lunes, 27 de julio de 2009

Salinas Pliego: El burlador del Ajusco




Salinas Pliego: El burlador del Ajusco
JENARO VILLAMIL

Empeñado en evadir la sanción más alta en la historia contra un medio de comunicación (38 millones de pesos), el dueño de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, recurre a todo tipo de presiones para desacreditar una resolución del IFE que califica de “gravedad especial” los desafíos del concesionario durante la campaña electoral federal.
Decididos a frenar el proyecto de resolución del Instituto Federal Electoral que propone sancionarlos con 38 millones de pesos, los ejecutivos y representantes de Televisión Azteca, en particular el senador Jorge Mendoza, han desafiado en los últimos días a los consejeros y al secretario ejecutivo del IFE, Edmundo Jacobo Molina, con tal de evitar la multa más alta que el organismo electoral haya impuesto contra un medio de comunicación concesionado.
El anteproyecto de resolución, cuya copia obtuvo Proceso, establece que del pasado 6 al 24 de mayo la televisora de Ricardo Salinas Pliego dejó de incluir un total de mil 892 spots de la autoridad electoral y de todos los partidos políticos en la retransmisión de su señal a los servicios de televisión restringida en Cablevisión y en Sky. Estos promocionales formaban parte de la pauta de transmisión de los tiempos de Estado que administró el IFE durante el período electoral.
El anteproyecto SCG/PE/CG/308/2009 advierte que “sí existió por parte de Televisión Azteca, S.A. de C.V., concesionaria de XHDF-TV, canal 13, y XHIMT-TV, canal 7, la intención de infringir lo previsto en el artículo 75 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con lo dispuesto en el artículo 350, párrafo 1, incisos c) y e) del mismo ordenamiento”.
El documento establece que “del análisis de los elementos que obran en autos, se advierte que Televisión Azteca, S.A. de C.V., estuvo enterada de las pautas a las que debía ajustarse en la transmisión de los promocionales de la autoridad electoral y de los partidos políticos, y no obstante que ya tenía pleno conocimiento del pautado correspondiente se abstuvo de incluirlos en los canales de los servicios de televisión restringida, Sky y Cablevisión, sin causa justificada”.
Por si fuera poco, subraya que la conducta infractora de Televisión Azteca “se cometió de manera reiterada” y califica esa conducta “con una gravedad especial”. Además, el IFE considera “reincidente” a la televisora, ya que “habiendo sido responsable del incumplimiento de alguna de las obligaciones que se encuentran previstas en el código federal electoral incurre nuevamente en la misma conducta infractora”.
En efecto, no es la primera vez que el IFE sanciona a Televisión Azteca ni tampoco que los ejecutivos, legisladores y abogados de esta empresa desafían abiertamente las reglas del “nuevo modelo de comunicación política” que quedó establecido en la Constitución y en el Cofipe, a raíz de la reforma electoral del 2008.
La televisora del Ajusco ya ha sido sancionada por un total de 6 millones de pesos. El 24 de marzo, el IFE le impuso una multa de 2 millones de pesos por incumplir con la obligación de difundir los mensajes de los partidos políticos y de la autoridad electoral, al inicio de la campaña electoral. El 29 de marzo recibió otra pena igual por no transmitir los spots. El 20 de abril, en sesión extraordinaria del Consejo General, de nuevo fue condenada a pagar 2 millones de pesos por las mismas razones.
En esas tres ocasiones, Televisión Azteca apeló ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero este organismo confirmó las sanciones impuestas por el IFE.
Ahora, el IFE considera que la conducta de Televisión Azteca “se ha calificado con una gravedad especial” y “lo procedente es imponer una multa” de 693 mil 430.6 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, equivalentes a 38 millones de pesos.
El mismo anteproyecto advierte que Televisión Azteca “omitió cumplir con más de la mitad de la totalidad del pautado que debía difundirse durante el desarrollo de las campañas electorales” y le acusa de no transmitir los mensajes correspondientes a las señales de televisión restringida de Sky y Cablevisión durante 19 días, entre el 6 al 24 de mayo de 2009.
Los recursos de TV Azteca
Las presiones de Ricardo Salinas Pliego y de sus abogados y cabilderos lograron, primero, que la multa original –que rebasaba los 40 millones de pesos– disminuyera a 38 millones y también frenaron la discusión de la sanción en el seno del Consejo General el pasado martes 21 de julio (el mismo día que se discutieron nuevos correctivos para el Partido Verde Ecologista Mexicano (PVEM), para TV y Novelas y para Televisa). El secretario ejecutivo Edmundo Jacobo Molina la pospuso y es probable que ahora se discuta hasta el 28 o el 30 de julio.
Información del interior del IFE prevé que la sanción disminuya aún más, ya que el número original de spots no transmitidos puede ser menor. Al parecer, hubo errores en el monitoreo del instituto y son menos los impactos no transmitidos. Cabe recordar que el IFE firmó un contrato por 25 millones 745 mil dólares con la empresa Grupo Tecnológico Cibernético, S.A. de C.V., justamente para que realizara un monitoreo exhaustivo de todos los promocionales transmitidos durante la campaña electoral.
De este supuesto error se han valido los representantes de Televisión Azteca para aumentar la presión. Pero además argumentaron que el procedimiento debió instaurarse en contra de TV Azteca, S.A. de C.V., no de Televisión Azteca, S.A. de C.V., en virtud de que la primera “es la titular de los derechos de autor sobre la programación que transmite la segunda”.
Para la autoridad electoral, esta argumentación es “inatendible” ya que “Televisión Azteca, S.A. de C.V., es un concesionario de televisión que se encuentra obligado a cumplir con las obligaciones inherentes al título jurídico de concesionario que le fue otorgado en términos de ley para explotar o usar comercialmente canales de televisión abierta”.
El IFE establece que aun cuando Televisión Azteca haya celebrado un contrato con TV Azteca, “dicha relación contractual no la exime de cumplir con sus obligaciones que tiene como concesionaria, en virtud de que una relación particular no puede alterar la función pública y social que le fue encomendada al otorgarle la concesión de la que es titular”.
Este argumento ya lo había utilizado Televisión Azteca en las anteriores sanciones que le impuso el IFE y fue desechado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia dictada en el expediente SUP-RAP-073/2009.
También es muy similar al alegato de los abogados de Televisa para desentenderse de la publicidad integrada que difundieron del PVEM a través de la revista TV y Novelas. Argumentaron que esta empresa pertenece a Editorial Televisa, S.A. de C.V., y que los canales 2, 5 y 9 forman parte de la concesionaria Televimex, S.A. de C.V.
Por esta razón, en la sesión del 21 de julio, a Televimex sólo le impusieron una sanción de 425 mil 248 pesos por los promocionales del PVEM difundidos entre el 12 y el 15 de junio. Al partido le aplicaron una multa de un millón 206 mil pesos (que se suma a la anterior de 4 millones de pesos por los spots transmitidos en las ediciones 22 y 24 de TV y Novelas). A Editorial Televisa le correspondía pagar 4 millones de pesos, pero disminuyeron la pena a un millón 206 mil pesos.
Los abogados de Televisión Azteca también se están valiendo de estos criterios establecidos con el caso del PVEM, Editorial Televisa y Televimex para intentar reducir la sanción en su contra.
Retos desde la pantalla
El más reciente capítulo de una serie de desafíos que tanto Televisión Azteca como Televisa han protagonizado en contra de la reforma electoral y de la autoridad electoral tiene un objetivo evidente: modificar el “nuevo modelo de comunicación política” que prohíbe la compra-venta de tiempo aire para la promoción electoral, lo que según ambas televisoras “viola la libertad de expresión”.
Televisión Azteca fue aun más explícita: en dos portadas de la revista Vértigo, propiedad también del mismo grupo, criticaron al IFE y demandaron el cambio de los consejeros. “IFE: de árbitro ciudadano a órgano censor”, rezaba el título de su edición posterior a los comicios del 5 de julio.
Pocos días antes de las elecciones federales, Vértigo y Televisión Azteca protagonizaron otro desacato a la normatividad electoral. Los días 29 y 30 de junio y 1 de julio, los canales 13 y 7 de Televisión Azteca y 40 de Televisora del Valle de México difundieron un spot relativo a la última edición de la revista. En la portada se promocionaba la lucha del presidente Felipe Calderón en contra del narcotráfico.
Los partidos opositores PRI, PRD, Convergencia y PT demandaron un procedimiento especial sancionador contra el PAN y las empresas de Ricardo Salinas Pliego por considerar que violaba la prohibición de difundir todo tipo de contenido político-electoral una semana antes de los comicios federales.
El 2 de julio, el secretario ejecutivo del IFE, Edmundo Jacobo Molina, les solicitó a los secretarios de Gobernación, Fernando Gómez Mont, y de Comunicaciones y Transportes, Juan Francisco Molinar Horcasitas, que ordenaran el retiro de esos spots. La televisora siguió transmitiéndolos con la leyenda “censurado por el IFE”.
Doblegado ante las presiones de TV Azteca y la inacción de las autoridades federales, el 8 de julio el secretario ejecutivo Edmundo Jacobo Molina declaró “infundado” el procedimiento especial.
“No existen elementos que permitan llegar a la convicción de que el promocional buscaba que el televidente vinculara la figura del presidente de la República con el Partido Acción Nacional o con alguno de sus candidatos”, estableció el proyecto de resolución.
Para el consejero electoral Alfredo Figueroa existe una evidente “complicidad” entre las empresas editoriales pertenecientes a las televisoras.
Promotor sistemático de sancionar a Televisa y a Televisión Azteca por utilizar mecanismos de “publicidad integrada” o “publicidad encubierta” para promover en la pantalla lo mismo al PVEM que al gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto o para criticar el IFE, Figueroa sostiene:
“La publicidad integrada tiene la característica y la particularidad de no hacerse visibles. Por cierto, legislar en torno a este tipo de publicidad es una discusión que está fuera de la agenda de los medios de comunicación y fuera de la agenda pública.”

