droga.

“¿Cuántos homicidios se cometieron o se cometerán con estas armas? No lo sabremos. Aun en caso de que se llegaran a recuperar, porque antes de que sean incautadas se usan 10 o 15 veces. Por ello creo que nadie podrá saber de cuantas cosas son responsables estas armas que se vendieron bajo la autorización del ATF.”

Dodson no sabe cuántos cárteles recibieron armas gracias a Rápido y furioso pero asegura que fue más de uno. “El daño que ha causado esta operación es inconcebible, es incluso un tipo de operación que nunca debió llevarse a cabo. Desde mi punto de vista no hay forma de justificar lo que hicimos”, remata.


Fuente: Proceso
Difusión AMLOTV

No seré candidato de la alianza con el PAN; sí del PRD: Encinas


Iré también por PT, Convergencia y Morena; Ebrard lo respalda
No seré candidato de la alianza con el PAN; sí del PRD: Encinas
Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada
Martes 29 de marzo de 2011, p. 12
Flanqueado por el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, Alejandro Encinas ratificó que no será candidato a la gubernatura del estado de México por una coalición de PAN y PRD, e indicó que pugnará por la construcción de un frente electoral de las izquierdas.

Yo seré el candidato de mi partido, pero también del PT, Convergencia y el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), porque estoy convencido que esa unidad nos da las condiciones para el triunfo (y) por ello, en los próximos días haré mi precampaña con todos ellos, señaló.

En un acto de apoyo a su aspiración, Encinas recibió del mandatario capitalino el reconocimiento como el mejor candidato que podemos tener en el estado de México por trayectoria, por congruencia, por experiencia y porque ha sido un servidor público, entre otras cosas, que jamás ha tenido tacha alguna en toda su trayectoria. ¡Qué más contraste con lo que va a ser el adversario del PRI!, dijo en referencia a Eruviel Ávila.

Ebrard indicó que su presencia en el Club de Periodistas, al lado de diputados federales locales, jefes delegacionales y dirigentes perredistas nacionales y del Distrito Federal, es un acto de congruencia al respaldo que el 5 de enero le dieron al coordinador del PRD en San Lázaro “todas las fuerzas políticas de nuestro partido, el PT y Convergencia...

“Sigo pensando, por supuesto, que Alejandro es el mejor candidato, que tendremos un buen resultado y que todas y todos debemos participar. Adelante, Alejandro, cuenta con todo nuestro apoyo.

“Yo te dije –añadió– te apoyo como militante del partido y aquí estamos contigo. Los objetivos que ha planteado nos quedan muy claro a todos: mantener la unidad de las izquierdas y ganar la dirección; cambiar el rumbo del estado de México, respaldar las decisiones que tome el partido, participar en ellas”, y por supuesto, su servidor estará en el evento al que nos está convocando Alejandro, el domingo en Ecatepec, municipio del cual es originario Eruviel Ávila.

Encinas, a su vez, convocó a dirigentes y militantes del sol azteca a dar el debate y la discusión para privilegiar la unidad y la construcción de un proyecto desde la izquierda y las fuerzas democráticas. Anunció que el próximo 10 de abril irá al Consejo del PRD en el estado de México a dar el debate y la pelea para que se apruebe la conformación de un frente electoral de las izquierdas.

Señaló que los 14 días que restan son de gran importancia para el futuro y devenir de la izquierda. Y ante eso anunció que será el candidato de su partido (PRD), del PT, de Convergencia y del Morena, con los cuales –aclaró– estaré participando en actividades y acciones.

Se mostró convencido de que podrá avanzar en la estrategia que se ha trazado para infringir la derrota “a lo peor del pasado tricolor que representa el priísmo mexiquense” y avanzar en la construcción del proyecto de nación que requiere este país y ganar la Presidencia en 2012.

Recordó que desde un principio dejó claro, sin zigzagueos y sin ambigüedades, “que yo no soy ni pienso ser el candidato de una coalición entre el PAN y el PRD, lo cual ratifico con toda claridad… Seguiré trabajando por la unidad de las izquierdas”.

Ése, sostuvo, es el papel que me toca jugar en este proceso, respetando tiempos y normas internas, y también seguiré trabajando por la unidad de las izquierdas y por ir con un solo candidato, con un proyecto plenamente diferenciado del PRI y del PAN en el estado de México y en la elección presidencial.

Tanto en entrevista como en su discurso, el diputado –que pedirá licencia el próximo jueves– señaló que los resultados de la consulta del domingo no son concluyentes. Aún faltan momentos muy importantes para definir cómo vamos a participar en el estado de México y estas definiciones, señaló, tienen un calendario muy preciso que pasa por la reanudación del Consejo Nacional programado para el próximo 2 de abril.


Fuente: La jornada
Difusión AMLOTV

Las armas más letales llegan al narco mexicano desde Centroamérica: EU

Foto

Las armas más letales llegan al narco mexicano desde Centroamérica: EU
La embajada critica los débiles controles de la frontera con Guatemala

Arsenal incautado por agentes federales en Tamaulipas en 2008Foto Alfredo Domínguez
Blanche Petrich /II

Periódico La Jornada
Martes 29 de marzo de 2011, p. 2
Según el gobierno de Estados Unidos, las armas más letales y poderosas compradas ilegalmente por el crimen organizado en México, entre ellas equipo tipo militar de grueso calibre, no entran por la línea divisoria entre ambos países, sino provienen de los arsenales de los ejércitos de Centroamérica y son contrabandeadas por la frontera sur, a través de los cruces mal protegidos y peor vigilados por las autoridades mexicanas locales y federales.

Lo anterior se desprende de los contenidos de los cables enviados por la embajada de México al Departamento de Estado entre marzo de 2009 y enero de 2010, referentes a tres conferencias bilaterales sobre tráfico de armas que se realizaron, sucesivamente, en Cuernavaca, Morelos; Phoenix, Arizona, y Tapachula, Chiapas.

Según la apreciación de los diplomáticos estadunidenses, los dirigentes políticos mexicanos “no se inhiben a la hora de recordarnos que la demanda de drogas en Estados Unidos, el lavado de dinero y el flujo de armas ilegales desde nuestro lado de la frontera sirve de combustible a la guerra del narco en México”, advierte un documento preparatorio de la embajada para la Conferencia Bilateral sobre Tráfico de Armas, que se celebró a puertas cerradas el primero y el 2 de abril de 2009 en Cuernavaca.

Se trata de un cable informativo (09MEXICO880) elaborado como contexto para los funcionarios de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), dependiente del Departamento de Seguridad Interna, y de la Oficina Alcohol, Tabaco y Armas (ATF), del Departamento de Justicia, en el que se menciona una tendencia que era apenas detectada en ese periodo (2008-2009, cuando se aceleró en forma exponencial la violencia en el país ligada al crimen organizado): las organizaciones de narcotraficantes demandaban cada vez más poder de fuego y compraban ya no el armamento tradicional, sino sobre todo equipo tipo militar, incluidas granadas y armas antitanque ligeras. También rifles de gruesos calibres no convencionales, como el Barrett calibre .50, rifles de asalto AK 47 calibre .62 y sus variantes, y las pistolas que en México se conocen como matapolicías, FN 5.57.

Este despacho asegura que del armamento de este tipo confiscado por las policías mexicanas y rastreado por autoridades estadunidenses, 90 por ciento no proviene, como las armas más tradicionales, de Estados Unidos, sino de los arsenales de los ejércitos de Centroamérica. No agrega más detalles ni precisa de qué países.

