Por responsabilidad, la extinción de Luz y Fuerza, dice Lozano en Ginebra

El funcionario, abucheado en la ciudad suiza: Martín Esparza

Por responsabilidad, la extinción de Luz y Fuerza, dice Lozano en Ginebra

Patricia Muñoz Ríos

Periódico La Jornada

Martes 15 de junio de 2010, p. 14

El secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, señaló ayer en el pleno de la 99 conferencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que se celebra en Ginebra, Suiza, que el año pasado el gobierno de México se vio obligado a emprender acciones amargas: la extinción de un organismo altamente costoso e ineficiente en la prestación del servicio público de energía eléctrica (Luz y Fuerza del Centro) y el establecimiento de nuevas contribuciones para la sociedad.

En ambos casos se actuó con profundo sentido de responsabilidad y congruencia. Era menester generar ingresos y ahorros para que, sin incurrir en un déficit público peligroso o inmanejable, se pudiese hacer frente a un gasto social creciente.

El líder del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Martín Esparza –quien también se encuentra en Ginebra–, informó vía telefónica que durante su participación el funcionario recibió muestras de descontento y abucheos de organizaciones sindicales, como la Federación Internacional de Trabajadores de la Industria Metalúrgica, la cual ha mantenido el apoyo en diversos órdenes al líder minero Napoleón Gómez Urrutia.

Esparza afirmó que la representación del SME manifestó consignas contra el secretario durante la participación de éste ante la OIT, por lo que incluso miembros de seguridad los quisieron sacar, pero como recibieron el apoyo solidario de varias organizaciones sindicales, entre ellas las venezolanas, no tuvieron que abandonar el recinto.

El SME tendrá una participación en este pleno mañana miércoles, en la cual expondrá toda la serie de irregularidades y violaciones constitucionales, legales y laborales que cometió el gobierno de Felipe Calderón contra los trabajadores electricistas.

De igual manera, tendrán una reunión con la Comisión de Libertad Sindical, en la cual se abordará la queja que interpuso el SME contra el gobierno de Calderón en noviembre pasado por violación al convenio 87 de la OIT.

Hemos sabido que funcionarios del gobierno han cabildeado para que (el organismo internacional) no acepte esta queja, abundó.

El secretario del Trabajo participó en la discusión sobre el Informe del director general de la Oficina Internacional del Trabajo de la OIT, titulado: Recuperación y crecimiento bajo el signo del trabajo decente.

Expresó que la creación de fuentes de empleo en la economía formal tiene que ser una meta del Estado en su conjunto, y no sólo de los gobiernos. Apuntó que países como México fuimos ajenos a las causas de la crisis económica internacional y, sin embargo, pagamos caro las consecuencias.

Con todo, más temprano de lo pronosticado por muchos, en México se retomó el crecimiento económico y la generación de empleo mediante acciones como el diálogo social maduro y fructífero entre los factores de la producción y con nuestro gobierno, aseguró.

Gracias a ese diálogo, apuntó, en 2009 hubo el menor número de huelgas en la historia moderna de México, y en días pasados fue superado un largo paro de labores que afectaba la principal y emblemática mina de cobre en nuestro país, Cananea. Ese paro obedeció a motivos que iban más allá de lo estrictamente laboral. Afortunadamente tal episodio ha quedado atrás, pues se han agotado las instancias legales.

Fuente: La jornada

Difusión AMLOTV

Hasta 10 mil mdd ilícitos habrían recibido los bancos: SHCP

Hasta 10 mil mdd ilícitos habrían recibido los bancos: SHCP

La Redacción

MÉXICO, D.F., 15 de junio (apro).- El sistema bancario del país registró excedentes anuales hasta por 10 mil millones de dólares, reveló Ernesto Cordero, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Esos ingresos provendrían de recursos ilícitos, reconoció el funcionario en rueda de prensa acompañado del presidente de la Comisión Nacional Bancaria, Guillermo Babatz.

Por esa razón, la SCHP emitió una serie de reglamentos para regular las operaciones con dólares en el país; entrará en vigor el próximo lunes para personas físicas y en 90 días para personas morales.

Entre las nuevas normas para personas físicas se prevé que únicamente puedan llevar a cabo operaciones hasta por 4 mil dólares mensuales en la institución bancaria a la cual esté afiliado.

Los no-cuentahabientes podrán realizar operaciones hasta por mil 500 dólares al mes.

Fuente: Proceso

Difusión AMLOTV

Audio: Carmen Aristegui MVS Noticias 15 junio 2010

Bájalo AQUI

Audio Cortesia AMLOTV

www.amlotv.com.mx
Soberania Popular

Fuente: MVS Noticias
Difusión AMLOTV

Como las Corporaciones transnacionales dominan y explotan a México

Fuente: http://www.youtube.com/user/luifer8
Difusión: Soberanía Popular

Oficio de Papel

*Calderón aplica discrecionalmente la justicia

*Salva a su amigo Patrón Laviada

*Los expedientes de las Personas Política Expuestas

Si se analiza bajo el método científico el modelo que sigue el gobierno de Felipe Calderón respecto a la impartición de la justicia y se toma como ejemplo a las Personas Políticamente Expuestas (PPE´s), podría confirmarse, tan sólo a partir de la observación de los casos repetidos una y otra vez, que en México el combate al lavado de dinero se ha politizado y se utiliza para negociar en momentos electorales con el PRI, reducir la ya disminuida influencia del PRD y sobre todo, para proteger a los políticos panistas y a los miembros del gabinete que tienen en sus cuentas montos injustificables en bancos de México y el extranjero.

A lo largo de los dos últimos dos años, la revista Contralínea y este espacio han dado conocer las oportunas investigaciones realizadas por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sobre el manejo financiero de políticos de las principales organizaciones partidistas del país.

Al menos en los casos del PAN, PRD y PRI se confirma el inusual flujo de recursos que bien pudo dirigirse a las campañas y en donde el origen debería de ser la principal preocupación de las autoridades electorales. El tratamiento técnico del problema, al menos en el terreno de las indagaciones, ha sido impecable. Sin embargo, el conflicto se ha presentando en el seguimiento judicial dado a cada uno de estos casos porque al consignar estas investigaciones ante el Ministerio Público y éste a su vez a un juez federal, resulta que se presentan todo tipo de obstáculos para deslindar responsabilidades y consignar a los culpables.

Al menos esto es lo que ha sucedido en el caso de los políticos del PAN y del PRI, lo que sugiere una sospechosa omisión con los miembros del partido en el Poder Ejecutivo y una ofensiva negociación respecto al Revolucionario Institucional. Mientras tanto, para los políticos y personajes ligados al PRD, o a la oposición de izquierda en el país, la impartición de justicia se ha administrado de manera propagandística, incluso con el apoyo del Ejército. Así, ante los medios se les descalifica para ir a los comicios.

Por eso, mientras el caso del ex alcalde de Cancún y frustrado candidato a la gubernatura de Quintana Roo por la alianza en la que participa el PRD, Gregorio Sánchez, se revela apenas unas semanas antes de los comicios, en el expediente del panista Patricio Patrón Laviada, se han hecho concesiones de todo tipo que lo protegen y lo mantienen lejos del Poder Judicial, pero sobre todo del cuestionamiento de los medios de comunicación y de la opinión pública por el manejo poco claro de recursos manejados por su familia.

Hoy, gracias a ello, el hombre que, siendo gobernador del estado de Yucatán, apoyo de manera incondicional la campaña de Felipe Calderón rumbo a la Presidencia de la República, puede darse el lujo de respaldar también a su esposa en actos proselitistas en los días de campaña previos a la votación para decidir la alcaldía del municipio de Tinum en Quintana Roo. El primo hermano del priista Emilio Gamboa Patrón reapareció en el terreno político hace algunos días en Tulum y aún siendo titular de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente se aventuró a hacer declaraciones proselititistas asegurando que a ese estado, hoy bajo el dominio del PRI, el presidente Felipe Calderón ha enviado mucho dinero a esa región pero que no ha llegado.

Calderón, por cierto, prefirió desairar recientemente a los exportadores que celebraron su convención anual en la ciudad de Mérida, y no tener que encontrarse con la gobernadora priista, Ivonne Ortega Pacheco, sobrina de Víctor Cervera Pacheco, quien se ha enfrentado con el mandatario por razones que van desde incumplimiento al protocolo hacia un gobernador hasta por simples diferencias de opinión. Pero lo que es un hecho es que Calderón sí le debe a Patricio Patrón Laviada una época dorada de apoyo para el PAN desde Yucatán, hoy convertido en territorio priista.

Lo relevante es que el expediente de Patrón Laviada, integrado en la UIF de la SHCP, no se ha ejecutado judicialmente. En la averiguación previa contra el político panista – que, sospechosamente se “extravió” en la PGR, aparecen familiares y amigos de Laviada como Ricardo Patrón Laviada, Cecilia Margarita Laviada Arrigunaga, Johnny Alberto Benítez Cetina y José Baltasar Cetina Pech). Al parecer, el expediente está extraviado o ya desapareció de la PGR, incluso borrado de la memoria de la computadora.

