ENTREVISTA CON: NADÍN REYES MALDONADO.
CARGO: HIJA DE EDMUNDO REYES AMAYA, UNO DE LOS MIEMBROS DEL EJÉRCITO POPULAR REVOLUCIONARIO (EPR) DESAPARECIDO
TEMA: DESMIENTE QUE EL GOBIERNO FEDERAL HAYA ENCONTRADO LOS CUERPOS DE LOS EPERRISTAS DESPARECIDOS EN MAYO DE 2007, COMO SE PUBLICÓ ESTA SEMANA EN ALGUNOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN IMPRESOS.
Calderón elevó la deuda pública casi en un billón de pesos en 2 años
Entre 2006, cuando tomó posesión, y fines de 2008 el débito aumentó 28.7%
Cada mexicano debe más de $40 mil
Es la administración con mayor endeudamiento en ese lapso
Duplica los pasivos contratados en el primer bienio del sexenio anterior: SHCP y BdeM
Réquiem
Excomulgar a torturadores
Narco: tocar lo económico y político
México yace en medio de la muerte debido a que se ve asfixiado por la corrupción y la violencia, expresó ayer el cardenal Norberto Rivera Carrera en su mensaje de Pascua Resurrección 2009, publicado por el semanario católico Desde la fe. En el escrito, el prelado afirma que el país
carga una pesada y dolorosa cruz a causa del narcotráficoFoto María Luisa Severiano
esucristo, vivido como negocio y privilegios, ha producido ejemplos de frivolidad y perversión, como son el obispo de Tlalnepantla, Carlos Aguiar Retes, quien llegó a la catedral de su nueva diócesis a bordo de un auto deportivo convertible (un BMW que, según eso, le había facilitado el gobierno municipal panista), o el pecaminosamente antológico de Ecatepec, el ex corredor de bolsa Onésimo Cepeda, o el cardenal Norberto Rivera, exculpado jurídicamente, mediante argucias procesales y tráfico de poder, de las acusaciones de proteger pederastas, o el ídolo de ciertos segmentos de las clases medias y altas conservadoras, Marcial Maciel, diaria e irreparablemente derruido. Se han citado sólo algunos ejemplos recientes de frivolidad y perversión que resultan notables, por su escándalo público, pues sabido es que a lo largo de su historia la Iglesia católica ha producido una larga lista de especímenes nefastos coronados con presunta autoridad administrativa espiritual, y que en estos mismos momentos, sin tanta difusión como en el caso de los altos jefes, hay muchos sacerdotes involucrados en asuntos de homosexualidad, abuso de menores, alcoholismo, fraudes y robos (el inenarrable Onésimo fue acusado en octubre de 2008 por presunto fraude procesal en un asunto de 130 millones de dólares relacionado con una colección de arte).
La gran mayoría de esos jefes de la Iglesia de culto mayoritario en el país viven a la sombra de los poderes terrenos, particularmente asociados a quienes ejercen los mandos políticos. Así sucede que, ante la desgracia nacional en curso, esas figuras religiosas prefieren mantenerse en silencio o expresarse tibiamente en relación con abusos, lesiones, asesinatos y constantes violaciones a los derechos humanos que cometen los policías de todo el país y, ahora, los militares habilitados como agentes federales. No siempre ha sido así, ni todos son así. El Viernes Santo de 1981, el obispo de Cuernavaca, Sergio Méndez Arceo, emitió un decreto para excomulgar a quienes directamente o por encargo, o pudiendo evitarlo y no lo hicieran, participaran en actos de tortura. Decía don Sergio que era sumamente grave la tortura tanto física, síquica, como moral, sobre todo cuando se hace con todos los agravantes, pues la hace la autoridad puesta para proteger y promover todo lo que contribuye a la vida y dignidad de los ciudadanos; se hace con la fuerza y los medios que el mismo pueblo proporciona para su seguridad y respeto, y constituye una violación y traición a la confianza depositada por el pueblo en sus autoridades...
Hoy, 28 años después, en un México diariamente teñido de sangre arbitrariamente derramada, en el que cada hora son torturados mexicanos principalmente pobres, no hay voz de autoridad alguna de la Iglesia católica que sea capaz cuando menos de enfrentar con el expediente de la excomunión a esas máquinas de ilegítima violencia institucionalizada. Los señores obispos y cardenales (su gran mayoría) andan más ocupados en asistir a fiestas y comelitonas, en hacer caravanas a los políticos de moda y en cerrar negocios y cuidarse las espaldas mediante la complicidad silenciosa.
Otra excepción a esa regla vergonzosa es el obispo de Saltillo, Raúl Vera, quien ayer emitió un mensaje de Pascua en el que habla del actual combate a los cárteles de las drogas y la urgencia de extenderlo a los ámbitos económico y político. Existen los instrumentos internacionales para desmontar una de las estructuras del crimen organizado que no están siendo tocadas en la guerra contra el narcotráfico, su poderosa estructura económica
, señaló Vera. Luego mencionó que, dado que “la actuación de los cárteles en México ya está en el nivel de terrorismo”, es posible acogerse a puntos de la resolución 1373 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en los que se propone congelar sin dilación los fondos y demás activos financieros o recursos económicos
de las personas que cometan, o intenten cometer, actos de terrorismo o participen en ellos o faciliten su comisión, de las entidades de propiedad o bajo el control directo o indirecto de ellas, y de personas y entidades que actúen en nombre o asociadas a aquéllas.
Por otra parte, el ex obispo coadjutor de San Cristóbal de las Casas advirtió: La otra estructura que permite actuar con mucho poder y desarrollarse en el alto grado que ha llegado a tener en el país es el apoyo que recibe desde los círculos políticos. Para desmontar esto no existe otro camino que el trabajo de inteligencia que lleve a detectar a las personas que desde dentro de las estructuras del Estado mexicano están contribuyendo a la destrucción de México con su apoyo cómplice al narcotráfico. Se debe proceder a la destitución y a juzgarlas conforme a los crímenes que han estado cometiendo
. La solución de los problemas actuales no está en que “metan a la cárcel a unos cuantos miembros de los brazos armados del narcotráfico o en la caída de algunas cabezas de los cárteles”, pues si continúan con todo su dinero y cobijados en el poder de varios políticos seguirá creciendo su poder hasta que lleguemos a ver a México, en muy corto plazo, en la condición de Estado fallido, pues el crecimiento de la violencia que provoca el crimen organizado es exponencial
. Que así no sea....
