• Controversia por 4 helicópteros de Marina
• Involucrada Marina en compra de buques
• Impunidad de jueces en Estado de México
Para evitar sobresaltos en el próximo gobierno, el secretario de Marina, Mariano Francisco Saynez Mendoza, debería pedir la intervención del secretario de la Función Pública, Rafael Morgan, y del auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal, para que revisen a detalle la asignación de contratos de obras y servicios que se han hecho en los últimos seis años en la Oficialía Mayor de esa Secretaría, pues hay acusaciones de corrupción y malos manejos administrativos.Esos órganos de control del Ejecutivo y Legislativo podrían revisar los contratos SCVIA/016-2008 y 13/SCIA/0 00-2012, que firmó la Secretaría de Marina con las empresas Volans, SA de CV (de origen ruso), y FTI, de Estados Unidos, para la reparación de cuatro helicópteros MI-17, a un costo aproximado de 6.6 millones de dólares (cerca de 90 millones de pesos).
Dicha operación ocasionó controversias legales por “incumplimiento de contrato” en contra de la Marina, pues el apoderado legal de Volans, Yury Chumak, sostiene en una querella presentada ante tribunales que dicha Secretaría le asignó la reparación de las cuatro aeronaves y después canceló el contrato sin justificación alguna, para otorgárselo a FTI, lo que le ha causado un daño patrimonial a su empresa por 3.3 millones de dólares.
Al investigar qué pasa en la Secretaría de Marina, hemos encontrado que el secretario Saynez desconoce las operaciones que sus subalternos realizan en su nombre, y algunas compras de bienes y servicios son por lo menos sospechosas de malos manejos. Lo extraño del caso es que al parecer el almirante tampoco se entera de las denuncias y quejas que empresas privadas han presentado ante el órgano de control y en tribunales administrativos. Por lo pronto, este caso de los cuatro helicópteros de Marina será tema a investigar por el próximo gobierno priísta de Enrique Peña Nieto y razones hay muchas.
Primero, las aeronaves fueron enviadas por barco a Rusia para su reparación en talleres especializados y, antes que terminaran los trabajos, la Secretaría de Marina rescindió en México el contrato a Volans para otorgárselo a FTI. Contrato en mano, ésta se trasladó de inmediato a los talleres rusos y retiró dos de los cuatro helicópteros que ya habían sido reparados y los regresó a México por el puerto de Veracruz, en donde la Secretaría de Marina recuperó sus aeronaves. Pero los otros dos helicópteros siguen varados en algún país de Europa y los mal pensados aseguran que podrían venderse como chatarra y sacarle un dinerito.
Según algunos de los involucrados en el conflicto, la Marina negoció con la empresa estadunidense que regresara a México dos helicópteros. Los otros, según se sabe, habrían sido trasladados a Holanda para su venta. La duda de algunos expertos es para qué salieron los aparatos de los talleres rusos cuando apenas llevaban el 30 por ciento de su reparación, ya que en ese estado sólo podrían ser utilizados para abastecer de refacciones a otras aeronaves. Pero más allá de las dudas que esta operación de reparación de cuatro helicópteros ha causado y que se tendría que explicar a los órganos de control, está la controversia legal que se lleva en tribunales mexicanos a petición del representante legal ruso Yury Chumak, responsable también del contrato firmado con la Oficialía Mayor, y que el próximo secretario de Marina tendrá que hacerle frente.
Según el expediente que obra en tribunales, el 10 de junio de 2011 se inició un juicio de nulidad en contra de la rescisión administrativa que determinó el mismo almirante Saynez, y cuyo juicio fue radicado ante la Sexta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, bajo el expediente 13519/11-17-06-5.
Fue el mismo secretario Saynez quien emitió el acuerdo por el que dejó sin efectos una resolución del oficial mayor de Marina y que motivó el juicio de nulidad mencionado, para emitir una nueva determinación de finiquito por rescisión administrativa.
Sobre ese acuerdo del secretario de Marina, la empresa Volans alega que es ilegal, y para ello presentó hace un año un juicio de nulidad, el 17 de octubre de 2011, el cual fue radicado en la Quinta Sala bajo expediente 26013/11-17-05-3. Ante ello, sostiene Yury Chumak, el contrato de reparación de cuatro helicópteros se encuentra vigente y la Secretaría de Marina no podía reasignarlo a la empresa estadunidense sin violar las leyes mexicanas.
