lunes, 2 de marzo de 2009

México SA Carlos Fernández Vega

México SA

Guillermo Ortiz ayer y hoy

Affaire Citigroup-Banamex

Carlos Fernández-Vega
Foto

Sucursal de Citibank, de Citigroup, en WashingtonFoto Reuters

Q

uién sabe por qué, pero cada que un banco sacude al país, a sus leyes, al gobierno y/o a las autoridades financieras (no se menciona a los mexicanos, puesto que además de pagar los platos rotos del capital financiero, permanentemente son sacudidos por los bancos), viene a la memoria la comparecencia, ante diputados, de un secretario de Hacienda (enero de 1995), que antes fue pieza fundamental en la reprivatización del sector financiero mexicano y, después, gobernador del Banco de México.

Son tan ilustrativas las palabras de Guillermo Ortiz, el funcionario descrito, que ante la coyuntura financiera que vive el país (como en las esferas del poder califican a la crisis permanente que, con altibajos, vive el país desde hace más de tres décadas), que ganan las ganas de volver a leerlas, en especial cuando se recuerda el más reciente brete (Banamex) en el que ese capital financiero ha metido al gobierno mexicano. Leamos, pues, lo expuesto por este personaje el 23 de enero 1995:

“Yo quisiera mencionar muy enfáticamente, que en estas iniciativas (de ley para reformar el sistema financiero) no se está proponiendo, desde luego, entregar el sistema de pagos o la banca nacional a los extranjeros. Hoy en día la participación del conjunto de la banca extranjera en el mercado financiero nacional es de alrededor del 8 por ciento, con las autorizaciones que se les dieron recientemente a los bancos extranjeros para operar en nuestro país.

“En otros países de América Latina –como Chile, Argentina, Brasil–, en Canadá y en muchos de los países europeos, la participación de la banca extranjera en el mercado crediticio total es muy superior, es del orden del 20 al 30 por ciento. Nosotros pensamos que aún con esta facilidad que se le estaría dando a la banca extranjera para participar en la capitalización de los bancos mexicanos, estaríamos muy lejos de llegar a los porcentajes de participación y de penetración que hay en otros países; repito, creo que es fundamental y es, digamos, en el interés nacional de tener un sistema bancario sólido.

“¿Cómo evitar que el sistema financiero (mexicano) quede en manos de extranjeros? Creo que ésta es una pregunta importante y yo la respondería de dos maneras. La primera es que habría un compromiso específico (del gobierno) de que el sistema de pagos desde luego quede en manos de mexicanos. ¿Qué es el sistema de pagos? Un sistema de pagos es el conjunto, abarca el conjunto de transacciones más importantes que pasan por el sistema financiero del país. En el caso de México, pues obviamente son los bancos más grandes (Banamex y Bancomer) los que realizan la mayor parte de los pagos y de las compensaciones por las transacciones financieras, comerciales, productivas del país. Desde luego el sistema de pagos, éste es un compromiso, quedaría en manos de mexicanos.

“En segundo lugar lo que se pretende con esta iniciativa es que los extranjeros vengan a apoyar sobre todo a algunas instituciones pequeñas que están teniendo problemas y que justamente por esos problemas de capitalización no pueden atender a sus clientes, no pueden atender a la pequeña y mediana empresas y no pueden atender a los usuarios del crédito, tanto en la parte hipotecaria, como de tarjetas, como los bancos más grandes pueden atenderlos. Se trata de evitar que pudiera darse el caso que el sistema de pagos, que está constituido por los bancos más importantes del país, pudiera caer en manos de extranjeros… No se puede dar el caso de que indirectamente los extranjeros pudieran controlar un banco mexicano”.


Eso dijo Ortiz en nombre del gobierno mexicano y de ese tamaño el compromiso: 14 años después, 90 por ciento de la banca que opera en el país pertenece al capital financiero trasnacional; el sistema de pagos es controlado por capital extranjero y, por primera vez desde aquel discurso de 1995, un gobierno extranjero, el de Estados Unidos, es el accionista mayoritario de uno de los dos mayores bancos del país, Banamex.

Sirva lo anterior para poner en contexto no sólo la solidez de nuestros funcionarios, sino el más reciente brete en el que la banca extranjera, que ya domina 90 por ciento del sistema financiero que opera en el país, ha metido al gobierno (siempre afanoso en la defensa de los intereses del capital trasnacional, y para violar la ley en pos de ese objetivo). Sirva, pues, para contextualizar el caso Banamex (ahora conocido como Obamamex), cuyo dueño mayoritario, a estas alturas, no es otro que el gobierno de Estados Unidos, o lo que es lo mismo una acción que viola la ley mexicana.

