Disciplina en el manejo de las finanzas públicas, autonomía del Banxico, crecimiento anual de 6% y equilibrios macroeconómicos, sin aumentar impuestos, ofrece AMLO a banqueros
México, Distrito Federal
Jueves 23 de febrero de 2012
* PALABRAS DE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, PRECANDIDATO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA POR LA COALICIÓN MOVIMIENTO PROGRESISTA, EN 20 REUNIÓN PLENARIA DE CONSEJEROS DE BANAMEX
La crisis actual se originó en buena medida por la falta de crecimiento económico en los últimos treinta años.
De 1983 a la fecha el crecimiento del Producto Interno Bruto ha sido en promedio de 2.3 por ciento y, si consideramos el aumento de la población, el per cápita es de 0.4 por ciento anual, una de las tasas más bajas del continente americano y del mundo.
La falta de crecimiento ha limitado la creación de empleos. En los pasados 15 años, por ejemplo, solo se han generado anualmente 500 mil empleos formales en promedio, cuando se requieren un millón 200 mil.
Es decir, cada año 700 mil mexicanos han tenido que emigrar, buscarse la vida en la economía informal o tomar el camino de las conductas antisociales. Además, en la actualidad, de cada 10 trabajadores con empleo 7 reciben ingresos que no superan los tres salarios mínimos, o sea, 13 dólares o 10 euros diarios y, como es evidente, con esos sueldos nadie podría vivir en Estados Unidos ni en Europa.
El estancamiento económico, aunado a la corrupción imperante, ha llevado a un mayor empobrecimiento de la población y a la descomposición social que hoy se expresa en inseguridad y violencia. En otras palabras, la violencia en México se ha originado, en lo fundamental, por la falta de desarrollo.
Por eso nuestra propuesta para enfrentar la actual decadencia se basa en impulsar el crecimiento económico para crear empleos y garantizar el bienestar y la tranquilidad del pueblo.
¿Cómo se impulsará el crecimiento económico?
Sostenemos que el país no ha crecido porque el Estado ha dejado de promover el desarrollo. No existen planes ni programas para fomentar actividades productivas y crear empleos. La inversión pública se ha reducido al mínimo, es meramente simbólica.
Por eso nuestra propuesta representa un cambio de fondo. Consiste en aumentar la inversión pública y convertirla en un instrumento para el desarrollo y, en particular, para el desarrollo regional.
La agenda de prioridades de desarrollo regional contempla proyectos analizados y evaluados desde hace mucho tiempo. Se incluye el impulso al sector agropecuario con miras a la soberanía alimentaria; el apoyo a las pequeñas y medianas empresas que se consideran importantes fuentes de empleo; grandes obras de ingeniería civil e hidráulica y manejo integral de cuencas de grandes ríos.
Asimismo, trenes de alta velocidad del centro al norte del país; un corredor en el Istmo de Tehuantepec para transporte de contenedores entre el Pacífico y el Atlántico y un nuevo aeropuerto en Tizayuca, Hidalgo.
Este Plan comprende la construcción de 4 refinerías y la ampliación de la refinería de Salina Cruz, Oaxaca, como medio óptimo para ahorrar costos por masivas importaciones de productos elaborados. De 2006 a la fecha, la importación de gasolinas ha crecido a más del doble; en la actualidad representa el 51 por ciento del consumo nacional, con una erogación anual de alrededor de 25 mil millones de dólares.
Con el proyecto de refinar aquí el petróleo crudo daremos mayor valor agregado a la materia prima, ahorraremos costos en fletes, se generarán empleos y tendremos precios competitivos de energéticos en beneficio de consumidores y de las empresas.
Y, finalmente, un proyecto de desarrollo turístico para la región maya con la construcción de un tren rápido de Cancún a Palenque, con estaciones en Chichén Itzá, Mérida, Uxmal y Campeche.
Estos proyectos harán crecer la frontera productiva de México, fortalecerán el mercado interno y aumentarán la competitividad con el exterior, dando sustento a un nuevo periodo de crecimiento con empleo y justicia.
