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lunes, 5 de septiembre de 2011
Llevamos 28 años sin crecimiento, lo que se traduce en que no haya paz social: AMLO
Llevamos 28 años sin crecimiento, lo que se traduce en que no haya paz social: AMLO
“Los más afectados por la guerra estúpida contra el crimen organizado son los jóvenes”
Andrés Manuel López Obrador durante el mitin en Tantoyuca, VeracruzFoto Carlos Ramos Mamahua
Andrés Timoteo Morales y Martín Sánchez Treviño
Corresponsales
Periódico La Jornada
Lunes 5 de septiembre de 2011, p. 11
Papantla, Ver., 4 de septiembre. Mientras los 30 potentados que integran la “mafia del poder” no sean derrotados y hechos a un lado por la ciudadanía, no se podrá recuperar la tranquilidad ni la paz social que se perdió en México, aseguró aquí Andrés Manuel López Obrador, coordinador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
En su recorrido por Veracruz, aseguró que la crítica situación del país, donde cada vez hay más pobreza, desempleo, inseguridad y violencia, es porque hay un mal gobierno, y a eso se debe que haya perdido la vida gente inocente.
Después de recorrer Tantoyuca y Tuxpan, al cierre de su jornada en este municipio señaló que esos mafiosos, “16 supermillonarios, 11 políticos de PRI y PAN, y tres tecnócratas”, desde hace casi tres décadas no sólo se han dedicado a saquear al país, sino que privaron de toda oportunidad de progreso al resto de los mexicanos.
Añadió que la violencia es parte de las consecuencias de la estadía de esos potentados controlando la vida pública de México. “¿Por qué hay tanta violencia e inseguridad en el país? Porque llevamos 28 años sin crecimiento económico y eso se traduce en que no hay empleo, y al no haberlo, no hay ingresos, no hay bienestar, y al no haber bienestar por supuesto que no hay ni tranquilidad ni paz social. Ellos son los responsables.”
Citó que de la nómina oficial en el país parte se va a sueldos de médicos, maestros y otros servidores públicos que cumplen con sus responsabilidades, pero la mayoría se queda “con los de arriba, en la alta burocracia, que es un 3 por ciento de todos pero que absorbe más de 200 mil millones de pesos”, y en todo este contexto, uno de los núcleos más perjudicados son los jóvenes.
Refirió que en la estrategia de combate al crimen organizado del presidente Felipe Calderón los más afectados son los jóvenes, que han sido rechazados de universidades y no tienen oportunidades de superarse, y son atrapados por conductas antisociales.
“Los jóvenes son víctimas de la guerra estúpida de Calderón. ¿Qué es mejor, tener a los jóvenes estudiando y becados, o tenerlos en la calle y en la cárcel? Eso es lo que hoy tenemos en México”, aseveró.
López Obrador reiteró que sólo un movimiento que haga “una renovación tajante de la vida pública” logrará sacar al país de la crisis y de la decadencia que hoy se viven.
Llamó a sumarse al Morena para lograr que en 2012 se dé un cambio en el país y “derrotar a la mafia en el terreno político y en buena lid”, y entonces se va a distribuir con justicia la riqueza de la nación y se recuperará la tranquilidad y la paz social, se restablecerá el estado de bienestar y se terminará con la corrupción. “No es tan complicado y se puede lograrlo”, insistió.
En el puerto de Tuxpan, el tabasqueño anunció que de concretarse el cambio en 2012, también se modificará la política petrolera del país y se cancelarán las importaciones de combustibles.
Fuente: La jornada
Difusión AMLOTV
Tuiteros terroristas
Tuiteros terroristas
John M. Ackerman
A
l igual que Hosni Mubarak, en Egipto, y Muammar Kadafi, en Libia, el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, hace gala de reflejos autoritarios al culpar a las redes sociales de los problemas en lugar de atender las raíces del descontento social. La suspensión de servicios de Internet en Egipto y Libia fue uno de los indicadores más claros de que ambos gobiernos se encontraban ya en la antesala de la derrota por los rebeldes. El encarcelamiento de la periodista Maruchi Bravo y el ciudadano Gilberto Martínez por supuestos actos de terrorismo” en la utilización de sus cuentas de Twitter y Facebook podría tener efectos similares, al detonar un amplio repudio social tanto nacional como internacional hacia el gobernador.
Bravo y Martínez evidentemente cometieron un acto de irresponsabilidad al esparcir un rumor que resultó ser falso: “Confirmo en la Esc. Jorge Arroyo de la Col. Carranza se llevaron cinco niños, grupo armado, sicosis total en la zona”. Pero no existe el menor indicio de que estos ciudadanos lo hubieran hecho con el fin de generar temor o zozobra entre la población, sino todo lo contrario. Al enterarse de esta noticia, por medio de amigos y familiares para ellos confiables, quisieron realizar una labor social alertando a sus cercanos para que pudieran auxiliar a sus hijos. Prueba de ello es que mandaron la información desde sus cuentas personales y nunca intentaron disimular sus identidades.
La circulación de los mensajes detonó una amplia preocupación entre usuarios de Internet e hizo que los padres de familia se desplazaran inmediatamente a rescatar a sus hijos. Si bien se interrumpieron tanto la jornada laboral de los padres como el día escolar de los niños, nadie se lastimó ni se generó “zozobra” generalizada en la sociedad veracruzana, la mayor parte de la cual ni siquiera tiene acceso a Internet. En todo caso, la sicosis que sí se manifestó no se debe a la circulación de un par de mensajes en las redes sociales, sino al contexto generalizado de temor que existe en la sociedad veracruzana por el fracaso y la irresponsabilidad de las autoridades en materia de seguridad pública.
Sin embargo, en una acción inédita, absurda y reprobable, la Agencia Veracruzana de Investigación (AVI) ha decidido castigar al mensajero y acusó a Bravo y Martínez de ser “terroristas”, ya que supuestamente “realizaron actos en contra de las personas, las cosas o servicios al público, que produzcan alarma, temor, terror en la población... para perturbar la paz pública o tratar de menoscabar la autoridad del Estado o presionar a ésta para que tome una determinación” (Código Penal de Veracruz, artículo 311). La idea de que los internautas hubieran agredido directamente a “personas, cosas o servicios al público” fue tan ridícula que hasta la juez Beatriz Rivera tuvo que reclasificar el delito como de “terrorismo equiparado” a la hora de dictar el “auto de formal prisión” el miércoles pasado.
Lamentablemente, esta modificación no cambia en absoluto el destino de los acusados, ya que la sanción para este delito resulta ser exactamente la misma que para el terrorismo “genérico”: hasta 30 años de cárcel y multa de 750 días de salario mínimo. Así mismo, la juez simultáneamente dictó auto de formal prisión a los acusados por el delito de “sabotaje”, lo cual podría agregar hasta 20 años de prisión y una multa de 150 días de salario mínimo adicionales a la sentencia.
Pero la ley indica que la AVI tendrá que demostrar que Bravo y Martínez no solamente difundieron los mensajes, sino que buscaron intencionalmente “simular” que estaban ocurriendo los hechos referidos. Asimismo, tendría que comprobar que existió “dolo”, es decir, la plena intención de “perturbar la paz pública” de parte de los acusados. Es claro que jurídicamente el caso no tiene pies ni cabeza. Pero políticamente sirve al gobernador para dar la imagen de “mano dura” y también para ejercer control sobre la información que se difunda sobre Veracruz.
Nos encontramos entonces ante un abierto desafío a la libertad de expresión y el estado de derecho. Duarte atestiguó en carne propia la fuerza que han llegado a tener las redes sociales y busca desesperadamente cerrar la llave de la comunicación ciudadana. Desde su punto de vista, Twitter y Facebook deberían funcionar como cualquier medio local subordinado que se dedica a enaltecer al gobernador y se limita a transmitir información previamente aprobada por las autoridades o la delincuencia organizada.
Con el caso de Bravo y Martínez se pone en juego nada menos que nuestra convivencia democrática, así como la vigencia del derecho a la información consagrado en el artículo sexto constitucional. Organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y Artículo 19 ya han emitido fuertes reclamos al respecto y medios internacionales como Los Ángeles Times, McClatchy, Associated Press y Global Voices han puesto luz sobre estos preocupantes hechos. Sin embargo, con pocas excepciones y de manera inexplicable, la mayoría de los medios y comentaristas en nuestro país han desdeñado la noticia. Urge que la sociedad se solidarice con la causa de los #tuiterosterroristas y levante la voz en contra del recrudecimiento del autoritarismo en México.
http://www.johnackerman.blogspot.com Twitter: http://www.twitter.com/@JohnMAckerman
Fuente: La jornada
Difusión AMLOTV
Incendio y terror
Incendio y terror
Carlos Fazio
El pasado 25 de agosto, por alguna razón que en apariencia escapaba a la lógica del hecho, Felipe Calderón definió el incendio intencional del casino Royale, en Monterrey, Nuevo León, que cobró la vida de 52 personas, como un aberrante acto de terror y barbarie”. Así lo escribió en su cuenta de Twitter a pocas horas de la abominable acción gansteril, propia de una economía mafiosa que utiliza la “protección extorsiva” y la violencia reguladora para disciplinar los mercados de la ilegalidad.
Al día siguiente, muy temprano en la mañana, después de una reunión con el gabinete de seguridad nacional, en un discurso tan bien estructurado que parecía haber sido manufacturado con antelación, Calderón afirmó: “No debemos confundirnos ni equivocarnos: fue un acto de terrorismo (…) perpetrado por homicidas incendiarios y verdaderos terroristas”. Después pidió al Congreso la aprobación de la iniciativa de ley sobre Seguridad Nacional y el mando único policial, y llamó a la “unidad nacional” y al alineamiento de todos “los mexicanos de bien” detrás de su cruzada contra la criminalidad.
En el marco de lo que Denis Muzet ha denominado la “hiperpresidencia” –en alusión a la forma mediática de gobernar, sazonada en la ocasión por una campaña de intoxicación propagandística con eje en la seguridad en torno al quinto Informe–, no puede pensarse que hubo un uso ingenuo o errático de las palabras. Máxime, cuando el discurso debió haber sido consultado con los jefes militares de “su” guerra, reunidos ante la emergencia. Allí se decretó el escalamiento de la confrontación fratricida: se decidió enviar 3 mil efectivos federales más a Monterrey, profundizándose su militarización mediante un virtual estado de sitio.
El sábado 27, respondiendo a lo que Marco Lara Klahr ha llamado la “militarización informativa” (la diseminación uniforme de la versión oficial de la “guerra”), las ocho columnas de los diarios recogieron sin ambages la consigna presidencial: “terrorismo”. Incluso se habló de “narcoterrorismo”, según la matriz de opinión sembrada por el Pentágono y Hillary Clinton tiempo atrás. Y el lunes 29, el Consejo Coordinador Empresarial y otras corporaciones del ramo reforzaron el llamado de “unidad” a nombre de “México”, como suelen generalizar los amos del país.
