Amenazan por teléfono a activista de derechos humanos del Monitor Civil en Guerrero

Rommel Chacan tiene medidas cautelares ordenadas por la Corte Interamericana

Hay una violencia “exacerbada” contra defensores, recrimina el centro Tlachinollan

CITLAL GILES SANCHEZ (La Jornada Guerrero)

Las amenazas contra defensores de los derechos humanos persisten en Guerrero. El activista de Monitor Civil de Policía de La Montaña, Rommel Caín Chacan Pale, a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le otorgó medidas cautelares, el pasado viernes recibió amenazas contra su integridad y la de su familia.

En un comunicado, el centro de derechos humanos Tlachinollan reprochó la incapacidad del Estado mexicano para hacer que se respeten los derechos humanos en el país, tan es así que el pasado viernes Chacan Pale, quien se desempeña como abogado defensor y operador del Monitor Civil de la Policía y Cuerpos de Seguridad Pública en La Montaña de Guerrero, recibió a las 6:30 de la tarde una llamada telefónica de un número público para hacerle “severos improperios contra él y su familia, advirtiéndole que los tenían vigilados y amenazándolos directamente”.

El martes el equipo de Monitor levantó una denuncia, junto con las organizaciones Fundar, Centro de Análisis e Investigación, el Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde) y Tlachinollan.

Estas amenazas se dan en un contexto de violencia “exacerbada, impunidad, y omisiones” de las fuerzas de seguridad locales y estatales, que se niegan a investigar los graves acontecimientos, a los que se suman las recientes amenazas contra el coordinador del Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco), Javier Monroy Hernández, así como el secuestro de uno de los dirigentes de la Organización Popular de Productores de la Costa Grande de Guerrero.

Con esto, agrega el comunicado, “se reitera la tendencia a nivel estatal de hostigar a las y los defensores de derechos humanos y a dirigentes sociales, por reivindicar sus derechos, o documentar abusos”.

Chacan Pale se dedica a la documentación y defensa de los abusos de autoridad de la policía contra ciudadanos y ciudadanas en municipios de La Montaña, documentando más de 100 casos de abuso en año y medio de operación.

Por ello, La Corte Interamericana ordenó medidas de protección para el activista y otros 106 defensores de derechos humanos, sin embargo, continúan recibiendo amenazas.

Ante ello, las organizaciones hicieron un llamado urgente a las autoridades para que atiendan las recomendaciones de la Corte e investiguen y sancionen a quienes amenacen la integridad de todos los defensores de derechos humanos.

“Esto no es un caso aislado. En los últimos meses se ha constatado que en Guerrero son precarias y sumamente peligrosas las condiciones en las que defensoras y defensores de derechos humanos desarrollan su trabajo”, se reprocha en el documento.