Ahora salen con que no hay tal violación, porque el Tratado de Libre Comercio del América del Nortepermite lo que la ley prohíbe. Esa es lasalida que quieren encontrarle, pero hay que recordar que el TLCAN estipulaba que ningún banco extranjero podría tener una posición mayoritaria en ningún banco mexicano, ni una participación en el mercado superior al 1.5 por ciento. Violaron su propia norma.

El problema se agudiza cuando se sabe que aparte de un banco, Banamex, Citigroup también es propietario de cuando menos una Afore, una arrendadora, una casa de bolsa y un fondo de inversión. Y tuvo la telefónica Avantel, de la que obtuvo su buena rebanada de ganancias, hasta que en 2006 Citigroup vendió su participación a Axtel por la módica suma de 245 millones de dólares. Además de una sonora mentada de madre de parte de su exprimida clientela, ¿qué se ha llevado Citigroup, por medio de Banamex en los últimos ocho años?: entre otras cosas, alrededor de 90 mil millones de pesos en utilidades netas, los apoyos públicos delrescate bancario, los jugosos pagarés del Fobaproa, suculentas devolucionesde impuestos y, ahora, un gobierno entre las patas.

Sin duda, el más reciente affaire de Citigroup-Banamex puede ser una oportunidad para que este banco regrese a manos mexicanas (si el gobierno recuerda cuál es su obligación), pero si esas manos son las mismas o parecidas a las que se quedaron con esta institución a raíz de la reprivatización salinista (Roberto Hernández y pandilla), nada se habrá ganado.

Las rebanadas del pastel

Mi profundo agradecimiento a los integrantes de la Asamblea dominical de la Resistencia Creativa, no sólo por la invitación de ayer en el Hemiciclo a Juárez, sino por su generosidad y gran ambiente. Un beso a las Adelitas, tan entronas y apapachadoras.

La UNAM, en riesgo por la crisis


E

l secretario general del Sindicato de Trabajadores de la UNAM (STUNAM), Agustín Rodríguez, advirtió ayer que unos 40 mil alumnos que se encontraban matriculados en instituciones educativas privadas han buscado continuar su educación en la máxima casa de estudios, y atribuyó tal cambio a la crisis económica presente.

El dato desmiente las opiniones que el subsecretario de Educación Media Superior, Miguel Székely Pardo, formuló hace un par de semanas, pues da cuenta del efecto devastador de esa crisis en las clases medias y medias altas, lo que es indicativo del desempleo que afecta o que afectará en el futuro inmediato a docentes y administrativos de las escuelas privadas –y no sólo en los niveles medio superior y superior–, y plantea, para las universidades públicas, empezando por la UNAM, un riesgo que no debe ser soslayado: el incremento súbito y masivo de la demanda de plazas, el consiguiente aumento en el número de rechazados (pues estas instituciones no pueden extender de la noche a la mañana sus cupos) y la gestación de brotes de descontento de jóvenes y padres de familia que, sin una comprensión cabal e integral de la circunstancia por la que atraviesa el país, podrían derivar en la exigencia de una ampliación de la matrícula.

De ocurrir, esas previsibles presiones sociales sobre el sistema público de educación superior se presentarán en un entorno particularmente adverso para ellas, habida cuenta de que, ante la inflación y la devaluación, los recursos que les fueron otorgados para el presente año resultarán por demás insuficientes para cubrir sus gastos operativos en los actuales niveles de cobertura. A los obstáculos de la presente coyuntura ha de agregarse el rezago provocado en la educación superior del país por décadas de una política económica neoliberal y privatizadora aún vigente, que ha relegado a las universidades públicas y propiciado la proliferación de empresas o de organismos privados que instauran planteles carentes, en muchos casos, de calidad académica, que aportan muy poco o nada a la investigación –uno de los motores del desarrollo y, por extensión, de la recuperación económica– y que, en la presente circunstancia, ante la imposibilidad de muchas familias de pagar las cuotas correspondientes, expulsarán a una porción aún indeterminada de su población escolar hacia las instituciones del Estado.


Tales consideraciones deben llevar al gobierno federal a cobrar conciencia de la importancia de las instituciones públicas de enseñanza media superior y superior como factores irrenunciables de la economía y del desarrollo, pero también como mecanismos de amortiguamiento social. En este sentido, sería pertinente, así fuera como medida de contención de la crisis, emprender el establecimiento de nuevas universidades públicas –en la capital de la República se ha fundado sólo una en casi cuatro décadas– que amplíen la cobertura, ofrezcan alternativas a los estudiantes de familias depauperadas, contribuyan a elevar el nivel educativo general del país y absorban una demanda que, de otro modo, puede convertirse en un acoso social indeseable para las instituciones existentes.