Conviene aclarar que terrorismo es el uso calculado y sistemático del terror para inculcar miedo e intimidar a una sociedad o comunidad. Es una clase específica de violencia. Como táctica, es una forma de violencia política contra civiles y otros objetivos no combatientes, perpetrada por organizaciones no gubernamentales, grupos privados (por ejemplo, guardias blancas o mercenarios a sueldo de compañías trasnacionales) o agentes clandestinos que pueden ser incluso estatales o paraestatales. Se trata de una acción indirecta, ya que el blanco instrumento (víctimas que no tienen nada que ver con el conflicto causante del acto terrorista) es usado para infundir miedo, ejercer coerción o manipular a una audiencia o un blanco primario, a través del efecto multiplicador de los medios masivos de difusión, que pueden ser utilizados además como vehículos de publicidad o propaganda armada para desacreditar y/o desgastar a un gobierno o grupo rebelde.
En ese sentido, el término terrorismo puede aludir a acciones violentas perpetradas por unidades irregulares secretas o grupos independientes de un Estado (autorganizados por motivaciones políticas), pero también abarca una categoría importante de actos realizados o patrocinados de manera directa o indirecta por un Estado, o implícitamente autorizados por un Estado contra sus súbditos, con el fin de imponer obediencia y/o una colaboración activa de la población, aun cuando las fuerzas militares o policiales no estén involucradas (verbigracia, escuadrones de la muerte o grupos paramilitares). En esa acepción, el terrorismo puede ser deseado para detonar y/o legitimar acciones gubernamentales ya planeadas, y en muchos casos las propias autoridades utilizan al “agente provocador” o llevan a cabo atentados terroristas bajo banderas falsas. Cargada de connotaciones negativas o peyorativas, aplicada de manera discrecional y maniquea, la palabra terrorismo es aplicada siempre para el terrorismo del otro, mientras que el propio es encubierto mediante eufemismos.
Exaltada por los medios en tiempo real, en otra versión de la noticia como espectáculo, la acción del comando que incendió el casino Royale generó miedo y desestabilización. Sin olvidar el nudo que entrelaza al capital con la violencia, el crimen y la política –la cleptocracia como mecanismo único de la corrupción entre economía y política, diría Giulio Sapelli–, en apariencia el móvil político no formó parte de la trama: en sí, el hecho remite más al uso de la violencia mafiosa para regular la competencia en los mercados ilegales. No obstante, en un año prelectoral, de manera demagógica, pero para nada irreflexiva o ingenua, la acción fue rápidamente capitalizada por Calderón con fines político-ideológicos, dando de paso una nueva vuelta de tuerca a la militarización del país.
Sin caer en teorías conspirativas (que al final casi siempre terminan confirmándose), y sumado a una sucesión de acciones desestabilizadoras (el “secuestro” de empleados de Parametría, Mitofsky y la Sección Amarilla en Michoacán, la explosión en el Tec campus estado de México, el fantasmal tiroteo en el estadio Corona, etcétera), en el caso del casino no se pueden descartar las variables del agente provocador y el acto desestabilizador con bandera falsa. Sin olvidar que Washington ha sido el principal promotor de la matriz de opinión sobre la existencia de “narcoterrorismo” en México, y que, como reveló en dos ocasiones The New York Times en agosto, agentes clandestinos de la CIA, la DEA y el Pentágono están utilizando las “lecciones” de Afganistán en el territorio nacional.
Fuente: La jornada
Difusión AMLOTV
De Salinas a Calderón
México SA
Deuda externa y discurso
De Salinas a Calderón
“Nivel histórico” (al alza)
Carlos Fernández-Vega
En diez años de panismo México cubrió cinco veces su deuda externa, pero cada día debe másFoto Reuters
E
n febrero de 1990 un inquilino de Los Pinos, chaparro y pelón, socializaba su felicidad tras renegociaciar definitivamente la deuda externa del país” y, por lo mismo, a los habitantes de esta heroica república les exigió que notificaran a sus hijos que “el problema de la deuda ya no existe”. Veintún años después, otro inquilino igual de chaparro y pelón, pero con lentes, presume a los hijos de esos hijos que “la deuda externa del sector público se encuentra en niveles históricamente bajos”. Pero, ¡oh sorpresa!, la realidad no comparte la alegría de uno ni el estusiasmo del otro, y lo definitivo es que México carga un enorme, creciente y peligroso fardo por amortizaciones e intereses del débito foráneo, y por este concepto reporta niveles históricos sí, pero hacia arriba, no hacia abajo.
Una vez más se ubica al discurso oficial en su exacta dimensión. Como lo documentó La Jornada (Roberto González Amador) en su edición dominical, desde que el PAN se instaló en Los Pinos en diciembre de 2000, “el gobierno federal transfirió al extranjero recursos públicos por 374 mil 929.5 millones de dólares para abonar a capital y pagar los intereses de la deuda pública externa, pasivo que, sin embargo, ha ido en aumento en ese periodo, revelaron datos oficiales. La cantidad de recursos transferida al exterior para cubrir el servicio del endeudamiento público externo en el periodo de referencia multiplica por cinco el saldo que tenía ese pasivo en diciembre de 2000, cuando asumió la Presidencia Vicente Fox”, quien durante su estancia en la residencia oficial afirmó, una y otra vez, que el de la deuda externa “es un problema superado”.
En su información, González Amador precisa: “en diciembre de 2000 la deuda externa neta del sector público federal –que incluye al gobierno, las paraestatales y la banca de desarrollo– se situó en 70 mil 260.4 millones de dólares, de acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, contenida en el anexo estadístico del quinto Informe de gobierno. La cifra creció a 107 mil 396.2 millones de dólares en junio de 2011, el dato más reciente disponible. La variación significa que desde que el PAN accedió a la Presidencia la deuda externa se elevó en 52.8 por ciento”, respecto del cierre de la administración zedillista. Por si fuera poco, “desde el cierre de 2000 y hasta junio pasado, las amortizaciones a capital de la deuda pública externa ascendieron a 298 mil 714 millones de dólares. En ese mismo periodo, el pago de intereses por el endeudamiento público externo fue de 76 mil 215.5 millones de dólares, según la fuente citada”.
He allí, documentado con cifras oficiales, el tamaño de la mentira, disfrazada de verdad, divulgada por Salinas, Fox y Calderón, cada cual en su momento, sobre la deuda externa del gobierno federal. Los mexicanos pagan y pagan, su bienestar se hunde y se hunde, y el débito crece y crece, mientras el país se mantiene en un hoyo cada día más profundo. Cómo olvidar que el actual inquilino de Los Pinos centró su campaña electoral en “denunciar” histéricamente “el peligro” que para el país representaba “el creciente saldo” de la deuda pública del Distrito Federal (cuando la gobernaba López Obrador). Seis años después, por medio de su predilecto Ernesto Cordero, repite el numerito, pero ahora hacen escándalo con la deuda de los estados de la República (la de Coahuila, concretamente), aunque no le llama la atención que en diez años de panismo “México cubrió cinco veces su deuda externa, pero cada día debe más”.
En la década (perdida) panista, Fox y Calderón destinaron (hasta junio de 2011) alrededor de 32 por ciento del producto internmo bruto (a precios actuales) al pago del servicio de la deuda excterna (casi 375 mil millones de dólares), para que ésta, de todas maneras, se mantenga en un nivel histórico. En esos diez años, de las arcas nacionales han salido, cotidianamente, mil 233 millones de pesos, en promedio, sólo para cubrir dicho servicio, es decir casi un millón de pesos por hora a lo largo del “cambio” (Fox) con “continuidad” (Calderón). Y en pleno mes de la patria, a cantar el Himno Nacional: “pienso, ¡oh patria querida!, que el cielo un deudor en cada hijo te dio”.
Un paseo por el tema contribuye a entender de qué trata todo esto: en el echeverriato el saldo de la deuda pública externa se incrementó en poco más de 15 mil millones de dólares, cantidad espeluznante, pero no muy alejada de los 11 mil millones de dólares de recursos fiscales que el gobierno zedillista erogó para “rescatar” y “sanear” a Banca Serfin (mediante el Fobaproa), institución que terminó en manos de la trasnacional española Santander. José López Portillo sumó alrededor de 39 mil millones de dólares a dicho saldo, un monto grosero, pero inferior a los 40 mil millones de dólares que los mexicanos por esas fechas mantenían en Estados Unidos en depósitos bancarios y propiedades.
En su sexenio, Miguel de la Madrid aumentó en poco más de 22 mil millones de dólares al saldo de la deuda pública externa, sin contabilizar los cerca de 25 mil millones de dólares del Ficorca (encabezado por Ernesto Zedillo), destinados al subsidio cambiario para el pago de la deuda externa privada. Carlos Salinas, oficialmente, “sólo” endeudó al país con casi 5 mil millones de dólares, como resultado de su “acuerdo definitivo” del débito externo mexicano. Ello, sin considerar los más de 30 mil millones de dólares que en Tesobonos heredó a la administración zedillista. Para “desaparecer” el problema de la deuda, Vicente Fox la incrementó en casi 44 mil millones de dólares en sus dos versiones reconocidas (interna y externa), más todo lo “contingente”. Calderón, a su vez, la ha llevado a más de 107 mil millones de billetes verdes. De ese tamaño es la “verdad” del discurso oficial.
Las rebanadas del pastel
Un sentido adiós a don Javier Romero, “periodista, analista, heterodoxo absoluto, antidogmático, ateo y socialista de nacimiento, admirador de Marx y de Engels (y de Chaplin), de ninguno creyente obtuso; fanático razonante de la buena gramática española y político”, como él mismo se definía, no sin recordar que abominaba de horóscopos y otras zarandajas por el estilo. Oriundo de Champotón, Campeche (1923), además de autodidacta realizó estudios de medicina e historia en la UNAM. galardonado con el Premio Nacional de Periodismo en 1979 por artículo de fondo; en 1996 obtuvo el diploma Justo Sierra Méndez del estado de Campeche y en 2001 fue nombrado “hijo predilecto de Champotón”. Intachable padre, abuelo, maestro y amigo. Todo nuestro cariño a doña Lupis, Jorge Javier, Eleonora, Irma, los dos Raúles, Jaime Javier, Carlos Federico, José Mario y Juan José. Un fuerte abrazo para todos ellos. Gracias por incluirnos.