En cambio, de las armas convencionales que se habían logrado identificar y rastrear, se podía determinar que 90 por ciento sí habían cruzado en forma de contrabando por la frontera norte de México.

Otro cable posterior (10MEXICO77), que reseña la conferencia bilateral sobre tráfico de armas de octubre de 2009, en Tapachula, responsabiliza al gobierno mexicano y a sus débiles controles de la frontera sur por los problemas crecientes con el contrabando de armas y la migración ilegal procedentes de Centroamérica.

En este encuentro, en el que también participaron representantes de la policía nacional de Belice y de la procuraduría de Guatemala, se programaron visitas de observación a tres puntos fronterizos, entre ellos Talismán y Ciudad Hidalgo. Por lo visto y oído en ese acto, el entonces ministro consejero John Feeley, que hoy actúa como representante interino en la embajada, destacó la dramática evidencia de las carencias que tiene la frontera sur mexicana. Entre otros detalles, y sin considerar la asimetría existente entre las dos realidades, destaca la siguiente cifra: mientras la Patrulla Fronteriza estadunidense vigila con más de 30 mil elementos los 3 mil 926 kilómetros de la frontera México-Estados Unidos, sólo hay 125 funcionarios de Migración monitoreando los 929 kilómetros de la frontera México-Guatemala.

Versiones de tres encuentros

Ese año –2009– México y Estados Unidos celebraron tres reuniones bilaterales sobre tráfico de armas. Fueron encuentros cerrados a la prensa, primero en Cuernavaca, luego en Phoenix y finalmente en Tapachula. Nada trascendió de lo que se trató y acordó. Desde entonces, si acaso hubo reuniones de seguimiento, han sido secretas y no se ha informado públicamente sobre ellas.

Ya desde la reunión de Cuernavaca, en marzo, las autoridades mexicanas habían calificado el sistema digital E-Trace, aplicado por el gobierno estadunidense como único mecanismo de control, de insuficiente, ya que sólo arroja in- formación sobre la primera compra del arma rastreada, cuando este tipo de armamento es revendido varias veces.

En esa conferencia se acordó la creación del mecanismo GC Armas (ver cable 09MEXICO3108), grupo de trabajo sobre tráfico de armas que sustituyó las instituciones que existían. Este equipo bilateral debía fijar directrices y mandos para confiscar, rastrear y almacenar armas vinculadas con delitos del crimen organizado.

Dice el despacho que el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, de la PGR, era responsable de esa tarea, pero no comparte su información ni con las demás agencias mexicanas ni con el gobierno de Estados Unidos.

Agrega: algunos funcionarios estadunidenses sospechan que los mexicanos dijeron que sí apoyarían la iniciativa de crear una base de datos compartida porque entienden que de este modo no tendrán que implicarse en un nivel de mayor cooperación y así podrán, simplemente, crear la ilusión de que sí comparten.

Entre otros acuerdos en Cuernavaca, el cable cita la disposición de la ATF de desarrollar una versión en español del programa digital E-Trace y la decisión de crear además un portal informático, llamado Armas cruzadas, para facilitar el intercambio de información entre los dos gobiernos.

El segundo encuentro de Phoenix, del 22 al 26 de septiembre, fue preparado por el embajador Carlos Pascual (quien renunció recientemente al cargo) e incluyó tours para los mexicanos asistentes a las tiendas y exposiciones de armas, con el fin de que conocieran de primera mano dos candados de seguridad que tienen esas operaciones de compraventa. Se programaron visitas a los campos de tiro e incluso una demostración de tiro.

“En los salones de clase –dice el despacho redactado en tono paternal, aun cuando se trata de la reseña de un encuentro binacional entre gobiernos– los participantes pudieron aprender cómo los funcionarios estadunidenses detectan a los compradores prestanombres.”

El principal resultado de este encuentro fue, según Pascual, que abrió los ojos a las dos partes sobre la inmensa cantidad de trabajo que aún queda por delante para abatir el tráfico de armas.


Fuente: La jornada
Difusión AMLOTV

La Corte desecha amparo contra la reforma electoral



Sólo el IFE puede contratar tiempo para propaganda en radio y tv
La Corte desecha amparo contra la reforma electoral
Jesús Aranda

Periódico La Jornada
Martes 29 de marzo de 2011, p. 24
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó ayer por improcedente (siete votos a cuatro) el amparo promovido por un grupo de intelectuales contra la reforma constitucional en materia electoral que faculta exclusivamente al Instituto Federal Electoral (IFE) para contratar propaganda en medios electrónicos para incidir en el voto ciudadano.

Con esta decisión, queda plenamente validada la reforma al artículo 41 constitucional promulgada el 13 de noviembre de 2007, la cual regirá los comicios presidenciales del año próximo y prohíbe a ciudadanos, en lo individual y colectivamente, contratar espacios en radio y televisión para apoyar o criticar a los candidatos o partidos participantes en los comicios.

El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien al ser electo en el Senado en febrero pasado se había pronunciado en favor de la procedencia del juicio de amparo cuando se impugnaran violaciones graves al proceso de reforma constitucional –como planteaba la demanda–, reculó en su postura al emitir su voto con el que se desempató la votación del pasado 31 de enero, cuando cinco ministros se pronunciaron por la procedencia del amparo y cinco estuvieron en contra.

Al argumentar el sentido de su voto, Pardo dijo que si bien la Corte puede revisar el procedimiento de reformas a la Constitución (mediante la acción de inconstitucionalidad que pueden promover las minorías legislativas y los partidos nacionales sobre leyes electorales), desde mi perspectiva, el juicio de amparo no resulta el medio de control constitucional idóneo para realizar dicha revisión.

De concederse el amparo solicitado, la protección constitucional sería para que a los quejosos no se les aplicara el régimen constitucional vigente, esto quiere decir que para ello regiría el artículo 41 anterior a las reformas, y al resto de los habitantes del país que no acudieron al juicio de amparo, les aplicaría el artículo 41 constitucional vigente. Es decir, únicamente podrían contratar espacios en radio y televisión con fines electorales los quejosos, y no quienes no hubieran solicitado la protección de la justicia federal.

De ser el juicio de amparo un medio de control constitucional idóneo para revisar el procedimiento de reformas a la Constitución, ello traería como efectos que de concederse esos amparos existiría una pluralidad de constituciones vigentes; esto, dependiendo del número de personas que acudieran al mismo.

El ministro presidente, Juan N. Silva Meza, pidió a los ministros que ratificaran la intención de su voto del pasado 31 de enero y que todos lo hicieron alzando la mano.

Sin embargo, segundos después, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, quien había presentado el proyecto ante el pleno, anunció que en razón de que en el asunto anterior, de la ley antitabaco del Distrito Federal, la Corte había negado el amparo a un particular porque era materialmente imposible restituirle sus derechos de manera individual, entonces cambiaba el sentido de su voto por la improcedencia del juicio de los intelectuales.

Sé que lo deseable en un sistema jurídico es que se pudieran combatir estos actos desde todos los medios de control constitucional en atención a que la legitimación para hacer valer cada uno es diversa; empero, en el caso concreto del juicio de amparo, encuentro que aunque de la Constitución se desprende que se puede controlar el procedimiento de sus reformas, es precisamente el diseño constitucional vigente del juicio de amparo lo que impide esa posibilidad.

Así, una votación de cinco a cinco se transformó ayer en siete a cuatro, al sumarse Ortiz Mayagoitia al voto de Sergio Aguirre Anguiano, Margarita Luna Ramos, Fernando Franco, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar y Sergio Valls Hernández por la improcedencia del amparo.

