Entrevista con Clara Brugada después de la noticia de Juanito pedirá licencia por 59 días
martes, 29 de septiembre de 2009
Juanito y la 1a. Entrevista que dió Clara Brugada al conocer la notica
Audio: Carmen Aristegui 29 de septiembre de 2009
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Soberania Popular
Presidente automotor
Dinero
Sube el IVA 2% en España, pero...
Premio World Finance 100 a Gruma
Presidente automotor
Enrique Galván Ochoa
En una reunión extraordinaria este último sábado –dieron tiempo a que el presidente Rodríguez Zapatero volviera de Estados Unidos, donde asistió a la reunión del G-20–, el Consejo de Ministros de España aprobó un aumento de 2% al IVA. Sube de 16 a 18%. Falta la autorización de las Cortes: senadores y diputados. En ese país hay tres IVA, el que subió es el más alto, volveré en los días siguientes sobre el tema. En México la noticia inmediatamente fue utilizada por voceros del gobierno para querernos convencer de que va por el camino correcto, ya que otras naciones también están incrementando la fiscalidad (tomo esta palabreja de la prensa hispana), así que no tiene bases la oposición a que suba el IVA de 15 a 17%. Espérense tantito. El salario medio anual en la tierra del rey Juan Carlos es de 20 mil euros, equivalen a 400 mil pesos mexicanos. El salario medio anual de México es de 36 mil pesos (calculado sobre dos salarios mínimos). La diferencia es un abismo: 400 mil pesos allá, 36 mil pesos aquí. Creo que nadie se opondría al aumento del IVA, vamos, ni siquiera al 2% en alimentos y medicinas, si vinieran acompañadas por un alza de salarios. Súbanlos en México al nivel de los españoles y asunto cerrado.
World Finance 100
La empresa Gruma –principal productor de harina y tortilla del mundo– recibió de la revista World Finance el premio World Finance 100, el cual reconoce a las 100 empresas globales que han alcanzado los más altos niveles de desempeño en sus respectivos campos de acción y que, con su liderazgo, han impulsado el desarrollo de su industria en el mundo. Roberto González Barrera, presidente del consejo de administración, estuvo en la bolsa de valores de Londres a recibir la distinción. World Finance es una de las principales revistas financieras en el mundo. Se distribuye bimensualmente en más de 200 países de América, Europa, Asia, África y Oceanía.
No es broma
Los mexicanos de la ola pasada seguramente recuerdan que se puso de moda un modo de lisonjear al presidente en turno. Miguel Alemán recibió el título de presidente agrarista, Adolfo Ruiz Cortines el de presidente constructor, Adolfo López Mateos el de presidente obrero, y así por el estilo. Se suponía que los nuevos tiempos habían borrado esa cursilería. ¿Qué creen? Alguien la quiere desenterrar. El director general de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, Alfredo Llorente, ha invitado a Felipe Calderón a que asista a la clausura del Foro Automotor, que tendrá lugar el 7 de octubre. Según Llorente, está confirmada la presencia de los líderes de todas las organizaciones del sector automotriz. ¿Y qué título piensa endilgarle? Acertaste: Presidente automotor. Al parecer, el autor de la iniciativa anda haciendo méritos para una carrera política en Veracruz.
e@Vox Populi
Asunto: avión en problemas
El vuelo 7477 de Mexicana de Aviación, Los Cabos-Guadalajara-Tuxtla, del 26 de septiembre, subió a todos sus pasajeros a la aeronave y a punto de despegar los bajaron sin explicación alguna. Estuvieron bastante tiempo esperando que se iniciara el viaje y nada. Finalmente despegó. Llegando a Guadalajara nuevamente estuvo varias horas sin poder seguir su destino y sólo dijeron a los pasajeros que tuvieran paciencia, que estaban cargando combustible. Después de mucho tiempo llegaron a la ciudad de México (no tenía que hacer escala ahí), y otra vez los bajaron del avión y les dijeron que por problemas no podían salir a su destino final (Tuxtla Gutiérrez), teniendo que pasar la noche en un hotel. ¿Cómo es posible que no hayan informado a los pasajeros cuál fue el problema real? Tenemos derecho a saberlo, ¿no creen?
Patricia de Castro/Distrito Federal
R: ¡Qué valientes si todos siguieron hasta el final! Otros hubieran dicho: esquina, bajan.
Asunto: ¿y el bono?
A fines del año pasado, recibimos una carta personal de Miguel Angel Yunes, director del ISSSTE, invitándonos a optar por el nuevo esquema de jubilación, cuenta individual. Posteriormente acudieron a nuestros centros de trabajo algunas personas explicando las bondades del esquema, ofreciéndonos un bono único que podría ser pagadero en una sola exhibición o hereditario, si al recibir la pensión mensual no se agotaba. Algunas personas vimos la conveniencia de aceptarlo. La sorpresa es que después de 10 meses de iniciar los trámites, y obviamente dejar de percibir un ingreso, nadie en el ISSSTE sabe cómo implementar el pago al que tenemos derecho; se habla inclusive de un engaño, ya que ni en las delegaciones ni en las oficinas centrales nos dan una respuesta clara y precisa después de múltiples citas y llamadas a las autoridades encargadas de las pensiones.
Buzón reservado
R: Yunes Linares hizo el compromiso antes de que estallara la crisis, ahora no será fácil cumplir. ¡Tanto que les recomendé que no firmaran!
Asunto: la gaviopista
Por mi trabajo debo viajar cada semana a Tequisquiapan. El camino que tomo desde mi casa en Coacalco, hasta entroncar con la autopista a Querétaro, es por el Circuito Exterior Mexiquense, carretera estatal que opera la empresa española OHL. Durante las últimas semanas la cuota en las casetas de Ecatepec a Jorobas (que es el tramo que yo recorro) se ha incrementado en varias ocasiones. Este último fin de semana, al llegar a la caseta de Jorobas con dirección a Ecatepec, el costo fue de 72 pesos; un sábado anterior todavía cobraban 70. Para el caso del segundo piso –la gaviopista– no será raro que también aumenten poco a poco las tarifas hasta llegar a un precio que será dificil de pagar para los usuarios.
Arturo Sánchez Álvarez/estado de México
R: ¿Por qué el segundo piso del Distrito Federal puede usarse en forma gratuita y la gaviopista no? Parece inocente la pregunta, pero no lo es.
galvanochoa@yahoo.com • Foro: http://www.elforomexico.com/
Salinas firmó "convenio" con Televisa para limpiar su imagen, asegura Corral
Salinas firmó "convenio" con Televisa para limpiar su imagen, asegura Corral
JESUSA CERVANTES
MÉXICO, D.F., 28 de septiembre (apro).- El expresidente Carlos Salinas de Gortari suscribió "un convenio" o "un memorándum de buen entendimiento" con la empresa Televisa para "mejorar la buena relación entre él y las televisoras", reveló el diputado federal del PAN, Javier Corral.
El panista dio a conocer el hecho al responder este lunes a las declaraciones que hizo Salinas de Gortari al diario Milenio, donde dio a entender que el diputado Corral recibió varios favores de él.
Salinas comentó: "Me extrañan un poco las expresiones de Javier Corral, porque en varias ocasiones en que solicitó visitarme en mi domicilio --que fue en años recientes y no cuando era yo presidente, sino después--, él acudía a mi domicilio y pedía apoyo".
En conferencia de prensa, Corral consideró que el silencio que guardó Televisa sobre las declaraciones que hizo el expresidente Miguel de la Madrid Hurtado, sobre la presunta corrupción de su sucesor Carlos Salinas, a la periodista Carmen Aristegui "pudo deberse incluso a la firma del citado memorándum".
--¿Se debió a ese convenio que firmó Salinas o a algo más, como un acuerdo con el PRI?
--Yo creo que sí, yo creo que más, yo creo que ahí influyeron los dos factores; no puedo afirmar categóricamente qué influyó más, pero yo creo que influyeron las dos cosas. Era un momento crucial de las campañas electorales.
"Es evidente que el no tratamiento en la televisión de ese asunto, lo que podemos suponer es que se debe a un acuerdo PRI-Televisora en el que, sin duda, ese memorándum de entendimiento debió haber estado funcionando."
Explicó que lo que motivo tal acuerdo fue mejorar la relación en la cobertura informativa y el tratamiento que Televisa le estaba dando al último libro que publicó Salinas de Gortari. "Y efectivamente se mejoró la relación de Salinas con la empresa de televisión durante un tiempo y empezó a participar incluso en algunas reuniones de planeación de Televisa. No conozco en qué estado se encuentre ahora la relación del expresidente con la empresa."
Luego, comentó: "El memorándum de entendimiento funcionó más para la presentación del libro y hay que ver, incluso, las entrevistas que ahí se le hacen al expresidente. Si se hubiera conocido esa entrevista (las revelaciones de Miguel de la Madrid) otra cosa hubiera sucedido."
Más adelante, Corral se refirió a las declaraciones que sobre él hizo el expresidente. Rechazó haberle pedido cualquier favor a Salinas de Gortari y comentó: "Vituperio en su boca es una alabanza para mí… Rechazo, de entrada, de manera absoluta y contundente que le haya pedido favor o apoyo alguno; lo emplazo desde ahora que señale puntualmente qué tipo de apoyo o favor le he pedido, lo digo así porque nunca he tratado asuntos personales con él ni con ningún otro presidente o expresidente en turno. Siempre he abordado asuntos de interés público."
Corral aceptó que se ha reunido en tres ocasiones con Salinas de Gortari, y mencionó que recientemente pidió a José Carreño –exvocero de Salinas— que le promoviera una entrevista con el expresidente para entrevistarlo porque se encuentra realizando un libro sobre la Ley de Medios, pero que nunca obtuvo respuesta.
Fue en ese momento cuando reveló el presunto convenio: "El año pasado me enteré que Salinas presidía reuniones en Televisa, que había firmado un memorándum de buen entendimiento con esta empresa."
