jueves, 20 de junio de 2013

Corte invalida Ley Duarte que condenaba a tuiteros


La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la ley en Veracruz que castiga hacer afirmaciones falsas por cualquier medio, incluidas las redes sociales.

Por 10 votos contra uno, los ministros resolvieron que el artículo 373 del Código Penal de Veracruz viola la libre expresión, el derecho a la información y la exacta aplicación de la ley penal.

El congreso veracruzano aprobó esta disposición, conocida como Ley Duarte, en 2011, luego de que dos tuiteros divulgaron supuestos hechos del crimen organizado que resultaron ser falsos. Los legisladores optaron por sancionar la difusión de falsa información, incluso ambos tuiteros fueron encarcelados.

“Si bien existe interés público para evitar alarma, desasosiego, pánico o movilizaciones de personas de manera descontrolada o anárquica, generada por afirmaciones falsas, la medida del legislador no cumple con el requisito de necesidad“, dijo el ministro Jorge Pardo Rebolledo.

La SCJN invalidó esta ley tras una acción de inconstitucionalidad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que buscó anular la disposición.

No obstante, después los legisladores locales reformaron la norma.

Con información de Reforma, El Universal

SLP ocupa el lugar 15 nacional en agresiones y ataques a periodistas


SELEN TERÁN

En su visita a San Luis Potosí para participar en el Foro Regional sobre Evaluación de Riesgos y Medidas para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el experto en materia de protección a defensores y defensoras de derechos humanos, y miembro de la Universidad de Investigación y Formación de Protección Internacional Luis Enrique Eguren, incongruentemente para la investidura del organismo que representa, evadió hablar con la prensa local ya que dijo, era una visita técnica a la que obedecía su presencia en la capital y no para dar entrevistas a la prensa local; en su lugar, la información fue proporcionada por el quinto visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Fernando Batista Jiménez, quien aseveró que San Luis Potosí ocupa el lugar 15 a nivel nacional en agresiones y ataques contra periodistas; asimismo, confirmó que aún se desconoce el paradero de los dos periodistas desaparecidos en la zona Media y Huasteca el año pasado.

Con la presencia de diversas personalidades relacionadas con los derechos humanos, se dio inicio al primer foro abocado a la defensoría de los derechos de periodistas, al cual fue citada la prensa local, sin embargo al momento de abordar a Luis Enrique Eguren, quien representaba además a la Organización de las Naciones Unidas, este, en al menos tres ocasiones, rechazó dar entrevistas, primeramente argumentando que la situación del periodismo actual no permitía conceder la información solicitada, esto dicho a través de una persona que le acompañaba; en otro intento por abordarlo, justificó diciendo que a San Luis no venía a dar entrevistas.

En su lugar, el experto en protección a periodistas, Fernando Batista Jiménez, dio a conocer que a nivel nacional la CNDH tiene documentado, del 2000 a la fecha, 84 casos de homicidio en perjuicio del periodista; 20 casos de periodistas desaparecidos del 2005 a junio del presente año, y 39 casos de atentados a instalaciones de medios de comunicación a nivel nacional.

Lamentablemente, en todos los casos que han registrado persiste la impunidad, en 90 por ciento de los casos no se ha dictado una sentencia condenatoria: “en la medida que no se abata este problema, difícilmente las medidas de prevención pueden tener efectos positivos”, señaló.

Pese a esto, expresó que el estado potosino cuenta con un garante a la libertad de expresión al ya contar con la Ley de Protección al Ejercicio del Periodismo en San Luis Potosí, la cual protege a la democracia y el estado de derecho, sin embargo la entidad se encuentra en el lugar décimo quinto de agresiones contra el ejercicio del periodismo, los estados con mayor número de quejas en perjuicio de dicha profesión son el Distrito Federal, Veracruz y Chiapas.

Las agresiones que son una constante son vejaciones a la seguridad jurídica, legalidad, libertad, trato digno, y a la integridad física y personal de los periodistas. En este caso, los grupos que arremeten contra la libertad de expresión a través de los comunicadores son el crimen organizado y las autoridades.

Periodistas desaparecidos en San Luis Potosí

El 13 de mayo de 2012, Federico Manuel García Contreras, reportero gráfico del diario Punto Crítico con sede en el Distrito Federal, fue reportado como desaparecido sus familiares, presuntamente en el municipio de Tanquián de Escobedo; a más de un año que esto ocurriera, la CNDH verifica que se integre la averiguación previa.

Con respecto del caso de Adela Jazmín Alcaraz López, vista por última vez el 2 de octubre del año pasado, Batista Jiménez expresó que el expediente sigue abierto, la comisión está verificando que las averiguaciones previas no estén vulnerando los derechos humanos; la indagatoria se encuentra en la Fiscalía Especial para la Libertad de Expresión, misma que fue remitida a la Procuraduría General de Justicia del Estado: “lo importante aquí es que se encuentren a los periodistas, y sobre todo que no queden impunes”, finalizó.

Marchistas en el DF denuncia represión de RMVR; pedirán hoy a Malverde ablande su corazón


Por : Yadira Llaven

En represión a la Marcha-Caravana por la Dignidad de los Poblanos, el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas efectuó la tarde de este miércoles dos operativos violentos para decomisar 10 mototaxis en los municipios de Acatzingo y Cuautlancingo; mientras que el Ministerio Público de Cholula mandó a citar hoy jueves al abogado defensor de este gremio Hilario Alonso, como medida de presión para que renuncien a la movilización.

Lo anterior fue denunciado por la diputada federal Roxana Luna Porquillo, quien encabeza el plantón indefinido que más de un millar de poblanos mantiene instalado frente a las oficinas de la Secretaría de Gobernación federal (Segob), sobre la Avenida Bucareli de la capital del país.

A manera de sátira, este jueves a las 13 horas los marchistas poblanos se trasladarán a la capilla del santo de los narcos Jesús “Malverde”, para pedir que se ablande el corazón del gobernador panista y atienda la demanda de su pueblo. Los ejidatarios, campesinos, mototaxitas, tianguistas y comuneros poblanos marcharán de la Avenida Bucareli sobre Reforma hasta llegar a la Avenida Hidalgo, en pleno centro de la ciudad de México, donde se encuentra una capilla en honor al “bandido milagroso”.

Para el acto, los inconformes están convocando a los medios de comunicación nacional, a quienes evidenciarán la represión y criminalización de la lucha social que padecen del gobernador de Puebla, motivo por el cual precisamente se encuentran en protesta en la ciudad de México.

“El gobierno del estado nos están reprimiendo con operativos, con citatorios judiciales a nuestro grupo de abogados, pero esta agresión no nos amedrenta, nos fortalece”, dijo anoche al teléfono la legisladora cholulteca.

Se desangran frente a la Segob federal para protestar contra insensibilidad de Moreno Valle


Por : Yadira Llaven

Ante la insensibilidad del gobierno morenovallista para dar respuesta a los rezagos que se padecen en la entidad, se desangró una comisión de la Marcha–Caravana por la Dignidad de los Poblanos frente a las oficinas de la Secretaría de Gobernación federal (Segob), como una forma de presión para exigir a las autoridades estatales y federales que se instalen mesas de trabajo y se resuelva el rezago de padecen ejidatarios, campesinos, obreros, comerciantes y otros grupos sociales del estado de Puebla.

El acto se llevó a cabo a las 13 horas frente al edificio público, ubicado en la Avenida Bucareli de la capital del país, donde se encuentra instalado un plantón indefinido de un millar de integrantes de la marcha.

La legisladora federal Roxana Luna, junto con integrantes del Movimiento Nacional los de Abajo y varios frentes sociales del estado de Puebla, se quitaron sangre con jeringas, que utilizaron como tinta en pancartas para demandar audiencia y diálogo al gobernador Rafael Moreno Valle Rosas.

La decisión de quitarse sangre y pintar con ello algunas mantas en contra del gobierno panista, será llevó a cabo con la supervisión de médicos y enfermeras para evitar un problema de salud.

Este acuerdo se tomó en una asamblea pública, efectuada a la medianoche de este martes a mitad de la Avenida Bucareli, en la que participaron más de 3 mil manifestantes que marcharon a pie de la ciudad de Puebla a la capital del país. Lo anterior luego de que no se llegó a un acuerdo con funcionarios de la Secretaría de Gobernación federal (Segob), en un primer acercamiento, para instalar mesas de trabajo y resolver demandas de índole estatal y federal, como el rescate del campo, la regularización del servicio de transporte de mototaxis, y la cancelación de la construcción del Libramiento Poniente, entre otras peticiones.