De acuerdo con fuentes judiciales consultadas, los ministros que estaban por la procedencia de la demanda iban a negar el amparo solicitado en razón de que los quejosos no acreditaron la existencia de irregularidades graves en el proceso de reforma del artículo 41 constitucional.


Fuente: La jornada
Difusión AMLOTV

En diez años mejoró el nivel de vida de los más pobres: Calderón


Un mayor número de familias tiene refrigerador, tv, lavadora, computadora e incluso coche
En diez años mejoró el nivel de vida de los más pobres: Calderón
El titular del Ejecutivo presenta los resultados del Censo 2010
México ha cambiado para bien, asegura
Pide evaluar si el país se ha convertido en una sociedad mayoritariamente de clase media
Claudia Herrera Beltrán

Periódico La Jornada
Martes 29 de marzo de 2011, p. 7
El nivel de vida de los mexicanos, sobre todo de los más pobres, ha mejorado en diez años y, por ejemplo, un mayor número de familias tiene refrigerador, televisión, lavadora, computadora e incluso automóvil, aseveró ayer el presidente Felipe Calderón.

Una semana después de que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) lo emplazó a organizar un diálogo nacional contra la pobreza, el michoacano presentó los resultados definitivos del Censo Nacional de Población y Vivienda 2010 –algunos difundidos previamente–, para asegurar con datos objetivos, reales, bien medidos, que México ha cambiado para bien en ese periodo.

Rodeado de secretarios de Estado y de líderes legislativos panistas, entre ellos la diputada Josefina Vázquez Mota, aspirante a la candidatura presidencial blanquiazul en 2012, defendió los logros importantes obtenidos en una década, el mismo periodo en el que ha gobernado el Partido Acción Nacional, aunque no aludió abiertamente a ese hecho.

Para sustentar esas aseveraciones –rebatidas por el líder del PRI, Humberto Moreira, una hora después–, Calderón propuso discutir incluso si México se ha convertido en una sociedad mayoritariamente de clase media, según afirman dos prestigiados académicos mexicanos, como definió a Luis Rubio y Luis de la Calle, autores del libro Clasemedieros.

Luego de que el director del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Eduardo Sojo, expuso mediante el programa power point dichos datos en el Museo Nacional de Antropología, Calderón aseguró que hubo una mejora salarial en esta década, lo que permitió que un mayor número de mexicanos adquirieran más bienes de consumo duradero, tales como refrigeradores, televisores, estufas y automóviles.

Casas extremadamente pobres ya no lo son tanto

Veamos estos datos, que son muy interesantes. Como decía el doctor (Eduardo) Sojo, es un dato muy llamativo. El número de casas con refrigerador, que pasa de 68 a 82 por ciento. El número de casas con televisión pasa de 86 a 92 por ciento. El número de casas con línea telefónica, de 36 a 43; número de casas con computadora, de 9 a 29; el número de casas con auto, de 32 a 44. Es decir, la mayoría de las casas en México hoy cuenta con refrigerador, con televisión, con lavadora, y casi la mitad con auto y línea telefónica, afirmó tras felicitar varias veces a Sojo por la elaboración del censo.

Consideró que es muy alentador que por primera vez haya aumentado el sueldo mínimo en términos reales, y resaltó el incremento de 25 a 37 por ciento de quienes ganan más de tres salarios mínimos y la disminución de 42 a 31 de quienes perciben menos de dos minisalarios.

Sin aludir a los cinco millones de familias que se sumaron a la pobreza en cuatro años, aseguró que los 125 municipios con menores recursos reflejan claramente una mejoría a un paso mucho más acelerado que el promedio nacional. Hoy los pobres tienen más acceso a educación, salud y vivienda, explicó.

En la larga lista de cifras desglosadas destacó que se redujo más de 50 por ciento la proporción de casas con piso de tierra en el país y aumentó con mosaico, madera u otro tipo de recubrimientos. A partir de ello, señaló: Hay una transferencia de casas extremadamente pobres a casas que ya no lo son tanto.

Puso de muestra el municipio guerrerense de Metlatónoc, considerado durante mucho tiempo el más pobre de México, donde la cantidad de viviendas con luz eléctrica se elevó de 33 a 88 por ciento. De igual forma, en el municipio de Pantepec, Chiapas, las casas con drenaje representaban 55 por ciento en 2000 y en 2010 esta cifra subió a 93 por ciento.

También aprovechó para defender los programas sociales implementados por administraciones panistas, como el Seguro Popular, al señalar que más personas se atienden en clínicas públicas y por tanto vamos en la ruta correcta.

Concluyó que México sigue avanzando, pero debe redoblar el paso. A menos de dos años de cerrar su mandato, instruyó a los secretarios del gabinete –varios presentes en la ceremonia– que analicen bajo la conducción del Inegi dichos datos y le presenten un informe donde indiquen cómo mejorar la situación de los mexicanos.

Fugaz encuentro con Peña Nieto

Mientras se daba esta polémica con el Partido Revolucionario Institucional, el presidente Felipe Calderón coincidió y conversó unos minutos en el presídium con el gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, quien al término de una comida organizada por la Confederación Nacional de Cámaras Industriales (Concamin) tardó más tiempo en salir que el Ejecutivo federal, porque los empresarios se agolparon para saludarlo.

Finalmente, tras escuchar las exigencias de los empresarios de que haya más cambios, el Presidente de la República insistió en que 2011 será otro buen año y pidió tener coraje para correr, cualesquiera que sean los costos, en aras de conseguir el México que todos queremos.


Fuente: La jornada
Difusión AMLOTV

Devuelve Calderón al Senado reforma a Ley de Desarrollo Rural



Devuelve Calderón al Senado reforma a Ley de Desarrollo Rural

Atribuye al Congreso funciones que son exclusivas del Ejecutivo en materia presupuestal, arguye.

Notimex

México, 29 Mar. El presidente de la República, Felipe Calderón, devolvió al Senado la reforma al artículo 16 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable por considerar que atribuye al Congreso funciones exclusivas del Ejecutivo en materia presupuestal.

En el oficio, el presidente Calderón dijo que la iniciativa es inconstitucional al incorporar en el presupuesto de Egresos recursos crecientes para un determinado rubro, lo cual es una faculdad que concierne únicamente al Ejecutivo.

El decreto, que aprobó el Senado el pasado 3 de marzo, precisa que el Ejecutivo autorizará en el Presupuesto de Egresos que los recursos para el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable sean crecientes en relación al año anterior.

Al respecto, el Ejecutivo señaló que la reforma vulnera los principios constitucionales que rigen la planeación, la programación y el presupuesto, e “inserta al campo en un esquema de rigidez presupuestaria” que podría afectarlo negativamente.

En el texto, que recibió este día el Senado, Calderón afirmó que lo que marca la Constitución sobre la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos no considera una restricción de esa naturaleza para asignar el gasto.

Por ello, “cualquier ordenamiento jurídico de inferior jerarquía que contemple una norma con tales características contraviene lo dispuesto” por la Carta Magna.

Aclaró que el decreto obliga a incorporar en el Presupuesto de Egresos recurso crecientes para determinado rubro, lo que afectaría el proceso de planeación, programación y presupuesto, pues el Ejecutivo y la Cámara de Diputados tendrían acotadas sus facultades legales.