cfvmexico_sa@hotmail.com • mexicosa@infinitum.com.mx
Fuente: La jornada
Difusión AMLOTV
La mafia rusa y el nuevo socio de Suárez Coppel
Dinero
Quemazón del casino alcanza a Creel y Cordero
La mafia rusa y el nuevo socio de Suárez Coppel
El ISR de pensionados
Enrique Galván Ochoa
E
stán contentos los partidarios de Josefina Vázquez Mota. Anunció vía Twitter que mañana deja la coordinación de los diputados panistas en la Cámara de Diputados para dedicarse de lleno a la campaña presidencial. Por otro lado, la revista The Economist de Londres, en una de sus recientes ediciones, la presentó como una probable opción del PAN para salvarse de un desastre electoral en 2012. Podría México convertirse en el tercero de los grandes países latinoamericanos con una presidenta, siguiendo la línea de Cristina Fernández, de Argentina, y Dilma Rousseff, de Brasil, dicen los editores. Pero lo que más ánimo ha inyectado a sus seguidores es que las llamas del casino Royale están llegando a los aparejos de Santiago Creel –el primero en la lista de los aspirantes, según algunas encuestas– y el mago de los seis mil pesos, Ernesto Cordero. A Emilio González no le ven ninguna posibilidad, ni aún con las bendiciones e indulgencias del cardenal Sandoval Íñiguez. La situación de Creel se ha tornado complicada. Firmó junto con Vicente Fox el decreto por el cual se abrieron las puertas de par en par a los casinos en México. No se olvida que un número importante de franquicias fue para Televisa. Como he recordado aquí, el presidente Cárdenas los había prohibido en 1938 porque las mafias de Las Vegas estaban filtrándose a Tijuana y Ciudad Juárez. A Cordero lo ha venido a perjudicar su amistad con el alcalde de Monterrey, Fernando Larrazabal. Es su jefe de campaña en aquella plaza y Larrazabal comentaba a sus amigos que si Cordero llegaba a la Presidencia –y desde luego llegaría, afirmaba– él tendría amarrada la gubernatura de Nuevo León. No es tanto la cercanía en si lo que perjudicaría a Cordero, sino lo que se comenta entre los políticos de la localidad: una parte de la recaudación por la venta de protección a los centros de apuestas se destinaría a sus gastos de campaña. La tragedia del casino Royale vino a mover las piezas en el tablero, tanto así que el secretario Bimbo, Alonso Lujambio, está pensando en meter reversa y volver a colarse a la lista. Por lo pronto, los partidarios de la señora Vázquez Mota sienten que el viento sopla a su favor.
Otras mafias
El diario El País de Madrid publicó en su edición del 23 de noviembre de 2008 lo siguiente: “Dos importantes jefes de la mafia rusa, Tariel Oniani y Zakhar Kalashov, actuaron por cuenta de la petrolera rusa Lukoil cuando ésta hizo sus primeras gestiones para implantar una red de 150 gasolineras en España entre los años 2003 y 2004”. Por las mismas fechas, el diario madrileño El Economista dio a conocer lo siguiente: “La constructora que preside Luis del Rivero –Sacyr– ha aceptado la oferta de la petrolera rusa Lukoil por su 20% de Repsol. Lukoil pagará alrededor de 28 euros por título y está previsto que esta tarde se cierre la financiación de la operación”. No llegó a concretarse. El asunto llegó al Parlamento y descarriló el turbio negocio. Entonces el empresario español Luis del Rivero optó por otro camino: en vez de vender su parte en Repsol planeó apoderarse del control de la compañía. Sólo que no cuenta con capital, quedó muy endeudado precisamente por la compra de las acciones en Repsol, los bancos comerciales le están apretando el cuello para que pague alrededor de 5 mil millones de dólares. Convenció a su ahora amigo íntimo, Juan José Suárez Coppel, de que endeudara a Pemex con más de mil millones de euros a fin de que compre más acciones de la petrolera Repsol. El voto combinado de Sacyr y Pemex le daría la posibilidad de tomar por asalto a Repsol. Quedaría en mejor posición para hacer frente a sus acreedores. Sólo que los socios están enfrentando obstáculos. Quizá el más importante es la oposición de Mariano Rajoy, el líder del PP, a quien ya ahora se considera sucesor del presidente Rodríguez Zapatero. Las elecciones serán en noviembre. Ésta es la posición de Rajoy: “El Ejecutivo tiene armas legales para intervenir y evitar que Repsol pase a manos extranjeras”. El comentario vale tanto para la mafia rusa como para la mexicana, ambas son extranjeras. Repsol es la principal empresa petrolera y quiere que conserve su españolidad. ¿Y qué dice el secretario de Energía, José Antonio Meade, a cuya esfera corresponde Pemex? Nada. No quiere hacer olas, está contando los días que faltan para que renuncie Cordero y hacerse cargo de Hacienda.
e@Vox Populi
Asunto: jubilados, sin solución a la vista
Somos miles de jubilados y pensionados que en abril de este año nos alegramos de que la Cámara de Diputados hubiera aprobado la reforma a la fracción III del artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en la que se exime de pagar impuestos por ese concepto (la pensión o jubilación) cuando no se sobrepasen 25 salarios mínimos. Siguiendo el trámite, desde entonces pasó a los senadores, sin que a la fecha se haya dado la aprobación por parte de la Cámara alta. Le solicito su apoyo o indicación para encontrar la vía para que los senadores aprueben a la brevedad la reforma indicada.
Xavier Isunza Méndez/Xalapa
R: En la agenda del Senado no aparece este asunto como prioritario. Beltrones anda muy ocupado en despeñar a Peña Nieto del primer lugar de la lista de aspirantes priístas a la Presidencia (sólo hay dos visibles; el otro es Beltrones). Así que muy probablemente los asuntos que importan –como el de ustedes– se diferirán indefinidamente.
Twitter
EU: mala noticia laboral y menor empleo en meses anteriores. Tiempo de reformas: laboral, energética y política, con reelección de presidentes de municipios.
Paco Gil @FcoGilDiaz
A partir del próximo martes 6 de septiembre dejaré la coordinación del GPPAN y pediré licencia como diputada federal.
JosefinaVázquez Mota @JosefinaVM
Mi familia como muchas otras somos víctimas de Los Zetas en Veracruz y Tamaulipas. Los ranchos abandonados afectan a la economía pero mejor detienen twiteros.
Marcela HerreraR (@MarcelaHerreraR)
Twitter: @galvanochoa
galvanochoa@yahoo.com • Foro: http://elforomexico.com/encuestas/
Fuente: La jornada
Difusión AMLOTV
El último y el primero
Clase Política
El último y el primero
Miguel Ángel Rivera
U
n amigo, que nunca ha renegado de su militancia en el PRI, formuló una definición acerca del sexto informe de labores que rendirá hoy el gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto: es como una premier, todos quieren boletos para ser los primeros en aparecer”.
En realidad es una ceremonia que no se puede ubicar con precisión. Oficialmente es el último informe de labores del mandatario mexiquense, pero también se considera el punto inicial de su campaña como precandidato presidencial del PRI.
La cosecha
Debido a que se corrigieron violaciones a leyes nacionales, la Cámara de Senadores se desistió de una demanda ante la Suprema Corte contra la Secretaría de Hacienda y el Banco de México por la participación de gobiernos extranjeros en la compra de acciones de las matrices de algunos bancos que operan en México, informó el coordinador de los senadores del PRI, Manlio Fabio Beltrones…
“Voy derecho y no me quito, ni me quitaré”, dijo la precandidata presidencial del PAN Josefina Vázquez Mota al confirmar que mañana martes entregará su solicitud de licencia a la Cámara de Diputados para dedicarse por entero a buscar la nominación de su partido…
Su contrincante Santiago Creel, reforzado por nuevas encuestas que lo ubican otra vez en primer sitio de las preferencias, de visita en Torreón, Coahuila, se enfocó en el tema de la inseguridad e hizo énfasis en su propuesta de crear una DEA mexicana…
“El presidente Calderón pierde credibilidad cuando pide unidad nacional con una mano y, con la otra, golpea vanamente a quien segundos antes había convocado”, sostuvo el secretario de organización del PRI, Ricardo Aguilar Castillo…
Enrique Peña Nieto ha hecho un ejercicio responsable de gobierno, por ello el priísmo mexiquense está orgulloso de una gestión de resultados, afirmó Raúl Domínguez Rex, presidente del PRI en el estado de México…
Tras recibir el respaldo de organizaciones populares para contender en 2012 al gobierno del DF, la diputada del PRD Alejandra Barrales señaló que su meta es impedir que el PRI gane en la capital…
Ante representantes de todos los sectores de la sociedad, la alcaldesa de Aguascalientes, Lorena Martínez, dio inicio a la construcción del Parque Línea Verde…
Al continuar la guerra de telecomuniciones, competidores de Nextel –empresa ganadora de la controvertida Licitación 21, pero sujeta a diversas demandas–, con base en un comunicado de la propia empresa, la acusan de violar resoluciones judiciales al anunciar que hará uso de las frecuencias relacionadas con dicha licitación. Los competidores sostienen que, en el caso de que Nextel comercialice servicios de telecomunicaciones, se convertirá en empresa pirata, toda vez que usar una concesión sin estar en la posibilidad de hacerlo, por cualquier motivo legal, viola la ley y en tal caso las autoridades en la materia quedan obligadas a actuar y sancionar las irregularidades.
riverapaz@prodigy.net.mx
Fuente: La jornada
Difusión AMLOTV
Felipe acera el puño
Astillero
Marcelo se toma la foto
Felipe acera el puño
Chente se radicaliza
Polarización electoral
Julio Hernández López
ADVERTENCIA. Los fraccionamientos Los Olivos, Puente Grande, Santa Bárbara y Pueblo Viejo se encuentran inundados por el desbordamiento del río Cuautitlán, en el estado de México. Ayer, unos 200 vecinos de San José Puente Grande cerraron temporalmente la autopista México-Querétaro para exigir a las autoridades que retiren el agua que mantiene inundadas mil 700 viviendasFoto Víctor Camacho
L
uego del casino Royale se ha acelerado la polarización social en ruta electoral. Bombardeado de propaganda gubernamental que celebra falsos logros nacionales, inducido al continuismo bélico y a la condescendencia con el oficialismo por las grandes cadenas de televisión, el ciudadano de a pie es empujado a definir si está a favor o en contra de los ejes narcotraficantes del mal, si apoya la lucha heroica que los comerciales relatan y los asimilados lectores de noticias encomian, o si acepta ser considerado un mal mexicano, una suerte de aliado o cómplice de los malos”, así sea en términos meramente virtuales, pasivos.
Es como un ensayo electoral o un referendo tramposo: Fox decía que no debía cambiarse de caballo a mitad del río, para impulsar la idea de que se siguiera votando por el PAN en 2006; ahora Felipe Calderón acera el discurso y cancela opciones pacificadoras (como hizo en su reciente informe privado de labores en un emblemático museo habilitado para una celebración retórica con invitados personales), porque pretende reducir las opciones electorales de 2012 a una sola posibilidad admitida, tolerable: la de seguir adelante con las operaciones bélicas, es decir, no cambiar de tanque de guerra a mitad de la batalla.