El contrato SCIA/016-2008 que firmaron la Secretaría de Marina y la empresa Volans establece que las matrículas de las cuatro aeronaves MI-17 que se repararían en talleres rusos son AMHT-2006 N/S 95882; AMHT-211 N/S 440M01; AMHT-212 N/S 96023, y AMHT-216 N/S 95740. En ese año el contrato fue firmado por el entonces oficial mayor de Marina, almirante Moisés Gómez Cabrera, y por Volans, su representante legal Yury Chumak.
El monto de dicho contrato que obra en tribunales asciende a 6 millones 671 mil 100 dólares, cerca de 90 millones de pesos. Aunque la Marina cumplió con pagar un anticipo del 50 por ciento para que se realizara la reparación, hasta ahora dos de las cuatro aeronaves no han sido entregadas y fueron sustraídas de los talleres rusos para trasladarse a algún país de Europa, según el representante legal, quien exige el cumplimiento del contrato y por tanto el pago de los otros 3.3 millones de dólares.
Marina y los astilleros gallegos
Aunque la Secretaría de Marina lo niega, en el sector naviero mexicano dan por un hecho que los astilleros gallegos encontrarán la forma de incrementar el monto y número de sus contratos con el gobierno mexicano.
Al menos Petróleos Mexicanos necesita renovar su flota y los problemas de transparencia y sobre costos han impedido que la paraestatal compre las embarcaciones que necesita.
Utilizar a PMI Comercio Internacional para no licitar los dos floteles que construirán los astilleros Navantia y Barreras abrió una serie de dudas sobre la operación, en la que intercambian conflictos de interés y subyace la promesa de Juan Camilio Mouriño de beneficiar a las empresas navieras de su natal Galicia. Hace algunas semanas y después del escándalo que rodeo a Pemex, esta empresa no podrá comprar indiscriminadamente barcos a Galicia, como lo tenía planeado.
La razón es una vieja controversia con la industria naviera holandesa, que colocaría a los astilleros gallegos en el límite de los barcos que puede vender a Pemex. También haría necesario revisar los precios que los astilleros españoles ofrecen por sus embarcaciones. Fue en junio de 2011 cuando Bruselas, ante la Unión Europea, hizo valer una denuncia presentada por el sector naviero holandés para que se retiraran los incentivos fiscales que permitían a los astilleros gallegos competir de manera desigual. Desde entonces, los astilleros holandeses han firmado al menos 50 contratos para barcos por más de 2 mil millones de euros.
En los últimos seis meses, además, los astilleros gallegos no lograrán cerrar contratos adicionales a los de Pemex. Holanda, mientras tanto, amplía su participación a través del gigante de los astilleros Dane en el mercado de buques offshore de apoyo a plataformas petroleras, en donde se han especializado los astilleros Barreras o Vulcano.
Pero no sólo se trata de Holanda, los astilleros de Noruega y Francia también resultan más rentables que los gallegos, con los cuales Pemex apuesta a la proveeduría de barcos que no serán licitados y que no podrán adquirirse bajo la figura de “tax lease” o arrendamiento, en el que intervienen diversas herramientas fiscales y se permite la deducibilidad.
Impunidad e injusticia en el Edomex
Si la corrupción lastima y ofende a la sociedad, la impunidad resquebraja la estructura social y deja indefensa a la mayoría de la población. Es por eso que el Poder Judicial de la Federación debe impartir justicia no sólo para los que más tienen o para aquellos que la tuercen corrompiendo a jueces, magistrados y ministros, sino a cualquier persona que sienta vulnerados sus derechos y violadas sus garantías constitucionales. Así, desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación deben dejar de proteger a jueces y magistrados corruptos y sancionarlos cuando vulneran los derechos de los mexicanos.
Los ejemplos de la falta de impartición de justicia son muchos y a diario se viven en tribunales, mientras que las investigaciones a cargo del Consejo de la Judicatura para someter a jueces corruptos son pocas o casi nulas. En México se ha creado un pantano de corrupción e impunidad cuando se busca justicia, y los responsables de impartirla simple atienden a quien los soborna.