También se señala en el dictamen del decreto que su impacto sería de 24 mil 364.1 millones de pesos, sin agregar la iniciativa de ingreso distinta al financiamiento, lo que crearía un estado de ambigüedad y propiciaría incertidumbre jurídica, subrayó.

El presidente Calderón advirtió que de acatar el decreto del Congreso, se vería obligado a reducir en el proyecto de presupuesto de Egresos las previsiones presupuestarias de otros rubros.

“Es decir, existe el riesgo de que se señale incumplimiento de la ley por parte del Ejecutivo si, preservando el equilibrio presupuestal (ingresos-egresos), no reduce en el proyecto otras partidas presupuestales” para cumplir con lo que marca el decreto, destacó.

Indicó que, además, el Programa Especial Concurrente ha contado con recursos crecientes pues en el 2008 recibió 204 mil millones de pesos; en 2009, 235 mil 858.4 millones; en el 2010, 296 mil 78.6 millones, y este año 294 mil 526.3 millones de pesos.

El presupuesto se ha incrementado cada año, con excepción del actual ejercicio fiscal, en el que la Cámara de Diputados aprobó una reducción mínima en relación al 2010, aunque en términos reales superiores a los del 2008 y 2010, dijo el presidente Calderón.


Fuente: La jornada
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Llegan de CA, las armas más letales del narco: EU



Llegan de CA, las armas más letales del narco: EU

Equipo tipo militar de grueso calibre entra de contrabando por la frontera sur de México, a través de cruces mal protegidos por las autoridades federales y locales, revelan cables de Wikileaks en poder de La Jornada.

Blanche Petrich
Publicado: 29/03/2011 09:48
México, DF. Según el gobierno de Estados Unidos, las armas más letales y poderosas compradas ilegalmente por el crimen organizado en México, entre ellas equipo tipo militar de grueso calibre, no entran por la línea divisoria entre ambos países, sino provienen de los arsenales de los ejércitos de Centroamérica y son contrabandeadas por la frontera sur, a través de los cruces mal protegidos y peor vigilados por las autoridades mexicanas locales y federales.

Lo anterior se desprende de los contenidos de los cables enviados por la embajada de México al Departamento de Estado entre marzo de 2009 y enero de 2010, referentes a tres conferencias bilaterales sobre tráfico de armas que se realizaron, sucesivamente, en Cuernavaca, Morelos; Phoenix, Arizona, y Tapachula, Chiapas.

Según la apreciación de los diplomáticos estadunidenses, los dirigentes políticos mexicanos “no se inhiben a la hora de recordarnos que la demanda de drogas en Estados Unidos, el lavado de dinero y el flujo de armas ilegales desde nuestro lado de la frontera sirve de combustible a la guerra del narco en México”, advierte un documento preparatorio de la embajada para la Conferencia Bilateral sobre Tráfico de Armas, que se celebró a puertas cerradas el primero y el 2 de abril de 2009 en Cuernavaca.

Se trata de un cable informativo (09MEXICO880) elaborado como contexto para los funcionarios de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), dependiente del Departamento de Seguridad Interna, y de la Oficina Alcohol, Tabaco y Armas (ATF), del Departamento de Justicia, en el que se menciona una tendencia que era apenas detectada en ese periodo (2008-2009, cuando se aceleró en forma exponencial la violencia en el país ligada al crimen organizado): las organizaciones de narcotraficantes demandaban cada vez más poder de fuego y compraban ya no el armamento tradicional, sino sobre todo equipo tipo militar, incluidas granadas y armas antitanque ligeras. También rifles de gruesos calibres no convencionales, como el Barrett calibre .50, rifles de asalto AK 47 calibre .62 y sus variantes, y las pistolas que en México se conocen como matapolicías, FN 5.57.

Este despacho asegura que del armamento de este tipo confiscado por las policías mexicanas y rastreado por autoridades estadunidenses, 90 por ciento no proviene, como las armas más tradicionales, de Estados Unidos, sino de los arsenales de los ejércitos de Centroamérica. No agrega más detalles ni precisa de qué países.

En cambio, de las armas convencionales que se habían logrado identificar y rastrear, se podía determinar que 90 por ciento sí habían cruzado en forma de contrabando por la frontera norte de México.

Otro cable posterior (10MEXICO77), que reseña la conferencia bilateral sobre tráfico de armas de octubre de 2009, en Tapachula, responsabiliza al gobierno mexicano “y a sus débiles controles de la frontera sur” por los problemas crecientes con el contrabando de armas y la migración ilegal procedentes de Centroamérica.

En este encuentro, en el que también participaron representantes de la policía nacional de Belice y de la procuraduría de Guatemala, se programaron visitas de observación a tres puntos fronterizos, entre ellos Talismán y Ciudad Hidalgo. Por lo visto y oído en ese acto, el entonces ministro consejero John Feeley, que hoy actúa como representante interino en la embajada, destacó “la dramática evidencia de las carencias” que tiene la frontera sur mexicana. Entre otros detalles, y sin considerar la asimetría existente entre las dos realidades, destaca la siguiente cifra: mientras la Patrulla Fronteriza estadunidense vigila con más de 30 mil elementos los 3 mil 926 kilómetros de la frontera México-Estados Unidos, sólo hay 125 funcionarios de Migración monitoreando los 929 kilómetros de la frontera México-Guatemala.



Versiones de tres encuentros

Ese año –2009– México y Estados Unidos celebraron tres reuniones bilaterales sobre tráfico de armas. Fueron encuentros cerrados a la prensa, primero en Cuernavaca, luego en Phoenix y finalmente en Tapachula. Nada trascendió de lo que se trató y acordó. Desde entonces, si acaso hubo reuniones de seguimiento, han sido secretas y no se ha informado públicamente sobre ellas.

Ya desde la reunión de Cuernavaca, en marzo, las autoridades mexicanas habían calificado el sistema digital E-Trace, aplicado por el gobierno estadunidense como único mecanismo de control, de “insuficiente, ya que sólo arroja in- formación sobre la primera compra del arma rastreada, cuando este tipo de armamento es revendido varias veces”.

En esa conferencia se acordó la creación del mecanismo GC Armas (ver cable 09MEXICO3108), grupo de trabajo sobre tráfico de armas que sustituyó las instituciones que existían. Este equipo bilateral debía fijar directrices y mandos para confiscar, rastrear y almacenar armas vinculadas con delitos del crimen organizado.

Dice el despacho que el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, de la PGR, era responsable de esa tarea, “pero no comparte su información ni con las demás agencias mexicanas ni con el gobierno de Estados Unidos”.

Agrega: “algunos funcionarios estadunidenses sospechan que los mexicanos dijeron que sí apoyarían la iniciativa de crear una base de datos compartida porque entienden que de este modo no tendrán que implicarse en un nivel de mayor cooperación y así podrán, simplemente, crear la ilusión de que sí comparten”.

Entre otros acuerdos en Cuernavaca, el cable cita la disposición de la ATF de desarrollar una versión en español del programa digital E-Trace y la decisión de crear además un portal informático, llamado Armas cruzadas, para facilitar el intercambio de información entre los dos gobiernos.

El segundo encuentro de Phoenix, del 22 al 26 de septiembre, fue preparado por el embajador Carlos Pascual (quien renunció recientemente al cargo) e incluyó tours para los mexicanos asistentes a las tiendas y exposiciones de armas, con el fin de que conocieran de primera mano dos “candados de seguridad” que tienen esas operaciones de compraventa. Se programaron visitas a los campos de tiro e incluso una demostración de tiro.

