Por Ramón Alberto Garza
09 Oct 2009
El gobierno federal parece estar elevando más que oraciones para devolverle la fe al PAN en el 2012.
Muchos temen que los dineros de fideicomisos y "guardaditos" se estén reservando para levantar la economía un año antes de las elecciones en lo que se conocería como...
Un milagro en el 2011
El gobierno de Felipe Calderón podría estar creando las condiciones para generar en 2011 un milagro económico mexicano.
El disparador del crecimiento sería la aplicación de recursos extrapresupuestales -fideicomisos, mandatos, comisiones, reservas o "guardaditos"- que se acumularían en 2009, 2010 y 2011.
Todo con miras a propiciar el optimismo necesario para que el electorado recupere la fe perdida en el PAN y que los blanquiazules tengan la posibilidad de retener la Presidencia en 2012.
Al menos ésa es la tesis que evalúan algunos legisladores, economistas y analistas de distintas bancadas, quienes podrían exigir cuentas a la Secretaría de Hacienda en los próximos días.
La demanda sería para transparentar todos los fondos que no caen bajo el escrutinio del Congreso ni de la Auditoría Superior de la Federación, y cuyo monto total se desconoce.
EL MÉXICO CONGELADO
Las suspicacias se despertaron cuando, de súbito, el 4 de agosto de este año, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitió la circular 307-A-0770.
En este comunicado, dirigido a las oficialías mayores de todas las dependencias federales, se les demandaba que esa misma semana, a más tardar el viernes 7 de agosto, cerraran todos los compromisos presupuestales de 2009.
Y que los que no estuvieran registrados para el 31 de agosto, serían compromisos sin asignación presupuestal.
Más aún, se exigía a los responsables de las tesorerías de las distintas dependencias federales que reportaran los montos de los saldos que mantenían en chequeras hasta el 10 de agosto.
Más grave todavía, que las partidas no asignadas fueran devueltas a la Tesorería de la Federación, al igual que los saldos no ejercidos hasta el 18 de septiembre.
De facto, el gobierno federal estaba cerrando la llave del gasto ante la evidente contingencia de que no existían los recursos suficientes para hacer frente a los compromisos que se plantearon al arrancar el año.
Sin embargo, la pregunta que surgió de inmediato fue: ¿acaso de la noche a la mañana la Secretaría de Hacienda detectó el hoyo fiscal de los 374 mil millones de pesos? ¿Por qué no se dio una alerta temprana cuando el faltante apenas fuera en los 50 mil o los 100 mil millones de pesos?
Las respuestas a estos cuestionamientos sólo pueden ser dos.
I. DEL CATARRITO A LA NEUMONIA. Conociendo el talento económico en la Secretaría de Hacienda, no eran ignorantes de la magnitud de la crisis financiera que se vivía.
Simplemente, se les pidió que mantuvieran en reserva la fragilidad de las finanzas públicas hasta pasadas las elecciones del 5 de julio, para que la mala noticia no se reflejara en las urnas.
El hecho de que los electores conocieran la gravedad de las cuentas públicas y la urgencia de nuevos impuestos podría ser un factor que convenciera a los votantes de no dar su sufragio al partido en el poder, es decir, el PAN.
En pocas palabras, no alarmar al paciente. Mantener el diagnóstico del "catarrito", sin revelar ni por asomo que se trataba de una "neumonía" que nos postraría en cama por uno o dos años, con la exigencia de sacrificios fiscales.
Por eso, a casi un mes de las elecciones, la Secretaría de Hacienda impuso la alerta roja. Y no era sobre algo menor. Era el reconocimiento de un "hoyo fiscal" de 374 mil millones de pesos.
¿Que no se habían implementado medidas contracíclicas? ¿Que no había dicho el presidente que México tenía la receta para blindarse de la crisis mundial?
¿Acaso no hubo señales antes del 4 de agosto, cuando se congeló a México? ¿Nadie se enteró cuando el "hoyo fiscal" era de 50 mil o de 100 mil millones de pesos para implementar algo? ¿De pronto apareció el "hoyo fiscal" de 374 mil millones de pesos? ¿De la nada? Nadie lo cree.
II. DEL EMPLEO A LA POBREZA. Cuando el gobierno supo de la debacle electoral del 5 de julio, incluida la pérdida de gubernaturas que ya sentía en la bolsa -como las de Nuevo León, Querétaro y San Luis Potosí-, se encendieron las alertas políticas.
A pesar de la elevada aprobación presidencial, el rechazo al PAN fue evidente en las urnas. El camino para el regreso del PRI a Los Pinos en 2012 estaba pavimentado.
Y con la crisis económica empeorando, lo que se veía en el horizonte no era nada halagador.
De ahí la urgencia de un plan alternativo que creara las condiciones necesarias para garantizar que en el año previo a las elecciones se diera un crecimiento que reviviera la esperanza en el partido en el gobierno.
El contraciclo económico que se aplicaría en 2009, que incluía un súperplan de infraestructura y la aplicación de "guardaditos", simplemente se pospondría hasta 2011.
