Noticiero SDP tarde 27-Agosto-09.Hoy hablamos sobre el tema de juanito y de cómo el PT le pide que cumpla a lo que se comprometió sin condiciones, también hablamos sobre lo que digo GONZALEZ GARZA indicando que lo que algunos diputados de su partido han aportado al movimiento lopezobradorista ha sido de su bolsa y no de recursos públicos, comentamos también acerca de lo que la presidenta de ARGENTINA anunció respecto a los medios de comunicación y demás temas.Por falla técnica, sólo está disponible el audio en mp3 de éste noticiero.
jueves, 27 de agosto de 2009
Avala IP IVA en alimentos y medicinas
Ciudad de México, 27 de Agosto.- El presidente del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, Claudio X. González Laporte, consideró como un “grave error” no gravar con IVA medicinas y alimentos, al advertir que eso le resta competitividad al país.
En entrevista, quien es considerado como el ideólogo de la iniciativa privada del país, precisó que lo ideal sería imponer un impuesto tasado entre el 3 o 4%, en principio, en los alimentos y medicinas y, posteriormente “ir ajustándolo a través del tiempo” conforme las circunstancias lo permitan.
En el marco del aniversario 135 de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco), el también directivo de Kimberly Clark indicó que el que no tengan IVA dichos productos es una especie de subsidio a las clases más altas del país, por lo que en los meses siguientes continuará el debate sobre el tema.
González Laporte dejó en claro que no aceptar este impuesto condenará al país a no ser competitivo y a tener problemas de insuficiencia presupuestara para generar empleos, ante la baja recaudación que se registra en el país.
Marcha indígena contra la liberación de asesinos de Acteal
Marcha indígena contra la liberación de asesinos de Acteal
Elio Henríquez, corresponsal,
San Cristóbal de las Casas, Chis., 26 de agosto. Más de mil indígenas que hace un año se separaron de la organización de la sociedad civil Las Abejas –y ahora se hacen llamar Las Abejas, Chiapas, México– realizaron una marcha en esta ciudad para protestar por la liberación de 20 tzotziles acusados de haber participado en la matanza de Acteal, pues ello posibilitará la reagrupación de los paramilitares y pondrá en riesgo la paz social en la región. Exigieron que se ponga un alto a la liberación de los paramilitares y afirmaron que en las comunidades de Chenalhó aún están las armas con las que se cometió la masacre el 22 de diciembre de 1997 y que provocó nuestro desplazamiento forzado.
Detiene el Ejército a 12 policías comunitarios en Costa Chica, Guerrero
Los “confundieron” con eperristas; arrestan hasta al presidente de Vigilancia
Liberan a la mitad; el resto es llevado a la PGR, donde pagan más de 100 mil pesos de fianza
LAURA REYES MACIEL (La Jornada Guerrero)
En un operativo en el que participaron al menos 80 efectivos del Ejército mexicano adscritos al municipio de Cruz Grande, en la Costa Chica, detuvieron el pasado sábado a 12 agentes de la Policía Comunitaria de Marquelia, incluido al presidente del Consejo de Vigilancia, por estar supuestamente ligados al grupo armado Ejército Popular Revolucionario (EPR).
El titular de Justicia y Derechos Humanos del Secretariado Estatal (SE) del PRD, Urbano Lucas Santamaría, informó que la irrupción militar se dio en la comunidad General Enrique Rodríguez, por una supuesta denuncia anónima. Los militares justificaron las detenciones porque los policías comunitarios no tenían en ese momento ninguna identificación.
Sin embargo, horas después del arresto –catalogado por el perredista como arbitrario y del cual se va a avisar a la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum)–, fueron puestos en libertad seis de los policías y el resto fue trasladado a la subdelegación en Acapulco de la Procuraduría General de la República (PGR).
Ahí se les inició una averiguación previa, aunque no se dio mayor información al respecto, y lograron salir pagando una fianza de 100 mil pesos por los seis agentes.
“El argumento que tiene el Ejército es que los policías no tenían ninguna identificación, y que una de las escopetas que traían consigo tenía la punta recortada, pero eso lo hacen los policías porque su armamento es viejo. El ejército creía que pertenecían al EPR”, explicó Lucas Santamaría
Ante esa situación, los policías detenidos tendrán el próximo sábado una asamblea en Marquelia para discutir la situación y presentar el caso a las autoridades en materia de derechos humanos, y de esa forma tengan conocimiento de los atropellos que cometen los militares en la Costa Chica con el pretexto de buscar a personas ligadas con grupos armados.
General Enrique Rodríguez es uno de los 16 poblados de la Costa Chica que cuentan con la Policía Comunitaria, que hasta 2008 sumaba 700 miembros, que integran la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias.
Invitación al 3er. Foro por la vida, la libertad, la justicia y los derechos ciudadanos
COMITÉ DE FAMILIARES Y AMIGOS DE SECUESTRADOS, DESAPARECIDOS Y ASESINADOS EN GUERRERO
3er. Foro por la vida, la libertad, la justicia y los derechos ciudadanos
1.- Se realizará en el auditorio de la Maestría en Derecho de la Universidad Autónoma de Guerrero, en la Ciudad Universitaria al sur de la ciudad de Chilpancingo, Gro., el viernes 4 de septiembre del 2009 a las 10 a.m., estando abierta la mesa de registro desde las 9 a.m.
2.- Su objeto es fortalecer las demandas de presentación con vida de los desaparecidos y secuestrados, castigo a los culpables de los asesinatos y libertad a los presos políticos, denunciando la corrupción, la impunidad y el contubernio que tienen las autoridades gubernamentales con los responsables de todos estos delitos.
En base a ello, interesa hacer una caracterización de éste nuevo fenómeno, como parte de la estrategia de control social que implementa el Estado Mexicano y que se relaciona y complementa con el supuesto combate a la delincuencia organizada y la contrainsurgencia.
3.- Esta dirigido a los familiares de las más de 1 400 víctimas de la violencia que tiene identificadas el Comité en los últimos 4 años 4 meses, que corresponden al gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo, a las organizaciones sociales y organismos civiles sensibles y solidarios con esta lucha y a la ciudadanía en general que está interesada y atenta a este problema de inseguridad, injusticia e impunidad.
4.- Se está convocando a los ciudadanos interesados, afectados y solidarios con el problema de las desapariciones forzadas, secuestros y asesinato de ciudadanos, a las organizaciones sociales y organismos civiles solidarios y especialmente a los familiares y amigos de secuestrados, desaparecidos y asesinados en Guerrero. No se está convocando a los partidos políticos, a las instancias y dependencias gubernamentales ni a los representantes de ninguno de los niveles de gobierno ni de los poderes del Estado, considerando que ellos son los pilares del sistema donde se encuentra la raíz del problema que se señala y que por comisión, omisión o contubernio, son los responsables de los delitos de los cuales se reclama justicia.
5.- Durante el Foro, el Comité presentará su segundo informe de trabajo, que se ampliará con el informe de la situación de los presos políticos en la entidad. Posteriormente se dará paso al panel de analistas invitados, quienes abordarán desde su perspectiva los informes presentados, los analizarán, comentarán y de ser posible, presentarán conclusiones y propuestas. Acto seguido se abrirá una ronda de intervención de los asistentes en base a un reglamento mínimo para regular los tiempos y sentido de las participaciones, donde se recibirán opiniones, denuncias y propuestas en su caso.
En un siguiente momento se abrirá un espacio de información, denuncia y solidaridad, donde las organizaciones ahí representadas, informen de sus luchas y movimientos y soliciten los apoyos correspondientes. Finalmente se pondrá a consideración un proyecto de declaración política que de ser aprobado en lo general, firmarán voluntariamente los asistentes al Foro que así lo consideren.