Astillas
¿Qué hizo la administración calderonista después de que fue denunciado el intento de soborno electoral con fondos de la Lotería Nacional en Campeche? Aparte de sacar del escenario al director de esa caja chica, Miguel Ángel Jiménez (con la intención de que todo quede pronto en el olvido y la impunidad), redoblar significativamente su presencia en aquella entidad que le desea escriturar a la familia Mouriño. Insólitamente, en nueve días estuvieron allí los secretarios de Desarrollo Social y de Agricultura, expresamente ligados al clientelismo electoral, y el propio Felipe Calderón, quien ante los hechos denunciados por el Diario de Yucatán solamente ofreció el silencio y ciertas evasivas presuntamente humorísticas... ¡Hasta mañana!
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
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Clase Política
Estados en vigilia
Miguel Ángel Rivera
A dos días de que se anuncie dónde se ubicará la nueva refinería, los estados interesados en tener esa obra se mantienen en vigilia.
La lista, como desde el inicio, la encabezan Tabasco y Veracruz, que realizaron grandes esfuerzos por convencer de sus ventajas. En fechas recientes se ha intensificado la difusión de las bondades del puerto de Altamira, Tamaulipas, aunque también se asegura que a final de cuentas la decisión oficial podría inclinarse por un sitio en el altiplano, básicamente Tula, Hidalgo, o Salamanca, Guanajuato, pues no puede olvidarse que en este último gobierna el PAN, que tiene el poder federal.
Los defensores de Altamira destacan que es el puerto industrial más moderno de América Latina, que allí los costos serían mucho menores y que las obras se podrían comenzar de inmediato.
La cosecha
El coordinador de los diputados federales del PRI, Emilio Gamboa, se manifestó en favor de establecer un mecanismo fiscal para deducir de impuestos el pago de colegiaturas. Indicó que en momentos de crisis es conveniente apoyar a miles de padres de familia, pues el gobierno ha sido incapaz de garantizar la educación de la niñez. Recordó datos oficiales según los cuales unos 20 mil estudiantes han abandonado las escuelas privadas por no poder pagar colegiaturas…
Los futuros diputados del PRI en el Distrito Federal tendrán como uno de sus objetivos centrales generar acciones para reducir las grandes diferencias económicas entre los diferentes sectores sociales, aseguró el presidente del tricolor en esta capital, Jaime Aguilar Álvarez…
"En el gobierno de Chiapas, encabezado por Juan Sabines, rigen los principios de transparencia y rendición de cuentas claras, porque los chiapanecos exigen orden, legalidad y eficiencia de la administración pública", afirmó el secretario de la Función Pública, Samuel Toledo, al informar sobre el avance de la capacitación de funcionarios en acciones para evitar el uso político, electoral y/o partidista de los recursos públicos…
"Hablar de transparencia es referirse a una información clara para que el ciudadano, como parte importante de un gobierno, se entere y se involucre en el quehacer de sus gobernantes", expresó la presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública de Hidalgo, Flor de María López, luego de que 27 ayuntamientos firmaron un convenio de colaboración con la administración estatal para mejorar el contenido de sus páginas de Internet…
Impulsar una reforma migratoria que beneficie a 12 millones de mexicanos residentes en ese país demandó la bancada perredista en la Cámara de Diputados a unos días del inicio de la visita del presidente de Estados Unidos, Barack Obama…
El sindicato minero informó que todos los trabajadores del ramo con sede en Lázaro Cárdenas se unirán al bloqueo que inician hoy los miembros de la sección 271 en defensa de la libertad sindical…
riverapaz@prodigy.net.mx
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Dinero
El cachorro del imperio
Primera víctima de la guerra de las croquetas
Frida: tras la huella de su obra
Enrique Galván Ochoa
La última vez que los jefes de Estado del continente americano se reunieron fue en noviembre de 2005, en Mar del Plata, Argentina. Lo más espectacular: las trompadas verbales entre Vicente Fox y Hugo Chávez. Éste lo llamó cachorro del imperio, lo que enfureció al hoy ex presidente, con eso de que no lee periódicos entendió cacharro del imperio, y eso sí duele. Ensuciaba su hoja de servicios a la bandera de las barras y las estrellas, que había comenzado como ejecutivo cocacolero. Llamó la cancillería al embajador de Venezuela para que diera una explicación, y ya una vez que todo quedó claro, Fox se apaciguó porque no había sufrido demérito su orgullo: su papel de cachorro –no de cacharro– era reconocido. ¿Resultados de la cumbre? Han transcurrido casi cuatro años y pueden verse con precisión: cero. Este fin de semana el presidente Obama se reunirá en Puerto España con los jefes de los gobiernos americanos, algunos son nuevos. Podrá conocer personalmente a los que encabezan regímenes de la variopinta izquierda. También confirmará que su país tiene un muro de ultraderecha en su frontera sur para contrarrestar la influencia de los Evo, Castro, Chávez, Lugo, Correa, y hasta de las inofensivas Fernández y Bachelet. Ahora lo cuida el subcachorro.
Parte de guerra
La guerra de las croquetas que declaró el secretario de Economía, Ruiz Mateos, contra Estados Unidos, ya cobró una víctima… en Japón. Recordarán que el aguerrido funcionario abrió el fuego arancelario en respuesta al bloqueo a traileros mexicanos en autopistas americanas. Subió el impuesto a la importación de varios productos, entre ellos las croquetas para perros y los árboles de Navidad. Hasta ahora no se había registrado ninguna baja, pero ya uno de los disparos dio en el blanco: le pegó a la fábrica de salsa de soya Kikkoman. Venía exportando unas cajitas a nuestro país desde territorio estadunidense. Ahora falta que se extienda la conflagración hasta el Lejano Oriente.
e@Vox Populi
Asunto: outsourcing, los vicios
He estado leyendo lo que se ha venido comentando sobre el outsourcing en su columna. He laborado en diferentes empresas alrededor de 38 años (tengo 56) y me tocó ver cómo se fue migrando la situación laboral hacia el uso de personal externo. En principio pienso que la idea no es mala. Yo laboro en el área de computación y la contratación de externos nos aligeraba un poco la carga de trabajo. El problema se presenta porque las compañías externas desean hacer mucho dinero en poco tiempo. Esto implica contratar personal a muy bajo sueldo, con pocas (o ninguna) prestaciones y no siempre capacitado. Esto provoca una rotación excesiva. Como a las empresas no les interesa el ambiente interno de las outsourcing con que operan, no perciben este problema. A ellas les interesa el costo. Creo que por la situación económica del país (que ya dura muchos años, como bien lo ha documentado usted) para estas empresas la gente es fácilmente sustituible
Gustavo A. Lorita/Distrito Federal
R: Hay otro elemento importante: las empresas outsourcing también sirven para evadir pago de impuestos y para otras formas de corrupción.