En suma, al igual que en el conjunto del quehacer gubernamental, en materia de educación superior es también necesario un viraje de rumbo: ante las preocupantes perspectivas que enfrentarán la UNAM y el resto de las universidades públicas, los funcionarios del sector educativo tendrían que acusar recibo de las dimensiones del problema y abstenerse, en lo sucesivo, de minimizar o negar la realidad.

El PRI quiere dejar solo a Calderón en lucha anticrimen: Nava


El aspirante panista por el distrito 15 del DF urgió al tricolor a aprobar la iniciativa del presidente Felipe Calderón contra el narcomenudeo.

Notimex / La Jornada On Line 
Publicado: 02/03/2009 

México, DF. César Nava Vázquez acusó al Partido Revolucionario Institucional (PRI) de querer dejar solo al presidente Felipe Calderón en la lucha contra la inseguridad, por lo que emplazó al tricolor a demostrar corresponsabilidad y aprobar la iniciativa contra el narcomenudeo.

"Lo quieren dejar solo; quieren que 20 mil policías hagan la tarea de 420 mil; hay una desproporción absoluta. La lucha contra el narcomenudeo es un mal que nos aqueja a todos y que debemos combatir todas las autoridades y no solamente el presidente Calderón", expuso.

En entrevista, el aspirante panista por el distrito 15 de la delegación Benito Juárez en el Distrito Federal retó al PRI a aprobar las reformas pendientes en tema de seguridad.

"Yo retaría al PRI a mostrar su compromiso en la lucha contra el crimen organizado, aprobando la iniciativa que envió el presidente Calderón a finales del año pasado para ser corresponsables en la lucha contra el narcomenudeo a los gobernadores y los alcaldes de todo el país", declaró.

Una iniciativa, acotó el abanderado del Partido Acción Nacional (PAN), que "el PRI puso en la congeladora y es la fecha que no ha querido aprobarla, precisamente porque no quieren asumir responsabilidades".

Consideró que no aprobar la iniciativa contra el narcomenudeo es una clara muestra de la ausencia de compromisos del PRI, y más allá de adjetivos, "deberían poner la lupa en las iniciativas pendientes y compartir con el presidente y con todo el país ésta responsabilidad".

El aspirante panista insistió: "Me parece que están aún a tiempo de aprovechar esta oportunidad, el periodo legislativo termina el 30 de abril".

En el caso del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Nava Vázquez resaltó que ha sido la única fuerza política que ha dado muestras claras de compromiso en materia de seguridad.

"Fue el que salió, con el PAN, a apoyar la emisión de un decálogo de reglas contra el lavado de dinero y la presencia de dinero sucio en las campañas; es el momento que el PRI no lo ha hecho con toda claridad", sostuvo.

El candidato panista se refirió también a la corresponsabilidad del gobierno de Estados Unidos, encabezado por Barack Obama, en este combate.

"Es fundamental que el gobierno estadunidense haga un esfuerzo serio y comprometido para detener el tráfico de armas ilegales hacia México. Se calcula que cerca de dos mil armas ingresan ilegalmente al país y son las que vemos utilizadas en los enfrentamientos y en los crímenes", indicó.

"Necesitamos que el presidente Obama tome una acción determinada y definida para frenar el tráfico de armas; si no lo hace, cometerá una omisión gravísima que repercutirá no solamente en la seguridad de México, sino también en la de Estados Unidos", sentenció.

Añadió que todo “se quedará en discursos", y puntualizó que es momento de pasar "del verso a la prosa" y de los discursos a los hechos.

En cuanto a si aspira a coordinar a su partido en la Cámara de Diputados, respondió que por ahora su deseo es ganar la elección y en su momento esa decisión la tomará el presidente nacional del PAN. Asimismo, dejó claro que el dedazo en el PAN "no es un método que exista, lo que tenemos es la designación estatutaria que es igual de democrático que la elección dentro de miembros activos o la elección abierta".

"Son responsabilidades que la militancia dejó en manos de la dirigencia en la pasada Asamblea Nacional y que ahora estamos empleando con absoluto respeto y seriedad; se trata de un ejercicio para llevar a los mejores candidatos a las campañas", explicó.

Sobre la opinión del empresario Lorenzo Servitje, de que se han colado al PAN muchos vividores, el moreliano de 34 años subrayó que en su experiencia personal, "el ejercicio que estamos haciendo en la selección de candidatos no considera a vividores, lo descarto absolutamente".

Robos a Enciclomedia por 131 MDP



Casi 3 mil equipos Enciclomedia, con un valor de 131 millones de pesos, fueron robados en los últimos tres años de escuelas primarias del país; tan sólo en el Estado de México se registraron 1 mil 197 hurtos. Siete empresas reciben del erario casi 18 mil millones de pesos por rentar equipos que, en miles de casos, se encuentran incompletos o dañados.