Aunque la corrupción e impunidad también se presentan como un grave problema en los otros dos poderes de la Unión (Legislativo y Ejecutivo), es en el Poder Judicial en donde encuentra su máxima expresión y causa el mayor daño a la sociedad, pues es en esta estructura social en donde los fallos de jueces, magistrados y ministros juegan con la vida y la libertad de las personas, y cuando dichos fallos son motivados por la corrupción de los impartidores de justicia, la sociedad queda herida de muerte.
Hay un caso de un lector que nos hizo llegar y que revela esa complica estructura de justicia que opera a favor de la impunidad. Este es su testimonio:
“Fui objeto de un secuestro orquestado por una persona que fue mi amigo y socio en un negocio y que considera que le debo dinero.
“Con el pretexto de una nueva asociación, me invitó a comer y con engaños me entregó a cuatro gatilleros armados que me recluyeron en una casa de seguridad en el Estado de México (la tierra del próximo presidente de la República) y me amenazaron de muerte si no pagaba una fuerte cantidad de dinero.
“Fui privado de mi libertad por dos días y gracias a la urgente acción de mi esposa y de un amigo, se pagó a mis secuestradores una considerable cantidad de dinero y se les entregó un poder irrevocable para actos de dominio sobre dos propiedades, gracias a lo cual fui liberado.
“La eficiente acción de la Subprocuraduría de Investigación en Delincuencia Organizada (Siedo) y de la Procuraduría General de la República (PGR) permitió la captura de uno de los gatilleros y del autor intelectual del secuestro, quienes se encuentran sujetos a proceso en una Corte de Juicio Oral del Estado de México.
“La defensa de los procesados, liderada por el célebre Pablo Chapa Bezanilla (aquel abogados-policía que asoció con la bruja “La Paca” para encontrar el cuerpo del exlegislador priista Manuel Nuñoz Rocha y poder culpar a Raúl Salinas de Gortari de su asesinato), aduce que en este caso no se configura el delito de secuestro, sino el de “requerimiento ilícito de pago”, previsto en el artículo 268-ter del Código Penal del Estado de México, el cual establece:
“A quien por medio de la violencia, amenaza, hostigamiento o intimidación, solicite a otro el pago de una deuda o supuesta deuda, fuera de los procedimientos establecidos en la ley, se le sancionará con una pena de seis meses a tres años de prisión y de 180 a 360 días de multa”.
“De aplicarse la interpretación de la defensa, se abriría la puerta a que todos los secuestros realizados en el Estado de México a partir del 16 de marzo de 2011 se consideren requerimiento ilícito de pago, el cual tiene una penalidad minima y permitiría a los secuestradores salir de inmediato en libertad y reincorporarse a su deleznable actividad.
“De acuerdo con la exposición de motivos del decreto 270 del Congreso del Estado de México, que introdujo el delito de requerimiento ilícito de pago, se previó para la actividad de cobro indebido que hacían las agencias de cobro de las tarjetas de crédito o instituciones bancarias, que por medio de llamadas intimidantes o amenazas de demandas o embargos realizaban una desagradable actividad de cobranza para los deudores bancarios o de tarjetas de crédito, pero nunca se previó para el que privara de la libertad a otro y con amenazas de muerte obtuviera de la familia el pago de un rescate por su liberación.
“ De aceptarse la interpretación de la defensa en este asunto, prácticamente desaparecería la penalidad agravada que han establecido las leyes federales y locales para tratar de combatir y erradicar el delito de secuestro y se daría lugar a que todos los secuestradores se calificaran a si mismos como gestores de requerimiento ilícito de pago, con una penalidad mínima que les permitiría obtener su libertad en breve plazo, lo que los animaría a continuar impunemente con su actividad.
“Usar el articulo 268-ter del Código Penal del Estado de México para defender a secuestradores y admitir dicha defensa por parte de los jueces, abriría la puerta a la impunidad del secuestro en el Estado de México, lo que es totalmente contrario al clamor de la sociedad mexicana que está hasta de este delito, que es uno de los que más daño causa, tanto patrimonial como moralmente, a la sociedad mexicana”.
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