Al parecer no es gratuito el favor para Patrón Laviada porque en el momento en que más lo necesitó Calderón esa entidad se convirtió en punto clave para Calderón. Desde ese estado se abrió el abanico de la campaña a toda la península, es decir, hacia Quintana Roo y Campeche, en donde intervinieron notablemente Juan Camilo Mouriño y Jorge Nordhausen, ambos acusados de tráfico de influencias en el mismo sector energético que dirigieron Felipe Calderón y César Nava en la Secretaría de Energía.

Por ello, mientras el año pasado se perseguía al perredista de Michoacán Julio César Godoy Toscano – medio hermano del gobernador Leonel Godoy – por supuestos vínculos con el narcotráfico, la denuncia penal integrada desde hace tres años por el delito grave de lavado de dinero contra Patrón Laviada simplemente se encuentra en el cajón de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, dependiente de la PGR.

Un año después de que fue acusado por sus presuntos vínculos con la organización delincuencial La Familia, Julio César Godoy Toscano, diputado electo del PRD, logró un amparo de un juez federal para la orden de aprehensión girada en su contra al considerar que la PGR no acreditó de manera suficiente los hechos que se le imputaban. El amparo está siendo revisado por la PGR pero es claro que a Patrón Laviada nunca se le sometió a un proceso similar porque su expediente simplemente se extravió durante la gestión de Eduardo Medina Mora, quien tendría que responder por ello.

El caso de un “amigo”

Por ello, vale la pena recuperar la información que obtuvo la SHCP y que, tal vez por ahora, no se conozca. No mientras el PAN y Felipe Calderón se encuentren en el Poder Ejecutivo. De acuerdo con el documento oficial de la SHCP, el hermano del procurador ambiental Patricio Patrón Laviada realizó movimientos financieros en instituciones bancarias y centros cambiarios por varios millones de pesos y dólares, sin reportar dichas operaciones al fisco ni cubrir los impuestos correspondientes.

En la denuncia penal federal se expone que las operaciones bancarias “inusuales” de Ricardo José Patrón Laviada se iniciaron el 5 de septiembre de 2005, cuando su hermano Patricio era gobernador de Yucatán. En esa fecha se realizaron depósitos en efectivo en sus cuentas bancarias, como el número 4014055206 de Bital (ahora HSBC), que recibió 100 mil pesos. Sin embargo, entre 2000 y 2005, el hermano del exgobernador panista operó depósitos por 2 millones 487 mil 940 pesos en cuatro cuentas: números 4014055156, 4014055206, 4014055214 y 4014083042 del Banco Internacional. También hizo retiros por 1 millón 546 mil 365 pesos.

En 1998, en la cuenta 95050003488 de Banca Confía, Patrón Laviada tuvo depósitos por 100 mil pesos; en la cuenta 1626862, del Banco Nacional de México, recibió depósitos en 1998, 1999, 2000, 2003 y 2005, por 131 mil dólares y 884 mil 72 pesos. De esta cuenta hizo retiros por 1 millón 45 mil 50 pesos.

En la casa de cambio Intercam, el hermano del titular de la Profepa adquirió divisas con cheques de viajero por 4 mil dólares y compró otros 10 mil dólares en efectivo. En otra casa de cambio, Vector Divisas, adquirió 13 mil 790 dólares, en 2003.

En la investigación fiscal de su Registro Federal de Contribuyentes, la SHCP tiene reportado que la actividad de Patrón Laviada es de “servicio de reparación de otros artículos y aparatos”, con inicio de operaciones el 16 de octubre de 1984, y su situación actual se ha reactivado desde el 30 agosto de 2001, con domicilio en Mérida, Yucatán.

En sus declaraciones anuales, Hacienda informó a la PGR que en el ejercicio 2003, Ricardo José Patrón Laviada reportó ingresos por 346 mil 583 pesos, sin pagar las deducciones correspondientes ni el Impuesto Sobre la Renta. En el ejercicio 2004 señaló ingresos por 455 mil 233 pesos, sin el pago de los impuestos correspondientes; en 2005 también tuvo ingresos por 462 mil pesos y tampoco cubrió sus impuestos.

En documentos financieros, el hermano del exgobernador yucateco afirma tener dos domicilios: una residencia en la calle Bugambilias, colonia La Ceiba, en Mérida, y otra en Calle 22 Res Sol Campestre, Mérida. Ricardo José también aparece como representante legal de la empresa Yucateca de Vehículos, y es cotitular y firmante autorizado en las siguientes cuentas: Cuenta 4029764750, a nombre de Jhonny Alberto Benítez Cetina. Cuenta 4014055248, a nombre de Cecilia Margarita Laviada Arrigunaga y Francisco Rodríguez de la Gala Faller (titular). Cuenta 4014057574, a nombre de José Baltasar Cetina Pech. Cuenta 4014143838, a nombre de la compañía Yucateca Vehículos. Esta información forma parte del expediente de la familia del Procurador Federal del Medio Ambiente que simplemente se perdió. Sin embargo, las conclusiones de la SHCP son contundentes: Ricardo José Patrón Laviada ha sido vinculado como receptor de beneficios de programas sociales del gobierno de Yucatán que encabezó su hermano Patricio. Y abunda: “Los movimientos financieros de todos los involucrados no guardan relación con las actividades económicas respectivamente declaradas y, mucho menos, con sus manifestaciones de pago de impuestos”.

Los indicios más evidentes que hacen presumir que se trata de lavadores de dinero del narcotráfico son: el millonario manejo de efectivo, la poca permanencia de recursos en las cuentas utilizadas, la carencia de declaraciones fiscales que reflejen los movimientos económicos, la intención de aparentar la legalidad de los recursos, el intento de impedir que se conociera el origen del dinero, así como la posible vinculación de los denunciados con personas ligadas a la realización de actividades ilícitas.

El caso de Emilio Chuayffet es similar al de Patrón Laviada y será tema de otra entrega para confirmar, a partir del método científico y de investigaciones periodísticas, que el gobierno de Felipe Calderón ha estado administrando en su beneficio la impartición de justicia para combatir el lavado de dinero producto de actividades ilícitas como el lavado de dinero. Al final de la historia no sólo queda la discrecionalidad sino los compromisos adquiridos para el pago de favores y el financiamiento de las campañas políticas con dinero sucio.

oficiodepapel@yahoo.com.mx

Fuente: Contralínea

Difusión: soberanía popular

Bolivia: indígenas resisten exploración gasífera

De unas 730 mil hectáreas asignadas por el Estado a las empresas petroleras, 317 mil 218 se encuentran en territorios de los grupos étnicos guaraníes yaku-igua, itika guasu y tentayapi. Unos 80 mil indígenas habitan la región. Las empresas que operan en la zona son BG Bolivia Corporation, de capitales británicos; la estatal Chaco, SA, Petrobras; la argentina Pluspetrol; Repsol E&P Bolivia, filial de la española Repsol, y Total E&P Bolivie, de la corporación francesa Total. Guaraníes y tapietés, en resistencia: la explotación de sus territorios los llevaría a morir como pueblo, señalan

Franz Chávez / IPS-Voces de la Tierra

La Paz, Bolivia. Las explosiones para buscar hidrocarburos en la región del Chaco boliviano desvían los caudales de agua subterránea, ahuyentan a los animales y destruyen las condiciones de vida, denuncian dirigentes indígenas guaraníes que bloquean el ingreso de compañías petroleras a la zona.

La protección del gobierno de Evo Morales a los pueblos del sureste de Bolivia “es pura postura, igual que el discurso de defensa a la madre tierra”, dijo a IPS el responsable de Recursos Naturales del Consejo de Capitanes Guaraní-Tapieté, Jorge Mendoza.

El Consejo es la organización que agrupa a los líderes naturales (capitanes) de los pueblos guaraní y tapieté que, sólo en Yacuiba, 1 mil 315 kilómetros al sureste de La Paz, tienen unos 3 mil miembros.

En la última semana de mayo, los indígenas declararon un cuarto intermedio en el bloqueo de la carretera internacional que conecta con Argentina en la ciudad de Yacuiba, y aceptaron dialogar con el Ministerio de Hidrocarburos; pero hasta ahora no hay acuerdo.

Los cortes esporádicos, con el cierre de la carretera principal y escaramuzas con la policía, habían comenzado a mediados de mayo a cargo de unas 200 personas de unas 47 comunidades.

Fracasadas las negociaciones, los dirigentes de esos grupos asentados en zonas ricas en gas y petróleo de la provincia Gran Chaco, departamento de Tarija, en el sur boliviano, resolvieron buscar un diálogo directo con el presidente Morales, él mismo de ascendencia indígena aymara del occidente del país.

Tarija posee 41.7 trillones de pies cúbicos de gas natural, 80 por ciento de las reservas nacionales del combustible, que se exporta a los mercados de Brasil y Argentina.

El Consejo de Capitanes Guaraní-Tapieté cuestiona al gobierno el modo de sortear obstáculos en el proceso de otorgamiento de la licencia ambiental para los trabajos de exploración sísmica en sus territorios.