Se trata de un esfuerzo por aumentar la inversión pública que se utilizará como semilla para atraer inversión privada y social en un modelo tripartita para el desarrollo.
El aumento en la inversión pública será de 300 mil millones de pesos o 2 puntos porcentuales del producto interno bruto, sostenidos cada año a lo largo del sexenio. Con ello se duplicaría la raquítica inversión física que en el periodo de 2001 a 2010 fue en promedio 1.4 por ciento del PIB, sin considerar a los pidiregas.
Aquí conviene decir que no estamos apostando simplemente a gastar más, sino a invertir con honestidad, en forma inteligente y responsable.
A los 2 puntos porcentuales del PIB que aumentaría la inversión del estado, calculamos que podrán sumarse 3 más por inversión privada y social, llegando la inversión total a 25 por ciento o 26 por ciento del PIB, en lugar de 20 por ciento a 21 por ciento como es actualmente.
El aumento de la inversión bruta fija será el sustento para llevar la tasa de crecimiento del producto de 2.5 al 6 por ciento o más. Y así es factible crear un millón 200 mil empleos anuales, con lo cual el desempleo estructural iría bajando.
Como es sabido, todo proyecto de desarrollo iniciado con inversión pública trae consigo un aumento de inversión privada, cuando las empresas anticipan que habrá necesidades de materias primas, construcciones, proveeduría de partes y eventualmente todo tipo de servicios. Y, sobre todo, un ambiente de confianza entre gobierno y empresarios y un cumplimiento riguroso del estado de derecho.
Además, los proyectos serán diseñados para que en su capitalización inicial se reserve un porcentaje significativo a la inversión privada y social, pues no tendría el Estado capacidad por sí solo para hacer crecer la economía ni es recomendable que asfixie la iniciativa de la sociedad civil.
Esta es mi experiencia de cuando fui Jefe de Gobierno de la ciudad de México y se llevó a cabo, por ejemplo, el proyecto de remodelación de Paseo de la Reforma y del Centro Histórico, en el cual el sector privado invirtió 15 pesos por cada peso invertido por el gobierno.
Ahora bien, para disponer de suficientes recursos públicos, el Plan tiene como meta lograr ahorros en el presupuesto federal de 300 mil millones de pesos con el combate a las prácticas de corrupción, las cuales representan sobre-precios en el costo de las adquisiciones y aun más en proyectos de obras públicas y contratación de servicios.
Asimismo, nos proponemos obtener 300 mil millones de pesos con la eliminación y reducción de renglones del gasto corriente que no son necesarios para la buena marcha de la administración, aplicando una verdadera política de austeridad.
Tómese en cuenta que del año 2000 al 2012, el presupuesto público pasó de 1.2 billones a 3.7 billones de pesos, es decir, aumentó 2.5 billones. Como parte de este aumento, el gasto corriente saltó de 705 mil millones a más de 2 billones, dejando poco espacio para el gasto de inversión. En otras palabras, el gasto se triplicó, en su mayor parte para realizar las mismas actividades de administración que en el año 2000.
Adicionalmente se obtendrán 200 mil millones de pesos con una mejor administración tributaria, sin aumentar tasas de impuestos, solo eliminando privilegios fiscales que no se justifican. También se tiene en cuenta que aumentará la recaudación por el mayor crecimiento del producto.
Los montos que se obtengan al impedir la corrupción, implantar la austeridad en el gobierno y aumentar la recaudación, darán sustento y viabilidad financiera a este repunte de inversión pública así como a otros gastos destinados al desarrollo social. Y los proyectos mismos en su desarrollo atraerán cada vez más inversiones privadas que con el tiempo reducirán la presión sobre los recursos públicos.
Este es el Plan que presentamos, ambicioso, pero realista y alcanzable si movilizamos la energía y los recursos de los tres sectores, con un nuevo pacto entre el Estado, el sector privado y el sector social para crecer en las próximas décadas.
