Logran acuerdo accionistas y acreedores de Mexicana para liquidar deudas

A tres años de que Mexicana de Aviación se declarara en concurso mercantil, los accionistas de la aerolínea y sus principales acreedores finalmente lograron un acuerdo para tratar de rescatar a la empresa y comenzar a capitalizarla, para lo cual se va a crear un fideicomiso como acreedor consolidado que estará bajo la supervisión de Banjército.

La Jueza Décimo Primero de Distrito en Materia Civil del Distrito Federal, Edith Alarcón, informó que los accionistas de Nuevo Grupo Aeronáutico (NGA) y Aeropuertos y Terrenos (AT) aceptaron “sin restricción alguna” la propuesta de capitalización de Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), Banorte y el propio Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), por lo que no formarán parte del citado fideicomiso.

El objetivo del acuerdo es darle “viabilidad y supervivencia” a Mexicana MRO, por lo que el fideicomiso administrará y en su momento venderá los activos del corporativo en beneficio de los trabajadores de las cuatro empresas declaradas en concurso mercantil: Compañía Mexicana de Aviación, Mexicana Inter, Aerovías Caribe y MRO.

En su propuesta de capitalización, Mexicana MRO también acepta que los créditos que primero se van a consolidar y liquidar son aquellos en los que Banorte, Bancomext y el AICM son los acreedores,

“El proyecto tendría un doble fin, darle viabilidad y supervivencia a MRO, y utilizar los activos en beneficio de los trabajadores de las cuatro empresas concursadas”, señala el acuerdo.

Tras este acuerdo, la Jueza Edith Alarcón ordenó dar paso a la segunda y última prórroga del periodo conciliatorio por un plazo de hasta 90 días, mismo que podría reducirse si las partes no muestran voluntad de concretar el primer acuerdo para la capitalización.

En este marco, la impartidora de justicia señaló que si Nuevo Grupo Aeronáutico, así como Aeropuertos y Terrenos, desean demostrar que están dispuestos a acatar este convenio, deberán consignar ante el Juzgado hasta el 100 por ciento de sus acciones, o bien, poner a la vista de este las actas de la Asamblea General de Accionistas en los que se acepte la decisión de firmar el acuerdo de capitalización.

Por último, el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal notificó de este primer acuerdo a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en su calidad de autoridad permisionaria de las autorizaciones y licencias con las cuales operaba Mexicana de Aviación, incluyendo los hangares que ocupa la aerolínea en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Policías federales armados se infiltran en asamblea de la CNTE

ISAÍN MANDUJANO

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., (proceso.com.mx).- Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) descubrieron a tres elementos de la División de Inteligencia de la Policía Federal (PF) que se habían hecho pasar como profesores, infiltrándose en una reunión del sindicato.

La noche del miércoles, cuando los maestros de la Sección VII de la CNTE se encontraban reunidos en el auditorio de su sindicato para celebrar su asamblea estatal, la guardia magisterial interceptó a tres personas sospechosas, un hombre y dos mujeres, que dijeron ser maestros también. Sin embargo, al ser interrogados, éstos cometieron contradicciones, por lo que fueron detenidos y despojados de sus pertenencias.

Los sospechosos portaban dos pistolas tipo escuadra nueve milímetros, celulares y una identificación como agente de la División de Inteligencia de la Policía Federal.

Los tres agentes viajaban en un automóvil compacto de la marca Volkswagen con placas DRC9680 del estado de Chiapas.

Los tres agentes de la División de Inteligencia de la Policía Federal que se infiltraron en la reunión son: Rodrigo Martínez Valencia, Rocío González Acosta y Rosa Isela Pantoja Espinosa.

Posteriormente fueron entregados a Pedro León Toro, director de la Policía Especializada de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas.

Dentro del automóvil asegurado por los maestros se encontró un tarjetón para ingresar y salir del estacionamiento de la PGJE de Chiapas. Dicho documento pertenece a la Dirección de la Policía Especializada, que dirige León Toro.