Antes, por la mañana en el noticiero Plaza Pública, del periodista Miguel Ángel Granados Chapa, el diputado panista hizo la misma revelación sobre el "memorándum de entendimiento":
"El año pasado me enteré de algunos movimientos del licenciado Salinas con la empresa Televisa… Me había enterado de la formulación de un convenio por escrito entre Televisa y él para modificar su relación en medios; quería preguntarle su actuación y papel en la aprobación de la ley Televisa y, por supuesto, preguntarle sobre algunas reuniones que, por fuentes fidedignas de información corroborada por mí, tenían el sentido de que presidía algunas reuniones de planeación de la empresa."
Granados Chapa le preguntó si ese convenio es semejante al que han suscrito Enrique Peña Nieto (gobernador del Estado de México) y la empresa televisiva, respondió:
"Fíjese que no, no en los términos en los que Peña Nieto ha suscrito con Televisa. Lo que yo tengo entendido, por los datos que tengo… Yo me enteré el año pasado de que suscribió (Salinas de Gortari) un memorándum de buen entendimiento para una mejor relación de él y las televisoras."
Horas más tarde, en la Cámara de Diputados, el diputado Corral detalló las tres reuniones que ha sostenido con Salinas de Gortari; aclaró que fueron a petición del exmandatario, que nunca le pidió dinero ni ningún otro tipo de apoyo, y de nuevo volvió a recordar el presunto convenio o "memorándum".
Relató también que hace cuatro meses, José Carreño y él coincidieron en un acto público y que en una comunicación telefónica el exvocero de Carlos Salinas de Gortari le habló de la posibilidad e reunirse con "aquél". "Le respondí: 'tengo mucho interés en ver a Salinas, en hacerle una entrevista, obviamente sobre el tema de su nuevo acuerdo con Televisa', le dije a Pepe y le expliqué que escribo un libro sobre la Ley Televisa, desde entonces no he vuelto a tener comunicación con mi buen amigo Pepe Carreño Carlón."
El legislador panista dijo que la última reunión que sostuvo con el expresidente fue en el año 2003. "No he vuelto a ver a Salinas recientemente, he leído de él, (de) sus apariciones en Oaxaca y ahora en Veracruz", agregó.
Luego supuso que los actos públicos del expresidente pueden obedecer a que, "persiste en su afán de limpiar su imagen y que ahora quiere ensuciar a quienes" lo critican."Llo hace intentando sembrar dudas sobre la honorabilidad de sus enemigos, por eso, sin decirlo con sus letras, sugiere que yo le pedí dinero. Falso, ni le pedí ni él me ofreció nada. Dueño de una vanidad herida cree que invitar a alguien a platicar con él es suficiente para que éste caiga a sus pies o quede hechizado ante su figura", criticó.
Luego, aceptó: "Tengo muchos pecados, muchas limitaciones, muchas debilidades, pero el dinero no es una de ellas; vivo modestamente, no me encandila el oropel, hablo y escribo en lo que creo y no lo hablo para extorsionar a nadie; me adhiero a causas en las que creo que la razón y la justicia las asisten. No chantajeo a nadie ni a mis amigos ni enemigos; me parece mezquino.
"Yo aclaro que me reuní con Salinas a sugerencia de terceras personas y que en ellas nunca le solicité dinero ni tampoco lo hice a través de correos, de e-mail o de interpósita persona; que tampoco le pedí favor político alguno ni a Salinas ni ninguno de su círculo me ofreció dinero o siquiera me lo sugirió; seguimos esperando una respuesta del gobierno y de Salinas de Gortari, de la declaración del expresidente Miguel de la Madrid, de sus nexos con el narcotráfico."
Relató que la primera entrevista que sostuvo con Salinas fue en La Habana, Cuba en el año 2001 y a petición del expresidente Fidel Castro, quien, a su vez, se lo pidió. Relató que el encuentro fue en la casa del exmandatario cubano y que desde el inicio de la plática éste se interesó por el trabajo que había venido realizando el panista en pro de una ley en medios.
"El licenciado Salinas se sentía particularmente maltratado por los medios, me comentó algunas cosas sobre la persecución de Zedillo en su contra, lo desprestigiaba por envidia y para sacudirse el error de diciembre, se quejó amargamente del licenciado Liévano Sáenz. Recordó con extraordinaria memoria que yo le había llamado procónsul al exsecretario particular de Zedillo en una sesión de la Cámara de Diputados en 1998.
"Me dijo el expresidente Salinas que durante su desempeño como secretario de Zedillo, Liévano estaba más interesado en enmendarle las cámaras de Televisa afuera de su casa cada que regresaba a México. Yo le platiqué de un recién encuentro que había tenido con Bernardo Gómez y Emilio Azcárraga Jean en una comida a la que me invitaron en Televisa."
Corral consideró que el plan de Salinas era encontrar un aliado en contra de Televisa y de Zedillo: "Quedé convencido de sus intenciones manipuladoras".
Los dos encuentros siguientes, dijo, los promovió "Pepe Carreño; uno fue para hablarme de la presunta inocencia de Rogelio Montemayor en el desvió de los recursos de Pemex hacia el PRI, ya que él estaba convencido de la inocencia del exdirector de la paraestatal; y me buscó por mi entrañable relación con Francisco Barrio (en ese momento titular de la Contraloría).
"Yo le dije que no trataba ese tipo de asuntos con Barrio, varias veces le comenté que creía en la rectitud de Barrio, al que consideraba incapaz de montar persecuciones fabricadas.
"Al salir de la reunión me pareció descubrir que la intención de Salinas era que la Contraloría se fuera en contra de Zedillo, a quien odia sin cortapisas y lo considera el causante de todos sus males: el desprestigio público."
El tercer encuentro con Salinas, recordó, también se llevó a cabo a través de Carreño, en Morelia, Michoacán, durante la realización de la Interparlamentaria México-Cuba, poco después de la represión preventiva de cerca de 70 disidentes. "Platicamos de eso y me dijo el expresidente que debería escribirle una carta al comandante y él se ofreció a entregársela personalmente. Escribí la carta pero nunca la mandé."
Sigue sorprendiendo
Sigue sorprendiendo
A Marcelo Ebrard le bastaron poco más de 40 minutos para convencer a Rafael Acosta, alias Juanito, de solicitar licencia como jefe delegacional de Iztapalapa, inmediatamente después de rendir protesta, el 1 de octubre próximo. El tragicómico personaje se había rehusado una y otra vez a cumplir la palabra empeñada de dejar el cargo a Clara Brugada, legítima ganadora de la contienda, pero el jefe de gobierno capitalino fue capaz hacerlo entrar en razón. ¿Cómo le hizo? El asunto es un misterio, pero seguramente no tardará mucho en salir a la luz pública, pues lo único que no se sabe es lo que no se hace.
Marcelo sigue sorprendiendo por su eficacia. El de Juanito es el segundo golpe político a su favor en unos cuantos días. El primero, como ya se abordó en este mismo espacio, fue la maniobra que atrajo a diputados locales de otros partidos al PRD, para así obtener la mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. El ardid propició que su ex colaboradora, Alejandra Barrales, fuese electa presidenta de la Comisión de Gobierno durante todo el trienio.
Pero el de Juanito parecía un caso más difícil. Parafraseando a Andy Warhol, el personaje en cuestión tuvo sus quince minutos de fama y se perdió. También se creyó poderoso, sin serlo, y desafió a sus promotores. Y es que el poder –por pequeño que sea--marea a los inteligentes y vuelve locos a los imbéciles.
Hombre rudimentario y gandalla, de perfil claramente delincuencial, Juanito encarna con toda claridad la definición marxista acuñada en el 18 Brumario de Luis Bonaparte: lumpenproletario. Eso lo convierte en un individuo fuera de control, capaz de cualquier cosa.
Pero Marcelo le hizo, al parecer, una oferta irrechazable. Y Juanito ofreció una conferencia de prensa en donde dijo que siempre sí renunciaba para ceder su lugar a Brugada, aunque aclaró que sólo por 59 días y que estaría vigilante de cómo gobierna… Aseguró no tenerle miedo a nadie y que su decisión estaba fundamentada en problemas de salud. Dos infartos habrían influido en su posición, pero también el conservar la paz en la delegación… Y, desde luego, unos cuantos cargos para sus colaboradores.
Quienes conocen de cerca al gobernante del Distrito Federal saben que éste difícilmente revelará los métodos que empleó para lograr sus propósitos. De ninguna manera reconocerá sus tretas. Sin embargo, muy pocos dudan de que es capaz de jugar rudo. Cierto que los medios que se emplean son tan importantes como el fin perseguido, pero en última instancia pesa más lo segundo. Al menos así es para Marcelo Ebrard, como va quedando cada vez más claro.
Que se preparen las tribus perredistas que lo han desafiado y enfrentado, porque no tarda en ir por ellas.
Trife: sodianuncios para 2012
Astillero
Uso político del guano
¿Y si dicen sus papás que siempre sí?
Trife: sodianuncios para 2012
Julio Hernández López
CARTA MAGNA. El presidente de Honduras, Manuel Zelaya, al denunciar ayer en la misión brasileña en Tegucigalpa la represión desatada por el régimen de facto en el país centroamericanoFoto Ap
El caso Guanito ha sido usado de manera experta para aumentar el desencanto ciudadano respecto a la política (desánimo necesario para que los alegremente enlodados sigan tomando decisiones sin participación popular) y, en especial, para dar más balas argumentales a la campaña permanente de erosión que se mantiene contra Andrés Manuel López Obrador. El presunto curso provisional anunciado ayer, luego de una plática de maravilloso convencimiento a cargo de Marcelo Ebrard (que así quedaría como el bueno de este episodio, el que con diálogo y habilidad consiguió lo que no quiso o no pudo hacer el original padre putativo, el doctor Frankestein López Obrador que nunca aceptó hablar con su forzada criatura), da continuidad a esas pautas generadoras de hartazgo social respecto a lo político y de rechazo a la podredumbre de todo lo relacionado con la izquierda pejista. Con un agregado peculiar: la noticia del súbito arrepentimiento condicionado de la oveja descarriada (el jijo pródigamente regado) desplazó con exactitud de relojero mediático el impacto negativo de la nueva decisión facciosa del tribunal electoral federal (felipillo, margarito y manliofábico, en proporciones cambiantes, según las necesidades de servicio) respecto a dos delegaciones del Distrito Federal.