6.- Programa
No. Actividad Horario
1 Registro de asistentes 09:00 a 10:00
2 Presentación de asistentes 10:00 a 10:10
3 Inauguración del Foro por el Lic. José Enrique González Ruiz 10:10 a 10:15
4 Informe del Comité 10:15 a 10:45
5 Panel de análisis y comentarios 10:45 a 12:30
6 Foro abierto a los asistentes 12:30 a 13:30
7 Información y solidaridad con las luchas y movimientos sociales 13:30 a 14:45
8 Lectura y aprobación del proyecto de declaración política 14:45 a 15:00
9 Clausura del Foro por Alejandro Varas* 15:00
7.- Para mayor información, acude a la oficina del Taller de Desarrollo Comunitario A.C., sita en la calle Pinos 22 Col. Jardines del Sur, en Chilpancingo Gro., o al Módulo de Información, Cultura y Denuncia ubicado en la Plaza Cívica Primer Congreso de Anáhuac en el centro de la ciudad de Chilpancingo, al tel (01747) 47-2-22-77, a los cel. 7471127209, 7471154067 y 7475174207 y al correo comitedesaparecidos@hotmail.com
8.- Tu puedes colaborar en la difusión distribuyendo volantes, pegando carteles y haciendo invitación directas y personales a familiares de víctimas y ciudadanos. También puedes apoyar en la organización y realización del Foro como apoyo técnico y logístico o como edecán. También puedes integarte a las demás actividades de la 3ª. Jornada por la vida, la libertad, la justicia y los derechos ciudadanos.
¡ASISTE, DENUNCIA, PARTICIPA!
LOS ALCANZABLES
LOS ALCANZABLES
El eje de la organización política y social de la sociedad son los municipios. Los hay muy ricos con niveles de ingresos equilibrados, hasta los que son brutalmente pobres. Guerrero, Oaxaca, Hidalgo y Veracruz se distinguen por la enorme desigualdad que se vive en algunos de sus municipios. Benito Juárez era hasta el año pasado el municipio, en el DF les llamamos delegaciones, el de mejores ingresos y en general con las mejores condiciones de vida. La relación de los ciudadanos con los gobiernos es a través de los municipios. Los legisladores, gobernadores y el presidente resultan inalcanzables para los ciudadanos que tienen que resolver problemas concretos, que van desde el pago del predial, hasta el gasto en agua. permisos para negocios y para todo lo que conforma la vida diaria. El espacio donde lo resuelven es el municipio que esta diseñado precisamente para eso, es lo alcanzable.
A pesar de su importancia el municipio esta menospreciando. No sólo esta echo a un lado en los presupuestos, también lo está en sus atribuciones. Nos decía un presidente municipal con ironía que “el gobierno federal cobraba los impuestos en bebidas alcohólicas mientras que nosotros ponemos a los borrachos en la calle”. Los municipios no tienen espacio de maniobra y no pueden atender la gran cantidad de demandas ciudadanas.
Los presidentes municipales tienen 3 años para hacer medianamente algo por los ciudadanos. De esto 3 años el primero se les va en aprender, el segundo en disponer y actuar, y el tercer en preparar su salida. No es posible generar bases que permitan el diseño de nuevas condiciones de vida con estas limitaciones. Las gestiones deben durar 4 o 6 años, o se debiera aprobar la reelección. Lo que más sorprende es que muchos legisladores y gobernadores hayan sido presidentes municipales y que sabiendo las reformas que se deben hacer ni la hagan ni las impulsen.
Narro: recortes y perspectivas
Narro: recortes y perspectivas
El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Narro Robles, señaló ayer que, ante el recorte de uno por ciento en el gasto de las universidades públicas anunciado por la SEP el pasado viernes, la máxima casa de estudios –cuyos recursos se verán mermados en 200 millones de pesos– analiza la posibilidad de diferir algunas de las tareas proyectadas en materia de inversión e infraestructura, a efecto de no paralizar ninguna de sus áreas sustantivas. A renglón seguido, Narro llamó a la próxima legislatura de la Cámara de Diputados a voltear a ver a la educación superior como algo muy importante para el presupuesto de 2010 y mencionó, como precedente, el hecho de que esa instancia legislativa otorgó a la UNAM, entre 2000 y 2009, más de cinco mil millones de pesos adicionales a los contemplados en los proyectos presupuestarios del Ejecutivo federal.
Por otro lado, el rector universitario convocó a racionalizar los contenidos de las campañas electorales y a alejarlas de la frivolidad.
En la circunstancia actual, cuando los desajustes económicos han derivado en severas afectaciones a las finanzas públicas, y cuando el gobierno federal no parece tener otra respuesta ante ello que el incremento en la carga impositiva para los contribuyentes cautivos –como anunció hace unos días el titular de Hacienda, Agustín Carstens– y el recorte presupuestal a la educación superior y al gasto social, debe saludarse la pertinencia y la sensatez que revisten los señalamientos del rector de la UNAM.
Con respecto a la propuesta de recortar los gastos de las campañas electorales, es necesario reiterar que el enorme presupuesto ejercido en ese rubro –a principios de este año, el Instituto Federal Electoral otorgó a los partidos políticos con registro más de 3 mil 600 millones de pesos en fondos públicos, es decir, dinero de todos– resulta inaceptable por partida doble: por un lado, porque refleja la frivolidad e insensibilidad del conjunto de la clase política ante los rezagos históricos del país en ámbitos como el empleo, la salud, la educación y la vivienda, los cuales se han profundizado y extendido durante la actual recesión económica; por el otro, porque las instituciones electorales del país no han cumplido su tarea central, que es dotar de certeza a los resultados de las votaciones y establecer los cauces necesarios para la resolución de las inevitables diferencias políticas, y se encuentran, en cambio, sumidas en un profundo descrédito, sobre todo a raíz de los desaseados comicios presidenciales de 2006.
Por lo que hace al llamado de Narro a los legisladores para que dignifiquen el presupuesto de las universidades públicas en el paquete económico del año entrante, es claro que los recursos necesarios podrían obtenerse de una reducción sustancial del monto que el Ejecutivo federal destina en gastos de lujo como celulares, choferes, equipos de seguridad, boletos de avión, seguros de gastos médicos mayores y de retiro individualizado –que representaron, tan sólo en el primer semestre de este año, una erogación de casi 10 mil millones de pesos–, y demás prestaciones principescas que se otorgan a sí mismos los altos funcionarios de la administración pública federal.
En la misma lógica, resulta impostergable que el gobierno se deshaga de ramas del ejercicio presupuestal que constituyen, además de gastos onerosos e injustificables, un espacio propicio para la corrupción. Un ejemplo de esto, que ha salido a la luz pública recientemente, es el caso del Conjunto Aristos, rentado por el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) en 36 millones de pesos al año –monto que, proyectado a 10 años, el tiempo que dura el contrato de arrendamiento, rebasa por mucho el recorte aplicado al presupuesto de la UNAM– y que opera, según han denunciado trabajadores de la dependencia, en condiciones de seguridad por demás precarias. Sin desconocer la necesidad de que la dependencia cuente con espacios de trabajo adecuados, resulta injustificable que se haya optado por la renta, y no por la compra –que de todos modos podría saldarse a crédito– de un inmueble.
Es claro, en suma, que si los encargados del manejo económico aplicaran los principios de transparencia, austeridad y eficiencia en el gasto público, el país podría contar con recursos suficientes para revertir el recorte presupuestario que el gobierno federal pretende aplicar a la educación superior a cargo del Estado. En ese sentido, los señalamientos de José Narro aportan valiosas perspectivas que deben ser atendidas por los integrantes de la próxima legislatura.
¡Fuera bases!
¡Fuera bases!
John Saxe-Fernández
Que el Plan Colombia y la Iniciativa Mérida en México, Centroamérica y el Caribe son esquemas de intervención y ocupación lo muestra una sucinta revisión de documentos oficiales disponibles en torno al veloz despliegue castrense de Estados Unidos en América Latina, protagonizado esta semana por el acuerdo sobre bases militares entre Estados Unidos y Colombia, que incluye cláusulas que en los hechos se traducen en la apoplejía constitucional de la nación sudamericana y en una amenaza grave a la región: a pesar del rechazo de sus vecinos, Uribe, con arrebato cipayo, cabildea en pro de la ocupación extranjera de Colombia, reforzando todavía más, como lo advierte la Red de la Juventud de Medellín, la presencia de tropa yanqui en bases como Palanqueros, Tres Esquinas y Tolemaida, dando evidencia tangible de que en este país no hay soberanía, ni autonomía, ni independencia.