En entrevista, León Toro negó que dichos elementos estén bajo su mando, por lo que fueron puestos a disposición de un Ministerio Público para determinar su situación legal.

León Toro fue obligado por los maestros a firmar un documento en el que recibía a los tres agentes sin golpes ni lesiones y con sus pertenencias.

Héctor Gutiérrez Martínez, miembro de la dirección política de la Sección VII del SNTE y presidente de la mesa de los debates de la Asamblea Estatal, advirtió que “este incidente pone en riesgo la integridad de todo un movimiento y de manera de los compañeros que se encuentran en esta asamblea estatal”.

Denunció que esta infiltración policiaca implica un doble discurso del gobierno federal, pues por un lado ofrece mesas de diálogo y negociación y por el otro envían agentes de inteligencia armados que pudieron haber provocado una tragedia.

EU espía desde su embajada en México, desde hace 3 años: investigación MVS

Un centro de espionaje de Estados Unidos denominado “Centro de Fusión México”, opera en la Ciudad de México desde hace tres años con presencia de agentes y oficiales del Pentágono, de Inteligencia y sobre todo, de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA).

La NSA es la agencia que vigiló a gobiernos y ciudadanos alrededor del mundo y en México se ha comprobado que se espió al presidente Enrique Peña Nieto y a su antecesor, Felipe Calderón.

La existencia del “Centro de Fusión México” está documentada en un memorándum del año 2010 propiedad de del Departamento de Defensa norteamericano (DOD por sus siglas en inglés).

El documento obtenido mediante la Ley de Transparencia de EU, forma parte de una investigación realizada por The National Security Archive y Noticias MVS primera emisión.

En la investigación se da a conocer que dentro de los oficios del Pentágono no hay constancia de que el gobierno del ex presidente Felipe Calderón fuera enterado del Centro de Fusión, pues la información fue etiquetada como “Noforn”, es decir, que no podía ser compartida ni conocida con extranjeros.

El Centro de Fusión México estaba orientado hacia “objetivos de alto valor” (high value targets), los cuales aparecen en los informes filtrados por el ex analista Edward Snowden a la televisora brasileña O’Globo y la revista alemana Der Spiegel.

En dicho memorándum del Pentágono también se menciona la participación de Agentes del Comando Norte estadounidense, el cual, cuida la entrada a EU por tierra, mar y aire, sin embargo, también participa en misiones especiales ordenadas desde la Casa Blanca y el Pentágono.

La investigación de Noticias MVS primera emisión revela que el informe desclasificado fue escrito por Will Weschler, cabeza de la oficina antinarcóticos y amenazas globales del Pentágono, para Mike Vickers, asistente ejecutivo de la Secretaría de la Defensa para operaciones especiales y conflictos de baja intensidad y capacidades interdependientes.

En el documento, Weschler detalla que el Centro de Fusión México tiene las siguientes características:

Cuenta con al menos 10 computadoras conectadas con el Protocolo Secreto de Internet (SIPR) y al Sistema Mundial de Comunicaciones de Inteligencia (JWICS).

Hay al menos seis oficiales de las agencias ya citadas: tres elementos del Comando Norte, uno de la Agencia Geoespacial, otro de la Agencia de Inteligencia de la Defensa y otro más de la NSA.

El centro está conectado al sistema global de transmisión (GBS, por sus siglas en inglés), que provee de comunicaciones satelitales de orden militar.

Tiene dos estaciones de trabajo para monitoreo satelital.

Cuenta con un equipo de comunicaciones ‘Trojan light’ para transmisión segura de voz y datos.

En el documento del Pentágono se sugiere la creación de uno o más Centros de Fusión adicionales en México o, por lo menos, células regionales al norte y al sur; estos últimos ya con la colaboración de autoridades mexicanas.

Respecto a la ubicación de dicho Centro de Fusión se desprende de la petición de ampliar el ancho de banda de la Embajada de EU en México, ubicada en Paso de la Reforma para el correcto funcionamiento de los sistemas de información descritos.