“En los salones de clase –dice el despacho redactado en tono paternal, aun cuando se trata de la reseña de un encuentro binacional entre gobiernos– los participantes pudieron aprender cómo los funcionarios estadunidenses detectan a los compradores prestanombres.”

El principal resultado de este encuentro fue, según Pascual, que “abrió los ojos a las dos partes sobre la inmensa cantidad de trabajo que aún queda por delante para abatir el tráfico de armas”.


Fuente: La jornada
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Endeble unidad perredista



Endeble unidad perredista
Jesús Cantú


MÉXICO, D.F., 28 de marzo.- Los perredistas lograron encontrar una fórmula para que sus dos principales corrientes cohabiten en la dirigencia del partido. Sin embargo, tienen frente a sí dos grandes escollos: primero, el resultado de la consulta del domingo en el Estado de México para determinar si PAN y PRD participan aliados en la contienda por la gubernatura, y, segundo –simplemente por cuestión temporal–, la designación del candidato a la Presidencia de la República.

Aunque desde 1996, casi ininterrumpidamente, Nueva Izquierda ha tenido un representante suyo en la presidencia o la secretaría general del PRD, ahora esa corriente, por sí sola, aglutina 34% de los consejeros, y con el apoyo de Alternativa Democrática Nacional e Izquierda Renovadora, 55%, mientras que los grupos cercanos a AMLO suman 32%. Esto se manifestó en las votaciones del pasado domingo, donde Zambrano obtuvo 50% de los votos contra 36% de Padierna. Antes la proporción entre ambos grupos era inversa, sus diferencias no eran tan manifiestas y todos tenían el mismo candidato presidencial. Las condiciones actuales conforman un coctel explosivo, y casi lo único que falta por determinar es cuándo estallará.

El pasado fin de semana se dio la primera confrontación de fuerzas entre los dos grupos, y aunque los afines a López Obrador lograron recuperar al menos la secretaría general y aseguraron que no habrá coalición con el PAN para la contienda electoral de 2012 (lo cual realmente nunca estuvo en discusión, pues nadie en el PRD se había pronunciado por ello), no pudieron romper con la idea de la alianza en el Estado de México ni garantizar, desde ahora, la candidatura de López Obrador, como ocurrió hace seis años, cuando AMLO colocó en la presidencia perredista a Leonel Cota.

Aunque Nueva Izquierda retuvo la presidencia, fue evidente que ni siquiera una eventual alianza con Marcelo Ebrard y Foro Nuevo Sol le permitirá alcanzar las dos terceras partes de los consejeros, lo que se vuelve indispensable para muchas de las decisiones tácticas y estratégicas que deberán tomar en el futuro, entre otras la relativa a la elección del próximo candidato a la Presidencia de la República. Y, obvio, dicha corriente tuvo que acceder a esta cohabitación, que absorberá una buena parte de las energías de Zambrano.

A su vez, Marcelo Ebrard logró mantener vivas sus esperanzas de ser candidato presidencial en 2012, aunque también conoció sus múltiples limitaciones. Él sabía que para mantenerse en la pelea tenía que evitar que llegara a la presidencia partidista uno de los afines a López Obrador, pero sin pelearse con ellos, pues eso pondría en riesgo la gobernabilidad en el Distrito Federal, ya que Izquierda Democrática Nacional, encabezada por René Bejarano y Dolores Padierna, agrupa a un buen número de asambleístas; y esto hizo manifiesto que sus votos leales no llegan siquiera al medio centenar. Así, hasta ahora nadie ganó; más bien, todos perdieron, incluso la misma izquierda, cuyas posibilidades de unidad para las dos próximas contiendas importantes (Edomex y 2012) lucen remotas.

Más allá de que existen claras y evidentes diferencias en el posicionamiento de los dos grupos que hoy cohabitan en la dirección del partido, se observan discrepancias en cuestiones tácticas o instrumentales, entre las cuales se encuentran su relación con el actual gobierno federal, la concreción o no de alianzas con el PAN, y, desde luego, la candidatura a la Presidencia de la República.

Dos de estos asuntos son precisamente los que pueden conducir finalmente a la ruptura del perredismo y, eventualmente, a la división de las izquierdas en la contienda electoral de 2012. El primero podría resolverse este domingo, si los mexiquenses rechazan la alianza, pero de acuerdo con una encuesta realizada por el periódico Reforma casi las dos terceras partes de los simpatizantes del PAN y el PRD se pronuncian a favor de la misma, con lo cual su aprobación estaría casi asegurada. Además, la encuesta anticipa que los simpatizantes de ambos partidos y los mexiquenses en general prefieren como candidato de esa alianza a Alejandro Encinas, sin olvidar que la diferencia entre él y Luis Felipe Bravo Mena está dentro del margen de error, por lo cual el resultado podría ser diferente.

Si el resultado de la consulta es el que adelanta la encuesta, el PRD estará en grandes problemas. Para empezar, el choque que puede producirse entre el presidente y la secretaria del Comité Ejecutivo Nacional sería de pronóstico reservado, mientras que por otra parte Encinas ha reiterado que no será candidato de una alianza, por lo que muy probablemente, ante ese escenario, tendrían que recurrir al segundo lugar, que es Luis Felipe Bravo Mena. Y esto generará asimismo conflictos dentro del PRD.

Además, de acuerdo con la referida encuesta las probabilidades de triunfo del PRI el 3 de julio son muy altas, con o sin alianza. Una victoria priista (contra Encinas o Bravo Mena, por separado o en alianza) permitiría a los enemigos de Nueva Izquierda lanzarse nuevamente en su contra y culparlos del resultado electoral, como si ellos fueran los únicos responsables del mismo.

Así que únicamente en este tema, si el resultado de la consulta y la elección es el que anticipa la encuesta de Reforma, habrá tres momentos en los cuales la tensión entre presidente y secretaria del PRD llegará a su máximo nivel, y es muy difícil predecir si en alguno de ellos finalmente se concrete la ruptura.

Incluso si logran superar esos tres momentos, no aseguran la unidad de las izquierdas para los comicios presidenciales de 2012, pues existe la posibilidad de que el PRD postule a un candidato distinto a López Obrador (lo más probable es que sería Ebrard, aunque habrá que ver si él está dispuesto a desafiar a quien lo llevó hasta la Jefatura de Gobierno del DF), pero tampoco sería descartable que hubiera un tercero, en caso de que Ebrard declinase y, en algún momento previo, se concretase la ruptura con López Obrador. En cualquiera de estos dos escenarios, al menos hasta hoy, todo indica que López Obrador sería postulado por el Partido del Trabajo y, eventualmente, en coalición con Convergencia.

En caso de que los perredistas lleguen unidos al momento de la selección de candidato a la Presidencia, difícilmente AMLO se sumaría a una campaña de Ebrard. Así que, de acuerdo con lo que se ha visto hasta hoy, la única posibilidad de que haya un solo candidato de las izquierdas es que fuera AMLO, y este es precisamente uno de los aspectos centrales de la lucha por el poder en el PRD.

Quizá el único caso de cohabitación comparable a la del perredismo es el de Roberto Madrazo, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, y Elba Esther Gordillo, secretaria del mismo, quienes en un matrimonio de conveniencia decidieron presentarse como fórmula y lograron un muy controvertido y discutible triunfo en la elección tricolor de 2002. La unión les permitió llegar a los cargos, pero no dirigir al partido, y las diferencias fueron cada día mayores, hasta conducir a que Gordillo formara el Partido Nueva Alianza y abandonara finalmente al priismo. La estrategia le permitió a Madrazo inclusive ser el abanderado priista a la Presidencia de la República en la elección de 2006, pero terminó relegado a un lejano tercer lugar con apenas 22% de los votos.