El principal programa en materia educativa iniciado en el gobierno de Vicente Fox es blanco de la delincuencia: en tres años fueron robados 2 mil 997 aulas Enciclomedia. Cada equipo tiene un valor aproximado de 4 mil 400 pesos, por lo que el total de los aparatos sustraídos superaría los 131 millones 868 mil pesos.

En 2004, la Secretaría de Educación Pública (SEP) inició el Proyecto Enciclomedia con la adquisición de 21 mil 434 aulas, con una inversión de 1 mil millones de pesos. A 2009, el gobierno federal ha destinado casi 20 mil millones de pesos para compra y renta de equipos multimedia.


De las 147 mil 25 aulas Enciclomedia que existen actualmente, la SEP es dueña de sólo 21 mil 463, de acuerdo con información de la propia secretaría. Para su compra se asignaron 869 millones 563 mil 696 pesos, más el Impuesto al Valor Agregado (IVA). La erogación correspondió al ejercicio fiscal de 2004. La renta de 125 mil 562 equipos, de 2005 a la fecha, ha costado 17 mil 765 millones 597 mil 723 pesos más IVA.

El 94.3 por ciento de los equipos robados son del modelo multianual de servicios, rentados a siete empresas; 5.7 por ciento son aulas solamente administradas, propiedad de la secretaría.

En el Estado de México se registró el mayor número de robos, 1 mil 197 equipos Enciclomedia. Entre los municipios con mayor número de atracos está Ecatepec, con 256; Nezahualcóyotl, 227; Chimalhuacán, 108; La Paz, 64; Ixtapaluca, 53; Valle de Chalco Solidaridad, 41, y Texcoco, 40.

En Veracruz hubieron 339 sustracciones ilegales; en Jalisco, 200; en el Distrito Federal, 154; en Oaxaca, 121; en Guanajuato, 119; en Michoacán, 108; en Tamaulipas, 105; en Guerrero, 97; en Nuevo León, 69, y en Puebla, 58.

Estados como Colima, Durango y Querétaro sólo registraron un robo, respectivamente; otros donde hoy se padece una violencia extrema como Chihuahua, Baja California y Sinaloa no superaron los 20 asaltos.

Víctor Manuel Lizárraga, secretario de la Comisión de Educación y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados, considera “alarmantes” los registros de robos de aulas Enciclomedia. Las autoridades judiciales tienen que actuar con eficacia para evitar más hurtos de equipos, pues va en detrimento de la calidad educativa en México.

“Es tan grave el robo de un equipo como el de 1 mil o 2 mil”, dice el legislador del Partido de la Revolución Democrática. Y agrega que los tres órdenes de gobierno deben estar atentos a la situación, sobre todo las corporaciones de seguridad pública.

Contralínea solicitó hablar con el subsecretario de Educación Básica y responsable de las escuelas primarias, José Fernando González Sánchez. Veintiún días después de hecha la solicitud, Ricardo Hernández, director de Información, aseguró que la subsecretaría no era la responsable de los equipos de cómputo. Al reiterar la petición para conocer la versión de la SEP respecto a los robos, no hubo funcionario que aceptara la entrevista.

ASF señala supuestas anomalías

En 2004 se realizó la licitación pública internacional 00011001-012/04 mediante la cual se adjudicó la adquisición de los bienes del proyecto Enciclomedia: 21 mil 467 aulas (computadora, impresora, fuente de poder ininterrumpible, mueble para computadora y pizarrón interactivo o blanco).

La cantidad de aulas adquiridas corresponden a 11 mil 149 del modelo tipo “A” (pizarrón interactivo) y 10 mil 318 aulas tipo “B” (pizarrón blanco).

En la revisión de la cuenta pública 2004, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó que el importe adjudicado fue de 975 millones 591 mil pesos.

De acuerdo con la ASF, las 21 mil 434 aulas adjudicadas debieron ser entregadas por los proveedores directamente en los planteles de educación primaria, ante la presencia de su titular y del representante de la SEP en el entidad federativa.

Sin embargo, 364 equipos fueron entregados entre 1 y 40 días después de la fecha límite establecida, por lo cual se debió aplicar una sanción al proveedor por 882 mil pesos. Al momento de la revisión, la SEP informó que sólo se aplicó una pena por 376 mil pesos, es decir, 42.6 por ciento del total.

Además, la SEP no cuenta con el oficio que justifique el carácter legal de las entregas de los equipos a los estados, por lo que no se conoce qué autoridad estatal o federal es la instancia responsable de su control y resguardo. Las aulas fueron entregadas sin fijarles un número de inventario integrado por los dígitos del ramo presupuestal, la denominación o siglas de la dependencia que permitan el control del bien.

