SALOMÓN GARCÍA JIMÉNEZ (La Jornada Guerrero)
Aguas Blancas, el entorno
De impunidades, venganzas y traiciones está lleno el transcurrir social por estos pueblos guerrerenses. En estas tierras, los valerosos yopes resistieron la dominación mexica y el entrometimiento de los españoles. Los independentistas Morelos, Alvarez, Galeana y Guerrero, representando a las mayorías de indios y mestizos, lucharon por este territorio de Coyuca de Benítez. El nombre del municipio y a la vez cabecera municipal es en honor a doña María Faustina Benítez –esposa de don Juan Alvarez–, quien nació en el Barrio de San Nicolás de Coyuca, hoy ciudad de Coyuca de Benítez.
En Acapulco se dio el movimiento encabezado por Juan R. Escudero, a principios del siglo XX. Luego, se vino la influencia de la Revolución de 1910-17, las luchas campesinas zapatistas lograron el ejido y las comunidades agrarias. Se fundaron las uniones de pequeños productores de maíz, de copra, de café, cooperativas forestales, de pescadores, etcétera. Pero los caciques políticos, terratenientes regionales y grandes comerciantes nunca han aceptado que la riqueza se distribuya más equitativamente y hacen lo propio para defender sus intereses.
En el año 1967 –igual en el puerto–, el gobierno en turno ordenó la masacre de más de cuarenta copreros, sólo por impedir su derecho de reunión. En ese mismo año, pero en Atoyac se da la otra masacre para reprimir una asamblea de maestros y padres de familia inconformes por el maltrato a los alumnos por parte de una mala maestra. Entonces, el profesor Lucio Cabañas Barrientos se hizo guerrillero, lo siguieron muchos campesinos. Y también lo persiguieron numerosos soldados. Una de sus proezas –a principio de los setenta– fue haber retenido al candidato a gobernador del PRI, Rubén Figueroa Figueroa y exigir por él un rescate.
En el 74, muere Lucio en combate, sus compañeros se repliegan. No así sus enemigos, al contrario, aumentan sus operativos y coordinación para perseguir, detener, torturar y desaparecer a los ex guerrilleros y simpatizantes, lo que se llama la “guerra sucia”.
Es además, la justificación de las autoridades para contrarrestar las protestas y demandas de las organizaciones sociales y sus dirigentes. Acusarlos de radicales –y ahora de narcos–, es la manera más fácil de criminalizar su labor social en las comunidades y anularlos del escenario político. Al parecer, los que detentan y ejercen el poder sobre el pueblo, lo hacen con el talante del otrora reconocido general Gabriel de Armijo, enemigo acérrimo de Juan Alvarez, quien ante la menor sospecha de los ciudadanos de ser proclives a los rebeldes, sin ningún miramiento los mandaba fusilar. Yo me pregunto si el general enviado del virrey Apodaca ya estudiaba a Nicolás Maquiavelo, porque tenía fama de sanguinario.
La matanza en el vado de Aguas Blancas: 28 de junio de 1995. Hoy se cumplen 14 años de aquella masacre y de su impunidad. Por ello el impulso de escribir esta nota, que clama justicia y se suma al homenaje por los 17 campesinos asesinados y los 33 heridos por armas de fuego, disparadas por decenas de agentes de la Policía Motorizada y Judicial del estado de Guerrero, en una irracional emboscada a miembros de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), que bajaban de Guapinolar, Tepetixtla, Colonia del Río, Atoyaquillo y Paso Real, pueblos pertenecientes al municipio de Coyuca de Benítez.
¿Por qué los mataron? Si los militantes de OCSS sólo se dirigían a un mitin para exigir a las autoridades de Atoyac la presentación con vida de Gilberto Romero Vázquez, uno de sus compañeros detenido y desaparecido hacía poco más de un mes. Todos los comisionados viajaban en dos camionetas pasajeras, iban a una protesta pacífica, nadie llevaba armas. Absurda celada ese miércoles por la mañana. Tratemos de atar cabos.
Se entiende que la ejecución sumaria fue cuidadosamente planeada por el entonces gobernador Rubén Figueroa Alcocer, hijo de aquel senador que fuera rehén de la guerrilla en los años setenta. Se sabe que el martes 27 en la tarde, un día antes de la masacre, el gobierno estatal giró instrucciones para que “los responsables del hospital municipal de Atoyac estuvieran preparados para cualquier contingencia en las próximas horas”, también “para que varios grupos de policías salieran por la noche hacia Coyuca de Benítez”. Y que el gobernante habló por teléfono (a las 20:15 horas) con la alcaldesa de Atoyac, María de la Luz Núñez Ramos, y le dijo que no iba a permitir que el grupo de la OCSS llegara a la manifestación programada, “son gente muy violenta”, expresó.
Y lo que se sabe, por los videos y sobrevivientes, los victimados fueron encañonados, bajados de los vehículos y puestos “pecho tierra”. Y se dio la orden de dispararles a sangre fría, los agresores desde sitios estratégicos descargaron sus armas por varios minutos sobre los indefensos. Y entre el gobernador y los policías falsearon los hechos: que “fue un acto de contrainsurgencia del EPR”, que “uno de ellos los agredió a machetazos”, que “alguien disparó primero” y que “otros alzados les querían quitar sus rifles”, que “la fuerza pública actuó en defensa propia”. Después se aclaró que a los aniquilados también les habían “sembrado armas”.