Tras la protesta, tanto hombres como mujeres que participan en el plantón lanzaron al cielo 20 palomas blancas, que simbolizan la paz, el diálogo y la concordia, que consideraron debe tener el gobernador Rafael Moreno Valle. “Esperamos que estas aves de paz surque los cielos y lleguen a Casa Puebla y a las oficinas del gobernador”, exclamó la legisladora federal Roxana Luna Porquillo, quien encabeza la marcha.

En las patas de las palomas iba escrito el mensaje: “sólo queremos audiencia señor gobernador, escúchenos, los poblanos queremos diálogo”.

En su arribo a la capital del país, la marcha poblana recibió el respaldo del Movimiento Nacional Los de Abajo, de diputados federales y asambleístas de la ciudad de México, estos últimos a través de la legisladora Ana Julia Hernández Pérez, quienes llevarán a la tribuna legislativa este jueves un punto de acuerdo para exhortar al gobernador Rafael Moreno Valle que atienda y reciba a los inconformes.

Los diputados federales pidieron públicamente al gobernador poblano respeto al derecho de audiencia y se frene la criminalización de los movimientos sociales en el estado.

En el tercer día de protestas, Luna Porquillo refirió –en entrevista telefónica– que sólo buscan una audiencia y diálogo público con el titular del Ejecutivo de Puebla para resolver los diversos problemas de trabajadores, campesinos, mototaxistas y vendedores ambulantes.

Informó que una comisión de los más de 3 mil inconformes que arribaron a la Ciudad de México, en la marcha masiva por la Dignidad de los Poblanos, sostuvo la noche del martes una reunión con funcionarios de la Secretaría de Gobernación, a quienes pidieron sean garantes e interlocutores para que Rafael Moreno Valle instale mesas de trabajo para solucionar las problemáticas de la entidad.

La diputada cholulteca advirtió que, de lo contrario, si hay desinterés del gobierno morenovallista por atender la demanda, el plantón se quedará de forma indefinida afuera de las oficinas que dirige Miguel Ángel Osorio Chong. Otros problemas que se denunciaron al paso de la Marcha–Caravana son la adjudicación de 480 hectáreas de la zona del volcán Izta–Popo, que está en manos de particulares de la comunidad de San Lucas Atzala.

También plantearon la posibilidad de establecer un centro de abasto para los campesinos de la región de las Cholulas, quienes suministran todas las hortalizas a Puebla y el Distrito Federal, para acabar con el coyotaje de los productos. La diputada de origen cholulteca adelantó que la Segob se comprometió a dar respuesta este viernes al contingente poblano, por lo que estarán en pie de lucha hasta ese día.

“Mientras no haya respuesta del gobierno federal, no nos moveremos de Bucareli”, advirtió.

Denuncian actos de intimidación de la empresa Esperanza Silver


Raúl Morales Velázquez

CUERNAVACA. Activistas del Movimiento Morelense en Contra de las Concesiones de Metales Preciosos, presentaron ayer una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, en la que denuncian actos de intimidación por parte de personal de la Minera Esperanza Silver y autoridades municipales, así como en contra del Sistema Operativo de Agua Potable de San Agustín Tetlama.

Por su parte, ex trabajadores de la minera exigieron al gobierno del Estado les dé empleo, “porque, al irse el proyecto de Morelos, más de 70 familias no tenemos recursos”.

Primero, los integrantes del movimiento mencionaron que especialmente las intimidaciones son contra los habitantes de Tetlama opositores, que desde el día 19 de mayo del año en curso se unieron a este movimiento en contra de la explotación de la mina, así como a opositores de Cuentepec, Milpillas y Tetlama, los cuales han sido vigilados y amedrentados por dispositivos policiacos.

Los afectados señalaron, al inicio de su queja, que desde el mes de enero del año en curso se han realizado diferentes acciones de intimidación, persecución, golpes, allanamientos, entre otros, por parte de policías de Temixco y otras personas; por lo que se les hizo la invitación a denunciar dichos actos ante la Procuraduría General de Justicia del Estado.

Ante este escenario el organismo que encabeza la ombudsman Lucero Ivonne Benítez Villaseñor radicó la queja número 270/2013-6, en donde se solicitaron los informes respectivos al gobernador constitucional del Estado, al presidente municipal de Temixco, al secretario de Seguridad Pública de Temixco y al Sistema de Agua Potable de San Agustín Tetlama; así como adoptar las medidas precautorias necesarias por parte de las autoridades antes señaladas; y a la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, evitar enfrentamientos entre particulares, con la finalidad de prevalecer el orden y la paz pública.

Más tarde, en Casa de Morelos, un grupo de ex trabajadores de la minera Esperanza Silver, encabezados por Manuel Espínola acudieron a exigir al mandatario estatal les apoye y que se les regresen sus empleos; “no se vale que el gobernador haya hecho hasta lo imposible por sacar el proyecto de Morelos, a pesar de que la mayoría de la comunidad estaba a favor del proyecto, que nos daba empleo a 70 habitantes con un sueldo de mil 750 pesos semanales”.

Consideraron, los que están a favor de la mina, que en todo trabajo hay riesgos; “lo único que queremos es trabajar, por eso acudimos a que el gobierno nos apoye, porque a pesar de que la empresa estaba haciendo las cosas correctas, el gobierno ayudó para que esto no se lograra, sin importarle que nos quedáramos varias familias sin la fuente de empleo”. Dijo Manuel Espínola que la empresa otorgó muchos apoyos a las comunidades, “apoyos que el gobierno jamás nos dio, en escuelas, salud, y a la misma comunidad”; se dijeron conscientes de los posibles daños ambientales que ocasionaría el proyecto; “todos los sabemos, era un riesgo que se corría”.

Afirmaron que de no darles respuesta favorable, “tomarán varias dependencias para presionar al gobierno para que les dé apoyos”.

Agreden a activistas de Taxco que fueron a SG


RAYMUNDO RUIZ AVILÉS ( Corresponsal)

Ciudad de México, 19 de junio. Integrantes de la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas (CODUC), entre ellos el diputado federal Sebastián de la Rosa Peláez, quienes se unieron a otras organizaciones sociales del Frente Amplio Campesino en esta ciudad, fueron agredidos por granaderos durante la marcha que realizaron en la ciudad de México para protestar por la retención de los recursos de vivienda rural, los cuales frenan 20 proyectos de casas para la comunidad indígena de Tlamacazapa y por el incumplimiento al Nuevo Pacto Rural.

Los taxqueños llegaron hasta la ciudad de México en el Monumento a la Revolución para reunirse con otras organizaciones y marchar contra la nula respuesta del gobierno federal por apoyar al campo.

Cientos de personas demandaron una nueva reforma para favorecer al sector agrícola. En el trayecto, los manifestantes exigieron que se liberen los recursos de vivienda rural federal, que afecta a las comunidades del país.

En la caravana, donde estuvo presente el diputado federal De la Rosa Peláez, así como líderes de Guerrero de la CODUC, exigieron que en el Pacto por México se incluya al sector y también se despolitice el tema del campo.

En tanto, los taxqueños exigieron al presidente Enrique Peña Nieto la liberación de recursos para 20 viviendas para indígenas de la comunidad de Tlamacazapa, que están detenidos.

Los integrantes de la organización manifestaron que es necesario que se reaperturen los apoyos a los indígenas de Guerrero, donde Tlamacazapa es uno de los más afectados.

Llegaron hasta la Secretaría de Gobernación (SG) para la realización del Nuevo Pacto por el Campo y ante el rompimiento del diálogo dentro del lugar, abandonaron el recinto, aunque afuera ya los esperaban los policías federales, quienes agredieron a los manifestantes entre ellos al diputado De la Rosa Peláez, así como otros activistas de Guerrero.

De la Rosa Peláez explicó que después que ingresaron a la SG y al romperse el diálogo, salieron del recinto, pero los policías “en una confusión” empezaron a empujar a los de la CODUC.