En su informe, la ASF determinó que la adquisición de bienes careció de un análisis de alternativas, respecto a la poca probabilidad de presupuestar y programar recursos públicos suficientes para alcanzar las metas establecidas, por lo que en una segunda fase del proyecto se mostró la conveniencia de utilizar un esquema multianual de servicios, contratando los servicios de infraestructura, ejecución y monitoreo remoto en 101 mil 853 aulas.

Equipos deficientes

En la revisión de la cuenta pública 2004, la ASF realizó una inspección física en 188 aulas de 51 primarias, en nueve estados. En escuelas de Oaxaca, San Luis Potosí y Veracruz, cinco de los equipos revisados no funcionaban al ciento por ciento de su capacidad, además de que presentaron fallas en los reguladores y el proyector.

En Jalisco, tres aulas del plantel educativo Xihualpilli no operaban y se desconocía el tipo de falla técnica. Los titulares de los 51 planteles visitados desconocían los procedimientos administrativos que debían seguir en caso de fallas técnicas en los equipos y qué instancia federal o estatal es la responsable de su atención, lo que ocasionó que no se presentaran reportes a efecto de que fueran reparados y puestos en operación los citados aparatos.

De acuerdo con información de la SEP, a enero de 2008 había 153 equipos Enciclomedia que no funcionaban por falta de electricidad, 142 de éstos en Oaxaca, tres en Chihuahua y ocho en Durango.

En el informe de la ASF, los directores de las primarias aludían desconocer la existencia de la póliza de seguros que se contrata por parte del sector educativo, para la protección de los bienes patrimoniales con los que cuenta la SEP.

Datos obtenidos por Contralínea, a través de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, indican que los equipos de los cuales es dueño la SEP están asegurados por 2 mil 30 millones de pesos con la compañía Grupo Nacional Provincial. Las aulas rentadas son aseguradas por los prestadores del servicio.

De acuerdo con la ASF, en 2004 ocurrieron 13 robos por un importe de 572 mil pesos. Sin embargo, la SEP no proporcionó los documentos que acrediten que a la fecha de la revisión se efectuaron las gestiones correspondientes ante la aseguradora para su recuperación.

Pérdida de valores

Constantino Acosta, secretario de la Comisión de Educación y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados, dice que, ante la pérdida de valores sociales, los delincuentes ya no respetan iglesias ni escuelas, que en el pasado eran recintos sagrados.

Explica que dentro de la comisión se hará del conocimiento de todos los diputados integrantes de la misma el aumento en los robos de equipos Enciclomedia; sin embargo, corresponde a las procuradurías resolver las denuncias interpuestas por los directivos que vieron mermado el patrimonio escolar.

El legislador por el Partido Acción Nacional dice que podría llamarse a comparecer ante la comisión a funcionarios de la SEP para pedirles cuentas sobre el robo de los equipos y para saber a cuánto asciende el monto del material perdido.

Víctor Manuel Lizárraga explica que la razón por la cual se estableció el Programa Escuela Segura, en julio de 2007, fue para abatir dicha problemática.

Sin capacitación

Miguel Alonso Raya, quien presidiera la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados en la pasada legislatura, considera que el programa Enciclomedia no sólo enfrenta el robo de los equipos, también la falta de capacitación de los profesores para poder utilizar la herramienta educativa, que la convierte en un elefante blanco.

“Hay maestros que se apoyan de los niños, quienes están más involucrados con la cultura de internet, para que los auxilien en el uso de la computadora. Una de las principales debilidades del magisterio en México es la capacitación y la actualización; no se destinan suficientes recursos para tal efecto”, dice el exdiputado.

Agrega que para capacitar y actualizar a los más de 850 mil profesores que hay en México, se destinan alrededor de 150 millones de pesos anualmente, lo que representaría 17.6 pesos por docente, “eso no ayuda en nada”.

Alonso Raya, especialista en el tema de Enciclomedia, explica que el programa no llegó a todas las escuelas del país como estaba estipulado en el proyecto. Además, hay lugares donde resulta complicado, en otros imposible, instalar un equipo de cómputo, por la carencia de instalaciones decorosas en las primarias.

El perredista explica que hay comunidades en México que carecen no sólo de energía eléctrica, sino también de aulas donde colocar los aparatos.

En la LIX Legislatura, dice, la discusión fue aprobar recursos para el proyecto foxista; pero también se buscaron mayores recursos para aquellos lugares donde están mal las aulas o no existen. Se pretendía no crear mayor inequidad entre escuelas muy equipadas y otras que ni siquiera tienen las más mínimas condiciones para impartir clase.

Alonso Raya sostiene que no sólo en entidades como Oaxaca, Guerrero o Chiapas hay escuelas que carecen de los recursos básicos para recibir y atender a los estudiantes. “Hace poco vi fotos de colonias de la periferia en León donde se aprecia alumnos tomando clases al aire libre, cuando se supone que Guanajuato es un estado donde no sucede esto”.