Los documentos oficiales indican que además de ofrecer al Departamento de Defensa de Estados Unidos (DdD) un uso amplio de bases navales, terrestres y aéreas, tanto para la agresión doméstica como regional, se otorga inmunidad ante crímenes de guerra cometidos contra la población colombiana, acotando el derecho del Estado de elevar ante instancias como la Corte Penal Internacional acusaciones por la ejecución de crímenes de lesa humanidad por la tropa y oficiales de ocupación.
Información recabada por John Lindsay-Poland, del Programa de las Américas (www.ircamericas.org) indica que las funciones que se desplegarían en Colombia, como la nueva infraestructura militar en la base de Palanquero, “…no se limitarán a operaciones anti-narcóticos, ni siquiera a operaciones en la región andina”. Según un documento de planteamiento del Comando de Movilidad Aérea (CMA) del Comando Sur, la intención es (literal) “establecer enclaves para contingencias logísticas con alcance de movilidad aérea al continente sudamericano”… además de una capacidad para operaciones anti-narcóticos hasta el año 2025, designio sobre el que advirtió a sus homólogos de UNASUR el presidente Hugo Chávez, desde un país con jurisdicción sobre la mayor reserva de crudo conocida, según registro de Petróleos de Venezuela.
A estas alturas cabe recordar, con Michel Chossudovsky, los lazos entre el espionaje de Estados Unidos y la OTAN con el narcotráfico, fuente mayor para el apoyo de múltiples operaciones secretas, como se ha comprobado ya en la génesis y desarrollo de los triángulos de la droga en Asia y en América Latina. Con financiamientos que evaden el escrutinio legislativo-judicial y rebasan en mucho las cifras oficiales del DdD, la operación por el control militar de los recursos naturales y las economías, incluye América Latina como un todo, ya que el programa se dinamiza desde dos puntales: el Plan Colombia y la Iniciativa Mérida. Así lo indica la dimensión del sustento logístico contemplado por el Pentágono, que, según esta fuente, también está buscando acceso a un lugar en la Guyana Francesa que permitiera a las aeronaves militares alcanzar lugares en África, vía las Islas Ascensión, agregando, que el Comando Sur buscó el uso de instalaciones en Recife, Brasil; con el mismo propósito, pero las relaciones políticas con Brasil no son favorables para el acuerdo necesario. Se indica además que, con ayuda del Comando de Transportes, sólo con la base de Palanqueros (que tiene una pista de 10 mil pies, hangares que albergan 100 aviones, alojamiento para 2000 soldados y oficiales, restaurantes, casinos, supermercado y un sistema de radar instalado todo por el propio Estados Unidos en la década del 90) el Comando Sur espera cubrir casi la mitad del continente que puede ser transitado por un C-17 sin recarga de combustible. Las bases facilitadas por Uribe a Estados Unidos permiten al DdD activar fuerzas de despliegue rápido con toda clase de equipo. Estados Unidos y sus monopolios contemplan la balcanización, agresión y ocupación de polos clave de Latinoamérica.
Hoy el mensaje es: fuera bases de América Latina.
http://jsaxef.blogspot.com
Lo que resta de 2009 seguirán percibiendo más de $340 mil mensuales, incluidas prestaciones
Lo que resta de 2009 seguirán percibiendo más de $340 mil mensuales, incluidas prestaciones
La ley de salarios máximos es letra muerta para ministros y magistrados
Su ingreso es casi igual al de Barack Obama
La reforma constitucional entró en vigor el martes
Se ordena que ningún funcionario deberá ganar más que el Presidente de la República
Alfredo Méndez
Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y magistrados electorales del Poder Judicial de la Federación (PJF), quienes perciben al mes más de 340 mil pesos, entre salario y prestaciones, casi igual a lo que recibe el presidente de Estados Unidos, Barack Obama (32 mil dólares mensuales), seguirán ganando lo mismo en lo que resta de este año, pese a la entrada en vigor, el pasado martes, de la reforma constitucional que adiciona a la Carta Magna la denominada ley de salarios máximos, misma que ordena que ningún funcionario deberá ganar más que el Presidente de México.
Incluso, durante los próximos cinco meses el Poder Judicial tampoco reducirá salarios ni eliminará bonos de productividad y otras prestaciones para magistrados, jueces y funcionarios de menor jerarquía, que en algunos de los casos lleva sus emolumentos por arriba de lo que percibe el presidente Felipe Calderón (unos 150 mil pesos al mes).
Lo anterior es así porque el decreto de reforma el artículo 127 de la Constitución (publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado lunes), que fija los nuevos topes salariales de los servidores públicos, incluyó varias normas transitorias que especifican que el Poder Legislativo cuenta con 180 días hábiles para emitir leyes adjetivas que especifiquen cómo se deben aplicar las nuevas reglas sobre salarios de los servidores públicos.
De hecho, si antes de noviembre próximo los diputados federales no tienen lista la legislación secundaria en esa materia, los dos nuevos ministros que habrán de sustituir a Genaro David Góngora Pimentel y a Mariano Azuela en la Suprema Corte ganarán lo mismo que hoy perciben sus demás compañeros del máximo tribunal del país, según explicó anoche en entrevista con La Jornada el constitucionalista Elisur Arteaga Nava.
En ese contexto, el martes pasado el consejero de la Judicatura Federal Jorge Moreno Collado y la presidenta del TEPJF, María del Carmen Alanís, entrevistados al término de la inauguración de las actividades del bicentenario en las instalaciones de la Corte, coincidieron en señalar que el PJF no bajará los sueldos y prestaciones de sus funcionarios sino hasta que se apruebe una ley complementaria a la ley de salarios máximos que regule al Poder Judicial.
No es que así lo ordenemos nosotros, sino que así quedó estipulado en la (reciente) reforma constitucional sobre los salarios de los funcionarios, explicó Moreno Collado.
Manifestación de protesta realizada ayer frente a la SCJNFoto María Meléndrez Parada
En ese sentido, la fracción segunda del artículo 127 de la Constitución (cuya reforma entró en vigor hace dos días) ordena que ningún servidor público podrá recibir remuneración, en términos de la fracción anterior, por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente.
Sin embargo, el tercer transitorio del mismo artículo especifica: “A partir del ejercicio fiscal del año siguiente a aquél en que haya entrado en vigor el presente decreto, las percepciones de los ministros de la SCJN, los magistrados del TEPJF, los magistrados de circuito, los jueces de distrito, los consejeros de la Judicatura Federal, los integrantes del Consejo General del Instituto Federal Electoral y los magistrados y jueces de los poderes judiciales estatales que actualmente estén en funciones, se sujetarán a lo siguiente:
“a) Las retribuciones nominales señaladas en los presupuestos vigentes superiores al monto máximo previsto en la base II del artículo 127 de la Constitución, se mantendrán durante el tiempo que dure su encargo.
b) Las remuneraciones adicionales a las nominales, tales como gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones, y cualquier remuneración en dinero o especie, sólo se podrán mantener en la medida en que la remuneración total no exceda el máximo establecido en la base II del artículo 127 de la Constitución.
No obstante, el cuarto transitorio del mismo artículo reformado refiere: El Congreso de la Unión, las legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en el ámbito de su competencia, deberán expedir o adecuar la legislación, de conformidad con los términos del presente decreto, dentro de un plazo de 180 días naturales siguientes a su entrada en vigor.
El constitucionalista Elisur Arteaga consideró que aunque el Legislativo tiene de plazo cinco meses para elaborar la legislación secundaria, por tratarse de un asunto de urgencia deberían emitir un reglamento en dos meses, previo a que se cumpla el periodo de renovación de los dos nuevos ministros, a fin de que éstos no ganen más que el Presidente de la República.
Audio: Carmen Aristegui 27 agosto 09
(Audio Completo sin comerciales)
Bájalo AQUI
Audio Cortesia AMLOTV
AMLOTV
Soberania Popular
Informe sobre la manifestación en la SCJN contra la privatización de la cartera vencida del INFONAVIT
La Suprema Corte de Justicia de la Nación acordó posponer la discusión y subirla a su máximo órgano: el Pleno. Los once mistros resolverán sobre la inconstitucionalidad de que el Infonavit venda a empresas trasnacionales los créditos vencidos.