Calles de Tegucigalpa cerradas en protesta contra gobierno usurpador





Algunas calles principales de la capital hondureña se encuentran cerradas este lunes desde la mañana, en protesta contra el gobierno usurpador / En el departamento de El Paraíso la represión contra el pueblo comienza tener más consecuencias

(VTV / ABN)

Algunas calles principales de la capital hondureña se encuentran cerradas este lunes desde la mañana, en protesta contra el gobierno usurpador / En el departamento de El Paraíso la represión contra el pueblo comienza tener más consecuencias.

El movimiento popular contra el golpe de Estado se mantiene en las calles en su 29 día de resistencia.

El magisterio decidió extender la suspensión de clases por lo menos hasta hoy, y las tres confederaciones sindicales de Honduras han anunciado un nuevo paro general para este jueves.

Por otra parte, en el departamento de El Paraíso la represión contra el pueblo comienza tener más consecuencias.

La violación al derecho a la libre locomoción está dejando a esta población sin alimentos ni medicinas, debido a que el ejército tiene obstruido el paso vehicular y peatonal, para evitar que simpatizantes del presidente constitucional, José Manuel Zelaya Rosales, se trasladen a la frontera.

Ninguna autoridad del gobierno dictatorial se ha pronunciado sobre esta situación.

No obstante, más temprano, funcionarios de la policía nacional de Honduras ofrecieron una rueda de prensa para informar que los retenes policiales apostados en todo el país, y con mayor presencia en El Paraíso "son normales, ante la situación política que vive el país", comparando estos, con los retenes que colocan en Semana Santa.

Además, indicaron que el registro de los vehículos es para evitar que "entren armas" al departamento de El Paraíso.

Por su parte, el canal de televisión del Estado hondureño, THN, tomado por los golpistas, retransmite imágenes de una marcha de la semana pasada organizada por el gobierno usurpador y que denominaron "marcha por la paz y la democracia".

El dirigente llama a la unidad de los electricistas para evitar la privatización del sector




El dirigente llama a la unidad de los electricistas para evitar la privatización del sector
Aún no desaparecen las presiones para debilitar al SME, advierte Esparza Flores
Matilde Pérez U.

El dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Martín Esparza Flores, hizo un llamado a los agremiados a conservar la unidad para defender la Ley Federal del Trabajo y evitar la privatización del sector, pues no han desaparecido las presiones externas para tratar de debilitar a la organización.

La jornada electoral ya concluyó; ahora hay que definir la plataforma política en defensa de la empresa y buscar un acercamiento con todas las fracciones parlamentarias en la Cámara de Diputados, para lograr que la propuesta de presupuesto para el sector eléctrico se respete. Somos plurales, aunque estamos identificados más con los partidos de izquierda, afirmó el dirigente.

Este año, dijo, se otorgó menos de 50 por ciento del presupuesto que se presentó, y eso pasa cada año, por eso el deterioro de la infraestructura. Calculamos que anualmente deben canalizarse 10 mil millones de pesos para mejorar la calidad del servicio, pero en este año sólo se otorgaron 3 mil millones de pesos, precisó.

Empresa rentable

La empresa, sostuvo, es altamente rentable, pues se sigue vendiendo electricidad. El año pasado se tuvieron ventas por 55 mil millones de pesos, y de ese monto, 37 por ciento correspondió a salarios y prestaciones; el sindicato estará muy atento a la discusión del presupuesto y presentará sus observaciones, aseguró en breve entrevista.

Respecto de la discusión de la reforma laboral, Esparza Flores criticó a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social por favorecer a los patrones y no sujetarse a su papel de mediador. Hay una insistencia de la parte patronal para reformar la ley, pero el Frente Sindical Mexicano ya tiene una estrategia establecida en defensa de la legislación vigente.

El dirigente por segunda ocasión del SME afirmó que el grupo que impugna el proceso de elección en el sindicato incurre en una violación estatutaria, porque no hay ningún elemento a considerar, ya que todo está apegado al marco legal interno. Los inconformes actúan así porque no aceptan su derrota, indicó.

Las confrontaciones, insistió, deben ser superadas; ahora hay que trabajar como lo establecen los estatutos, aunque consideró que la discusión interna se alargará un año, ya que continúan los procesos de renovación en todos los escalafones.

Esparza Flores apuntó que su prioridad es defender la fuente de empleo en su sector, en el cual en cuatro años creció la plantilla laboral: ahora hay 44 mil puestos sindicalizados.

Nuestra postura es defender a los trabajadores, garantizar la unidad sindical y evitar que gente externa pretenda debilitar a la organización, concluyó.

Aplaza Sener subir el porcentaje nacional en compras de Pemex




Los consejeros independientes de la petrolera lo piden y el abogado asegura que es legal
Aplaza Sener subir el porcentaje nacional en compras de Pemex
En la actualidad ese contenido es de apenas 35.1 por ciento
Gran burocracia, excesivos requisitos y desconocimiento son los principales obstáculos para ser proveedor de la paraestatal
Israel Rodríguez

La Secretaría de Energía (Sener) continúa aplazando la instrumentación de la estrategia para incrementar el contenido nacional en las compras de Petróleos Mexicanos (Pemex), para implementarse previo a su incorporación en el Plan estratégico integral de negocios de la petrolera, pese a que los consejeros independientes lo han exigido y el abogado general de la paraestatal aseguró que su ejecución es legal.

Actualmente el contenido nacional ponderado en Pemex es de apenas 35.1 por ciento y los principales obstáculos para ser proveedor de la paraestatal son la gran burocracia reflejada a través de desconfianza, requisitos excesivos, complejidad y desconocimiento, entre otros.

El contenido nacional se define como el valor porcentual de la participación de la proveeduría nacional con bienes y servicios nacionales en la satisfacción de la demanda total de bienes, servicios y obras de Pemex.

En México la cadena de proveeduría del petróleo no está correctamente articulada, y además existe limitada capacidad instalada con procesos de contratación poco efectivos, concluye el diagnóstico sobre la estrategia de Pemex para el desarrollo de proveedores, contratistas y contenido nacional.

La falta de integración se debe a que Pemex opera con reglas diferentes del resto de la industria. Los procedimientos de contratación representan un obstáculo para la industria en el proceso de convertirse en proveedores de Pemex, porque hay un bajo conocimiento de la demanda de insumos y servicios de la petrolera.

La proveeduría nacional no cuenta con la suficiente capacidad instalada para satisfacer las necesidades de la compañía; las pequeñas y medianas empresas enfrentan mayor dificultad de acceso a financiamiento, y no disponen de la tecnología necesaria, además de carecer de la suficiente mano de obra calificada.