“¡Venían a la guerra y guerra tuvieron! ¿Somos o no autoridad?”, horas después de la matanza, en una segunda llamada telefónica (a las 18:20 horas), Figueroa le decía a María de la Luz Núñez con tono de satisfacción. Tal parece que ordenó la letal frase de “Mátenlos en caliente”, con que el dictador Porfirio Díaz sentenciaba a los grupos de personas que se sublevaban contra él.
Para el crimen de Estado hubo supervisión desde un helicóptero: a bordo iban el secretario de Gobierno, José Rubén Robles Catalán y el director de la Policía Judicial del Estado, Gustavo Olea Godoy. Abajo, el comandante Manuel Moreno González, que dirigía el operativo. Muchos funcionarios más y policías, incluido el ex gobernador Figueroa, son autores intelectuales y materiales del asesinato en masa. Que no escapen al juicio político y penal correspondientes. Que se haga justicia a los deudos de los ejecutados y víctimas sobrevivientes.
Nombres de los 17 campesinos ejecutados: Tomás Porfirio Rondín, Amado Sánchez Gil, Fabián Gallardo García, Francisco Rogel Gervasio, Paz Hernández González, Daniel López Castañeda, Victorio Flores Balanzar, Climaco Martínez Reza, Efraín Vargas Zavayo, Mario Pineda Infante, Florente Rafael Ventura, José Rebolledo Gallardo, Francisco Blanco Muñoz, Heliodoro López Vargas, Anacleto Ahueteco Coyote, Simplicio Martínez Reza y Gregorio Analco Tabares. Están escritos allí en el vado, en una lápida blanca.
Algo preocupante...
Yo pienso que cuando un déspota gobierna sin credibilidad, trata de obtenerla con medidas coercitivas y hasta perversas. Entonces utiliza a la institución del Ejército para hostigar a la sociedad civil, para desquitarse con el pueblo, para hacer “guerra sucia”. Y entonces, sin paz democracia y justicia, pues menos se hace caso a las demandas de servicios básicos, salud, educación, agrarias, abasto, derechos humanos, proyectos productivos, precios del café, el maíz o coco, frijol...
Don Hermenegildo Galeana también perdió la vida cerca de Coyuca, en El Salitral. En ese paraje Tata Gildo dio su última pelea el 27 de junio de 1814, enfrentando a 14 dragones enemigos comandados por el realista Armijo. A un año de los festejos del bicentenario de la Independencia, los restos mortales del más valiente insurgente todavía no se han recuperado. ¿O será que el héroe nos sigue esperando en las montañas para una mejor celebración?
El Lamento coprero de José de Molina, entre otros versos dice: “A nuestras autoridades, / yo les vengo a preguntar: / ¡los crímenes cometidos, / cuándo se resolverán? / El llanto de tus palmeras / no se escuchó aquí en Los Pinos, / ¡será que los que murieron / eran puros campesinos! / ¡Lloren huérfanos y viudas, / la justicia ha de llegar!”. In memóriam. n
martes, 30 de junio de 2009
Aguas Blancas, el entorno
Atentan contra Margarita Martín, la viuda de uno de los líderes mixtecos de Ayutla asesinados
Zacarías Cervantes (El Sur de Acapulco)
Después de una reunión que sostuvieron ayer en Ayutla con integrantes de la Fundación Appleton para el financiamiento de apoyos para Guadalupe Castro Morales, viuda de Raúl Lucas Lucía y para Margarita Martín de las Nieves, viuda de Manuel Ponce Rosas, esta última sufrió un atentado a balazos la tarde de ayer cuando se dirigía a su comunidad, La Cortina, denunció anoche el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan.
Margarita Martín de las Nievas y Guadalupe Castro Morales son viudas de los dos dirigentes de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM) de Ayutla, que fueron secuestrados el 13 de febrero pasado y sus cuerpos encontrados en una fosa clandestina el 21 de ese mismo mes cerca de la localidad de Las Cazuelas, municipio de Tecoanapa, con huellas de tortura y ejecutados.
Tlachinollan informó anoche que a las 5 de la tarde, cuando Margarita Martín de las Nieves se dirigía a su comunidad, acompañada de su cuñado, Santiago Ponce Lorenzo, hermano de Manuel y de la esposa de éste, Modesta Laureano Petra, en el crucero de Ocotlán, que se encuentra entre la cabecera municipal de Ayutla y La Cortina, un hombre vestido con playera negra y sombrero negro les disparó en tres ocasiones; uno de los disparos pasó cerca de Margarita y dos en el lado donde iba Santiago.
Antes, los tres, Margarita, su cuñado y la esposa de éste, así como la viuda del presidente de la OFPM, Raúl Lucas Lucía, Guadalupe Castro Morales, habían estado en las oficinas de Tlachinollan en Ayutla, en donde se reunieron con miembros de los organismos de la Fundación Appleton para convenir en los apoyos que las viudas de los dos dirigentes de la OFPM recibirán por las gestiones de los organismos de derechos humanos. En el mismo lugar, las viudas se reunieron con representantes de las embajadas de Estados Unidos y de Canadá, a quienes expusieron la situación con motivo de los asesinatos de los dos dirigentes.