Esto es resultado de la movilización sostenida para impedir que el espíritu de Santa Anna impere en las sentencias de quien imparte la justicia en este país. Hoy 26 de agosto de 2009, nos movilizamos en Monclova Coahuila, Chihuahua Chih, Cd. Obregón Sonora, Cd. Valles San Luis Potosí, Puebla Pue, Tlaxcala Tlax, y en el DF frente a la Corte con compañeros también del Estado de México.
El encargado de elaborar el proyecto de sentencia sobre la venta de los créditos de las casas de mexicanos a empresas trasnacionales es Sergio Salvador Aguirre Anguiano. El ministro señala que los acreditados pierden la oportunidad de ejercer sus derechos cuando se atrasan en los pagos.
Por su parte, la ministra Margarita Beatriz Luna Ramos afirma que la venta de créditos no representa un acto de autoridad sino un acto particular, tal y como si el Infonavit fuera una financiera o un banco. Lamentable, por un lado un ministro estima que sin necesidad de juicio se pueden perder derechos y por otro la ministra sostiene que no se trata de actos de autoridad.
Quizá el argumento que más pesó para que no se votara y la discusión pasara al Pleno de la Suprema Corte de Justicia fue que tienen miedo porque no tenemos miedo.
Hay que estar atentos para cuando el Pleno discuta el tema. Es un hecho, los ministros y ministras nos escucharán con la movilización.
Arq. Laura Itzel Castillo
Presidenta del Consejo de Defensa de la Vivienda CDV
Las tres pistas
Tenemos transparencia pero sin rendición de cuentas y, en este otoño podrían multiplicarse los nubarrones de la opacidad. Por ello, el retroceso es una posibilidad real.
La alternancia ha sido tacaña con la ciudadanía. Es evidente que en la redistribución del poder económico, político y coercitivo, el logro más tangible ha sido la ley del 2002, que posibilitó un nivel razonable de transparencia. Es cierto que la manifestación de los abusos rara vez acarrea consecuencias; pero al menos vamos construyendo una cartografía de México más apegada a la realidad. Eso puede cambiar, por lo que está sucediendo en tres organismos autónomos.
Auditoría Superior de la Federación (ASF). Arturo González de Aragón, el auditor de la Federación, terminará su encargo el último día de este año. Los diputados pueden reelegirlo o darle las gracias en una sentida ceremonia. El PAN ya se adelantó y lo dio por despedido. Hace unos días, el presidente panista, César Nava, y la coordinadora de la fracción panista en la Cámara de Diputados, Josefina Vázquez Mota, unieron sus voces para cuestionar la honorabilidad, profesionalismo e imparcialidad del auditor.
La descalificación va en contra de los resultados de una encuesta que la UNAM realizara en el 2007: el 75 por ciento de quienes están familiarizados con el trabajo de la ASF expresa satisfacción con su trabajo. Coincido con la encuesta y pienso que la tirria panista viene de la aversión que los partidos manifiestan por los funcionarios independientes; los quieren mansitos. El PAN, al descalificar a González de Aragón, al menos debería presentar las evidencias.
Instituto Federal de Acceso a la Información. Algo similar está pasando en el IFAI, en donde está rompiéndose el equilibrio virtuoso que ha convertido a esta institución en paradigma de compromiso con la transparencia.
Hace unos meses quien era presidente del IFAI, Alonso Lujambio, aceptó la invitación de Felipe Calderón para irse a la Secretaría de Educación Pública, en donde está dilapidando su prestigio, con tal de sumarse a las legiones de paleros de Elba Esther Gordillo. Su salida fue un golpe a la imagen de autonomía del IFAI que puede complicarse porque el próximo mes terminarán su mandato Juan Pablo Guerrero y Alonso Gómez Robledo, los consejeros más combativos y audaces a la hora de defender la apertura de la información. Felipe Calderón propondrá a los dos nuevos comisionados (al Senado toca ratificarlos o vetarlos) y, habida cuenta del gusto presidencial por la opacidad, es posible que sus candidatos tengan esa mansedumbre que tanto agrada a los poderosos.
Lo preocupante del caso es el desmembramiento del Grupo Oaxaca, que en el 2001 unificó a universidades, especialistas, organismos de la sociedad civil y a 73 diarios en un frente formidable que logró, en abril del 2002, la aprobación de la ley de acceso a la información. Si quienes formaron parte de ese colectivo, o una parte de él, no reaccionan y levantan el tema, la renovación en el IFAI puede convertirse en un retroceso monumental.
Las boletas electorales del 2006. Si en líneas anteriores aseguré que Calderón desdeña la transparencia es porque he constatado el vigor con el que su gobierno ha combatido la posibilidad de que se abran los paquetes con las boletas del polémico 2006.
El pasado 21 de agosto y después de varios años de litigio jurídico, el Poder Judicial Federal desechó el amparo que presenté, en representación de Fundar, para tener acceso a las boletas. Durante ese proceso, el juez le prohibió al IFE destruir los documentos. Eso terminó. Se acabaron las instancias internas.
Ahora, todo depende de que el Instituto Federal Electoral (IFE) mantenga su disposición a respetar las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a raíz de un caso similar presentado por Rafael Rodríguez Castañeda de la revista Proceso. La esperanza puede romperse en mil pedazos, porque según me dicen, ya deliberan sobre las modalidades que podría tener la hoguera, en donde se convertirá en cenizas la posibilidad de confrontar, con hechos, los traumas de la última elección presidencial.
En este circo de tres pistas, el gobierno de Felipe Calderón y su partido han dado suficientes evidencias de la determinación con la cual quieren dar marcha atrás en la transparencia alcanzada. Su negociación con la alianza PRI-PVEM no augura nada bueno. La única esperanza está en que la sociedad demuestre, con hechos, su disposición a dejar de ser observadora pasiva y se ponga a defender el derecho por la transparencia, la rendición de cuentas y el respeto a sus derechos.
La Miscelánea
En México es peligroso ser independiente. El Siglo de Torreón fue ametrallado por desconocidos que buscan intimidarlo. Ante la ineptitud del Estado, uno de los pocos recursos dejados a la sociedad es el de cobijarse tras blindajes de solidaridad que, por este medio, envío a los colegas y amigos de ese diario.
* * * * *
La relación secreta de Hank Rohn y Nava Gomar
La relación secreta de Hank Rohn y Nava Gomar
ÁLVARO DELGADO
En 2007, el magistrado del Tribunal Electoral federal Salvador Olimpo Nava Gomar se reunió secretamente con Jorge Hank Rhon en las oficinas de éste en Tijuana. Lo que explica el sigilo de esa reunión es que Hank era ya candidato a gobernador de Baja California y Nava Gomar se encargó de elaborar el dictamen que rechazó las quejas del PAN por la presunta violación a la llamada “ley antichapulín” del estado. Consultado al respecto, el juzgador proporcionó como coartada un “oficio” apócrifo, con una firma falsa...
Bajo sospecha por el sesgo político de sus fallos y la opulencia de sus sueldos, que superan los 340 mil pesos al mes, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) también suelen guiar sus sentencias por relaciones secretas de amistad, como la que mantiene Salvador Olimpo Nava Gomar con el priista Jorge Hank Rhon.
El magistrado Nava Gomar emitió fallos favorables a Hank Rhon antes y después de reunirse con él, en secreto, en sus oficinas del hipódromo Agua Caliente, de Tijuana, el 23 de marzo de 2007, cuando el priista era candidato a gobernador de Baja California por la Alianza Para que Vivas Mejor, encabezada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
En ese encuentro –sobre el que fue consultado por el reportero y omitió responder a las preguntas formuladas– Nava Gomar platicó a solas con Hank Rhon, quien también lo condujo en un recorrido por su zoológico particular, le dio a comer jamón de tigre y, a petición expresa, le obsequió un cachorro de perro de raza fina.
Tras la reunión con el magistrado electoral, que le impidió asistir a la desangelada ceremonia por el décimo tercer aniversario del asesinato de Luis Donaldo Colosio en la colonia Lomas Taurinas, Hank Rhon tomó un vuelo para participar en la fiesta de cumpleaños de su amigo Onésimo Cepeda, obispo de Ecatepec, Estado de México, celebrada en San Juan Ixhuatepec.
Tres meses y medio después de su reunión secreta, el 5 de julio, Nava Gomar correspondió a Hank Rhon: elaboró uno de los dos proyectos de sentencia que, con el voto de todos los magistrados, convalidaron la candidatura del priista, pese a que el artículo 42 de la Constitución local la prohibía, tal como previamente lo dictaminó el Tribunal Electoral de Baja California.