Asunto: los fondos de pensión
Estimado Enrique: tu última aportación me dejó frío y me gustaría que me la confirmaras: "Ha sido tan escaso el apoyo a la gente que ni siquiera se ha permitido a los trabajadores que han perdido su empleo retirar un poco más de dinero de su cuenta de ahorros". Te lo comento porque desde fines de 2007 trabajo en el extranjero y mi salario se deposita en mi cuenta en México, y no quiero regresar para llevarme la sorpresa de que me aplicaron el corralito.
José A. Muñoz Calvo/Kuwait
R: Tal vez debí ser más preciso, pensando en personas como tú que siguen esta sección desde el extranjero: me referí exclusivamente al fondo de ahorro para la vejez que manejan las afores.
Asunto: Frida, el registro de su obra
Me refiero a tu comentario publicado el pasado jueves 9, con el título "Frida Kahlo sigue pintando". Me parece por demás fuera de lugar el comentario de alguien tan inepto como Carlos Phillips Olmedo, quien es director de los museos que mencionas, no por conocimientos o aptitudes en la materia, sino como una herencia de su madre, la señora Dolores Olmedo. No tiene Phillips Olmedo trayectoria alguna como investigador, ni publicaciones que lo respalden, en la obra de Frida Kahlo, y es por demás alarmante que mencione que en uno de esos museos se esté llevando a cabo un registro de la obra de la pintora, porque de inmediato surge una duda: ¿quién está avalando ese registro? La labor le corresponde al Instituto Nacional de Bellas Artes y así lo establecen tanto el decreto presidencial que convirtió su producción pictórica en patrimonio artístico de la nación, como los artículos correspondientes de la Ley Federal de Zonas y Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos, de 1972, en los que se fija, también, que el INBA es la única entidad con el respaldo legal para llevar a cabo la labor de certificar la autenticidad de las obras de esta autora. ¿Cuál es el interés de Phillips Olmedo por erigirse en un "experto" que no es? Mucho hay que rascarle al respecto, pero el fondo es único: el interés comercial debido a los altos precios que alcanzan las obras de la pintora a nivel internacional. Como investigador en el Instituto Nacional de Bellas Artes, con una trayectoria de más de 30 años, me precio de saber de lo que estoy hablando y sería interesante abrir un espacio en el foro para convocar a diversas voces a que se expresen al respecto.
Rafael C. Arvea/Distrito Federal
galvanochoa@yahoo.com • Foro: http://dinero.tv/
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Autor: Yenise Tinoco
Al término de la revisión de la cuenta pública 2007, la ASF interpuso una denuncia penal ante la PGR contra el jefe de la Unidad Jurídica de la Delegación Norte del ISSSTE por omitir responder una demanda laboral que costó al instituto más de 8 millones de pesos. Además, la Auditoría Superior encontró “baja eficiencia” en los litigios laborales; presentación de información no confiable, así como desfalcos por 600 mil pesos en el nosocomio Ignacio Zaragoza
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República en contra del jefe de la Unidad Jurídica de la Delegación Zona Norte del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). En la revisión de la cuenta pública 2007, se observó que el funcionario omitió dar respuesta al juicio laboral 292/2007, interpuesto por el exsubdirector general de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales.
El jefe de la Unidad Jurídica no compareció en la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones; ofrecimiento y admisión de pruebas, lo que ocasionó un supuesto daño al patrimonio del instituto por 8 millones 577 mil 500 pesos.
El 30 de diciembre de 1959, durante la administración de Adolfo López Mateos, se publicó el decreto por el que se creó el ISSSTE. El objetivo: “Contribuir a satisfacer niveles de bienestar integral de los trabajadores al servicio del Estado, pensionados, jubilados y familiares derechohabientes, con el otorgamiento eficaz y eficiente de los seguros, prestaciones y servicios, con atención esmerada, respeto, calidad y cumpliendo siempre con los valores institucionales de honestidad, legalidad y transparencia”, se lee en el portal electrónico de la dependencia.
En la revisión de 261 expedientes, la auditoría detectó deficiencias en tres juicios en la defensa de los intereses jurídicos del ISSSTE en materia laboral. En el expediente 292/2007 –tramitado ante la Junta Especial número 10 de la Federal de Conciliación y Arbitraje y turnado para su atención al jefe de la Unidad Jurídica de la Delegación Regional Zona Norte, mediante el oficio 600.602.3/968/07 del 30 de abril de 2007– no se compareció a la audiencia celebrada el 6 de junio de 2007, por lo que la demanda del trabajador se dio por contestada en sentido afirmativo.
La Subdirección de lo Contencioso de la Subdirección General Jurídica del ISSSTE atrajo la atención de dicho juicio.
El 3 de julio de 2007 la dependencia promovió un incidente de nulidad de actuaciones, el cual fue desechado por extemporáneo. El 18 de octubre de 2007, la junta dictó laudo desfavorable al instituto en el que se le condenó a la reinstalación del trabajador y al pago de los salarios caídos y demás prestaciones reclamadas.
El 20 de noviembre de 2007, el instituto interpuso amparo contra el laudo y solicitó la suspensión de su ejecución, en cuanto que la dependencia se niega a la reinstalación; pero se concede respecto de la liquidación.
El recurso fue resuelto en sentido desfavorable a los intereses del ISSSTE.
El 26 de septiembre de 2008 se pagaron al extrabajador 6 millones 124 mil 800 pesos y se le expidieron y entregaron constancias de retención por la cantidad de 2 millones 452 mil 700 pesos, en cumplimiento del convenio celebrado el 2 de septiembre de 2008.
Contralínea solicitó conocer la posición del ISSSTE a través de la Jefatura del Departamento de Publicidad Institucional, adscrita a la Dirección General de Comunicación Social, cuyo titular es Ramón García, sin que al cierre de esta edición se tuviera respuesta.
Robo hormiga
En la revisión de los Inventarios de Productos Farmacéuticos y de Laboratorio, la Auditoría Superior de la Federación observó que al menos en 95 claves de medicamentos hubo una sobreinversión de 1 mil 358 millones 659 mil pesos. Las subdirecciones de Almacenes y de Infraestructura informaron que el 15 de octubre de 2007 se recibió una ampliación a su presupuesto en el capítulo 2000 “Materiales y suministros” por 3 mil 499 millones 100 mil pesos, que fueron utilizados para cumplir con los compromisos presidenciales emanados de la reforma a la Ley del ISSSTE y asegurar el suministro.