En torno a ese punto central se van rediseñando los caminos electorales. Vicente Fox Quesada sabe que en la mira de la sección de artillería pesada relacionada con los casinos está el pálido Santiago Creel, que ya recibió una primera llamada en Tijuana, con el Grupo Caliente, y ahora sabe que lo de Monterrey le lleva a él entre otros destinatarios. Felipe ya le tumbó a Fox la carta rasposa de Manuel Espino y ahora va por Santiago. Por ello es que el héroe de los Tratados de Puente Grande se ha levantado en armas declarativas contra su nunca bien apreciado sucesor, el chaparrito, pelón y de lentes (Chapelén), y en uno de esos giros tragicómicos de la política mexicana se está convirtiendo en crítico de la militarización y de las constantes violaciones a los derechos humanos y, en general, de la política felipilla de seguridad nacional.
El antecesor se aleja y un aspirante a sucesor se acerca. Marcelo Ebrard pudo haber saludado de mano a Felipe Calderón desde el primer momento en que asumió la gubernatura de la capital del país, como lo hicieron otros mandatarios de “izquierda” bajo el entendible argumento de que sus funciones públicas obligaban a entablar diálogo político y a sostener trato protocolario con el ocupante de Los Pinos, más allá de las consideraciones que tuvieran sobre la manera en que éste se hubiera hecho del poder. Pero Ebrard decidió negarse a reconocer aunque fuera gráficamente la legitimidad de Calderón, y practicó durante años toda suerte de tretas (algunas, rozando el infantilismo, como llegar y retirarse fuera de tiempo a actos con FCH, o ponerse tapabocas en una reunión sobre virus magnificados para enfatizar que sólo por eso estaba allí), enfatizando su decisión infranqueable de no dejar que fuese tomada una fotografía que significara alguna forma de aval al impugnado panista.
Toreando con la vista puesta en los tendidos, necesitado de aceptación y calidez en la zona brava de sol (azteca, pero más propiamente lopezobradorista), Ebrard cumplió dos tercios de faena sosteniendo su terno inicial (bordado en colores tabasqueños, aunque cada vez más diluido), pero en el último tramo comenzó a cambiar de casaca, sobre todo frente a bureles estatales de rara embestida, provenientes de campos de tres colores, a los que la empresa de Los Pinos negoció fueran enfrentados mediante paños polícromos, marca Alianza. De allí en delante todo ha sido un libreto previsible: declaraciones de abierto apoyo a la “guerra” calderónica, coqueteos con el tema de una candidatura PRD-PAN para 2012, primer saludo de mano dos meses atrás (pero sin gráfica), hasta desembocar en el quinto informe privado de labores, los aplausos a la estrategia bélica y el sonriente saludo de mano ante cámaras que es la expedición del certificado marcelo-camachista de legitimidad en busca de esa candidatura presidencial “no partidista” que según los estrategas compartidos sería la mejor, casi la única manera de enfrentar con posibilidades de éxito al desbordado Peña Nieto que está a dos semanas de dejar el poder estatal y lanzarse de lleno a buscar el federal.
En el flanco panista, mientras tanto, el improbable Cordero se esfuerza en jurar que si llega a ser presidente de la República mantendrá intacta la estrategia guerrera de su jefe actual, y la diputada federal nunca bien vista en el circulito íntimo de Los Pinos, Chepina Vázquez Mota, anuncia que dejará su curul este martes para dedicarse de tiempo completo a tejer su presunta candidatura a la que el súbitamente amable Felipe la empuja más con la idea de hacer contrapeso a Cordero, y eventualmente descalificarlos a los dos, a Ernesto y a Josefina, si es necesario abrir paso a una candidatura “externa”. Cordero no levanta y Josefina no es confiable para el jefe mínimo, de tal manera que, en términos estrictos, y considerando que Creel está en camino de pagar sus errores en el manejo de juegos y sorteos, el PAN sigue sin tener una carta fuerte, creciente, indeclinable. Todo sigue quedando en el puño del Señor de la Guerra y sus extraños juegos políticos dislocados de última hora.
En ese contexto, en el que todo tiene intención y sentido electoral, el casino Royale se convierte en ficha de una ruleta que paga en blanco y azul o en tres colores. En manifestación dominical en Monterrey, activistas de derecha pretenden culpar solamente al priísta Medina y al panista no calderónico Larrazabal, mientras priístas con ánimos calientes demandan la salida de Felipe Calderón y la no inclusión del minigobernador de Nuevo León en esa lista negra. Duelo de pancartas, mantas, gritos y partidismos. Polarizar, en ruta electoral.
Y, mientras en horas ha salido bajo fianza un alto funcionario defraudador sabido y demostrado, de clase mundial, ¡hasta mañana!
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
Fuente: La jornada
Difusión AMLOTV
Contratistas del SACM obtienen ganancias bimestrales por $92 millones: Aleida Alavez
Demanda cancelar convenios y crear una instancia que facture y cobre el servicio de agua
Contratistas del SACM obtienen ganancias bimestrales por $92 millones: Aleida Alavez
Raúl Llanos
Periódico La Jornada
Lunes 5 de septiembre de 2011, p. 34
Las cuatro empresas privadas que tienen a su encargo el cobro del servicio de suministro de agua en esta capital obtienen ganancias bimestrales por 92 millones de pesos, aseguró la secretaria de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Aleida Alavez, quien pidió cancelar los contratos, y destinar el dinero que se les paga a la creación de un área en el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACM) para realice esta tarea, en apego al Código Fiscal.
De acuerdo con la diputada del PRD, las empresas que realizan esa tarea desde hace años, a las cuales el gobierno de la ciudad les amplió el contrato, son: Servicios de Agua Potable (Sapsa), en la que participan los grupos Ingenieros Civiles Asociados (ICA), Banamex y la compañía francesa Generales Des Eaux (Vivendi), que opera en las delegaciones Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc y Venustiano Carranza.
Tecnología y Servicios de Agua (Tecsa), integrada por Bancomer, Bufete Industrial, la compañía francesa Lyonnaise Des Eaux-Dumex (SUEZ-Ondeo Services) y la compañía británica Anglian Water, que miden, facturan y cobran el líquido en las demarcaciones con mayor rezago social: Iztapalapa, Tláhuac, Xochimilco y Milpa Alta.
Industrias del Agua de la Ciudad de México (Iacmex), conformada por empresarios de Monterrey y por la compañía británica Severn Trent, que realiza los cobros en Benito Juárez, Iztacalco y Coyoacán. Y Agua de México (AMSA), en la que están grupo Gutsa y la compañía británica North West Water International, que se encarga de Miguel Hidalgo, Cuajimalpa, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras y Tlalpan.
La perredista Aleida Alavez afirmó que esas firmas “cobran ilegalmente la cuota fija para uso doméstico y uso mixto con base en el número de viviendas y locales que se suministran de la misma toma, a pesar de que el artículo 172 del Código Fiscal del Distrito Federal mandata aplicar los cobros por toma de agua.
“No queremos pensar que las empresas violan el Código Fiscal con el consentimiento del Sistema de Aguas”, dijo la diputada, quien recordó que el SACM no ha dado respuesta a la solicitud de la ALDF de instalar una mesa de trabajo para analizar estas irregularidades que afectan a miles de contribuyentes.
Por último, dijo que las cuatro empresas cobran, en promedio, 40 pesos bimestrales por boleta, y de un padrón de 2 millones 300 mil usuarios cada dos meses obtienen por la emisión de las boletas ganancias por 92 millones de pesos, que bien podrían destinarse para la operación de un órgano dependiente del SACM que realice esa labor.
Fuente: La jornada
Difusión AMLOTV
El gobierno de Calderón cada vez gasta más y los ingresos no aumentan a ese ritmo: ASF
Esa desproporción ha obligado a cubrir el déficit con mayor deuda pública, señala
El gobierno de Calderón cada vez gasta más y los ingresos no aumentan a ese ritmo: ASF
Entre enero y julio de este año pasado la Sedena incrementó en 32.5% el uso de recursos
Enrique Méndez
Periódico La Jornada
Lunes 5 de septiembre de 2011, p. 8
Al revisar la evolución del gasto del gobierno federal en la administrración de Felipe Calderón, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) concluyó que ha crecido en desproporción con los ingresos, lo cual ha obligado a cubrir el déficit público con mayor deuda.
Detalló que entre 2007 y 2010 el gasto neto presupuestario creció 6.7 por ciento y los ingresos sólo 0.6, y refirió que tan sólo al primer semestre de 2011 el gasto creció 5.3 por ciento y los ingresos 4.6.
En el informe de avance de la gestión financiera 2011, enviado a la Cámara de Diputados, la ASF reportó que, por ejemplo, entre enero y julio la Secretaría de la Defensa había incrementado 32.5 por ciento su gasto (respecto del mismo mes de 2010) por sus operativos contra la delincuencia organizada, y la Secretaría de Gobernación 37.3 por ciento, debido a un crecimiento en servicios profesionales, pasajes y viáticos.
El órgano fiscalizador detalló que el mayor crecimiento real del gasto programable “se vio influenciado tanto por el gasto corriente como por el de capital, ya que ambos mostraron crecimientos de 6.4 por ciento y 5 por ciento, repectivamente, en relación con el primer semestre de 2010”.
El gasto corriente, expuso, aumentó en todos sus conceptos, excepto servicios personales, que bajó apenas 2.9 por ciento, para cumplir con la obligación establecida en la ley de presupuesto de disminuir el gasto administrativo, de operación y servicios personales.
Como parte del balance, el órgano fiscalizador explicó que el gasto programable reportó un incremento en el primer semestre del año, debido a las mayores erogaciones del gobierno federal por 8.3 por ciento en términos reales, por lo que mantuvo mayor presencia en el gasto neto total, lo cual también implicó un crecimiento respecto del año anterior, de 52.6 a 54.1 por ciento.
En contraste, indicó, y a excepción de Petróleos Mexicanos (Pemex), las entidades bajo control presupuestario directo aumentaron su gasto en sólo 1.8 por ciento real, y ello explica por qué se redujo su participación total en el gasto, al pasar de 32.6 a 31.5 por ciento de 2010 a 2011.
También se registró un aumento en el gasto de los ramos autónomos: de 23.1 por ciento en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, debido a la ejecución de programas a su cargo, y de 14.5 por ciento en el Instituto Federal Electoral (IFE) por las prerrogativas a los partidos políticos, la actualización del padrón electoral y la renovación de la credencial para votar con fotografía.
La ASF refirió que sólo en cuatro dependencias federales hubo una reducción del gasto, pero debido a recorte de plazas e inejecución de programas.
Precisó que, respecto de 2010, la Secretaría de la Función Pública registró menor gasto debido a que se compactaron estructuras administrativas, además de que el año pasado su presupuesto creció de manera desproporcionada ya que la Secretaría de Hacienda le transfirió 3 mil millones de pesos para el Fideicomiso Bicentenario.
Mientras, en la Secretaría del Trabajo se recortaron servicios personales y generales, así como recursos para el programa de apoyo al empleo.
En la Secretaría de Relaciones Exteriores se redujo el gasto por un recorte a servicios personales y generales, así como el retraso en los procesos de licitación de bienes informáticos. Mientras, en la Secretaría de Turismo hubo reducción de gasto en servicios personales, debido a la cancelación de plazas de estructura, así como por menores apoyos para inversión al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y al programa de promoción y desarrollo de proyectos turísticos en los estados.