La defensa de Hank promovió dos juicios: uno de revisión constitucional electoral, que quedó a cargo de Nava, y otro de defensa de derechos político-electorales del ciudadano, que atendió Pedro Penagos López. Como los dos le daban la razón a Hank, el pleno del TEPJF aprobó reunir ambos proyectos en uno solo, el de Penagos; el de Nava fue sobreseído.
La decisión del TEPJF, inatacable pese a la inconformidad del Partido Acción Nacional (PAN), puso punto final al largo litigio que permitió a Hank Rhon participar en las elecciones del 5 de agosto de 2007, cuando finalmente fue derrotado por el panista José Guadalupe Osuna Millán.
Ahora ministro…
Aunque el proyecto de Hank Rhon de recuperar para el PRI el gobierno de Baja California se frustró, con lo que el PAN se encamina a cumplir casi un cuarto de siglo en el poder con el sexenio de Osuna –después de que Ernesto Ruffo lo ganó en 1989–, la reunión secreta de Nava con él cobra relevancia no sólo porque evidencia las componendas del magistrado para emitir sus fallos, sino por sus ambiciones como juez.
Nombrado magistrado con el apoyo del PAN –sobre todo por su relación de amistad y negocios con Roberto Gil Zuarth, director jurídico del Comité Ejecutivo Nacional de ese partido con Germán Martínez como presidente y diputado federal electo–, Nava Gomar aspira ahora a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Los ministros Genaro Góngora Pimentel y Mariano Azuela Güitrón pasarán a retiro en noviembre, y Nava Gomar pretende ser uno de los sustitutos gracias a las relaciones que tiene con el PAN –antes con Martínez y ahora con César Nava– y con el gobierno de Felipe Calderón, cuya mujer, Margarita Zavala, es amiga íntima de María del Carmen Alanís, presidenta del TEPJF y de quien él es confidente.
Para su proyecto de ser ministro, Nava se ufana de contar con el respaldo del diputado Gil Zuarth, quien lo hizo profesor de la Universidad Anáhuac del Sur, de cuya Escuela de Derecho era director, y luego se hicieron socios en el despacho Derecho y Política Consultores, S.C.
El reportero envió al correo electrónico institucional de Nava Gomar cuatro preguntas sobre su reunión con Hank Rhon: cuáles fueron las razones para verlo en sus oficinas de Tijuana; si en ese encuentro se pactó validar la candidatura al gobierno de Baja California; si tuvo otras reuniones con él antes o después del fallo sobre la candidatura, y si violó valores éticos y jurídicos, lo que eventualmente implica responsabilidad.
El magistrado, quien otras veces ha sostenido comunicación con el reportero por esa vía, instruyó al coordinador de Comunicación Social del TEPJF, Octavio Mayén Mena –quien fue colaborador del exgobernador priista Arturo Montiel Rojas–, para enviar un “oficio de invitación que sustenta la comisión que realizó el magistrado Nava en Baja California el 23 de marzo del 2007”.
Según el oficio, fechado el 20 de marzo, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, “en colaboración con el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado de Baja California”, lo invitaron a impartir una conferencia magistral denominada “Elecciones y Transparencia”.
Además, después de la conferencia prevista para el 23 de marzo a las 17:00 horas, se le ofreció a Nava Gomar que impartiera un taller para empresarios del estado “sobre la confiabilidad del sistema electoral”, el sábado 24 al mediodía, según el oficio firmado por el doctor Ernesto Villanueva.
Consultado al respecto, Villanueva, cuyo cargo de coordinador del área de Derecho a la información del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM no se especifica en el oficio, niega haber formulado esa invitación y, al tener a la vista el documento, lo califica de apócrifo: “Parece un abuso de confianza”.
–¿Es falso el oficio?
–Sí. Es falso por lo siguiente: primero, no es mi firma; segundo, nunca el instituto y el consejo llevaron a cabo ese encuentro; tercero, jamás hago una invitación con dos días de anticipación; cuarto, no redacto así, y cuando firmo lo hago como coordinador del área de Derecho a la Información; y quinto, ni siquiera dice dónde se van a llevar a cabo esas actividades.
Amigo en ese entonces del magistrado Nava Gomar, Villanueva insiste: “Es totalmente falso el documento y es una mala utilización de mi firma al amparo de la amistad. Yo ni sabía de ese encuentro”.
–Si se falsificó ese documento, implica delito. ¿Lo denunciará?
–Sí, claro que sí. Haré la denuncia por la falsificación de firma y de documentación oficial. En un delito. Y, además, me someto a una prueba independiente de confiabilidad.
Yo estuve en la reunión
En entrevista con el reportero, Ernesto Villanueva dice que supo del viaje del magistrado Nava Gomar a Tijuana, donde él estaba precisamente trabajando con el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del estado, Alberto Capella, y el magistrado le pidió que lo acompañara a una reunión con Hank Rhon.
–¿Entonces sí se llevó a cabo una reu nión entre Hank y el magistrado Nava?
–Efectivamente, se llevó a cabo en sus oficinas de Agua Caliente. Fue una reunión de cortesía entre el magistrado y Jorge Hank Rhon, una plática que tuvo como propósito conocerse, generar una relación simple y sencillamente, que fue lo que se dio.
Según Villanueva, Nava Gomar oficialmente acompañaría al también magistrado Manuel González Oropeza, quien ese mismo día, 23 de marzo, fue distinguido con el doctorado honoris causa por la Universidad Autónoma de Baja California, en Mexicali. Desde ahí, Nava se trasladó por tierra a Tijuana para entrevistarse con Jorge Hank Rhon.
–Y usted, ¿en razón de qué lo acompañó?
–Yo simplemente lo acompañé como amigo. Yo estaba trabajando en ese momento en Baja California con el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, en aquel entonces Alberto Capella, proponiendo mejoras a la Ley de Acceso a la Información del estado, de tal suerte que me pidió que lo acompañara y finalmente pudiera estar ahí como testigo, como acompañante.
–¿No estaba conciente Nava, y usted no se lo hizo ver, de lo que implicaba entrevistarse con alguien como Hank, candidato a gobernador?
–Evidentemente fue una reunión de amigos o de intento de amigos, privada, no fue una reunión pública. En esa secrecía se dio. Tú me estás preguntando y yo respondo con la verdad de los hechos, pero no es algo que tuviera como finalidad una reunión pública.
–Vista esa reunión a la distancia, ¿Nava incurrió en alguna falta?
–Eso lo tendrá que decidir el propio Tribunal Electoral. Por lo que a mí concierne, advierto que no es la conducta más afortunada la de reunirse con un justiciable para tratar un caso que le incumbe al propio justiciable, en este caso Jorge Hank Rhon, y me parece que puede poner en predicamento la imparcialidad del Tribunal Electoral. Y, visto a la distancia, me parece que no fue lo más adecuado. En conciencia creo que el magistrado Nava actuó de buena fe.
Villanueva dice que la reunión, celebrada a las 12 del día, hora del Pacífico, duró unos 45 minutos y que durante al menos 15 estuvieron solos Nava y Hank Rhon, quien fue muy amable al darles un recorrido por su zoológico particular y darles a probar jamón de tigre.
A manera de despedida, y a petición del propio Nava, el magnate priista le obsequió un perro de raza recién nacido: “Efectivamente, le obsequió un cachorrito de uno de los perros que tiene ahí Jorge Hank, y él no sintió que hubiera alguna actitud incorrecta en recibirlo, sino sólo un gesto de consideración. Prometió entregárselo”.
Los fallos del amigo
Antes de la reunión secreta con Hank Rhon, celebrada el día del aniversario del asesinato de Colosio y la comilona que ofreció Onésimo Cepeda a la clase política en su feudo de Ecatepec –a la que el alcalde de Tijuana llegó puntual por la diferencia de horarios–, Nava Gomar había emitido una resolución favorable al priista.
Fue el encargado de elaborar el proyecto de resolución mediante el cual el TEPJF desechó, el 31 de enero de 2007, la impugnación del PAN contra la opinión del Consejo Estatal Electoral de que Hank no tenía impedimento para ser candidato.