Robo de equipos en el Distrito Federal

Hugo García, director de la Escuela Astasio Gaona, dice que el 28 de enero de 2008 robaron parte de los aparatos que conforman las cinco aulas Enciclomedia con las que cuenta el plantel. Los delincuentes sustrajeron cinco monitores planos, marca Sony, y cinco cañones de proyección.

El directivo asegura que los ladrones arrasaron en tres semanas con los equipos en al menos otras cinco escuelas de la delegación Gustavo I. Madero. “Se cuenta con el programa de Escuela Segura, pero aun con éste siguen robando las primarias, sin que las autoridades pongan fin a los atracos”, dice García.

Para el profesor, los robos los realizan mafias bien organizadas, porque no se llevan todo, sólo aquello que tienen valor y es fácil de acomodar en el mercado negro.

“Entraron a la dirección y no se llevaron nada. Abrieron un estante, donde se guardan los consumibles, y se llevaron un par de tóner, cartuchos y unas pilas; dejaron una cámara digital. Tengo una sala de cómputo con 30 computadoras nuevas y ni siquiera entraron al lugar”, dice.

García considera que los asaltantes van sobre lo que es importante, los monitores, ya que los CPU (siglas en inglés de Unidad Central de Procesamiento) son de modelos “corrientes” y antiguos.

“En uno de los salones, la maestra tenía en su escritorio una caja de cartón con 150 pesos en billetes, un ahorro de los niños, y algunas monedas de cambio; se llevaron los billetes y dejaron las monedas. Tuvieron tiempo de hurgar y llevarse lo que quisieron”, dice el profesor.

García reconoce la existencia de una póliza de seguro para recuperar los equipos; pero los trámites son engorrosos, se tiene que mandar una denuncia de hechos a la SEP, anexar una copia certificada de la denuncia presentada ante la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, la cual no le darán porque no fue citado para ratificar la querella.

“Los equipos están asegurados, pero el problema es cuánto tiempo van a estar los niños sin el material didáctico. Esto va en detrimento de la educación del menor”, dice García. (YT)

Lodazal... en España

ALEJANDRO GUTIéRREZ

España sigue estremeciéndose debido a las revelaciones y el proceso judicial seguido contra una red de corrupción integrada por funcionarios y líderes del derechista Partido Popular, encausados por el juez Baltasar Garzón. Mariano Rajoy, dirigente del PP, exige inhabilitar al magistrado por prevaricación, en un escándalo que involucra a empresarios cercanos al expresidente José María Aznar pero que ya le costó el puesto al ministro socialista de Justicia, Mariano Fernández Bermejo.

 

MADRID.- Luego de dos años de sigilosas investigaciones contra una red de corrupción, el juez Baltasar Garzón inició acciones judiciales contra 37 personas ligadas al Partido Popular español (PP) como parte de la llamada operación Gürtel. Estas indagatorias provocaron un escándalo político que podría llevar ante los tribunales a integrantes del comité nacional de ese partido, incluidos su tesorero y un eurodiputado, y a otros representantes populares de Madrid, Valencia y Málaga. De rebote, ya provocó la dimisión del ministro de Justicia, el socialista Mariano Fernández Bermejo. 

La asistencia del ahora exministro a una cacería de venado en la provincia de Jaén, los días 7 y 8 de febrero, donde coincidió con el juez Garzón, provocó la controversia política. El encuentro tuvo lugar un día después de que el magistrado de la Audiencia Nacional ordenó la detención de cinco de los implicados, por considerar que cometieron los delitos de cohecho, blanqueo de capitales, fraude fiscal y tráfico de influencias.

El juez Garzón, conocido en el mundo por perseguir judicialmente al genocida chileno Augusto Pinochet, a dictadores argentinos y a miembros de Al Qaeda, no fue ajeno al golpeteo que estos días se vive en España. Versiones difundidas aquí sostienen que la inusitada arremetida política en su contra le causó incluso una baja de presión arterial por estrés que lo llevó a ser hospitalizado de urgencia. Dos días después de ser dado de alta, la mañana del 25 de febrero, la dirigencia del PP acudió ante el Tribunal Supremo para presentar una querella criminal por prevaricación contra el magistrado.

El PP exige que el caso pase al Tribunal Superior de Madrid y al de Valencia, toda vez que entre los presuntos implicados hay funcionarios con fuero constitucional. Incluso demanda que Garzón sea inhabilitado por un período de 10 a 20 años. Un jurista consultado por Proceso a condición de reservar su identidad consideró esta exigencia como "un alarde público sin posibilidad de prosperar en lo legal".

El presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, criticó la querella el jueves 26: "Me parece inaceptable que el PP, desde el Parlamento, haya lanzado intimidaciones muy serias al juez Garzón. Esto es una pérdida de referencia".