De no primar la cordura entre los perredistas (y, eventualmente, las izquierdas), en este caso el resultado todavía puede ser peor: la caída puede ser mayor y la reconstrucción todavía más complicada.


Fuente: Proceso
Difusión AMLOTV

En seis años, 110 mineros muertos en la zona carbonífera de Coahuila



En seis años, 110 mineros muertos en la zona carbonífera de Coahuila
Arturo Rodríguez García


MÉXICO, D.F., 28 de marzo (apro).- En los últimos cinco años 110 trabajadores de minas de carbón en Coahuila han muerto a consecuencia de accidentes producto de la inseguridad laboral en que se desempeñan, informó hoy la Organización Familia de Pasta de Conchos (FPC).
Luego de que el pasado 26 de marzo un siniestro en la mina VII “El Saltillito”, de la empresa Minerales Monclova (Mimosa), subsidiaria del Grupo Acerero del Norte (GAN), cobró la vida de dos trabajadores y dejó heridos a tres más, la estadística se actualizó a 110 trabajadores muertos entre el 19 de febrero de 2006 (fecha del colapso en la mina Pasta de Conchos, cuando murieron 65 trabajadores) y el pasado fin de semana.
El presidente del GAN, Alonso Ancira Elizondo, ha presumido en repetidas ocasiones que sus minas de carbón son las más seguras de la región carbonífera de Coahuila que, por cierto, es la única zona donde se produce carbón en México.
De acuerdo con versiones preliminares, el siniestro ocurrió cuando los trabajadores se encontraban extrayendo carbón y toparon con una bolsa de gas, que provocó la asfixia del minero Juan Francisco Piedra.
Al notar que Piedra estaba intoxicado por el gas metano, sus compañeros Juan Manuel Camacho, Elidio Gloria Beltrán, Antonio Díaz Vallejo y José Ignacio Navarro acudieron en su auxilio infructuosamente. En la acción, Camacho murió y sus tres compañeros quedaron afectados tras aspirar el metano.
La activista Cristina Auerbach Benavides, de la FPC, advirtió que hasta no conocer los resultados del acta de la inspección que se está realizando en el filón, no se pueden adelantar posturas sobre lo ocurrido.
Sin embargo, llamó a las autoridades y al GAN a cubrir de inmediato las indemnizaciones y reparación del daño a las familias que perdieron a uno de sus miembros en los hechos del pasado sábado, y a que no se escamoteen los recursos a los que tienen derecho, como generalmente sucede en las tragedias mineras de la región.
Auerbach exhortó a que a la generosidad y compromiso de los trabajadores que intentaron rescatar a su compañero se sumen voluntades, a fin de elaborar una norma de seguridad nacional para los trabajadores del carbón, que hasta ahora no cuentan con regulación que proteja sus vidas.
Además, hizo un llamado a evitar que los empresarios y políticos vinculados con el ramo aprovechen la situación para insistir en la oportunidad de extraer gas metano asociado al carbón con fines comerciales, como lo han hecho en otras tragedias mineras.
La activista llamó la atención sobre la cultura laboral de la muerte que prevalece en la región carbonífera de Coahuila, donde en cada siniestro minero se revelan las relaciones familiares entre afectados.
Mencionó que durante el accidente en la mina VII “El Saltillito” trabajaba en el mismo turno un hijo de Juan Manuel Gómez Gaytán, quien murió en el accidente de la mina “Lulú”, el pasado 2 de febrero. Además, al menos dos familiares directos de los trabajadores muertos en Pasta de Conchos se encontraban en el siniestro del pasado 28 de marzo.
“Las relaciones familiares entre trabajadores nos hablan de la necesidad de esas personas por emplearse, así sea en la actividad que privó de la vida a sus padres, hermanos, hijos, familiares y amigos, cuyas familias viven en un estado permanente de estrés por lo que puede ocurrir”, expresó.



Fuente: Proceso
Difusión AMLOTV

DERECHOS HUMANOS


El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la Organización de las Naciones Unidas comenzó ayer un trabajo en Guerrero para documentar la situación de los derechos humanos en relación con la desaparición de personas, y sostuvo encuentros en Atoyac y en Acapulco.

El espectro de las reuniones en ambos municipios denota la amplitud del trabajo que pretenden realizar los enviados del organismo multinacional, ya que por una parte en Atoyac el tema fueron los desaparecidos durante la guerra contrainsurgente que el Estado impulsó contra combatientes y comunidades, conocida como guerra sucia; mientras que en Acapulco se reunió con familiares de personas desaparecidas recientemente, en particular en los últimos cinco años.

Destaca el caso del luchador social Rosendo Radilla Pacheco, desaparecido en 1974 por elementos del Ejército, y por el cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a México a pedir perdón públicamente, iniciar una búsqueda física para determinar qué fue del también ex alcalde atoyaquense, e indemnizar a los familiares. Los enviados de la ONU recibieron de Tita Radilla, vicepresidenta de Afadem e hija de Rosendo, un reclamo: el Estado mexicano no ha cumplido con la sentencia, en concreto en lo que se refiere a la búsqueda.

En Acapulco, los encuentros –individualmente con los familiares– fueron a puerta cerrada. Los enviados seguramente conocieron los casos del arquitecto Jorge Javier Cerón Silva, quien fue uno de los primeros desaparecidos en la época reciente, y de lancheros, obreros, trabajadores que fueron detenidos por policías según testigos y no se les ha vuelto a ver, según documenta el Tadeco.

En verdad el tema da para mucho, y seguramente habrá abundante tela de dónde cortar. Las desapariciones forzadas de personas siguen siendo, como hace más de tres décadas, una realidad dolorosa en Guerrero, y demuestra que parafraseando al viejo tango, 30 años no es nada y aún, febril la mirada, los familiares siguen buscando a sus desaparecidos.

Fuente: La Jornada de Guerrero

Reconoce Cué responsabilidad gubernamental en ejecución de un indígena, hace 14 años



Reconoce Cué responsabilidad gubernamental en ejecución de un indígena, hace 14 años
Pedro Matías


OAXACA, Oax., 28 de marzo (apro).- El gobernador Gabino Cué Monteagudo firmó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) --órgano dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA)-- el reconocimiento de responsabilidad del gobierno estatal en la ejecución extrajudicial del indígena zapoteco, Celerino Jiménez Almaraz, perpetrada por la Policía Judicial de Oaxaca hace 14 años.
La ejecución del indígena zapoteco se cometió durante la administración del entonces gobernador Diódoro Carrasco Altamirano, el 23 de abril de 1997 en la región de Los Loxicha.
Hoy, Gabino Cué firmó una propuesta de reparación del daño a la esposa de la víctima, María Estela García Ramírez, referente al caso del homicidio y privación ilegal de la libertad de Jiménez Almaraz.
En el 141º Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), encabezada por su presidenta Dinah Shelton, que se celebra en Washington, Estados Unidos, se abordó el caso de Jiménez Almaraz, el cual se encontraba suspendido desde el año 2009.
Sin embargo, Gabino Cué manifestó su voluntad para llegar a una solución amistosa y esclarecer este hecho, “como muestra de interés en la atención y garantía de los derechos humanos en Oaxaca”.
De igual forma, durante los días 25 y el 26 de marzo sostuvo ocho reuniones preparatorias y de trabajo, donde además del caso de Jiménez Almaraz, se presentaron tres medidas cautelares, en las cuales estuvo presente el relator especial sobre Derechos de las Personas Privadas de Libertad de la Organización, de los Estados Americanos (OEA) para Costa Rica, México y República Dominicana, Rodrigo Escobar Gil.
Una de ellas hace referencia a la medida MC-133-08 a favor de familiares, amigos y testigos de Gustavo Castañeda Martínez, pobladores de Santo Domingo Ixcatlán, en la que los peticionarios y actores gubernamentales se reunieron para hablar sobre la situación actual en la región mixteca.
Otra de las medidas es la MC-197-10 a favor de los habitantes de San Juan Copala, donde se reunieron los beneficiarios y actores gubernamentales con Rodrigo Escobar Gil, para hablar sobre la situación en la zona.