“Se propone desechar la demanda en tanto que la violación reclamada no resulta determinante para el desarrollo del proceso electoral o para su resultado final”, decía el proyecto elaborado por Nava, con lo cual el máximo órgano electoral no entraba al fondo sobre la ilegibilidad de Hank.
El litigio comenzó desde que, el 22 de junio de 2006, Hank hizo público que buscaría gobernar Baja California luego de ganar, en 2004, la alcaldía de Tijuana. Su obstáculo era el artículo 42 de la Constitución local, conocida como “ley antichapulín”.
Tal disposición establece, con una defectuosa redacción que da lugar a interpretaciones, que los legisladores y alcaldes están impedidos de ser postulados a otro puesto de elección popular durante el período para el que fueron electos, “aun cuando se separen de sus cargos”.
Desde julio de 2006, Hank Rhon pidió al Consejo Estatal Electoral su opinión sobre si ese artículo le impedía ser candidato, y en agosto el organismo respondió, por mayoría, que no había problema. El PAN recurrió entonces al TEPJF, que a propuesta de Nava desechó la queja.
El 20 de junio, y después de que el PAN impugnó, el Tribunal Electoral local revocó la candidatura de Hank Rhon. Fue cuando éste recurrió a su amigo magistrado Nava Gomar, cuya propuesta a sus compañeros del TEPJF validó, el 6 de julio, el registro del priista.
Aunque el proyecto que el pleno de magistrados votó para convalidar la candidatura fue la de Penagos López, Nava también se pronunció en el sentido de que con esa candidatura “no se quebranta la soberanía popular ni provoca interrupción, mucho menos impide el correcto funcionamiento de las instituciones y la continuidad de las tareas legislativas y de gobierno mediante la separación del cargo de manera oportuna para quien aspire a otro puesto de elección popular, ya que existen instrumentos para suplir deficiencias”.
NOTICIERO SDP MAÑNAA 27-Agosto-09.Hoy hablamos sobre una marcha que tuvo lugar en SAN CRISTOBAL por inconformes con la liberación de acusados en el caso ACTEAL, también sobre la caída de producción del yacimiento de CANTAREL según reportes de PEMEX y de cómo GEORGINA KESSEL toma esta situación de pretexto para de plato proponer la privatización, también sobre la caída del empleo registrada para el mes de julio y de cómo la STPS salió a justificar éste hecho y demás temas. Tuvimos la síntesis informativa NOTIMEX y la participación del Dr. Sladogna.
CONTAMINACIÓN TRANSGÉNICA Y DESPOJO CAMPESINO EN MÉXICO
Fuente: Foro Ciudadano de Participación por la Justicia y los Derechos Humanos
En México, la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS) presentó un informe que demuestra que la contaminación transgénica del maíz en este país está más extendida de lo que se creía. Además, el gobierno también contribuyó en forma activa a la difusión de los
organismos genéticamente modificados a través de sus propios programas.
El informe se llama “Dispersal of Transgenes trough Maize Seed Systems in Mexico” (Dispersión de transgenes a través de los sistemas de semillas de maíz en México) fue publicado en mayo de 2009 en la revista PLoS One y fue elaborado por un equipo de investigadores mexicanos y estadounidenses.
El estudio muestra contaminación transgénica en maíz de Veracruz, Yucatán y Guanajuato. A nivel nacional, el 5 % de las semillas muestreadas tuvieron presencia de transgenes. Ahora, a nivel regional, el mayor porcentaje (13 %) se halla en el sureste, mientras que en el centro-occidente el promedio es de 3 %. La conclusión para explicar las diferencias regionales es que en el sureste se usa principalmente semilla campesina propia, que en forma ocasional se mezcla con semilla recibida o comprada en tiendas locales, a través de programas del gobierno.
.Diferente es el panorama en el Occidente y Norte de México donde es común el uso de semilla comercial debido a los agricultores están obligados a comprar semilla cada año ya que los híbridos sólo mantienen el rendimiento una sola estación. A pesar de este cambio estacional, se detectó también contaminación transgénica.
Finalmente la UCCS exigió el restablecimiento inmediato de la moratoria contra la siembra de maíz transgénico.
Fracasa Mexichem con Clorados III
Ahora va por materia prima
Fuente: Boletín informativo del CNEE Tabasco
Luego de fracasar en su intento por quedarse con la operación de la Planta de Derivados Clorados III debido a las denuncias de los medios de comunicación que llegaron a la Comisión de Energía del Senado de la República, el Grupo Mexichen propiedad del empresario Antonio del Valle, pretende apoderarse del Dicloroetano (DTA) que le vendería PEMEX Petroquímica (PPQ) a precio de ganga y ellos a su vez lo colocarían en el mercado mundial, con la condición de que el comprador les venda a ellos nuevamente -- Mexichem-- el Cloruro de Vinilo.
Las negociaciones entre PPQ a cargo de Rafael Beverido Lomelí con Antonio del Valle para la venta del DTA, que es el producto intermedio antes del Cloruro de Vinilo, están muy adelantadas.
Sin embargo actualmente el director de Pemex Petroquímica Rafael Beverido Lomelí, se está enfrentando con un dilema, pues para sacar el Dicloroetano de Pajaritos deben de realizar un contrato de venta para facturarlo a una empresa, por lo que actualmente se está presionando a los ingenieros de Producción y del área de comercial de PPQ para que firmen dicho contrato y así puedan sacar el producto.
Con la venta del DTA a Mexichem, difícilmente la planta de Derivados Clorados III del Complejo Pajaritos podrá alcanzar su nivel de producción de 450 mil toneladas anuales, que fue el motivo principal para que fuera ampliada y modernizada por la empresa española Duro Felgueras quien se embolsó 150 millones de dólares por su ampliación.
La contraproductividad calderonista
La contraproductividad calderonista
JAVIER SICILIA
La contraproductividad podría definirse como aquello que, creado para obtener fines específicos termina, al rebasar ciertos umbrales, por volverse contra ellos. Cuando la escuela lejos de enseñar embrutece o cuando la energía, lejos de aumentar, por ejemplo, la movilidad, la paraliza, podemos decir que hay contraproductividad.
La guerra contra el narcotráfico, que el gobierno de Felipe Calderón creó como uno de los ejes de su administración, corre en este sentido. Nacida de la necesidad de desmantelar las redes del crimen organizado y hacer posible un México seguro, su presencia entre nosotros se ha vuelto contraproductiva en más de un sentido. Lejos de desmantelar las redes criminales y la circulación de las drogas, su presencia ha generado mayor inseguridad entre los ciudadanos, ha multiplicado no sólo las ejecuciones –los muertos por esta guerra son mayores que en zonas de conflictos armados como Irak–, sino también las redes por las que estas organizaciones distribuyen su producto y cooptan a las autoridades; ha creado también miedo en las organizaciones sociales que, so pretexto de esta guerra, son constantemente hostigadas y amenazadas –las denuncias contra el Ejército en la violación de los derechos humanos han ido en aumento. Ha hecho algo peor: está destinando una buena parte del dinero que podría invertirse en educación y cultura –dos rubros importantes para disminuir el consumo de la droga– en inteligencia militar y policiaca, es decir, en actividades para la violencia. Además, con el desempleo que la crisis económica ha generado, con los bajos salarios que se pagan en una buena parte de los empleos que aún quedan, la oferta del crimen organizado se vuelve un sitio atractivo para quienes, bajo el peso de una sociedad de consumo, carecen de salidas.
La guerra de Calderón que perseguía la paz, se ha vuelto en ese sentido una presencia constante de la guerra o, mejor, una presencia constante de la parálisis y de la contraproductividad que garantizan la impunidad. Bajo el pretexto de la seguridad hay que vivir en el terror de encontrarse en medio de una balacera, de ser detenidos –como si estuviéramos en un estado de excepción– por el Ejército o la policía para demostrar nuestra condición de ciudadanos pacíficos, de ser secuestrados, de ver reducidas las partidas destinadas a la producción de cultura y educación en beneficio de la violencia, de mirar el abismo en el que mucha gente, despojada por el sistema, puede encontrar una salida a su desesperación.