El giro precario anunciado ayer en la reunión abismo (ni modo que cumbre) que sostuvieron Marcelo Ebrard y el ciudadano Rafael Acosta sirvió de inmediato para a avivar la campaña de endosamiento de las vergüenzas de Guanito a la cuenta de AMLO. Según las inmediatas interpretaciones del lumpenlance de ayer, Ebrard, es decir, López Obrador, habría amenazado, pagado o chantajeado al saltimbanqui de la banda en la frente para que aceptara una rendición mediante presiones casi mafiosas que le habrían inventado lánguidas razones médicas que desnudamente contrastan con la exhibición de tórax que un día antes había hecho la estrella de los canales en un evento de fisiculturismo. Doblarle la mano a Juanito, o hacerle pleonástica manita de cochino, mostraría, según esos guiones oficiales rápidamente repartidos en cabinas, estudios y salas de redacción, la ambición y rapacidad de los izquierdistas legítimos que son capaces de todo con tal de no soltar el pastel presupuestal y electoral de Iztapalapa.
Aunque, en realidad, el jefe delegacional electo de Iztapalapa sólo emitió ayer una declaración políticamente retirable en cualquier momento mediante la cual promete (aquel que no cumplió su promesa original) que pedirá licencia al cargo en 59 largos días y que se mantendrá siempre atento (lo cual jurídicamente le corresponde) a regresar al cargo en el momento en que crea que la beneficiada por esta fatigosa carambola electoral no esté trabajando bien, conforme al juicio del siempre acechante fiel de la balanza iztapalapense. Por lo pronto, con esa supuesta bandera blanca en retirada, el jaqueado Rafael Acosta gana tiempo, genera expectativas de arrepentimiento que le reinstalaría en los primeros niveles inducidos de popularidad en los medios felipizados, desactiva rabiosas oposiciones en su contra, provoca adhesiones de conmiseración política antizquierdista y se mantiene como guillotina política de alquiler para cualquier momento en que a sus promotores les convenga generar nuevos episodios de confusión y decepción.
Cierto es que el tono del ofrecimiento de solicitud de licencia hecho ayer da idea de que se está frente a una decisión irreversible, pero el juego redituable de Guanito es justamente el de lo imprevisible que acabe dañando a las figuras de izquierda.
Un Juanito nuevamente aceitado y trabajado, con la mano en la cintura (o en las metálicamente rellenables aberturas laterales del pantalón) les podría notificar en cualquier momento a los aplacados de hoy que había dicho su papá Emilio A. o Carlos S. o Felipe C. que siempre no, que no pediría licencia ni cumpliría su segunda promesa, ya fuera porque sus aparecidos males graves de salud tuviesen curación milagrosa (¡llévela, llévela, su Agua de Juanito; le cura de juanetes y le evita los infartos; como una oferta, como una novedá!) o porque su conciencia justiciera y revolucionaria le indicara que la pérfida Clarita y su Peje desalmado estuvieran actuando mal y se necesitara la reaparición de Súper Juanito Mejorado. ¿Qué tal si a la hora de la toma de protesta el personaje enviciado por los medios, sobre todo los electrónicos, toma la decisión de no pedir licencia y quedarse a vivir en el edificio delegacional, como ya lo había anunciado? Esa segunda burla ganaría titulares y le daría entrevistas y popularidad a quien ya se ha convertido en adicto a la fama que le han ofrecido para seguir golpeando al movimiento de resistencia civil que con López Obrador a la cabeza había logrado darle la vuelta de manera increíble a las aberraciones interesadas del tribunal electoral federal, que es el responsable verdadero del desorden y los peligros que hoy se viven en Iztapalapa.
Ayer mismo, ese tribunal decidió anunciar para 2012 que las televisoras podrán entrevistar gratuitamente a quien les dé la gana y que esa publicidad normalmente carísima no será contabilizada como gasto de campaña, siempre y cuando haya alguna excusa mínima, como darle micrófonos y reflectores en un programa deportivo a quien no tiene nada que hacer allí o cederle espacio, genuflexiones y solidaridad a algún invitado de ocasión (si es candidato presidencial amigo de la casa sería puritita coincidencia) a programas de cocina, variedades o temas familiares o realizar encuestas de opinión durante media hora a un ciudadano candidato que de pura casualidad fuera pasando en ese momento frente a algún noticiero nocturno. El Trife está anunciando con toda oportunidad los criterios fofos y complicitarios con los que actuará en 2012 (if). Sodi es un adelanto de lo que viene. Y el desenlace de las dos delegaciones capitalinas es una confirmación de que ese tribunal electoral federal no merece ninguna credibilidad. ¡Hasta mañana, con el rebote hondureño hasta acá!
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
El Renacimiento de México
No puede haber un gobierno rico con un pueblo pobre
Con la frase que encabeza estas líneas, se resume la política de austeridad republicana y de equidad tributaria, que plantea el Presidente Legítimo de México en la propuesta económica que presentó el pasado 21 de septiembre a los legisladores del Frente Amplio Progresista.
Como bien lo dijo Andrés Manuel López Obrador, la propuesta es sencilla y clara, basada en dos líneas de acción:
I. Austeridad Republicana:
De manera concreta implica la reducción en un 15 por ciento del gasto corriente del gobierno, es decir, nómina, publicidad, transporte, renta de oficinas alternas, telefonía celular, alimentación, servicios de asesoría, etc., que se traducen concretamente en lo siguiente:
a) Reducción en un 50 por ciento de los salarios y prestaciones de los altos funcionarios públicos desde el nivel de director adjunto hacia arriba, en los tres niveles de gobierno (Federación, Estados y Municipios) y en los tres poderes constituidos (Ejecutivo, Legislativo y Judicial);
b) Eliminación de las partidas presupuestales donde se contempla los gastos de atención médica privada, cajas de ahorro y bonos extraordinarios;
c) Eliminación de las pensiones de los ex presidentes;
d) Reducción en 5 por ciento de las partidas federales que se otorgan a los Estados; y
e) Reducción de los gastos de operación en rubros como: publicidad, transporte, renta de oficinas alternas, telefonía celular, alimentación, servicios de asesoría, etc.
Con estas acciones se obtendría un ahorro de 200 mil millones de pesos al año.
II. Eliminación de los privilegios fiscales:
Consiste en eliminar todos los esquemas legales que han permitido que las grandes empresas no paguen impuestos, como si lo hacen las clases trabajadora y media. Entre las figuras jurídicas que se derogarían de las leyes fiscales están:
a) Los regímenes especiales como la consolidación fiscal;
b) La exención de impuestos por ventas de empresas en la Bolsa;
c) Las tasas de impuestos sobre dividendos, es decir, sobre las ganancias de los accionistas de las empresas;
d) La depreciación acelerada de activos;
e) El abuso en donativos deducibles de impuestos; y
f) El incumplimiento de pagos de créditos fiscales, entre otras medidas.
Con la eliminación de estos privilegios fiscales, se obtendrían ingresos por 300 mil millones de pesos, además, de que se harían efectivos los principios de equidad y proporcionalidad tributaria, consagrados en el artículo 31, fracción IV de la Constitución.
Por otra parte, el Presidente Legítimo de México, nombró con la aprobación de los presentes en la asamblea, una comisión para que realice dos iniciativas de ley que complementen la propuesta económica, estas son: La Ley de Austeridad Republicana y la Ley de Eliminación de Privilegios Fiscales, las cuales serán presentadas el próximo 12 de octubre a las 5 de la tarde, afuera del Palacio Legislativo de San Lázaro, por supuesto durante una asamblea informativa.
Finalmente, Andrés Manuel López Obrador, recordó a los activistas que se debe continuar con la defensa de la economía popular y el patrimonio nacional, así como con la tarea de orientación, organización y concientización del Pueblo.
Ciudad de México, Sede del Gobierno Legítimo de México, 28 de septiembre de 2009.
L.D. Jesús A. Palma M.
Oficio de Papel
Columna semanal de Miguel Badillo
• “Extravía” PGR expediente de lavado de dinero
• Chávez Chávez tendrá que responder a la SHCP
• Proliferan fideicomisos en órganos autónomos
En medio de duras críticas y justos reclamos por su responsabilidad en los homicidios de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez cuando se desempeñó como procurador de Justicia de Chihuahua, Arturo Chávez Chávez finalmente fue confirmado la semana pasada como procurador general de la República por una fracción del Senado de la República encabezada por el PAN y avalada condicionalmente por el PRI. Ahora será su gestión como abogado de la nación durante la segunda mitad del gobierno de Felipe Calderón, lo que determine si valió la pena enfrentar calificativos de omiso, cómplice y negligente por parte de legisladores de oposición.
Sin duda le esperan tres difíciles y duros tres años a Chávez Chávez. Y entre los problemas más complicados que deberá atender inmediatamente el nuevo procurador destacan sin duda la corrupción que envuelve a la PGR; la infiltración de bandas del narcotráfico y la complicidad de ministerios públicos y agentes judiciales; la violencia desatada en todo el país; el crecimiento del tráfico y consumo de drogas en México; el rezago de averiguaciones previas, y la pérdida de expedientes de prominentes delincuentes de cuello blanco.
De este último problema escribimos aquí hace dos semanas y decíamos que el próximo procurador tendría que dar respuesta al “extravío” de un espinoso expediente penal abierto a finales del sexenio de Vicente Fox y que involucra a familiares y amigos del exgobernador Patricio Patrón Laviada, actual titular de la Profepa, en el delito de lavado de dinero producto del narcotráfico.
