Jacinta y sus hermanas

Jorge Meléndez Preciado en RazonEsdeSer.

Fueron 1, 095 días; 26, 280 horas y un millón 365, 400 minutos, cuando menos, los que Jacinta Francisco Marcial estuvo presa debido a una acusación inconcebible, propia de una cinta del absurdo. Se le imputó a ella y dos compañeras que, incorrectamente, siguen en prisión, Teresa González y Alberta Alcantara, de haber secuestrado a media docena de policías, adscritos a la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), hoy Policía Federal.

El asunto muestra el horror de la justicia mexicana, ya que tanto los cargos, el primer dictamen del juez como la tardanza de la PGR , tres años, para no presentar conclusiones muestra, nítidamente, que ser mujer, indígena, pobre y no hablar español es sufrir los más terribles agravios, y al ser liberado ni siquiera recibir el “usted dispense”. Pero además, el asunto supera a Kafka, ya que se libera a una y las otras dos continúan encarceladas.

Frente a ese atropello monumental, Jacinta dice: “ya no permitiré más injusticias de la autoridad en mi contra. Ahora soy mucho más fuerte”. Y el régimen, al contrario, mostró sus debilidades, carencias, prepotencias, incapacidad para cuidar a sus habitantes y castigar a los responsables de una aberración sin límites.

Porque se debería, ahora, llamar a cuentas a los gendarmes mentirosos y prepotentes, al juez que malévolamente investigó el asunto y a los que en la PGR fueron omisos o culpables. Amén que como dice el doctor Mariano Albor, resarcir económica y moralmente a las víctimas; mujeres ejemplares.

La liberación de Jacinta se debió al apoyo de organismos como el centro de derechos humanos, Agustín Pro Juárez, y agrupaciones internacionales, no a una investigación seria de la autoridad. Lo que demuestra, claramente, que la impunidad es el pan de cada día en una nación donde los poderosos continúan siendo intocables.

jamelendez44@gmail.com

"Nunca conocí a los AFIs que me acusaron de secuestro": Jacinta Francisco Marcial

Acusada de haber secuestrado a seis agentes armados de la AFI, en entrevista con el periodista Ricardo Rocha, Jacinta dice que no guarda ningún rencor, después de haber pasado tres años en prisión.

Miedo y pizca de justicia

Teodoro Rentería Arróyave en su columna COMENTARIO A TIEMPO en RazonEsdeSer.

Los otrora festejos de nuestras fiestas patrias, a 199 años de la gesta heroica, por la cada día más grave inseguridad pública nacional, por la crisis económica paralizante y por la crisis moral que agobia al pueblo todo, se convirtieron en jornadas de miedo latente y en una pisca de justicia.

En el llamado mes de la patria, el pueblo que acostumbra salir a la calle a vitorear a los héroes que nos legaron independencia y dignidad no lo arredró el miedo a los atentados, el repudió a los gobernantes que ahora a como de lugar al estilo de Su Serenísima Santa Ana, nos tratan de cobrar impuestos hasta por respirar, se dio un momento de respiro y cuando menos tiene un algo que celebrar, nos referimos a ese acto de justicia, no de los aparatos de procuración y administración de la misma, sino de ese mismo pueblo que logró la libertad a la 1:00 de la madrugada de este 16 de septiembre del “ícono del abuso y de la injusticia prevaleciente”: Jacinta Francisco Marcial.

Al conmemorarse el 199 aniversario de nuestra Independencia, como cada 15 de septiembre, ahora Felipe Calderón Hinojosa por tercera ocasión cumplió con el “Grito de Dolores” desde el balcón central de Palacio Nacional, todo esto dentro de operativos de seguridad desplegados en el centro histórico de la Ciudad de México para garantizar la integridad de los asistentes a la ceremonia cívica por elementos del Estado Mayor Presidencial, de la Policía Federal y de la Secretaria de Seguridad Publica capitalina. También en las demás plazas de la República, se tomaron las precauciones debidas y el reporte, afortunadamente, fue el de una jornada blanca.