En la Secretaría de Marina disminuyó el uso de recursos por medidas de austeridad y racionalidad, así como por una caída en la construcción de estaciones de búsqueda, rescate y salvamento.
La ASF indicó que en el caso de Pemex, la paraestatal disminuyó en 14.5 por ciento su gasto en términos reales en el primer semestre del año, en contrastecon otras entidades, como la Comisión Federal de Electricidad, que aumentó sus erogaciones en 21.2 por ciento, por el aumento en los combustibles que utiliza para la generación de electricidad, servicios personales e inversión física, y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), que lo incrementó en 8 por ciento, principalmente por el repunte en el pago de pensiones y jubilaciones.
Fuente: La jornada
Difusión AMLOTV
Sólo la ley española regirá en el pacto de Pemex con Repsol
Cualquier controversia “se regirá por el derecho común de España”, se definió
Sólo la ley española regirá en el pacto de Pemex con Repsol
El contrato impone candados para garantizar que se mantenga la tenencia accionaria en la petrolera ibérica
Esta semana el consejo de administración de la paraestatal analizará el convenio
Israel Rodríguez
Periódico La Jornada
Lunes 5 de septiembre de 2011, p. 25
La actual dirección de Petróleos Mexicanos (Pemex), encabezada por Juan José Suárez Coppel, aceptó someterse a las leyes españolas y a los tribunales de Madrid en el contrato que firmó para capitalizar con mil 700 millones de dólares a la petrolera ibérica Repsol YPF.
El contrato, que contiene las firmas de Ignacio Quesada Morales por parte de Pemex; José Manuel Carrera Panizzo, de PMI Holdings, y Luis Fernando del Rivero Asencio, por la constructora española Sacyr Vallehermoso, define que “cualquier controversia que pueda surgir” en relación con el acuerdo “se regirá por el derecho común de España”.
La versión final del contrato signado el 29 de agosto de 2011 en Madrid, y que apenas esta semana que comienza será entregado al consejo de administración de Pemex, máximo órgano de gobierno de la paraestatal para su análisis, también determina: “La resolución de cuantas controversias, conflictos, desacuerdos o demandas que surjan del presente acuerdo o en relación con el mismo se someterán a los juzgados y tribunales de Madrid capital”.
La “versión firma” del contrato, cuya copia posee La Jornada, también detalla que en caso de que alguno de los accionistas (Pemex o Sacyr) incurra en incumplimiento por acción u omisión, se deberá resarcir el daño en un plazo de 30 días y exigir los daños y perjuicios, costes, reclamaciones, pérdidas o gastos que sufran o en los que incurran a consecuencia del incumplimiento.
El acuerdo tendrá una vigencia de 10 años, y se prorrogará automáticamente por plazos sucesivos de cinco años.
Después de que Pemex realizó este contrato de manera sigilosa y a espaldas del consejo de administración, el acuerdo impone diversos candados para garantizar el mantenimiento de la tenencia accionaria en la española Repsol.
El aumento de la participación de Pemex en el capital social de Repsol YPF, de la mano de la constructora española Sacyr Vallehermoso, fue anunciado el lunes pasado, después de que había sido signado por los representantes de ambas empresas. La operación llevó del 4.8 por ciento inicial a 9.8 el monto de las acciones de la petrolera española bajo control de la paraestatal mexicana.
Pemex eligió una empresa sin empleados y domiciliada en Ámsterdam, Holanda, para comprar el 5 por ciento adicional de las acciones de Repsol.
Se trata de PMI Holdings VB, parte del Grupo PMI Comercio Internacional, firma de control estatal mayoritario (98.33 por ciento) que realiza funciones de comercializadora de Pemex en el mercado internacional.
Desde hace tiempo la tenedora, como se llama oficialmente en la paraestatal, ha recibido observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), órgano de fiscalización del Congreso, por haber sido creada al amparo de leyes extranjeras y, por tanto, fuera del ámbito de supervisión de las leyes y autoridades mexicanas.
Se prevé que este martes el consejo de administración de Pemex, incluidos los cuatro consejeros independientes, puedan tener acceso al texto completo para su análisis y discusión.
El contrato señala: “Ninguna de las partes podrá vender o disponer, total o parcialmente de su participación o derechos de voto en Repsol... ni conceder un derecho para la adquisición de dicha participación, total o parcial, durante un periodo de tres años”, a contar desde este 29 de agosto.
El “acuerdo de accionistas de la sociedad Repsol YPF, SA”, también determina que en caso de que alguna de las partes decida vender una fracción de su participación en la empresa española, en cualquier momento durante la vigencia del acuerdo, deberá con anterioridad ofrecer a la otra parte la opción de adquirir dicha participación.
El documento, que fue avalado por el representante legal del Sacyr Vallehermoso, Vicente Benedito Francés, también impone la condición de que ninguna de las partes firmará un acuerdo con terceros de similares características y/o objetivos durante la vigencia del acuerdo. “La no observancia de la presente cláusula se entenderá como un incumplimiento grave”, agrega.
Fuente: La jornada
Difusión AMLOTV
Pide Repsol a regulador español estudiar acuerdo entre Sacyr y Pemex
Pide Repsol a regulador español estudiar acuerdo entre Sacyr y Pemex
La petrolera española busca que la mexicana presente la autorización del pacto entre ambas empresas.
Reuters
Publicado: 05/09/2011 09:58
Madrid. La petrolera española Repsol-YPF quiere que la mexicana Pemex presente ante el regulador energético una autorización del pacto de accionistas que firmó con Sacyr, informó este lunes una fuente del sector.
Un portavoz de Repsol-YPF reconoció que la firma presentó un escrito a la Comisión Nacional de la Energía, pero rehusó hacer comentarios sobre su contenido.
No fue posible contactar con fuentes autorizadas de la CNE para confirmar la información.
Pemex y la constructora Sacyr decidieron unir fuerzas en el directorio de Repsol-YPF para tener más influencia en las decisiones de la firma.
Según la fuente, Repsol-YPF argumenta que ese pacto de accionistas entra dentro de las competencias de "Función 14" relativa a operaciones que tengan que ver con actividades reguladas.
La semana pasada, una portavoz de la CNE dijo que no iba a estudiar la operación al entender que no afectaba a las actividades reguladas.
Aunque Repsol-YPF no participa directamente en las actividades de transporte y distribución de electricidad o gas, atesora 31 por ciento en la compañía Gas Natural.
Pemex desembolsó más de mil 100 millones de euros la semana pasada para duplicar hasta casi 10 por ciento su participación en Repsol-YPF. Sacyr posee 20 por ciento de la petrolera.
CaixaBank, en tanto, posee casi 13 por ciento.
Fuente: La jornada
Difusión AMLOTV
No es opcional” combatir el crimen: Calderón a Narro
No es opcional” combatir el crimen: Calderón a Narro
El mandatario y el rector se encuentran reunidos en el Alcázar de Chapultepec para iniciar el Diálogo con la UNAM sobre seguridad. Asisten investigadores y catedráticos de la máxima casa de estudios.
Alonso Urrutia
Publicado: 05/09/2011 12:08
México, DF. Al reunirse con el rector de la UNAM, José Narro, y miembros de la comunidad universitaria, el presidente Felipe Calderón dijo que en materia de seguridad se puede discutir sobre la estrategia y acciones a instrumentar, lo que no está a debate es la irrenunciable responsabilidad del Estado de combatir la delincuencia y garantizar la vigencia de la ley.
Una semana despues de lo originalmente programado -pospuesto por la Presidencia, tras el ataque al Casino Royale, en Monterrey- se concretó el encuentro en el Alcázar de Chapultepec- Calderón reconoció que existen muchas coincidencias pero tambien algunas diferencias con la propuesta universitaria.
Reiteró su dispoisición de discutir la estrategia gubernamental en materia de seguridad.
En su oportunidad, y tras destacar la necesidad de revisar la estrategia de seguridad con mayor énfasis en la prevención y el combate a la impunidad y corrupción, el rector destacó la importancia de un acuerdo nacional entre todos los actores políticos.
Sugirió la posibilidad de que el acuerdo pudiera ser formalizado hacia finales de este mes.
Calderón mencionó la obligación del Estado, de las diversas instancias de gobierno de combatir la delincuencia. Subrayó la importancia de consolidar una política de Estado que vaya más allá de los gobiernos, ideologías y partidos políticos.
En su oportunidad, el rector hizo un apretado resumen del documento hecho público el 8 de agosto y que ha presentado ya a partidos y legisladores, partiendo de la preocupación de que el problema de la violencia sigue creciendo y enfatizó en la necesidad de hacer una revisión de la estrategia priorizando dos elementos: el énfasis en la prevención y el carácter integral del combate a la inseguridad.
Narro destacó la importancia de confrontar dos graves problemas que subyacen en la inseguridad: corrupción e impunidad.
En su diagnóstico y resumen de las propuestas insistió en la necesidad de la relación entre civiles y militares, si bien externó su respeto a las fuerzas armadas. En este sentido, dijo que si bien no es cuestion de voluntarismo, es preciso diseñar un plan para reintegrar a las fuerzas armadas a sus funciones originales.
Coincidente con lo externado previamente por Calderón, el rector planteó su preocupación por la situación de los jóvenes y la necesidad de ofrecerles alternativas de desarrollo.
Narro mencionó también la necesidad de combatir frontalmente el lavado de dinero al tiempo que planteó su preocupacion por la situacion de las fronteras, tanto por el abuso a los migrantes en ambas fronteras, como el tráfico de armas en el norte del país.
Habló de la necesidad de diseñar un programa para enfrentar la violencia contra las mujeres, más allá de los feminicidios.
Habló también de aprobar una ley para garantizar la reparación del daño y de la creacion de un Registro Nacional de Víctimas.
Fuente: La jornada
Difusión AMLOTV
Sólo la ley española regirá en el pacto de Pemex con Repsol
Cualquier controversia “se regirá por el derecho común de España”, se definió
Sólo la ley española regirá en el pacto de Pemex con Repsol
El contrato impone candados para garantizar que se mantenga la tenencia accionaria en la petrolera ibérica
Esta semana el consejo de administración de la paraestatal analizará el convenio
Israel Rodríguez
Periódico La Jornada
Lunes 5 de septiembre de 2011, p. 25
La actual dirección de Petróleos Mexicanos (Pemex), encabezada por Juan José Suárez Coppel, aceptó someterse a las leyes españolas y a los tribunales de Madrid en el contrato que firmó para capitalizar con mil 700 millones de dólares a la petrolera ibérica Repsol YPF.
El contrato, que contiene las firmas de Ignacio Quesada Morales por parte de Pemex; José Manuel Carrera Panizzo, de PMI Holdings, y Luis Fernando del Rivero Asencio, por la constructora española Sacyr Vallehermoso, define que “cualquier controversia que pueda surgir” en relación con el acuerdo “se regirá por el derecho común de España”.