La PCP explica a universitarios del DF sus diferencias con la Crac y la Upoeg


Las tres organizaciones se levantaron en armas para prevenir y combatir actos delictivos, afirma

SALVADOR CISNEROS SILVA ( Enviado)

Ciudad de México, 19 de junio. Ante estudiantes de la UNAM, la UAM y Chapingo, los integrantes de la Policía Comunitaria y Popular explicaron que la Crac, la Upoeg y la PCP “nos levantamos en armas para combatir y prevenir los actos delincuenciales; tenemos la responsabilidad de vigilar”.

“No nos organizamos para hacer la guerra; nosotros somos partidarios de la paz, del amor a la naturaleza y el respeto a la vida; además, (vinimos a) exigir al gobierno el retiro del Ejército y la Marina de nuestro territorio, ya que sólo han estado hostigando a los pobladores”, agregó una de las dirigentes, Sitlaly Pérez Vázquez.

En su cuarto día de brigada nacional denominada La Palabra que Camina, la PCP visitó la Universidad Nacional Autónoma de México, la Autónoma Metropolitana y la de Chapingo, donde fueron recibidos con entusiasmo. Posteriormente denunciaron que los guardias de seguridad privada irrumpieron en los autobuses donde viajan, revisaron las mochilas de los brigadistas y las dejaron tiradas.

Las condiciones de viaje han sido precarias: han tenido que pedir donaciones para comprar tortillas y arroz para comer, además de dormir en pasillos y en el piso de bodegas, y de pasar frío.

En las universidades que visitaron explicaron el motivo de la brigada nacional y lo que es la PCP, cuándo surgió, sus principios y lo que implica el sistema de seguridad y justicia.

“La Policía Ciudadana y Popular nació primeramente el 2 de diciembre del 2012, con motivo del 38 aniversario de la muerte de profesor Lucio Cabañas Barrientos y por la presencia de la delincuencia organizada en el territorio comunal de Temalacatzingo; por segunda vez, el 13 de febrero del 2013, ante el constante robo de ganado, tala de árboles, asaltos y toda la delincuencia organizada que se notaba en el territorio. Por ello surgió la Policía Ciudadana y Popular de Cualac”, explicó durante su participación el comandante Tespostototl.

En las tres universidades se le preguntó a los representantes la diferencia entre la PCP, la Crac y la Upoeg, a lo que explicaron que “todos nos levantamos en armas para combatir y prevenir los actos delincuenciales; tenemos la responsabilidad de vigilar, de velar por los intereses de nuestros pueblos, pero lo que nos diferencia de las otras policías es que nosotros trabajamos para promover el desarrollo de las comunidades desde abajo, construyendo la soberanía popular porque sabemos que ésta es la verdadera democracia, la democracia participativa a través de las asambleas, trasformación social de nuestra forma de pensar, de convivir y de cuidar a la naturaleza, porque ella es la que nos da la vida”.

Los universitarios agradecieron a la PCP su presencia. “Nos llena de alegría el tenerlos en nuestro plantel y que anden recorriendo las universidades para invitarnos a ser partícipes de este movimiento que pretende hacer una transformación social. Sabemos que no es nada fácil, pero ustedes nos están dando el ejemplo para dar el primer paso, y nosotros como estudiantes tenemos que ser partícipes”, dijo un estudiante de la Universidad Autónoma Metropolitana.

Por otra parte, en entrevista, la representante Sitlaly Pérez Vázquez denuncio que durante su estancia en la UNAM, la policía privada de la universidad cometió abusos contra la PCP: “cuando terminamos la presentación en la Facultad de Ciencias Políticas y al ingresar a nuestro camión en el que nos transportamos, nos dimos cuenta de que la policía había revisado los objetos y pertenencias, ya que las cosas estaban tiradas y las mochilas no estaban en donde mis compañeros las habían dejado”.

Torturan militares a mujer en Petatlán, acusan vecinos


HERCILIA CASTRO ( Corresponsal)

Zihuatanejo, 19 de junio. Vecinos de San Jeronimito, municipio de Petatlán, denunciaron que hace tres días entró un convoy militar del 19 Batallón, con asiento en esa cabecera, y torturaron y golpearon a una anciana de 60 años “para que confesara” dónde estaba su hijo, y la encadenaron en su propia casa, ubicada en la entrada a Potrerillo.

Manifestaron que el convoy llegó a la entrada de Potrerillo y se dirigió a la casa de la mujer. “Todos vieron a los guachos, pero se echaron a correr porque les tienen miedo”. La anciana de 60 años no huyó de los militares.

Sin embargo, testigos en el lugar se dieron cuenta de que la mujer fue encadenada a una silla y golpeada simultáneamente en ambos ojos; “la emborracharon, le empinaban botellas de vino para que confesara y la encadenaron”.

Una vecina de San Jeronimito, que omitió su nombre por seguridad, mencionó que le exigían a Martha que dijera dónde estaba su hijo, porque ella sabe a lo que se dedica, pero la anciana no podía hablar por los golpes propinados por los militares.

Los uniformados dejaron golpeada y encadenada a la mujer, que se dedica a los quehaceres domésticos, recoger botes de plástico y hacer mandados para obtener dinero para su manutención.

Las autoridades tienen en sus manos una nueva oportunidad para combatir la violencia contra las mujeres.




El día de hoy, Amnistía Internacional ha dirigido una carta a la secretaría del Sistema Nacional para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPSEVCM), con motivo de su reunión el día de mañana, 21 de junio, solicitando a esta dependencia reconsiderar su decisión de rechazar la declaración de la alerta de violencia de género en el Estado de México.

La alerta de género es un mecanismo de emergencia previsto en la legislación para hacer frente a la violencia de género, incluyendo los feminicidios.

Amnistía Internacional ha visto con preocupación cómo pese a que la violencia contra mujeres y niñas es generalizada en numerosas estados, y que se ha solicitado en diferentes ocasiones la aplicación de esta medida, hasta el momento se ha rechazado reiteradamente. Esta es una muestra más de la falta de aplicación efectiva de la legislación para prevenir y castigar la violencia contra las mujeres.

La organización reitera su llamado a las autoridades mexicanas para que estas modifiquen sus procedimientos para así garantizar la aplicación efectiva del mecanismo de alerta de violencia de género y otras medidas para erradicar la violencia contra las mujeres.

Esta preocupación ha llegado también a organismos internacionales. El Comité para la Eliminación de todas las formas de Violencia Contra las Mujeres expresó en 2012 su preocupación por el aplazamientos en la aplicación de los mecanismos de protección previstos en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en particular […] las ineficiencias procesales que previenen la activación del Mecanismo de Alarma de Género, y recomendó al Estado mexicano abordar urgentemente los obstáculos que limitan la activación del mecanismo de Alerta de Género.

Amnistía Internacional, considera que las autoridades mexicanas están ante una nueva oportunidad de mostrar su compromiso real con la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Para ello, el SNPSEVCM, debe decidir de manera fundada y motivada sobre la procedencia de la declaratoria de alerta de género en el Estado de México.

Información adicional

En enero de 2011 el SNPSEVCM rechazó la declaratoria de alerta de género en el Estado de México. Ante esto, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH) presentaron un amparo que finalmente llevó a una resolución judicial que obliga al Sistema considerar nuevamente su decisión de forma motivada y fundad.

Amnistía Internacional ha denunciado que un problema fundamental en torno a la inoperatividad de la alerta de violencia de género es que el SNPSEVCM se compone de ciertas instancias federales y de los institutos de la Mujer de los diferentes estados, los cuales dependen directamente del ejecutivo de cada estado. Así los ejecutivos estatales se convierten en juez y parte en la decisión, puesto que una medida que podría afectarlos es decidida por ellos mismos.

La alerta fue establecida en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia justo para romper este círculo de impunidad y lograr una respuesta efectiva de diversas autoridades con la participación de la sociedad civil. La dificultad experimentada en la práctica para utilizar este mecanismo suscita serias preocupaciones acerca del compromiso de las autoridades federales y estatales en cuanto a la utilización de todos los medios disponibles en la lucha contra la violencia basada en el género.

El presupuesto con perspectiva de género

EN CONCRETO
Laura Itzel Castillo

Hace unos meses acudí a la presentación del "Manual para ciudadan@s no expert@s en presupuesto con perspectiva de género en salud" elaborado por Dulce María Cinta Loaiza e Ivonne Cisneros Luján, de la Universidad Veracruzana.