Desde el pasado 26 de junio los cuatro consejeros independientes de Pemex: José Fortunato Álvarez Enriquez, Héctor Moreira Rodríguez, Rogelio Gasca Neri y Fluvio César Ruíz Alarcón enviaron una misiva a la titular de la Sener, Georgina Kessel, y al director general de Pemex, Jesús Reyes Heroles González Garza, en la que les exhortan a implementar de inmediato la estrategia para establecer lineamientos y mecanismos de operación que permitan elevar el porcentaje de contenido nacional en los procedimientos de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas que ejecute Pemex.

Lo anterior con el espíritu de promover e impulsar la generación de empleos nacionales, dada la situación económica que vive nuestro país.

Recordaron que Pemex elaboró un plan para incrementar el contenido nacional en sus compras, el cual fue presentado en la sesión ordinaria 797 del consejo de administración del 17 de junio, en el apartado Asuntos para conocimiento del Consejo. En esa sesión del consejo de administración hubo diferentes opiniones sobre el plan, en el sentido de si cumplía o no cabalmente con el compromiso de ley y su alcance.

“Hubo consenso de opinión respecto a que el plan, si bien perfectible, debería ser aplicado de inmediato. Surgió en el consejo la duda de si tal estrategia pudiera ser implementada previo a su incorporación en el Plan estratégico integral de negocios, a lo cual el abogado general de Petróleos Mexicanos (José Néstor García Reza) indicó que sí era legal”.

Televisa-Peña Nieto: El escándalo de Estambul




Televisa-Peña Nieto: El escándalo de Estambul
JENARO VILLAMIL

Los días 17 y 18 de marzo, en los noticiarios de Televisa se transmitieron dos notas (de 1 minuto 43 segundos y 1 minuto 50 segundos, respectivamente) sobre el Foro Mundial del Agua, realizado en Estambul, Turquía. La primera era una entrevista realizada por José María Siles al gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, y la segunda fue la entrega del premio “Compromiso” al mandatario estatal. Las protestas realizadas en las calles de la ciudad turca, las opiniones de organizaciones civiles y las numerosas intervenciones en el foro fueron minimizadas o simplemente ignoradas.
Lo prioritario era cubrir a Peña Nieto porque “estamos hablando del próximo presidente de México”. Así le dijo José Luis Arévalo, director de Información Internacional de Televisa, a José María Siles, corresponsal español de la agencia ANews que fue contratado como free lance por Televisa para que cubriera la cumbre del agua de Estambul.
A pesar de esta orden, Siles envió un total de nueve notas y crónicas a la redacción de Noticieros de Televisa, pero sólo se transmitieron cuatro, en las cuales aparecía Peña Nieto. Ni siquiera la intervención de José Luis Luege Tamargo, director de Conagua, le interesó a la televisora. Mucho menos las protestas o los puntos de vista de representantes de organizaciones no gubernamentales que criticaron la política pública en México sobre este tema.
Cuatro meses después de que Siles fue contratado verbalmente por Televisa ofreciéndole 650 dólares por nota y mil dólares por día, incluyendo viáticos y gastos de desplazamiento técnico, la empresa ha negado pagarle al exreportero de Televisión Española (TVE) el monto total de la factura, que asciende a 9 mil 200 euros por siete días de cobertura. Sólo le reconocen las notas en las cuales aparece Peña Nieto en la pantalla.
Ante la insistencia de Siles, el director de Comunicación Social del Gobierno del Estado de México, David López, le planteó una solución que escandalizó al reportero europeo: que el erario mexiquense pague los servicios profesionales. La propuesta se la hicieron por teléfono el 25 de junio pasado.
En su respuesta a David López, por correo electrónico, Siles le señaló lo siguiente:
“El ofrecimiento que nos ha hecho llegar de que el Estado de México pagaría nuestros servicios profesionales en Estambul no es aceptable para nosotros.
“La factura debe pagarla Televisa, como servicio profesional… porque estamos hablando de un servicio profesional que, por nuestra parte, estuvo siempre precedido por los principios periodísticos que siempre he practicado.”
Entrevistado vía telefónica por Proceso, José María Siles admite que Televisa lo envió a Estambul “sólo porque iba Peña Nieto”, y el gobernador mexiquense acudió a esa ciudad “porque le dijeron que las cámaras de Televisa iban a estar cubriéndolo”.
Siles ha negociado durante estos meses con Leonardo Kourchenko, vicepresidente de Información Internacional de Televisa, el adeudo de la empresa con los servicios de ANews. En el intercambio epistolar entre Kourchenko y Siles, el funcionario de Televisa niega que haya incumplimiento.
“Aquí y en cualquier medio del mundo, se paga por trabajo realizado, publicado, difundido y transmitido. No por lo que se suponía iba a cubrirse, reportearse o transmitirse, sino por lo que de hecho se transmitió”, le respondió Kourchenko.
En el intercambio epistolar, que se encuentra en el blog josemariasiles.wordpress.com, el corresponsal europeo le responde a Kourchenko:
“Si se hicieron menos crónicas es porque no había noticia, dicen ustedes. Bien, razonable, pero Televisa tenía un equipo contratado y desplazado en Estambul; no basta con pagar el hotel, no somos turistas, hay una obligación ‘contractual’, aunque se tratara de un pacto verbal. ANews estaba allí porque ustedes nos mandaron…
“No entro, evidentemente, en el tema de cuándo dejó de haber noticia. Porque es curioso que Televisa nos envíe nueve días al Foro del Agua, una cobertura anormalmente larga, y no les intereses ninguna crónica de la polémica final, cuando quedó en evidencia la impotencia de las fuerzas políticas y sociales representadas para firmar un pacto del agua.
“Don Enrique Peña Nieto había terminado para entonces su visita al foro de Estambul, pero no creo que eso influenciara en la decisión de noticieros Televisa de no querer crónicas, aunque sus enviados especiales siguieran allí, trabajando para ustedes.”
La respuesta de Televisa, semanas después, fue endosarle el pago faltante al gobierno del Estado de México.
El escándalo se conoció en México el mismo día que el Instituto Federal Electoral decidió perdonar a Enrique Peña Nieto por presunto proselitismo durante la cobertura de su participación en el mitin de Antorcha Campesina, en la transmisión especial del Día del Padre y en actos de los candidatos priistas, ampliamente difundidos por Televisa.
La resolución del secretario ejecutivo, Edmundo Jacob Molina, sostuvo que en la queja presentada por el PAN “no se acreditó el uso de recursos públicos en los actos denunciados; no se acreditó la compra de tiempo en radio y televisión; su presencia, junto con la de otros gobernadores y políticos, fue a invitación de la empresa”.
El único consejero que votó en contra de esa resolución, Alfredo Figueroa, insistió en que el caso de Peña Nieto entra en la categoría de “publicidad integrada” o “publicidad encubierta” que aún niegan el gobierno del Estado de México y Televisa.

Tunda a los conservadores panistas







Tunda a los conservadores panistas
MIGUEL ÁNGEL GRANADOS CHAPA

Los gobernadores panistas caracterizados por su conservadurismo cerril, su ubicación a la derecha del militante promedio de Acción Nacional, sufrieron reveses electorales muy significativos, que probablemente muestran el hartazgo ciudadano por su forma de ejercer el Poder Ejecutivo. Se trata de Juan Manuel Oliva, de Guanajuato; Emilio González Márquez, de Jalisco, y Marco Antonio Adame, de Morelos.

Si bien Acción Nacional conservó el 5 de julio el ayuntamiento de León, la ciudad que gobierna desde la década de los ochenta, y ganó la mayoría en la legislatura local y casi todos los distritos federales, el resultado general en Guanajuato le fue adverso, al punto de que esa fue la nota que los diarios locales subrayaron el 6 de julio: "Pierde PAN votos", fue la cabeza principal del diario más profesional del estado. Otro fue más directamente burlón: "¿Guanajuato…qué? El PAN noqueado".

A la hora en que los lectores de ese periódico se imponían de su contenido, el autor de la frase aludida en ese titular dejaba de ser jefe nacional del partido. Germán Martínez anunció que renunciaría al liderazgo panista y, por consecuencia, a su intento de "guanajuatizar a México". Y es que la votación panista disminuyó en más de 300 mil sufragios en tres años. Si bien las elecciones que incluyen la renovación de los poderes ejecutivos federal y local, como la de 2006, además del voto por diputados federales y locales, y alcaldes, no son estrictamente comparables con las que sólo incluyen estos últimos cargos, la pérdida es muy efectiva, porque se reflejó en derrotas municipales. En 2006 el PAN ganó 36 ayuntamientos, y se quedó esta vez en 25, incluyendo el de la capital, que se había convertido en parte del patrimonio político blanquiazul.