González Aragón
La auditoría presume un probable daño patrimonial por 156 mil 324 pesos, al observar que el 10 de noviembre de 2007 se registró la salida de siete piezas de la clave 5423, por 132 mil 512 pesos, y dos piezas de la clave 4415, por 23 mil 812 pesos, sin que la farmacia del hospital Ignacio Zaragoza proporcionara la documentación que acredite la entrega del medicamento a los derechohabientes o la utilización para la operación del propio nosocomio.
Asimismo, con la revisión de 208 recetas y 95 solicitudes de medicamentos para pacientes hospitalizados y servicios auxiliares del citado hospital, la ASF observó un probable desfalco a las arcas públicas por 267 mil 515 pesos, ya que no se comprobó, con las recetas médicas correspondientes, la entrega de los medicamentos a los derechohabientes ni su utilización interna.
Con la revisión del inventario físico anual de medicamentos de la farmacia del nosocomio Ignacio Zaragoza, la Auditoría Superior detectó un probable daño patrimonial por 260 mil 443 pesos, debido a que la primera no aclaró las diferencias de 4 mil 351 piezas menos.
Laudos desfavorables
Con objeto de verificar las acciones realizadas por las áreas contenciosas responsables de la defensa de los intereses del ISSSTE en materia laboral, la ASF revisó una muestra de 261 expedientes (3.2 por ciento) de un universo de 8 mil 51 juicios activos en el año de análisis. En éste se encontró que la dependencia sólo obtuvo resultados favorables en el 32.9 por ciento de los litigios concluidos con laudos, es decir, en 27 de los 82 juicios concluidos con laudos, por lo que representan una eficiencia baja.
De los 148 juicios concluidos, en 2007 se efectuaron pagos de 74 juicios por 38 millones 151 mil pesos, de los cuales 55 (74.3 por ciento) fueron con laudo desfavorable al ISSSTE y significaron una erogación de 22 millones 886 mil pesos; en 16 se concluyó por convenio, por 7 millones 744 mil pesos; y tres más por incidente de insumisión al arbitraje, por 7 millones 520 mil pesos.
La ASF observó que, de nueve juicios con laudo desfavorable al instituto, en cinco (55.6 por ciento) el laudo fue contrario porque los peritos terceros en discordia dictaminaron a favor del actor; en dos (22.2 por ciento), por la falta de documentación en tiempo para preparar la defensa adecuada; en uno (11.1 por ciento) no se acreditó que el actor era trabajador de confianza; en otro más (11.1 por ciento), la entidad no probó haber cumplido el procedimiento establecido para cesarlo.
Con la revisión de los 261 expedientes en materia laboral se encontraron 11 tipos de deficiencias en la integración de los expedientes, falta de constancias de las actuaciones en los recursos, en los laudos dictados no se permite conocer el estado procesal de los juicios; no hay control en el manejo de los expedientes y dificultan dar un adecuado seguimiento al desarrollo de los litigios.
Sin control
La auditoría señala que la Subdirección General Jurídica es la encargada de dar atención y seguimiento a los asuntos legales y administrativos del ISSSTE, que tendría que ver con la atención de los juicios. Durante 2007, la dependencia dio seguimiento a 20 mil 683 juicios en materia laboral, fiscal, civil, de amparos y causas penales.
La ASF observó que el ISSSTE programó metas generales sobre algunas de las actividades que realiza, pero no cuenta con indicadores de desempeño cuantitativos o cualitativos, estratégicos ni de gestión que permitan medir el cumplimiento, la eficacia, calidad, atención y seguimiento de los juicios relacionados con la defensa y representación en las controversias laborales y de pensiones.
Además, no midió los resultados obtenidos en la conclusión de los juicios, cuántos fueron ganados o perdidos; el impacto de los resultados en los recursos presupuestales autorizados por los pagos de laudos o resoluciones pensionarias desfavorables o los ahorros obtenidos ante las sentencias en litigios pensionarios favorables.
La auditoría constató que el ISSSTE no cuenta con un sistema de control, verificación y actualización de los juicios laborales en que interviene y no tiene establecidos mecanismos que le permitan tener información veraz, confiable y oportuna respecto del número de litigios en trámite, iniciados y concluidos; el estado procesal que guardan éstos, así como las acciones realizadas por la entidad fiscalizada para atender y dar seguimiento a cada uno de ellos.
Para la ASF, los datos contenidos en los informes trimestrales rendidos al Comité de Control y Auditoría no son confiables ni hay congruencia entre las cifras reportadas, toda vez que de las 36 unidades jurídicas de todo el país sólo 15 (41.7 por ciento) presentan información consistente, es decir, en función del total de juicios concluidos desagregan el número de litigio con resolución favorable y desfavorable a los intereses de la entidad fiscalizada.
También se determinó que la dependencia no cuenta con el diseño y programación de un sistema informático a nivel nacional para el seguimiento y registro de los juicios en materia laboral con el que se le pueda dar un seguimiento oportuno y puntual a cada uno de los juicios en los que interviene. Carece de un sistema único de control en el que se registre toda la información relacionada con los litigios y amparos, lo que imposibilita contar con información que coadyuve a la toma de decisiones y a la evaluación de las actividades realizadas.
El costo
En 2007, el ISSSTE no contó con indicadores para evaluar el costo operativo de los litigios laborales; por ello, la Auditoría Superior procedió a estimar el costo de éstos. Se consideró el sueldo obtenido en el año por los 96 servidores públicos responsables de la atención de los juicios en las unidades jurídicas y en oficinas centrales; sin embargo, éstos son sólo parte de los recursos ejercidos toda vez que además se tendrían que considerar las prestaciones que perciben y otros gastos efectuados como: fotocopiado, pago de correos, telefonía, papelería, útiles de oficina, consumibles para equipo de cómputo, entre otros.
La ASF determinó un salario mensual total de 1 millón 659 mil pesos para los 96 funcionarios, lo que anualmente se traduce en 19 millones 909 mil pesos, que divididos entre los 8 mil 51 juicios laborales que estuvieron en trámite en el año se obtiene un costo promedio por demanda de 2 mil 500 pesos.
Además, si se consideran los 145 millones 566 mil pesos determinados por la Auditoría Superior como pagados con cargo a los juicios laborales entre los 8 mil 51 litigios, se alcanzarían los 18 mil 100 pesos, que sumados a los 2 mil 500 pesos darían un costo promedio total por caso de 20 mil 600 mil pesos.
Pensiones
La ASF determinó que durante el periodo de revisión, el ISSSTE tenía en trámite 19 mil 500 juicios en materia de pensiones. En la auditoría se observó que la dependencia no cuenta con un sistema de control, verificación y actualización de los litigios en que interviene y no tiene establecidos mecanismos que le permitan tener información veraz, confiable y oportuna respecto del número de juicios en trámite, iniciados y concluidos; el estado procesal que guardan éstos, así como las acciones realizadas para atender y dar seguimiento a cada uno de ellos.