Este interesante trabajo es resultado de una investigación que evalúa la integración y aplicación del presupuesto con esta perspectiva, enfocado a la salud.

Si bien la perspectiva de género, es un concepto del que se habla frecuentemente, no siempre, está bien aplicado, pues no todos conocen su significado y mucho menos las herramientas para poder traducirlo en políticas públicas.

El manual elaborado por estas dos investigadoras, explica a las interesadas en participar en la formulación de presupuestos, desde los conceptos básicos hasta algunas estrategias para su aplicación.

Para hablar sobre estos temas, el Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana y la Fundación Heberto Castillo Martínez, A.C han organizado el foro “El presupuesto para la salud, desde una perspectiva de género: Logros y desafíos” con la participación de Ivonne Cisneros, una de las autoras del manual y con diputadas federales, locales, funcionarias, académicas y especialistas en estos temas.

Estarán la diputada Aída Fabiola Valencia de Movimiento Ciudadano, Mónica Soto, Secretaria de Equidad y Género del PRD, la diputada Malú Micher, presidenta de la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados, Aurora del Río, del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, el doctor Rodolfo Ondarza Rovira, del PT, Presidente de la Comisión de Salud de la Asamblea Legislativa del DF, la doctora Edda Arrez del Instituto Veracruzano de las Mujeres, Martha Juárez Pérez de Consorcio Ciudadano y Daniela Díaz del Centro de Análisis e Investigación.

Sin duda, este evento será un espacio adecuado para reflexionar acerca de las acciones que se deben incorporar en el diseño de políticas públicas que combatan la desigualdad entre hombres y mujeres.

El Foro se realizará los jueves 27 de junio y 4 de julio de 2013, a las 6 de la tarde en el Centro Cultural Veracruzano, ubicado en Av. Miguel Ángel de Quevedo 687 en Coyoacán, en la Ciudad de México. La entrada es libre.

[Info-cdhbcasas] Boletín Frayba: 17 años de la desaparición forzada de Minerva Guadalupe Pérez Torres.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

20 de junio de 2013

Boletín No.14

17 años de la desaparición forzada de Minerva Guadalupe Pérez Torres

Se admite el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Hace 17 años, el 20 de junio de 1996, en el poblado Miguel Alemán, municipio de Tila, Chiapas, fue desaparecida Minerva Guadalupe Pérez Torres (en adelante Minerva), indígena chol, de 19 años de edad. Ese día, integrantes del entonces grupo paramilitar Desarrollo Paz y Justicia, la interceptaron mientras se dirigía a visitar a sus padres en la comunidad Masojá Shucjá, en la zona baja de Tila.

Según información con la que cuenta este Centro de Derechos Humanos, así como sus familiares, Minerva fue golpeada y violada sexualmente por sus captores durante tres días. A 17 años de estos hechos se desconoce su paradero.

Es importante hacer mención que la desaparición de Minerva, está enmarcada en una estrategia de guerra de contrainsurgencia planeada por el gobierno de México en la zona Norte de Chiapas, de manera particular en los municipios de Tila, Sabanilla, Tumbalá, Salto de Agua, entre otros municipios de esa región, e implementada por el grupo paramilitar Desarrollo Paz y Justicia, el cual ha sido demostrado a través de los años que fue impulsado y entrenado por el gobierno de México, tal como lo indica el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), después de su visita a Chiapas en 1998.[1]

Ante la falta de justicia en México, los familiares de Minerva, así como otros familiares de víctimas de esa región, presentaron en el año 2004 una petición contra el Estado mexicano ante la CIDH; en dicha petición se entregó información sobre la desaparición forzada de 32 hombres y 5 mujeres, así como la ejecución de 7 mujeres y 78 hombres, todos indígenas choles, como una muestra significativa de la guerra de baja intensidad que se implementó en la zona Norte de Chiapas entre 1995–2000, que a la fecha sigue teniendo efectos psicosociales en las comunidades indígenas de esa región. De los 122 casos documentados por este Centro de Derechos Humanos ocho conforman la petición ante la CIDH (P- 1121-04).

Tras años de búsqueda de justicia, el 20 de marzo de 2013, en la 147º periodo de sesiones de la CIDH, este organismo emitió el informe de admisibilidad, indicando que el Estado mexicano es presunto responsable de violaciones a derechos humanos (Caso 12.901). En dicho informe la CIDH indica que en el caso de Minerva se violó el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal y la protección a la honra y dignidad tal como lo marca la Convención Interamericana de Derechos Humanos, así como los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y el artículo 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención Belém do Pará”.

Para este Centro de Derechos Humanos, la lucha contra la impunidad tiene que ver con el derecho a la verdad, al no olvido, a la reparación del daño y a la no repetición son elementos importantes para la justicia.

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[Info-cdhbcasas] Boletín Frayba: Desmedida incursión policial en Venustiano Carranza

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas;

19 de junio de 2013
Boletín de prensa No.13

Desmedida incursión policial en Venustiano Carranza

En el marco de la Mesa de diálogo y concertación, el gobierno estatal pone en marcha operativo policiaco contra Comuneros de la Casa del Pueblo.

Este Centro de Derechos Humanos recibió información sobre graves sucesos que ponen en riesgo la vida y la integridad física y psicológica de la población en general que habita en la Cabecera Municipal de Venustiano Carranza, Chiapas.

Comuneros de los Bienes Comunales de la Casa del Pueblo, Agentes de Pastoral y pobladores de Venustiano Carranza nos han informado, que el 18 de junio de 2013 por la tarde se puso en marcha un operativo policíaco, respaldado por las Fuerzas Armadas, que avanza hacia los Barrios y Zona Urbana en donde tienen presencia campesinos integrantes de la Organización Campesina Emiliano Zapata – Casa del Pueblo del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (OCEZ-CP-FNLS).

Testimonio de los habitantes refiere sustancialmente que:

Ayer (lunes 17 de junio) comenzaron de nuevo las agresiones, comenzaron allanando la casa del Comisariado de Bienes Comunales (José Vázquez Hernández) para detenerlo pero no lo encontraron en su casa; desde ahí empezaron de nuevo los sobrevuelos de helicópteros y la incursión de la Policía Estatal y Ministerial en los barrios de Venustiano Carranza.

El martes 18 de junio a las 4:30 de la tarde, alrededor de 30 camiones tipo 'torton' con cientos de elementos de la Policía Estatal Preventiva arribaron a las entradas de la cabecera municipal, entrando por el Barrio de San Francisco y de San Pedro con lujo de violencia, tirando gases lacrimógenos, realizando disparos al aire, golpeando y deteniendo a personas que se encuentran a su paso; estas acciones son apoyadas por dos helicópteros que también lanza gas lacrimógeno a la población en general, afectando gravemente a mujeres, niños y ancianos que han quedado atrapados en sus casas.

Todo esto está ocurriendo justo cuando ayer se tuvo la segunda mesa de diálogo de la OCEZ Casa del Pueblo con el gobierno estatal, y se tenía otra programada para este miércoles (19 de junio), por lo que vemos que no hay voluntad mínima para respetar el acuerdo de los temas a tratar

Por lo anteriormente expuesto este Centro de Derechos Humanos responsabiliza al gobierno del estado de Chiapas, a cargo de Manuel Velasco Coello, de los hechos de violencia que se cometen por las Fuerzas Públicas, en agravio de los Comuneros de la OCEZ-CP-FNLS, justo en el marco de una negociación iniciada por funcionarios de su gabinete en donde figura el actual Secretario de Gobierno, Noé Castañón León, como perpetrador de estas acciones de nula congruencia política.

En ese sentido, también exhortamos e insistimos a las autoridades civiles y militares a que se conduzcan protegiendo y garantizando los derechos humanos de los pobladores de Venustiano Carranza, en específico el derecho a la vida, a la integridad y seguridad personal, previniendo actos de violencia que generen actos de imposible reparación; urgiendo también al Gobernador de Chiapas para que privilegie la búsqueda de una solución pacifica evitando en todo momento el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza pública.

Antecedentes:

05 de mayo de 2013 una confrontación, entre integrantes de la OCEZ-CP-FNLS y OCEZ-Chiapas, en la cabecera municipal de Venustiano Carranza deja como saldo dos personas muertas, varias casas quemadas y decenas de familias desplazadas pertenecientes a la OCEZ-Chiapas.