Después de la reunión, en la que estuvo también el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, intentaron comunicarse vía telefónica con el comandante del primer sector de la región Costa Chica de la Policía Preventiva Estatal, Urbano Palacios García, para que acompañara a Margarita hasta La Cortina, ello como parte de los acuerdos a que llegaron este martes 23 de junio en las instalaciones de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) con representantes de la Secretaría de Gobernación, Relaciones Exteriores, Secretaría de Seguridad Pública Federal y la Secretaría Pública y Protección Civil del estado, en donde se asumió el compromiso de brindar las medidas cautelares a las viudas de los dos dirigentes de la OPFM.
Sin embargo Tlachinollan denunció anoche que el comandante policiaco que debería brindar seguridad no pudo ser localizado, pues su teléfono siempre estuvo fuera del área de servicio, a pesar de que se supone que ya había recibido instrucciones para que brindara la seguridad que le solicitaran.
Como a Margarita Martín de las Nieves ya se le estaba haciendo tarde, decidió trasladarse sólo con su cuñado y la esposa de éste, pero al pasar por el crucero de Ocotlán sufrieron el atentado.
Según el testimonio que narró Margarita al Centro de Derechos Humanos, ella vio por el espejo al hombre que les disparó y pudo ver que llevaba un arma larga y que todavía intentó seguirlos para continuar disparando.
Tlachinollan informó que fue hasta a las 8 y media de la noche de ayer mismo, cuando el comandante Palacios acudió a La Cortina para recoger los testimonios de Margarita y sus acompañantes, cuando toda la tarde no estuvo localizable porque su teléfono estaba fuera del área de servicio.
El director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández dijo que estos hechos pudieron haberse evitado, si las autoridades estatales hubieran cumplido con el compromiso que asumieron en la reunión del martes 23 de brindar seguridad y las medidas cautelares a las viudas de Manuel Ponce Rosas y Raúl Lucas Lucía.
Sin embargo, señaló que no hay un compromiso serio de las autoridades para brindar las medidas de protección para los familiares de las víctimas de los dos dirigentes asesinados en febrero pasado.
El Centro de Derechos Humanos de La Montaña recordó que el 9 de abril, la Corte Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas provisionales a 107 defensores de derechos humanos del estado de Guerrero, en su mayoría indígenas, por considerar que se encuentra en grave riesgo su integridad física y que tampoco éstas se han cumplido por parte de las autoridades estatales y federales.
Solicitan amparo para Máximo Mojica, su esposa y Santiago Nazario, presos políticos de Guerrero
Aurora Harrison (El Sur de Acapulco)
La defensa del profesor Máximo Mojica Delgado, de su esposa María de los Ángeles Hernández y del detenido con ellos, Santiago Nazario Lezma, solicitó al juez de distrito un amparo contra el auto de formal prisión que dictó el juez primero penal el 6 de febrero, porque el Ministerio Público y el juez de Tecpan de Galeana violaron las garantías de audiencia.
En una visita a la redacción de El Sur, el asesor legal de los procesados, Delfino Gálvez de Jesús informó que en el expediente sobre la investigación que hizo el MP hay partes donde los agraviados y los testigos no firman los oficios, y se puede observar en la causa penal 188/2008-1 por secuestro y en la cual se dictó auto de formal prisión.
Abundó que unas de las inconsistencias que encontraron en el expediente es que se violaron las garantías de audiencia y seguridad señaladas en el Código de Procedimientos Penales de Guerrero; y es que detalló que “el MP cuando era averiguación previa no envió un exhorto para que las diligencias se llevaran a cabo en el municipio de Acapulco”.
Gálvez de Jesús indicó que el concepto de violación es que en la causa penal “no esta probado que los procesados hayan privado de la libertad a la persona que se dice ser agraviada y que responde al nombre de Adriana de Jesús Arteaga Zarate”, y que la única versión que existe es “la confesión coaccionada que fue arrancada a base de golpes y amenazas”.
El asesor legal explicó que en el oficio que presentaron para pedir el amparo y protección de la justicia y de la cual entregó una copia a la redacción de El Sur, se precisa que “no hay testigos en contra de los procesados que señale que secuestraron a Adriana de Jesús”.
Además que señala que las diligencias practicadas por el agente del MP que dan soporte al auto de formal prisión, dictado por el Juez Primero Penal son “diligencias nulas, porque no se practicaron en términos legales del Código Procesal Penal”, y que por regla general se deben desarrollar en la sede oficial donde se integró la averiguación.
Una de las inconsistencias de la causa penal es en la foja 628 del tomo dos, con fecha 23 de diciembre del año pasado, donde el agente del MP, Carlos García Bolaños hace constar que se trasladaron a Tixtla para hacer una inspección ocular en el lugar donde supuestamente se iba entregar el pago de rescate, pero no “hace constar porqué razón o motivo se trasladó a realizar la diligencia fuera del municipio de Atoyac de Álvarez”.
Por otra parte el asesor legal precisó que el auto de arraigo que se decretó en contra de los procesados “carece de autorización, firma y rúbrica del Secretario de Acuerdos del Juzgado Penal de Tecpan de Galeana, siendo la obligación dar fe y firmar”.