Para que este último resultado tuviera lugar fue necesaria la alianza (que adoptó la forma de candidatura común) del PRI y del PRD. No debió ser fácil para las dos partes unirse, sobre todo porque el priismo guanajuatense es muy afín a los modos sociales del panismo, lo que se percibió al tener como candidato a Nicéforo Guerrero Reynoso, un miembro de la estructura de gobierno priista de tiempo atrás que no vaciló en formar parte del gabinete de Vicente Fox, como subsecretario de Energía.

Aparte el reproche al gobierno por su mal desempeño, en la disminución de votos del PAN seguramente influyó la división interna que se percibe en no pocas ciudades guanajuatenses, especialmente en León. Allí contienden desde hace mucho tiempo panistas demócratas o tradicionales con los miembros de El Yunque. Ricardo Sheffield, el nuevo alcalde leonés, quizá no fue votado por los yunquistas, que deploraron su candidatura.

El gobernador Oliva, que si no es miembro de El Yunque merecería serlo, no fue derrotado del todo. Su hermano Javier será diputado federal.

En Jalisco ni un consuelo semejante suavizó el pesar del gobernador por la derrota de su partido, aunque está en posibilidad de atribuir a sus adversarios la causa de la fractura histórica que para el panismo significó la pérdida de Guadalajara y otras ciudades que el PAN había gobernado en los trienios recientes. En efecto, el aspirante a presidente municipal de la capital tapatía, Jorge Salinas, forma parte del grupo cercano a Francisco Ramírez Acuña, el exgobernador abiertamente enfrentado a quien lo sucedió en el cargo, Emilio González Márquez.

Aunque ya no se inscribe por entero en esa línea, pues se ha corrido también a la derecha, Ramírez Acuña llegó a la presidencia municipal de Guadalajara primero y a la gubernatura de Jalisco después en nombre de la tradición demócrata del panismo de ese estado, que en su hora fue representada por Efraín González Luna, a quien la extrema derecha de la entidad consideró algo así como representante personal del demonio. Fue una decisión elocuente que su hijo Efraín González Morfín, el reputado ideólogo y dirigente panista, propulsor del solidarismo derivado de la doctrina social cristiana, aceptara ser secretario de Educación Pública en el gobierno de Ramírez Acuña.

En las oscilaciones del panismo jalisciense, las corrientes que lo forman pierden o ganan alternativamente. Gabriel Jiménez Remus, de la línea cristiana, fue derrotado en 1995 por la ultraderecha que llevó como candidato a Alberto Cárdenas. Ramírez Acuña, discípulo cercano de Jiménez Remus, el embajador mexicano en Cuba de quien algunos esperaban que se registrara como candidato a encabezar el PAN, venció a los conservadores pero no pudo impulsar a un candidato de su misma corriente, sino que lo reemplazó González Márquez, un antiguo sinarquista, miembro del Partido Demócrata Mexicano, que ha resultado un gobernador insolente, mal gastador de los recursos públicos (los emplea para asegurarse su porvenir terrestre y celestial, pues los otorga a Televisa y a la Iglesia católica) y cabeza notoria del ultraderechismo nacional.

Títulos semejantes podría reclamar para sí Marco Antonio Adame, el gobernador de Morelos, cuya situación es peor. Su derrota electoral fue contundente. A manos del PRI su partido perdió las alcaldías de Cuernavaca, Cuautla y Jiutepec, por sólo enumerar algunas. El tricolor halló en Morelos tierra propicia para abultar su amplia victoria nacional: ganó la mitad de los ayuntamientos (16 de 33) y un número semejante de las diputaciones locales: 15 de las 30 que estaban en disputa en distritos que se ganan por mayoría.

La crisis electoral padecida por el PAN y su gobernador es síntesis de otras de mayores dimensiones que ensombrecen la vida de los morelenses. La ingobernabilidad se cierne sobre el estado. Aquí y allá proliferan los conflictos locales, generados las más de las veces por un crecimiento urbano desordenado que en provecho de desarrolladores voraces expolia los recursos naturales en cuya defensa se afanan los pobladores comunes. No se resolvió del todo el problema del magisterio alzado en rebelión a causa de la Alianza por la Calidad de la Educación, y es de suponerse que se reencienda cuando de nuevo se abran a concurso las plazas docentes y se inicie el curso 2009-2010.

La crisis de inseguridad afecta a toda la entidad y se agrava por la complicidad de la delincuencia y las agencias gubernamentales encargadas de enfrentarla y la del gobierno federal con el local. A diferencia del trato asestado a Michoacán y a su gobernador Leonel Godoy, las afinidades políticas e ideológicas de Adame y Calderón aseguraron al morelense que el combate a la infiltración delincuencial en las policías fuera casi subrepticio. El procurador de Justicia de Michoacán se presentó voluntariamente ante las fuerzas federales que practicaron en la entidad una redada el 26 de mayo, y fue aprehendido. En cambio, pocos días antes el de Morelos simplemente renunció, no obstante que un comandante de la policía ministerial a sus órdenes está ahora bajo proceso. Al secretario de Seguridad Pública de Adame, Luis Ángel Cabeza de Vaca, se le dio también la ocasión de dimitir, y sólo cuando estaba fuera del gobierno se le detuvo para arraigarlo. El 16 de julio –11 días después de las elecciones– cambió su condición jurídica, pues se expidió en su contra orden de aprehensión por sus relaciones con el narcotráfico. Lo mismo se hizo con Francisco Sánchez González, secretario de Seguridad Pública del municipio de Cuernavaca. A los dos se les señala por su cercanía con los hermanos Beltrán Leyva, cercanía en sentido estricto. Nunca se preocuparon por el hecho de que miembros de esa banda radicaran en una casa situada a no más de cien metros del palacio de gobierno.

Si bien no le concierne directamente, el gobernador no es ajeno (ni puede serlo) al conflicto entre la legislatura local y el Poder Judicial que amenazó a la impartición de justicia en el estado. Eliminada la inamovilidad de los magistrados del Tribunal Superior por los diputados, aquellos juzgadores se defendieron para mantenerse en sus cargos, que finalmente perdieron cuando la Suprema Corte de Justicia dio la razón al Congreso en la controversia constitucional promovida por los afectados, que tuvieron que jubilarse y dar paso a la designación de sus sucesores.

Digamos en fin que en la derrota panista y de Adame algún efecto habrá tenido la disensión de miembros del PAN que siguieron a Sergio Estrada Cajigal, quien comenzó oponiéndose desde dentro a Adame y concluyó yéndose del partido que lo hizo alcalde de Cuernavaca y gobernador del estado. Aunque no fue un ejemplo de gobernante y su militancia panista fue desde siempre frágil, más convenenciera que surgida de una convicción, el exgobernador no ocultó sus diferencias con Adame, que resultaron en perjuicio de éste. Esperemos que también las padezca la corriente a que pertenece.

Carmen Aristegui Aristegui - Hollman Morris (Periodista De History Channel)



El intento de Zelaya de reingresar a Honduras, legítima aspiración: Insulza




Las acciones del presidente constitucional no ayudan a la reconciliación, dice Óscar Arias
El intento de Zelaya de reingresar a Honduras, legítima aspiración: Insulza

Foto

Xiomara Castro, esposa del presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya, encontró ayer un bloqueo carretero en Jacaleapa, unos 85 kilómetros al oeste de Tegucigalpa, cuando pretendía dirigirse a la frontera. Los agentes de la policía le impidieron el paso a ella y una comitiva que le acompañabaFoto Ap
De la redacción

Santiago, 26 de julio. Los esfuerzos del presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya, por reingresar el fin de semana a su país son una legítima aspiración del mandatario, afirmó el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, quien sin embargo aclaró que dada la complejidad de la crisis mi opinión es que sería preferible que antes de cualquier decisión en ese sentido esperara a una conclusión de los esfuerzos diplomáticos en curso.

Las afirmaciones de Zelaya fueron publicadas este domingo en el diario La Nación de la capital chilena, a propósito de la decisión del gobernante hondureño de establecer un campamento en la frontera entre Honduras y Nicaragua, luego de haber dado por concluidas las negociaciones de un acuerdo con el gobierno de facto encabezado por Roberto Micheletti desde el 28 de junio pasado.

Insulza reiteró su respaldo a la mediación del presidente de Costa Rica, Óscar Arias, quien de su lado declaró al diario español El País que la presencia de Zelaya en la frontera sur de Honduras, desde el viernes, no ayuda a la reconciliación.