La versión final del contrato signado el 29 de agosto de 2011 en Madrid, y que apenas esta semana que comienza será entregado al consejo de administración de Pemex, máximo órgano de gobierno de la paraestatal para su análisis, también determina: “La resolución de cuantas controversias, conflictos, desacuerdos o demandas que surjan del presente acuerdo o en relación con el mismo se someterán a los juzgados y tribunales de Madrid capital”.
La “versión firma” del contrato, cuya copia posee La Jornada, también detalla que en caso de que alguno de los accionistas (Pemex o Sacyr) incurra en incumplimiento por acción u omisión, se deberá resarcir el daño en un plazo de 30 días y exigir los daños y perjuicios, costes, reclamaciones, pérdidas o gastos que sufran o en los que incurran a consecuencia del incumplimiento.
El acuerdo tendrá una vigencia de 10 años, y se prorrogará automáticamente por plazos sucesivos de cinco años.
Después de que Pemex realizó este contrato de manera sigilosa y a espaldas del consejo de administración, el acuerdo impone diversos candados para garantizar el mantenimiento de la tenencia accionaria en la española Repsol.
El aumento de la participación de Pemex en el capital social de Repsol YPF, de la mano de la constructora española Sacyr Vallehermoso, fue anunciado el lunes pasado, después de que había sido signado por los representantes de ambas empresas. La operación llevó del 4.8 por ciento inicial a 9.8 el monto de las acciones de la petrolera española bajo control de la paraestatal mexicana.
Pemex eligió una empresa sin empleados y domiciliada en Ámsterdam, Holanda, para comprar el 5 por ciento adicional de las acciones de Repsol.
Se trata de PMI Holdings VB, parte del Grupo PMI Comercio Internacional, firma de control estatal mayoritario (98.33 por ciento) que realiza funciones de comercializadora de Pemex en el mercado internacional.
Desde hace tiempo la tenedora, como se llama oficialmente en la paraestatal, ha recibido observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), órgano de fiscalización del Congreso, por haber sido creada al amparo de leyes extranjeras y, por tanto, fuera del ámbito de supervisión de las leyes y autoridades mexicanas.
Se prevé que este martes el consejo de administración de Pemex, incluidos los cuatro consejeros independientes, puedan tener acceso al texto completo para su análisis y discusión.
El contrato señala: “Ninguna de las partes podrá vender o disponer, total o parcialmente de su participación o derechos de voto en Repsol... ni conceder un derecho para la adquisición de dicha participación, total o parcial, durante un periodo de tres años”, a contar desde este 29 de agosto.
El “acuerdo de accionistas de la sociedad Repsol YPF, SA”, también determina que en caso de que alguna de las partes decida vender una fracción de su participación en la empresa española, en cualquier momento durante la vigencia del acuerdo, deberá con anterioridad ofrecer a la otra parte la opción de adquirir dicha participación.
El documento, que fue avalado por el representante legal del Sacyr Vallehermoso, Vicente Benedito Francés, también impone la condición de que ninguna de las partes firmará un acuerdo con terceros de similares características y/o objetivos durante la vigencia del acuerdo. “La no observancia de la presente cláusula se entenderá como un incumplimiento grave”, agrega.
Fuente: La jornada
Difusión AMLOTV
La responsabilidad del PRI de Peña Nieto
Martín Esparza Flores*
Una sonora bofetada con guante blanco retumbó en las mejillas de los funcionarios que en su momento acusaron al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), sin prueba alguna, de sabotear las líneas subterráneas del Centro Histórico, tras las estruendosas explosiones registradas en las mufas, que por la falta de mantenimiento empezaron a volar tras la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC), en octubre de 2009.
Los peritos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) dieron la razón al SME, al determinar que lo obsoleto del cableado y los transformadores con más de 60 años de vida útil, y la falta de mantenimiento oportuno, son las causas fundamentales de las fallas que ponen en riesgo la vida de quienes a diario transitan por el corazón de la ciudad de México.
Es decir, que contra las afirmaciones tendenciosas de funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), de la PGR y de la Secretaría de Energía (la exsecretaria Georgina Kessel Martínez fue de las más entusiastas detractoras del SME en este sentido), el detallado estudio pericial determinó que nunca existió sabotaje alguno; incluso, establece la impericia con que los contratistas de la CFE operan el sistema, al determinar con claridad que en años anteriores a la extinción de LFC, los casos de explosiones en las mufas o fallas técnicas en éstas, “eran escasas”.
Y por si alguna duda queda sobre la certeza del dictamen técnico de la PGJDF, sus peritos intercambiaron información con expertos de la propia CFE, de la PGR, de Bomberos y de Protección Civil. Todas estas áreas confirman que los sabotajes sólo están en las mentes perversas de quienes buscan denostar la lucha del SME.
Ante tal evidencia de irresponsabilidad en el manejo del sector eléctrico en la antes zona de influencia de LFC, se hace más urgente la definición política que debe tomar, en el Congreso, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) de Enrique Peña Nieto. Esta mayoría de legisladores en la Cámara de Diputados, dirigida por Francisco Rojas, puede impulsar, con el decidido apoyo del Partido de la Revolución Democrática, el Partido del Trabajo, Convergencia, Nueva Alianza y el Partido Verde Ecologista, la iniciativa de ley que plantea la creación de una nueva empresa que se interconecte con CFE, desde el centro del país, al Sistema Eléctrico Nacional.
Es urgente que el PRI haga valer, de manera responsable, su condición mayoritaria para mejorar el servicio eléctrico en la capital de la república. La explosión de las mufas en el Centro Histórico son sólo una parte de las innumerables fallas que a diario se registran y que afectan no sólo a miles de hogares, sino a pequeñas y medianas industrias y comercios, cuyas pérdidas se convierten en una amenaza de quiebra.
Los foros organizados por los legisladores del PRI también dan la razón al SME en cuanto al inusual y excesivo cobro en los recibos de luz que afectan a miles de usuarios, sobre todo de escasos recursos, no sólo en la zona centro, sino en todo el país. Dar la pauta a la creación de una nueva empresa contribuiría a poner fin al conflicto social originado tras la extinción de LFC que mandó a la calle a 44 mil electricistas, la causa y razón de la lucha de resistencia del SME.
El reclamo generalizado de una población indignada con el pésimo y costoso servicio eléctrico que recibe desde hace casi dos años, es una poderosa razón para que el PRI de Peña Nieto, asuma su responsabilidad de cara a los grandes problemas del país y apoye la iniciativa de ley a discutirse en el próximo periodo de sesiones, para dar paso a una nueva empresa que sustituya a LFC. Millones de mexicanos se lo agradecerán.
*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas
[TEXTO PARA TWITTER: La responsabilidad del PRI en la solución del conflicto eléctrico: Martín Esparza]
Fuente: Contralínea
Difusión: AMLOTV
128 niñas desaparecidas en Chihuahua desde 2008
A partir del despliegue de la Operación Conjunta Chihuahua, las desapariciones de mujeres y niñas se incrementaron en 400 por ciento respecto de los últimos 14 años en esa entidad. En lo que va de 2011, ya suman 92 las mujeres desaparecidas, en su mayoría menores de edad. Para la diputada Teresa Incháustegui y organizaciones no gubernamentales el hecho evidencia el fracaso del operativo. La PGR considera todo lo contrario: “La sociedad está adquiriendo más conciencia de la denuncia”, ya que hace cinco años la desaparición era un “asunto de vecindad: no tenía mayor impacto”
Flor Goche
De acuerdo con datos de la Fiscalía General de Chihuahua, en 2008, año en que entró en vigor la Operación Conjunta Chihuahua –con el despliegue de 2 mil 500 efectivos federales, entre éstos 2 mil 26 militares en labores seguridad pública–, se registraron 30 reportes de extravío y/o ausencia de mujeres y niñas. Desde entonces, las desapariciones de mujeres han venido en aumento. Entre 1994 y 2007 desaparecían en promedio cuatro mujeres cada año. A partir de 2008 se presentan alrededor de 52 casos anualmente.
Según el Reporte de extravío y/o ausencia de mujeres, elaborado por la Fiscalía General de Chihuahua, de 2008 a agosto de 2011, las mujeres y niñas desaparecidas suman 210: 30, en 2008; 34, en 2009; 54, en 2010; y 92, en 2011. Sólo 13 (el 6 por ciento) han sido localizadas. Conjuntamente, de 1993 a la fecha, en la entidad ninguna persona ha sido consignada por haber desaparecido a una mujer o a una niña, afirman Karla Micheel Salas Ramírez y David Peña Rodríguez, abogados de la asociación civil Nuestras Hijas de Regreso a Casa.
En lo que va de 2011 –en el que la cifra de mujeres desaparecidas es la mayor de los últimos 17 años–, han desparecido en Chihuahua alrededor de tres mujeres por semana, en su mayoría menores de edad.
Similar a lo que ocurre a nivel federal, durante este sexenio el número de mujeres y niñas desaparecidas en Chihuahua supera el de las administraciones pasadas. En este caso, 457 por ciento. Mientras que en los mandatos de Ernesto Zedillo y Vicente Fox los reportes de extravío y/o ausencia en el estado suman 47 (20 y 27 por ciento, respectivamente), el número de mujeres y niñas desaparecidas durante el sexenio de Felipe Calderón llega ya a 215.
Al ser cuestionado con respecto del incremento de desapariciones de mujeres y niñas, específicamente a partir del inicio de la Operación Conjunta Chihuahua, Carlos Manuel Salas, titular de la Fiscalía General de Chihuahua, declina responder a Contralínea. A las preguntas de la reportera, formuladas luego de su comparecencia ante la Comisión Especial para atender los feminicidios en la Cámara de Diputados federal, el pasado 23 de agosto, sólo responde que Carlos González, vocero de dicha fiscalía, es el autorizado para hablar del tema. Por su parte, González reconoce que los cientos de casos de desapariciones de mujeres y niñas en la entidad “son reales, son concretas y son desapariciones en las que se está trabajando”. También se disculpa por “no poder decir más”.
Teresa del Carmen Incháustegui Romero, presidenta de la Comisión Especial para Conocer y Dar Seguimiento Puntual y Exhaustivo a las Acciones que han Emprendido las Autoridades Competentes en Relación con los Feminicidios Registrados en México, de la Cámara de Diputados, manifiesta: “Yo no quisiera dar una conclusión que imputara, por este hecho [el incremento de las desapariciones a partir de la Operación Conjunta Chihuahua], responsabilidad a estos operativos. Pero lo que sí se puede decir, sin temor a equivocarme, es que estos operativos no han servido para proveer seguridad ni para reducir el trasiego de personas, de drogas, de armas, de dinero sucio”. Además, continúa la legisladora integrante de la bancada del Partido de la Revolución Democrática, “hay evidencias, quejas, de no pocas familias que han denunciado abusos por parte de la policía federal y de los militares”.