Los funcionarios acuden directamente a las comunidades y eluden hablar con el Consejo de Capitanes, y esta forma de actuar divide a la organización indígena, dijo Mendoza.

El 3 y 4 de marzo, funcionarios del Ministerio de Hidrocarburos y del Viceministerio de Medio Ambiente llegaron hasta la comunidad de Tucainti e intentaron que sus 166 habitantes autorizaran el ingreso de la empresa petrolera brasileña Petrobras al bloque San Antonio.

El llamado de un poblador alertó al Consejo de Capitanes y sus representantes impidieron la gestión y demandaron que se cumpliera la ley de hidrocarburos, que reconoce a la organización indígena como representante en el trámite de las licencias ambientales.

El gobierno declaró prioridad nacional la búsqueda de nuevos yacimientos de gas, pero enfrente tiene a los pueblos temerosos por las explosiones de dinamita que se practican 15 metros bajo tierra, pues desvían las corrientes de agua subterránea, en una zona de temperaturas superiores a los 30 grados, y donde las fuentes hídricas son escasas.

La exploración sísmica ahuyenta al cóndor del Chaco, al cerdo de monte, a los felinos y otras especies que son fuente de alimento para los indígenas.

Mendoza recordó que, en 1926, la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos comenzó a extraer petróleo allí, y al abandonar la zona, en 1987, dejó bosques destruidos y pozos de los que fluyen líquidos tóxicos que afectan la flora y la fauna.

De unas 730 mil hectáreas asignadas por el Estado a las empresas petroleras, 317 mil 218 se encuentran en territorios de los grupos étnicos guaraníes yaku-igua, itika guasu y tentayapi. Unos 80 mil indígenas habitan la región.

Las empresas que operan en la zona son BG Bolivia Corporation, de capitales británicos; la estatal Chaco, SA, Petrobras; la argentina Pluspetrol; Repsol E&P Bolivia, filial de la española Repsol, y Total E&P Bolivie, de la corporación francesa Total.

El sector petrolero es la principal fuente de ingresos fiscales. En 2008, la renta petrolera generó 1 mil 464 millones de dólares. Pero el gobierno, dijo Mendoza, debería volcar su mirada a otras actividades, como el turismo y la captación de recursos por la conservación de bosques.

“El ambiente, los bosques y los territorios indígenas deben ser respetados”, dijo a IPS el secretario de Tierra y Territorio de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, Eustaquio Sullca.

El dirigente atribuyó los desencuentros a la falta de información en los círculos gubernamentales sobre la problemática ambiental y las inquietudes de los pueblos indígenas.

Sullca confió en un diálogo de concertación entre las organizaciones sociales y los funcionarios responsables del cuidado del ambiente. Pero Mendoza insistió en que continúan en pie de lucha y no excluyó la posibilidad de nuevas protestas guaraníes hasta que reciban respuesta del presidente Morales.

Fuente: Contralínea

Difusión: AMLOTV

Copala: tumba electoral (y política) de Ulises Ruiz

Hago el mal, y soy el primero en rugir. Pongo en obra las malas acciones, y hago a los demás responsables de ellas… soy la corrupción de un tronco podrido

William Shakespeare

Perverso, despiadado y capaz de rellenar las urnas para asegurar su sucesión esquizofrénica, con su doble Eviel Pérez, el desgobernador Ulises Ernesto Ruiz Ortiz, heredero del bribón José Nelson Murat Casab (éste a la vez descendiente electoral de otro depredador: Diódoro Humberto Carrasco Altamirano), tiene todo “arreglado” para agandallarse la elección. Compra de votos con regalos, 1 mil pesos por credencial, y toda clase de intimidaciones, tras sembrar el terrorismo de las represiones para cosechar la “mayoría” de los sufragios. Para esto ha lanzado la más tupida campaña de encuestas a modo para adelantar vísperas: imponer a su candidato contra una realidad electoral adversa. Y se prepara para la embestida con su pandilla cazadora de las voluntades individuales (y colectivas en los municipios de usos y costumbres), mucho muy nervioso ante el explosivo conflicto del Municipio Autónomo de San Juan Copala. Éste, centro de gravedad ceremonial de las tradiciones del pueblo triqui y corazón político y social de esa centenaria cultura, acosada, sitiada por los paramilitares del ulisismo, a sangre y fuego con la mira de seguir ejecutando el genocidio en marcha: exterminar a los auténticos triquis… borrar el indigenismo de Juárez.

El Hitler Ruiz Ortiz es el poder tras los paramilitares, que trabajan con todo el apoyo: dinero, comida, armas de alto poder; interrupción de todas las señales (radio, televisión, teléfonos, etcétera) de telecomunicaciones, para aislar del resto de Oaxaca a esa comunidad. Pero, al estallar la violencia el 27 de abril con la emboscada a la caravana de la paz y el homicidio con todas las agravantes de Alberta Cariño Trujillo, directora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos, y de Jyri Jaakkola, observador de derechos humanos, más las heridas al reportero David Cilia, quien con la periodista Érika Ramírez tuvieron que esconderse, huyendo de las ráfagas de fusiles de asalto AK-47 y AR-15, el ulisismo ha tenido que encender los focos rojos, ya que está en muy serio riesgo la red electorera para su triunfo caciquil.

Esta caravana estaba integrada por 27 ciudadanos que buscaban entrar a Copala para apoyar la lucha política de los triquis, cada vez más diezmados por las matanzas y el cerco para no permitir la entrada de alimentos ni la salida de sus habitantes. Los paramilitares y el desgobierno de Ulises quieren la rendición de los autónomos a cualquier precio. Y por eso los han dejado en el total desamparo, para que los agresores tiren a matar libremente. Es una guerra oficial para deshacerse de los que resisten y que ya son la mitad de los 1 mil 200 que eran. Han sido asesinados no menos de 400, y 300 optaron por huir. El caso es que el ulisismo, que ya abusó del poder represivo durante más de cinco años, no esperaba que Copala se convirtiera en un volcán que sigue haciendo erupción, ya que de jurisdicción local, pasó a ser oaxaqueño, nacional. Y ya es un escándalo internacional por los homicidios, violaciones a los derechos humanos y porque el gobierno federal (por los apoyos de Ulises a Calderón, pues las visitas de éste en tres años pasaron ya de 10) es ciego y sordo ante el drama y tragedia de San Juan Copala, y de todo Oaxaca.

En las páginas de Contralínea (números 180, 181, 182 y 183, de mayo de 2010), está la historia de esa infamia que, a la hitleriana, está llevando el troglodita Ulises hasta sus últimas consecuencias, para ver si las erupciones de Copala no arrasan con su candidato y convierten las elecciones en su funeral político. Y no obstante la resolución, sin sanción, de la Suprema Corte, para imputarle sistemáticas violaciones a los derechos humanos, ha permanecido intocable. Aun siendo uno de los actuales representantes de la delincuencia política que impuso su antidemocrático y antirrepublicano mal gobierno (¡en la patria de Juárez, el del buen gobierno republicano y democrático!) en Oaxaca y en Copala.

Lo que pasa en Copala lleva visos de convertirse en la tumba electoral de Ulises Ruiz y su pandilla, por la vía de que se desconozcan las elecciones, se nombre un gobernador interino y se convoque de nueva cuenta a los ciudadanos para ir a las urnas a elecciones libres. Ya Ulises no tiene asegurada la victoria final, aunque el 4 de julio proclame su triunfo pírrico, manipulando los resultados en los municipios urbanos bajo el control de todas las marrullerías a las que es adicto el troglodita. San Juan Copala es la esquela de la muerte política antes de las elecciones. Y es que Oaxaca ya no es la misma después del genocidio en marcha para, con el éxodo y exterminio de los triquis, intentar acabar con el Municipio Autónomo que, finalmente, conquistarán como tal los sobrevivientes, jurídica y políticamente. Los ulisistas se lavan las manos en la sangre de esos homicidios, alegando que el conflicto triqui es un problema centenario. Pero la mala fortuna es que le ha tocado al actual desgobierno estatal (y federal) tenerlo como un problema político que Ulises y sus cómplices quieren resolver genocidamente: a punta de los matones paramilitares que disparan a todo lo que se mueve en Copala, agazapados en sus alrededores montañosos, en las carreteras, caminos vecinales… en todas partes.

Lo de Copala, como antes lo de la totalidad de Oaxaca, sirvió sólo para una ineficaz valoración de la Suprema Corte… ¡de Injusticia de la Nación! (Atenco, Guardería ABC, pederastas y controversias constitucionales, donde están violaciones a los derechos humanos y antidemocráticas, y antirrepublicanas interpretaciones a la Constitución que demandan la creación del tribunal constitucional para someter a la ley suprema de toda la Unión a esa Corte y sus fallos que ahora son inapelables). Y es que el despotismo y terror sangriento de Ulises Ruiz, al permitir el paramilitarismo, implica haberlo creado (y hasta financiado, como lo aseguran los cientos de miles de víctimas del ulisismo). Y con su desgobierno anticonstitucional, debería ser sometido a juicio político (antes de que emprenda la fuga para gozar de más impunidad), y a juicios penales, para que responda de sus abusos, corrupción y cinismo, con arreglo al deslinde de responsabilidades que fijan los artículos 108 a 114 constitucionales y su ley reglamentaria.