Hasta el momento, solo se tenían noticias de Centros de Fusión en México en los cuales trabajan agencias nacionales y norteamericanas solo para combatir al narcotráfico.

Cabe señalar que el diario Washington Post, publicó información respecto a que estos Centros de Fusión están ubicados en la Ciudad de México y otro en Monterrey, Nuevo León y fue el propio Calderón quien pidió que se trajera este tipo de centros de espionaje, según consta tanto en los documentos desclasificados por el Pentágono y en un cable de Wikileaks.

Lo que no se sabía hasta el momento, es que existe un Centro de Fusión, operado solo por agencias norteamericanas, con tecnología utilizada para labores de espionaje, operado por la NSA, ubicado en la Ciudad de México.

Así se presentó la investigación en Noticias MVS primera emisión.

Petróleo: shale y la gran transa

John Saxe-Fernández

“El historial de producción de todos los pozos shale de Estados Unidos” muestra que no son de larga duración y no producen lo que habían ofrecido producir, ni los ingresos que prometían. Así respondió Deborah Rogers, analista financiera, autora del vital estudio Shale and Wall Street (Energy Policy Forum 2013) a la pregunta que le hiciera Peneley Ramírez “¿qué le dice a los mexicanos que enfrentan ahora un debate sobre la apertura al shale?” (Reporte Índigo 31/10/13). Los datos duros de 10 años de los registros de producción diaria de 65 mil pozos de gas y petróleo de lutita (shale) en Estados Unidos, indican que la narrativa de las mayores (Exxon, Chevron, Shell, BP, etcétera) y Wall Street, repetida por los encargados de constitucionalizar el gran despojo a la nación en la reforma energética, carece de viabilidad geológico/financiera.

El auge del gas y petróleo shale es de corto plazo. Desde 2007 en Estados Unidos la producción del gas aumentó 25 por ciento y el petróleo lo hizo en 2.5 mbd. Pese al declive de los pozos, la producción se sostuvo por medio de un alto y muy costoso ritmo de perforación alentado por los bancos sólo para mantener los mismos niveles de producción luego del primer desplome. Rogers muestra que los bancos especularon con la caída de los precios del gas, obteniendo inmensas ganancias. Algo similar ocurrió con el petróleo shale. Como la producción y ganancias con que empieza el shale se agota en los primeros cuatro o cinco años, ni Rex Tillerson, gerente de Exxon, o Lee Raymond, su antecesor, se atreven a afirmar que Estados Unidos está a punto de ser una nueva Arabia Saudita o que así logrará la independencia energética. El hecho es que, advierte Rogers, en Estados Unidos las grandes petroleras han perdido mucho dinero en este negocio por lo que ahora buscan países como México para recuperar la inversión. Esa, además de la geopolítica, es una de las fuentes de inspiración de la reforma y la entrega de la renta petrolera.

Los grandes beneficiarios del despojo, de dentro y fuera, contienen el aliento: según The Wall Street Journal (TWSJ), PAN y PRI negocian un paquete de contratos para perpetrar el despojo mayor, asociados a petroleras, grandes bancos y firmas de inversión de Wall Street. Para ellos, dice Citigroup, permitir a las firmas registrar algunas reservas para facilitarles el acceso al mercado de capitales es algo secundario... Lo importante es la propuesta del gobierno de modificar la Constitución para que los privados desarrollen campos (petroleros) por primera vez desde 1938.

En realidad la propuesta fue planteada hace décadas en las Cartas de Política por Rama del Banco Mundial (BM), en un vasto esquema para desarticular el monopolio petrolero de México, cuyos éxitos en los sesenta fueron considerados por la cúpula petrolera como amenazantes. Los contratos de utilidades compartidas y otras modalidades, una en que la producción la comparten Estado y privados y otra diseñada para la explotación en aguas profundas y de fósiles shale, donde las mayores controlan las extracciones después de pagar impuestos y royalties, se realizan bajo un esquema de desregulación, especulación y depredación descarada, como se muestra en un juicio del American Petroleum Institute, el cabildo de las mayores, contra la Comisión de Valores y Cambio (SEC) para debilitar los requisitos legales de transparencia en la extracción de recursos registrada por las firmas petroleras, gaseras y mineras. Se trata de un gran saqueo que no debemos permitir.