Las opiniones de Arias e Insulza son similares a la postura del gobierno de Estados Unidos, que el viernes sostuvo por medio de la secretaria de Estado, Hillary Clinton, que la acción de Arias es imprudente.

Arias presentó el miércoles a las dos partes la denominada Declaración de San José que contiene una serie de propuestas para solucionar la crisis en Honduras, pero el gobierno de facto no acepta el retorno de Zelaya al poder.

En la entrevista con La Nación, Insulza externó su confianza en que la problemática hondureña todavía puede tener una solución pactada.

El presidente Arias ha presentado una propuesta que incluye esta condición como primer punto: el retorno del presidente Zelaya a sus funciones constitucionales, de las que fue separado de manera ilegítima y por la fuerza. El retorno del orden democrático es absolutamente prioritario y en eso no debe haber titubeos. Es preciso enviar al resto del continente una señal contundente, para que todos aquellos que aún se permitan soñar con proyectos autoritarios queden absoluta y definitivamente desencantados.

En respuesta a las críticas expresadas por el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y el líder revolucionario cubano Fidel Castro, acerca de que Arias sigue instrucciones de Washington, el mediador dijo a El País que la afirmación no es original, porque lo mismo se dijo cuando a mediados de los años 80 interpuso sus buenos oficios para solucionar los conflictos en Centroamérica.

Las gestiones de Arias le llevaron a ganar el Premio Nobel de la Paz en 1987 y, posteriormente, los sandinistas que eran combatidos por contrarrevolucionarios financiados por Estados Unidos debieron dejar el poder a la derecha, en 1990; los guerrilleros salvadoreños depusieron las armas en 1992 y dieron paso a un gobierno derechista que apenas dejó la presidencia en junio pasado; y los insurgentes guatemaltecos firmaron un pacto de paz en 1996, sin que después se haya castigado a los responsables de miles de asesinatos políticos y desaparecidos.

Arias opinó que no hay intereses externos en el conflicto hondureño, pero admitió que hay muchos que lamentan la decisión de Zelaya de integrarse a la Alianza Bolivariana para las Américas (creada por Chávez) y la influencia que este grupo tiene sobre él.

Esa sigue siendo una preocupación todavía hoy, pero eso en nada justifica el golpe de Estado, sostuvo Arias.

Carmen Aristegui Noticias MVS 27 de julio de 2009

(Audio Completo sin comerciales)







Bájalo AQUI


Audio Cortesia AMLOTV

AMLOTV
Soberania Popular

Partidarios de Zelaya continúan llegando a la frontera

Derrota de Calderón









Pocas personas votaron el pasado 5 de julio y de ellas sólo una minoría lo hizo por el Partido Acción Nacional (PAN) –partido que desde el poder impulsa proyectos contrarios al bienestar de las clases populares y al Estado laico.


Pese a la insistente publicidad del gobierno de Calderón, centrada en el autoelogio, y a supuestas encuestas según las cuales el presidente espurio goza de una aceptación sin precedentes en el país, la verdad es que no está con su gobierno la gran mayoría de los ciudadanos, formada por quienes se abstuvieron de votar, anularon su voto o votaron por otros partidos.

Así, el partido, que desde 1939 ha representado a la reacción nacional, la que fue afín a los cristeros, a los fascistas, a los gobiernos militares de Surámerica, ahora ha perdido incluso algunos de sus principales bastiones, como Guadalajara, Zapopan y Querétaro, entre otros.

La derrota electoral de la derecha mexicana viene a sumarse a hechos como el triunfo de Obama en Estados Unidos y el de la izquierda en El Salvador, que señalan el declive de la derecha religiosa en el continente.

Una derrota del PAN será siempre un triunfo del pueblo de México y del Estado laico; pero en la actualidad un triunfo de alguno de los otros partidos, donde abundan los políticos oportunistas, no es garantía suficiente de un avance social e ideológico.

Una gran parte de la población, como se reflejó en las votaciones, anhela volver a un pasado, que en muchos aspectos era mucho mejor que la realidad que se vive con Calderón y su partido. En los gobiernos priistas, hasta antes de De la Madrid y de Salinas, había cierto apoyo, no ciertamente el óptimo, pero sí real, a los sectores populares, mediante instituciones como el Seguro Social y con el apoyo a la educación pública.

No eran gobiernos abiertamente confesionales, plutocráticos y militaristas, como ha sido el de Calderón. Sin embargo, la clase política priista ha ido cambiando; con tal de conservar sus beneficios, se fue “empanizando”, al grado de apoyar, como se ha visto en los últimos meses, a la jerarquía católica, implantando en varias entidades leyes para encarcelar a las mujeres que abortan.

Si bien no hay partido peor que el PAN, actualmente no se puede esperar mucho del Partido Revolucionario Institucional (PRI), dados los hechos, en lo que concierne a la defensa del Estado laico y del bienestar popular, pero la posible salida del PAN del poder, en 2012, será una ganancia para todos, excepto para los pocos que se han beneficiado con él: empresarios voraces y abusivos, jerarcas católicos, grupos ultraderechistas y políticos de ese partido, al igual que políticos convenencieros, que han vendido su apoyo al PAN.

Entre ellos se cuentan los Chuchos, principales responsables del debilitamiento del Partido de la Revolución Democrática y enemigos de la corriente popular encabezada por Andrés Manuel López Obrador, expresión que pese a tener en contra prácticamente a todos los sectores del poder económico, incluyendo a las cadenas televisivas, logró un simbólico triunfo en la delegación Iztapalapa.

La derrota panista acarreó la renuncia del dirigente nacional de ese partido, Germán Martínez, luego del consabido berrinche de Calderón, pese a que la campaña del PAN se basó en elogiar a este último, exhortando a la población a apoyarlo en su ficticia lucha contra el narco (como si ése fuera el gran problema de la mayoría de la población). Quienes dentro del poder confiaron en la supuesta popularidad de Caderón, cayeron en su propia trampa, confiando en las mentiras de la propaganda oficialista.

En 2006, la derecha anhelaba que el pueblo se desmovilizara, que no saliera a las calles a protestar por el fraude, ni exigiera a las autoridades respeto a sus derechos políticos. Paradójicamente, a tres años de esa maniobra mediática, el resultado le ha sido adverso al PAN, frente a su enemigo histórico, el PRI, que en 2006 fue su aliado en el fraude y que ahora, con más fuerza social que la derecha confesional y manejando la ilusión de la vuelta a un pasado mejor, logra imponerse en las urnas con el apoyo de los pocos ciudadanos que votaron.

El fraude de 2006 fue una derrota del pueblo de México y de la pretendida democracia; la derrota del PAN en 2009 ha sido, a fin de cuentas, un triunfo de México, pero el triunfo del PRI beneficiará, directamente, ante todo a los políticos profesionales vinculados a ese partido, que cuidan primordialmente su acceso a la riqueza y al poder. La plutocracia y el clero han tratado de garantizar que los priistas cuidaran sus intereses, pero el PRI no es su partido, como lo es el PAN.

Ante esa situación, en 2012 se presentan escenarios que van desde la llegada del PRI al poder hasta un posible golpe militar al estilo de Honduras, donde la ultraderecha se mantuvo en el poder pese a no contar con reconocimiento internacional ni con otro apoyo que el del ejército, el episcopado y empresarios conservadores. Así podría mantenerse el PAN en el poder, incluso si perdiera dentro de tres años los comicios presidenciales.

*Maestro en filosofía con especialidad en estudios acerca de la derecha política en México

La Pastelería de Chucho y Marianita




Zelaya: "¡No hay negociaciones con los golpistas, no hay!"








Zelaya dijo que no viajará a Washington este martes tras ser invitado por la secretaria de Estado, Hillary Clinton, porque ''no puedo dejar aquí a la gente que está viniendo de Honduras''. En este sentido, consideró que Clinton "debe denunciar la represión, la violación de los derechos humanos, de la libertad de prensa, todas las persecuciones, los allanamientos sin orden judicial y al mismo tiempo las capturas, las personas que están siendo reprimidas a nivel nacional".

El presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya, ofreció una rueda de prensa la noche de este domingo desde el Ocotal, cerca de la frontera de Nicaragua y su nación, en la que expresó que no habrá ningún tipo de negociación con los golpistas que lo derrocaron el pasado 28 de junio.
"¡No hay negociaciones con los golpistas, no hay!", exclamó el mandatario al tiempo que exhortó a la población que lo ha acompañado y exige su retorno a la presidencia, a resistir en la lucha.
Zelaya declaró que organizará en la localidad nicaragüense un frente cívico de resistencia contra el golpe, y reafirmó que no seguirá negociando con el líder del gobierno de facto y promotor del golpe de Estado, Roberto Micheletti.