En la caja de pandora mexicana aún permanece la esperanza para deshacernos de los malos gobernantes (sin derramamiento de sangre) por medio de las urnas, como el último recurso contra calderonistas y los Ulises que ya colmaron la desesperación y paciencia de la nación. Copala, mientras tanto, bien puede ser la tumba electoral de Ulises Ruiz-Eviel Pérez. Y su muerte política con su pandilla, abortos de la barbarie del troglodismo.

cepedaneri@prodigy.net.mx

Fuente: Contralínea

Difusión: AMLOTV

Investigan acidez en el océano

Fuente: Greenpeace
Difusión: Soberanía Popular

El Proceso de Fascistización

El proceso de Fascistización

Difusión: soberanía popular

AU: Represión en Cananea, Sonora, México

Difusión Cencos México D.F., 14 de junio de 2010

Acción Urgente

Prodesc

El Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales A.C., tuvo conocimiento de los actos de violencia ocurridos en contra de los trabajadores mineros, familiares y habitantes de Cananea, Sonora; durante el desalojo de la minera Mexicana de Cananea el día 6 de junio, perteneciente a Grupo México; a continuación la narración de los hechos que han continuado suscitándose durante esta semana en contra de los derechos humanos laborales de los trabajadores mineros y sus familiares.

Hechos

El domingo 6 de junio de 2010, siendo aproximadamente las 20:30 horas, un grupo de personas vestidas de civiles portando armas de fuego, lanza granadas y reflectores de alta potencia ingresó a las instalaciones de la empresa minera Mexicana de Cananea. Los antes mencionados arremetieron contra 300 personas (incluyendo trabajadores y familiares) que se encontraban resguardando la puerta No. 1. de la mina (Puerta Principal ubicada en Av. Juárez #1).

Los trabajadores, sus familias, niños, mujeres, jóvenes y personas adultas que se encontraban en el lugar fueron golpeados indiscriminadamente. Como resultado de este ataque Filiberto Salazar y Miguel Ángel Covarrubias fueron heridos, recibiendo el primero un impacto de petardo en la frente y el segundo un golpe de petardo en la pierna izquierda. Ambos fueron trasladados al Hospital General Básico donde están siendo atendidos.

A este acto se sumaron 350 elementos de la Policía Federal Preventiva y Estatal, quienes lanzaron gas lacrimógeno que causó afectaciones en las vías respiratorias de las mujeres, niños y niñas que se encontraban acompañando a sus familiares, trabajadores de la minera Mexicana de Cananea. Es importante mencionar que la Cruz Roja que se ubicaba fuera de las instalaciones intentó brindar ayuda a las personas afectadas por el gas lacrimógeno y los golpes, sin embargo los cuerpos policiacos le impidieron el acceso, dando inicio con este acto al desalojo violento de los trabajadores y sus familiares de las instalaciones de la minera.

El grupo de civiles armados antes mencionados prendieron fuego a una pila de neumáticos y los proyectaron contra casas habitación de los trabajadores y contra

habitantes del pueblo de Cananea1, así como contra el antiguo edificio de relaciones industriales de la empresa. De igual forma se vio afectado el Hospital del Ronquillo ya que el humo provocado por el incendio afectó al personal del hospital así como a los enfermos que estaban siendo atendidos.

Una vez que se estaba realizando la evacuación, los granaderos de la Policía Federal Preventiva se posesionaron del Hospital de El Ronquillo y desde el día 06 de junio mantienen un cerco que impide el acceso de derechohabientes y de civiles a dichas instalaciones. También se prohíbe la entrada al personal administrativo, médicos y enfermeras.

Durante el ataque cientos de trabajadores mineros se replegaron en la Casa de la Cultura, trasladándose después al recinto oficial de la Sección 65. A las 22:30 en el local sindical se reunió un grupo de aproximadamente 650 personas integradas por trabajadores en huelga, madres, esposas e hijos de mineros así como habitantes de Cananea preocupados por lo que estaba aconteciendo. Media hora más tarde, a las 23:00 horas, arribaron en 35 camiones y 4 helicópteros aproximadamente cuatro mil elementos de la Policía Federal Preventiva y de la Policía Estatal generando miedo e incertidumbre entre los trabajadores y sus familiares. Los trabajadores y sus familiares fueron desalojados de sus instalaciones sindicales con lujo de violencia ejercida por los elementos de la Policía Federal y Estatal quienes además de golpear a las personas y trabajadores que intentaban reunirse de manera pacífica en su sede sindical, también lanzaron gases lacrimógenos en contra de los mismos sin importar que estuvieran presentes menores de edad.

De igual forma, a las 21:30 del 6 de junio, en la caseta No. 3 de la mina fueron detenidos Rodolfo Valdez Serrano, Luis Alberto Torres, Luis Alonso Borbón Pérez, Everardo Ochoa y Marcelo Lara López, todos trabajadores sindicalizados de la sección 65 del Sindicato Minero. Desde el momento de su detención los mantuvieron amarrados con cinturones y puestos contra el piso, posteriormente los subieron a la caja de una camioneta trasladándolos al lugar conocido como el almacén viejo que se encuentra dentro de la mina, manteniéndolos incomunicados y amarrados durante más de 12 horas.

Acto seguido los transportaron en una camioneta Van (donde estuvieron dos horas más adentro) hacia la Secretaria de Seguridad Pública. Los elementos de la policía que se identificaron como, Dieter Armando Blanas Bejarano (suboficial), Oscar Ramón Zárate Montes (cabo), Luis Antonio Cruz Patricio (cabo), José Miguel Mejía Flores (cabo) presentaron, a los trabajadores ante el Ministerio Publico a las 12:45, acusándolos del incendio de una caseta de la mina. Es importante mencionar que después de su detención y en el periodo antes de presentarlos ante el Ministerio Publico los mantuvieron incomunicados, sin agua y sin alimento, y fueron agredidos físicamente en partes del cuerpo que no reflejan marcas corporales. A las 19:00 horas del día 8 de junio, fueron liberados.

Es importante resaltar que al Sr. Luis Alonso Borbón Pérez, quién tenía una cuatrimoto al momento de ser detenido, le fue decomisado ilegalmente dicho vehículo por parte de los elementos federales. Posteriormente estos la utilizaron para pasearse dentro de la mina. Lo anterior motivó que un reportero de nombre Benjamín Zambrano Valencia les tomara fotografías, lo que ocasionó que los elementos de la Policía Federal lo sometieran y golpearan para despojarlo de su cámara fotográfica.

El hijo del Sr. Zambrano, Martín Alfredo Zambrano Ureña, quién se encontraba en el lugar, sacó su teléfono celular para tomar fotografías de la golpiza que le estaban propinando a su padre los policías federales le quitaron el teléfono celular con el que los estaba fotografiando. Después de golpearlo intensamente, lo llevaron a la Agencia del Ministerio Público de Cananea, y una vez en dicho lugar, estos lo obligaron a hincarse para pedir perdón, lo anterior, en presencia del Lic. Monrroy, el Lic. Benemer Acosta y el Lic. Librado Martínez Romero titular de la agencia del Ministerio Público, quiénes no hicieron nada para intentar cesar el abuso de autoridad de los elementos de la Policía Federal en contra de Martín Alfredo Zambrano, también estuvo presente el médico legista del Ministerio Público Dr. Miranda Cuen.

El día de ayer, 10 de junio alrededor de las 08:30 se suscitaron nuevos enfrentamientos entre los trabajadores y la Policía Federal. Los agentes federales lanzaron petardos hacia las casas hiriendo a dos personas de gravedad. En estos momentos, no contamos con los nombres de estas personas.

Ante los hechos arriba descritos este centro de derechos humanos manifiesta su preocupación por la constante agresión de que han sido objeto tanto los trabajadores del Sindicato Minero como el pueblo de Cananea en Sonora. El sindicato minero y en especifico los trabajadores pertenecientes a las seccion 65 del mismo así como sus familiares han logrado organizarse de manera pacífica y responsable para defender su fuente de trabajo, sus condiciones satisfactorias de trabajo y su derecho a la libertad de asociación sindical y han demostrado un compromiso comunitario de respeto a los derechos de los habitantes del pueblo de

Cananea quienes les han brindado su apoyo en la región.

Parece necesario señalar que el Estado Mexicano tiene la obligación de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos de las y los trabajadores del País, así como de impulsar una política de respeto al ejercicio legitimo de los trabajadores a ejercer su derecho a la huelga de manera pacifica y organizada como un medio para alcanzar mejores condiciones de trabajo para ellos y mejores condiciones de vida para sus familias.