A finales del sexenio foxista, cuando en la Procuraduría General de la República despachaba Daniel Cabeza de Vaca, actual subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilítica y de Falsificación o Alteración de Moneda recibió una denuncia penal por el delito de lavado de dinero en contra de el hermano del exgobernador de Yucatán y actual procurador Federal de Protección al Ambiente, Patricio Patrón Laviada.
Hace unos días la Secretaría de Hacienda volvió a requerir a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Falsificación o Alteración de Moneda, dependiente de la PGR, que informe sobre la denuncia que presentó en contra de familiares y amigos del procurador del medio ambiente, quienes supuestamente se aprovecharon cuando Patricio Patrón Laviada era gobernador de Yucatán para utilizar recursos de procedencia ilícita e introducirlos al sistema financiero mexicano.
Por tratarse de un miembro del gabinete de Felipe Calderón, y después del discurso de Chávez Chávez al protestar como nuevo procurador general de la República, en el sentido de que combatiría la corrupción en su nueva responsabilidad y los delitos del crimen organizado, es de esperarse que en los próximos días el nuevo procurador responda a la Secretaría de Hacienda qué ha pasado con el expediente “extraviado” y qué va a hacer para reiniciar la investigación por blanqueo de capitales y abrir la averiguación previa correspondiente.
Los datos extraviados en la PGR
El 26 de octubre de 2006, a poco más de un mes para que Vicente Fox dejara la Presidencia de la República, Hacienda acusó ante la PGR por blanqueo de capitales a cuatro personas: Ricardo José Patrón Laviada, Cecilia Margarita Laviada Arrigunaga, Jhonny Alberto Benítez Cetina y José Baltasar Cetina Pech.
Por instrucciones de Cabeza de Vaca la denuncia se archivó y su sustituto, Eduardo Medina Mora, no sólo no pudo integrar durante los primeros tres años del gobierno de Felipe Calderón la averiguación previa correspondiente, sino que en la fiscalía contra el lavado de dinero “extraviaron” la acusación presentada por la Secretaría de Hacienda y hasta la fecha, dicen fuentes gubernamentales, no la encuentran, lo que hace pensar que se trata de una maniobra de los dos últimos procuradores que, cumpliendo instrucciones presidenciales, fueron cómplices en dar protección a la familia de los Patrón Laviada para evitar su consignación.
Los diferendos que hay entre la Secretaría de Hacienda y la PGR por la pérdida de dicho expediente, se acrecentó y en septiembre se volvió a notificar a la Procuraduría sobre la investigación financiera que involucra a un grupo de yucatecos en delitos penales graves.
“Se realizó una minuciosa investigación en el libro de gobierno de esta Unidad especializada, base de datos existentes, y se solicitó información a los fiscales y agentes del Ministerio Público de la Federación adscritos, obteniéndose como resultado que al día de la fecha no existen datos o registros de antecedentes de la denuncia de hechos y el oficio por el cual menciona fue presentada la misma, ni averiguación previa iniciada en contra de dichas personas”, respondió la PGR a Hacienda.
Inmoralidad en manejo de excedentes
En los organismos autónomos se ha generalizado la creación de fideicomisos para depositar recursos y gastar sin control alguno, resultado de supuestos excedentes presupuestales que hasta ahora nadie sabe a dónde van a parar. El objetivo, supuestamente, es constituir reservas privadas dedicadas al financiamiento de programas para el retiro. Si bien es cierto que las pensiones y el déficit actuarial que enfrenta el gobierno federal es un problema que tarde o temprano alcanzará a la alta burocracia del país (si es que no prevén un fondo privado con sus altos ingresos mensuales), no existe justificación para aplicar este tipo de políticas con recursos del erario.
Uno de los primeros organismos que optó por este camino fue la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando sus magistrados decidieron crear fideicomisos para su retiro. En su momento, la Auditoría Superior de la Federación fustigó la creación de dichos fideicomisos y señaló el conflicto de interés al que se enfrentaba el máximo órgano del Poder Judicial del país cuando tuvo que resolver sobre la constitucionalidad de los fideicomisos que custodiaban los recursos de la compañía ISOSA, creada por la Secretaría de Hacienda.
Aún así, la Corte mantiene sus fideicomisos y se ha iniciado un debate en el Poder Judicial sobre la falta de transparencia con la que manejan las cuentas y administran dichos recursos públicos. Pero es en la autonomía en donde la Corte ha encontrado una salida a este conflicto.
Con la constitución de este tipo de fideicomisos también se rompe con el principio de equidad, pues los trabajadores de la SCJN o los del Tribunal Electoral del Distrito Federal no deberían ser tratados de manera distinta a los trabajadores del Estado. Ellos, sin embargo, han encontrado en su autonomía un camino para alejarse de los problemas estructurales que enfrenta la economía.
Pero como dice John Ackerman del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, si se quiere resolver esta discrecionalidad, son los propios legisladores lo que podrían o deberían resolver el problema. Para empezar, los organismos autónomos se han convertido en un verdadero contrapoder que, parcialmente, han cumplido con su función, pero que podrían fracturarse ante la opacidad con la que se están conduciendo.
Dos ejemplos, en el Instituto Electoral del Distrito Federal el contralor interno denunció hace casi un año la constitución de un fideicomiso en Banorte que aparentemente se utiliza para la compra de inmuebles y reserva laboral. El presidente consejero Isidro H. Cisneros decidió que también se destinarían recursos para la creación de un pasivo laboral de los trabajadores, sin embargo, contrario a lo mandatado por el Consejo General del IEDF, la Contraloría Interna denunció que se constituyó un fideicomiso de administración e inversión de recursos.
Este fondo, según lo denunciado ante la Asamblea de Representantes, se construyó con la cantidad de 8.5 millones de pesos y se aportaron más de 16.4 millones. Ese es el tipo de cantidades que manejan las tesorerías de los organismos autónomos.
Del avance de la auditoría practicada a este fideicomiso se encontró un presunto desvío de recursos por aproximadamente 25 millones de pesos, lo que representaría una constitutiva de presunta responsabilidad administrativa, al ser destinados para fines diferentes a lo aprobado por el Consejo General, de acuerdo con el artículo 47 fracciones I, II, III y XXII de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Este hecho podría ser constitutivo de responsabilidades administrativas y penales, de acuerdo con los artículos 256 a 276 del Código de la materia en el Distrito Federal. El proyecto definitivo del fideicomiso debió pasar para su autorización inicial por la Comisión de Administración y posteriormente por la Junta Ejecutiva del Instituto, según lo denunciado por la Contraloría.
El otro caso tiene que ver con el Tribunal Electoral del Distrito Federal, que también constituyó su propio fideicomiso para dirigir los recursos “excedentes” de su operación para apoyar las pensiones de sus magistrados.
El problema no sólo es de los organismos autónomos o de sus administradores que abusan de los recursos del erario. El conflicto radica en que la Constitución no contempla a los órganos autónomos como un cuarto poder y, por lo tanto, no existen leyes específicas para regularlos ni para normarlos. De esta forma, su autonomía se ha traducido en una gran discrecionalidad para el manejo de recursos y, en teoría, no violan ninguna legislación pues lo que no está estrictamente prohibido está permitido.
El asunto, en cambio, tiene que ver con la moral pública. ¿Cómo van a vigilar estos organismos autónomos los intereses de los ciudadanos cuando ellos mismos dilapidan los recursos del erario?
Por eso, sería necesario modificar la Constitución e incluir reglamentos claros para el manejo de los recursos que se les otorgan a estas entidades para propugnar por una verdadera autonomía presupuestaria, pues si bien es cierto que ellos han defendido su independencia financiera al interior de sus edificios, no cuentan con la posibilidad, por ejemplo, de constituir un patrimonio por el que tendrían también que rendir cuentas.
Así, en pocas palabras, lo que sucede es que año con año en los organismos autónomos se presentan “compras de pánico” para terminar con los recursos que les fueron asignados porque no lo pueden mantener en su patrimonio y tendrían que regresarlo como subejercicios y enfrentar la posibilidad de que su presupuesto se reduzca el siguiente año.
Felipe Calderón Hinojosa, Carlos Antonio Romero Deschamps está usurpando el poder en el STPRM. Hecho comprobado. Hasta cuando lo van a mantener.
lunes 28 de septiembre de 2009
México D F a 28 de septiembre de 2009.
Boletín # 54.
Democracia sindical.
Al presidente de México.
A las autoridades federales.
A los trabajadores petroleros.
Al pueblo en general.
Breve historia de la corrupción en el STPRM
La política de alianza entre el gobierno y los charros: La dirigencia del STPRM al igual que la mayoría de las dirigencias sindicales, se alineó o alió a las condiciones políticas que el gobierno les impuso a cambio de toda una serie de prebendas y canonjías. La corporativización de los sindicatos fue una estrategia política que impulso el PRI para mantener controlado al sector obrero.
En está alianza el gobierno le otorgaba a los líderes obreros toda una serie de prebendas y canonjías, con la condición de que tenían que renunciar a la defensa de los derechos e intereses de sus representados, los trabajadores. La recompensa por traicionar a los trabajadores era la obtención de puestos públicos y dinero tenían que traicionar y mantener sometidos a los trabajadores. De tal forma que los dirigentes sindicales se convirtieron en voceros y ejecutores de las políticas que determinaba el gobierno.
A está nueva conducta de las dirigencias sindicales los obreros los denominaron “charros”, estos personajes pronto ocuparon puestos públicos, Diputaciones, Senadurías, Presidencias Municipales, etc., pasaron a ser autoridad, se empezaron ha perpetuar al frente de los sindicatos, hicieron grandes inversiones en muchas ramas de la economía de sus regiones llegando a controlar o tener en su poder, los transportes, los hoteles, restaurantes, cantinas, etc., de tal forma que hicieron un emporio económico, surgiendo los denominados caciques sindicales.