El fenómeno de las desapariciones de mujeres en el estado se transformó luego de la puesta en marcha del programa de Operación Conjunta Chihuahua, aseguran Salas Ramírez y Peña Rodríguez, integrantes también de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos. Con la presencia de policías federales y militares en la calles de esta entidad, las desapariciones de mujeres, lejos de disminuir, se incrementaron en 400 por ciento.
José Antonio Pérez Bravo, coordinador general técnico de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas de la Procuraduría General de la República (PGR), prefiere no “suponer la existencia de mayores hechos de esa naturaleza. Lo que observamos es que la sociedad está adquiriendo más conciencia de la denuncia”. Hace cinco años una desaparición era como “asunto de vecindad: no tenía mayor impacto”. Ahora, aunque “no sabemos bien a bien cómo está el fenómeno social en toda la República”, las desapariciones ya son atendidas por el gobierno que realiza acciones públicas de prevención”.
Para Rocío García Gaytán, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, las cifras de la Fiscalía General de Chihuahua no reflejan necesariamente un incremento en el número de mujeres y niñas desparecidas.
Cuando se supo que “el 60 por ciento de las mujeres habíamos vivido en alguna etapa de nuestra vida violencia, se indicó que había aumentado ésta”. No obstante, no se considera que antes de la Encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones de los hogares, que arroja estos resultados, no existían registros.
Lo mismo sucede con el caso de mujeres desaparecidas: a partir de noviembre de 2009, con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso González y otras (“Campo Algodonero”) contra México, las autoridades mexicanas están “obligadas” a elaborar un registro de mujeres desaparecidas, expone García Gaytán. “¿Quién dice que en 1994 sólo desapareció una mujer?”, increpa la funcionaria, “nadie las registraba”.
Para Emma Saldaña Lovera, presidenta del Instituto Chihuahuense de la Mujer, lo más preocupante es la relación de éstas desapariciones con la delincuencia organizada. Entre las acciones que el gobierno estatal impulsa para combatir las desapariciones de mujeres y niñas, se encuentra la campaña “Las desapariciones en Juárez tiene que desaparecer”. A finales de septiembre se pondrá en marcha y tendrá un costo al erario de alrededor de 1 millón y medio de pesos, refiere Saldaña Lovera.
Desapariciones, vinculadas con trata de personas y feminicidios
El registro de la Fiscalía General de Chihuahua indica que en la zona Norte de Chihuahua es donde desaparecen más mujeres y niñas (128 reportes). Mientras, en la zona centro, Sur y Occidente se han registrado 87 reportes de extravío y/o ausencia durante este sexenio.
Karla Micheel Salas Ramírez y David Peña Rodríguez, quienes desde hace más de una década dan acompañamiento jurídico a familiares de desaparecidas en Chihuahua, señalan que recientemente han aumentando los casos de desapariciones en el centro de la ciudad. Una red de tratantes opera en esta zona, aseguran. Sus víctimas son principalmente niñas de entre 13 y 18 años, de escasos recursos, que salen a buscar trabajo y que son llevadas en contra de su voluntad, por desconocidos.
En enero de 2011, la Asociación Nacional de Abogados Democráticos y la organización no gubernamental Nuestras Hijas de Regreso a Casa presentaron, ante la Unidad de Delitos Sexuales y Trata de Personas de la Fiscalía General de Chihuahua, la única denuncia que existe en la entidad por trata de personas.
Un mes después, Malú García Andrade, directora de Nuestras Hijas de Regreso a Casa tuvo que abandonar su ciudad, por las amenazas que recibía. La noche del 16 de febrero pasado, un grupo de personas, que no han sido identificadas, incendiaron su casa, el único patrimonio de la activista.
Ahora que García Andrade regresó a Chihuahua, las intimidaciones no han cesado, indican Salas Ramírez y Peña Rodríguez. Por eso, aunque conocen al menos un caso de trata de personas en el que estarían involucrados altos funcionarios de Ciudad Juárez, los abogados prefieren no dar más detalles. No obstante, afirman que en Chihuahua hay “tolerancia” e incluso “complicidad” de las autoridades con los delincuentes.
Las desapariciones de mujeres y niñas están vinculadas también con el fenómeno del feminicidio. Desde hace un par de años, para el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), el hecho es innegable. “Muchas de las víctimas de feminicidio antes fueron privadas de su libertad”, asegura María de la Luz Estrada Martínez, coordinadora ejecutiva de la alianza constituida por 43 organizaciones de derechos humanos y de mujeres.
Por eso, los abogados de Nuestras Hijas de Regreso a Casa y el OCNF exigen a las autoridades mexicanas que todos los casos de desaparición de mujeres sean atendidos como si se trataran de delitos. Puesto que la desaparición no implica por sí misma un delito, los reportes administrativos de extravío y/o ausencia que recibe la autoridad no se atienden de inmediato. Además, los encargados de los ministerios públicos tienden a suponer que la desaparecida “escapó con el novio”, lo que también resta eficacia a la búsqueda, crucial durante las 48 horas que siguen a la desaparición.
En palabras de Estrada Martínez: “La autoridad desdeña, minimiza, desvaloriza el hecho mismo”.
Reconoce que, a partir de la sentencia del caso Campo Algodonero –relativa a la “desaparición y ulterior muerte” de las jóvenes Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez, cuyos cuerpos fueron encontrados en un campo algodonero de Ciudad Juárez, en noviembre de 2001–, las autoridades de Chihuahua se han visto “forzadas a generar mecanismos reales”; pero “los avances han sido mínimos”, asegura la también integrante de Católicas por el Derecho a Decidir.
El micrositio de internet en el que la Fiscalía General de Chihuahua da a conocer la lista de mujeres desaparecidas desde 1993, no cumple con los estándares de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el sentido de ser una “página electrónica” que permita “que cualquier individuo se comunique por cualquier medio con las autoridades, inclusive de manera anónima, a efectos de proporcionar información relevante sobre el paradero de la mujer o niña desaparecida o, en su caso, de sus restos”.
Además, el Protocolo Alba, mecanismo de búsqueda urgente de mujeres y menores desaparecidas, resulta ineficaz todavía, aunque que se aplica dos veces por mes y que en enero de 2010 se conformó un equipo encargado de rediseñarlo. Al respecto, el fallo de la CIDH establece la adecuación de dicho protocolo o, en su defecto, la creación de “un nuevo dispositivo análogo” que permita “implementar búsquedas de oficio y sin dilación alguna” y “eliminar cualquier obstáculo de hecho o de derecho que reste efectividad a la búsqueda”.
La creación de un banco nacional con la información genética de las mujeres desparecidas, de sus familiares y de los cuerpos sin vida de cualquier mujer o niña no identificada (como lo señala el resolutivo 10 de la sentencia del organismo internacional), “se encuentra en marcha”, según palabras de Carlos Manuel Salas, fiscal general de Chihuahua, pronunciadas durante su comparecencia ante diputados federales el 23 de agosto pasado.
Para tal fin, trabajan en conjunto la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Gobernación (a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres) y la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, bajo la coordinación de la PGR.
No obstante, hasta 2010, sólo 10 entidades (Chihuahua, Morelos, Estado de México, Distrito Federal, Jalisco, Baja California, Guanajuato, Hidalgo, Durango y Baja California Sur) contaban con un banco de información genética.
A partir de 2004, con la llegada del Equipo Argentino de Antropología Forense a Chihuahua, hay avances. Sin embargo, hasta la fecha existen 70 cuerpos de mujeres no identificados y que no corresponden a las mujeres desaparecidas recientemente.
La dificultad ahora es contactar a los familiares de las mujeres y niñas que desaparecieron hace tiempo, para cotejar su ADN con el de las 70 osamentas encontradas, explica Salas Ramírez.
[TEXTO PARA TWITTER: Desaparición de mujeres y niñas en Chihuahua se dispara desde el Operativo Conjunto ordenado por Calderón]
Fuente: Contralínea
Difusión: AMLOTV
Asunto de justicia, no de más leyes
Guillermo Fabela Quiñones*
No es una coincidencia que la descomposición social en el país se haya profundizado a partir de que la ultraderecha está en el poder. Esto no significa que antes de la llegada del Partido Acción Nacional a Los Pinos todo caminara de manera ejemplar, sino que los priístas aún conservaban resabios de un sistema político surgido de un pacto social que tenía como finalidad conservar equilibrios razonables en las relaciones sociales, situación que se modificó de manera negativa a partir del arribo de los tecnócratas al poder. En consecuencia, lograr que la nación recupere la paz y se generen condiciones de estabilidad y gobernabilidad, no es un asunto que se corrija mediante una Ley de Seguridad Nacional, sino de crear un entorno político donde el común denominador sea una convivencia equitativa entre los factores de la producción, y donde no tenga cabida la impunidad como norma generalizada.
Mientras no se pongan en práctica mecanismos institucionales para favorecer una realidad con las anteriores características, de nada servirá todo lo que se haga supuestamente para lograr que la paz vuelva a reinar en México. El marco de criminalidad existente no es más que una consecuencia de las condiciones desfavorables que se viven en el país que afectan a las clases mayoritarias. Se trata de una manifestación de la lucha de clases derivada de la preeminencia de la elite sobre el grueso de la población de una manera cada vez más injusta, realidad que se complica debido a los problemas de una economía prácticamente estancada, mientras que la oligarquía es favorecida por las políticas públicas de un gobierno carente de un elemental compromiso con los sectores mayoritarios.
En tal virtud, es válido afirmar que la solución a los grandes problemas nacionales no es un asunto de leyes y reformas estructurales, sino de justicia social, concepto que se borró por completo de la agenda del grupo en el poder a partir, sobre todo, de 1983. Mientras no se entienda esta premisa, se pierde el tiempo al dialogar sobre la necesidad de cambios en la superestructura del Estado, cuando lo que urgen son modificaciones de fondo en las relaciones sociales. Es absurdo suponer que puedan haber condiciones de gobernabilidad cuando una minoría disfruta de privilegios y riquezas inagotables, junto a una multitud de ciudadanos que carece de lo necesario. Esto lo comprendió muy claramente el gran insurgente José María Morelos y lo plasmó en su inmortal ideario que denominó Los Sentimientos de la Nación.
En ese contexto, recobrar la estabilidad y la gobernabilidad no es un asunto de leyes y reformas sino de simple sentido común. Lo demás es perder el tiempo y hacerse tontos, con la esperanza de que la población crea que la clase política está preocupada por el futuro de la patria. El caso es que es tal el abuso de la buena fe de la gente, que nadie se cree que los políticos estén buscando soluciones a los graves problemas del país, mucho menos que la oligarquía, la minoría privilegiada, tenga intenciones de reducir sus ambiciones y voracidad en aras de hallar salidas a una problemática que amenaza rebasar la capacidad del Estado para enfrentarla.