Fuente: Proceso
Difusión AMLOTV

Registra Tadeco mil 694 víctimas de la violencia social en el estado en seis años


FRANCISCA MEZA CARRANZA

Del 1º de abril de 2005 al 14 de marzo de 2011, el Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco) tiene registradas mil 694 víctimas de la violencia social en Guerrero, de los cuales 58 por ciento de los casos se concentran en Acapulco, Atoyac y Chilpancingo.

En conferencia de prensa efectuada por la mañana en el zócalo previo a la reunión con los visitadores de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que desarrollan una gira nacional sobre el tema de las desapariciones los integrantes del Tadeco y del Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados del Estado de Guerrero rechazaron que las desapariciones y asesinatos de sus familiares estén vinculadas con el narcotráfico y dijeron no aceptar que el término “levantados” sea utilizado con ellos, porque los incrimina dolosamente.

El coordinador del Tadeco, Javier Monroy Hernández, detalló que sus datos se basan en notas periodísticas de los diarios estatales La Jornada Guerrero y El Sur, en los cuales están sustentadas las víctimas y del total que tienen contabilizadas, mil 318 han sido asesinados, 293 desaparecidos y 25 secuestrados y sólo 39 han sido liberados. Puntualizaron que de todos los casos ninguno ha sido resuelto por las autoridades correspondientes.

Señaló que el gobierno de Guerrero, como parte del Estado mexicano, ha mantenido un “manto de opacidad” en los casos y los reduce a un daño colateral de su lucha contra el crimen organizado.

Dentro del informe que las organizaciones presentaron ante los visitadores presentaron demandas específicas al gobierno de Guerrero, entre éstas la creación de una instancia especializada y capacitada para efectuar verdaderas investigaciones de los casos de desapariciones pues el crear una Comisión de la Verdad, como lo ha propuesta el gobernador electo Ángel Aguirre Rivero, expusieron que podría convertirse en un elefante blanco plagado de burocracia.

Fuente: La Jornada de Guerrero

Entrega Duarte al Congreso propuesta para enlistar a “ninis” en el Ejército



Entrega Duarte al Congreso propuesta para enlistar a “ninis” en el Ejército
La Redacción


CHIHUAHUA, Chih., 28 de marzo (apro).- El gobernador César Horacio Duarte Jáquez presentó esta mañana ante el Congreso del Estado una iniciativa para reformar diversos artículos tanto de la Ley del Servicio Militar, como de la Ley de Educación Militar, con lo que se busca que este servicio sea remunerado y se extienda a un periodo de hasta tres años en aquellos jóvenes que al momento de ser convocados no estudien ni trabajen.

En la propuesta del Ejecutivo Estatal -que por su carácter, deberá ser turnada para su aprobación al Congreso de la Unión-, se destaca que para lo anterior se deberá establecer “un régimen especial de servicio militar remunerado y de facilitar su posterior ingreso al Sistema Educativo Militar, en caso de que los jóvenes opten, de manera voluntaria, por la carrera de las armas”.

“No se trata de una medida que los obligue a prestar este servicio, se trata de una oportunidad de que dichos jóvenes se sientan útiles a la sociedad y a la patria, de ocupar su tiempo al servicio de la Nación y alejarlos del ocio, los vicios y cualquier mala influencia con motivo de su inactividad”, aseguró el Ejecutivo.

En cuanto a la reforma a la Ley de Educación Militar, se propone que se desarrolle un programa institucional por medio del cual se fomente la incorporación al Sistema Militar de estos jóvenes, otorgándoles, frente a otros mexicanos, el derecho preferencial de incorporarse a las instituciones del Sistema Educativo Militar, cuando ellos opten, de manera voluntaria, al servicio de las armas.

Duarte Jáquez precisó que las reformas propuestas no se limitan a la prestación de un servicio con remuneración económica, sino que busca también incentivar la educación militar, y por medio de esta disciplina reencontrar el amor a la patria.

“Uno de los fenómenos que más preocupan al gobierno estatal y a la sociedad en general, es el de los jóvenes que en la actualidad, por diversas circunstancias no se encuentran realizando ningún tipo de estudios, pero tampoco son económicamente activos, esto es, no realizan actividad laboral alguna; aunque formalmente no existe una cifra oficial, en los diversos estudios en la materia se ha manejado que existen más de siete millones de ellos en esta situación; ante lo cual, son blanco fácil para ingresar en las filas de la delincuencia organizada, o bien, en la economía informal o en el subempleo”, dijo.

“Estos muchachos no son en realidad nuestros enemigos, son las víctimas del entorno que nosotros mismos como sociedad les hemos creado, y es desde el gobierno y desde la sociedad donde debemos crear las condiciones para evitar entregarlos a las ramificaciones del tumor social que es el crimen organizado”, puntualizó.


Fuente: Proceso
Difusión AMLOTV

Ejecutan al hijo del escritor Javier Sicilia


Ejecutan al hijo del escritor Javier Sicilia
La redacción


MÉXICO, DF., 28 de marzo (apro).- Entre las siete personas que aparecieron ejecutadas esta madrugada en la autopista Cuernavaca-Acapulco, se encuentra Juan Francisco Sicilia Ortega, hijo del escritor y colaborador de Proceso, Javier Sicilia, informó esta tarde la Procuraduría General de Justicia de Morelos (PGJ).

De acuerdo con la información oficial, Juan Francisco apareció muerto junto con otras seis personas en el interior de un auto Civic Honda con placas GZM-42-02 del estado de Guerrero, entre ellos una mujer de 44 años vecina del municipio de Temixco.

El reporte policiaco detalla que las siete víctimas fueron asfixiadas y estaban atadas de pies y manos.

En un principio se reportó sólo el acribillamiento de seis personas, pero cuando el vehículo era trasladado a la Procurarduría del Estado se descubrió que en la cajuela estaba una persona más junto a un narcomensaje en que se amenaza a oficiales del Ejército y que está firmado con las siglas CDG.


Fuente: Proceso
Difusión AMLOTV

No a las mineras, claman en Zapotitlán; denuncian el saqueo de río Santa Rosa


SERGIO FERRER (Corresponsal)

Zapotitlán Tablas, 27 de marzo. Representantes de diversas comunidades que conforman el municipio de Zapotitlán Tablas se rehusaron aceptar la entrada de empresas mineras y denunciaron el saqueo de material pétreo del río Santa Rosa por algunos individuos.

Comisarios y comuneros asistieron en la cabecera municipal a una reunión informativa sobre los efectos de la minería, impartida por integrantes del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan; a dicho encuentro también acudió un representante de la Procuraduría Agraria (PA), por el ayuntamiento no asistió ningún funcionario a pesar de haber sido invitados por el comisariado de bienes comunales.

