MÉXICO, D.F. (apro).- Organizaciones de periodistas estadunidenses y organismos internacionales condenaron la intromisión del Departamento de Justicia de su país al allegarse indebidamente de los registros telefónicos de los reporteros y de las oficinas de la agencia de noticias Associated Pres (AP).
En comunicados emitidos la noche de ayer, la Newspaper Association of America (NAA) y The News Media Guild acusaron al Departamento de Justicia estadunidense de haber atentado contra la libertad de prensa.
“Esas acciones (del Departamento de Justicia) estremecen la conciencia estadounidense y violan la imprescindible libertad de la prensa que está protegida por la Constitución” del país, afirmó la presidenta de la NAA, Caroline Little, en un comunicado.
En términos parecidos se expresó el sindicato The Newspaper Guild, agrupación de periodistas estadunidense.
“La recopilación de estos registros (telefónicos) es espantosa y supone un atentado directo contra los periodistas”, afirmó el comunicado de este gremio.
“El Departamento de Justicia tiene que detener semejantes investigaciones. La capacidad de los periodistas de cultivar y proteger sus fuentes es clave para mantener a la sociedad informada sobre las cuestiones de afectan a la vida de la gente”, continuó.
El comunicado del Guild agregó que “no hay justificación ni explicación posible para esa investigación desmesurada. Parece que los funcionarios están tergiversando las leyes dirigidas a salvaguardar la seguridad pública como mecanismo para acallar a aquellos que se preocupan por el derecho de la sociedad de estar informada”, publicó la agencia Efe.
De acuerdo con la agencia AP, los investigadores federales recopilaron información de al menos 20 de sus líneas telefónicas en abril y mayo de 2012 sobre las llamadas salientes desde sus oficinas en Nueva York, Washington y Hartford (Connecticut).
El Departamento de Justicia habría realizado estas averiguaciones en el marco de un mandato judicial para investigar presuntas revelaciones de información gubernamental clasificada.
Además la organización Reporteros sin Fronteras (RSF) calificó de “infracción gravísima” de la libertad de información la “violación de las comunicaciones telefónicas” presuntamente cometida contra reporteros y oficinas de AP.´
RSF afirma que el Departamento de Justicia estadunidense envió el pasado 10 de mayo un correo a AP en el que le informaba de la investigación de 20 líneas telefónicas, pero “sin precisar ni los motivos ni los argumentos legales del procedimiento”.
Recuerda que esa actuación habría tenido como objetivo descubrir a los informantes de AP en relación con una operación de la CIA en Yemen para evitar un atentado de Al Qaeda.
“Suscribimos las palabras de Gary Pruitt, director general de AP, quien denuncia una ‘intromisión masiva y sin precedentes’”, en una comunicación enviada el secretario de Justicia de EU, Eric Holder.
“Reporteros sin Fronteras pide al Departamento de Justicia que acceda sin demora a la petición de AP de entregarle –o destruir– los datos de los teléfonos. Estimamos también que hechos tan contrarios a las garantías constitucionales exigen un examen ante una comisión de investigación del Congreso”, agrega RSF en un comunicado.
Además, la organización con sede en París “constata con preocupación que la administración federal actual no ha roto con las prácticas en vigor durante el doble mandato de George W. Bush, que sacrificaron los datos privados y sobre todo el derecho de los ciudadanos a estar informados”, añade.
RSF considera que este suceso demuestra la necesidad de que haya en Estados Unidos una ley federal “en materia de protección de fuentes (federal shield law). Un principio que 34 Estados de la Unión reconocen, en diversos grados, en su legislación”.
El antecedente
Una notificación del Departamento de Justicia enviada a Associated Press (AP) el pasado viernes 10, puso al descubierto una intervención del gobierno de Estados Unidos con el trabajo periodístico de la agencia que calificó el hecho como “una intromisión masiva y sin precedentes”.
Y es que el gobierno de Barack Obama, según denunció el lunes AP, tuvo acceso durante los meses de abril y mayo de 2012 al historial de llamadas de hasta 20 líneas telefónicas en tres de sus oficinas, entre ellas las de Nueva York y Washington, donde trabajan más de 100 personas.
Según la agencia de noticias, dicha acción podría estar relacionada con una investigación para conocer quién reveló a sus reporteros datos sobre una operación de la CIA en Yemen, que frustró un atentado en el primer aniversario de la muerte de Bin Laden.
En la lista de llamadas estarían las realizadas por los cinco reporteros y el editor que trabajaron en aquella noticia.
Sin embargo el presidente de AP, Gary Pruitt, reclamó en una carta enviada este lunes al Fiscal General, Eric Holder que “no hay justificación posible para una recolección tan amplia de las comunicaciones de AP y sus reporteros”.
En dicha misiva, Pruitt explica que los historiales de llamadas pueden “revelar comunicaciones con fuentes confidenciales involucradas en todas las actividades de AP durante un período de dos meses, dar a conocer el protocolo de funcionamiento de la agencia, así como información sobre actividades y operaciones que el Gobierno no tiene ningún derecho a conocer”.
La agencia se enteró de la intromisión mediante una notificación que recibió el viernes pasado por parte del Departamento de Justicia estadunidense.
AP afirmó que no ha recibido repuesta gubernamental sobre la razón para obtener la información. Incluso, el lunes pasado el portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney dijo desconocer cualquier intento del Departamento de Justicia para obtener información de AP.
“No tenemos ninguna implicación en las decisiones que se puedan tomar en relación con investigaciones criminales, ya que esos asuntos son gestionados independientemente por el Departamento”, dijo Carney.
De acuerdo con AP, la noticia que cree fue el detonador del espionaje telefónico a sus reportero salió a la luz pública el 7 de mayo de 2012, tras haber acordado el retraso de su publicación debido a que varios miembros del gobierno estadunidense alegaron que podía poner en peligro la seguridad nacional.
Finalmente, el día 7 se publicó la información revelando que la CIA había impedido un atentado en un avión procedente de Yemen, pese a que la Casa Blanca había afirmado previamente que carecía de “información creíble acerca de planes de organizaciones terroristas como Al Qaeda para atacar en EU”.