Se asumirían las caídas de los ingresos petroleros, la baja en la recaudación fiscal y los descensos en remesas y turismo. Y se buscarían los mecanismos, no para aplicar los "guardaditos" que se quedarían "guardaditos", sino los mecanismos fiscales para elevar la recaudación y cubrir sin contraciclos los faltantes.
De ahí surgió la urgencia de ajustar el paquete fiscal con el impuesto del 2 por ciento para el Combate a la Pobreza y los incrementos en el Impuesto Sobre la Renta.
De la noche a la mañana, el discurso del "Presidente del Empleo" pasó a ser el discurso del "Presidente de la Pobreza".
¿Dónde quedaron las políticas contracíclicas de 2009? ¿Por qué si existe una crisis de finanzas públicas, el presupuesto del gobierno federal para 2010 incluye un crecimiento de 5.3 por ciento para gasto corriente?
DE FIDEICOMISOS Y DISPONIBILIDADES. Durante los últimos sexenios, la Secretaría de Hacienda y distintas dependencias federales vienen usando -y abusando- de las figuras de los fondos, los fideicomisos, los mandatos, las comisiones y otras formas de concentración de recursos.
Bajo estas figuras legales -o legaloides-, opacas y grises, se esconden recursos públicos que el gobierno genera de manera excepcional y extraordinaria.
Esto incluye decomisos fiscales, contrabandos y la incautación de cuantiosas sumas de dinero y bienes al crimen organizado.
Pero también están los apoyos excepcionales que otorgan al gobierno mexicano algunos organismos internacionales.
O incluso las multas, llamadas penas convencionales, o intereses moratorios que las dependencias federales aplican a proveedores y contratistas incumplidos.
Por ejemplo, ¿alguien sabe el monto y destino de las multas que aplica el Seguro Social a sus proveedores de medicamentos e insumos, y que alcanzan hasta 10 por ciento del monto de sus millonarios contratos?
El común denominador de todos estos recursos que el gobierno decomisa, incauta, recibe como multas o le llegan por organismos internacionales, es que no pasan por la fiscalización pública.
Es decir, no están sujetos a ser revisados ni por el Congreso ni por la Auditoría Superior de la Federación, porque no están dentro de las asignaciones presupuestales.
Pero los miles de millones ahí están. De hecho, la presunción es que el monto de estos recursos, sumando todos los fideicomisos, disponibilidades y guardaditos, pudiera ascender a unos 250 mil millones de pesos, que es casi el monto del llamado "hoyo fiscal" presupuestado.
La Auditoría Superior de la Federación ha detectado que se han conseguido financiamientos internacionales para proyectos y obras ya realizados, incluyendo el reporte poco transparente y desordenado de créditos que recibe la banca de desarrollo mexicana en el exterior.
También parece existir poca o nula transparencia en el intercambio de pagares del IPAB (Instituto para la Protección al Ahorro Bancario), sin que hasta el momento se sepa cuánto se ha recuperado de ese rescate bancario.
Menos se sabe cuál es el monto de los recursos que están en los fideicomisos que se crearon para recuperar cientos de miles de créditos que debieron ser contabilizados entre 2005 y 2008.
Por eso, algunos legisladores están inquietos. Porque tienen fundadas sospechas de que la poca transparencia de los fideicomisos, disponibilidades y "guardaditos" se está prestando para un manejo político de las finanzas públicas.
Y que lo que sería aplicado este año, después del resultado electoral del 5 de julio, se habría transferido para su aplicación hasta 2011, con el respectivo acumulado de 2010.
Estos recursos extraordinarios permitirían un repunte de la economía interna que se reflejaría en un crecimiento importante que traería un clima de bienestar, precisamente el año previo a la elección presidencial.
Por eso los legisladores ya promueven que no se avance en el debate de los presupuestos y del paquete fiscal si antes la Secretaría de Hacienda no les entrega un reporte detallado de esos "guardaditos".
El exhorto incluiría a las secretarías de Hacienda y Energía para tener los detalles de la Tesorería de la Federación, la CFE y Pemex.
Esto incluiría los importes de cuentas, reservas y fondos devengados o comprometidos, pero no ejercidos, a finales de septiembre de este año.
¿EN DÓNDE ESTAMOS CON EL 2%? Por ahora, el impuesto del 2 por ciento para el Combate a la Pobreza está congelado en el ánimo de los legisladores de casi todos los partidos. Las apuestas son que no pasará.
Y más todavía, que la resistencia a eliminar de un solo golpe la consolidación fiscal, también se frenará.
Su retroactividad no sólo lesionaría severamente las finanzas de muchas corporaciones, sino que incidiría en la confianza que la banca internacional tiene en México.
La nueva propuesta es eliminar la sobrefiscalización con tres impuestos: ISR, IETU y el nuevo 2 por ciento a la pobreza.
En su lugar sería decretado un impuesto único aplicable directamente al consumo o a los ingresos -no las utilidades- de las empresas.
Pero antes de continuar el debate, la transparencia tendrá que darse. El milagro mexicano será conocer a fondo dónde están los dineros que no pasan por el Congreso.