A 220 kilómetros de Managua, donde se concentran seguidores que cruzaron la frontera desde Honduras a pesar del toque de queda indefinido y las represiones por parte de las autoridades de ese país, se negó a viajar a Washington ni a una cumbre mesoamericana en San José.

"No puedo dejar aquí a la gente que está viniendo de Honduras", explicó el mandatario, que recibió una invitación del gobierno de Estados Unidos (EE.UU.) para que viajara al país y se conversara sobre su retorno. "No me estoy moviendo ahora de Ocotal", afrimó.

"Lo que espero de los Estados Unidos es que sean fuertes y reacios, y además que aclaren su posición frente al Gobierno golpista, porque en las últimas declaraciones he visto que ha desaparecido el término 'golpe de Estado', cuando al principio lo usaron", dijo Zelaya en declaraciones a la prensa en Ocotal.

El término "golpe de Estado", afirmó Zelaya, "lo usó directamente el propio presidente Barack Obama", de quien dijo: "siento que la posición su es firme".

Mientras, el presidente consideró que la posición de la secretaria de Estado del país norteamericano, Hillary Clinton, "al principio fue firme; ahora siento que ya no está realmente denunciando ni está actuando contra la represión que está sufriendo Honduras".

En este sentido, consideró que Clinton "debe denunciar la represión, la violación de los derechos humanos, de la libertad de prensa, todas las persecuciones, los allanamientos sin orden judicial y al mismo tiempo las capturas, las personas que están siendo reprimidas a nivel nacional".

Además, la secretaria de Estado "debe darse cuenta que con aprobación de muchos círculos muy negros en el poder de las derechas norteamericanas, que ya sacaron la cara, incluyéndose senadores, está este golpe manteniéndose allí".

Grupos de entre 20 a 50 personas ingresan a la localidad fronteriza de Las Manos a través de montañas, para evadir los obstáculos y retenes militares sobre la carretera y se han instalado en Ocotal, en el vigésimo noveno día de protestas consecutivas.

En vista de las multitudinarias marchas que se dirigían al encuentro con el presidente legítimo del país centroamericano, el promotor del golpe de Estado, Roberto Micheletti, amplió este lunes el toque de queda en la zona fronteriza con Nicaragua.





Honduras: ensayo de futuros golpes






El terrorismo mediático y la actuación tardía de la Organización de Estados Americanos enmarcan el golpe de Estado militar en Honduras, ocurrido el pasado 28 de junio. También se evidencia la actuación de organizaciones como la Fundación UnoAmérica, la NED y la USAID, vinculadas con la ultraderecha



Stella Calloni/Prensa Latina


Buenos Aires, Argentina. El golpe militar en Honduras del pasado 28 de junio contra el gobierno del presidente Manuel Zelaya, surgido del Partido Liberal y quien tomó caminos independientes, será, para siempre, uno de los mayores ensayos del terrorismo mediático, entre otros modelos. Pero también lleva muchos mensajes detrás.


La Organización de Estados Americanos (OEA) actuó tardíamente. El 28 de junio debía haber estado en Honduras, como lo reclamó el presidente Zelaya.


Si bien tomó una posición ante la destacada presencia de América Latina, que incluso llevó al secretario general José Miguel Insulza a entregar en manos propias el ultimátum a los golpistas, algunos sectores plantean dudas sobre la lentitud de esos movimientos.


Analizando el golpe en sí, que no se diferencia de todo lo actuado a lo largo del siglo XX y lo que va del XXI por Estados Unidos en América Latina, éste lleva otras cargas agregadas.


Abiertamente la televisora CNN hizo todo lo posible por legalizarlo. Burdo y evidente ha sido el intento.


Durante el primer día del golpe, que comenzó con el secuestro extremadamente violento del presidente y el traslado ilegal a Costa Rica, bajo monitoreo de las bases militares estadunidenses en Honduras, CNN intentó, durante todo el día, a través de una serie de entrevistas, que se inculpara al presidente Zelaya.


La pregunta en términos generales era: “¿Usted no cree que el presidente Zelaya es responsable por haber intentado esta consulta que muchos rechazaban?” Las respuestas mayoritariamente fueron contra el golpe, ante lo cual, la primera acción resultó derrotada. Pero no así la continuidad de la propaganda por otros medios.


La supuesta “objetividad” con que se reciben y leen mensajes, la mayoría de los cuales siempre favorecen las posiciones del discurso hegemónico de la empresa, es falsa. Por una parte se descartan mensajes contrarios y no se informa sobre la realidad de que la mayoría del pueblo hondureño no tiene acceso a internet y que otros miles están huyendo o en la clandestinidad ante la represión golpista.


Contradicciones


Zelaya había propuesto una consulta al pueblo el 28 de junio para saber si se apoyaba instalar otra urna en las elecciones de noviembre próximo para aprobar o no la instalación de una asamblea constituyente.


Si los golpistas pensaban, como argumentó CNN el 4 de julio pasado, que Zelaya tenía sólo el 30 por ciento de los votos, ¿por qué no dejaron que se votara ese 28 de junio si iba a perder?


¿Era necesario el golpe brutal para impedir la consulta cuando las urnas, según CNN, desfavorecían al mandatario y cuando incluso quedaba un nuevo escenario donde discutir democráticamente estas cuestiones, como son las elecciones de noviembre próximo?


Si el mandatario sólo tenía un respaldo mínimo, ¿por qué no esperar unas horas a su presunta derrota en la consulta y no presentarse en la madrugada en su casa, secuestrarlo e imponer un golpe que siempre conlleva terrorismo de Estado?


En este intento de razonamientos simples debemos citar otro ocultamiento.


La historia regional no aparece como contexto ni la ocupación colonial de esa región por Estados Unidos a lo largo del siglo XX, de lo que surge el nombre terrible de “repúblicas bananeras” para las naciones centroamericanas, cuyos pueblos han dado muestra de una larga resistencia.


La suma de víctimas en esas resistencias contra las dictaduras impuestas por Washington a lo largo de la mayor parte del siglo XX alcanza casi 400 mil muertes, si consideramos que solamente en Guatemala se registraron 90 mil desapariciones forzadas y más de 100 mil muertos.


Sumado a esto, los muertos y desaparecidos bajo las dictaduras de la familia Somoza en Nicaragua y los militares en El Salvador, y luego en la guerra encubierta de Estados Unidos contra el pueblo nicaragüense no hay ninguna exageración en esa cifra.


Si el golpe en Honduras no se evalúa en los términos de esa realidad, es imposible entender el peligro que la actual asonada significa para América Latina y el por qué la única respuesta a esto es la restitución del mandatario.


Presidentes elegidos por la voluntad popular fueron derribados por invasiones e intervenciones a lo largo de la historia, tanto en la década de 1950 como en las de 1960, 1970, 1980.


A fines de la década de 1990 y, especialmente en el siglo XXI, el surgimiento de nuevos gobernantes, que se escapan del encuadramiento de la vieja Guerra Fría, provocó otros intentos golpistas fracasados, como el de Venezuela en abril de 2002 contra el presidente Hugo Chávez o los intentos aparentemente “cívicos” con fuerzas paramilitares detrás, como lo actuado contra el presidente Evo Morales en Bolivia, en septiembre de 2008.


Los golpes duros o “suaves” se multiplican en la tarea demoledora de desestabilizar gobiernos y cuentan con el apoyo de la National Endowment for Democracy (NED) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), es decir la Central Intelligence Agency estadunidense, responsable también de la guerra contra Nicaragua y la invasión a Panamá en 1989, entre otras actuaciones “memorables” en la región.


En 1983, el investigador y periodista argentino Gregorio Selser publicó en México el libro Honduras, república alquilada, en el cual denunciaba la complicidad de las dirigencias políticas hondureñas con la larga ocupación de las trasnacionales fruteras y otras, y la intervención militar de Estados Unidos.


Al margen de su respeto por el pueblo hondureño, sometido a la infamia de dictaduras y poderes congresionales que lo traicionaban siempre, Selser demostró con documentos que Honduras fue un país utilizado por Washington como plataforma de agresión regional desde los tiempos en que las compañías fruteras imponían a los gobernantes en turno.