Tlachinollan, a fin de que “comuneros decidan con conocimiento de causa e información suficiente”, presentó un video sobre minería a cielo abierto; posteriormente precisó algunas cuestiones como la presencia de 21 centros mineros que pretenden iniciar algún proceso en La Montaña. Informó también que Totomixtlahuaca, Zitlaltepec, Tierra Colorada e Iliatenco han dicho no a la entrada de mineras, asentándolo legalmente en acta de asamblea.

Durante las intervenciones de los comuneros, el delegado de la colonia San Juan ofreció una disculpa pública al aceptar que sin ningún compromiso se permitió la entrada de maquinaria que escarbó un cerro, pero señaló que se detuvieron los trabajos. Otro comunero llamó a los indígenas a estar unidos y no dar permiso de explotación. “A los cerros está subiendo gente de Canadá acompañada por una persona de Huitzapula, en la colonia Vicente Guerrero les están pagando 150 pesos por dos horas de acompañamiento”, aseveró.

Tlachinollan instó a los comuneros a recurrir, de ser el caso, al Derecho a la Consulta estipulado en el Convenio 169 de la OIT; en tanto, Jesús Cruz Niño, visitador de la PA, abogó por la opción de que comuneros soliciten una concesión a fin de que sean los dueños de las tierras y de concesiones otorgadas por el gobierno federal, aunque se refutó dicha idea al reconocer que de no comprobarse trabajos en los terrenos, dicha concesión se invalida.

En un segundo punto retomado en la reunión, el comisariado aseguró que tras recorrer los cerros, se notó que la gente toma demasiada madera por lo que recomendaron a comuneros respetar el ambiente. “Están talando los árboles de manera excesiva, no se diga después que el comisario multó mucho, ya casi no hay árboles compañeros y tumban los verdes”, expuso. Otro comunero reconoció la venta de madera a gente de municipios aledaños por habitantes que buscan el beneficio personal sin medir las consecuencias. “Ya no hay agua, esta tala perjudica los ojos de agua, me dicen que por qué me meto, pero éste es un problema de todos”, dijo. Varios comuneros, entre ellos una mujer, mostraron interés por emprender una reforestación de sus tierras.

Fuente: La Jornada de Guerrero

Denuncian ante la CIDH, el fracaso de la militarización de la seguridad pública



Denuncian ante la CIDH, el fracaso de la militarización de la seguridad pública
Gloria Leticia Díaz


MÉXICO, D.F., 28 de marzo (apro).- Organizaciones civiles mexicanas denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “el fracaso” de la política de militarización de la seguridad pública para combatir a las bandas del crimen organizado en México.
Durante la 141 Sesión Ordinaria de Audiencias de la CIDH, realizada en Washington, participaron activistas del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), Colectivo de Organizaciones Michoacanas de Derechos Humanos (COMDH), Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDHN), Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), I (dh)eas—Litigio Estratégico en Derechos Humanos y el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD).
Integrantes del Centro Prodh participaron en la audiencia “Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos”; los otros activistas, en “Situación de los Derechos Humanos de las personas en Situación de Arraigo en México”, en las que se expusieron datos y casos de agravios de personas por parte servidores públicos, de las fuerzas armadas y policiales durante la “guerra contra el narcotráfico” emprendida por el presidente Felipe Calderón.
Los abogados del Prodh pusieron como ejemplo del “fracaso de la estrategia de militarización” el caso de Ciudad Juárez, Chihuahua, en el que destacaron que “los operativos militarizados en curso, lejos de disminuir la violencia del crimen organizado, sólo han agregado otra violencia; violaciones graves y generalizadas a los derechos humanos de la población civil”.
Destacaron que en 2010, en esa entidad se registraron 30% de los 15 mil 273 homicidios ocurridos en el país, de los cuales más de 3 mil se suscitaron en Ciudad Juárez.
La reacción de las fuerzas de seguridad ante la violencia, denunciaron, ha sido emplear “un modus operandi consistente en la detención arbitraria, seguida por tortura en instalaciones militares u otros lugares para obligar a la persona detenida a confesar algún delito, convirtiéndose la víctima en chivo expiatorio en un gran número de casos”.
Ante representantes del gobierno de Calderón presentes en la audiencia, los activistas del Prodh aseguraron que debido a la falta de investigaciones profesionales, los verdaderos responsables de los delitos siguen en libertad, mientras que “personas inocentes son torturadas y encarceladas”.
En ese sentido, exigieron al Estado mexicano “cambios encaminados a poner fin a las detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones, desapariciones y otras violaciones cometidas contra los civiles so pretexto de combatir el crimen”.
Asimismo pidieron al Estado cumplir con su deber de investigar “con debida diligencia” y sancionar los delitos cometidos, tanto por particulares como por autoridades.
Este martes 29, el Prodh participará en la audiencia “Situación de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en las Américas”, en la que se señalará los riesgos, la persecución y obstáculos que enfrentan las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos en la región.
En una comunicado, dio a conocer que pondrá en relieve lo ocurrido en México, donde en los “en los últimos meses la situación de riesgo y asesinatos de defensores ha alcanzado niveles críticos, obligando a numerosas personas –particularmente de Ciudad Juárez— a abandonar su trabajo o, incluso, el país”.
En la audiencia sobre las violaciones a derechos humanos contra las personas arraigadas, las organizaciones participantes argumentaron que la figura del arraigo, elevada a rango constitucional, es contraria a los derechos fundamentales de las personas; además de que va en contra de la legislación internacional.
Mario Santigo de la organización Idh(eas) informó a los integrantes de la CIDH que el año pasado se presentaron 120 quejas contra el arraigo ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
En la sesión se presentó el testimonio de Misael García, familiar de una persona arraigada por el “michoacanazo”, quien aseguró que por esa situación fueron “vejados, humillados, procesados y señalados públicamente a través de los medios de comunicación. Las víctimas queremos vivir en paz”.
El abogado de las víctimas del “michoacanazo”, Jaime Pérez, denunció que durante el proceso jurídico, la Procuraduría General de la República (PGR) puso obstáculos al derecho de defensa de los detenidos. “Utilizó el arraigo de forma indiscriminada y como medida de persecución y obtención de evidencia ilícita”; a pesar de ello, el juez federal dictó la libertad de 34 de 35 detenidos.
El director de la CMDPDH, Juan Carlos Gutiérrez Contreras, aseguró que el arraigo “resulta contrario a los principios de un Estado democrático de derecho; y es violatorio del principio de legalidad”.
Silvano Cantú, abogado de la CMDPDH, pidió a la CIDH que asuma como propias las recomendaciones que se hicieron al Estado mexicano durante el Examen Periódico Universal, en febrero de 2009, y que declare inconstitucional la figura del arraigo por violar la Convención Americana de Derechos Humanos.
Durante la audiencia, el subsecretario de Asuntos Multilaterales y de Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Manuel Gómez Robledo, defendió la figura del arraigo como “primordial para el combate al crimen organizado”.
El relator especial de la CIDH sobre Derechos de las Personas Privadas de la Libertad, Roberto Escobar Gil y el comisionado presidente Felipe González, cuestionaron a los representantes del Estado mexicano sobre las facultades del Ejército Mexicano para mantener a personas arraigadas en sus instalaciones, y sobre si la figura del arraigo se apega a los preceptos internacionales de derechos humanos.
Como respuesta, Gómez Robledo sólo ofreció garantías para que Escobar Gil realice su trabajo durante su próxima visita a México, cuya fecha aún no se ha fijado.




Fuente: Proceso
Difusión AMLOTV