Puntualizó que en el momento que fueron detenidos y se declararon los arraigos el pasado cuatro de diciembre del año pasado, no tuvieron defensa particular, ni de oficio, situación que agravia y como se puede ver en la causa penal no existe constancia de que se haya alguna defensa para el profesor Máximo Mojica, María de los Ángeles y Santiago Nazario.
El primero de Diciembre del año pasado, los procesados fueron puestos a disposición del MP del municipio de Atoyac de Álvarez, del Distrito de Judicial de Galeana por los agentes ministeriales de Iguala; el dos de ese mismo mes, se decreta la retención legal; y el cuatro de ese mes el Juez Primero Penal concede un arraigo por 30 días.
El 27 de noviembre del 2008, Máximo Mojica fue detenido como a las cinco de la tarde en la calle Allende del poblado de Teloloapan; su esposa María de los Ángeles fue detenida el 29 de noviembre, luego de recibir una llamada de su marido para que consiguiera la cantidad de 15 mil pesos para que lo dejarán libre, y al salir a conseguirlo la detuvieron.
A Santiago Nazario lo detuvieron el 27 de noviembre, cuando a las 20:30 horas salió de su casa en el municipio de Teloloapan, para comprar un garrafón de agua.
¡Los valientes no torturan!
SALOMÓN GARCÍA JIMÉNEZ (La Jornada Guerrero)
¡Los valientes no torturan!
En sangrientos combates los viste / por tu amor palpitando sus senos, / arrostrar la metralla serenos, / y la muerte o la gloria buscar. / Si el recuerdo de antiguas hazañas / de tus hijos inflama la mente, / los laureles del triunfo, tu frente / volverán inmortales a ornar”. Es la segunda estrofa de nuestro Himno Nacional Mexicano.
Sobre el título de mi colaboración de hoy, los remito a la historia. Me refiero al incidente del 13 de marzo de 1858, en el palacio de gobierno de Guadalajara, Jalisco. Allí fue cuando el poeta y periodista mexicano, Guillermo Prieto, intervino y paró la orden de fusilamiento contra el presidente de la República, Benito Juárez y sus ministros, hechos prisioneros.
“¡Alto, los valientes no asesinan!", fue el grito con que el héroe escritor apaciguó al sector del Ejército que se había rebelado. Este pasaje de la Reforma viene en el libro Juárez, de la choza a Palacio Nacional, de Rodolfo Lara Lagunas, quien por cierto, fue maestro de secundaria de Andrés Manuel López Obrador, en Tabasco.
Y mi nota, nombrada con semejanza a aquella frase gloriosa, es para protestar por las intrusiones militares recientes en Puerto las Ollas y Las Palancas, donde han pisoteado los derechos humanos de personas humildes e inocentes; también, para reprobar los ataques a la libertad de expresión de que fue objeto este diario La Jornada Guerrero. Lo de “valientes” es porque todo apunta a que fueron fuerzas castrenses quienes interceptaron la camioneta y pusieron fuera de circulación el tiraje de nuestro periódico del lunes pasado. Intentemos rehacer los acontecimientos.
Hace tres días, el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) reportó oficialmente sus primeras acciones militares, a once años de su fundación. El grupo armado –en voz de su comandante Ramiro–, refiere que en el enfrentamiento del pasado 11 de junio, causó 3 muertes y un herido al Ejército mexicano. Y niega la versión de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de que hayan liquidado a 16 de sus combatientes. Informa de tres refriegas ocurridas en la sierra del 9 al 11, en el municipio de Coyuca de Catalán y sus colindancias con Petatlán.
Fue durante esos días que unos 500 soldados entraron a Puerto las Ollas y Las Palancas, y tuvieron sitiadas esas pequeñas comunidades calentanas. Invadieron, disparando al aire y gritando “arriba Rogaciano” (un cacique ligado a narcotraficantes). El sábado 13 pudieron ingresar al primer poblado una caravana de derechos humanos y periodistas. La Jornada Guerrero documentó los allanamientos, tortura y abusos de los militares en Puerto las Ollas. Su edición del 15 de junio de 2009, con objetividad informaba sobre las arbitrariedades castrenses.
“Sitió Ejército 4 días pueblos de la sierra”, fue el encabezado de su primera plana ese lunes, más la foto ampliada de Lenin Ocampo de cuando la misión civil de observación se encuentra de frente en el camino de terracería con el convoy militar, ya enterado de que subían al lugar los representantes de agrupaciones de derechos humanos. Dice un dicho sobre alevosía: “cuando tú apenas vas, yo ya vengo”.
Más concretamente, la información de Marlén Castro llevó de cabezal: “Denuncian pobladores de Las Ollas allanamiento y torturas de militares”; el balazo: “Mujeres y niños claman ayuda a defensores de derechos humanos y medios de comunicación”. Y el sumario: “el martes 9 arribó el Ejército a esa pequeña comunidad de apenas 11 casas y 60 habitantes”; Jaime y Omar, hijo y nieto de Amanda, fueron capturados por los soldados y torturados durante tres horas: incomunicados, amordazados, golpes en los oídos y nuca, pinchazos en los dedos de las manos y retenerlos sin comer.