Por esta razón es imposible hablar de lo que está sucediendo en ese país, sin mencionar la presencia de bases militares de Estados Unidos y que el ocultamiento de ese factor es parte del golpe.


No es un “olvido” común que no se registre en los antecedentes todo lo que sucedió en esa región, donde la multimillonaria ayuda militar de Estados Unidos sostuvo a los criminales dictadores centroamericanos.


Está documentado que desde esas bases en territorio hondureño partió en 1954 la invasión contra el presidente legítimo de Guatemala Jacobo Arbenz y lo actuado contra El Salvador y Nicaragua.


En esos años también ya había sido instalado uno de los más poderosos sistemas de radar en las bases militares de Honduras. Una de las más antiguas es Palmerola, donde Estados Unidos tiene ubicada la estratégica pista de aterrizaje de más de 2 mil 600 metros de largo, para ingresar equipos de ataques e instalar la tropa que necesite.


No es el único sitio militar en Honduras para ubicar tropas en acciones de “despliegue rápido” contra cualquier país de la región.


Con la alta tecnología de estos últimos años, Estados Unidos puede vigilar un extenso territorio, incluyendo el Caribe, desde sus bases en Honduras.


En la fatídica década de 1980, en una sesión secreta, 44 diputados del Partido Liberal y 34 del Partido Nacional, a espaldas del pueblo, acordaron la implantación del Centro Regional de Entrenamiento para “instruir” a soldados salvadoreños –que asesinaban y desaparecían aldeas enteras en su país– y de otras nacionalidades con regímenes dictatoriales.


En los últimos años, muy cerca de la frontera con Nicaragua, tropas estadunidenses entrenaron mercenarios para ir a Irak.


El pueblo hondureño quedó aprisionado en las telarañas de los armados contrainsurgentes de la Guerra Fría, con instalaciones militares estadunidenses que sirvieron y sirven como rampas para atacar a otras naciones.


La actual Corte Suprema de Justicia de Honduras fue una implantación de John Dimitri Negroponte, quien nunca dejó de mantener a sus subordinados militares, empresariales y políticos, desde que fue embajador de Estados Unidos en la década de 1980, y actuó como un gobierno en las sombras.


Esto también surge de su paso como subsecretario de Estado del gobierno de George W Bush por Honduras, hace un año atrás, donde después de sus reuniones con el actual presidente de facto, Roberto Micheletti, y con la Corte Suprema se incrementaron los preparativos golpistas a través de la embajada estadunidense en Tegucigalpa, que estuvo todo el tiempo actuando con la oposición golpista.


Y hay que destacar ahora la participación de la inteligencia israelí como un socio duro, que acompaña acciones similares en otros países de la región.


Para las organizaciones sociales hondureñas y para la mayoría de países del mundo, la única respuesta posible es la restitución presidencial, que ha engendrado contradicciones internas en Estados Unidos.


Pero hay otro punto esencial: en este golpe en Honduras, apoyado por la alta jerarquía de la iglesia católica, en el cual se mata, persigue y reprime a miles de personas, entre ellas a periodistas, clausurando radios, y produciendo inocultables acciones de terrorismo de Estado, se están probando nuevos métodos.


De hecho, la brutalidad con que actuaron estaba destinada a desafiar a toda América Latina. El desprecio de los golpistas por las instituciones internacionales como la OEA o la Organización de las Naciones Unidas indica que asumen el desconocimiento que en tiempos del expresidente Bush se tenía de las mismas.


Uno de los efectos más duros del paso de Bush fue la desacreditación y debilitamiento de las instituciones internacionales cuando invadió Irak, con la imposición al mundo de violaciones a los derechos humanos, cuyos símbolos temibles fueron y son Guantánamo y las cárceles secretas en todo el mundo.


Hay algo más en este golpe de Estado. No es sólo la repetición de viejos moldes golpistas, tan antiguos que parecen increíbles en pleno siglo XXI, con la activa participación del poder oligárquico, sino que hay ingredientes fuertemente provocativos, como si hubiera sido pensado para poner al presidente de Estados Unidos frente a un hecho consumado.


Esto hace difícil volverse atrás, sin activar lo que ya se está planteando al interior de ese país: algunas demandas de los halcones, recordando su actuación en contra del expresidente James Carter en tiempos en que éste tuvo roces con las dictaduras de la región y aludiendo a “debilidades” del nuevo gobernante. Es un conocido juego mafioso.


En este caso se da la aparición de algunas figuras, voceros de esos halcones. Uno de ellos es el propio exsubsecretario Roger Noriega, quien participa activamente en la Fundación UnoAmérica, el nuevo Frankestein de la NED y la USAID.


Esta fundación, creada en Colombia a fines de 2008, pero cuyos “militantes” ya estaban actuando en diversos países, ha reclutado a los militares de las viejas dictaduras, a las derechas más extremas y el neonazismo, y se compromete a actuar supranacionalmente, como antes los dictadores coordinadamente en la contrainsurgente Operación Cóndor.


Esto evidencia que hay mucho más detrás de este golpe. El esquema empresarial de los golpistas hondureños, que se dicen “dispuestos a resistir”, funciona porque hay mucho dinero detrás, como lo hubo para mantener el fracasado paro patronal golpista en Venezuela, y a los patrones del transporte en Chile.


Este golpe tiene mensajes hacia muchas direcciones, por eso mismo América Latina debe ser una muralla. Cualquier puerta entreabierta, cuando se desconocen y desafían todas las reglas internacionales, será vista como una “debilidad” por los halcones que nunca se fueron.


El golpe en Honduras, un país ocupado militarmente, es una prueba dura, pero también el mensaje de la renovada América Latina es fuerte, preciso, y el mundo dio su veredicto.


Para Europa, también es el mensaje como en los tiempos de la doctrina Monroe (1823). Les están diciendo que América es para los americanos (estadunidenses) a días de firmarse un tratado entre el viejo continente y esa subregión.

Honduras. Los golpistas tienen las armas






Sobre los hondureños se cierne una crisis política de incalculables estragos económicos y sociales, advierten –en entrevista con Contralínea– la embajadora de Honduras en México y la ministra de Finanzas de ese país. Ambas, funcionarias del gobierno legítimamente electo, depuesto por las fuerzas militares y empresarios de ultraderecha




“Dieron un golpe de Estado, secuestraron al presidente de la residencia y a su hija; lo agarraron, lo amarraron y se lo llevaron”, fue la primera noticia que recibió Rosa Linda Bueso la mañana del domingo 28 de junio en Tegucigalpa. Evoca el amenazante vuelo de los aviones sobre la capital, la falta de electricidad en los hogares y oficinas públicas y el bloqueo de teléfonos. “Escuché una sirena que nunca antes había oído”, dice la joven mujer que atestiguó cómo el ejército detenía en las calles a quienes salían de sus casas para enterarse de lo que sucedía.


A su vez, Rebeca Santos recuerda que ella salía de una reunión en la Organización de Naciones Unidas en Nueva York cuando recibió un mensaje de su familia que describía la situación en su país: “Con el embajador hondureño Jorge Arturo Reina, vimos por la televisión al presidente legítimo desde Costa Rica; no lográbamos establecer contacto con nadie, el internet estaba cortado; hace tres semanas que me parece vivir en una película y dudo si es realidad o ficción”.



Ambas son hondureñas que desde el exterior dan voz a la tragedia que viven millones de hondureños. Exigen el retorno a la legalidad y gobernabilidad en su país tras la expulsión del presidente José Manuel Zelaya Robles; son Rosa Linda Bueso, embajadora de Honduras en México, y Rebeca Santos, ministra de Finanzas del gobierno del depuesto mandatario.


“Aquí se cometió un delito, se cometió un golpe de Estado”, refiere la diplomática, que ahora representa a un país aislado por la comunidad internacional, que no avala el nombramiento de Roberto Micheletti como mandatario de uno de los países más pobres de la región, afectado por la histórica desigualdad en la distribución de la riqueza. A su vez, la más alta funcionaria financiera de esa nación centroamericana resume la compleja problemática de Honduras: “Las armas están en manos del gobierno de facto”. Lamenta ver cómo se reedita ese pasado reciente de Centroamérica por el que Honduras tardó muchos años en volver a la democracia.


“Las primeras horas prácticamente preparaba mis maletas porque salía a Santiago de Chile, y recibí un mensaje de mis familiares que indicaban la situación que se presentó: sin luz y sin servicios. El embajador Jorge Arturo Reina me llamó cuando la situación era realmente dramática, pues no lográbamos establecer contacto con nadie en el país porque todos los medios de comunicación fueron tomados por el ejército.