El Departamento del Tesoro, dueño del BM, sabe que la reforma va al rescate de las mayores y que los costos se quedan aquí, generando enormes boquetes presupuestales. El senador Manuel Bartlett del PT advierte que ante la entrega de la renta petrolera, la reforma hacendaria conlleva un alto endeudamiento, mutilación del gasto público y una avalancha de impuestos futuros, estimándose que por cada 30 mil millones de dólares en inversión extranjera en petróleo se genera un hoyo fiscal de 17 mil millones de dólares. (La Jornada 4/11/13). Las transas que cocina un pequeño círculo es a costa de la población, la seguridad y la soberanía de la nación. La renta petrolera es fuente vital de divisas no condicionadas y el endeudamiento nos somete a más condicionalidad del FMI/BM.

El pretendido recorte de 2 mil 200 millones de pesos a las universidades públicas indica que con el desplazamiento absoluto del Estado de las áreas estratégicas del petróleo y la electricidad se afecta todo lo público. Como plantearon en Carta al Congreso AMLO y Cuauhtémoc Cárdenas, entre otros: “(V)ivimos ...un momento decisivo para el país. Está en riesgo el futuro de las nuevas generaciones. Ante la gravísima amenaza de ser despojado de sus recursos, el Congreso de la Unión tiene la altísima responsabilidad de representar los intereses del pueblo y sus comunidades.

Adhiérase a esta carta en: “llamamiento.org.mx”.

Guillermina Bravo, in memoriam

jsaxef.blogspot.com

Las trampas de la reforma energética

Adolfo Sánchez Rebolledo

A pesar del pacto suscrito por los tres grandes partidos, y no obstante el ruido que rodea las reformas ya aprobadas, es difícil hallar cuál es el hilo conductor que las relaciona como parte de una estrategia coherente, capaz de generar las condiciones que permitan inaugurar un nuevo ciclo de desarrollo social en México.

El catálogo reformista puesto en marcha con más celo que rigor no atiende a una idea articuladora, a un proyecto de país ni tampoco responde a prioridades y necesidades objetivas sostenidas y procesadas por la sociedad en su conjunto, como podría suponerse. Algunos creen que lo esencial son los aspectos positivos derivados de la negociación, el acercamiento de posiciones hasta ahora irreductibles, pero las virtudes del pacto se exageran por cuanto hay cuestiones capitales para el futuro de la sociedad que no forman parte del consenso, lo cual, en cierta forma, desnaturaliza su razón de ser.

Nadie cuestiona la urgencia de transformar el marco laboral, educativo o energético, pero es obvio que no cualquier modificación asegura los resultados que la propaganda promete. La anunciada reforma energética, por ejemplo, asegura que no se privatizará la renta petrolera, pero en los planes del gobierno está la modificación de los artículos 27 y 28 que desmiente los verdaderos propósitos de quienes promueven el rescate de Pemex. La prueba está en que en lugar de argumentos, se machacan banderas ideológicas, el abc del sentido común empresarial de los aspirantes a ricos dispuestos a venderlo todo para gozar el instante de gloria primermundista antes de que la fortuna se desvanezca como ocurrió con la riqueza de las minas en la Colonia. La tramitación de la reforma, con su estupidizante cauda publicitaria, ha sido hasta ahora ofensiva para la inteligencia de la ciudadanía mexicana pues no sólo se le priva de informaciones que sí circulan en el exterior sino que se le escamotea el derecho a ser consultada en tiempo y forma en un tema de cuya importancia apenas puede dudarse.