A los menores los interrogaban sobre “armas y grupos armados”, querían saber dónde se escondían. Como no les sacaron información, prosiguieron a saquear todas las casas, que en un momento amenazaron con quemar. Luego, el hostigamiento militar sometió a tres señoras. Los “valientes” soldados, inmovilizando a las mujeres y amenazándolas con degollarlas con un cuchillo, las interrogaban sobre “los tratos que tenían con los guerrilleros”.
Y el lunes 14 de junio era el día para esta denuncia. Entonces se dio el atraco en la madrugada (a estos ladrones de información, “dios lo ayuda”), cuando miles de ejemplares de La Jornada Guerrero se distribuirían en Chilpancingo y las regiones Norte, Tierra Caliente y La Montaña. Los empleados del periódico fueron encañonados saliendo de Acapulco; al conductor le quitaron su licencia de conducir. Uno de los agresores les aclaró que ellos se dedicaban “al robo de vehículos de empresas”, casi dice “no se vayan a imaginar otra cosa”. Igual, no les quitaron dinero ni otras pertenencias. ¿No iban pelados casquete corto bajo la gorra? Ya nomás faltaría que al rato aparezca la camioneta robada, y que sean soldados quienes “la encuentren”.
–¡Ah! qué señor gobernador. ¡Ah! qué señores generales y tenientes, jefes de batallones. ¡Ah! qué gobierno federal de facto. ¡Ah! qué sargentos primeros y segundos. ¿Y la Secretaría de Gobernación? Echan a los soldados rasos contra su pueblo. ¿Dónde quedó la inteligencia militar, el verdadero patriotismo, el honor marcial, el servicio a México? A ver contesten esta nota. Digan que ustedes no fueron los que torturaron a esos niños y mujeres; dígannos que fueron otros que se disfrazaron de milicia. Expresen que ustedes nada tienen que ver con el robo y sabotaje a la libertad de expresión.
Por qué no reconocer que hay gran descontento social, en medio de una crisis económica y política. Preocuparse por resolver las necesidades básicas de los guerrerenses más pobres. Que hay grupos radicales con los que se tiene que dialogar, en lugar de acallarlos por la fuerza sin primero conocer sus demandas. Porque la reciente violación a los derechos humanos y a la libertad de prensa fue muy retrógrada y cobarde.
Y se dejó venir la solidaridad con nuestro diario agraviado: muchas ONG, Reporteros Sin Fronteras (RSF), el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), Article 19; dirigentes sociales y partidos políticos condenaron los excesos cometidos por el personal militar en aquellas comunidades rurales de Puerto las Ollas y Las Palancas. El Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), las comisiones nacional y estatal de Derechos Humanos (CNDH y Coddehum), organismos de periodistas, el ejido Río Frío, el Centro de Derechos Humanos La Montaña Tlachinollan, entre otras redes y frentes de defensa humanitarios.
Todos condenan el robo y agravio a la expresión libre. Todos lanzan alertas y exhortos a las autoridades para que se investigue y se esclarezcan pronto estos actos de censura e intimidación. Todas las organizaciones sociales porque se castigue a los responsables de los graves atentados, porque el Ejército y la policía regresen a sus cuarteles, porque organismos internacionales constaten las violaciones. Porque se aplique el derecho internacional y humanitario ante la confirmación de enfrentamientos con guerrilleros.
Con el pretexto de combatir al narco, se persigue a la guerrilla. Y esto, a su vez es excusa para hostigar a las comunidades campesinas. Cuando alguien hace algo malo, generalmente no quiere que se sepa. Pero esto le queda a la delincuencia común, no a la institución castrense. Tampoco le queda “invitar” a los jóvenes a realizar su Servicio Militar Nacional, participando en la destrucción de plantíos de droga, por una corta paga, ¿como “carne de cañón”. El Ejército mexicano está para defender a la población, no para ensañarse con los más pobres e indefensos.
Termino con el coro del Himno Nacional Mexicano pero en náhuatl: “Icuac Yaotl Technotzaz mexihcah / Ticanacan temicti tepoztli, / Ihuan huelihqui man tlalcohcomoni / Ihcuac totépoz cueponiz nohuian”. Tres vocablos: temicti, asesino, cruel, malvado, que maltrata a los demás; nohuian, por todas partes, y cueponiz, hacer ruido. n
Liberan al indígena arrestado por usar botas tipo militar; el delito no es grave, determinan
Contradicen militares la versión de la Sedena en el asesinato de Bonfilio Rubio
Hay “indicios” de los soldados que mataron a na savi en camión: MP
El camión sí se detuvo, declaran ante el Ministerio Público un sargento y dos efectivos
ROBERTO RAMIREZ BRAVO (Enviado La Jornada Guerrero)
Huamuxtitlan, 24 de junio. Un sargento y dos soldados de infantería del batallón militar adscrito a Tlapa negaron, ante el juez mixto de este distrito de Zaragoza, que el sábado pasado los soldados hayan disparado contra un autobús de pasajeros porque su chofer no se detuvo, como fue la versión inicial de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sobre esos hechos, en los que asesinaron al indígena Bonfilio Rubio Villegas.