Con la revisión de 82 expedientes en materia de pensiones, se observaron inconsistencias en la integración de éstos; falta de control en el archivo de los casos relacionados con los juicios en materia de pensiones, al no identificar debidamente los recursos por lo que se refiere a la carátula e identificación de los mismos; no cuentan con constancias documentales de las actuaciones; no permiten conocer el estado procesal de los litigios; no existe control de los documentos, y dificultan el seguimiento adecuado de las demandas.
La auditoría precisó que de los 691 servidores públicos adscritos a las áreas jurídicas, sólo 96 (13.9 por ciento) fueron los responsables de atender los juicios laborales. Además, de éstos al menos 54 de los 96 funcionarios ocuparon puestos administrativos no comprendidos en el Catálogo institucional de puestos del ISSSTE, vigente en 2007, ni en los profesiogramas del mismo. En la revisión se constató que en 10 casos la entidad fiscalizada no proporcionó información del puesto administrativo que ocupaban.
La ASF determinó que no existe una adecuada asignación de las plazas administrativas de los servidores públicos responsables de la atención de los juicios laborales y que con la información proporcionada no fue factible evaluar en su totalidad el cumplimiento del perfil profesional establecido en los profesiogramas.
Además, se señala que, durante el año de análisis, los funcionarios responsables de la atención de los juicios laborales y de pensiones, adscritos a las áreas contenciosas, no recibieron capacitación en las materias relacionadas con el desempeño de sus funciones.
Carga de trabajo
La Auditoría Superior observó que de los 96 servidores públicos responsables de la atención de los juicios laborales, 92 fueron los que atendieron directamente las demandas, ya que para efectos de la distribución de las cargas de trabajo no fueron considerados el subdirector, el jefe de servicios y los dos jefes de departamento. Ante lo cual, se concluyó que no existe una adecuada ni equitativa distribución de las cargas de trabajo entre los abogados responsables de la defensa del interés jurídico institucional en materia laboral.
El ISSSTE no proporcionó información del número de juicios atendidos por funcionario. Sin embargo, si se toman en consideración los 19 mil 509 juicios determinados por la ASF que se encontraban en trámite al 31 de diciembre de 2007, dividido entre los 14 servidores públicos responsables de la atención de juicios fiscales en materia de pensiones, se obtiene que, en promedio, cada servidor público atiende 1 mil 950 litigios anualmente.
La auditoría reporta que la entidad fiscalizada proporcionó la Relación de cantidades pagadas en cumplimiento de sentencias, enero-diciembre 2007, en la que se reportó que en el año de análisis se pagaron 205 millones 515 mil pesos en juicios de pensiones con sentencia firme; entre los 23 que se concluyeron, el costo sería de 8 millones 935 mil pesos.
Inventario de bienes muebles
De acuerdo con la integración de las cuentas de equipo médico, de comunicaciones y cómputo, entregadas por la Subdirección de Contaduría, comparadas con las cifras presentadas en los Estados Financieros Dictaminados, las primeras presentan una diferencia de 25 millones 678 mil pesos.
Al respecto, mediante el oficio 120.123/004583/2008/8, la Subdirección de Contaduría informó que a la diferencia determinada se debe incluir el importe de la cuenta número 140-52-07 “Equipo médico registrado en otros bienes”, así como la cuenta 148-59-91 “Remesas de bienes de inversión” (que corresponden al equipo médico); sin embargo, el monto que se presenta en la balanza de comprobación de la primera cuenta es por 132 millones 589 mil pesos, y en la segunda es por 32 millones 495 mil pesos, sin que se identifique el monto que le corresponde al equipo médico, ya que señala un importe global.
Además, con el análisis de la base de datos institucional del Inventario de Bienes Muebles Inventariables, proporcionada por el Departamento de Control de Bienes Muebles, se observó que existen deficiencias en el control respecto de la ubicación del área administrativa o médica en el que se tienen asignados los bienes, ya que de los 9 mil 203 equipos médicos que se adquirieron en 2007, por un importe de 1 mil 72 millones 243 mil pesos, 2 mil 421 bienes, por 142 millones 967 mil, se tienen registrados en el Almacén Regional Centro; sin embargo, la verificación física comprobó que únicamente se tienen en ese almacén 142 bienes por 9 millones 150 mil pesos.
La auditoría corroboró que, al 31 de octubre de 2008, en el Almacén Regional Centro existían 142 equipos médicos por un monto de 9 millones 150 mil pesos, que fueron adquiridos en el ejercicio 2007 y que ingresaron en ese almacén en los meses de noviembre y diciembre del citado año, es decir, que tienen entre 11 y 12 meses sin utilizarse, por lo que no se refleja la necesidad de su adquisición.
También se constató que en la base de datos institucional de bienes inventariables se tienen encargados al Almacén Regional Centro 4 mil 17 equipos médicos, por 34 millones 141 mil pesos, y 4 mil 948 equipos de cómputo, por 43 millones 176 mil pesos, que fueron adquiridos en el periodo 2000-2006, sin que se tenga identificada la unidad médica o administrativa en donde están asignados.
Para verificar que los bienes se utilizan por las unidades médicas, la ASF realizó un inventario físico en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, del 24 al 26 de noviembre de 2008, de 62 equipos, por un valor de 295 millones 288 mil pesos. Todos los equipos fueron localizados, sin embargo, algunos de éstos no están en uso después de 11 meses de su adquisición.
En la revisión se observó un equipo (pletismógrafo), por un monto de 1 millón 817 mil pesos, que no es utilizado por falta de insumos y consumibles y de la instalación de tomas de oxígeno y aspirador; un acelerador lineal de baja energía, de 51 millones 993 mil pesos, que se encuentra en pruebas de funcionamiento y está en espera de la autorización de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias.
En la misma situación se encuentra un electronistagmógrafo, de 804 mil pesos, porque el personal está en capacitación para su operación; dos cortadores de cuchillas y ultramicrótomo modelo PTXL, de 819 mil pesos, que no se utilizan porque no se cuenta con equipo complementario; un aspirador ultrasónico, de 2 millones 333 mil pesos, que presentó fallas durante el procedimiento efectuado en una paciente. Éste fue revisado por el proveedor y empezaría a funcionar a mediados de diciembre de 2008; no obstante, el informe de la ASF no indica cuál es su situación actual.
En la revisión de la cuenta pública 2007, la ASF auditó los donativos entregados por parte de la dependencia al Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE (SNTISSSTE), que ascendieron a 10 millones de pesos.