Estos caciques no solo llegaron a controlar la economía de las regiones sino que políticamente llegaron a tener el control político de las mismas. En muchas regiones lo siguen haciendo. Tienen la capacidad de decidir quien es el presidente municipal, los síndicos, incluso ponen y quitan a las autoridades policíacas., etc.
Se señala que el STPRM dio el charrazo en 1949, desde entonces a la fecha los seudo-líderes o charros han mantenido el control de este sindicato con la ayuda y protección de los gobiernos en turno así como de las autoridades encargadas de impartir justicia. Esta ayuda consiste en solapar y hacerse de la vista gorda de todos los delitos y practicas corruptas que hacen los charros. Otorgándoles impunidad. Del 100% de los delitos y corrupción, que cometen los seudo-líderes ninguno es castigado. En todo este tipo de tropelías hay delitos graves desde asesinatos, robo a la nación, traición a la patria, etc. hasta delitos del fuero común y los charros andan tan campantes como si nada. Este cinismo con el cual se han conducido los charros y el gobierno le ha hecho mucho daño a los trabajadores y al País. Por tanto este tipo de prácticas se tienen que terminar, de lo contrario seguiremos siendo un País bananero.
Los métodos para mantener sometidos y controlados a los trabajadores han sido y son de corte fascista, utilizando todas las practicas represivas y violentas hacia los trabajadores. Los charros cuentan con pistoleros y golpeadores, de tal forma que los asesinatos, desapariciones, accidentes, golpizas, etc., siguen siendo prácticas comunes para mantener el control de “sus sindicatos”, ya que actúan y se creen dueños no solo del sindicato sino de PEMEX.
Para que esto funcione el gobierno y las autoridades les brindan protección. Si hay reclamos o demandas estas no proceden, las mandan a archivo muerto, las hacen perdidizas, el MP trae a la vuelta y vuelta a los denunciantes, hasta que los aburre y dejan el asunto. Este tipo de acciones son parte del contubernio, de tal forma que las autoridades no solo les han venido dando protección sino que solapan todas y cada una de sus tropelías, no aplicándoles la ley conforme a derecho con lo cual les otorgan impunidad y los han vuelto intocables.
Desde sus orígenes los caciques gozaron y hasta el momento siguen gozando de la protección de la justicia y de impunidad. Hicieron y siguen haciendo barbaridad y media, siempre solapados y protegidos por los gobiernos Municipales, Estatales y Federal. Desde el año del charrazo hasta el momento actual ha sido imposible hacer algo de manera legal en contra de los charros, la política de alianza que hay entre los charros y las Autoridades Federales es su garantía para que delincan y gocen de impunidad.
De tal forma que si el trabajador acude a las instancias de justicia se encuentra que estas están a favor de los charros y no hay poder humano que pueda hacer algo en su contra.
Esto obedece a que los charros se convirtieron en los representantes del gobierno, para la implementación de las políticas económicas, salariales, etc. Al interior de los gremios, de tal forma que los charros cumplen el deshonroso papel de reprimir y acallar las inconformidades de los trabajadores. Los métodos son lo de menos, el objetivo es lo que importa.
Para ello los charros también son autoridad, ocupan puestos públicos, presidencias municipales, Diputaciones, Senadurías, etc., como se podrá apreciar la corrupción es la base de este sistema político y la impunidad su sostén. Los que delinquen están en el poder y utilizan el influyentismo para gozar de impunidad.
Estas prácticas añejas han dado como resultado:
Toda una serie de actos delictivos y corruptivos en donde por lo general están involucrados los charros y las autoridades de alto nivel de PEMEX. Esto obedece a que el poder ejecutivo y las autoridades encargadas de impartir Justicia en este País fueron permitiendo que los charros fueran acumulando tanto poder que llego el momento que perdieron el control. Romero Deschamps ha cometido delitos graves, pero como forma parte del sistema, le tienen que dar impunidad. Esa es una de las razones, entre otras, por las cuales México está considerado como uno de los países más corruptos del mundo. Los casos, pemexgate y el 7 mil 800 millones, son muestra de lo que señalamos.
Estos dos escándalos han dejado muy mal parado al gobierno y a las instituciones encargadas de impartir justicia. La falta de moral, ética y dignidad, son el sello que los caracteriza. Ha está administración le toca resolver el escándalo de los 7 mil 800 millones. Esperamos que lo haga conforme a derecho.
De lo contrario la población difícilmente va ha tener confianza en sus políticas públicas y todas esas campañas que en la actualidad están impulsando en contra de la delincuencia, la corrupción y la impunidad. Y, solo van ha acabar en eso unas simples campañas. Lo que en realidad importa son los hechos.
En la actualidad los hechos están amañados, de otra manera no podemos explicar como un desvió multimillonario no se pueda esclarecer hasta el momento. 7 mil 800 millones de pesos no es cualquier cosa. En el 2004 las autoridades de pemex resolvieron entregarle a los charros del STPRM dicha cantidad, dizque para beneficio de los trabajadores petroleros. Sin embargo nada de lo que se estableció en el convenio se cumplió y el dinero fue a engordar las carteras de los charros del STPRM.
Las autoridades de Hacienda y de la SFP lo único que hicieron fue hacer un escándalo en donde concluyeron que este “desvió” había quebrantado a PEMEX. De ahí no han pasado. A tal grado que lo relevante de este hecho es que dos funcionarios de alto nivel de PEMEX fueron castigados con una multa de 800 millones de pesos e inhabilitados para no poder desempeñar un cargo público por 10 años.
Dichos funcionarios tienen una contra demanda en donde los analistas señalan que hay muchas condiciones de que la ganen y echar para atrás el famoso “castigo”. Este hecho en verdad que daña la inteligencia de cualquier Ciudadano.
Ya que lo desviado no es cualquier cosa. Además de que ese dinero no era propiedad de los funcionarios de PEMEX, ni del gobierno. Es propiedad de la nación. Por tanto el gobierno está obligado a hacer una investigación a fondo y decirle a todo el pueblo de México que pasó con esos recursos.
Por lo que se ve no hay nada serio en ese sentido. Entonces como es que se está combatiendo la delincuencia y la corrupción. Ese es uno de los misterios de nuestros políticos.
No basta con dirigirse a la población y decirle que tenga confianza en las instituciones, cuando desde hace décadas las Instituciones no cumplen el papel para lo que fueron creadas. Las frases “vamos a cambiar y cambiar a fondo” quedan opacadas ante injusticias como la perpetrada en el 31 de octubre de 2007 por la STPS.
Cuando los charros son cuestionados se burlan ya que saben que gozan de impunidad.
Un ejemplo simple, Cuando los periodistas cuestionaron a Romero del uso de un reloj de 200 mil dólares a los pocos días este personaje les enseñaba otro reloj a los comunicadores, a manera de burla les decía “este costo 40 mil dólares”.
Está conducta retadora y burlona es el reflejo de la prepotencia con que este tipo de personajes se conducen. Sabedores que cuentan con la protección y el apoyo de las autoridades y del gobierno.
No se puede explicar de otra forma. Porque si en realidad en este país se aplicara la ley conforme a derecho. Carlos Antonio Romero Deschamps no actuaría como lo hace y desde hace mucho tiempo ya estaría tras las rejas.
Situación actual.
Trataremos de hacer un análisis desde el momento en que Romero se reelige por cuarta ocasión hasta el momento actual, esperamos no ser tan repetitivos.
En el 2005 Romero se reelige por cuarta ocasión, violando todos los preceptos legales y los estatutos del STPRM. Su objetivo es muy claro, mantenerse al frente del STPRM a como de lugar.
Desde el primer momento de su ilegal e ilegitima reelección los trabajadores democráticos de este sector nos opusimos ha este nuevo atraco, de tal forma que sus pretensiones fueron denunciadas e impugnadas. Es hasta trece de septiembre de 2007 cuando el décimo tribunal colegiado en materia de trabajo le dio la instrucción a la STPS para que se le retire la Toma de Nota a Romero.
Sin embargo la STPS no toma en cuenta este dictamen, si bien es cierto que le retira la Toma de Nota a Romero También es cierto que en ese mismo acto y en menos de 15 minutos le otorgan otra Toma de Nota. Este acto ejecutado por una autoridad que está para cumplir y hacer cumplir las leyes, no es otra cosa que un delito con el cual le otorgan impunidad al charro-usurpador.
Por que las autoridades del trabajo actuaron de está forma y no conforme a Derecho. La respuesta es muy simple. Como autoridades están protegiendo a uno de sus bastiones políticos, ya que este personaje se ha convertido en un comodín el cual se presta para todo tipo de prácticas.
De tal forma que le conviene a las autoridades tenerlo y mantenerlo. De está forma el les ayuda a las autoridades a mantener controlados a los trabajadores y las autoridades le dan impunidad. Este tipo de ayuda mutua ha desembocado cada vez más en situaciones insospechables. En donde la corrupción es la base de este tipo de simbiosis o ayuda mutua.
Pero las cosas tienen que tomar otro derrotero porque en este caso los trabajadores en lucha por la democratización del STPRM ya ganamos el “segundo amparo” en efecto el 28 de agosto de 2009 el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, resolvió la queja QT.-41/2008 de manera favorable para nosotros y le turna el expediente al Juez quinto de distrito en Materia de Trabajo en el Distrito Federal para que lo califique y turne a la STPS.
El día viernes 18 de Septiembre de 2009, a las 9:45 AM. Él Juez Quinto le entrego el resolutivo a la Dirección General de registro de Asociaciones Dependiente de la STPS, para que “dentro del término de VEINTICUATRO HORAS, contadas a partir de la notificación” de respuesta a lo ordenado.
No obstante lo anterior el día martes 22 de Septiembre de 2009 nos enteramos que la Dirección General de registro de Asociaciones de la STPS, le solicito al Juez Quinto una prorroga para que analice el expediente y pueda determinar lo procedente.