Los únicos que han ganado con ella son, al igual que lo fueron los financieros y especuladores, las instituciones contraproductivas de la violencia: policía, Ejército, narcos, gobernantes y jueces corruptos, ciudadanos que lavan dinero e instituciones carcelarias. Esta guerra, como cualquier guerra, define a la ciudadanía como un recurso que –es la lógica del gobierno– hay que proteger a toda costa, o –es la lógica del crimen– que hay que explotar –por el secuestro, la extorsión, el consumo y el miedo– para, en ambos casos, maximizar ganancias improductivas. Esto es lo que ha significado en los tres años de gobierno de Felipe Calderón la guerra contra el narcotráfico: la exclusión brutal del ciudadano que quiere sobrevivir noblemente.
¿Hay alguna salida? Desde mi punto de vista existen dos. El tráfico de drogas es, en el orden del libre mercado –el orden del cinismo–, una empresa más que busca su nicho en la economía. Satanizada por la misma moral que ha exaltado el consumo y el libre mercado y que otrora satanizó otro tipo de empresas que, como la del alcohol, terminó por legalizar, el tráfico de drogas y la contraproductividad que genera su persecución puede desmantelarse legalizándolo. Con ello se controlaría, como he dicho, su calidad para un consumidor que siempre existirá dentro de sociedades basadas en el consumo, y se captarían impuestos que podrían invertirse en salud, en educación y en cultura como medios para reducirlo. La otra sería la que hace poco propuso el vocero de La Familia: negociar.
Desde que la sociedad de consumo sentó sus reales en México, el crimen organizado ha existido. Por mucho tiempo, el gran capo, que fue el Presidente de la República, lo controló con negociaciones que lo mantenían en la periferia. Hoy, frente a la contraproductividad de la guerra y la complejidad jurídica que implica la legalización de la droga, habría que volver a allí. Negociar, como lo hacen las mafias cuando se fracturan, implicaría acuerdos que, sin legitimar los corredores de la droga, no se tocarían a cambio de que las propias mafias mantuvieran intocada a la población: no secuestros, no narcomenudeo. Las mafias tienen códigos de honor nacionales que, bien negociados, reducirían en buena medida la contraproductividad que su combate genera.
No es el bien –el bien implicaría un severo cuestionamiento de la idea de libre mercado, de desarrollo y del monopolio de lo económico–, pero es, dentro de una economía de mercado, el mal menor, un mal que al menos pondría un coto a la tremenda contraproductividad en la que el gobierno de Calderón, contra toda su lógica, se ha empeñado en los últimos tres años.
Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, liberar a todos los zapatistas presos, derruir el Costco-CM del Casino de la Selva, esclarecer los crímenes de las asesinadas de Juárez, sacar a la Minera San Xavier del Cerro de San Pedro, liberar a los presos de Atenco y de la APPO, y hacer que Ulises Ruiz salga de Oaxaca.
Acteal contra la impunidad
Acteal contra la impunidad
JOSé GIL OLMOS
MÉXICO, D.F., 26 de agosto (apro).- Como cada mes, desde 1998, el pasado domingo 22 se celebró una ceremonia religiosa en Acteal.
A diferencia de las anteriores, en ésta había un elemento especial: entre los asistentes se sentía el temor, la indignación y la frustración por la decisión de la Suprema Corte de Justicia de ordenar, alegando inconsistencias jurídicas o técnicas, la liberación de 22 indígenas del lugar, a quienes se les señala como los responsables del asesinato de 45 miembros de la agrupación civil Las Abejas.
En la celebración estuvieron el padre Ernesto Cavasa, presidente de la Conferencia de Provinciales de los Jesuitas de América Latina; Carlos Morfín, provincial de los jesuitas en México, y Pedro Arriaga, vicario de la diócesis de San Cristóbal para Los Altos de Chiapas.
También, Joel Padrón, párroco de Simojovel, quien por un tiempo estuvo preso, luego de denunciar las injusticias en la zona norte de Chiapas, así como el padre Álvaro Domínguez de España, y el padre indígena de Chenalhó, Marcelo Pérez.
La ceremonia estuvo dedicada a reflexionar sobre la matanza ocurrida el 22 de diciembre de 1997, por la que la Procuraduría General de la República (PGR) acusó inicialmente a 124 indígenas, de los cuales sólo 83 fueron juzgados penalmente, seis fueron exonerados, uno más murió en prisión y uno está confeso.
De los 75 restantes, 24 fueron condenados a 36 años tres meses de prisión y el resto está en espera de sus sentencias, todos acusados de homicidio, lesiones y portación de armas sin licencia o de uso exclusivo del Ejército.
Durante la celebración se mencionó la decisión de un grupo académico del CIDE, que el 22 de diciembre de 2006, durante una rueda de prensa conjunta con Alternativa Ciudadana 21, anunció que tomaría la defensa de los presos en el penal de Cerro Hueco, acusados de perpetrar la matanza en Acteal, ya que, dijo entonces, "todos son inocentes".
En Acteal, la decisión de los ministros de la SCJN, el pasado miércoles 12, se tomó de manera muy distinta al resultado de las encuestas que hicieron empresas como Parametría, las cuales señalaron que 70% de la población consideraba "inocentes" a los liberados.
En ese paraje de San Pedro Chenalhó no están de acuerdo en su inocencia.
"Los conocemos, son primos, tíos, son familiares de gente de aquí, ellos participaron directamente o ayudaron a los asesinos, sus familias viven aquí mismo", dijo en la ceremonia Esteban Pérez Vázquez, presidente de la mesa directiva de la organización Las Abejas, a la que pertenecían los 45 asesinados.
Esteban reveló un dato más en plena ceremonia. Dijo que la mayoría de los detenidos no eran evangélicos, sino que eran católicos y se convirtieron en la cárcel para que los defendieran los abogados del CIDE, quienes tenían el apoyo de Felipe Calderón, pues en campaña se reunieron con el candidato del PAN y le ofrecieron el apoyo de la congregación evangélica el día de la elección, a cambio de que los ayudara a liberar a los detenidos por la masacre de Acteal.
La desesperación de Esteban reflejaba el estado de ánimo de los habitantes de Acteal, que temen represalias de los liberados por la Corte. Pero el jesuita peruano Ernesto Cavasa les dio una luz de esperanza. Les contó el caso de su país, donde se formó una comisión para investigar las desapariciones ocurridas desde 1985 al año 2000, en la guerra entre el gobierno y Sendero Luminoso.
"Pensábamos que eran como 10 mil, pero nuestra sorpresa es que la comisión integrada por miembros de la sociedad civil encontraron que eran muchos más, cerca de 80 mil, que habían descubierto en fosas comunes clandestinas. No nos habíamos dado cuenta del número de muertos porque la mayoría eran campesinos pobres, indígenas indefensos, perdidos en la montaña", dijo el provincial de los jesuitas para América Latina.
Recordó que ante ese descubrimiento se organizó la sociedad civil y exigió castigo a los responsables intelectuales. Frente a la pregunta: "¿Quién estuvo detrás?", dijo, se llevó a cabo una investigación que duró años.
Hoy, esos responsables están en la cárcel, añadió el padre Ernesto, y mencionó al líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán; el presidente de entonces, Alberto Fujimori, así como Baldomero Montesinos y el general Nicolás Hermoso.
"Se puede llegar hasta el final, con trabajo paciente, se puede llegar hasta los últimos responsables", dijo esperanzado.
La ceremonia, que se alargó tres horas, terminó con una danza de los indígenas tzotziles a sus muertos, a quienes llaman "mártires", en el sentido estricto de la palabra, es decir, "testigos" de una causa aún pendiente, como es la justicia para los indios de México, que representan a 15 millones en todo el país.
GIRA AMLO EN OAXACA- JUEVES
JUEVES 27 DE AGOSTO DE 2009
10:00 horas Mitin en Santa María Quioquitani
11:10 horas Mitin en Santa Catarina Quieri
12:50 horas Mitin en San Pedro Mártir Quiechapo
14:10 horas Mitin en San José Lachiguiri
16:40 horas Mitin en San Francisco Loqueche
18:00 horas Mitin en San Luis Amatlán
Le cobran siete mil pesos de luz, pese a anomalías en la medición
Es un reajuste porque no se le midió por ocho meses, le avisan en oficio
Fuente: La Jornada de San Luis
PAULINA BÁRCENAS
La señora Melquiades Hernández, quien en su humilde vivienda tiene dos televisores, refrigerador, plancha y licuadora, se dice dañada por la Comisión Federal de Electricidad, pues a pesar de tener el servicio cortado por varios meses, tiene que pagar siete mil pesos de luz, esto derivado a que le colocaron un medidor que no funciona bien; a pesar de que se quejó ante los responsables, estos le dijeron que no había nada que hacer y por si fuera poco le anunciaron que recibirá otros dos por poco más de dos mil pesos cada uno.