“Son situaciones de mucho dramatismo. Cuando vimos por una cadena de televisión internacional al presidente legítimo en Costa Rica con ropa interior –pues prácticamente fue secuestrado de su vivienda–, para nosotros fue de sumo impacto.”


Rosa Linda Bueso llegó el sábado a Tegucigalpa procedente de México, a unas horas de la asonada. Deseaba pasar unas vacaciones con su padre, un oftalmólogo, y su madre, una química farmacéutica. Todo cambió para ella en unos instantes, como para millones de hondureños que de pronto se quedaron sin gobierno, sin paz y sin futuro: “No teníamos contacto con nadie, era una situación muy complicada pues no sabíamos cómo informarnos y, en consecuencia, cómo reaccionar”. La radio y la televisión sólo transmitían música o telenovelas y comunicados de Micheletti, el gobernante de facto”.


Por ello, la embajadora decidió regresar a su misión en México y desde ahí preparar la respuesta al golpe. Recorrió el trayecto de cuatro horas que separa Tegucigalpa de San Pedro Sula para retornar a este país. Recuerda que logró llegar al aeropuerto “porque los militares apenas ponían en marcha su operativo”, y una vez en la capital mexicana reunió al personal de la embajada que vivía en zozobra esos momentos.


Al ponerse en marcha el proceso golpista, otra de las víctimas fue la canciller hondureña Patricia Rodas, que también fue secuestrada por los militares, sujetada por la fuerza y remitida a un lugar desconocido. Reunidos a su alrededor para protegerla, los embajadores de Cuba, Nicaragua y Venezuela se negaban a abandonarla. Juan Carlos Hernández, embajador de La Habana, enfrentó a los militares enmascarados que lo sometieron por la fuerza hasta arrojarlo en una carretera luego de plagiar a la ministra. Días más tarde, los buenos oficios de países amigos lograron la liberación de la canciller, quien por breve tiempo estuvo en México, apenas un día.


También el ejército y las fuerzas armadas secuestraron a periodistas cuyo paradero aún se ignora, así como el de varios de los ministros del gobierno de Manuel Zelaya. “No sabemos de muchos de ellos y, en un acto sin precedentes, sus tarjetas de crédito fueron canceladas y sus propiedades invadidas; otros más se ocultan porque sus vidas corren peligro”. Insiste la embajadora que lo que más preocupante es que se desconoce en qué condiciones están sus compatriotas.


Tras esos primeros momentos y transcurridas ya tres semanas del golpe, Bueso Asfura revela que el gobierno de facto de Micheleti cortó todo el presupuesto a las embajadas, salarios y gastos, aunque sostiene: “Seguimos adelante por la solidaridad de los mexicanos y por la condena internacional a este acto de fuerza”. Pese a ese incipiente optimismo, la diplomática advierte que, si bien éste es un problema de Honduras, “no sabemos si puede o no extenderse hacia otros países”. Le preocupa su gente, esos millones de hondureños que votaron por Manuel Zelaya y que se manifiestan en las calles de todo el país, resistiendo a esa expresión de fuerza, sin comer, sin tomar agua, sin descansar y sin estar en contacto con los suyos.


El rostro suave de esta mujer se contrae cuando pregunta: “¿Dónde están los derechos humanos? ¿Cómo es posible que se llegue a esto?”


El rol de las fuerzas armadas en estos hechos es claro, señala la diplomática: “Han estado involucradas en todo aspecto”. Y es que cuerpos castrenses fueron los que cometieron los secuestros del presidente, de miembros de su gabinete y de muchos hondureños. Ocupar las calles, bloquear señales de radio, celulares y teléfonos y silenciar a la prensa y los medios electrónicos no es más que un golpe de Estado, pues se perdieron los derechos por los que tanto hemos luchado”.


Las armas las tienen ellos

Como resultado del inequitativo reparto de la riqueza, en Honduras hay 4 millones de personas que viven en extrema pobreza, así lo reconoce el Banco Mundial. Esto significa que un 90 por ciento de lo que se produce en el país se concentra en menos del 10 por ciento de la población, incluida la clase media; es decir, se trata de una sociedad muy polarizada, explica la ministra de Finanzas Rebeca Santos. Agrega que apenas la mitad de la fuerza laboral de ese país centroamericano tiene acceso a un empleo institucionalizado con seguridad social y prestaciones; la mayoría se desenvuelve en la informalidad.


Además, la gran mayoría de la población vive en las laderas que tienen una orografía complicada, lo que hace más difícil la construcción de infraestructura para fomentar el desarrollo, por lo que esas familias tienen una ingesta calórica muy baja a base de maíz y frijol. En contraste, la buena tierra que se concentra en las planicies está bajo propiedad de latifundistas o de quienes realizan plantaciones extensivas de banano y café. Tras lo que la funcionaria denomina “la irrupción violenta contra la población” del 28 de junio, los organismos financieros internacionales tomaron distancia y decidieron revaluar sus inversiones y proyectos para Honduras.


Para esta economista con clara vocación de académica y que se autodenomina “la ministra más fría del gabinete”, el ya complicado escenario de Honduras se ensombreció aún más cuando dos semanas después del golpe la firma calificadora de país Standard and Poors señaló que ese país estaba en situación de “observación” por la inestabilidad económica y política. Considera que esa declaratoria diezma “el esfuerzo que desde hace tres años realizaba el gobierno del presidente Zelaya para reducir la pobreza y que el mismo Banco Mundial reconoció”.


Luego de la declaración de la firma calificadora, el Banco Centroamericano anunció la suspensión de sus recursos que afectan el desarrollo de proyectos productivos para el agro, microcréditos y programas sociales, como las transferencias monetarias denominadas Red Solidarias –parecidas al Programa Oportunidades o Solidaridad de México– y el programa Bolsa de Familia. La ministra Santos dice con énfasis: “No se trata de procesos cercanos a la ideología de izquierda”, pues buena parte de esos proyectos se financian por recursos de organismos multilaterales, sino de programas exitosos en otras partes que se replican en nuestros países. “No se trata de ideas raras o de programas populistas”, sino de hacer frente de forma decidida lo que es el combate a la pobreza.


Describe que en Honduras hay una polarización entre los distintos segmentos que tomaron partido. Así como la riqueza está inequitativamente distribuida en esa nación de 7.5 millones de habitantes, “quienes apoyan a uno u otro gobierno también están representados en esa desigual distribución de la riqueza”. Las cifras son elocuentes: 60 por ciento de la población absorbe menos del 10 por ciento de la riqueza que se genera en el país, y las remesas que emiten los migrantes –que constituían el 20 por ciento del Producto Interno Bruto– descendieron notablemente.


Precisamente para abordar los efectos de la crisis económica mundial, “que a diferencia de otras crisis o recesiones se generó en las economías más desarrolladas del mundo y que afecta a los países latinoamericanos”, es que ella estaba en Nueva York y se preparaba para viajar hacia Chile a otra reunión financiera regional ese 28 de junio. Pregunta la ministra: “¿Por qué ocurren estos experimentos –como el golpe– en los eslabones más débiles de la cadena, como Honduras y Nicaragua?” Explica que el presidente Zelaya, “un presidente de extracción rural pero con una enorme sensibilidad social”, pretendió hacer una consulta al pueblo sobre la necesidad de abrir más opciones, y ésa fue “la gota que rebasó el vaso” de las clases dominantes, pues no podían aceptar tantas reformas sociales.


Ahora, dice Rebeca Santos, la medicina que adoptaron “parece completamente equivocada porque se pretendía que el pueblo no hiciera escuchar su voz y precisamente es lo que está ocurriendo”, aunque advierte que: “Este cruento golpe, este asalto a la institucionalidad y a la gobernabilidad pueden desembocar en una situación que se prolongue más tiempo, porque la sociedad reprimida puede hacer sentir también su voz y eso es lamentable”.


Mientras transcurre la espera por ese retorno a la gobernabilidad en su país, Rosa Linda Bueso y Rebeca Santos esbozan amplias sonrisas, se abrazan y se muestran confiadas con el porvenir y agradecen la solidaridad de los mexicanos de la calle, los mismos que colmaron de carteles y mensajes de amistad el negro barandal de la casona en la Condesa, que en 1987 adquirió el gobierno hondureño para su representación diplomática en México.