Tras ser condenada a 21 años de prisión y cumplir con 3 de injusto encierro, fue liberada la compatriota indígena otomí y monolingüe, Jacinta Francisco Marcial; la presión de los grupos defensores de los derechos humanos nacionales y extranjeros lograron que el aparato de justicia reabriera el proceso ante lo absurdo de la acusación: el secuestro de 6 goriloides agentes de la desaparecida AFI, Agencia Federal de Investigaciones y la declinación de la Procuraduría General de la República de presentar más pruebas y conclusiones no acusatorias por “dudas razonadas” sobre la culpabilidad de la sentenciada.

Mientras tanto, ojo, a emprender un movimiento nacional similar al de la Independencia, al de la Reforma o al de la Revolución Mexicana para consolidar un verdadero cambio en el país, llamó a los mexicanos “libres” Andrés Manuel López Obrador. Al encabezar el llamado “grito de los libres”, en el Hemiciclo a Juárez, el perredista advirtió que con disimulo se mantiene vigente el racismo y la discriminación, y una profunda desigualdad social entre mexicanos que viven sometidos por un pequeño grupo de poder.

Decimos que es una pisca de justicia, porque aún continúan presas las coacusadas indígenas, Alberta Alcántara y Teresa González y porque los seis “Afis”, que debieron de haber sido corridos por dejarse “secuestrar” por tres indefensas, es decir desarmadas mujeres, no tuvieron el valor de presentarse a declarar ante el Juez de la causa, y quién, es pregunta, les devolverá a estas damas indígenas, así damas aunque les duela a las élites, los años perdidos en las mazmorras del Centro de Readaptación Social, Cereso, femenil de San José El Alto, Querétaro.

La voz de alerta sobre estallidos sociales insistentemente la hemos dado como mandato de la opinión pública nacional y la ha fijado con la calidad moral que lo acredita el doctor José Narro Robles, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuidado, el país quiéranlo o no, lo acepten o no es una bomba de tiempo, que hay que desactivar sin demora, ¿cómo?, con programas sociales implementados de inmediato, con el retiro ipso facto del absurdo y empobrecedor paquete económico, con justicia que termine con la impunidad prevaleciente y por ende recupere la seguridad pública, la tranquilidad y la paz que es derecho inalienable e irrenunciable del pueblo. Por ahora, sólo hay miedo y una pisca de justicia.

Periodista y escritor. En teodoro@libertas.com.mx y felapvicemex@hotmail.com agradeceré sus comentarios y críticas. En vivo, de lunes a viernes a las 20:00 horas, tiempo del centro, en las frecuencias en toda la República de Grupo Radio Fórmula. En la ciudad de México, en el 14 70 de A. M. Le invitamos a visitar: www.felap.info, www.ciap-felap.org, www.fapermex.com, www.clubprimeraplana.com.mx

Procuración de justicia

Por: Lilia Cisneros Luján en APIAVirtual.

El caso de Jacinta Francisco Marcial, y otras dos mujeres indígenas habitantes del estado de Querétaro, es emblemático más allá del mediano interés puesto en el mismo por algunos reporteros de medios electrónicos, a los cuales seguramente alguien de sus socios le otorgará un premio. A esta ciudadana se le acusó falsamente por agentes de la PGR y la AFI, cuya conducta ilícita y prepotente fue repelida, por habitantes de un pueblo cansado de sufrir abusos. ¿Quién fue el responsable de organizar el supuesto secuestro y la repulsa a estos criminales de uniforme? Sin duda ¡Fuente ovejuna Señor! Pero los AFIS no estaban dispuestos a tragarse lo que ellos visualizaron como una afrenta y se la cobraron, a una mujer, con serias limitaciones para comprender el español y aun más los procedimientos de ministerios públicos que, lejos de salvaguardar los derechos de quienes se presumen inocentes, utilizan la representación social no para investigar, muchos menos para procurar justicia y ni pensar que lo hagan para perseguir a delincuentes.