A nosotros esta actitud no nos parece la adecuada ya que llevamos más de 4 años denunciando y demandando que la cuarta reelección de Romero Fue a todas luces ilegal e ilegitima. Y, mientras tanto Romero ya lleva más de tres años usurpando el poder, negociando y firmando toda una serie de compromisos donde están inmersos los derechos e intereses de los trabajadores.
A manera de conclusión:
Como se podrá observar toda está práctica política como sociedad la hemos venido arrastrando por lo menos desde hace sesenta años. Está ha sido una de las herencias más nocivas que todos los gobiernos han ido recibiendo y lejos de desecharla la han reproducido.
Pero está practica en la actualidad ya quedo rebasada y solo está ocasionando grandes perjuicios a los trabajadores petroleros a PEMEX y a la Nación.
Ya no se pueden estar solapando y defendiendo toda una serie de prácticas delictivas y corruptivas, cometidas por personajes de bajo perfil, los cuales su único interés es el de obtener y acumular dinero a costa de los que sea.
Este tipo de prácticas nos está orillando como pueblo a que halla un distanciamiento el cual cada vez más está desuniendo a la sociedad mexicana.
Reclamo:
Sr. Felipe Calderón Hinojosa; presidente de México:
Los trabajadores en lucha por la democratización del STPRM, le exigimos que se cumpla la ley conforme a derecho en torno a la resolución que la STPS tiene que dar a nuestra demanda y se le retire la Toma de Nota a Carlos Antonio Romero Deschamps. Ya que los dos amparos que han salido son favorables a nosotros y eso es lo que están determinando.
De tal forma que tiene que girar sus instrucciones e indicarle a la STPS que resuelva conforme a derecho el expediente QT.-41/2008, de manera pronta y expedita.
¡¡¡Fuera Charros del STPRM!!!
Trabajadores petroleros en lucha por la democratización del STPRM.
Unidos venceremos.
Nombre del blog: petroleros (stprm)
Dirección electrónica: petroleros36.blogspot.com
Correo electrónico: petroleros36@gmail.com
Lobos con piel de Cordero
EN TRIBUNA
Fuente: El Periódico
Laura Itzel Castillo
El régimen de facto sigue empeñado en ocultar la lacerante realidad que vive el país. Cínicamente, el informe presentado a la Cámara por Ernesto Cordero, titular de la Sedesol, señala que los objetivos principales de esa dependencia son reducir la pobreza y la desigualdad. De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social - del cual es parte Cordero - dos años le han bastado a Felipe Calderón para producir 6 millones más de pobres en México.
Si las dependencias encargadas de producir viviendas se evalúan por el número de casas construidas y las procuradurías de Justicia se califican por el número de consignaciones de presuntos delincuentes, entonces esta dependencia debe ser juzgada por el número de personas que superan la pobreza, por lo que el fracaso es rotundo.
Pero la Sedesol no se ha conformado con vaciarnos la canasta básica, sino que ha dejado en la calle a miles de familias. Como integrante del Consejo de Administración del Infonavit, Cordero ha aprobado los "certificados de vivienda", títulos de deuda que se venden al mercado internacional sin el consentimiento de los derechohabientes, cuya garantía es la hipoteca de las casas, que son evaluados por las mismas calificadoras que en Estados Unidos generaron la crisis hipotecaria.
Además, Cordero es ineficiente. Según el informe sobre la situación de las finanzas públicas dado a conocer por Hacienda, el componente de salud de Oportunidades sólo ha reportado a mitad del año un avance del 39% en el gasto. Lo mismo ocurre con el que corresponde a IMSS Oportunidades, que apenas ha ejercido el 35% del gasto aprobado para el presente ejercicio fiscal. En el Seguro Popular, de enero a junio, apenas han ejercido el 25% del gasto correspondiente a 2009.
La campaña negra en 2006 decía que López Obrador nos quitaría la casa, que provocaría una gran crisis económica, que era un peligro para México. Es Calderón quien ha dejado al pueblo sin pan y vivienda. Pero lo más preocupante es que la crisis sería peor el próximo año, con el paquete económico enviado al Congreso. Los priístas van a negociar el 2% de impuesto al consumo a cambio de aprobar todo lo demás. Lobos con piel de cordero, dirigidos por el verdadero jefe: Carlos Salinas.
La Campaña Nacional "Sin maíz no hay país" CONVOCA A CELEBRAR
El Día Nacional del Maíz
cada año el 29 de septiembre a partir de 2009.
En el día que muchos de nuestros pueblos celebran el inicio de la cosecha de maíz y en vísperas de la conmemoración del Bicentenario de la Independencia y de la Revolución, llamamos a las mexicanas y los mexicanos a tomar en nuestras manos la construcción de la Nación a la que tenemos derecho y por la que lucharon nuestros abuelos.
Hoy más que nunca, el reclamo de independencia, tierra y libertad vibran en nuestros corazones y estómagos. Convocamos a todo México a elevar ese sentimiento hacia las manos, porque ésta es la hora de actuar.
La verdadera independencia del país reside en la capacidad de alimentarnos sin depender de las importaciones de granos y otros alimentos básicos. Por eso hoy invitamos a conjuntar esfuerzos para defender lo que nuestros pueblos han creado, reproducido y defendido por siglos y a repetir
¡El maíz es nuestro!
Celebremos al maíz en todo el país. Este 29 de septiembre de 2009, organicemos actividades culturales, educativas, gastronómicas, rituales, comunitarias, familiares y sociales para garantizar una alimentación sana, suficiente y de acuerdo a nuestros gustos y tradiciones.
CONVOCAMOS a todos los mexicanos a celebrar al maíz como corazón de nuestra agricultura campesina y base de nuestra alimentación y símbolo del corazón mismo de la Patria para que:
1. El campo mexicano siga vivo y proporcionándonos nuestros alimentos con Soberanía alimentaria en lugar de dependencia alimentaria.
2. Contemos con Políticas públicas de desarrollo rural sustentable con campesinos y un Estado responsable.
3. Se impulse la agricultura campesina revalorando las técnicas y prácticas sustentables y se reconozca sus aportaciones económicas, sociales, ambientales y culturales.
4. Se rechace la autorización de liberación de maíz transgénico en cualquiera de sus fases y se impida el control de la producción y comercialización del maíz por empresas trasnacionales.
5. Se prohíba el uso de alimentos para producir agrocombustibles.
6. Se eliminen los monopolios alimentarios y se prohíba la publicidad engañosa en los alimentos y bebidas.
7. Se eleve a rango constitucional el Derecho a la alimentación y se vigile su cumplimiento para todos las mexicanas y los mexicanos
8. Se apruebe de manera urgente en el Senado, la Ley de Planeación para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional.
¡Que nuestra celebración sea tan diversa como el país! Imagina nuevas actividades, inventa acciones y compártelas: por favor registra tu celebración en la página electrónica:
www.dianacionaldelmaiz.org; más información en www.sinmaiznohaypais.org
Bartra: sufre México el mayor deterioro económico mundial
Fuente: La Jornada de Zacatecas
• Movimiento social es la única puerta para darle reversa al proyecto de nación actual
Francisco Javier Soria
México es la excepción en sentido negativo, con el mayor deterioro económico al menos este año en toda Latinoamérica y el mundo, señaló en entrevista el investigador Armando Bartra.
Destacó que es urgente buscar alternativas para darle reversa al proyecto de nación para el país, con una idea de mundo posible que detenga el proceso de deterioro del campo y la ciudad.
Con un modelo económico cuya principal alternativa no es la producción ni la soberanía alimentaria, sino la acumulación de riqueza de las personas que más tienen en detrimento de las grandes minorías en el país, es una “aberración” la continuidad de esa práctica, aseguró el entrevistado.
“Cómo organizar a la sociedad, es una pregunta retórica, casi de rutina; los campesinos están organizados, nosotros, la gente de las ciudades, somos quienes estamos menos organizados”, expresó.
Bartra explicó que los sindicatos están en un proceso de deterioro organizativo mayor que los campesinos, a pesar de que la industria y los servicios son un sector privilegiado de la economía, lo cual es todavía peor.
En el caso de la organización de los colonos en torno a los servicios públicos, vivienda, basura, escuela, salud, pago de energía, cobros exagerados por los créditos, pérdida de casas; hay un incipiente concepto de organización, además de modesto, que no representaría un cambio verdadero, sostuvo.
El investigador agregó que los campesinos en el país son minorías, y sin embargo, no hay sector social en el país en que la mayor parte esté organizada y con capacidad de defender intereses colectivos.
“Considero que los campesinos no ven a los lados y no buscan respuestas a sus problemas en otro tipo de organizaciones; además, no esperan la solución, sino que se hace un esfuerzo para darle a las ideas que han surgido a lo largo de años, décadas y centurias, una forma más estructurada”, puntualizó.
Asimismo, explicó que hay ejemplos destacables en la historia mexicana en torno a los sectores rurales que dieron un ejemplo de organización y cambio social en el país, como el movimiento “El campo no aguanta más”, en el que se reunieron todas las organizaciones campesinas de presencia nacional.
“Ahí se obligó al gobierno de Fox, que no tenía algo de negociador, a sentarse y firmar un acuerdo que no se iba a cumplir por los compromisos del Presidente, pero que la presión social llevó a signar”, manifestó.
Bartra añadió que dicho movimiento motivó a los diputados y senadores a revisar el apartado del campo del Tratado de Libre Comercio de America del Norte (TLCAN), así como la aprobación de la Ley Nacional de la Soberanía Alimentaria, que aunque los diputados aprobaron, se encuentra detenida en el Senado.
El investigador señaló que son tiempos difíciles y es necesario replantear la idea de país que se quiere, pero sólo a través de una organización verdadera, con bases sólidas y una convicción clara, se puede lograr las metas deseadas.