23 de mayo, 26 de mayo y 17 de junio, se realizan tres detenciones arbitrarias en contra de integrantes de la OCEZ-CP-FNLS, que mantiene aún en prisión a 9 personas: Sebastián Gómez Vázquez, Miguel Vázquez Mendoza, José Ángel Alcázar Hidalgo, Juan Mendoza Espinoza, Rodrigo Díaz Solano, Ismael Díaz Coutiño, Catarina Gómez Martínez, José Manuel Vázquez Mendoza y José del Carmen Mendoza Espinoza. Por información documental tenemos conocimiento de 167 órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar.

30 y 31 de mayo, integrantes de organizaciones defensoras de Derechos Humanos, de resolución de conflictos y construcción de paz realizaron tareas de documentación, entrevistando a integrantes de la OCEZ-CP-FNLS y OCEZ-Chiapas constatando las graves condiciones que afrontan ambos grupos ante la acción y omisión de autoridades del gobierno estatal en el marco del conflicto.

10 de junio, en la Secretaria General del Gobierno de Chiapas, se reúne con autoridades federales y estatales con integrantes de la OCEZ-CP para instalar formalmente la Mesa de Diálogo y Concertación en cuyo acuerdo destaca tratar el tema de “Retiro de las fuerzas públicas a sus cuarteles”.

Pue/Méx. ELMO GUZMÁN FUE ABSUELTO: UN CASO MÁS DE CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL


Ciudadano perseguido injustamente por las autoridades al exigir rendición de cuentas a Presidente Auxiliar Municipal de Ixtepec.

La causa penal que se inició en contra de Elmo Guzmán Vázquez por el delito de “daño en propiedad ajena por incendio”, registrado con el número de proceso 154/2009, radicado en el Juzgado del Distrito Judicial de Zacatlán, Puebla, resulta un caso ejemplificativo de corrupción, abuso de poder, omisión jurídica e inoperancia del sistema de procuración y administración de justicia. Este caso ilustra la venganza política y las graves violaciones a derechos humanos, ya que desde la integración de la averiguación previa que inició el Ministerio Público de Huehuetla, quedaron evidenciadas las deficiencias de las pruebas, manipulación de las declaraciones, la falta de cientificidad y claridad en los peritajes.

La maquinación del delito de daño en propiedad ajena por incendio, tuvo la finalidad de señalar a tres personas como probables responsables, entre ellos a Elmo Guzmán Vázquez. El presumible contubernio entre las autoridades pretendió intimidar a la ciudadanía que logró participar en el proceso de denuncia por desvío de fondos y la consecuente destitución del Presidente Auxiliar de San Martín Ixtepec, el señor Filiberto Gómez Guzmán, quien junto con su esposa Olga García Pérez, son los supuestos agraviados en el proceso citado.

Elmo Guzmán Vázquez solicitó apoyo al Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría S.J de Universidad Iberoamericana – Puebla, Institución que lo canalizó al Centro de Derechos Humanos “Joel Arriaga Navarro”. Este centro de derechos humanos en coordinación con la Red de Defensa de los Derechos Humanos de Puebla asumieron el caso y la defensa de Elmo Guzmán.

Dentro de las inconsistencias del proceso penal, destacan las siguientes:

Las declaraciones de los agraviados y del menor (hijo de los testigos), resultan completamente iguales, conservando incluso, errores ortográficos y de redacción.

Los peritajes fueron elaborados sin rigurosidad científica y técnica, lo cual quedó evidenciado cuando la Segunda Sala Penal de Puebla, resolvió la Apelación en contra del auto de formal prisión, en el sentido de reclasificación del delito, ya que el peritaje en incendios resulto deficiente para acreditar la responsabilidad de Elmo Guzmán.

Es decir, el que fuera un delito grave implicaba que Elmo Guzmán siguiera su defensa en la cárcel, sin embargo la reclasificación permitió que siguiera el juicio en libertad.

El único señalamiento directo hacia Elmo Guzmán era el del menor Filiberto Gómez García, quien fue requerido en diferentes ocasiones por la defensa a declarar ante el Juez, sin embargo, nunca se presentó.

Por otro lado, en autos constan las declaraciones de los señores María Flora García Pérez y Abraham Lucas Guzmán quienes señalan que, la noche de los hechos los supuestos agraviados llevaron a sus hijos a la casa de los testigos, ya que estos son tíos de los menores, para que los cuidaran; y en ese momento les contaron cuales eran sus planes. En esta declaración, también señalan a los cómplices de los supuestos agraviados siendo estos los señores: Nicasio Guzmán Gómez y Artemio Gómez Guzmán.

Incluso existe una denuncia en contra de Nicasio Guzmán Gómez, interpuesta por Indalecio Guzmán Vázquez, ante el Ministerio Público de Huehuetla, Puebla, con número de registro 25/2011/H, hermano de Elmo Guzmán, ya que esta persona lo amenazó de muerte si Elmo Guzmán continuaba con su defensa. Sin embargo dicha denuncia fue archivada, no obstante que se presentaron pruebas suficientes para acreditar el hecho.

Esta no fue la única ocasión en que la Elmo Guzmán y su familia fueron amedrentados.

El día 25 de junio de 2012, Elmo Guzmán sufrió un atentado de muerte, ya que el señor Ramón JuárezJuárez le disparó, sin atinar, cuando se encontraba con su hermano Alfredo Guzmán Vázquez y su cuñado Francisco Hernández, rumbo al rancho Kakxunin para ayudar a su padre en el campo con la limpieza de una siembra de jícama.

Elmo se comunicó con su esposa y le pidió que denunciara los hechos en el pueblo, para que les dieran auxilio. Llegaron los policías auxiliares y detuvieron al responsable de los disparos y encontraron el arma escondida entre la maleza; en ese momento pasaba el Regidor de Gobernación del pueblo de San Martín el señor Rafael Guzmán Lobato, a quien le hicieron saber lo acontecido y le mostraron el arma.

Los policías Auxiliares presentaron al atacante, el señor Ramón Juárez, ante el Presidente Auxiliar de San Martín, quien lo puso a disposición de la Policía Municipal de Ixtepec. Al ser un delito grave el Juez de Paz no recibió la declaración y los envió con el Ministerio Público de Huehuetla. Sin embargo, en la agencia se negaban a tomar la declaración, alegando que no se encontraba la Titular y que tendrían que ir a Zacatlán. No hubo respuesta hasta que intervino la REDDH y el Centro Joel Arriaga pues sólo de esta forma se tomó la denuncia de Elmo Guzmán, registrándose con el número de Averiguación Previa 64/2012 H. No obstante se dejó en libertad al señor Ramón Juárez, sin que hubiera fianza de por medio. A lo cual alegó el Ministerio Público que la Policía Municipal nunca puso a disposición al detenido. Hasta el momento no ha habido avances en la investigación, poniendo en riesgo la vida de Elmo y la seguridad de su familia por la mala intervención del Ministerio Público, ya que a pesar de que Elmo labora en el Distrito Federal su familia reside en la Comunidad de Ixtepec y es constantemente agredida por el señor Filiberto Gómez Guzmán y la señora Olga García Pérez .

Actualmente se sigue la Queja número 6670/2012 ante la Comisión de Derechos Humanos de Puebla por el actuar omiso y negligente de las autoridades ante el intento de homicidio de Elmo Guzmán Vázquez, el día 25 de junio del año pasado. Como es predecible en estos casos, las autoridades niegan los hechos, sin embargo, consta en el oficio signado por el Regidor de Obras Públicas de San Martín Ixtepec, dirigido a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la relatoría de los hechos ocurridos y de los cuales él fue testigo; así como los testimonios de quienes estuvieron presentes.

La sentencia en primera instancia del proceso contra Elmo Guzmán Vázquez resultó absolutoria, ya que el Juez determinó que en autos no se demostró la existencia de los elementos del tipo penal de daño en propiedad ajena por incendio.

No obstante, esta fue incorrectamente apelada por el Ministerio Público adscrito al Juzgado de Zacatlán, sin ningún fundamento ni justificación jurídica, lo que resulta un abuso de autoridad y en consecuencia afecta la libertad de Elmo debido a que al estar sometido a juicio tiene que continuar firmando en Zacatlán a pesar de haber sido declarado inocente. Hasta el momento estamos en espera de la resolución del Tribunal de Alzada.