Me parece, en este punto, muy destacable la opinión del Grupo Nuevo Curso de Desarrollo de la UNAM, cuando asienta que no es recomendable emprender una reforma energética sólo a partir de las iniciativas de cambios constitucionales propuestas, y sin presentar o al menos ofrecer una idea suficientemente clara de los contenidos de la legislación secundaria y de sus implicaciones reglamentarias. Y más adelante concluye: Lo anterior está lejos de tratarse de un prurito de técnica legislativa, pues deja en duda mecanismos concretos tan importantes como aquellos por los que se decidirá la distribución de la renta petrolera entre el Estado y los particulares que podrían acudir a los mecanismos de contratación que eventualmente se adopten, poniendo en juego las valiosas fuentes de ingresos con los que, a causa de nuestra precaria fiscalidad, se siguen financiando tantos programas de desarrollo. En mi opinión, ese mecanismo es una trampa para hacer de un cambio constitucional de extraordinaria significación un asunto más en la agenda legislativa, sin poner todas las cartas sobre la mesa. Nadie tiene derecho a suponer que los cambios, por el hecho de ser tramitados legal y democráticamente, serán neutrales o indiferentes para el conjunto de la nación. A querer o no estamos ante la disyuntiva de fijar objetivos claros capaces de articu­lar el cambio en una sociedad plural, lo cual requiere llevar el debate, la crítica, el acuerdo, la visión de mediano y largo plazo a contracorriente de la cortedad de miras, las prisas y los modos de hacer de los políticos, tan atados a la coyuntura cuando no a la defensa de intereses particulares. Sin duda, México sobrevivirá a la voracidad silvestre de sus oligarcas de bolsillo, pero tendrá que reconstruir el camino. Ya no es posible que en un país marcado por la más extrema desigualdad se piense en los recursos que la naturaleza le ha dado, y la Constitución protege, como materia de negocios privados. Los delirios de grandeza de quienes ven la salvación en la imposible imitación de las potencias no ven otra reforma más justificable que completar la integración sin trabas soberanistas al capitalismo trasnacional. Claman contra el desperdicio y la corrupción, pero son incapaces de imaginar un mundo más justo y austero, indispuesto contra el individualismo más exacerbado, como decía en un opúsculo olvidado el viejo comunista Berlinguer: Austeridad es lucha efectiva contra la situación existente, contra la evolución espontánea de las cosas, y al mismo tiempo, premisa, condición material para realizar el cambio. Concebida de esta manera, la austeridad se convierte en una arma de lucha moderna y actualizada tanto contra los defensores de orden económico y social existente como contra los que la consideran como la única situación posible de una sociedad destinada orgánicamente a permanecer atrasada, subdesarrollada y, además, cada vez más desequilibrada, cada vez más cargada de injusticias, de contradicciones, de desigualdades. El tiempo se agota.

Se amparan indígenas de Malinaltepec contra concesiones mineras

CITLAL GILES SÁNCHEZ

Chilpancingo, 13 de noviembre. Autoridades agrarias de la comunidad indígena me’phaa de San Miguel el Progreso, municipio de Malinaltepec, interpusieron una demanda para ampararse contra el otorgamiento de concesiones mineras en su territorio, informó el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan.

De hecho mañana jueves, los comuneros darán a conocer los pormenores de la demanda de amparo, ya que los habitantes de San Miguel el Progreso se oponen a que se entregue su territorio a empresas mineras, debido a que “contravienen la Constitución y los Tratados Internacionales ratificados por México”.

Este recurso, explica Tlachinollan, incorpora el reclamo para que la justicia federal analice si las disposiciones de la Ley Minera son constitucionales y compatibles con la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Desde hace varios años los comuneros de la Costa Chica y La Montaña se han organizado para luchar contra la entrada de las mineras a su territorio con el objetivo de explorar y explotar los recursos mineras como oro, plata y zinc.

De acuerdo con documentos que tiene la Coordinadora regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) las mineras que pretenden explotar los recursos mineras son CAMSIM, con una concesión de 50 años para explorar y explotar la minera de La Diana, con una superficie de 15 mil hectáreas, y que que incluye los núcleos agrarios de Zitlaltepec, Paraje Montero, Iliatenco y Malinaltepec.