Las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, asi como el Convenio 87 de la Organización Intenacional del Trabajo, y el Protocolo de Derechos Economicos, Sociales y Culturales de la Convenición Americana de Derechos Humanos establecen claramente la necesidad de salvaguardar el derecho legitimo de las y los trabajadores a ejercer sus derechos laborales y en particular el derecho a la asociación sindical. Concretamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Ricardo Baena y otros vs. Panama establece en su sentencia que: “... la libertad de asociación, en materia sindical, reviste la mayor importancia para la defensa de los intereses legítimos de los trabajadores y se enmarca en el corpus juris de los derechos humanos.”2 Lo cual hace evidente el terrible retroceso que significa para el Estado Mexicano utilizar la violencia para reprimir el derecho legítimo de la libertad de asociación sindical en el país. En ese sentido y por todo lo antes mencionado solicitamos:

Escriban inmediatamente:

1. Exigiendo que el gobierno mexicano cumpla con la obligación de respetar garantizar y proteger los estándares más altos de derechos humanos en México.

2. Condenando enérgicamente el uso de la represión y la violencia institucional como mecanismo de solución a los conflictos sociales en especial en la defensa legítima de los derechos humanos laborales.

3. Solidarizándose y respaldando, la lucha que en forma pacífica y legítima vienen realizando los trabajadores y sus familias de la Sección 65 del Sindicato Minero frente a la minera Mexicana de Cananea, filial de Grupo México.

4. Exigiendo la suspensión inmediata de la intervención de los elementos de la policía federal y estatal que se encuentran en las instalaciones de minera Mexicana de Cananea.

5. Demandando que se garantice la protección de la integridad física y psicológica de las los trabajadores y sus familias y de los ciudadanos de Cananea, Sonora.

6. Que se asegure la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los defensores de los derechos humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU, en particular a lo referente a la protección del derecho de toda “persona individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional” (art. 1) y a garantizar la protección *..+de toda persona individual o colectivamente, frente a toda violencia, amenazas, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración” (art. 12.2)

7. Pidiendo al gobierno mexicano que haga valer las observaciones hechas en materia de seguridad e higiene en la mina Mexicana de Cananea, asegurando las condiciones satisfactorias de trabajo.

8. La instalación de una mesa de diálogo y negociación respetuosa y pacífica.

Envíen llamamientos a:

Lic. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.

Presidente Constitucional de la República Mexicana

Residencia Oficial de los Pinos, Casa Miguel Alemán, Col. San Miguel Chapultepec, C.P. 11850, México DF. Tel: +52 55 27891100; Fax: +52 55 50934900. E-mail: felipe.calderon@presidencia.gob.mx

Secretario General de Gobernación.

Lic. Fernando Gómez-Mont Urueta.

Bucareli 99, 1er. piso, Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc, México D.F., C.P. 06600, México, FAX +52 (55) 5093 34 14. Email: secretario@segob.gob.mx

Licenciado Arturo Chávez Chávez,

Procuraduría General de la República, Paseo de la Reforma nº 211-213, Piso 16, Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc, México D.F., C.P. 06500, Fax: +52 55 53 46 09 08; + 52 55 27 89 11 13 (si responde una voz, digan: "tono de fax, por favor"), Correo Electrónico: ofproc@pgr.gob.mx / wmaster@pgr.gob.mx

Lic. Javier Lozano Alarcón

Secretario de Trabajo y Previsión Social

Periférico Sur No. 4271, Col. Fuentes del Pedregal, Tlalpan 14149, México D.F Conmutador 3000-2100 Correo:javier.lozano@stps.gob.mx

Dr. Raúl Plascencia Villanueva

Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos

Comisión Nacional de Derechos Humanos Fax +52 (55) 5681 7199, correo@cndh.org.mx

Lic. Guillermo Padres Elias

Gobernador del Estado de Sonora

Palacio de Gobierno, Planta Alta

Dr. Paliza y Comonfort, C.P 83260 Hermosillo, Sonora.

Lic. Ernesto Munro Palacio

Secretario de Seguridad Publica

ROSALES Y PASEO DEL CANAL S/N A UN COSTADO DE LA PGJE, Hermosillo, Sonora. Teléfono(s): 662 259-57-01

LIC. ABEL MURRIETA GUTIERREZ

Procurador General de Justicia Rosales y Paseo del Canal Módulo Norte, Planta Alta Col. Centro C.P. 83000 Hermosillo, Sonora. Lada sin Costo 01-800-000-74-53 E-mail procurador@pgjeson Teléfono(s): (662) 259-48-00 ext 14000, 259-48-03, 259-48-04

Enviar copia a:

Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México,

Alberto Brunori

Representante de la Alta Comisionada en México

Fax +52 (55) 5061 6358; oacnudh@ohchr.org

Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Sr. Santiago Cantón

Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Fax +1 (202) 458 3992 cidhoea@oas.org

Sra. Navanethem Pillay

Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos

Fax +41 22 917 9000 civilsocietyunit@ohchr.org

Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales A.C.

Zamora 169 despacho 2-B, Colonia Condesa, C.P. 06140 México, D. F. Tel. (55) 5212-2229 Tel y fax. (55) 5212-2230 proyectodesc@gmail.com

Fuente: CENCOS

Difusión: soberanía popular

Tropezar con la misma piedra

Sólo el ser humano, a pesar de su inteligencia, es capaz de tropezarse con la misma piedra. Vale recordarlo porque al parecer es factible el regreso del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la Presidencia de la República, sin que se haya reformado siquiera ni muestre signos de hacer una necesaria autocrítica que demostrara su interés en hacer las cosas mejor que en el pasado. Sus dirigentes se muestran envalentonados, muy seguros de recuperar el poder perdido en 2000, como si el país siguiera siendo el mismo que cuando el partido tricolor se encargó de deshacer lo construido en 50 años al mando de las instituciones.

La actual dirigencia se olvida de que el PRI perdió la primera magistratura por sus errores y abusos, porque se dedicó a servir a intereses oligárquicos y se olvidó de sus responsabilidades sociales, tal como lo está haciendo el Partido Acción Nacional (PAN), pero de manera burda y sin cuidar siquiera las apariencias. Es verdad lo que dijo Emilio Gamboa Patrón, en la ceremonia en la que protestó como nuevo dirigente de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares: “Los mexicanos estamos cansados de la simulación, la inexperiencia y la improvisación. Vivimos una etapa de nula visión de Estado”. Sin embargo, también es cierto que tal realidad comenzó a gestarse en el sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado, a quien puede conceptuarse como el primer presidente sin visión de Estado.

Su total e incondicional entrega a intereses oligárquicos, su lealtad a la plutocracia internacional que impuso la estrategia neoliberal, condujo al país al callejón sin salida en el que nos encontramos. A partir de entonces, todo fue simulación, inexperiencia e improvisación, factores que el PAN se encargó de magnificar a extremos inauditos. De ahí su incapacidad manifiesta de continuar en el liderazgo nacional, situación que ya asusta a todo mundo, incluidos importantes oligarcas que apoyaron abiertamente a Felipe Calderón. Sin embargo, sería igualmente catastrófico que llegara a la primera magistratura un PRI con los mismos vicios de antaño, sin tener un compromiso real con la sociedad nacional.

No hay duda que “los resultados del mal gobierno son mayor pobreza, inseguridad, violencia, desempleo y desprestigio internacional. Para enfrentarlos, no hay estrategia de gobierno”, como afirma Gamboa. Eso fue lo que nos ocasionaron las administraciones neoliberales, precisamente, realidad que las administraciones panistas se encargaron de agravar a extremos que ponen los pelos de punta. Por eso es fundamental que la actual dirigencia del PRI demostrara una elemental sensibilidad política para hacer ver a la ciudadanía que actuará con las convicciones democráticas que se requieren, a fin de superar los muchos problemas que nos ocasionaron, y nos siguen ocasionando, los tecnócratas liderados por Carlos Salinas de Gortari.

También es verdad que, “no obstante que el presupuesto se ha incrementado de 1 billón a más de 3 billones de pesos, caímos en el absurdo de que a mayor gasto social, tenemos más pobres”. Tal es la principal consecuencia de una política económica neoliberal a ultranza, que fue impuesta desde los tiempos de Miguel de la Madrid, y que ahora los panistas se encargaron de llevar a extremos inaceptables. Fue en el sexenio de 1982 a 1988 cuando el papel del Estado en la economía se modificó radicalmente, en beneficio de los especuladores y de quienes querían apoderarse de los bienes propiedad de la nación. Se inició entonces un pernicioso desmantelamiento del Estado mexicano, que ahora es ya una funesta realidad.

Podría decirse que el PAN ha sido consecuente con su ideología, que no podía esperarse otra cosa diferente a la experiencia vivida en los últimos 10 años. No así el PRI, partido que nació para ejercer un liderazgo social con base en resultados positivos, como así sucedió de la década de 1930 a 1980. En ese periodo, cabe recordarlo, el Estado fungió como rector de la vida económica nacional, lo que permitió tasas de crecimiento sostenido superiores a las de la inflación. Hasta la fecha, el PRI sigue comprometido con la estrategia neoliberal, situación que no lo hace diferente del partido blanquiazul. Por eso los discursos, como el de Gamboa, se pierden en el vacío, pues sólo demuestran que lo que quieren los priistas es regresar al poder, no cambiar una realidad que amenaza desbordar la capacidad de aguante de los mexicanos.