El donativo se empleó para comprar un camión Volkswagen 2007 con capacidad para 44 pasajeros, con un valor de 987 mil pesos; una camioneta cargo van Chevrolet 2007, de 241 mil pesos, y otra modelo Tahoe, también 2007, importada, para siete personas, por 444 mil pesos. La Auditoría Superior destaca que “no quedan claros” los beneficios que obtuvieron los agremiados con la adquisición de estos vehículos.
Además, se culminó la segunda etapa del centro social, cultural y deportivo del SNTISSSTE, por un importe de 3 millones 500 mil pesos; pero no se contó con un proyecto de la ejecución, avance y conclusión de esta obra. Sin embargo, la ASF concluyó que no fue posible evaluar el impacto directo del donativo porque la dependencia no cuenta con el mecanismo adecuado para ello. (YT)
Cápsulas de memoria
Información, no sopa de letras
Chistes de Calderón y SG
esulta saludable que de vez en vez instituciones como la Auditoría Superior de la Federación repartan documentadas cápsulas de memoria para que los mexicanos no olviden qué tipo de bichos los gobiernan
, representan
, trabajan por ellos
y cuidan sus intereses
. La más reciente de ellas, publicada por La Jornada el pasado sábado, dice así: con Fox, los peores resultados económicos en 18 años; crecimiento promedio de 2.3 por ciento, pese a contar con fondos extraordinarios sin precedente; serios retrocesos en generación de empleo, competitividad, apoyo al agro y deuda pública; en el sector energético, mayor dependencia del exterior y cada vez más endeudamiento
.
Ese es el resultado concreto del gobierno
foxista y de la democracia
panista (de, para y por los empresarios
, según renovada definición del término, creación del propio presidente del cambio
). La nota de La Jornada, firmada por Roberto Garduño, redondea: “la Cámara de Diputados recibió el dictamen con las conclusiones de la fiscalización de la Cuenta Pública de 2006, último año de gobierno de Vicente Fox –que será debatida en el pleno la semana próxima–, en el cual se establece que en dicho periodo los ingresos adicionales de que dispuso la administración panista ascendieron a 310 mil millones de pesos y el crecimiento del producto interno bruto fue de sólo 2.3 por ciento al año. Ese hecho significó que el foxismo arrojó en los principales sectores productivos del país los peores resultados en el ejercicio de recursos. La economía mexicana creció entre 2000 y 2006 a un ritmo de 2.3 por ciento, mientras con Carlos Salinas a 3.9 en promedio al año y con Ernesto Zedillo a 3.5, a pesar de la crisis en 1994-1995” (de 0.34 por ciento con Miguel de la Madrid y de 0.9 por ciento en los primeros cuatro años de Calderón, según sus propias estimaciones, catarrito
incluido, añade México SA).
Qué bueno que distribuya esas documentadas cápsulas de memoria, sobre todo ahora que los desmemoriados mexicanos, televisión de por medio, están a punto de elegir
a los futuros diputados federales (más algunas gubernaturas, congresos estatales, ayuntamientos, presidencias municipales y jefaturas delegacionales, en el caso del Distrito Federal), cuyas candidaturas fueron democráticamente
impuestas a los ciudadanos por los mismos partidos políticos que ellos financian.
Sin embargo, tales cápsulas deberían ser permanentes y con mayor contexto (ser de amplio espectro, como algunos bactericidas), con el fin de evitar que en el futuro mediato e inmediato, los que supuestamente deciden cometan el error (repetido a lo largo de las últimas nueve elecciones, intermedias y federales), es decir optar
por los mismos fulanos, o sus hijos, que en las tres décadas inmediatas han hundido al país, pero que cada que hay comicios aseguran que ellos son los únicos capaces
de sacarlo del hoyo, para hundirlo más en los hechos.
Por ejemplo, las multicitadas cápsulas deberían incluir el exitoso historial de las pasadas cuatro administraciones gubernamentales (de Miguel de la Madrid a Fox), sobre todo en materia económica y de beneficios sociales, y llevar puntual registro de los logros
del gobierno en turno (Calderón). Así, los ciudadanos tendrían un sólido punto de referencia, no para saber quién ha sido el mejor, sino para constatar quién ha sido el peor. Así, con dicha contextualización lo primero que saldría a relucir es que en lo económico y en lo social el país ha caído en rigurosa picada, de más a menos, o si se prefiere como en conteo de nocaut (¡…4, 3, 2, 1, 0… fuera!). En sentido contrario, podrían tener a la mano cómo se ha ido incrementando el cada día más costoso aparato electoral, financiado por los mexicanos, que va desde el mayordomo de las televisoras, el IFE, a las mafias políticas, sin olvidar esos jugosos negocios familiares y tribales pomposamente llamados partidos políticos.
Ese es el tipo de información (sólida, documentada) que debería fluir y difundirse amplia y permanentemente en cada proceso electoral para que, a falta de memoria, los ciudadanos tuvieran herramientas con qué decidir su voto, o de plano abstenerse como única forma real de protesta y hartazgo que la ley en la materia permite a los electores, es decir, a quienes pagan la fiesta y el negocio. Ese es el tipo, no las sopas de letras, los reality shows organizados por la fábrica de sueños, ni el indiscriminado bombardeo de propaganda hueca.
Eso es: información, no propaganda, aunque de ser así el país corre el riesgo de verse en la penosa necesidad de ejercer la democracia.
Las rebanadas del pastel
Y mientras la Secretaría de Gobernación se dedica a los chistes (es absolutamente falso que el primer mandatario haya efectuado acciones de activismo político a favor de algún partido (PAN) o candidato (panista); siempre se ha conducido con respeto irrestricto al clima democrático de equidad, transparencia y legalidad del proceso electoral
), y algunos lectores recuerdan el que Felipe Calderón contaba en su campaña de 2006 (lo que los mexicanos queremos es progresar en paz, ¡y yo sé cómo!: con empleos y no con deudas; con inversiones y no con crisis económicas; por eso voy a ser el presidente del empleo
), van más denuncias sobre el problema del agua: “somos un grupo de vecinos de Tecámac, estado de México, afectados por la sobre explotación del acuífero Cuautitlán-Pachuca. Sabemos que el proyecto denominado Ciudad Bicentenario implica la creación de un millón de viviendas en nuestro municipio, lo que nos parece un proyecto sin sustentabilidad, debido sobre todo a la falta de políticas hídricas que permitan la debida recarga de los mantos freáticos. Sabemos de la existencia de un decreto de veda de fecha 21 de julio de 1954 y publicado el 19 de agosto de 1954 que prohíbe expresamente otorgar más concesiones para perforar pozos, y que tristemente se lo pasan por el arco del triunfo. Contamos también con un informe denominado Determinación de la disponibilidad de agua en el acuífero Cuautitlán-Pachuca, estados de México e Hidalgo de la Comisión Nacional del Agua, de fecha 30 de abril de 2002, cuya conclusión dice textualmente: ‘la cifra indica que no existe volumen disponible para nuevas concesiones en la unidad hidrogeológica denominada Acuífero Cuautitlán-Pachuca, estado de México e Hidalgo’. Por la defensa del agua, la tierra y el lugar donde vivimos” (Mateo Martínez Urbina, Ricardo Ovando Ramírez y Juan Carlos Garcés Rojas, garcesjc@hotmail.com).