Ciertamente, como lo señala la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), “nuestras instituciones no funcionan correctamente. Hay que ponerlas a la altura de las circunstancias y [de] la nueva realidad mexicana”. Sin duda es un imperativo inaplazable generar “el pacto social que se necesita para tener certidumbre de que la situación mejorará y la esperanza de que es posible un México seguro, sin impunidad, donde se respeta y cumple la ley”. Con todo, sin que haya sacrificios compartidos de todos los sectores, no será posible dar ese paso. Es abusivo que se exija a las clases mayoritarias hacer más esfuerzos, como lo quieren la oligarquía y la burocracia dorada, cuando la injusticia social es la causa principal de la terrible disfuncionalidad de las instituciones nacionales.
Es más que obvio que existe una “profunda crisis de seguridad pública, y que no se hace lo suficiente para superarla a corto plazo”, como indica la Coparmex. Sin embargo, se quiere “curar” el cáncer de la inseguridad con aspirinas, con una Ley de Seguridad Nacional que de inmediato sería letra muerta porque quienes deberían acatarla no lo van a hacer. No, mientras no se modifiquen las condiciones sociales y políticas que propician tan grave problema. ¿Acaso se cree que con dicha ley se iba a poner fin a la impunidad con que operan los cárteles del narcotráfico? Es como pensar que con spots, por más caros que sean, se pondrá fin a la inseguridad y a la violencia.
Conviene insistir en la idea de que mientras no cambien las condiciones sociales y económicas actuales, de nada servirá toda la demagogia que despliega el grupo en el poder para engañar a la sociedad. Lo que urge es que se generen condiciones de cambios estructurales reales, de fondo, que abran la puerta a la justicia social. Entonces un nuevo pacto social se dará de manera natural.
*Periodista
[TEXTO PARA TWITTER: México necesita un nuevo pacto social; no más policía ni más spots: Fabela]
Fuente: Contralínea
Difusión: AMLOTV
El deterioro de las instituciones
domingo 4 de septiembre de 2011
El deterioro de las instituciones
Jorge Meléndez Preciado*
Corrupción, impunidad e intereses extralegales impiden que la justicia funcione, de acuerdo con la Segunda Encuesta Nacional de Cultura Constitucional –la anterior se realizó en 2003–, llevada a cabo por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, que concluyó en mayo pasado.
Un amplio grupo –encabezado por el director del Instituto, Héctor Felipe Fix Fierro, y la doctora Julia Isabel Flores Dávila– efectuó la muestra. Se entrevistaron a 2 mil 208 personas de todo el país, en cuatro regiones. Y como siempre, hay algunas cuestiones que destacan. Para siete de cada 10 personas las cosas empeoraron, y el 50 por ciento ve con pesimismo 2012, lo cual muestra claramente que no obstante los innumerables anuncios gubernamentales de “vamos bien”, la gente no lo percibe así. Hay un foco rojo muy brillante para el año electoral que se avecina, algo que debe preocupar a Felipe Calderón y al Partido Acción Nacional, especialmente, pero también a los demás partidos.
El 18 por ciento percibe la situación política muy peligrosa. Lo que nos trae a la memoria los asesinatos de Luis Donaldo Colosio y Juan Francisco Ruiz Massieu. Varios analistas han alertado sobre ello, por lo que no debemos ignorar la advertencia; menos después de escuchar las campañas de lodo que salpican a todos los grillos, las cuales se exacerbarán más en las jornadas posteriores.
Si bien antes los crímenes, el secuestro y el robo eran lo preocupante –lacras que han crecido ciento por ciento o más, según un reciente estudio de organizaciones sociales–, hoy lo que amenaza es la violencia generalizada y la delincuencia organizada. Y es verdad, los recientes acontecimientos como el allanamiento y robo al escritor Efraín Bartolomé –a quien todavía no le regresan los objetos sustraídos, ni se han detenido a los culpables, policías del Estado de México en activo–, y la balacera ocurrida cerca del estadio de futbol de Torreón, Coahuila, muestran que la violencia ha crecido desmesuradamente y no es ya dolor de cabeza de unos cuantos.
Varias pruebas de ello: campos de cultivo abandonados, emigración a Estados Unidos incluso de ricos, unidades habitacionales abandonadas en el Norte del país, aumento de los feminicidios y de trata de personas. En esto y más está metido el narcotráfico.
Y es que la justicia es deficiente, de acuerdo con el 50 por ciento de la muestra. Para el 60 por ciento, alcaldes y gobernadores hacen poco caso a los habitantes, y el 50 por ciento expresa lo mismo de los jueces y magistrados. En tanto, el Ejecutivo no está tan mal evaluado, seguramente por sus intensas giras donde inaugura obras y otorga favores y por su cotidiana propaganda de “todo va bien”.
Además, que los derechos humanos no se respetan, indica el 60 por ciento, lo que debe ser una llamada de atención a las oficinas encargadas del asunto, las cuales muchas veces piensan que por emitir recomendaciones todos quedarán satisfechos.
El 36 por ciento señala que los políticos son quienes más violan las leyes, después de la policía. Es paradójico: quienes elaboran las normas, y hacen campañas intensivas en radio y televisión para decirnos que los reglamentos nos benefician, son reprobados por sus representados. Nuevamente vemos que la propaganda no hace milagros permanentes, cuando más parciales y distractores.
Cabe desatacar que siete de cada 10 están a favor de un Congreso Constituyente y la elaboración de una nueva Carta Magna, lo cual hará sentirse muy orondo a Porfirio Muñoz Ledo, el principal impulsor de esas iniciativas. Y por lógica, el 50 por ciento señala que la Constitución ya no responde a las necesidades actuales. Esto se acentúa en la zona centro del país y entre las clases con mayor escolaridad, lo que debe llamar la atención de los partidos políticos en sus estrategias rumbo a 2012.
Dos cuestiones trascendentes que empatan con lo anterior: el 60 por ciento está por la revocación de mandato cuando haya faltas graves y el 75 por ciento por transparentar la información, incluso en la llamada “guerra” contra el narcotráfico. En este último asunto, las producciones del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna y las series televisivas como El equipo y La teniente sirven de poco a los fines de ensalzar a quienes se enfrentan contra los malosos, pero que en ocasiones utilizan la prepotencia con el fin de resolver supuestos problemas y, en el fondo, violan las leyes.
El 80 por ciento de los mexicanos afirma que no tiene protección contra abusos de la autoridad. A pesar de las múltiples instituciones creadas, autónomas o no, ninguna es confiable a ojos de las personas.
No obstante las violaciones al Estado laico y las reiteraciones de que la Iglesia Católica deba estar presente en nuestra vida cotidiana, en los últimos 10 años de panismo, el 60 por ciento está en contra de que los ministros religiosos opinen de política, lo cual es un balde de agua fría al portavoz de la Arquidiócesis de México, Hugo Valdemar Romero, al obispo Onésimo Cepeda Silva, y al gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, entre otros.
La encuesta señala que seis de cada 10 opinan que no debe existir enseñanza religiosa en las escuelas, lo que traerá dolores de cabeza a los seguidores del padre Marcial Maciel, y a muchos colegios privados que utilizan el credo supuestamente para impartir educación. De las instituciones, resultan mejor evaluadas las universidades públicas y el Ejército. Al fondo: partidos políticos, diputados y policías. Los tres últimos tienen largos años en esa pésima situación y no rectifican, más bien insisten en deteriorar su imagen.
En síntesis, hay un despertar ciudadano, incipiente, que muestra la necesidad de cambios serios, de fondo, en todos los organismos sociales, a riesgo de que haya inconformidades mayúsculas. Pero ya sabemos que los encargados del poder ven llover y no se mojan, algo muy nítido en esta temporada de aguaceros donde muchos sufren y unos cuantos se ríen del tiempo entre charlas de café y copas.
*Periodista
[TEXTO PARA TWITTER: Políticos y policías, quienes más desconfianza despiertan entre la sociedad: Jorge Meléndez]
Fuente: Contralínea
Difusión: AMLOTV
Fox la inició
Fox la inició
05/09/2011
Por: Claudia Rodríguez
Es patética la crítica que el ex presidente de México Vicente Fox, realiza a la estrategia del combate al narcotráfico de la administración del señor Felipe Calderón, pues en la mayor parte de sus vertientes son más que similares.
Desde los tiempos del priato, la lucha del Ejército mexicano en contra de los narcotraficantes, se tomaba como algo más que habitual. Pero de los resultados, más allá de las grandes cabezas del narco --que siempre terminaban en las manos de la justicia estadounidense--, el reporte de esta tarea recaía principalmente en los kilos de enervantes decomisados o los sembradíos localizados.
Pero fue Fox quien inició la relación y la exhibición de cuánto del presupuesto nacional se destinaba a la tarea en contra del narcotráfico, que fue manejado por el Ejército, la Marina y la Procuraduría General de la República (PGR).
Sólo en su quinto y breve mensaje de gobierno, Fox remarcó con ese acento español muy suyo, lo siguiente:
“La función esencial del Estado es brindar protección a la sociedad.
La inseguridad es el problema que más preocupa a la gente; es el problema en el que el Gobierno Federal, los gobiernos de las entidades federativas, los municipios, así como los Poderes de la Unión tenemos más deudas pendientes.
Éste no es un problema de ayer ni se puede resolver en un día. Poner fin a la criminalidad requiere que vayamos todos, todos a fondo.
El Gobierno Federal ha actuado con determinación para combatir la delincuencia y las causas que convergen en la inseguridad.
Debemos garantizar la tranquilidad social. Es preciso revisar y adecuar el marco legal vigente. Tenemos que rediseñar nuestras instituciones de seguridad para que funcionen de manera más eficaz en el combate a la delincuencia.
La seguridad exige también el compromiso de todos los miembros de la sociedad de respetar y cumplir la ley.”
Dicho discurso resumía muy elegantemente lo que se plasmó en el informe escrito: Que el gasto federal ejercido durante 2004 por la PGR para combatir al narcotráfico fue cuatro veces más al erogado en 2003, al alcanzar los 4 512.4 millones de pesos. Y que las operaciones conjuntas de la PGR, las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, la Policía Federal Preventiva, la Unidad de Apoyo a la Inspección Fiscal y Aduanera, y las procuradurías de las entidades federativas en la lucha contra el narcotráfico se acrecentaron en términos de coordinación, de recursos humanos, y tecnológicos, pero sobre todo financieros.
Nadie puede negar, ni siquiera el propio Vicente Fox, que la justificación al gasto de las sumas millonarias para la “garantía de la seguridad”, fue el excesivo abuso de las fuerzas del Ejército y la Marina, en un trabajo primordialmente de inteligencia y policíaco.
Acta Divina… El ex presidente de México Vicente Fox, de visita en Argentina, criticó nuevamente desde ahí la estrategia anticrimen del ahora mandatario mexicano y acusó: "La estrategia que decidió el presidente Calderón es poner toda la fuerza del Estado frente a toda la fuerza de los narcotraficantes y del crimen. Mi evaluación es que la violencia no acaba con la violencia y que, por el contrario, nos ha llevado a una escalada del problema por ambas partes".
actapublica@gmail.com
Fuente: Indice Político
Difusión: AMLOTV
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