Si la dirigencia del tricolor quiere ganarse la confianza de la sociedad nacional, debe mostrar capacidad de autocrítica, voluntad para enfrentar inercias antidemocráticas y patriotismo para defender los intereses nacionales. La unidad por sí sola no basta, categoría a la que se refirió Gamboa al decir que él sería un factor de unidad para el PRI. No podría serlo mientras no demuestre firmeza para enfrentar fuerzas internas que se oponen a cambios democráticos de fondo, sin los cuales el partido tricolor seguiría siendo el brazo político de la oligarquía.

gmofavela@hotmail.com

Fuente: Contralínea

Difusión: AMLOTV

2010: a rescatar la plena soberanía de México

La soberanía popular es la que hará posible la plena soberanía nacional, derrotando a la oligarquía pro yanqui que gobierna para los intereses de las corporaciones estadunidenses. Sólo el pueblo, asumiendo su poder soberano, puede impulsar el desarrollo independiente de la vida de México, por lo que se necesita la renovación democrática, ya que el sistema político actual está diseñado para que las cúpulas, al servicio del gran capital, monopolicen el poder.

Pablo Moctezuma Barragán* / Quinta y última parte

Luego de siglos de lucha populares, la humanidad aspira, en este siglo, a vivir en una democracia donde el pueblo decida su destino. Por eso el sistema imperialista aparenta defender la “democracia” –que es puramente formal– y hasta agrede y ocupa otros países en supuesta “defensa de la democracia”. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional impulsan el “sistema de partidos”, que presentan como la materialización de la democracia, expresada en el pluripartidismo y la alternancia de los partidos en el poder. Tras la fachada democrática, impera la dictadura del gran capital. En México, ha habido cinco presidentes –Miguel de la Madrid, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón– al servicio del mismo proyecto neoliberal que impulsa Washington; dos de ellos llegaron al poder mediante un fraude. A la alternancia del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al Partido Acción Nacional (PAN) le llaman “transición democrática”, pero ambos partidos aplican una política antinacional y antipopular. No en vano crece el rechazo del pueblo a esa “democracia”, pues el proyecto neoliberal destruye la soberanía nacional y niega la soberanía popular.

Hace falta la renovación democrática que haga efectiva la soberanía popular. Una elección democrática comienza por la selección democrática de los candidatos. Actualmente, a éstos los eligen las cúpulas partidarias y sirven a las mafias políticas y no a los electores. Es preciso dejar de financiar a los partidos políticos –que se han convertido en verdaderas franquicias– para ocupar ese dinero en financiar un sistema electoral en el que sean los propios electores quienes seleccionen a los candidatos en los centros de trabajo, estudio, vivienda, y así nos representarán los y las mexicanas comprometidos con su comunidad y el país, y no con los de “arriba”. Los militantes de los partidos que aspiren a los puestos de representación pueden ganar la candidatura realizando labor a favor de su comunidad y ser seleccionados por ésta, y no por la cúpula de su partido. Teóricamente, los partidos tienen la misión de llevar su proyecto político a la sociedad, con trabajo y compromiso y no por dinero; pero actualmente hay un verdadero “mercadeo” partidario. Es común que los políticos salten de uno a otro partido por intereses mezquinos. El elector debe seleccionar candidatos para dar cumplimiento al derecho constitucional de “votar y ser votados”, que es negado por el actual monopolio de los partidos para presentar candidatos. La selección de candidatos por los electores tiene la ventaja de escoger a quien conozcamos directamente y no a las “imágenes” que nos “venden” los medios, ocultando los intereses que representan.

Los candidatos seleccionados por los electores han de competir equitativamente, con tiempos iguales en medios y espacios públicos para el debate y la propuesta, excluyendo los anuncios, los spots, la compra de voto y la guerra sucia. Actualmente, las elecciones se ganan con dinero, los espacios y los electores se compran. Por eso las elecciones democráticas han de ser plenamente equitativas e implican la democratización de los medios de comunicación. Así podrán representarnos los y las mexicanas comprometidos y con reconocimiento de los votantes y no los candidatos de dedazo y con lana apoyados por los medios monopolizados.

Los representantes serán electos con base en el programa impulsado en su campaña, y estarán mandatados por los electores. Actualmente, en la campaña prometen una cosa y ya en el poder hacen lo contrario. En 2009, los diputados del PRI y el PAN dijeron que no subirían los impuestos y fue lo primero que hicieron. ¡Basta de darles un cheque en blanco a los funcionarios! que imponen políticas que nunca propusieron en sus campañas: Salinas no habló de meternos al Tratado de Libre Comercio ni Zedillo, de rescatar a los bancos y venderlos al extranjero; Fox nunca insinuó que nos integraría a la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte; Calderón ocultó su proyecto de privatizar Petróleos Mexicanos e integrarnos militarmente a Estados Unidos con el Plan Mérida y la “alianza estratégica”. Así que es necesario que los representantes sean mandatados para desarrollar el programa definido y decidido en las elecciones y que exista la revocación del mandato para quien no cumpla.

Dice la Constitución en su artículo 39: “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”.

Es hora de cambiar la forma de gobierno; transformar el sistema político actual para impulsar la renovación democrática en México. Claro que en 2012, como en 1988 o 2006, el sistema va a operar para tratar de mantener la dictadura de las grandes corporaciones a través del PRIAN, por lo que será la movilización de millones de mexicanos conscientes y organizados en sus lugares de trabajo, estudio y vivienda los que decidan, impulsen y logren la transformación revolucionaria del país.

La soberanía es la expresión del poder popular que se construye del nivel local al regional y nacional, de abajo para arriba. El gobierno federal desarrollará el proyecto y unificará los esfuerzos y recursos para materializar las decisiones del pueblo, su unidad y el desarrollo integral y multilateral del país. Así, la soberanía parte de la soberanía local, en la que la gente de cada lugar tiene el control de su entorno, riquezas, medio ambiente, y materializa sus derechos en su lugar de origen. Educación, salud, empleo, acceso a los medios de comunicación han de obtenerse en cada municipio y región del país, eliminando así la migración masiva y el desarrollo de pocos polos a costa del abandono y la miseria de regiones enteras. Cada localidad tiene su propia vocación económica y el gobierno central debe invertir en el impulso del desarrollo de cada lugar para que florezca cada rincón del país. A su vez, la soberanía en México está ligada al reconocimiento de los derechos ancestrales de los pueblos originarios, negados desde la época del colonialismo hasta el actual sistema neocolonial. Las naciones originarias son la base y cimiento del México actual; su cultura y tradición milenaria tienen que reconocerse, pues enriquece al México del siglo XXI.

El movimiento para rescatar la soberanía requiere de la unión de todo el pueblo mexicano en contra del enemigo común, por encima de partidos, ideologías políticas, religiones, edad, sexo, estilo de vida, origen nacional; así será invencible la fuerza del pueblo. Hoy se da la resistencia de millones de mexicanos expresada en luchas obreras como la del Sindicato Mexicano de Electricistas, los mineros, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y múltiples sindicatos; en el Congreso Nacional Indígena, las comunidades zapatistas, las luchas contra las corporaciones mineras de Estados Unidos y Canadá, como en Cerro San Xavier, San Luis Potosí; las que luchan por la supervivencia de sus pueblos como Atenco, San Juan Copala, La Parota, etcétera. En el Movimiento por la Transformación de México y sus miles de comités en todo el país, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, las organizaciones campesinas y de productores, los movimientos de mujeres, estudiantes y jóvenes rechazados, de religiosos comprometidos con los pobres; los de defensa del agua, energéticos, bosques, medio ambiente. Por todo México surgen la organización y la resistencia, cunde el descontento, la indignación y la lucha. Ese movimiento tiende a unirse por encima de sectarismos y divisionismos para formar un caudal irresistible que barrerá con las viejas estructuras y dará pie a la construcción de un México soberano que logre la justicia, paz y democracia.

La situación actual es compleja y difícil. La crisis se acentúa e impera el caos y la violencia. De ahí la importancia de la organización y la conciencia. Este 2010 nos presenta el reto de levantar el programa que lleve a recuperar la plena soberanía y a la solución de los problemas actuales. Nos espantan con el espectro de la violencia para cerrar el camino de la transformación, cuando es el neocolonialismo y la oligarquía pro yanqui quienes propician la desintegración nacional y el desmantelamiento del estado de derecho. El movimiento de 2010 se basa en la conciencia de millones, la movilización social y la responsabilidad que caracteriza al movimiento democrático. La violencia es la que promueven ellos; a lo que aspira el pueblo es a la paz, al trabajo, al bienestar social.