“El movimiento campesino se desarticuló, sin embargo, están puestas las bases para una organización fuerte, con una memoria histórica importante, que a través de siglos establece el rumbo de un sector menospreciado”, aseveró.
Finalmente aseguró que los campesinos no garantizan ese cambio, pero tampoco lo harán los obreros ni los burócratas; aunque sí un movimiento social cimentado en la gente del país, sólo hace falta saber lo que quieren, concluyó el investigador.
Noticiero SDP mañana 29-Septiembre-09Hoy hablamos sobre el problema de los "vagoneros" en el metro de la ciudad de México y de cuanto pagan de cuotas a sus líderes, también del anuncio de JUANITO de que siempre sí pedirá licencia a la JEFATURA DELEGACIONAL DE IZTAPALAPA, dejando, eso sí, a sus allegados en puestos de la mencionada delegación, también platicamos sobre la restitución de los triundos al PAN en las delegaciones MIGUEL HIDALGO y CUAJIMALPA y de cómo, valiéndoles gorro la nueva ley, los bancos siguen cobrando comisiones que ya no deberían cobrar desde hace un mes. Tuvimos la síntesis informativa de NOTIMEX y hoy en éste programa participaron DOLORES REMEDIOS y el DR. ALBERTO SLADOGNA.
Fracasa SFP en combatir corrupción gubernamental
Desde 2007 la Auditoría Superior de la Federación reprobó el desempeño de la Secretaría de la Función Pública. Sentenciada a desaparecer junto con otras dos secretarías de Estado –para ahorrar en el gasto público–, la propia SFP adolecía, desde hace años, de negligencia, ineficacia y opacidad, males que por mandato legal debía combatir en toda la administración pública
La Secretaría de la Función Pública (SFP) recibió una opinión negativa de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el Informe del resultado de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública 2007.
Sujeta a tres evaluaciones de desempeño como vigilante de la actuación de los centros públicos de investigación, de la eficacia de programas gubernamentales y de la administración del patrimonio inmobiliario federal, la SFP incumplió en su misión de consolidar un gobierno honesto, eficiente y transparente.
La llamada secretaría “anticorrupción”, próxima a desaparecer, no realizó acciones que garantizaran la vigilancia, la transparencia, el control y seguimiento en la administración pública federal.
El máximo órgano de fiscalización determinó que la SFP no realizó revisiones en 11 centros públicos de investigación; sólo incorporó 45 padrones de programas gubernamentales (38.5 por ciento del universo de atención), y presentó deficiencias en el aseguramiento, enajenación y venta de inmuebles.
La ASF advierte que la falta de actuación de la Función Pública ocasiona que los centros de investigación pública no alcancen sus resultados, que no sea posible hacer más eficientes los programas gubernamentales en su operación y administración; que se garantice el buen aprovechamiento de la propiedad federal, y que se eviten desvíos, omisiones y otras irregularidades.
Opinión negativa de ASF
El ejercicio de la Secretaría de la Función Pública en el cumplimiento de los convenios de desempeño con los centros públicos de investigación fue calificado con una opinión negativa de la ASF.
En la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública 2007 la ASF determinó que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función Pública no cumplieron con las disposiciones normativas de los convenios de desempeño de los centros públicos de investigación.
Según la Auditoría de desempeño sobre el cumplimiento de los convenios de desempeño de los centros públicos de investigación, durante 2007 se ejercieron 4 mil 456 millones 118 mil 100 pesos por los 24 centros públicos de investigación, coordinados por el Conacyt. La Ley de Ciencia y Tecnología los define como entidades paraestatales, cuyo objetivo es realizar actividades de investigación científica y tecnológica.
En su artículo 59 señala que se regirán mediante convenios donde se establezcan las bases de desempeño. De este modo la Secretaría de la Función Pública y la SHCP son responsables de evaluar trimestral y anualmente el cumplimiento de los compromisos asumidos por los centros en dichos acuerdos.
Ello con el propósito de mejorar las actividades en cada centro, alcanzar las metas y lograr los resultados programados, tener un ejercicio de gasto y rendición de cuentas más eficiente y transparente, y vincular los impactos con el monto del presupuesto que se le asigne.
El informe señala que en 2007 las evaluaciones realizadas por la SFP no incluyeron el compromiso de difundir resultados, y no correspondieron con la periodicidad anual. La SFP informó a la Auditoría Superior de la Federación que para que se celebren los convenios se hacía necesaria la publicación del Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación y el Programa de Mejoramiento de la Gestión. Sin embargo, no sucedió.
El reporte advierte en la Ley de Ciencia y Tecnología no se establece condición alguna para la suscripción de los acuerdos: “El hecho de que los centros públicos de investigación no suscribieran los convenios de administración por resultados provocó que no estuvieran en posibilidades de adoptar un sistema de presupuesto basado en resultados que motivara a dichos centros a alcanzar los resultados”.
En su lugar el Conacyt, la SFP y Hacienda autorizaron la aprobación de un Modelo de Convenio de Administración por Resultados; sin embargo, lo hicieron en fecha posterior a la establecida, el 22 de agosto de 2007. Como resultado, la ASF emitió 25 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria para los servidores públicos que por acto u omisión no suscribieron los acuerdos en los centros de investigación.
Durante 2007 los órganos internos de control (OIC) y la Unidad de Auditoría Gubernamental (UAG), dependientes de la SFP, practicaron 232 auditorías en 20 de los 24 centros públicos de investigación. Sólo 20 correspondieron a auditorías de desempeño en 18 centros y generaron 13 observaciones.
No se practicaron auditorías al cumplimiento de convenios de desempeño en 11 centros públicos de investigación con OIC. Función Pública no explicó ante la Auditoría Superior de la Federación las causas de la irregularidad, pero sí dijo que todos los actos de fiscalización de los OIC y la UAG se orientaron a verificar el cumplimiento de las metas y objetivos de las instituciones: “Es importante resaltar que, si bien no se llevaron a cabo las auditorías, sí existe un análisis de toda la información programática a efecto de validarla”.
Sobre las revisiones de control sólo se realizaron en tres de los 19 centros públicos de investigación que suscribieron convenios de desempeño: dos en evaluación de indicadores de desempeño y una en monitoreo de operaciones. Por lo que “no se verificó el cumplimiento de las metas reportadas por dichos centros”, indica la ASF.
El máximo órgano de fiscalización recomendó que la SFP analice la factibilidad de realizar acciones de inspección y vigilancia establecidas en los convenios de desempeño suscritos por los 24 centros públicos de investigación.
Ineficiencia en control de programas gubernamentales
La Auditoría de desempeño del sistema integral de información de padrones de programas gubernamentales concluyó que la SFP no cumplió con el objetivo de integrar de forma estructurada y sistematizada la información de los programas a cargo de la administración pública federal.
El Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPPG) es una herramienta de cobertura nacional que integrará de forma estructurada y sistematizada la información objetiva y fehaciente de los proyectos de la administración pública federal. Su objetivo es promover la equidad y la igualdad de oportunidades otorgando bienes sociales y satisfactorios básicos, evitando duplicidades de atención.
La fiscalización señala que durante 2007 la Dirección General de Simplificación Regulatoria de la SFP erogó 15 millones 851 mil pesos para ese fin. Es decir, el 61 por ciento del presupuesto aprobado debido a que se mantuvieron vacantes nueve de las 25 plazas de su estructura orgánica. Las actividades del SIIPPG fueron realizadas por dos mandos superiores y un mando medio.
La Secretaría de Función Pública, observa el órgano de fiscalización, no incluyó metas e indicadores vinculados con el SIIPPG ni respecto a los objetivos de los programas gubernamentales.
Con la revisión de las bases de datos del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007, la ASF identificó 117 programas presupuestarios que recibieron subsidios y operaron con padrón de beneficiarios.
No obstante, Función Pública sólo incorporó 45 padrones al SIIPPG, lo que significó una cobertura de apenas el 38.5 por ciento respecto del universo de atención. Por ello, la ASF determinó que no hubo cobertura nacional.
Al comparar los 114 programas registrados por Función Pública con los 117 identificados por el órgano de fiscalización, se encontró que la entidad no consideró ocho programas. En su lugar, incorporó dos que no recibieron recursos ese año y tres de instituciones de seguridad social.
El informe de auditoría constató que la dependencia, en su carácter de responsable de la operación del SIIPPG, no contó con una plataforma informática que le permitiera explotar la base de datos de manera estructurada y sistemática:
“La ausencia de información sistematizada y estructurada –advierte el reporte– en el sistema de los 117 programas imposibilitaron la eficiencia y efectividad en su operación y administración, así como la atención y corrección de errores, desvíos, omisiones y cualquier otra irregularidad”.
Expone que el SIIPPG no dispone de sistemas o tableros de control y no existen sistemas de información respecto a las características geográficas, estadísticas y socioeconómicas de los beneficiarios: “No integró una base de datos común que fuera útil para el diseño, desarrollo, evaluación y monitoreo de las políticas públicas. Permitió la inclusión de datos nulos, incompletos e inconsistencias”.
De esta manera, al evaluar el padrón del Seguro Popular en 2007 la ASF identificó posibles duplicidades de beneficiarios: “Por sí sola no garantiza que correspondan a la población objetivo determinada en las disposiciones legales que norman la operación de los servicios médicos de cada institución”. La entidad no evidenció intercambio de información o la interconexión con la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
Resultado de un cuestionario elaborado por la SFP a 23 operadores de programas en las dependencias, el 95.7 por ciento dijo que el SIIPPG no es utilizado para identificar, analizar y monitorear la concurrencia de recursos destinados para la operación de los programas. El mismo porcentaje respondió que no le permitió verificar si los beneficiarios correspondieron con la población objetivo y tampoco mejorar la eficacia en el proceso de incorporación de beneficiarios.
El 91.3 por ciento de los entrevistados señaló que las dependencias no tienen acceso al SIIPP-G desde su plataforma informática, y el 74 por ciento aseguró que el sistema no simplificó los procesos de intercambio de la información de los padrones entre dependencias y entidades.