Se trata del sargento segundo Rigoberto Hernández Prieto y los soldados Eloy Rodríguez García y Félix Ignacio Carranza, quienes declararon ante el juez Fidel Alfaro Alonso, en la causa penal 10/2009, que se sigue al indígena na savi Fausto Saavedra Valera, que la noche del incidente fue detenido por portar botas tipo militar.
En su declaración, Hernández Prieto señaló que aproximadamente a las 10:30 de la noche del sábado 20 de junio estaba en el puesto de revisión en el crucero de Santa Cruz, en el kilómetro 213 más 500 de la carretera Chilpancingo-Las Peñas, Puebla, donde interceptaron al autobús de la compañía Sur número 6148 y placas 367-HR7, procedente de Tlapa, y al hacer la revisión, el soldado Félix Ignacio Carranza le informó de la presencia de Fausto Saavedra y sus botas.
El camión duró detenido hasta que vino el comandante de la fuerza de reacción inmediata –del cual no proporciona el nombre– e interrogó al conductor, Francisco Emanuel Pizano Alejo, para verificar que coincidiera el nombre del na savi con sus registros; luego, cuando le dijo al chofer que se quedaría detenido el indígena, discutieron, porque Pizano Alejo quería que le hiciera una anotación “en su libreta de registro de pasajeros que constara que el propietario de las botas se iba a quedar para ser puestos a disposición de las autoridades correspondientes”.
El sargento da cuenta de la discusión, pero no dice qué pasó después, cuando ocurrieron los disparos, ya que el expediente para el que hizo su declaración era sólo por el incidente de las botas.
En un sentido similar hablaron los soldados, quienes coinciden en la hora y lugar en que se efectuó la revisión del autobús, y en que durante ésta se encontró al joven de las botas, en los folios del calzado y en los datos del autobús.
El soldado Félix Ignacio precisó que el camión –con capacidad para 49 personas– circulaba con dirección a Huamuxtitlán, y se le indicó que se desviara de su carril para ser revisado y “así lo hizo”.
Eloy Rodríguez, a su vez, dijo que al llegar el autobús se le indicó que bajara su velocidad “y así lo hizo”.
Los tres coinciden en su declaración que al saber que es un delito usar insignias militares, lo detuvieron.
Ninguno da más datos de lo que ocurrió después, respecto a cuando dispararon contra el autobús. Sin embargo, el agente del Ministerio Público (MP) integró la averiguación ZAR/02038/2009 por el delito de homicidio en agravio del indígena Bonifacio Rubio, quien murió de un balazo en el cuello luego de que soldados dispararon contra el camión cuando se retiraba.
El determinador Rosendo García dijo que “está claro” que fueron los militares quienes mataron al civil en el autobús, y afirmó que “hay indicios” de los responsables, pero todavía no hay ningún nombre, y aunque sostuvo que hay colaboración con las autoridades castrenses, no entró en detalles de qué acciones concretas se llevan a cabo, porque, dijo, se podrían “entorpecer” las averiguaciones, ya que los responsables podrían huir.
“Mejor así, calladitos”
En tanto, trascendió aquí que cuatro soldados que participaron esa noche en el ataque al autobús fueron puestos a disposición del Ministerio Público militar con sede en Chilpancingo, aunque no fue posible conseguir sus nombres ni cuál es su situación jurídica, pues fuentes cercanas a la investigación ministerial señalaron que del Ejército no ha habido ningún contacto oficial al respecto.
Libre bajo fianza
Asistido por el abogado del centro de derechos humanos Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, el indígena na savi Fausto Saavedra Valera, quien fue detenido en posesión de las botas tipo militar –por lo cual se originó el incidente que terminó en que los soldados dispararon contra el autobús de pasajeros y mataron a uno–, será puesto este jueves en libertad, luego de que el juez Fidel Alfaro Alonso determinó que el delito por el que se le acusa no es grave, y ordenó su libertad condicional tras el pago de una fianza de 6 mil pesos.
El acusado se reservó su derecho a declarar. Su abogado –quien pidió la fianza y la ampliación del término para determinar la situación jurídica del detenido– alegó que el delito que se le imputa no está probado, pues se requiere que haya intención de burla o agravio hacia la sociedad o a la Secretaría de la Defensa Nacional, lo cual no ocurre.
El agente del Ministerio Público adscrito a este caso, Jorge Luis Astudillo, se limitó a pedir que el juez decrete el auto de formal prisión contra el acusado.
Declaración de Coaximalco-Coajomulco.
Concejo de Pueblos de Morelos
Declaración de Coaximalco-Coajomulco.
Coajomulco, Huitzilac, Morelos, 20 de junio de 2009.
Desde esta comunidad indígena de Coaximalco-Coajomulco que significa “lugar donde se labra la madera” (cuahuitl: árbol, ximal: labrar, co: lugar), nos hemos reunido los pueblos originarios de Morelos en nuestra asamblea del Concejo de Pueblos de Morelos y hemos acordado emitir nuestra palabra de verdad:
Con el permiso de los elementos de la tierra, el aire y el agua que indican nuestro camino decidido en nuestro Congreso de fundación y plasmado en el Manifiesto que dimos a conocer hará pronto ya tres años, nos dirigimos al pueblo de Morelos para transmitir los sentires de nuestra gente que en Coaximalco-Coajomulco nos dice como en el lugar más importante de captación de agua de lluvia por los bosques mejor conservados del Corredor Ajusco Chichinautzin se padece sed porque no se tiene agua potable.