Por lo anteriormente expuesto exigimos:

La absolución total de Elmo Guzmán Vázquez.
El actuar oportuno y eficiente de la autoridad para la integración de las denuncias interpuestas por Elmo y su familia. Garantizar la integridad de Elmo y su familia, señalando como responsables de lo que pudiera ocurrirle a las autoridades que han estado interviniendo en los diferentos momentos y situaciones La reparación del daño moral a Elmo Guzmán Vázquez, que le ha causado detrimento patrimonial y de salud a causa de ser juzgado por un delito que no cometió.

Atentamente

Centro de Derechos Humanos “Joel Arriaga Navarro”
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Dignidad, Justicia, Libertad
Red de Defensa de los Derechos Humanos
REDDH

miércoles, 19 de junio de 2013

Cumple fundador de WikiLeaks un año de encierro


MÉXICO, D.F. (apro).- Desde hace exactamente un año, agentes de la policía británica permanecen día y noche afuera de la embajada de Ecuador en Londres, a la espera de que el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, salga y puedan aprehenderlo y ponerlo en manos de la justicia sueca para que responda por las acusaciones de agresión sexual que pesan en su contra en ese país.

Sin embargo, el temor del periodista australiano, quien se encuentra en calidad de refugiado en la embajada ecuatoriana, no es enfrentar a la justicia sueca, sino que lo extraditen a Estados Unidos, donde es requerido por difundir miles de documentos secretos del Departamento de Estado que revelaron información de la guerra contra Iraq y Afganistán.

Hoy, el también activista australiano dijo estar dispuesto a quedarse otros cinco años en la embajada ecuatoriana a la espera de que Reino Unido le otorgue un salvoconducto que le permita hacer valer el asilo diplomático otorgado por Ecuador.

Assange afirmó además que tiene informes de que en Estados Unidos le han presentado cargos criminales en forma secreta.

“Mi abogado tiene motivos para sospechar que existe una acusación secreta remitida por un juez de Virginia para arrestarme, a no ser que el gobierno británico me diera un salvoconducto.

“Sabemos que hay una investigación en marcha en Estados Unidos y que soy un objetivo del jurado federal. Hay un 99.97% de posibilidades de que sea arrestado“, sostuvo en declaraciones a varios medios de comunicación a un año de su estancia en la embajada.

A principios de esta semana, el canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño, visitó a Assange y se reunió con el gobierno británico para estudiar cómo el australiano podría salir rumbo a Quito, Ecuador, sin ser detenido.

Assange considera que entregarse a las autoridades suecas representará el primer paso para que el gobierno estadunidense solicite su extradición y lo condene en sus tribunales.

Por este caso, el de la filtración de miles de cables confidenciales, está involucrado el militar Bradley Manning, quien presuntamente le filtró documentos secretos a WikiLeaks mediante un sitio personal de internet.

De ello se declaró culpable el soldado estadunidense, pero sólo aceptó 11 de los 22 cargos en su contra por los que enfrentaría un máximo de 20 años en la cárcel.

El proceso legal que se sigue a Assange en Suecia ha durado casi dos años. En ese país se le acusa de supuesta agresión sexual a dos mujeres en 2010, cargos que rechaza el activista australiano.

En junio de 2012, la Suprema Corte de Gran Bretaña resolvió que Assange debía ser extraditado a Suecia para hacer frente a las denuncias en su contra por agresión sexual.

El día 19 del mismo mes, Assange consiguió la protección del gobierno de Ecuador y desde entonces permanece dentro de la embajada ecuatoriana, fuera del alcance de las autoridades británicas.

Siempre ha insistido en su inocencia y afirma que las acusaciones son una argucia para castigarlo por haber filtrado los documentos confidenciales de Estados Unidos.

En total WikiLeaks publicó 391 mil 832 documentos confidenciales acerca de la guerra de Iraq en 2010 y más de 90 mil acerca de la guerra en Afganistán.

También ha publicado casi un cuarto de millón de cables diplomáticos, comunicaciones entre el Departamento de Estado de EU y sus puestos diplomáticos alrededor del mundo, lo que ha obligado Washington a reformular su política exterior por el malestar que causó en varios gobiernos extranjeros la forma en cómo Estados Unidos manejaba su relación con sus países aliados.

Hostigan en Jalisco a indígena nahua opositor a mineras


JORGE COVARRUBIAS

GUADALAJARA, Jal., (apro).- Un grupo de hombres armados se presentó en el domicilio de Gaudencio Mancilla Roblada, integrante del Consejo de Mayores de la comunidad nahua de Ayotitlán, quien es uno de los principales opositores a la incursión de empresas mineras en la región.

El pasado lunes, los pistoleros llegaron alrededor de las siete de la tarde a la comunidad de Lagunillas, donde vive Mancilla Roblada, y preguntaron por él, informó el asesor del Consejo de Mayores Nahuas, Jaime Hernández Lamas.

Relató que llegaron en dos camionetas y que una patrulla de la Policía Municipal iba al frente, escoltándolos. A la casa de Gaudencio sólo subió un vehículo con varios sujetos armados que se identificaron como el cuerpo de seguridad de los mineros, pero no mencionaron el nombre de la empresa.

“Querían platicar con Gaudencio para comunicarle que no tuviera pendiente, dándole a entender que no estuviera jorobando porque ya le habían dado dinero al tesorero (del ejido de Ayotitlán). Se retiraron con la indicación de que iban a volver a buscarlo”, comenta Lamas.

Antes de que el comando arribara a la comunidad el activista recibió la alerta de sus compañeros y huyó al monte. Desde ese día no lo han vuelto a ver y él tampoco se ha comunicado, dijo Hernández Lamas.

Explicó que a partir del suceso hubo una movilización en la comunidad para protegerlo. Hernández Lamas resaltó que el hecho es doblemente preocupante porque así operó el grupo armado que se llevó a Celedonio Monroy Prudencio la noche del 23 de octubre de 2012, sin que a la fecha se conozca su paradero.

Gaudencio Mancilla es uno de los principales opositores del Ejido de Ayotitlán a la extracción de minerales. Años atrás uno de sus hermanos fue asesinado por defender a la comunidad.

El asesor del Consejo de Mayores añadió que actualmente las mineras se disputan los predios que tiene en concesión la minera Peña Colorada en el lugar conocido como Piedra Imán, donde acusó que han hecho extracciones ilegales. Dice que en los últimos 15 días han salido más de 2 mil camiones cargados con material terroso.

Acusan a Peña, Mancera y alcaldesa de Monterrey de vulnerar Estado laico


RODRIGO VERA

MÉXICO, D.F. (apro).- La organización República Laica (RL) solicitará a la Secretaría de Gobernación (Segob) que destituya de su cargo a la alcaldesa de Monterrey, Margarita Arellanes, por vulnerar el Estado laico al entregar las llaves de la ciudad que gobierna a Jesucristo, durante un evento público con tintes religiosos realizado el pasado 8 de junio.

En conferencia de prensa, el grupo inconforme, entre quienes se encontraban la diputada priista María de los Ángeles Moreno; Rodolfo Echeverría, integrante de la cátedra Benito Juárez, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y Aidé García, de Católicas por el Derecho a Decidir, dio a conocer que la demanda será presentada formalmente en los próximos días ante Gobernación, que es la instancia encargada de impedir que las iglesias tengan injerencia en la política interna del país.

Además, la organización adelantó que también presentarán una queja contra otros 11 funcionarios públicos que han violado el principio de separación Iglesia-Estado que exige la Constitución al participar en ceremonias religiosas en su calidad de funcionarios públicos.

La priista María de los Ángeles Moreno señaló:

“Estamos viendo con alarma cómo cada vez hay más servidores públicos que están violando la ley de esta manera, encomendando sus estados o sus ciudades a una deidad o a un santo. Y, sin embargo, no pasa nada, no se les castiga. A esto se le llama impunidad.

“Así como no queremos que el Estado se meta en los asuntos internos de la Iglesia, tampoco queremos que las iglesias se metan en los asuntos del Estado, pues de seguir por este camino ya no vamos a cantar el Himno Nacional o rendir honores a la bandera, sino a los santos”.