Al respecto, expone el informe de fiscalización, los grupos de trabajo convocados por Función Pública no tuvieron como fin analizar y consensuar las acciones y medidas orientadas a mejorar la eficiencia en la operación de los programas. Tampoco el de promover la estandarización de los formatos de captura de los beneficiarios.
La ASF verificó que la SFP no constató que haya realizado evaluaciones y análisis comparativos. La entidad informó a la SFP que hasta el 15 de julio de 2008 no había celebrado convenios de coordinación con las entidades federativas y municipios, ni con organismos autónomos e instituciones públicas y privadas, como lo confiere el decreto por el que se creó el SIIPPG.
Indaabin incumple en protección de patrimonio federal
La Auditoría de desempeño al sistema de administración inmobiliario federal en la administración pública federal centralizada consideró que las secretarías de la Función Pública, de Hacienda y el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) no cumplieron con disposiciones normativas en materia de administración, registro y protección del patrimonio inmobiliario federal. El Indaabin persistió en el incumplimiento observado por la ASF en la revisión de la Cuenta Pública de 2006.
El valor de los bienes inmuebles de la administración pública federal sumó 10 mil 889 millones 155 mil pesos en 2007. De ese total, el órgano de fiscalización auditó 1 mil 418 millones 78 mil pesos. La auditoría revisó la eficacia del Indaabin, órgano desconcentrado de la Secretaría de la Función Pública, para vigilar y regular su adquisición, arrendamiento, enajenación, destino o afectación.
En su revisión y fiscalización de la Cuenta Pública 2007, la ASF no pudo evaluar la economía con que el Indaabin aplicó los recursos. Durante ese año el órgano descentralizado de Función Pública ejerció un monto de 202 millones 446 mil 600 pesos, superior en 99.3 por ciento a los 101 millones 573 mil pesos presupuestados para cubrir las erogaciones por servicios personales. Además no contó con gasto autorizado para cumplir objetivos presupuestarios, ni de información para determinar el costo de sus metas.
Entre 2001 y 2007 el número de inmuebles federales en uso de las dependencias disminuyó 11.1 por ciento, al pasar de 12 mil 938 a 11 mil 507. Del total, el 69.7 por ciento (8 mil 24 inmuebles) fueron concentrados en cuatro secretarías: Educación Pública, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Salud y Función Pública.
Sin embargo, de 2006 a 2007 el valor de los inmuebles se incrementó casi 9 por ciento. Dicha variación no fue incluida en los expedientes de cierre de la Cuenta Pública por dependencia, lo que “no facilitó la fiscalización del valor de los bienes inmuebles”.
En 2007, 1 mil 356 inmuebles estuvieron bajo la administración del Indaabin: 845 sujetos a inspección o trámites inmobiliarios; 258 para comercialización; 236 fueron edificios públicos, y 17 estuvieron en uso de la SFP.
La ASF verificó que 822 inmuebles no fueron aprovechados, mientras que 7 mil no acreditaron estar inscritos al Registro Público de Propiedad Federal, 2 mil 673 no comprobaron la propiedad y dominio de la federación y para 775, se desconocía.
Constató que el Inventario del Patrimonio Inmobiliario Federal y Paraestatal no identifica el rango de aprovechamiento, la superficie total, el valor histórico y comercial, y la situación jurídica y administrativa. Tampoco el Sistema de Información Inmobiliaria Federal y Paraestatal mostró una integración sistematizada de información sobre el registro de la situación física, jurídica y administrativa del patrimonio inmobiliario de la administración pública federal.
Según lo observado por la ASF, el Indaabin no dispuso de un manual de organización actualizado para 2007. Tampoco estableció indicadores que determinaran los alcances del pago de rentas en el gasto público federal, ni para evaluar que los recursos destinados a la conservación y mantenimiento de los inmuebles se apliquen con eficiencia.
El órgano fiscalizador determinó que el monto ejercido durante 2007 en arrendamiento de inmuebles ascendió a 888 millones 790 mil 600 pesos. La Secretaría de Energía erogó recursos que significaron más de cinco veces el valor de los inmuebles a su cargo, mientras que lo ejercido por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social fue superior tres veces más su valor. Por el contrario las secretarías de Salud y de la Reforma Agraria utilizaron casi la tercera parte del valor de sus bienes.
En cinco secretarías: Medio Ambiente y Recursos Naturales, Comunicaciones y Transportes, Seguridad Pública, Marina y de la Defensa Nacional el porcentaje fue inferior al valor total del arrendamiento en 2007. La Consejería Jurídica del Ejecutivo federal no realizó gastos por este concepto.
Respecto al mantenimiento y conservación de inmuebles, la ASF señala que el monto ascendió a 446 millones 634 mil 800 pesos. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social erogó por este concepto dos veces el valor de los inmuebles, y la Secretaría de Energía ejerció 40.4 por ciento del valor de sus bienes.
Por cada inmueble la administración pública federal erogó en mantenimiento y conservación 38 mil 800 pesos. Las tres dependencias que ejercieron un mayor presupuesto por bien fueron la Secretaría de Energía con 1 millón 315 mil pesos; la Secretaría de Economía con 948 mil 600 pesos, y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social con 772 mil 700 pesos.
El Indaabin no comprobó que se aplicaran los criterios de eficiencia (captación de ingresos, gastos administrativos, ocupación inmobiliaria, concesiones regularizadas, calidad en el servicio y sustentabilidad) en los 100 inmuebles que seleccionó como los más eficaces, como tampoco la realización de programas para regularizar bienes en 13 dependencias.
El máximo órgano de fiscalización concluyó que en 2007 la SFP, mediante los OIC, no realizó acciones específicas de vigilancia en las dependencias de la administración pública federal en materia de administración, registro y protección del patrimonio inmobiliario federal bajo su responsabilidad, ni para que los registros de las operaciones y presentación de estados financieros se sustentaran en los postulados técnicos establecidos por la SHCP.
Analizando el número de auditorías practicadas por OIC en el periodo 2006-2007, la ASF observó que se redujo su ritmo de crecimiento en 21.5 por ciento. Para 2007 se redujo en 76.6 por ciento la cantidad de auditorías realizadas al pasar de 449 (en 2001) a 105.
No obstante las 479 observaciones realizadas por el incumplimiento de la aplicación de las normas y disposiciones en la materia, no se determinaron para el caso del patrimonio inmobiliario en ocho de las 21 dependencias que no enviaron para su examen o no les fueron autorizados libros principales de contabilidad.
Se trata de las secretarías de Desarrollo Social; de Hacienda y Crédito Público; de Turismo; de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, que no enviaron para su examen libros principales de contabilidad.
Para el caso del Indaabin, las observaciones del OIC se refieren a la falta o exceso de cobertura de aseguramiento de bienes inmuebles; falta o desactualización de inventarios, expedientes, fichas catastrales y cédulas inmobiliarias; falta de títulos de propiedad, escrituración e inscripción en el Registro Público de la Propiedad; indebido uso de espacios físicos permisionados o concesionados.
Así como incongruencia en el proceso de enajenación y venta de inmuebles; deficiencias en la operación de comités y órganos colegiados constituidos para vigilar su administración; inmuebles deteriorados, en estado de abandono, con daño estructural o inadecuados para su uso eficiente, y un inadecuado registro u omisión de información financiera, contable o presupuestal.
Según el informe de fiscalización, la SFP informó a la ASF que no existe un rubro específico para supervisar que las entidades atiendan de manera puntual la normativa emitida por el Indaabin en materia de administración, registro y protección.
En relación al aseguramiento de patrimonio inmobiliario, la revisión y fiscalización superior a la Cuenta Pública 2007 señala que de los 11 mil 507 bienes registrados en el Inventario Nacional de Inmuebles Federales, sólo 1 mil 978 edificios fueron reportados en el Sistema de Administración de Bienes Asegurables (SABA).
De las 21 dependencias de la administración pública federal, la Secretaría de Educación Pública no remitió la póliza de seguros a la SHCP, mientras que las secretarías de la Defensa Nacional y de Medio Ambiente y Recursos Naturales no actualizaron su inventario en el SABA.
La SHCP, constató la ASF, careció de atribuciones de coordinación y supervisión para verificar la actualización de los inventarios y la contratación de seguros de riesgos de los bienes inmuebles. El órgano de fiscalización recomienda que “se formalice la coordinación entre la secretaría y el Indaabin, con el fin de homologar criterios de registro sobre los inventarios de bienes patrimoniales”.
La ASF promovió se deslinden responsabilidades por no modificar el saldo de “Cuentas incobrables en recuperación”. Pese a lo observado en la Cuenta Pública 2006, el Indaabin persistió en el incumplimiento, pues mantuvo un monto de 1 millón 166 mil 800 pesos en cuentas improcedentes.
[INFOGRAFÍA]
Funciones de la SFP respecto a dependencias y entidades de la Administración Pública Federal
Organizar y coordinar el sistema de control y evaluación gubernamental
Inspeccionar el ejercicio del gasto público federal
Vigilar el cumplimiento de disposiciones en planeación, presupuesto, ingresos, financiamiento, inversión, deuda, patrimonio, fondos y valores
Vigilar el cumplimiento de normas de control y fiscalización
Vigilar el cumplimiento de sistemas de registro y contabilidad, contratación y remuneraciones de personal, contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios y ejecución de obra pública
Regular la adquisición, arrendamiento, enajenación, destino o afectación de los bienes inmuebles
Realizar las auditorías a dependencias y entidades en sustitución o apoyo de sus órganos de control
Dirigir, organizar y operar el Sistema de Servicio Profesional de Carrera
Recibir y registrar las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos y verificar su contenido
Atender quejas e inconformidades presentadas por particulares con motivo de convenios o contratos celebrados
Conocer e investigar las conductas de los servidores públicos que constituyan responsabilidades administrativas, aplicar las sanciones y presentar las denuncias
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