Lo más grave del caso de Jacinta, Alberta Alcántara y Teresa González, indígenas otomíes residentes en Santiago Mexquititlán es que, como ellas, cientos si no es que miles de ciudadanos somos víctimas de estos pseudo representantes sociales. Si acaso Usted es el agraviado por un defraudador que le vendió una casa mal construida, un ratero que se llevó su bolsa, el coche o entró a su casa a ver que hurtaba; de entrada tiene que soportar un interrogatorio en la mesa del MP que se afana más por asentar en su denuncia, si el denunciante es vicioso, si desconfía de alguien de su familia o si puede identificar enemigos. Con un poco de buena suerte encuentra un abogado serio y comprometido que desde el primer momento fija sus honorarios –altos porque debe incluir los gastos “solicitados” por el MP, para no enviar su expediente al “no ejercicio” o la reserva- aunque ni esto lo salva desde el primer momento, de la advertencia generalizada, acerca de las fuertes dificultades para que prospere su caso porque “le falta un documento” o “no tiene testigos”, aun cuando se trate de violación, homicidio o lesiones. Ah, pero los malos, esos que le siembran droga, le fabrican delitos –molestos contra el pequeño empresario que descubrió el robo hormiga en su empresa, o el funcionario honesto que los denuncia ante las contralorías y hasta el acosador rechazado por la secretaria- esos si se entienden $$$ muy bien con esta ralea de “investigadores” cuya riqueza es por demás explicable como resultado de una impunidad sin límites.

En estricto derecho, los AFIS que acusaron a Jacinta y sus dos vecinas, los ministerios públicos que integraron y consignaron el expediente y hasta los jueces que las privaron de su libertad, deberían ser responsables de muchos delitos, empezando por falsedad en declaración, y todas las que resulten de una conducta vengativa, prepotente o cuando menos negligente. ¿Se puede llamar justicia, la simple excarcelación de una de estas tres mexicanas después de tres años de prisión derivados de un proceso amañando, en el cual ellas no fueron advertidas nunca de lo que se les imputaba? ¿A cuantas personas conoce, presas en reclusorios, acusadas de un homicidio no cometido? Sé, del caso de un joven en esta condición en el penal de Barrientos. Se le amenazó con recluir a la madre para obligarle a firmar su confesión. A esta madre se le imputaba “haber salido corriendo para ocultar el arma homicida”, solo que dicha señora tiene secuelas de polio que casi le impiden movilizarse y el hijo lleva encerrado mucho más tiempo que Jacinta. Todos saben que el homicida fue un agente pero que “al muchacho le tocó estar en el lugar y la hora equivocados y se convirtió en chivo expiatorio” Es lamentable escuchar que en México el riesgo más grave de un ciudadano es, ser inocente y resulta trágico asumir que solo quienes están conectados con las altas esferas pueden aspirar a la justicia.

En la inauguración del Seminario Permanente de Actualización Política convocado por la organización Constitución y República Nuevo Milenio, en la cámara de diputados para plantear una agenda legislativa con la opinión ciudadana, el doctor en derecho Cesar Garizurieta, lamentó reconocer que en nuestro país “la justicia es una mercancía”. Su costo es alto –dijo- se oferta al mejor postor, no al que tenga la razón ni conozca la verdad, sino al que más pague. Y el pago, lo sabemos todos, no solo es en dinero, sino en prebendas. ¿Por qué no se juzga y castiga a los responsables de asesinar 12 mujeres diariamente? Preguntó el jurista luego de analizar la exclusión del derecho a la salud de mujeres imposibilitadas de atender su cáncer por el alto costo de las medicinas y; el mismo razonamiento podríamos extender a todos aquellos “con seguro popular” o sin éste, que fallecen de diabetes o de toda suerte de enfermedades provocadas por una alimentación chatarra.

El delito, raya en cinismo cuando “un maldito gen” recién descubierto como supuesto precursor de estas enfermedades en el mexicano, se utiliza como excusa para exonerar a quienes han convertido a México en el país con más obsesos del planeta.
Cuando además de excarcelar a Jacinta se deje en libertad a las otras dos señoras otomíes, se les repare el daño a las tres y se encierren a quienes fueron los actores de esta infamia, tal vez podamos hablar de justicia. Estaremos más cerca de la justicia, cuando las contralorías internas sancionen y luego separen de los puestos, a los MP que piden dinero para aceitar su investigación.

Habrá justicia cuando los agentes investigadores –judiciales, AFIS o como quiera que se les rebautice- sean severamente sancionados por extorsionar tanto culpables como agraviados; los jueces juzguen en vez de legislar con cada caso que resuelven y los MP realicen su trabajo de investigación con seriedad, gratuidad e imparcialidad.
Hasta en tanto esto no ocurra, podrán aumentarse hasta el infinito los recursos generados con el trabajo del pueblo para pagar policías, fiscales y juzgadores; porque México seguirá siendo el país de la impunidad, la inseguridad jurídica o física y el reino de la maldad.