El escándalo estalló en pleno desarrollo de las elecciones del domingo 1 de marzo en las comunidades autonómicas de Galicia y el País Vasco, de gran influencia en España, y radicalizó las posiciones de los partidos, en particular la del PP que, bajo un fuerte golpeteo político y mediático, acusó a Fernández Bermejo de "instrumentalizar" la justicia para "hundir a la derecha".

Este es un extracto del reportaje que publica la revista Proceso en su edición 1687 que empezó a circular este domingo 1 de marzo.


Invitación Casa Lamm

Foro Político: México y el Mundo actual. Organizado por Casa Lamm y La Jornada

Conferencia: 

LA CRISIS ECONÓMICA Y LA SITUACIÓN GEOESTRATÉGICA INTERNACIONAL

Panelistas: Alfredo Jalife-Rahme, Rogelio Ramírez de la O. y Fernando Sánchez Cuadros
Lunes 2,

19:00 horas

Salón Tarkovsky y Dostoievsky

Semana complicada en tema de seguridad - Javier Solórzano






El compravotos en acción

GLORIA LETICIA DíAZ

Enrique Peña Nieto está incontenible. Entrega por doquier bicicletas, despensas, cheques y acompaña sus dádivas con un mensaje a la ciudadanía para que acuda a las urnas el próximo 5 de julio a emitir su voto por “autoridades cada vez más competitivas (y) más comprometidas con las mayores necesidades de la sociedad mexiquense”.
El pasado 24 de febrero, el mandatario repartió 4 mil despensas –de 17 productos cada una–, 2 mil 171 bicicletas y mil 534 cheques por 450 pesos, correspondientes a los programas Seguridad Alimentaria, Apoyo al Transporte en Zonas Obrero-Populares y Mujeres Trabajadoras Comprometidas. Los beneficiarios fueron los pobladores de Chapultepec, Mexicaltxingo y Metepec, este último gobernado por el Partido del Trabajo.
En ese acto estuvo presente el titular de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de México (Sedesem), Ernesto Némer Álvarez, quien horas después dimitió a su cargo. Al día siguiente acudió a las oficinas del PRI mexiquense para inscribirse como candidato al XXXV Distrito local con cabecera en Metepec.
En las elecciones estatales, en las que se renovarán 125 alcaldías y 45 diputaciones, el PRI va a la cabeza con sus candidatos en alianza con los partidos Verde Ecologista de México (PVEM), Nueva Alianza (Panal), Socialdemócrata (PSD) y Futuro Democrático, organización local.
Peña Nieto no oculta sus intenciones. Ya en el boletín 241/2009 informó que cuenta con “recursos del presupuesto de 2008” que utilizará en programas sociales durante el presente año electoral. 
En su edición del pasado 15 de febrero, Proceso informó que el mandatario “aplicó de última hora, en diciembre pasado, mil 400 millones de pesos para adquirir más de 3 millones de despensas que distribuirá en el curso del año electoral”. 
De acuerdo con una copia de la licitación LPN-04-2008, lanzada en noviembre pasado por el Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social (Cemybs), dependiente de la Sedesem y adjudicada a Tiendas Soriana al mes siguiente, las despensas son para los programas de Pensión Alimenticia para Adultos Mayores de 70 años, para Adultos Mayores de 60 a 69 años y de Apoyo a Mujeres-Compromiso con el Futuro (Proceso 1685).
En el presupuesto de egresos 2009, Peña Nieto cuenta con otros mil 600 millones para la compra de por lo menos otros 3 millones de despensas.
“Los mexiquenses queremos entrar en este proceso de este tiempo que nos toca vivir en un clima de armonía, de orden y de paz social”, dijo en un acto público ese 24 de febrero en Metepec.
Después vino la repartición.

Atacan con granadas a policías en Uruapan; cuatro heridos y dos detenidos


MIGUEL CABILDO

URUAPAN, Mich., 2 de marzo (apro).- El terror volvió hoy a las calles de esta ciudad, luego de que varios sujetos armados arrojaron dos granadas, la primera contra las instalaciones de Seguridad Pública y, la segunda, contra la casa del titular de la dependencia, Adolfo Alfredo Medina Olivos, ubicada en el Fraccionamiento Huertas del Cupatitzio, con un saldo de cuatro policías lesionados –uno de ellos de Tránsito--, y cuantiosos daños materiales.

Luego de los ataques, que ocurrieron esta madrugada, con un intervalo de 15 minutos, elementos de la corporación detuvo a dos personas, presuntamente relacionados con los atentados. Se trata de Noel Santibáñez Castro, de 20 años de edad, originario del Municipio de Lázaro Cárdenas, con domicilio en Calle Golondrina, Colonia Emiliano Zapata, y Homelio Álvarez Arreola, de 22 años, quien dijo ser originario de Tecpan de Galeana, Guerrero.