Hoy nos toca escribir la historia del siglo XXI y lo haremos con la creatividad característica de los mexicanos. La oligarquía decadente nos quiere hundir en la depresión y la parálisis, pero somos optimistas porque representamos lo nuevo, el otro mundo que es posible y creemos en la capacidad del pueblo organizado. Con siglos de experiencia, queda claro que será el pueblo trabajador quien construya el nuevo México y no los mercaderes que venden a la patria. Hoy cobran actualidad las palabras de Carlos Marx: “El proletariado no tiene nada que perder más que sus cadenas… tiene en cambio un mundo que ganar”, y desde lo profundo de nuestra historia milenaria ya resuenan las voces antiguas de nuestros ancestros que iban en pos de la victoria al grito de ¡Mexicanos adelante! ¡Mexikah tiahui, mexikah tiahui!

* Politólogo e historiador

Fuente: Contralínea

Difusión: AMLOTV

La policía “católica”

El gobierno de Calderón ha puesto a las fuerzas de seguridad al servicio de la jerarquía católica.

En la Catedral Metropolitana de la ciudad de México, por ejemplo, a partir del 1 de julio de 2007, 110 elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP), a las órdenes de Norberto Rivera, se encargan de reprimir a personas que desde hace más de tres años se han estado manifestando afuera de ese recinto en defensa del Estado laico y contra los abusos del clero.

Ha habido ocasiones en que esos policías apoyan las agresiones de grupos de extrema derecha contra esos críticos del cardenal, que simplemente ejercen su libertad de expresión.

Los guardianes también han procedido contra feligreses que, según ellos, no respetan las doctrinas religiosas.

La Policía Federal al servicio de Norberto

El 7 de octubre de 2007, la señora Julia Klug y otras personas que protestaban contra reformas constitucionales que el clero pretendía imponer en detrimento del Estado laico fueron arrolladas por la camioneta blindada de Norberto Rivera, quien además inició una persecución judicial contra Klug.

La camioneta color gris perla, placas 436-UXX, marca Toyota, modelo Siena, 2007, fue importada por Nuevo Laredo, el 20 de diciembre de 2006, y comprada por Carlos Peralta Quintero en Alecsa Pachuca, con un costo de 486 mil 400 pesos, en enero de 2007.

Posteriormente, la factura del vehículo fue endosada a favor de la monja Marcelina Santos López, de la Congregación de Hermanas Menores de Jesús, AR, quien se supone que viajaba junto con Rivera el día de la agresión contra los manifestantes, al lado de la religiosa Teodora Ponce y del chofer de Norberto, Jesús García López.

En agosto de 2008, un grupo mujeres ataviadas con minifaldas que protestaban ante la Catedral por declaraciones de la jerarquía católica, de que el uso de minifaldas y escotes “provocaban” las agresiones sexuales, fueron sacadas a empujones por los elementos de la Policía Federal, quienes las cercaron y las llevaron a la fuerza hasta la calle.

Los agentes habían recibido instrucciones terminantes de impedir el ingreso a la Catedral de quien usara short y playera deportiva. “Por respeto al templo” (La Jornada, 18 de agosto de 2009).

El 22 de noviembre de 2008, al finalizar el mitin convocado por Andrés Manuel López Obrador en el Zócalo capitalino, un hombre de unos 40 años llamado Miguel Ángel fue golpeado por cerca de nueve elementos de la PFP tras haber intentado ingresar al recinto con un ejemplar del diario La Jornada.

El agredido usa bastón, pero eso no impidió que los elementos de la policía lo atacaran con violencia como parte de un operativo policiaco-clerical a la entrada de la Catedral, para revisar las bolsas y portafolios de quienes buscaban ingresar al lugar.

El 27 de diciembre de 2009, mientras protestaba contra la injerencia de Norberto Rivera en asuntos políticos y contra la pederastia de algunos sacerdotes, Yolanda Montero Salazar fue insultada y golpeada por dos mujeres y tres hombres, que se dedicaron a romper las cartulinas y mantas de los manifestantes.

Como consta en un escrito presentado por Yolanda ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, los fanáticos arremetieron contra ella, arrastrándola y jalándola de los cabellos, y cuando trató de defenderse, los partidarios de Norberto recibieron ayuda de los agentes de la PFP que custodian la Catedral, quienes la llevaron a una patrulla, donde fue entregada a las autoridades de la delegación Cuauhtémoc, que la dejaron en libertad al comprobar que ella había sido agredida y no agresora.

El 7 de marzo de 2010, afuera de Catedral, elementos de seguridad que vestían traje oscuro arrebataron a Julia Klug y a otro activista una manta donde cuestionaban los abusos sexuales de Marcial Maciel.

En esa ocasión, los guardianes de Norberto hicieron causa común con jóvenes del grupo Unión de Voluntades, organización antiabortista que ha contado con el apoyo de empresarios como José Barroso Chávez (quien falleció en febrero de 2008 y fue presidente de los Caballeros de Malta y de la Cruz Roja) y como Patricio Slim Domit.

Este último, que es hijo de Carlos Slim, dice que la Virgen se le apareció y le habló, pero no le dijo que le diera sus multimillonarios bienes a los pobres, sino por el contrario, que apoyara a la ultraderecha, lo cual está haciendo con ahínco.

Dicho grupo, que dice ser guadalupano, y partidario de imponer “la disciplina” en la sociedad mexicana, difunde tanto en su página web (www.uniondevoluntades.org) como en mamparas colocadas en algunos templos de la ciudad un volante donde además de reiterar consignas antiabortistas se manifiestan contra los “sindicatos nocivos para la economía del país”, la “pornografía”, la homosexualidad, las drogas, el populismo, etcétera.

El 4 de abril de 2010, Domingo de Pascua, antes de comenzar la misa del mediodía, que suele oficiar Norberto Rivera, se presentaron, como puede verse en las gráficas, dos transportes de la Policía Federal con personal equipado con armas largas, y se apostaron precisamente donde suelen manifestarse los activistas que critican al cardenal, como queriendo lanzar contra ellos poco veladas amenazas de muerte.

Cotidianamente, dentro de la Catedral los policías al servicio de Norberto franquean las puertas que dan acceso a las dependencias interiores, quizás para recibir instrucciones de los jerarcas religiosos, o sabe dios si para planear otras actividades menos piadosas.

También suelen apostarse en las esquinas del recinto, en actitud vigilante como cuidando que los feligreses recen con fervor, como buenos católicos que votan por el Partido Acción Nacional.

Por si fuera poco, hay indicios de que la influencia del clero sobre la policía está aumentando, pues en templos como la llamada Capilla de Salto del Agua, ubicada sobre el Eje Central Lázaro Cárdenas, una de las vitrinas dedicada a exhibir la imagen de Cristo muestra también un volante de la Procuraduría General de la República donde se habla de un operativo para que el clero y los feligreses puedan denunciar posibles “delitos” dentro de los templos (bueno habría sido, por ejemplo, denunciar a tiempo los abusos de Marcial Maciel desde los recintos sagrados).

*Maestro en filosofía; especialista en estudios acerca de la derecha política en México

CONTRALÍNEA 186 / 13 DE JUNIO DE 2010

Fuente: Contralínea

Difusión: AMLOTV

México garantiza base social al narcotráfico

En la guerra antidrogas, es más fácil hacerse de una grapa, una tacha o un churro que ingresar a la preparatoria, a la universidad o encontrar empleo. Aproximadamente 500 mil mexicanos sirven a las grandes organizaciones del narcotráfico, de los cuales al menos 80 mil son jóvenes y menores de edad. Sin prevención social, el problema se extenderá por generaciones

Nancy Flores / Cuarta parte

Impresa en la piel o abrazada al cuello en forma de relicario, la santa muerte es la compañera de los 14 jóvenes internados en la Comunidad Alfonso Quiroz Cuarón –considerada el penal de máxima seguridad para menores infractores del Distrito Federal–; también, toda su esperanza.

Además del cautiverio, sus historias comparten condiciones. A diferencia de los niños ricos que se drogan y delinquen, ellos sí pisaron la cárcel: sus padres no tuvieron influencias para evitarles el castigo, no compraron jueces, ni siquiera juntaron lo suficiente para pagar el abogado. Sí, son pobres.

Se les juzgó culpables cuando apenas tenían 15, 16 o 17 años. El día que arrebataron una vida, la privaron de su libertad o despojaron algún bien, estaban en el viaje o querían estarlo. El dinero sólo servía entonces para adquirir la piedra, el churro, la grapa, la tacha o el chocho. “El barrio se los come”, dice la madre de uno de ellos.

El viaje se les transformó en un espacio donde prevalecen el cemento, las rejas, los candados, las altas paredes color amarillo, un par de árboles, los puestos de vigilancia… La nada, sobre todo los jueves, “días lúdicos”. En el ambiente, el reguetón a todo volumen.

Los sábados es un poco diferente. Si se tiene suerte, se le dedican a la visita; si no, a la depresión. Así es el lúgubre rostro del Quiroz Cuarón, infiltrado por un sol indolente. Estancias grises, grises futuros.