¿Cómo es posible que los pueblos que contribuyen con su labor a defender el bosque no tienen agua potable? ¿Por qué los que reciben a manos llenas las torrenciales lluvias padecen sed?
Es el contrasentido de una sociedad que no respeta los llamados de la naturaleza y nos muestra la sin razón de los poderosos económicamente pero carentes de la más elemental sensibilidad por respetar a nuestra madre naturaleza, ya que los únicos que tienen agua potable son los fraccionamientos de lujo que se han instalado sobre las que históricamente han sido tierras comunales pertenecientes a nuestros pueblos originarios.
Mientras el gobierno castiga con saña a los humildes leñadores, protege a los talamontes, y cuando el pueblo defiende sus bosques, lo persiguen, encarcelan y los acusan de utilizar los usos y costumbres para actuar ilegalmente. El burro hablando de orejas. En lugar de que se respete el uso del agua que corresponde al pueblo, se nos obliga a subir el agua por empinadas cuestas con pipas de agua, haciendo el recorrido inverso de la naturaleza.
Antes se tenía agua potable y éramos felices, pero caciques de Huitzilac vendieron tierras a fraccionadores y nos la robaron. Antes pasaba el tren y nos dejaba agua, pero ya no pasa el tren y las vías las usan los talamontes para sacar madera a escondidas.
Se ha dado preferencia a los fraccionadotes, pero no a los pueblos originarios. Ahora nos quedamos sin nada. Todos los candidatos prometen resolver el agua, pero nadie cumple. La única pipa nos la donó desde el gobierno de Lauro Ortega, ya vieja, inservible. Captamos agua de lluvia en ollas pero con tierra, no es potable. Dicen que una planta tratadora de agua, cuando los fraccionadotes tienen su dotación concedida por la CNA. Tienen agua los que tienen dinero, los dueños del poder. Eso es, simplemente, injusticia social. Es un gobierno oligárquico, nos hunden en la miseria. De 45 millones a Huitzilac, sólo se destinan 750 mil a Coaximalco-Coajomulco, cuando le corresponde entre 4 a 9 millones de presupuesto, pero el dinero se lo llevan con salarios mensuales de 105 mil pesos, en un pueblo donde lo que hace falta son fuentes de empleo.
Exigimos que se respeten fuentes de trabajo derivados del cuidado del bosque. Que se nos paguen servicios ambientales, porque los pueblos del sur debemos reconocer a los pueblos del norte la preservación de los bosques donde se originan los manantiales que nacen en la parte baja. Sabemos que no hubiera manantiales en Chihuahuita sin bosques en Coajomulco. Coaximalco da vida a Xoxocotla, lo reconocemos nosotros, ¿y los gobernantes cuando lo harán?
Exigimos que se nos reconozca nuestro legítimo derecho al agua y que se legisle el proyecto presentado ante el Congreso del Estado.
Hoy más que nunca Coajomulco está en pie de lucha con el apoyo del Concejo de Pueblos para hacer valer el artículo 39 que establece el derecho del pueblo a elegir al gobierno de su preferencia.
Por eso venimos a decir claramente que nuestros pueblos no votarán por los candidatos que no reconocen ni respetan los derechos indígenas, ni tampoco por aquellos que utilizan la represión para golpear al pueblo. Ni un voto para los partidos y candidatos que nos maltratan, que nos humillan, que nos discriminan.
Sabemos que en nuestros pueblos hay muchas ideas diferentes sobre las elecciones y no vamos a imponer ninguna decisión, pero sí llamamos a ejercer nuestros derechos de manera crítica y conciente, sin aceptar imposiciones de nadie. Esta es nuestra palabra.
Por eso es que aceptamos la invitación del Movimiento magisterial de Bases Morelense a sumar fuerzas para marchar el 27 de junio y decir estas palabras ante todo el pueblo, para demandar la libertad de los presos políticos de Atenco, nuestros hermanos, y para elevar nuestra palabra dolida pero solidaria hasta nuestros hermanos indígenas de Perú que han muerto por defender las reservas naturales en la selva del Amazonas ante un gobierno tiránico como el de Alan García.
Esta es nuestra palabra dada en medio de este gran bosque de agua que hoy nos cubre con el manto de las nubes que han bajado a tomar agua con nosotros.
En defensa de la tierra, el agua y el aire.
Concejo de Pueblos de Morelos.
lunes, 29 de junio de 2009
Video: Salvemos Iztapalapa votando por Clara Brugada
DOS BATALLONES DEL EJERCITO DE HONDURAS SE REBELAN CONTRA EL GOBIERNO GOLPISTA
KLANDESTINO NOS PASO ESTE LINK:
Dos batallones del ejército de Honduras se rebelan contra el gobierno golpista
Según declaraciones de manifestantes hondureños dos batallones se han rebelado contra Roberto Micheletti
Según Ángel Alvarado, manifestante que junto con decenas de miles de hondureños resiste en el Palacio Presidencial hasta el regreso del presidente legítimo de Honuras, Manuel Zelaya, declaró que "Hay dos batallones que se han rebelado contra el gobierno de facto. Están ubicado en el sur del país, no tengo información sobre las acciones que están tomando en este momento"
Esos dos batallones son el cuarto batallón de infantería del municipio Tela y el décimo batallón de La Ceiba ambos ubicados en la región de Atlántida. Aún no se disponen datos de las acciones concretas que están llevando estos dos batallones de infantería de las Fuerzas Armadas de Honduras que se han levantado durante una ola de brutal represión que el ejército ejerce sobre el pueblo en la capital de estado, Tegucigalpa, a órdenes de la dictadura golpista de Roberto Micheletti.