La empresa Hochschild para explotar la mina de Corazón de Tinieblas de 50 mil hectáreas de superficie y la minera de Zapotitlán de 22 mil hectáreas y que abarcan pueblos de Acatepec, Totomixtlahuaca, Colombia de Guadalupe, Pascala del Oro, San Miguel del Progreso, Tierra Colorada, Tilapa, Tenamazapa, Iliatenco, Santa Cruz del Rincón, y Zapotitlán Tablas, San Pedro Huitzapula, Coapala y Potoichan.

El Grupo Goliat tiene una concesión para explorar y explotar 55 mil hectáreas de núcleos agrarios de Zapotitlán Tablas, San Pedro Huitzapula, Coapala y Potoichan.

Recogió Monreal demandas en Tixtla para llevarlas al Congreso: Núñez

Chilpancingo, 13 de noviembre. El presidente del Consejo Estatal del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), César Núñez Ramos, informó que el diputado federal Ricardo Monreal Ávila se comprometió a llevar el proyecto de los damnificados de Tixtla y las detenciones de los miembros de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (Crac) al Congreso de la Unión, ayer que estuvo con ellos en una reunión en esa cabecera municipal.

Ayer mismo, por la tarde, Monreal Ávila visitó Tixtla, según el representante del Morena. El máximo líder de esa organización, Andrés Manuel López Obrador, se reunió ayer por la mañana con los damnificados de Tixtla y diálogo con los miembros de la Crac, que le pidieron que interviniera para la liberación de los 12 comunitarios detenidos, incluidos la coordinadora y el promotor que dependen de la casa de justicia de El Paraíso, Ayutla, Nestora Salgado García y Gonzalo Molina González, y él, entre otras cosas, les ofreció que el diputado federal los visitaría.

Esta mañana, Núñuez Ramos recibió en la Junta Local del Instituto Federal Electoral (IFE) la constancia de la Asamblea Estatal Constitutiva del Morena del 20 de octubre, y en entrevista informó de la visita de Monreal Ávila.

Explicó que la premura de la visita fue porque hoy se aprobaría en el Congreso de la Unión el presupuesto de 2014, y necesitaba proponer una partida especial para el plan integral del Consejo de Damnificados de Tixtla, para evitar que la cabecera municipal siga inundándose. En el proyecto destaca la construcción de un canal controlado al sureste de la Laguna Negra. Comentó que el diputado llegó por la tarde y se fue un par de horas después porque tendría que estar en sesión.

Núñez Ramos aclaró que uno de los compromisos de López Obrador quedó saldado, pero precisó que la aprobación del proyecto no dependenrá del Morena, sino de todos los legisladores.

Mencionó que es importante que el gobernador Ángel Aguirre Rivero apruebe el anteproyecto de los damnificados para formalizarlo. El mandatario se reunió con los damnificados hoy en Protur.

Comentó que Monreal también se comprometió a llevar la liberación de los miembros de la Crac a la Cámara de Diputados. “El licenciando Moneral dijo que iba a hacer lo necesario para que en la Cámara de Diputados se apoye este tema. Va a llevar el tema”, si bien pondrá más enfásis en el presupuesto.

Agregó que el diputado también se reunió con los impulsores de la Universidad Autónoma Lationoaméricana Caribeña de Ciencias y Artes (Ualcca), y ofreció buscar su reconocimiento. (Con información de Margena de la O)

Poco probable que, por la vía jurídica, Molina recobre la libertad: Tlachinollan

MARGENA DE LA O Y
 ARTURO DE DIOS PALMA ( Reportera y corresponsal)

El abogado del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan Vidulfo Rosales Sierra comentó que tiene dos días para analizar si solicita amparo para el promotor de la Crac en Tixtla, Gonzalo Molina González, a quien le fue dictado auto de formal prisión ayer, pero consideró que por la vía estrictamente jurídica es poco probable que se obtenga su libertad.