El tiempo aquí parece no correr, y el castigo, pesar igual a todos. Los 14 jóvenes retan con la mirada; con la sonrisa, marcan su territorio. Sus rostros duros, sus escuetas respuestas y su silencio dejan ver el hastío por tanto interrogatorio. Tal vez, por lo que han vivido, los niños del Quiroz Cuarón habitan también una impenetrable fortaleza interior.

Cuatro años o 30 días faltarán para salir, pero Torcido, Changuito, Ligas, Soumaya anhelan ser libres con la misma intensidad que Tun Tún, Michoacano, Chel, Chente, Paco…

Cuando abandonen la comunidad Quiroz Cuarón, cuando al fin se hagan de su libertad, ¿cuántas oportunidades tendrán de estudiar o trabajar? ¿Cuántas veces les ofrecerán la dosis de marihuana, cocaína, heroína o cualquier otra droga dura?

Sin prevención social del delito

A tres años de iniciada la guerra antinarcóticos en México, es más fácil para los adolescentes y jóvenes adquirir drogas ilegales y delinquir que ingresar a la preparatoria, a la universidad o tener un empleo formal.

Más de 7 millones, llamados peyorativamente ninis, carecen de escuela y de trabajo, admite el Instituto Mexicano de la Juventud. Además, 17 de cada 100, cuyas edades oscilan entre los 15 y los 18 años, emigran al extranjero para emplearse en lo que sea.

De acuerdo con el estudio Panorama laboral 2009, elaborado por la Organización Internacional del Trabajo, el año pasado la tasa de desocupación de los jóvenes mexicanos fue tres veces más alta que la de los adultos.

En cambio, lo que sí encuentran en sus barrios, sean ricos o pobres, son estupefacientes. Tan sólo en el Distrito Federal existen, al menos, 2 mil 11 puntos de venta de drogas al menudeo (o tienditas), estima la Procuraduría General de la República.

Edgardo Buscaglia critica que la guerra antinarcóticos que libra el presidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa –a la cual califica de “farsa mediática”– no incluya, entre otras estrategias, la de la prevención social de la delincuencia organizada.

De acuerdo con datos de consultoras en materia de seguridad e inteligencia, en el país unas 500 mil personas están enroladas en los cárteles del narcotráfico: alrededor de 300 mil, en el cultivo de enervantes; unos 150 mil, en cargos operativos, y unos 50 mil son mandos. Aproximadamente 80 mil son jóvenes, señala Buscaglia.

El experto en temas de seguridad y académico del Instituto Tecnológico Autónomo de México refiere, sin embargo, que los factores ligados a educación, a falta de alternativas de vida y laborales, así como las adicciones ni siquiera se tocan de manera coordinada en el gobierno federal.

“Eso le da una mano de obra muy barata a los cárteles mexicanos: tienen a cientos de miles de jóvenes empobrecidos, marginados, que caen en las garras de estos grupos. Más de 80 mil jóvenes hoy le sirven de base operativa a los cárteles mexicanos. Son mano de obra barata.”

Buscaglia refiere que, si bien esas medidas de prevención social no tendrían efectos en los miles de jóvenes ya cooptados, sí rescatarían a las futuras generaciones: a los niños de 12 años que actualmente no tienen oportunidades. “Hoy no se está haciendo absolutamente nada al respecto”.

Indica que en Cali, Colombia, se aplican este tipo de medidas. Allá, dice el investigador, las secretarías de Hacienda, Salud, Educación y Desarrollo Social neutralizan los factores de riesgo que hacen que cientos de miles de jóvenes se deslicen como hormigas a las pandillas y, eventualmente, a los grupos criminales.

Adicciones, tema pendiente

El International narcotics control strategy report 2010, publicado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, señala que el consumo doméstico de drogas está aumentando en México. “Se estima que 3.5 millones de mexicanos han utilizado drogas y que casi 600 mil se han convertido en consumidores dependientes de éstas”.

El historiador, doctor en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y posdoctor por la École des Hautes Études en Sciences Sociales de París, Francia, Carlos Antonio Aguirre Rojas, señala que se hace gran escándalo mediático por el crecimiento del consumo de drogas para tratar de justificar la supuesta lucha del Estado mexicano contra el narcotráfico.

—Se dice que están en todas las esquinas pero, aunque sí hay un crecimiento en términos absolutos, eso no justifica el despliegue infernal de la campaña del Estado contra las drogas. Es parte de una campaña mediática.

El también investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM indica que este país no es un gran consumidor de drogas, sino que es fundamentalmente de tránsito.

Agrega que “se está haciendo una guerra como si México fuera uno de los principales países productores de drogas o si fuera de manera muy relevante consumidor de drogas, cuando no es ninguna de las dos cosas”. El grado de violencia que se ha desatado, explica, “no se justifica porque sólo somos un país de tránsito de las drogas”.

Como lo ha documentado Contralínea, mientras el saldo de la guerra antinarcóticos suma más de 23 mil civiles asesinados, y unos 90 mil soldados ocupan las calles de toda la república, sólo 1 mil 306 personas consignadas ante las autoridades por delitos contra la salud y lavado de dinero tienen vínculos probados con los cárteles de la droga.

De acuerdo con la Encuesta nacional de adicciones 2008, en la población rural y urbana de entre 12 y 65 años de edad el consumo de drogas ilegales y médicas ha aumentado de un 5 por ciento observado en 2002 a un 5.7 por ciento en 2008.

Los datos, que son los más recientes que ha generado la Secretaría de Salud federal, indican que el consumo de marihuana, cocaína y sus derivados –heroína, metanfetaminas, alucinógenos, inhalables– aumentó de 4.6 a 5.2 por ciento; mientras que el consumo de drogas médicas con potencial adictivo, usadas fuera de prescripción, mantuvo los niveles observados en 2002.

Para el diputado perredista Jesús Zambrano, el problema de las adicciones es ya un asunto de salud pública. “Hay un crecimiento enorme en las adicciones en los últimos tres años de combate frontal al crimen organizado. Según datos duros que circulan, en los tres años que lleva Felipe Calderón ha crecido el número de adictos en un 70 por ciento”.

Por ello, el legislador observa necesario instrumentar estrategias de prevención social del delito y un esquema integral de control y tratamiento de adicciones, “asumiendo que tenemos un severo problema de salud pública. Entonces esto significaría que las instituciones de salud del Estado mexicano tuvieran programas, clínicas y personal capacitado para entrar a un esquema de prevención y tratamiento de adicciones”.

La Encuesta nacional de adicciones 2008 detalla que, por grupos de población, se observa que el consumo de drogas ilegales es mayor en los hombres (en una proporción de 4.6 hombres por cada mujer), pero que el índice de crecimiento es mayor en las mujeres, pues se duplicó: del 1 por ciento en 2002 pasó a 1.9 por ciento en 2008.

El investigador Aguirre Rojas reprocha que en el país no se haya explorado aún la legalización para cierto tipo de drogas, llamadas blandas, como la marihuana. Esto, indica, no aumentaría el consumo sino que lo disminuiría, como ocurrió con la ley seca en Estados Unidos.

Droga: desmovilización social

Si las cifras de drogadictos que presenta el Departamento de Estado de Estados Unidos son ciertas, al menos 600 mil mexicanos han sido desmovilizados políticamente a causa de las drogas, puesto que una sociedad drogada no tiene capacidad para defender sus derechos.

El historiador Carlos Antonio Aguirre Rojas recuerda que después del movimiento de 1968 en México, para despolitizar y desmovilizar a esa generación de jóvenes, el Estado les dio acceso a las drogas. Se organizaban grandes conciertos de rock donde se facilitaban drogas y sí se usaban políticamente para desmovilizar.

Señala que un muchacho que se dedica a drogarse y se autodestruye con la droga no desarrolla conciencia política, no participa en luchas ciudadanas ni reivindica sus derechos políticos. No obstante, indica que no toda la juventud está envuelta en el consumo de drogas ni está despolitizada y desmovilizada.

“Hay un pequeño sector que desafortunadamente sí ha caído en ese proceso de autodestrucción y ahí las drogas sí se utilizan como un elemento político desmovilizador.”

El Quiroz Cuarón

Estampada en el torso desnudo del Ligas, la niña blanca –la santa muerte– brilla con el sol. La pelota de tenis va y viene entre la pared y las manos de éste y de su compañero Tun Tún. Es sábado y no hubo suerte, pero a la soledad hay que superarla rápido.

En la memoria aún está fresca la imagen de la calle, el breve sabor de la libertad. La sorpresa: en un operativo inusual, el Ligas y el Michoacano fueron invitados a la presentación de la obra de teatro La auténtica verdad de Camelia la Texana. El Ligas, líder en el Quiroz Cuarón, recuerda:

—Para mí, fue un gran impacto. En el teatro se juega mucho con las emociones, no. Te encuentras arriba de un escenario… yo no he tenido la fortuna de estar arriba de un escenario pero lo he presentado (las obras de teatro) aquí. Yo me sentía ahí como uno de ellos, como lo que me espera el día que ya esté afuera…

Fuente: Contralínea

Difusión: AMLOTV