Rodolfo Echeverría secundó:

“La Secretaría de Gobernación –dijo– debe expedir un comunicado dirigido a los funcionarios públicos, recordándoles que México es un Estado laico. Mientras que los firmantes del Pacto por México deben de tomar medidas similares, ya que este pacto necesariamente debe ajustarse a la laicidad del Estado”.

Echeverría dijo que su partido, el PRI, debe por lo menos amonestar a sus funcionarios públicos que están participando en estos eventos religiosos, pues recordó que “el PRI es un partido laico”.

El investigador Felipe Gaitán, experto en materia religiosa, indicó que estos funcionarios “quieren legitimarse con el manto protector de la Iglesia, cuando su legitimación se debe solamente a la voluntad popular”.

Y señaló también que estos funcionarios ven a la población no como un conjunto de ciudadanos, sino más bien como “creyentes o feligreses”.

Aidé García indicó que la organización República Laica pondrá pronto en marcha el Observatorio de Defensa del Estado Laico, que revisará los hechos y dichos de los funcionarios públicos.

Por lo pronto, dijo, ya tiene la lista de los primeros 12 funcionarios del actual sexenio que han violado los artículos 40 y 130 constitucionales, que hablan de la laicidad del Estado y de la separación Iglesia-Estado.

Aparte de la alcaldesa de Monterrey, en esa lista incluyen al presidente Enrique Peña Nieto; al jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, y a los gobernadores de Chihuahua, Veracruz y el Estado de México, César Duarte, Javier Duarte de Ochoa, y Eruviel Ávila, respectivamente.

Los dos primeros fueron incluidos en la lista, dijo Aidé García, ya que asistieron a la misa de entronización del Papa Francisco, celebrada en marzo pasado en el Vaticano.

Cumple 13 años de prisión Alberto Patishtán


MÉXICO, D.F., (apro).- Desde el Palacio de las Bellas Artes, un grupo de activistas hizo un llamado al Poder Judicial para que liberen al indígena chiapaneco Alberto Patishtán, quien este miércoles cumple 13 años en prisión, acusado del asesinato de siete policías estatales y municipales, entre otros delitos.

En el evento, en el que participaron el líder del SME, Martín Esparza; el poeta y comunicador Mardonio Carballo, la actriz Julieta Egurrola y el historiador y catedrático Pablo González Casanova, Sandino Rivera, abogado defensor del indígena tztetal sentenciado a 50 años de cárcel, dijo que el Tribunal Federal Colegiado de Tuxtla Gutiérrez deberá emitir su veredicto a mediados de julio próximo y adelantó que si esa instancia no reconoce la inocencia de su defendido, no habrá otra salida.

“Jurídicamente ya es el último recurso, si no reconocen su inocencia, ya no habrá ningún recurso nacional y sólo quedaría el indulto”, dijo.

Pathistán se encuentra recluido en el Centro de Readaptación Social número 5 de San Cristóbal de las Casas, donde purga sentencia por los delitos de portación de armas exclusivas del Ejército, homicidio calificado, lesiones, robo y delincuencia organizada.

Presente en el evento, Héctor Pathistán, hijo del indígena preso, confió en que la resolución sea favorable.

Peña Nieto recibirá a madres de desaparecidas de Juárez… hasta 2015


ANAIZ ZAMORA MÁRQUEZ

MÉXICO, DF, (apro-cimac).- El presidente Enrique Peña Nieto aceptó recibir a las madres de desaparecidas en Chihuahua que desde el pasado miércoles 12 se encuentran en plantón permanente frente a las instalaciones de la Secretaría de Gobernación, pero hasta el 2015 porque antes no puede.

Bertha Alicia García, Silvia Banda Pedroza, Rosa María Apodaca Granados y Juana Ibarra Castorena comentaron que esa ue la respuesta que recibieron de Los Pinos.

“Lo lamentamos, pero la agenda presidencial está completamente llena para 2013 y 2014, por lo que Enrique Peña Nieto no las puede atender personalmente en los dos próximos años”.

Por tal motivo, las madres de Brenda Berenice Castillo, Fabiola Janeth Valenzuela Banda, Patricia Jazmín Ibarra Apodaca y Gabriela Espinoza Ibarra, desaparecidas entre 2009 y 2011, decidieron realizar un mitin frente al Senado, para exigir a los representantes populares que medien a fin de que el mandatario las reciba.

Lo único que queremos pedirle, dijeron, es que se comprometa a detener la indefensión e inseguridad que viven las jóvenes en Ciudad Juárez.

Al grito de “¡Vivas se las llevaron, vivas las queremos!”, las mujeres marcharon ayer por Paseo de la Reforma, desde la Estela de Luz hasta Los Pinos, acompañadas por la representante legal de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, Malú García Andrade.

El grupo fue recibido por Ricardo Martín, representante de la Dirección General Adjunta de la Presidencia, quien les informó que debido a los compromisos asumidos con anterioridad por el Ejecutivo, era imposible que las atendiera personalmente antes de 2015.

“A Peña le importa más inaugurar eventos y quedar bien en el extranjero que las mujeres de Ciudad Juárez”, subrayó Malú García al dar a conocer “la respuesta oficial”.

Las madres de las jóvenes desaparecidas dijeron que no confían en el titular del Ejecutivo ni en su gobierno, y que su exigencia de ser recibidas por Peña Nieto deriva de la necesidad que tienen de agotar todas las instancias y recursos nacionales, pues es un requisito para acudir ante mecanismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Buscamos que no tengan elementos para argumentar ante la mirada internacional que han hecho todo lo posible para ayudarnos. Les estamos demostrando que no es verdad”, puntualizaron.

Señalaron que la falta de respuesta de las autoridades demuestra una vez más que para el gobierno no es prioritario atender a las mujeres.

“Nos dejan ahí como si fuéramos insectos, pero les recuerdo que si hubieran hecho algo desde hace tiempo, nuestras hijas ni siquiera hubieran desaparecido”, apuntó una de ellas.

Morena, en “alerta roja” por “entrega” del petróleo a extranjeros


Martí Batres, presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, aseguró la reforma energética que impulsa el gobierno federal pretende la “privatización de la renta petrolera“, lo que calificó como un “suicidio” ya que las ganancias se compartirían con empresas transnacionales.

Sostuvo que la reforma que impulsará el presidente Enrique Peña Nieto “conviene a intereses económicos extranjeros no conviene a México. Ninguna compañía extranjera ha buscado el desarrollo de nuestra industria ni su modernización, ni su mejora. Lo que quieren es un nuevo episodio de capitalización de sus propias empresas”.

“Irle a ofrecer a la British Petroleum o a la Shell o a estas compañías extranjeras significa entregar una riqueza que es de la nación, ni siquiera es del gobierno y demuestra un actitud vende patria y pusilánime con los poderes económicos extranjeros”, agregó.

Informó que el CEN de Morena está convocado para el próximo lunes con el objetivo de definir los pasos a seguir para enfrentar “esta amenaza de entreguismo y destrucción de la riqueza nacional” y declaró a la organización en “alerta roja”.

Advirtió que de, concretarse este intento privatizador, significaría que el gobierno buscaría un aumento salvaje de los impuestos ya que con entregar sólo el 20% de la renta petrolera al extranjero, el Estado perdería ingresos por 250 mil millones de pesos que serían recuperados por la vía de aumentar los impuestos a las clases populares y a las clases medias, “particularmente a través del IVA en medicinas, alimentos, transporte, libros, colegiatura y vivienda”.

Previamente, el dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional, Andrés Manuel López Obrador, se manifestó al respecto:


Lo que 3 funcionarios del gobierno de EPN dijeron a WSJ


THE WALL STREET JOURNAL

México alista la reforma de los hidrocarburos

El proyecto de ley podría ser enviado al Congreso en agosto, según fuentes cercanas

Por JUAN MONTES

CIUDAD DE MÉXICO—El presidente Enrique Peña Nieto buscará en los próximos meses poner fin a un tabú de casi ocho décadas al abrir el sector de hidrocarburos a la inversión privada y la competencia. El gobierno espera que la decisión atraiga inversiones de miles de millones de dólares.