En Chilpancingo, dijo que, aunque los delitos que se le imputan no se acreditan, hay pocas probabilidades de que sea liberado; opinó que su salida debe ser por acuerdo político.

Molina González fue detenido por policías ministeriales en un retén que tenían en la carretera Chilpancingo-Chilapa, por los delitos de lesiones, privación ilegal de la libertad y terrorismo; después fue trasladado a un penal de Oaxaca, y ayer consignado.

El abogado de Tlachinollan consideró que “hay una decisión del Ejecutivo de utilizar los órganos de justicia y la ley para castigar a su disidencia política”.

Gonzalo Molina fue consignado por los hechos del 26 de agosto, cuando al frente de policías comunitarios desarmó a policías municipales de Tixtla, en protesta por el encarcelamiento de Nestora Salgado García, coordinadora de la Crac en Olinalá.

“Debe de hacerse un estudio o encuesta entre los ciudadanos de Tixtla para verificar si entre la población hubo terror, pánico, y si se suspendieron las labores en el ayuntamiento por esta situación. Además se debe aplicar un estudio sicológico entre los ciudadanos tixtlecos para conocer si resultaron afectados”, comentó el abogado.

Aseguró que el gobierno estatal no pudo probar el delito de terrorismo, del que se acusa a Molina González: “nunca se puso en riesgo al Estado mexicano, ni a los tixtlecos”.

Dijo que el proceso penal que se sigue a Molina Gonzalez puede durar tanto “diez meses como dos años, aunque se está analizando si se impugna por la vía de la apelación o si se interpone un amparo; eso se acordará de manera conjunta”.

La voz indígena

El coordinador del Consejo Nahua de Chilapa, Fermín Procopio Tlacotempa, consideró injusto el auto de formal prisión que dictó un juzgado federal al promotor de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (Crac) en Tixtla, Gonzalo Molina González.

Este martes, en un comunicado de prensa, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó que un juzgado federal dictó auto de formal prisión a Molina González.

En el mismo texto, la PGJE indica que la Dirección General de Control de Procesos Penales instruyó al agente del Ministerio Público adscrito al juzgado cuarto de lo penal que solicitara y obtuviera el auto de formal prisión contra el líder.

Con esta medida, en menos de un año el gobierno de Ángel Aguirre Rivero ha encarcelado a tres coordinadores de la Policía Comunitaria que se han mostrado distantes a su política. Los dos primeros fueron la coordinara en Olinalá, Nestora Salgado García, y el de Ayutla, Bernardino García Francisco.

En un comunicado, la organización indígena opinó que las acusaciones de la policía municipal y del síndico de Tixtla son injustas.

Integran averiguaciones previas a alumnos que tomaban autobuses

La dependencia informa que los normalistas se llevaron dos vehículos, y la policía recuperó dos

Los estudiantes reportan dos lesionados entre sus filas; el Congreso suspende actividades hoy

CITLAL GILES SÁNCHEZ
 Y MARGENA DE LA O ( )

Chilpancingo, 13 de noviembre. La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) integró averiguaciones previas contra estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa por los delitos de ataques a las vías de comunicación, robo, daño y lo que resulte, debido a que este martes intentaron retener cuatro autobuses de pasajeros, de los cuales la policía logró recuperar dos.

De acuerdo con el informe de la PGJE, se instruyó a la agencia del Ministerio Público para que recabe todas las denuncias y se ejerza acción penal contra los normalistas, “quienes causaron daños materiales a una tienda de conveniencia y varios locales del mercado municipal Baltasar R. Leyva Mancilla, aunado a lo cual, robaron cuatro autobuses de pasajeros de las empresas Futura y Estrella de Oro, con números económicos 1031, 0667, 8332 y 8346”.

La tarde de este martes, los operadores de los autobuses acudieron a poner la denuncia correspondiente y, de acuerdo con el comunicado de la PGJE, también acudieron algunos pasajeros “que fueron víctimas de lesiones, amenazas y robo de pertenencias en su equipaje”.