La fórmula es sencilla: el Estado combatirá la corrupción, ahorra recursos e invierte con eficiencia. El sector privado participa, invierte en México y paga impuestos. El sector social se involucra en los proyectos, vigila su buena marcha y cuida el medio ambiente.
Conclusiones
Nuestra propuesta significa, puntualmente:
1.- Sacar al país del estancamiento económico con la participación conjunta del sector público, privado y social.
2.- La economía crecerá a más del 6% anual y se generarán un millón 200 mil empleos por año.
3.- Se respetará la autonomía del Banco de México.
4.- Mantendremos equilibrios macroeconómicos.
5.- Habrá disciplina en el manejo de las finanzas.
6.- No aumentarán los impuestos en términos reales, ni habrán nuevos impuestos.
7.- Se eliminará el IETU y los privilegios fiscales.
8.- El crecimiento se logrará sin inflación ni endeudamiento.
9.- Aumentará la inversión pública mediante la eliminación de privilegios a los altos funcionarios públicos, los gastos superfluos del gobierno y con el combate a fondo de la corrupción. Con estas medidas se ahorrarán 600 mil millones de pesos del presupuesto público que se destinarán al desarrollo y al bienestar de la población.
10.- El gobierno tendrá como prioridad fomentar la actividad productiva del campo y la ciudad.
11.- Rescataremos al campo del abandono y se buscará alcanzar la soberanía alimentaria.
12.- Fortaleceremos el mercado interno. Los productores nacionales podrán competir en igualdad de circunstancia con productores del extranjero.
13.- Se integrará, modernizará y se limpiará de corrupción al sector energético para crear empleos y reducir los precios en gasolina, diesel, gas y energía eléctrica en beneficio de consumidores y empresarios.
14.- Apoyaremos a la industria de la construcción y el desarrollo de la infraestructura y la obra pública para reactivar la economía y crear empleos.
15.- Habrá una política de Estado para el fomento de la pequeña y mediana empresa. Tendrán energéticos y créditos baratos, se les protegerá ante precios exagerados de insumos, de impuestos altos y del burocratismo.
16.- Destinaremos recursos suficientes para el desarrollo de la ciencia y la tecnología, vinculando esta actividad a las empresas públicas, privadas y sociales.
17.- Impulsaremos la libre competencia y no se permitirán las prácticas monopólicas.
18.- Seremos respetuosos de la Constitución y de la leyes; de la división y el equilibrio de poderes. Aplicaremos el criterio de que nada al margen de la ley y nadie por encima la ley.
19.- Se combatirá la pobreza por razones humanitarias y para evitar la frustración y los estallidos de odio y resentimiento.
20.- Vamos a serenar al país. Habrá tranquilidad y seguridad pública. El flagelo de la violencia lo enfrentaremos, creando fuentes de trabajo, combatiendo la pobreza, la desintegración familiar, la pérdida de valores y atendiendo a los jóvenes que demandan empleo y estudio.
Asimismo, las dependencias encargadas de la seguridad y de la procuración de justicia actuarán de manera coordinada, habrá mando único, reuniones diarias del Presidente con el gabinete de seguridad, se dará prioridad a las labores de inteligencia, se le seguirá la pista al dinero, se cuidará que tanto los funcionarios como todos los mandos policíacos sean personas de inobjetable honestidad, se profesionalizará pronto a la policía federal y ministerial para sacar gradualmente al ejército de las calles y mejoraremos los sueldos y prestaciones de todas las corporaciones policíacas. Garantizaremos el respeto a los derechos humanos.
Solo me resta decirles, que en estas elecciones los mexicanos vamos a decidir si queremos continuar con más de lo mismo (corrupción, estancamiento económico, desempleo, pobreza, inseguridad y violencia), lo que nos han dado, tanto el PRI como el PAN, o si optamos por un cambio verdadero que significa honestidad, crecimiento, trabajo, justicia, paz y tranquilidad.
Por lo que a mí corresponde tengan confianza. Soy un hombre acostumbrado a cumplir mis compromisos. Cuento con experiencia y actúo con honestidad.
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