La idea es que compañías privadas compartan con el Estado los riesgos de desarrollar reservas de energía cada vez más complejas, como depósitos de crudo en aguas profundas, al permitirles producir crudo y gas a través de acuerdos de ganancias compartidas, indicaron tres dirigentes de alto nivel del gobierno y del partido oficialista, quienes revelaron por primera vez detalles de la reforma.

La propuesta, que incluiría enmiendas a la Constitución mexicana, necesitará el apoyo de dos tercios del Congreso. Pero las fuentes dijeron estar optimistas de conseguir el respaldo de al menos uno de los dos partidos de oposición, sin necesidad de realizar cambios radicales a la reforma.

Las negociaciones formales empezarían probablemente después de las elecciones locales programadas para el 7 de julio, y el Congreso recibiría el proyecto de ley en agosto, dijeron las fuentes.

El plan contempla la apertura a la inversión privada de la exploración y la producción en aguas profundas, donde se cree que está más de la mitad de los posibles recursos petroleros de México, y en crudo y gas de esquisto. Los yacimientos petroleros en aguas poco profundas y en tierra, un área en la que la estatal Petróleos Mexicanos, Pemex, tiene un vasto conocimiento y cuya producción es de menor costo, seguirían siendo de su dominio exclusivo, indicaron las fuentes. “Queremos una reforma profunda que dé certidumbre jurídica a las compañías, no otro parche más. Queremos dejar absolutamente claro en la Constitución bajo qué condiciones pueden participar”, dijo un alto funcionario de la Secretaría de Energía.

La propuesta podría decepcionar a algunas empresas del sector. Las autoridades, por ejemplo, dijeron que es posible que las energéticas no reciban pagos en petróleo, sino en efectivo a precios de mercado. La restricción buscaría apaciguar a los nacionalistas mexicanos a los que les preocupa el simbolismo de compartir el petróleo del país. Las fuentes insistieron en que Pemex seguirá en manos estatales y que el gobierno seguirá controlando los hidrocarburos del país.

De ser aprobados, los cambios representan un gran avance para un país que tiene una de las leyes energéticas más restrictivas del mundo. Los expertos señalan que sólo Corea del Norte tiene un mercado más cerrado. “Si finalmente sale esto, sin duda sería una reforma histórica que cambia las reglas del juego”, dijo Carlos Elizondo, analista político del Centro de Investigación y Docencia Económica de México (CIDE). “Este es el tipo de cambios en el sector petrolero que todo gobierno mexicano ha soñado hacer en los últimos 20 años, sin lograrlo”.

La producción petrolera de México se ha estancado en alrededor de 2,5 millones de barriles diarios en los últimos años, luego de llegar a un máximo de 3,4 millones en 2004. El gobierno estima que una mayor inversión y producción añadirán hasta un máximo de dos puntos porcentuales al crecimiento anual de la economía.

La reforma podría ser la última oportunidad de México de atraer miles de millones de dólares necesarios para desarrollar las reservas en aguas profundas y evitar convertirse en un importador neto de crudo, algo que Pemex advierte podría ocurrir en 2020.

Las empresas extranjeras, a su vez, podrían obtener acceso a uno de los principales productores de crudo, con reservas probadas de 13.900 millones de barriles de equivalente de crudo y posiblemente a las cuartas mayores reservas globales de gas de esquisto, según la Administración de Información de Energía de EE.UU.

La reforma, al mismo tiempo, enterraría uno de los últimos símbolos del nacionalismo revolucionario del siglo XX de México, cimentado cuando el presidente Lázaro Cárdenas expropió la industria petrolera en 1938.

El cambio subraya la disposición a romper con el pasado entre miembros jóvenes y reformistas del Partido Revolucionario Institucional, PRI, que nacionalizó el crudo y gobernó México durante la mayor parte del siglo pasado. En diciembre, volvió al poder tras 12 años en la oposición.

Por décadas, Pemex ha subcontratado a empresas privadas, como Schlumberger Ltd. SLB +1.45% y Halliburton Co., HAL +1.03% tareas como la perforación de pozos a cambio de comisiones fijas. Pero ha prohibido cualquier concesión que les permitiría a las grandes petroleras reclamar reservas como propias o compartir los riesgos y recompensas de grandes hallazgos, a pesar de que productores como Noruega, Brasil, China y Rusia han implementado algún tipo de regulaciones de riesgo compartido.

El proyecto contempla contratos por hasta 25 años para áreas específicas, además de permitir a la iniciativa privada apartar reservas de petróleo, lo que les daría un acceso más fácil al financiamiento en los mercados globales, de acuerdo con personas familiarizadas con la iniciativa.

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LO QUE NO ESTABA EN LA VERSIÓN EN ESPAÑOL DEL WSJ:

El gobierno está considerando la creación de una agencia nacional de petróleo, una especie de fondo soberano que administraría los ingresos petroleros del país. En el caso de la producción privada de petróleo y gas, la agencia pagaría los costos de producción de las empresas y la ganancia sería repartida entre el estado y las compañías, señalaron las fuentes. Cuánto sería para el gobierno es un tema que no se ha determinado, aunque un funcionario de alto nivel dijo que podría ser de alrededor del 70%.

Peña Nieto necesitará un plan pro-empresarial si desea asegurar el apoyo del PAN, un partido que por largo tiempo ha impulsado la apertura del sector petrolero a la competencia.

“No aceptaremos menos que eso en las negociaciones. Y el gobierno lo sabe”, dijo un miembro del PAN cercano al partido del presidente Gustavo Madero. El respaldo del PAN es vital para asegurar las dos terceras partes del Congreso, necesarias para cambiar la Constitución.

El partido de izquierda, el PRD, podría resistirse a deshacer la prohibición constitucional sobre el petróleo, aunque el presidente de ese partido, Jesús Zambrano se dijo abierto a negociar. “Ellos tienen que decirnos por qué quieren reformar, cómo y para qué. Recuerda que el petróleo es un asunto sensible en México”, aseguró Zambrano en una entrevista.

La oposición más radical podría venir del líder carismático de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, quien se quedó en segundo lugar en la elección presidencial del año pasado, atrás de Peña Nieto, y que está llamando a protestas masivas contra lo que él ve como planes para privatizar el petróleo mexicano.

Los planes para abrir actividades derivadas, como la refinación, a firmas privadas tienden a ser menos polémicos. Las tuberías de gas y las redes de distribución han estado abiertas al sector privado durante años, aunque Pemex administra las seis refinerías del país y es el único proveedor e importador de gasolina.

Aquí la lectura de la traducción por Carmen Aristegui.

Marchistas de la Caravana por la Dignidad de los Poblanos se desangraran frente a la Segob


Por : Yadira Llaven
2013-06-19 11:39:00

Ante la insensibilidad del gobierno morenovallista para dar respuesta a los rezagos que se padecen en la entidad, se desangrará una comisión de la Marcha-Caravana por la Dignidad de los Poblanos, como una forma de presión para exigir a las autoridades estatales y federales que se instalen mesas de trabajo y se resuelva el rezago de padecen ejidatarios, campesinos, obreros, comerciantes y otros grupos sociales del estado de Puebla.

El acto se tiene programado a las 13 horas de hoy miércoles frente a las oficinas de la Secretaría de Gobernación federal (Segob), donde se encuentra instalado un plantón indefinido de 700 integrantes de la marcha.

La decisión de quitarse sangre y pintar con ello algunas mantas en contra del gobierno de Rafael Moreno Valles, será llevado con la supervisión de médicos y enfermeras para evitar un problema de salud.

Este acuerdo se tomó en una asamblea pública, efectuada a la medianoche de este martes a media avenida Bucareli, en la que participaron más de 3 mil manifestantes que marcharon a pie de la ciudad de Puebla a la capital del país.

Lo anterior, luego de que no se llegó a un acuerdo con funcionarios de la Secretaría de Gobernación federal (Segob), en un primer acercamiento, para instalar mesas de trabajo y resolver demandas de índole estatal y federal, como el rescate del campo, la regularización del servicio de transporte de mototaxis, y la cancelación de la construcción del Libramiento Poniente, entre otras peticiones.

En entrevista, la diputada de origen cholulteca, Roxana Luna Porquillo, adelantó que la Segob se comprometió a dar respuesta este viernes, por lo que estarán en pie de lucha hasta ese día.

“Mientras no haya respuesta del gobierno federal, no nos moveremos de Bucareli”, advirtió la legisladora federal.