YUNQUELAND ROMPIENDO EL CERCO INFORMATIVO.
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Autor: Nancy Flores 
El esquema empresarial que Pemex mantiene en el extranjero le permite tener sociedades instrumentales en paraísos fiscales, evadir impuestos y reportar pérdidas millonarias, revela la Auditoría Superior de la Federación. El auditor González de Aragón declara que la paraestatal busca “extinguir” 25 compañías “privadas” de su propiedad y reestructurar otras 20 inversiones en sociedades anónimas, que implican recursos públicos por más de 70 mil millones de pesos
La administración de Jesús Reyes Heroles en Petróleos Mexicanos (Pemex) busca extinguir 25 empresas “privadas” constituidas con recursos públicos y reestructurar inversiones accionarias en otras 20 compañías –entre ellas la participación en la trasnacional Repsol YPF–, indica el auditor superior de la federación, Arturo González de Aragón.
Dicho esquema, creado desde finales de la década de 1980 y aún vigente, permite a la paraestatal evadir impuestos, reportar pérdidas y mantener inversiones accionarias al margen de la ley mexicana por más de 70 mil millones de pesos, revela información de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y de la propia paraestatal.
Se trata de 45 inversiones en acciones de empresas privadas, confirma el Informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública 2007 –entregado por la ASF a la Cámara de Diputados el pasado 12 de marzo– y las relaciones de inversión que Contralínea obtuvo por medio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Estas participaciones de la petrolera del Estado y de sus subsidiarias –Pemex Exploración y Producción, Pemex Refinación y Pemex Gas y Petroquímica Básica– se mantienen en cinco monedas: peso mexicano, dólar estadunidense, euro, franco suizo y libra esterlina.
Las empresas
Aunque no son consideradas paraestatales, de las 45 empresas privadas, 25 son propiedad directa o indirecta de Pemex; de éstas, 20 operan sin empleados ni oficinas y reciben servicios administrativos, comerciales y “otros” por “partes relacionadas”; 12 de ellas están radicadas en el extranjero, en territorios considerados paraísos fiscales, y tienen carácter de international bussines corporation (sociedades instrumentales o fantasmas), según se desprende de los datos que proporcionó la paraestatal a la ASF el 18 de diciembre de 2008.
Entonces, la Gerencia de Control de Gestión de Pemex Corporativo indicó que, por su naturaleza, algunas de las empresas son “sociedades unimembres y meramente instrumentales”. A éstas, las describió con características jurídicas que les permiten carecer de personal y de oficinas establecidas.
Respecto de su no paraestatalidad, la gerencia encabezada por Hilda Guadalupe Delgado Anzaldua precisó: “Las empresas no fueron creadas con el objeto de auxiliar al Ejecutivo en el desarrollo de las áreas prioritarias a que se refiere el artículo 30 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, en relación con el artículo 6 del propio ordenamiento, pues la mera tenencia de acciones no podría calificarse como área prioritaria del desarrollo nacional”.
En el oficio DCO-GCG-5226/08 citado por el informe de la ASF, también justificó que, “como parte de su estrategia comercial y de negocios, Petróleos Mexicanos ha constituido diversas empresas filiales no paraestatales que realizan en forma preponderante actividades comerciales. Las filiales constituidas en el extranjero adoptan la figura de la legislación del lugar donde se constituyen. Son personas morales de derecho privado extranjero y, por ende, no están sujetas a las disposiciones legales nacionales”.
Omitió decir que hasta antes de 1988, año en que comenzó la estructuración de este esquema empresarial “privado”, Pemex contaba con oficinas de representación en Londres, Inglaterra; Madrid, España; Nueva York y Houston, Estados Unidos. Éstas dependían de la entonces Coordinación Ejecutiva de Comercio Internacional de la paraestatal, que actuaba como enlace con clientes y proveedores de petróleo crudo y derivados del energético.
Las ciudades donde se tenían oficinas de representación son ahora las sedes de las empresas “privadas” de Pemex, junto con entidades que destacan por su laxitud fiscal: Islas Caimán, Las Bahamas, Países Bajos, Luxemburgo, Irlanda, Suiza y Delaware (Estados Unidos).
El máximo órgano de fiscalización indica en su informe que la paraestatal también mantiene vigentes cinco vehículos financieros, tres de ellos radicados en paraísos fiscales. A pesar de que éstos contratan deuda en nombre de Pemex, dos no son de su propiedad: Pemex Finance, Ltd (Islas Caimán), y Fideicomiso F/163 (México); mientras que otro –RepCon Lux, Luxemburgo– fue creado en sociedad con una tenedora de acciones luxemburguesa de nombre TMF Corporate Services.
Supuesta evasión de impuestos
El esquema empresarial que Pemex busca extinguir le habría permitido evadir impuestos, descubre la propia comunicación de la Gerencia de Control de Gestión, citada por el informe de la ASF.
“La autorización [otorgada en la década de 1990 por la entonces Secretaría de Programación y Presupuesto] para que Pemex aportara recursos para la constitución de esas empresas se dio atendiendo a la necesidad de que Pemex adquiriera acciones en sociedades extranjeras y así contar con un mercado asegurado para su petróleo crudo, sin la excesiva carga fiscal que implicaría su participación directa (sic).” Dicha declaración tiene como contexto la lista de argumentos que la paraestatal dio a la Secretaría de Programación y Presupuesto, para que ésta autorizara las inversiones. Como lo ha documentado Contralínea (número 122), dichas autorizaciones involucraron a los expresidentes de México Miguel de la Madrid, Carlos Salinas y Ernesto Zedillo.
A pesar del argumento relacionado con la excesiva carga fiscal, en tres años, Pemex erogó a nombre de sus “subsidiarias privadas” 13 mil 729 millones de pesos por impuestos en el extranjero, monto que equivale a la construcción de al menos una refinería.