En las últimas horas se han producido muertos y varias decenas de detenidos en los alrededores de la Casa Presidencial, donde se encuentran cada vez mayor número de hondureños, que ya superan el número de 25 000 personas. La dictadura golpista ha suspendido las garantías y han implantado un toque de queda que le permita acabar con las manifestaciones de apoyo al presidente Zelaya y a la celebración de una Asamblea Constituyente. Además se está deteniendo indiscriminadamente a todos aquellos que no acaten este toque de queda.
El equipo de la cadena TeleSUR, uno de los medios de referencia mundial en lo que se refiere al golpe de estado en Honduras, ha sido detenido y amenazado de muerte si seguía con su labor informativa. Militares les han arrancado de las manos su teléfonos móviles para incomunicarlos con la sede central de TeleSUR en Caracas.
A esta fuerte ola represiva se suma el secuestro del alcalde de San Pedro Sula en la pasada madrugada por negarse a reconocer la legitimidad de la dictadura golpista y la muerte de varias personas entre ellas la del trabajador de Hondute lRosel Ulises Peña que fue arrollado por un vehículo del ejército al opornerse a que los militares tomasen la empresa de telecomunicaciones.
El flujo de personas que están acudiendo a la Casa Presidencial se está produciendo lentamente debido a que ningún medio de comunicación informa a la ciudadanía sobre ello. Los golpistas tumbaron la señal del canal público y han cerrado diversos medios de comunicación como Radioglobo donde se hacían eco de las denuncias populares. Sólo los canales privados se encuentran transmitiendo y su programación se basa en deportes y dibujos animados.
Por otra parte la Huelga General se ha declarado indefinida y ha sido apoyada por la inmensa mayoría del país que hoy aparecía totalmente paralizado. Las organizaciones populares que están en plena lucha por recuperar el hilo constitucional y convocar una asamblea constituyente se han unido en el Frente de Resistencia para que la acción de resistencia pacífica que están llevando a cabo sea unitaria.
La dictadura que lidera el golpista Roberto Micheletti ha sufrido un fuerte revés cuando los nueve paises de la Alianza Bolivariana para las Américas han decidido romper relaciones diplomáticas con Honduras hasta que el presidente contitucional y democráticamente elegido, Manuel Zelaya sea restituido en la presidencia.
Por otra parte los Estados Unidos de América siguen reconociendo a Manuel Zelaya como presidente de Honduras pero en declaraciones de su secretaria de estado Hillary Clinton, esta situación ha sido producida por "ambas partes" por los conflictos provocados por el gobierno de Zelaya y recalcó que la prioridad para los Estados Unidos de América es el restablecimiento del orden constitucional en Honduras.
La Organización de Estados Américanos mediante su máximo representante Insulza, ha reiterado que ninguno de sus miembros van a reconocer en el gobierno de Honduras a otro presidente que no sea Manuel Zelaya por lo que parece que la dictadura impuesta mediante la violencia por el ejército a órdenes de Roberto Micheletti no cuenta con ningún respaldo internacional.
APAGA LA TELEVISION, NO PERMITAS QUE ASESINEN TU MENTE, MEJOR LEE UN LIBRO E INFORMATE EN LOS MEDIOS ALTERNATIVOS.
YUNQUELAND ROMPIENDO EL CERCO INFORMATIVO.
http://www.yunqueland.com/
Vive Latino: la privatización del rock
Rechazo internacional al golpe de Estado en Honduras; demandan restitución de Zelaya
Descarta AMLO un eventual golpe de estado en México
Padres de niños muertos en guardería organizan marcha nacional
Azcárraga y Salinas: por el poder político
Desconocen países sudamericanos a gobierno de Micheletti
CANDIDATOS OBRADORISTAS EN IXTAPALAPA
JEFE DELEGACIONAL:
Rafael Acosta (Juanito)
DIPUTADOS FEDERALES y LOCALES:
Mario Di Constanzo, Gerardo Fernández Noroña, Jaime Cárdenas, Víctor Varela, Aleida Alavés, Juan Pablo Pérez, Karen Quiroga, Beatriz Neira, Hilda Marín Benítez y Edith Mendicuti.
Parte del discurso que dio AMLO la semana pasada:
POR SALUD MENTAL, APAGA LA TELEVISIÓN.
NI UN VOTO AL PRI, PAN, PANAL, VERDE, PSD y PRD-CHUCHO.
Presidentes de América Latina arropan a Zelaya en Nicaragua
Fotos AMLO en Veracruz 27 junio 09
Presidentes de América Latina en reunión de emergencia en Nicaragua.