Santibáñez Castro fue detenido después de haber ingresado a un hospital local con varias heridas en la espalda producidas por esquirlas de granada.

Ambos fueron trasladados a instalaciones militares para ser interrogados sobre los ataques perpetrados con granadas de fragmentación y rifles de alto calibre, que dejaron cuatro policías heridos y daños en instalaciones oficiales.

Este es el tercer atentado con granadas que ocurre en esta ciudad gobernada por el PAN.

De acuerdo con datos oficiales, el atentado contra las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública, donde se encuentra también Tránsito Municipal y la Base de UMAM, ocurrió a las 03:15 horas de este lunes. 

En este ataque, las esquirlas del artefacto explosivo alcanzaron a dañar a los policías Orlando Ortega Morales, de 33 años, y Elionari Rodríguez Treviño, de 19. Ambos fueron trasladados al Hospital del Ángel, para recibir atención.

Las instalaciones de la corporación también resultaron afectadas: vidrios rotos, plafones desprendidos, autos dañados, etcétera.

Con unos 15 minutos de diferencia, a las 03:30 horas, otro grupo armado arrojó una segunda granada, ahora en contra de la casa del jefe de la corporación, Adolfo Alfredo Medina Olivos, ubicada en el Fraccionamiento Huertas del Cupatitzio.

Según informes oficiales, los agresores viajaban a bordo de un Chevrolet Impala blanco y antes de lanzar la granada balearon a los tripulantes de la patrulla que se encontraba en ese sitio. Los policías José Alfredo Bernal y Santiago Cruz Vargas resultaron heridos.

Luego de los hechos, elementos del Ejército, de la Policía Federal y de las corporaciones estatales y municipales se lanzaron a la caza de los autores materiales de los atentados y acordaron la casa del jefe policiaco.

Cabe destacar que el alcalde panista, Antonio González, ya había recibido varias advertencias en sentido de que había más atentados. Algunos de esos anónimos también exigían la salida del director de seguridad Pública por sus presuntos nexos con el crimen organizado.

El FBI y la DEA del consulado de Guadalajara, circularon un documento, el cual obra en poder del alcalde panista, en donde se menciona a tres mandos de la DSP de Uruapan, vinculados a los Zetas, e incluye fotos de los tres, nombres, direcciones y claves.

A pesar de tales  avisos y de la propia desaparición de su secretaria, Maribel Martínez Martínez, en agosto de 2008,  el Alcalde desatendió las advertencias.

Informes de inteligencia indican también que el edil recibió tres cheques por 7 millones de pesos cada uno durante la precampaña, con el compromiso de ceder posiciones a la mafia y que faltó a su palabra.

Por defender indios.

Francisco López Bárcenas/La Jornada/ 2 de marzo de 2009.

Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, dos mixtecos defensores de derechos humanos, dirigentes de la Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos, en el estado de Guerrero, fatalmente ya no están entre nosotros. Los dos fueron secuestrados por personas desconocidas que se identificaron como policías en un acto público que se realizó el 13 de febrero pasado en la ciudad de Ayutla de los Libres. Lucas y Ponce habían sido invitados por la esposa de Raúl, Guadalupe Castro Morales, quien se desempeña como regidora de Asuntos Indígenas en ese municipio.

Siete días después, el viernes 20 de febrero, sus cuerpos sin vida y con evidentes huellas de tortura, aparecieron en Las Cazuelas, municipio de Tecoanapa, en la Costa Chica. El cuerpo de Raúl Lucas mostraba lo que parecía un tiro de gracia y el de Manuel Ponce huellas de haber muerto a golpes.

Para ir ubicando la naturaleza del crimen es importante tener presente que fueron secuestrados en un lugar y en un acto público, donde se encontraba, junto con otros funcionarios, el director de Seguridad Pública del ayuntamiento, además de una comisión de regidores y alrededor de 35 invitados.

Importa también no olvidar que al principio del acto el lugar estuvo resguardado por cerca de 25 elementos de la policía municipal, y que a las 13:35 de la tarde el director de Seguridad Pública recibió una llamada telefónica y que en cuanto finalizó ordenó a los policías que se retiraran y él hizo lo mismo, quedando el escenario despejado para que los secuestradores entraran en acción libremente y se llevaran a sus víctimas por la fuerza. Media hora después, tiempo suficiente para alejarse, Guadalupe Castro Morales recibió la amenaza fatídica: "No empieces a chingar, quédate calladita o jodemos a tu esposo, esto les pasa por defender indios"
La columna completa aquí

Carmen Aristegui Noticias MVS 2 de marzo de 2009









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