En el Reporte anual que se presenta de acuerdo con las disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y otros participantes del mercado para el año terminado el 31 de diciembre de 2007, la paraestatal admite que “cuenta con un número de compañías subsidiarias extranjeras que pueden estar sujetas a gravámenes en la jurisdicción de su residencia”.
Sin aclarar cuáles son las empresas que pagan cargas impositivas y cuáles no, asegura que “los impuestos pagados por las compañías subsidiarias sumaron 6 mil 53 millones de pesos en 2005, 4 mil 274 millones en 2006 y 3 mil 402 millones en 2007”.
Pérdidas financieras evitan reportar ganancias
La auditoría identificada con el número 07-1-18T4I2-02-0244, que tuvo por objetivo fiscalizar la gestión de la inversión accionaria de Pemex en México y en el extranjero, también descubre que algunas empresas reportan pérdidas millonarias para evitar dar ganancias a la paraestatal.
Tal es el caso de PMI Holdings Petróleos España, SL, que en 2007 tuvo dividendos a cuenta de utilidades por 424 mil 600 euros. La ASF indica que “se observó que el importe de dividendos decretados a cuenta de utilidades de 2006 es el mismo que se decretó en 2007; sin embargo, los estados financieros de 2006 reportaron una pérdida de 331.5 miles de euros, por lo que se determinó la devolución del dividendo pagado”.
Agrega que “en el acuerdo quinto del acta de la junta general ordinaria y universal de socios se autorizó un anticipo de dividendo para el ejercicio 2007 por 424.6 mil euros, que al tipo cambio de 15.8766 para el cierre contable al 31 de diciembre de 2007 equivalen a 6 millones 741 mil pesos, debido a que la empresa presentó exceso de liquidez”.
Otro ejemplo es la refinería Deer Park, constituida en sociedad entre PMI Norteamérica, SA de CV –una de las 20 empresas privadas de Pemex–, y la trasnacional Shell. De acuerdo con el informe, Pemex no ha recibido dividendos en 2006 y 2007, pese a que en el papel las propietarias sí han reportado ganancias por 9 mil 214 millones 900 mil pesos.
Ello porque –según justificó la paraestatal ante la ASF– en 2007 PMI Norteamérica pagó 2 mil 300 millones de pesos de impuestos federales y estatales a Estados Unidos; más de 1 mil 200 millones de pesos quedaron invertidos como capital de trabajo en esa “filial” privada, y otros 63 millones 100 mil pesos supuestamente se utilizaron para pagar impuestos en México. La Auditoría Superior de la Federación acusa que Pemex “no proporcionó evidencia documental al respecto”.
“Extinción” de empresas
En breve, el Consejo de Administración de Pemex –presidido por la secretaria de Energía, Georgina Kessel– podría autorizar la extinción de las 25 empresas “privadas” que posee Pemex.
Al finalizar su comparecencia ante la Cámara de Diputados, el pasado 12 de marzo, el auditor superior Arturo González de Aragón aseguró: “Pemex ya inició un camino para empezar a liquidar este tipo de empresas”.
Agregó que la paraestatal “tiene una estrategia, que ya nos fue presentada, para transparentar todas aquellas (empresas en las) que tiene responsabilidad, de acuerdo con la ley que le aplica”.
Respecto de las inversiones minoritarias –como la participación del 4.9 por ciento en el capital de la trasnacional Repsol YPF, que involucra recursos públicos por 1 mil 459 millones 982 mil 964 euros (27 mil 447 millones 679 mil 723 pesos)–, el auditor señaló que Pemex “está haciendo una propuesta con el fin de asumir una política de carácter corporativo que le dé la máxima transparencia posible a este tipo de inversiones que tiene a través de empresas subsidiarias”.
González de Aragón justificó las acciones de la petrolera del Estado: “Yo diría que hay un beneficio: ya cuando menos se creó conciencia del problema y Petróleos Mexicanos está intentando, a través de ciertas propuestas, resolver este asunto.
Obviamente tiene que pasar por sus instancias de gobierno (el Consejo de Administración) y que éstas le aprueben esta política en relación con sus inversiones que tiene en las subsidiarias”.
No obstante, en su dictamen concluye que “cumplió con las disposiciones normativas aplicables a las empresas filiales de Pemex respecto de las operaciones examinadas”.
De inmediato acota que el cumplimiento se dio con excepción del “régimen legal que corresponde a las empresas filiales en las que Pemex tiene una participación mayoritaria directa y/o indirecta, denominadas como ‘no paraestatales’, (pues) no se sujeta a los esquemas de control, fiscalización, transparencia, acceso a la información pública y rendición de cuentas a la Cámara de Diputados”.
También observa que “Pemex carece de un adecuado sistema de control de gestión que administre las inversiones accionarias que tienen el Corporativo, los organismos subsidiarios y las empresas filiales; no tiene establecida una política de dividendos; y no reveló el monto de la inversión de Repsol YPF, SA, por 1 mil 459 millones 982.9 mil euros”.
Para la elaboración de este trabajo se solicitó una entrevista con Jesús Reyes Heroles. Hasta el cierre de edición no hubo respuesta.
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YUNQUELAND ROMPIENDO EL CERCO INFORMATIVO.
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Los indicadores y comentarios de entidades internacionales expresan lo ya sabido y difícilmente reconocido: México está retrasadísimo en aspectos cruciales para un desarrollo económico sostenido como son la educación, el Estado de Derecho y a nivel tecnológico. “México está relegándose tras otros países de la OCDE” (OCDE, Reynolds), y de acuerdo con el índice de disponibilidad de red (Networked Readiness Index, el “NRI”) del World Economic Forum, México está en el lugar 67 de 134 países. Parecería no estar tan mala la situación mexicana, salvo cuando se observan detenidamente los componentes del NRI. Veamos.
El Poder Judicial había permanecido fuera del escrutinio público. Se pensaba que para cumplir su cometido debía tener una autonomía absoluta; es decir, dotarle de recursos económicos y atribuciones y no preguntar más. No es posible creer en el poder Judicial como si de un acto de fe se tratase. Es necesario ejercer un escrutinio social amplio y riguroso. Me queda claro que no es una tarea fácil; antes bien, sinuosa y complicada porque buena parte de los investigadores del derecho –mal pagados y ricos en sueños— llevan a un ministro de la Suprema Corte de Justicia en sus ilusiones. Sería, por tanto, un suicidio político hacer un estudio de rendición de cuentas y transparencia sobre el poder Judicial.
Si bien restar significa no consumir en aras de lograr como meta “el buen vivir”, como nos lo hacía ver ayer Boff en nuestro diario, restar también lleva implícito el buscar alternativas que, de a poco, diversos grupos sociales empiezan a construir.
El 