Destaca el informe que declararon los policías estatales que resultaron heridos en la cabeza por las piedras lanzadas por los normalistas y que actualmente están internados en hospitales de esta ciudad capital.

Se informó también que se hicieron peritajes en la calle Plan de Ayala y en el mercado municipal, para evaluar los daños.

“La PGJE procederá con toda energía y rigor en la aplicación estricta del marco jurídico, y ejercitará acción penal en contra de los autores materiales e intelectuales de los ilícitos cometidos a efecto de que sean procesados por la autoridad judicial correspondiente”, indica el comunicado.

Posponen sesión legislativa

El Congreso del Estado suspendió actividades para mañana por la marcha de los normalistas de Ayotzinapa, que conmemorarán otro año de la represión de 2007 en la sede de ese poder, cuando fueron desalojados y golpeados por policías antimotines durante una movilización para demandar respeto a la licenciatura en educación primaria.

Con la marcha de mañana, los normalistas comenzarán su plan acción de este año, en el que incluyen los dos años del asesinato de sus compañeros Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino, ocurrido en la autopista del Sol el 12 de diciembre de 2011.

En el Congreso local estaba prevista la sesión legislativa de los jueves, pero fue pospuesta hasta el próximo martes. La Comisión de Gobierno del Congreso solicitó a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del estado que envíe policías antimotines para cercar el edificio legislativo, informaron una fuente legislativa.

Durante lunes y martes, los normalistas de Ayotzinapa se enfrentaron con policías estatales y federales cuando intentaban apoderarse de camiones de los dos centrales de autobuses de la ciudad, al parecer para el traslado de los contingentes de mañana. El saldo que reportó Ayotiznapa fue de dos estudiantes lesionados.

Los pueblos indígenas y la reforma

En concreto Laura Itzel Castillo

El proyecto privatizador de reforma energética del PRI y el PAN suprime de la Constitución el carácter estratégico de la explotación del petróleo e hidrocarburos y la generación de energía eléctrica.

En entrevista para el medio electrónico Boca de polen, el maestro en desarrollo rural, abogado y especialista en derechos indígenas, Francisco López Bárcenas, señala que de aprobarse dicha propuesta, se trastocarían los derechos fundamentales de los pueblos originarios.

La Constitución es un documento jurídico-político de carácter social y parte fundamental de este carácter es la propiedad de las tierras y los recursos naturales, y de acuerdo con el artículo 27, corresponden a la nación.

El maestro señala que el objetivo planteado hoy en la Carta Magna es que se “cumplan los propósitos de la propia Constitución: primero, que se exploten y que el producto de esa explotación se distribuya equitativamente entre los mexicanos para que obtengan un mínimo de bienestar; segundo, para que se usen de manera sustentable para no comprometer el beneficio de generaciones futuras”.

Si bien es cierto que la discusión en torno a la reforma se ha basado en el petróleo crudo, también abarca cualquier forma de generación de energía, como la eólica o la solar.

Hoy la Constitución reconoce la existencia de los pueblos y comunidades indígenas y establece el derecho preferente para acceder al usufructo de los recursos que se encuentran en su territorio.

Sin embargo la generación de energía, a pesar de ser una actividad reservada al Estado, es producida por empresas trasnacionales, en medio de la ilegalidad, principalmente en territorios indígenas, a través de la figura de los productores independientes de energía.

Por esto el maestro señala: “Con esta reforma ya podrían, los particulares, sin ningún problema de tipo legal, irse estableciendo. ¿Qué va a suceder? Ahorita por operar de manera ilegal algunos pueblos se han podido defender y los tribunales les han dado la razón. El día que esta reforma se lleve a cabo las empresas eólicas van a tener el campo libre para entrar. Los pueblos indígenas están muy molestos con esta situación. Lo que va a producir esta reforma es una inconformidad social mucho mayor de la que tenemos”. El abogado concluyó que: “Hay que apelar a la organización de los pueblos y a su movilización”.

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