En una vivienda en la que habitan cinco personas y que cuenta con los aparatos electrónicos básicos, la señora Melquiades Hernández pagaba un promedio de ochocientos pesos de luz, sin embargo un mal día su medidor dejo de funcionar, al reportarlo, el personal de la comisión federal de electricidad acudió a cambiarlo, al siguiente bimestre le llego un recibo por el monto de dos mil 247 pesos, el cual con muchos sacrificios pudo pagar, para el siguiente bimestre el recibo fue de dos mil 400 pesos, y también lo volvió a pagar.
Con el paso de los días se dio cuenta de que el medidor de nuevo no funcionaba por lo que llamó a las oficinas de la mencionada institución, “una señorita que me contestaba siempre me decía que si tenía el servicio no había de que preocuparme, que tener luz era lo importante y que no había problema”; posteriormente durante dos bimestres el recibo llegó en ceros “volví a llamarles y pues decían que lo iban a revisar, pero nunca vinieron”; al siguiente bimestre la señora Melquiades se llevó el susto de que el recibo ahora le llega por concepto de siete mil pesos, acompañado por un oficio con número de notificación 3080/2009 firmado por el ingeniero Carlos Calvez Turrubiates, en el cual le informaban que se había detectado una anomalía que consistía en medidor destruido lo que provocó que en el periodo entre el 8 de octubre del 2008 y el 21 de mayo de 2009 “hayamos facturado menor energía a la que realmente consumió, razón por la cual hemos hecho un ajuste a su facturación la cual arroja una diferencia de siete mil 734.00 pesos”, apunta el oficio.
Posteriormente como no pudo pagar tal cantidad el servicio le fue cortado “no conforme con eso a los quince días me llegó otro recibo por ochenta pesos que porque les habían faltado” a pesar de que doña Melquiades ha intentado llegar a un acuerdo con los responsables no ha podido, ya que ni siquiera le han dado la oportunidad de pagar en partes; “ya me dijeron que no se puede hacer nada y que incluso me van a llegar dos recibos más que van a ser arriba de los dos mil pesos, pero como si ya tengo mes y medio sin luz, aparte de que aquí ni gastamos luz, tenemos lo indispensable, por qué cometen ese tipo de abusos, la verdad es que yo no tengo la posibilidad de pagar esa cantidad, los ingresos aquí son mínimos”, externo indignada.
CASO INFONAVIT: UNA MUESTRA MÁS DE LA CORRUPCIÓN Y TRÁFICO DE INFLUENCIAS EN UN ESTADO FALLIDO
La forma tan descarada de cometer fraudes y tráfico de influencias, por parte de la clase gobernante, ha llegado a limites nunca imaginados. Y, todavía, Felipe el Espurio dice que habemos gente que solo nos dedicamos a hablar mal de México.
¡PINCHE HIPÓCRITA SIN VERGUENZA!
No hablamos mal de México, enano e imbécil FeCal, sino de tus desaciertos, ineptitudes, corruptelas y estupideces que, junto con tu PRIANdilla de delincuentes, cometes en contra de todo el pueblo de México. ¿Quié te dijo que ser presidente, haiga sido como haiga sido, es sinónimo de ser México? De seguro te lo dijo la MAESTRA SINIESTRA, Elba Esther Gordillo, ésa ignorante que es tu madre política. Porque sin ella, y muchos otros traidores a la democracia, no hubieras llegado nunca a encaramarte en la silla. Eres un engendro de la maistra.
El caso INFONAVIT pasará a la historia como uno más de tantos casos de corrupción, tráfico de influencias, cinismo, hipocresía e impunidad, que la mafia comete en el país del no pasa nada, en detrimento del pueblo. Este caso es muy similar al caso hermanos Bribiesca, el cual, como ya todos sabemos, sigue impune y seguirá hasta que el poder lo tenga el pueblo con un gobierno democrático.
El INFONAVIT, como cualquier institución corrupta de un Estado fallido, incurrió en "irregularidades, malos manejos y violaciones, poquito, a la ley". El problema es que con estas irregularidades y malos manejos, se afecta a la población en uno de sus derechos más elementales, el derecho a la vivienda. Si prospera la corrupción y el tráfico de influencias, muchas familias se quedarán literalmente en la calle.
En resumen, al caso INFONAVIT, es lo siguiente:
Es increíble la desfachatez con la que actúa esta piara político-empresarial que está enquistada en el poder. A veces pienso que lo hacen a propósito, irritar al máximo al pueblo, para lograr que haya un estallido social y, entonces sí, quitárse la máscara e imponer la dictadura que desean.
Pero no lo vamos a permitir. Para ello estamos informando a la gente de todas las atrocidades que ustedes, sí ustedes miembros de la mafia, le ocultan al pueblo en sus televisoras.
En lo particular, no espero nada bueno de las instituciones corruptas del Estado fallido, como lo son la scjn y el trife. Tengo mis motivos. Tan solo hay que recordar el aval al fraude electoral, la exoneración del "gober precioso", la destitución como candidata de Clara Brugada, la liberación de los asesinos materiales de Acteal, etcétera, etcétera. Por cierto, el único ministro que aplica siempre la ley es Gongora Pimentel.
POR SALUD MENTAL, APAGA LA TELEVISIÓN.
Adopta a un trePANado y/o PRIvado de la razón.
¡PINCHE HIPÓCRITA SIN VERGUENZA!
No hablamos mal de México, enano e imbécil FeCal, sino de tus desaciertos, ineptitudes, corruptelas y estupideces que, junto con tu PRIANdilla de delincuentes, cometes en contra de todo el pueblo de México. ¿Quié te dijo que ser presidente, haiga sido como haiga sido, es sinónimo de ser México? De seguro te lo dijo la MAESTRA SINIESTRA, Elba Esther Gordillo, ésa ignorante que es tu madre política. Porque sin ella, y muchos otros traidores a la democracia, no hubieras llegado nunca a encaramarte en la silla. Eres un engendro de la maistra.
El caso INFONAVIT pasará a la historia como uno más de tantos casos de corrupción, tráfico de influencias, cinismo, hipocresía e impunidad, que la mafia comete en el país del no pasa nada, en detrimento del pueblo. Este caso es muy similar al caso hermanos Bribiesca, el cual, como ya todos sabemos, sigue impune y seguirá hasta que el poder lo tenga el pueblo con un gobierno democrático.
El INFONAVIT, como cualquier institución corrupta de un Estado fallido, incurrió en "irregularidades, malos manejos y violaciones, poquito, a la ley". El problema es que con estas irregularidades y malos manejos, se afecta a la población en uno de sus derechos más elementales, el derecho a la vivienda. Si prospera la corrupción y el tráfico de influencias, muchas familias se quedarán literalmente en la calle.
En resumen, al caso INFONAVIT, es lo siguiente:
Es increíble la desfachatez con la que actúa esta piara político-empresarial que está enquistada en el poder. A veces pienso que lo hacen a propósito, irritar al máximo al pueblo, para lograr que haya un estallido social y, entonces sí, quitárse la máscara e imponer la dictadura que desean.
Pero no lo vamos a permitir. Para ello estamos informando a la gente de todas las atrocidades que ustedes, sí ustedes miembros de la mafia, le ocultan al pueblo en sus televisoras.
En lo particular, no espero nada bueno de las instituciones corruptas del Estado fallido, como lo son la scjn y el trife. Tengo mis motivos. Tan solo hay que recordar el aval al fraude electoral, la exoneración del "gober precioso", la destitución como candidata de Clara Brugada, la liberación de los asesinos materiales de Acteal, etcétera, etcétera. Por cierto, el único ministro que aplica siempre la ley es Gongora Pimentel.
POR SALUD MENTAL, APAGA LA TELEVISIÓN.
Adopta a un trePANado y/o PRIvado de la razón.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
